El fiscal de Corte verá que hay un mundo que también existe

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, llegó ayer a Salto para mantener una serie de encuentros con las principales autoridades del departamento, así como también para conocer cuál es la situación por la que atraviesan sus funcionarios en la oficina departamental, que desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal tienen un rol más protagónico y eso les demanda una tarea para la cual, en primer lugar no estaban acostumbrados y en segundo lugar, los sobrepasa por la falta de recursos humanos que tienen para atender la demanda.
Pero el magistrado no trajo soluciones mágicas a los problemas de inseguridad ni a sus funcionarios, tampoco hará que desde mañana las cosas cambien, ni se aceleren los procesos o haya más holgura en la fiscalía a la hora de trabajar.
Aunque vino a buscar aportes, a recoger inquietudes y a llevarse un montón de problemas para solucionar, donde lo menos problemático será coordinar con la Policía para dictar cursos con el fin de instruirlos en qué cosas pueden ayudar y de qué manera pueden aportarle a los fiscales con su accionar.
Pero quizás lo más problemático es cómo hacer para que haya nuevos fiscales para que ayuden a los actuales que están sobrepasados de casos, tantos, que tienen riesgo de tener que soltar a una persona por no seguir el juicio de la manera debida. El tema, es que esta visita sirva para que Jorge Díaz vea que también hay un mundo afuera de Montevideo que gira igual que allá y en el que también transcurren plazos, hay diligencias a cumplir, imputados que condenar, pero en este caso no hay quienes lleven los expedientes a un juzgado.

Hugo Lemos

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Nuevo proceso penal genera contratiempos y un duro golpe a la administración de justicia

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales en función del rol que cumplen en el marco del nuevo Proceso Penal, están generando no solamente contratiempos importantes para la administración de justicia, sino que además provocan una pérdida de garantías para el justiciable, porque no pueden cumplir con toda la actividad que se les pide.
Este nuevo rol que deben cumplir con mucho más responsabilidad, acción y participación en el nuevo proceso penal, ameritaba junto a la implementación del mismo la multiplicación de los recursos humanos que acompañen a su vez, la cantidad de casos que se presentan.
En ese aspecto, tanto para la fiscalía como para la defensoría pública, la idea era que los operadores del sistema sean los acordes para que el proceso pueda ser cumplido con todas sus nuevas especificidades, además de poder atender cada caso como es debido, para darle el análisis y el estudio que corresponden y no tomar decisiones a la ligera, e incluso decidiendo dos o tres casos en cuestión de horas, porque el vencimiento de los plazos así lo ameritan.
Hace pocas horas, un sujeto que baleó a otro que antes lo había amenazado, en un claro caso autotutela jurisdiccional, es decir justicia por mano propia, fue liberado porque luego de que se le tomaran las declaraciones, había una fila que ameritaba urgencia en ser atendida y el caso anterior, pasará para cuando las aguas se calmen y pueda ser atendido de la manera que corresponde, es decir, con tiempo y dedicación.
El nuevo proceso penal está generando una serie de garantías excesivas para los denunciados por distintos delitos, a lo que se le suma la falta de capacidad de actuación por la acumulación de expedientes que tienen los fiscales. Esto genera un contratiempo importante para la sociedad y un duro golpe para todo el sistema de justicia y es hora de que el parlamento que los metió en este embrollo, ayude a resolver el asunto.

Hugo Lemos

 

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Protección de la víctima durante el proceso penal

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Mientras se lleva a cabo una importante movilización popular por la situación de inseguridad que campea en el departamento, las denuncias por distintos delitos solamente crecen y crecen, y engrosan una larga lista de hechos a aclarar que guarda la Policía, desde los casos más fútiles, hasta los más complejos. Empero, el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) permite a la víctima participar del proceso, una vez que el sospechoso de ser el autor de los casos denunciados es capturado por la policía, y en función de lo que entienda la fiscalía, es llevado ante el juez. Por tal motivo, vamos a ver qué dice el artículo 48 del nuevo CPP, el que refiere a la protección que deben tener las víctimas de los delitos durante la sustanciación del procedimiento.
PROTECCIÓN
El artículo 48.1 del CPP sostiene que “durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos”. Esto para que los mismos puedan participar y en ese caso, aportar elementos que coadyuven más rápidamente en la aclaración de los hechos.
En tanto, el inciso segundo de dicha norma señala que “los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: a) entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos; b) ordenar por si mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones;
c) informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo. Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto la actividad señalada en el literal a) de este inciso (la entrega de información para que conozca el proceso en curso). El Fiscal de Corte reglamentará los procedimientos a seguir por los fiscales para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Hugo Lemos

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A 6 meses del nuevo CPP hay pruebas suficientes de que son necesarias varias modificaciones

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El nuevo proceso penal está mostrando sus caras. A más de seis meses de estar en funcionamiento, comienza a generar problemas en la forma de trabajo para policías y operadores judiciales, especialmente los fiscales, que son los que deben investigar el delito denunciado y promover un juicio en contra del sospechoso.
Pero para esto, deben munirse de elementos probatorios que le brinden al magistrado la convicción suficiente de los hechos, los cuales intentan ser abatidos por los defensores públicos, que tienen el deber de brindarle asistencia letrada a los indagados para echar por tierra las acusaciones que contra ellos busca dar el fiscal.
Este elenco de medidas generan cortapisas al trabajo policial, porque para estos casos los efectivos saben que no pueden detener a nadie sino cuentan con pruebas que sean prácticamente flagrantes evidencias de la comisión de delitos. Lo que les impone un nivel de exigencia que si no se cumple puede terminar generando un fracaso en el resultado de los procedimientos.
Al principio, la Fiscalía General de la Nación, rechazaba de plano que la situación en la que los ponía el nuevo proceso penal generara más impunidad en el accionar delictivo. Pero con los resultados a la vista, la negación es de ciegos. El nuevo proceso ayuda y alienta al delincuente a evadirse de las pruebas que puedan incriminarlo, lo que basta para que el fiscal muchas veces no encuentre elementos suficientes para pedir la formalización de una audiencia penal ante un juez y al final del día, los malvivientes siguen campantes sembrando pánico.
Con seis meses los resultados ya están a la vista, y antes de imbuirse en una campaña electoral de un año y medio que llevará al parlamento a un largo letargo, es menester que los legisladores elaboren necesarias modificaciones al tema de las garantías de los imputados en el nuevo proceso penal, para que se permita una mayor efectividad en la lucha contra el delito. De lo contrario, los delincuentes seguirán ganando terreno y no habrá política legislativa que valga.

Hugo Lemos

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Salto está pasando mal

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Salto viene atravesando una ola delictiva sin antecedentes. A razón de un asalto armado por día. Se trata de hechos violentos que no tienen antecedentes en una sociedad que estaba acostumbrada a vivir en una paz cuasi provinciana, a decir de la exministra del Interior Daisy Tourné.
“Salto es un lugar con una paz provinciana, deben cuidar y preservar eso” me dijo una vez y lo hizo en el año 2007, justo luego que una banda de narcotraficantes colombianos y brasileños fueran capturados en un establecimiento rural con el mayor cargamento de cocaína que se recuerde en nuestro departamento, cerca de 500 kilos que iban a ser transportados en avioneta.
Pero el tiempo pasó, los cambios sociales vinieron a una velocidad que asusta y la vorágine hizo que la pérdida de códigos de convivencia, ante una sociedad cada vez más fragmentada, desataran una ola interminable de violencia. La cual tampoco está considerada como para que la Policía adopte las medidas de seguridad enumeradas en el artículo 168 de la Constitución de la República, pero sí vulneran el principio básico de que el Estado debe garantizar la seguridad de la población y que está en el artículo 7 de la carta magna.
Somos una comunidad de apenas 128 mil habitantes, casi diez veces menos que la de Montevideo, pero en proporción mucho más violenta.
Los robos ya no ocupan la agenda de los medios de comunicación locales desde hace mucho tiempo, sino que ahora la serie interminable de bocas de venta de drogas que pretenden ser combatidas por la Policía con narcos que se disputan el territorio y generan balaceras que por ahora solo dejan heridos y no muertos, las rapiñas interminables, los arrebatos en pleno centro y a toda hora y encima lo de ahora, los violentos asaltos que rayan en la figura delictiva del copamiento, tienen sin tregua a una Policía que hace cada vez más lo que puede, obteniendo cada vez menos resultados.
La gente está asustada, tener un comercio desde un kiosco hasta un restaurante y manejar dinero, es un trabajo de alto riesgo, y lejos de estar siendo tremendista la apacible comarca que recibió a estrellas como Raffaella Carrá, Palito Ortega, Los Parchís o figuras como el Papa Juan Pablo II, ha pasado a ser un lugar donde realizar un espectáculo público genera dudas y temor por lo que pueda resultar del mismo.
No hay una estrategia policial adecuada o la institución carece de los recursos necesarios como para ponerle fin a todo este asunto. O, por el contrario, las autoridades del Ministerio del Interior no han tomado en serio esta preocupante situación que padecemos quienes estamos a 500 kilómetros de la Plaza Independencia, donde allí el robo de un paquete de garrapiñadas es asunto de atención para las autoridades, por el solo lugar donde se llevan a cabo los hechos.
Salto está pasando mal, las autoridades pelean con uñas y dientes pero no les alcanza, y cuando golpean la puerta en Montevideo, nadie atiende, quizás ahí está el mayor problema.

Hugo Lemos

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Los fallos deben ser imparciales y las instancias judiciales brindar garantías a los justiciables

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad por Gracia que otorgan los ministros de la Suprema Corte de Justicia puede llegar a ser un mecanismo perimido en los próximos tiempos, si se toma en cuenta que el criterio que se adopta para estos casos es tan subjetivo que pueden llegar a dejar sin garantías de ningún tipo a quien se presente en la instancia.
El instituto de la Gracia fue creado por la Ley Nº 15.737 del 2 de julio de 1985 y desde entonces la Corte establece un mecanismo de visita anual a los recintos penitenciarios que elaboran una lista de posibles candidatos a ganar su libertad, donde solamente los ministros del máximo tribunal de justicia del país pueden concederla. Para ello establecen una serie de requerimientos y privilegian a los delitos menores en personas que tienen la condición de primarios, así como también algunos otros aspectos, como la excesiva prisión preventiva, etc. Sin embargo, después de haber asistido a más de 16 visitas de cárceles como periodista, he visto distintas maneras de actuar de los ministros que intervenían en las distintas instancias. Desde Roberto Parga, Daniel Gutiérrez, Leslie Van Rompaey, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique, entre otros, sorprendió el criterio subjetivo empleado por los ministros, quienes ostentando su condición de tal, llegaron a expresar su prejuzgamiento sobre el tenor de algunos casos que dijeron desde el inicio, que si bien tenían derecho a presentarse, ellos iban a rechazarlos cuando les fueran planteados, esto previamente a analizar las respectivas causas.
Si bien para estos casos, como la libertad por Gracia, podría llegar a tener algo de asidero su postura, es muy importante que un magistrado demuestre imparcialidad y objetividad para valorar criterios puramente técnicos en todo momento y con ello determinar un fallo imparcial con el que se le brinden además, garantías al justiciable. Al menos es lo que se espera en instancias como esta, algo que ayer dejó con sabor a poco a los presentes por los criterios expuestos por los magistrados actuantes.

Hugo Lemos

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La libertad de expresión y de prensa, esa gran responsabilidad que nos define como sociedad

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad es un concepto básico que trasciende lenguajes y fronteras. Pero sobre todas las cosas es un derecho humano fundamental e inherente a la condición de persona humana. En tal sentido, la libertad de expresión y de pensamiento debe ser considerada como un valor básico de la humanidad en toda su dimensión, porque es el principio fundamental que nos ayuda a desarrollar nuestra condición de seres.
En nuestro país, este derecho humano fundamental está consagrado como un principio inalienable con la condición de libertad y de democracia republicana como la que rige en el Estado de Derecho.
Por lo tanto, la libertad de expresión es en el Uruguay, uno de los valores más importantes que hemos sabido cultivar como sociedad y que no solo debemos protegerlo cada día, sino que además debemos conservarlo por los próximos tiempos.
Un día, un gran experiodista y actual experto en comunicación institucional me dijo “la libertad es una responsabilidad que debemos saber administrar”. Visto de ese modo, bien vale el concepto de ser responsables y por tanto, comprometidos con ese bien de la vida que es la libertad.
Hoy en el mundo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, porque una prensa libre es la que traduce el valor democrático de una sociedad, de un gobierno y de un país. No se concibe la libertad de expresión con límites, cortapisas y censuras de los gobiernos y de los agentes estatales.
Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, al final de la conferencia de prensa intercambiamos palabras y lo primero que me preguntó fue “¿cómo está la libertad de prensa en Uruguay?”. A sabiendas de que si la misma era de mala calidad, la democracia en el país estaba fallando.
Uruguay es uno de los países con mayor libertad de prensa en el mundo, está entre los 20 primeros en un ranking de casi 200 países monitoreados por Reporteros Sin Fronteras (una organización mundial que nuclea a los periodistas de todo el mundo).
La Constitución de la República consagra este derecho a la libertad de expresión en los artículos 7, 10, 29 y 72 de la carta Magna. Asimismo, la ley Nº16.099 conocida como Ley de Prensa, establece en el inciso final de su artículo 1º, un aspecto no menos importante que es la reserva de la fuente, como práctica inalienable del secreto profesional del periodista. Y esto vale ante un juzgado en el caso que un magistrado le pide a un periodista que revele la fuente, el cual puede negarse y no tener consecuencia alguna por ese motivo. Lo que es considerado un gran logro para el ejercicio del periodismo, pero también una protección importante para los periodistas.
La libertad de expresión es un derecho que tienen todas las personas en este país y sus expresiones, que revelan su manera de pensar, no deberían estar jamás censuradas ni mucho menos prohibidas, porque es justamente a través de la libertad de pensamiento que se conforma la pluralidad de ideas y en base esto, se construye más democracia y una mejor sociedad.
En ese sentido, quiero acordarme en este día, del maestro Claudio Paolillo, incansable luchador por los derechos de los periodistas a ejercer su tarea con libertad y de los pueblos a elegir la manera de autodeterminarse. Enemigo de las dictaduras y de las castas que dictan normas que consideran que son beneficiosas para los pueblos. Esos que de libertad no saben nada y que oprimen a la gente quitándoles justamente ese tan caro valor que todos los días debemos defender.
¡Viva la libertad de prensa en Uruguay y el mundo!

Hugo Lemos

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Crean ley para el fomento de la importación de insumos destinados a la innovación

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley Nº 19.592 del 5 de enero de este año establece la Importación de insumos con destino al proceso de prototipado o pequeñas series de producción se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar de tasas y tributos.
La norma constituye un gran avance en la promoción de la importación de insumos y la innovación tecnológica. Se crea un registro de personas beneficiarias de dicho régimen.
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN
Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa declaratoria promocional de la actividad, a exonerar de tasas y tributos a la importación de insumos con destino al proceso de prototipado o pequeñas series de producción, asociados a la innovación tecnológica del sector de electrónica o robótica, y a no requerir la intervención preceptiva del despachante de aduana en las operaciones aduaneras correspondientes, dentro de los límites y en las condiciones que se establezcan en la reglamentación.
Artículo 2º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el registro de personas físicas y jurídicas beneficiarias de régimen previsto en el artículo 1º de la presente ley.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias, penales o por infracciones aduaneras que pudieran corresponder, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá suspender a un beneficiario del referido registro, o darle de baja de forma permanente, ante el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como condición del otorgamiento del beneficio.
Artículo 3º.- Sin perjuicio de las competencias de otros organismos, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá disponer las inspecciones que entienda pertinentes a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.
Artículo 4º.- La Dirección Nacional de Aduanas instrumentará un despacho aduanero simplificado para las operaciones de importación a que refiere la presente ley, al amparo de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (CAROU).
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2017.

Hugo Lemos

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Ley extiende beneficio a productores alcanzados por devolución del IVA en compra de gasoil

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La Ley Nº 19.602 sancionada por el parlamento el pasado mes de marzo, contempla la realidad de los productores rurales que han sido afectados por la emergencia agropecuaria de los últimos meses. Establece la devolución del IVA en la compra de gasoil a los que no tributan IRAE por su capacidad contributiva.
Asimismo, esa devolución la plantean en los términos de que la compra sea para el uso del giro de la empresa.
Para los interesados en conocer el detalle del texto legal, la mencionada ley señala: Artículo 1º: se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a los productores de ganado bovino y ovino que no tributen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en sus adquisiciones de gasoil destinadas al desarrollo de la cría o engorde de ganado bovino y ovino, en los mismos términos dispuestos en la Ley Nº 19.595, de 16 de febrero de 2018.
A tales efectos, se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a utilizar la información de sus registros, así como también la de los organismos especializados. El límite máximo del beneficio no podrá superar el 0,4% de los ingresos originados en la venta de ganado bovino y ovino, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado, facultándose al Poder Ejecutivo a establecer montos fictos de ingresos para aquellos contribuyentes de los que no se disponga información.
En tanto que el artículo 2º faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 19.595, de 16 de febrero de 2018, por el término de un año, el mismo establece que su entrada en vigencia es a partir del 1º de marzo del presente año y tiene como plazo el mismo día pero del 2019. Aunque esta nueva ley, puede prorrogar el plazo otro año más.
Y en el caso del artículo 3º, se faculta al Poder Ejecutivo a incluir a otros sectores productivos en el mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecido en la Ley Nº 19.595, en los términos y condiciones allí establecidos. El límite máximo del beneficio será fijado por el Poder Ejecutivo y en ningún caso podrá superar los establecidos para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE).

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La publicidad del proceso en Salto no se cumple

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El principio de publicidad siempre fue incumplido en las sedes judiciales donde imperan los resquicios autoritarios del “acá mandamos nosotros y las cosas se hacen así”. Al menos eso parece ocurrir en Salto, cuando un ciudadano pretende saber qué sucede en el interior de los recintos judiciales y conocer las situaciones que allí se dilucidan.
El secretismo que impera, en aras vaya a saber uno de qué, aún sigue estando, pese a que el país ha dictado leyes que controvierten esta posición y que mandatan a todos los funcionarios del sistema judiciales, desde el juez hasta el portero, a dar a conocer a la población de las cosas que suceden en los juzgados.
Todo eso por una cuestión de transparencia en la gestión pública, algo que ha avanzando mucho en distintos ámbitos y sobre todo en las sociedades más avanzadas. Si bien desde la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia, se invita todo el tiempo a la población, y especialmente a los periodistas a acudir a las audiencias penales en virtud del nuevo proceso penal, cuyo precepto rector es la publicidad del mismo, no ha sido entendido así al parecer por los operadores del sistema.
El lunes pasado concurrí a una jornada sobre “Nuevo Proceso Penal y régimen de trabajo para los periodistas”, que se desarrolló en la sede de la Unesco para América Latina que tiene lugar en Montevideo. En la oportunidad hablaron el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, el Ingeniero Marcelo Pesce subdirector general del Poder Judicial, quien se encarga de la plataforma digital del mismo, el director de Comunicación Institucional del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat y el Relator para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el uruguayo, abogado y periodista, Edison Lanza.
Allí todos nos incitaron a concurrir a las audiencias públicas que se cumplen en los juzgados como prueba de que los procesos (ya formalizados) son públicos y que cualquier persona puede asistir a ellos, porque “la política ha cambiado y ahora todo debe ser público”, coincidieron los oradores.
Ayer de tarde en Salto se cumplió en el juzgado penal de 8º Turno de Salto, la primera audiencia ya en juicio penal contra una persona por un delito de rapiña. EL PUEBLO acudió a la misma con el fin de entrar y ver cómo se desarrollaba la novedosa instancia. Pero por haber ido un rato después de comenzada la misma, pese a que el lugar debe ser abierto, no se nos permitió el ingreso al lugar en la sede de la calle Artigas 1080. Se nos dijo que esperáramos a una actuaria que en 32 minutos no apareció. Lo que sí comprobamos y así se lo transmitimos tanto al director de comunicaciones de la Fiscalía, Javier Benech, como al de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, es que será muy bonito lo que nos dicen en Montevideo, pero eso en Salto no se cumple.

HUGO LEMOS

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Comenzaron a regir las nuevas disposiciones para el servicio doméstico por la ley de inclusión financiera

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Las nuevas disposiciones de la ley de inclusión financiera, Nº19.210, es decir las modificaciones realizadas a esta norma que fue sancionada en el 2014 y que tantos bemoles ha ocasionado desde entonces, con idas y venidas, y ajustes legislativos de todo tipo para poder cumplir efectivamente con sus estipulaciones, impone desde el pasado 1º de abril, el pago electrónico a las personas que trabajan en el servicio doméstico, pero con carácter mensual.
Esto obliga a que quienes contratan con carácter mensual y permanente a una trabajadora doméstica, deban depositarle el sueldo en una cuenta bancaria, la cual, para estos casos, las cajas de ahorro son gratuitas en cualquier banco de plaza, y les facilita hasta cinco extracciones sin costo y hasta ocho transferencias en el mes sin costo alguno.
La misma no obliga a los trabajadores que estén inscriptos como jornaleros. Ni obliga a quienes al 31 de diciembre siendo empleadores, perciben como ingreso una pensión o pasividad de algún tipo.
La disposición:
A partir del 1º de abril de 2018 los trabajadores del servicio doméstico registrados ante el Banco de Previsión Social (BPS) como mensuales deberán comenzar a cobrar la remuneración con medios electrónicos, ya sea mediante acreditación en cuenta o en instrumento de dinero electrónico en la institución elegida por el trabajador. No estarán alcanzados en esta primera etapa los trabajadores inscriptos en el BPS como jornaleros, que se incorporarán al pago electrónico a partir del 1º de enero de 2019, y podrán seguir cobrando en efectivo hasta ese momento.
Estas disposiciones no serán de aplicación en el caso de los trabajadores cuyo empleador estuviera percibiendo, al 31 de diciembre de 2017, una jubilación, pensión o retiro de cualquier instituto de seguridad social. En estos casos, la remuneración se podrá seguir abonando en efectivo.
Más allá de los plazos y la excepción señalados precedentemente, se recuerda que en todos los casos los trabajadores tienen el derecho de poder elegir, en cualquier momento, comenzar a cobrar sus remuneraciones a través de medios electrónicos gratuitos, con los servicios básicos sin costo que prevé la Ley de Inclusión Financiera (al menos 5 extracciones sin costo y 8 transferencias electrónicas gratuitas por mes).

Hugo Lemos

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Las leyes deben ser una interpretación de las necesidades sociales de la población

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Las leyes que elabora un parlamento, deben acompasar las realidades sociales de los pueblos, deben ser una expresión de necesidad de la gente, que son traducidas por los parlamentarios que no son otra cosa que delegados del pueblo, elegidos democráticamente, esto en elecciones libres y con pluralidad de partidos políticos y corrientes de opinión de la más diversa índole.
Esas expresiones de necesidad que son creadas por los parlamentos deben ser convertidas en imperativos categóricos, que se plasman en la vida institucional de una nación y pasan a ser aplicadas, pero siempre con el único fin de buscar mejorar la calidad de vida de la gente.
Sin embargo, cuando se hacen leyes que generan entorpecimientos al funcionamiento del sistema y vulneran en algunos casos, por las lagunas jurídicas que las mismas ocasionan, el derecho de alguna parte de la población, es la clase política la que debe revisar su manera de legislar, porque entonces no están haciendo bien su trabajo.
Para muestra, dos casos. Uno de ellos es la mal llamada ley de inclusión financiera Nº19.210, que de inclusión no tiene mucho y lo que genera es un concepto de exclusión en muchos sectores de la sociedad, que no alcanzan a participar de las disposiciones legales de esta norma. Más bien es una ley de bancarización obligatoria, que ha generado una intervención de los bancos, públicos y privados, en todos los órdenes de la economía.
Y en ese aspecto, la ley de inclusión financiera ha puesto disposiciones que lesionan derechos de las personas cuando las exigencias para realizar determinadas transacciones simples o complejas, no están al alcance de la mano de los interesados, sobre todo de los sectores sociales con menos poder adquisitivo. Un ejemplo de que la ley no incluye tanto, sino que excluye y genera problemas en varios aspectos. Habría que revisarla de pies a cabeza.
El otro aspecto, es la ley 19.293 que dio luz al nuevo proceso penal, que ha generado retrocesos en los resultados judiciales y ha generado inconvenientes de todo tipo a Policías y fiscales a la hora de la investigación.
Si bien sobre este tema ya hemos abundado, lo que importa ahora es pasarles un mensaje a los legisladores y no es otra cosa que estudien bien, analicen correctamente las situaciones que van a afectar con una ley, antes de elaborarla y sancionarla.
Si llegaran a hacer eso, estudiar, analiza, comprender qué es lo que están votando en un plenario donde todos hablan a la vez de cosas que no tienen que ver con la realidad del país mientras miran el teléfono celular que también les proporciona el parlamento y ergo lo pagamos todos, los ciudadanos nos estaremos ahorrando varios dolores de cabeza.

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Leyes de mi país. “Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Familia del policía ultimado y los hijos de la mujer víctima de Femicidio deberán recibir una pensión

Cuando ocurrió el asesinato del Policía que estaba custodiando a Olga Costa, la mujer ultimada por su expareja hace hoy una semana, la situación en la que muchos pensaron era, en cómo iba a quedar parada económicamente la familia del funcionario policial, Fernando Farinha, ultimado por el criminal.
A esto se suman los dichos del padre del policía fallecido, que a través de algunos medios de comunicación y de las redes sociales, habló al respecto y dijo que la viuda y los hijos del funcionario abatido la semana pasada están pasando angustias y que en tal sentido, el Ministerio del Interior debía abogar por resolver cuanto antes la situación.
En tal sentido, desde el año 2012, fue aprobada la ley Nº 19.039, que establece el pago de una pensión a las víctimas de delitos violentos, con el fin de que en estos casos, las familias de las víctimas puedan obtener una reparación estatal para sobrellevar los percances que le generan el vacío que deja la persona que pasa a estar ausente en el hogar.
Se trata de las víctimas de los delitos violentos. Y en ese caso, en el artículo 1º se establece que se crea una “prestación de seguridad social denominada Pensión a las Víctimas de Delitos
Violentos, la que estará a cargo del Banco de Previsión Social”.
La misma ley asegura que los reclusos que trabajen y reciban salario por ello harán un aporte económico al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del orden de un 10% (diez por ciento) de sus ingresos.
A los efectos de la financiación, el empleador actuará como agente de retención de la suma debiendo remitir dicho monto al Ministerio del Interior. En cuanto al hecho generador de esta pensión establecida por ley, el artículo 3º de la referida norma establece que cuando ocurriere, dentro del territorio nacional, un homicidio en ocasión de delitos (tales como) rapiña, copamiento o secuestro o cuando una persona resulte incapacitada en forma absoluta para todo trabajo, por haber sido víctima, dentro del territorio nacional, de cualquiera de los delitos referidos anteriormente, se generará derecho a la pensión creada por esta ley, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga residencia en el país.
Si bien en este caso, el homicidio ocurrió por el cumplimiento del deber del funcionario policial, el mismo se dio con el fin de cometer un daño contra un tercero, algo que efectivamente ocurrió, como fue el femicido de Olga Costa, cuyos hijos podrán hacerse acreedores a dicha pensión.
Además, el monto de la misma será de carácter mensual y su valor será de 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones). Cada BPC, al 1º de enero de 2018 es de $3.848 pesos, por lo cual el monto total a pagar en estos casos de carácter mensual es de $23.088 pesos.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de esta prestación son las siguientes personas: A) El cónyuge de la víctima de homicidio. B) El concubino de la víctima de homicidio, acreditando dicha condición, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007. C) Los hijos menores de la víctima del homicidio ocasionado de acuerdo con el artículo 3º y bajo las condiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de esta ley.
D) Los hijos de la víctima de homicidio que siendo solteros mayores de dieciocho años de edad, estén absolutamente incapacitados para todo trabajo, de acuerdo a lo dictaminado por el Banco de Previsión Social. E) Quien resulte incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado, por haber sido víctima de rapiña, secuestro o copamiento.
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN
En tanto que la norma señala que los viudos o concubinos beneficiarios deberán acreditar, la dependencia económica que tenían con el causante de esta situación o la carencia de ingresos suficientes que poseen en función sobre todas las cosas, de la ausencia del mismo. Asimismo, la ley dice que las viudas o concubinas beneficiarias tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma establecida en el artículo 26 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, con los reajustes correspondientes. (Tratándose de las viudas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000, quince mil pesos uruguayos).
Y la ley sigue, puede leerse googleando el número de la misma, con el fin de conocer en detalle qué beneficios reclamar y cuáles no corresponden.

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Febrero: un mes con leyes para paliar situaciones complejas y de difícil solución

Dos leyes de ayuda con rebajas de la carga impositiva y la creación de un fondo de ayuda, para cierta parte del sector productivo nacional, fueron las dictadas en el mes de febrero que acaba de terminar por el Poder Legislativo.

Por: Hugo Lemos

Por: Hugo Lemos

Se trata de las leyes 19.595 y 19.596, que son normas que por un lado establecen la devolución del IVA hasta en la compra de gasoil destinado a las actividades productivas, pero solamente para los productores de leche, arroz, flores, frutas y hortalizas que no tributen IRAE, es decir, tengan un establecimiento con ingresos medios y medios bajos.
La medida entra en vigor a partir de hoy y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará el universo de productores comprendidos en esta medida en un trabajo conjunto con la DGI.
Habrá un régimen estricto de controles y declaraciones formales para determinar si las compras están comprendidas en ese régimen. A su turno, las estaciones de servicio deberán documentar con comprobantes electrónicas las compras de gasoil y diferenciarlas de otros productos para poder establecer después cuánto es el importe de la devolución.
A su turno, la ley 19.596 crea el Fondo de Garantía para Deuda de los productores lecheros con destino a “mejorar el perfil del endeudamiento de los mismos”. Se trata de un fondo que ayude a reestructurar las deudas con entidades financieras por parte de los productores lecheros.
La ley plantea varios topes, mínimos y máximos. Se refiere a que los más pequeños podrán acceder a fondos no reembolsables siempre que los mismos sean con destino al costo de la producción y establece un máximo de 6 millones de dólares.
Entre otros diversos aspectos que será buena cosa que los implicados lo lean, analicen, reflexionen y de esa manera elaboren una posición sobre la misma, antes de que se establezca un diálogo de sordos con imposiciones de un lado y del otro, como lo que ha ocurrido hasta el momento sin que haya soluciones a la vista.

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Un comunicado que nunca debió emitirse

El comunicado realizado por la Presidencia de la República este martes pasado dando a conocer información personal sobre la situación jurídica y económica del colono que expresó su sentir al Presidente de la República, es una grosera

Por: Hugo Lemos

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violación del derecho a la intimidad y un sometimiento al escarnio público de una forma totalmente ilegítima.
Es lamentable que luego que un ciudadano de este país se expresa de la forma que cree conveniente y le dice su sentir y pensar al mismísimo presidente de la República en la cara, al otro día, la institución Presidencia de la República, que nos representa a todos los uruguayos sin excepción, somete al escarnio público a esta persona con el fin de desacreditar lo que pueda haber dicho públicamente, sentido o pensado, en aras de su libertad consagrada por la propia Constitución de la República, en los artículos 7, 29 y 72, por solo citar algunos.
La mismísima Dirección de Comunicaciones de la Presidencia uruguaya que expuso al primer mandatario al debate con la gente en la calle, primero se lo permite por entender y saber de antemano que un presidente, es el hombre que nos representa a todos, no tiene vida privada y está sometido al escrutinio de la sociedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Y segundo, cuando las cosas salieron mal y a la opinión pública no le gustó la cara que empezó a poner Vázquez y las cosas que dijo, utilizaron el acceso a información privilegiada para buscar cómo ensuciar, en un operativo enchastre, a esta persona, cuya situación particular, en este caso, no le quita mérito por decirle al presidente lo que tiene ganas y hacerse cargo de sus propias expresiones.
Esta acción de la Presidencia me parecen un atropello a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad de un ciudadano, que además tuvo la oportunidad de intercambiar con Vázquez, el Presidente también le hizo su descargo y todos lo vimos por la televisión, le dijo que él “no era mentiroso” y que no se reunió con los colonos porque “nunca le había llegado la carta de solicitud” para hacerlo.
Pero lo lamentable, es que la institución de mayor jerarquía del país utilice con fines políticos la información a la que accede, para destruir la credibilidad de un simple ciudadano ante la opinión pública, cuando así lo crea conveniente.
Creo que con esto se le hizo una mancha al estado de derecho y un flaco favor a la democracia, además de haber constituido una tremenda falta de sensibilidad republicana.

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Proceso penal deja inconcluso los procedimientos

Una de las primeras pruebas de que este proceso penal que rige desde noviembre pasado o es demasiado garantista o

Por: Hugo Lemos

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tiene unas falencias enormes, fue el procedimiento por el cual la Policía había logrado detener al delincuente conocido como el Betito, que posee uno de los prontuarios más extensos de los que se recuerde en el historial delictivo de este país y el que tras ser detenido un rato, fue liberado por falta de pruebas, cuando se desplazaba en un auto robado.
El nuevo Código del Proceso Penal, solamente generó un enlentecimiento de los procedimientos. Mientras se acostumbran a éltanto jueces fiscales, abogados defensores como los funcionarios de la fiscalía y del juzgado, así como la propia Policía, los procesos van muy despacio. Si bien el mismo se caracteriza por ser garantista, las garantías que le da al ciudadano son tantas, que la prueba para generar la acusación, demora y se deteriora. Por lo cual del promedio de un procesado por día que tenía Salto con el antiguo proceso, se pasó tres meses del nuevo proceso, a 80 casos en total. Muestra de que el proceso se ha enlentecido mucho más de lo deseado.

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Sancionan ley que exonera tributos a la producción tecnológica y hasta crea un registro de beneficiarios

Ante los reclamos de exenciones tributarias a la cadena productiva, con el fin de mejorar la rentabilidad de las

Por: Hugo Lemos

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empresas, la innovación ha ganado un lugar en ese rango de empresas que pretenden crecer a nivel productivo y para esto una nueva ley le otorga un beneficio.
Se trata de la Ley Nº19.592 que fue promulgada el pasado 5 de enero y que crea un registro a nivel Ministerio de Industrias para los exportadores de pequeñas series de producción, con el fin de promover la innovación. Se trata de una ley de tan solo dos artículos.
La ley de marras faculta al Poder Ejecutivo a exonerar de tasas y tributos a la importación de insumos con destino al “proceso de prototipado o pequeñas series de producción asociado a la innovación tecnológica y a no requerir la intervención preceptiva del despachante de aduana en las operaciones aduaneras correspondientes, dentro de los límites y en las condiciones que se establezcan en la reglamentación”.
Asimismo se creó en el ámbito del ministerio de Industria, Energía y Minería un registro de personas físicas y jurídicas amparadas al régimen previsto.
Además el inciso segundo del artículo 2º de esta corta ley, señala que sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias y penales que puedan competirle, el mencionado Ministerio podrá irrogarse el derecho de suspender a un determinado beneficiario del referido registro, o darle de baja de forma permanente, ante el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas, como condición del otorgamiento del beneficio.
En ese sentido, la intención del Estado en este caso es brindar protección y ayuda a cierta industria tecnológica, con miras a estimular los procesos de producción y aumentar así las exportaciones en este rubro, que da trabajo e inserta a Uruguay en el mundo.

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Las FFAA custodiarán fronteras para cuidar la defensa nacional y evitar cualquier amenaza

En el marco de los planteos por mayor seguridad interna que viene realizando cada vez con mayor énfasis la población al gobierno nacional, y más allá de las políticas que se adoptan en ese sentido, hay otro aspecto que empieza a ser regulado y es la seguridad en las fronteras.

Por: Hugo Lemos

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En ese sentido, el Poder Ejecutivo acaba de emitir un nuevo decreto, el pasado 8 de enero, en el que encomienda a las Fuerzas Armadas la custodia de las fronteras junto al personal de los organismos que trabajan en esas zonas.
En sus considerandos el Poder Ejecutivo plantea que “es pertinente la tarea de vigilancia (de las Fuerzas Armadas) con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país previniendo amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos”.
Asimismo señala que la “permeabilidad de las fronteras constituyen una debilidad estructural del Estado debido a la falta de la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona, generando oportunidades para los agentes de delito transnacionales de diversas formas”.
En tanto que reafirman que ese cometido para las Fuerzas Armadas está enmarcadas en la Constitución de la República. Y afirma en el texto del decreto, firmado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que se “encomienda” a las mismas el patrullaje en apoyo a los organismos que trabajan en esas zonas, previniendo “amenazas que afecten la integridad del territorio”.
En ese aspecto, realizarán “patrullajes y tareas de control con la participación preceptiva de las otras dependencias como el Ministerio del Interior y Aduanas”.
Además podrán realizar tareas de “reconocimiento con el propósito de obtener información necesaria para la Defensa Nacional”. Todas estas tareas, las deben realizar fuera de los centros poblados, para no violar la Carta Magna ni vulnerar los derechos de los habitantes del país, evitando así excesos en sus funciones. Habrá que ver cómo resulta.

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Una ley que reivindica un símbolo histórico

El 15 de diciembre de este año, último día para la actuación del Poder Legislativo por este ejercicio del Período que va hasta el año 2020, fue sancionada la Ley Nº 19571 que establece una uva fecha nacional de relevancia histórica, pero que no constituye un feriado administrativo o laboral.

Por: Hugo Lemos

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En tres breves artículos la norma establece al 13 de enero como el “Día de la Primer Bandera de José Artigas” y en un segundo artículo la ley refiere a que será el Poder Ejecutivo el que “coordinará y promoverá actividades alusivas a la fecha”.
La bandera fue diseñada por el propio Artigas, basándose en la bandera creada en 1812 por Manuel Belgrano, a la cual le añadió el color rojo punzó interpretando el de la sangre derramada por la independencia respecto a España y el imperio lusobrasileño y por el federalismo y con el objetivo de ser el emblema de la Liga Federal de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo que ha resultado ser la primera bandera del Partido Federal.
En un principio constaba de tres bandas azul-blanco-azul, donde cada una de las bandas azules tenía dentro una banda roja horizontal, cada banda punzó (roja) representaba las bandas oriental y occidental del Río de la Plata en la misma bandera. Más tarde es el mismo Artigas que cambia los dos listones horizontales por dos en diagonal y luego por uno solo en diagonal, argumentando que “a la distancia era difícil distinguirlos”, en este caso las dos bandas del Río de la Plata son las franjas azulcelestes, el Río de la Plata es representado con la franja horizontal central blanca (en heráldica = color plata) y la franja punzó o gules roja que al cruzarlas une a todas las bandas señala la unión libre de los pueblos (Unión de los Pueblos Libres).

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La ley reforma el instituto de vigilancia judicial y le da potestades al liberado para que se queje si es estigmatizado

La vigilancia judicial de la que habla el artículo 5º de la Ley Nº19.544 que sustituye el artículo 306 de la ley Nº19.293, establece el régimen de seguimiento para el penado liberado, con el fin de evaluar su conducta y determinar la real

Hugo Lemos

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peligrosidad del mismo. La intención de la norma es conocer si el individuo mantiene un comportamiento que puede ser lesivo para el interés público o ha logrado una rehabilitación que le permita una adecuada reinserción social.
El artículo 306 que fue modificado establece que “el penado que fuere liberado anticipadamente quedará sometido a la vigilancia de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado en las condiciones previstas por el artículo 102 del Código Penal”, que habla de la vigilancia de la autoridad para la persona que es liberada por orden judicial.
En tanto, que señala la misma norma reformada que será el juez de ejecución y vigilancia el que supervisará la forma concreta de vigilancia y podrá dispone de otras modalidades, o asumirlas directamente o incluso pedir colaboración a otras instituciones públicas.
Asimismo, sostiene este artículo 5º de la ley Nº19.544 que “la vigilancia será ejercida de manera que no perjudique al vigilado y le permita atender normalmente sus actividades habituales”, esto es, que el vigilado no se entere de que lo está siendo y que de esta manera además, la justicia cumpla efectivamente con el precepto de no estigmatizarlo.
Tanto así, que al final del artículo la norma señala que incluso si el vigilado considera que que la vigilancia no se cumple de debida forma, podrá concurrir verbalmente ante el juez competente para que disponga las medida que estime necesarias.
Así las cosas, ahora al penado que el sistema libera, hay que darle las garantías institucionales y legales para que su vigilancia transcurra de una forma adecuada y le permita reinsertarse a la sociedad sin el estigma de haber estado preso.

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La ley de negociación colectiva nunca se usará tanto

Según lo que publicó ayer el portal de la Presidencia de la República, en el acto de celebración por los 50 años de la

Por: Hugo Lemos

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creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el titular de la cartera, Ernesto Murro dijo ayer, adelantó que el año próximo se utilizará la herramienta negociación colectiva laboral, como “nunca antes en la historia de Uruguay”, algo que marca uno de los jalones más para lo cual esa secretaría de Estado se prepara con actualización tecnológica y funcionarios capacitados. Murro también destacó el especial fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.
En ese sentido, la ley de Negociación Colectiva Nº18.566, que establece la obligatoriedad de la formulación de convenios entre los trabajadores y las patronales para acuerdos con fuerza de ley que marquen las condiciones laborales y las pautas salariales, ha sido un instrumento reforzado por su uso.
Desde el primer año de este período de gobierno que no se citaban a los consejos de salarios para proyectar los aumentos salariales, ya que desde entonces lo que ha ocurrido han sido reuniones de ajustes a los convenios ya firmados.
Sin embargo, ante el advenimiento de un nuevo ciclo electoral, que comenzará en el año 2019 y se extenderá hasta el 2020, por cómo funciona el proceso uruguayo que empieza con las elecciones internas de los partidos políticos y culmina con las elecciones departamentales, se estableció el año 2018 como el momento clave y último antes del próximo período de gobierno para hacer valer la ley de marras y ejercer el derecho a una negociación cuyos resultados se cumplan y se hagan extensibles a todos los sectores de la actividad.
La ley de negociación colectiva se trata de una de las banderas de la transformación del mundo de las relaciones laborales que se viene cumpliendo desde el 2005 a la fecha. Si bien desde el sector empresarial hay cierto nerviosismo por cómo se enfrentará el proceso, desde las cámaras piden cautela al tiempo que el sector sindical se afina para sacarle punta al lápiz, ya que lo allí acordado tendrá vigencia hasta el 2021.
Por lo tanto la conflictividad laboral irá en aumento por la lógica de los procesos de esta índole, habrá que ver cuánto afecta esto el nivel de productividad en las empresas y la situación de la economía en general.

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Situaciones especiales en la que un trabajador tiene derecho a resguardar su salario pese a su ausencia

El derecho laboral ha vivido una serie de transformaciones en función de un nuevo miramiento que le da mayor

Por: Hugo Lemos

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protección a los integrantes de los sindicatos con el fin de que puedan ejercer esa tarea, al punto que resguardan su salario para concederle el beneficio del ejercicio de dicha tarea. Aquí damos a conocer varias normativas que establecen la protección y promoción de las organizaciones sindicales, en base a la ley Nº17.940-
Situaciones especiales en las que no se trabaja, pero no se pierde el salario
• Delegados obreros ante los Consejos de Salarios
Para la ley el tiempo que los delegados designados por el Poder Ejecutivo destinen al cumplimiento de los cometidos propios de los Consejos (esto es negociaciones, reuniones, asambleas para fijar pautas antes de concurrir a la mesas de negociación) será considerado como “trabajo efectivo”. En tal sentido, la normativa establece que la parte empleadora “se hará cargo de la remuneración siempre que dicho tiempo coincida con la jornada normal de trabajo”.
Esto comprende el tiempo que es dedicado específicamente por el trabajador a las tareas de cada una de las instancias de los Consejo de Salarios, así como también el tiempo de traslado del lugar de trabajo hasta la sede donde los mismos se negocian y viceversa.
Así lo establece el Decreto 498/85, del 19 de setiembre de 1985, que reincorpora tras la dictadura los consejos de salarios, luego suprimidos y reinstalados en el 2005.
en tanto que para legislar todas esas responsabilidades, se creó la Ley 17.940 cuyo artículo 4 refiere a la licencia sindical y dice que «se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical, el ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo». Es decir, que el tiempo que el delegado tendrá dedicado a la labor sindical para el goce de la licencia especial deberá ser acordado por un convenio colectivo.
Pero también hay otros casos de contemplación especiales para el resguardo del salario ante la ausencia por motivos fundados del trabajador, como el caso de la “Donación de sangre a bancos de sangre oficiales (Ley 16.168 de 21 de enero de 1990)”.
Y dice la norma: Todo trabajador de la actividad pública o privada que realice una donación de sangre a bancos de sangre oficiales o que se encuentren bajo reglamentación del Servicio Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud Pública, con la sola presentación del documento que acredite fehacientemente dicho acto, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y que este sea pago. Aunque queda claro que este derecho no podrá ser ejercido más de dos veces en el año.
Aunque también existe la ausencia motivada por:
• Licencia por Examen Ginecológico (PAP y/o mamografía): Ley 17.242.
• Testigos en juicio.
Y de acuerdo con el Código General del Proceso, art. 160, nral. 5., en la redacción dada por la ley 19.090, al testigo compareciente no se le descontará del salario el tiempo que estuvo a disposición del tribunal.
• Licencia por Estudio: Ley 18.345, art. 2.
• Licencia por Paternidad, adopción y legitimación adoptiva: art. 5 de Ley 18.345 y art. 7 de Ley 19.161.
• Licencia por matrimonio: art. 6, Ley 18.345.
• Licencia por Duelo: art. 7, Ley 18.345

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Modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal por la ley Nº19.549

Cuando el parlamento estaba a contrarreloj antes de la aprobación del Código del Proceso Penal los legisladores estaban viendo qué hacer con un montón de aspectos que entendían que debían corregir. De ahí nació la Ley

Por: Hugo Lemos

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Nº19.549, que modificó la Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y otras normas, para adecuarlas al nuevo código del proceso penal.
En tal sentido, surge en su artículo 1º, la sustitución del artículo 12 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. (Otros principios aplicables).- Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de oralidad, inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso”.
De esa manera se establecen los principios en los cuales se rige el nuevo procedimiento que busca alcanzar una transformación cultural donde la ciudadanía principalmente, participe de las instancias judiciales con el fin de informarse cómo funciona el proceso por un lado y por el otro, mostrar mayor transparencia en la gestión.
Artículo 2º. Sustituye el artículo 24 en lo siguiente “Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal que hubieren intervenido en relación a actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de intervenir en actuaciones relacionadas con la audiencia de juicio y el dictado de sentencia”.
Con este artículo lo que trata de impedirse es que un tribunal que actuó previamente no tenga mayor injerencia en una causa, para evitar que haya prejuzgamientos. En ese aspecto, se apela al principio de inmediación e igualdad de las partes, pero sobre todo de transparencia.
Artículo 3º. Sustituye el artículo 25 diciendo que “los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen: 25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código. (Es decir, intervienen en todos los aspectos de lo que era el presumario y el sumario con la sentencia interlocutoria que era el auto de procesamiento y hasta la sentencia de condena en primera instancia).
“Y confirma en el 25.2 que los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de Montevideo conocerán además en el proceso de extradición. (…). En tanto el artículo 31 establece la competencia de urgencia, diciendo que “los jueces de todas las materias y grados son competentes para disponer las medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces son competentes simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente”.
El artículo 45 establece las Atribuciones y dice que el Ministerio Público tiene atribuciones para:
a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes. b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos. c) no iniciar investigación; d) proceder al archivo provisional; e) aplicar el principio de oportunidad reglado; f) solicitar medidas cautelares; g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación; h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; i) atender y proteger a víctimas y testigos; j) solicitar al Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado según corresponda; k) solicitar, en forma fundada, a las instituciones del Estado, toda información que sea necesaria en el marco de la investigación que se encuentre realizando y esté disponible en sus registros, siempre que la entrega no implique afectación de garantías o derechos fundamentales de las personas.

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Sobre el peón rural y las presiones a la justicia

El pedido de procesamiento del capataz de la estancia Flor de Ceibo, por parte del fiscal actuante en ese procedimiento, corresponde con lo expuesto en la denuncia y su dictamen se desprende de la técnica jurídica en base al derecho penal vigente, por el tenor de la denuncia presentada por el trabajador rural que tan célebre hizo el PIT

Por: Hugo Lemos

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CNT y cierta prensa, usándolo de cabeza de turco, más que como paradigma, de una de las leyes más significativas del gobierno de izquierda, como lo es la ley de ocho horas para el trabajador rural, la que el gobierno quiere demostrar que sí funciona. Lo que pasa, es que este caso se ha vuelto una lucha de poder del corporativismo sindical contra las patronales del sector rural, acaso las más poderosas a nivel económico al menos en el interior del país.
Hay que recordar que esta actuación se da en el marco del antiguo proceso penal y por eso el fiscal Ricardo Lackner, pide el procesamiento del denunciado, por el delito de lesiones personales.
Es que no cabe otra cosa en este hecho, porque lo que quedó demostrado en el juzgado, en base a las denuncias presentadas y a la prueba ofrecida por las partes y recogida por el juez, es que hubo un enfrentamiento entre dos personas, donde una lesiona a la otra con un rebenque.
Pero acá hay otro tema, en este caso el hecho se resume a un problema entre dos trabajadores, algo que fue remarcado por la Federación Rural en su comunicado y que nada le gustó al PIT CNT que seguía exigiendo que el propietario del establecimiento, que también fue denunciado por amenazas, sea el principal enjuiciado y también pagara por este episodio, trasladando el hecho penal en sí que investiga la responsabilidad de las lesiones ocasionadas a un sujeto por otro, que casualmente no era patrón, sino empleado y por ende también trabajador.
Aunque para la justicia penal, por ahora, no hay mérito para enjuiciar por amenazas al titular de la estancia, ya que las pruebas en su contra no son suficientes, aunque sí lo fueron las lesiones cometidas por el capataz contra el denunciante, lo que ameritó el pedido del fiscal y ahora la pelota está en la cancha del juez que deberá decidir si hace lugar o no al procesamiento.
Un apunte no menor y más político que legal: qué casualidad que justo el martes 21, el secretariado ejecutivo nacional del PIT CNT emitió una declaración sobre la preocupación que le generaba la falta de acción de la justicia sobre este caso en particular y justo 24 horas después de esa declaración, el fiscal dio a conocer el dictamen que ya estaba redactado pero con fecha 13 de noviembre, donde pedía el procesamiento del capataz por golpear al peón. Y después hablamos de presiones a la justicia.

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Nueva ley crea fiscalías para delitos de lesa humanidad

Cada vez que los ciudadanos presentaban una denuncia en un juzgado penal por casos de desaparición forzada durante a última dictadura militar en Uruguay, los mismos no llegaban a buen puerto, porque primero se

POR: Hugo Lemos

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encontraban con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y después porque decían que no estaba claro cuál era el delito que configuraba la desaparición de esa persona, que en el marco del derecho civil, se declaraban como ausentes. Para esto, tras el advenimiento de la izquierda en el gobierno, se votaron una catarata de leyes entre las que estaba el delito de desaparición forzada que fue incluido dentro del rango normativo, como delito. Y dentro del instituto de la prescripción, se declaró la imprescriptibilidad de los considerado delitos de lesa humanidad, es decir, que los mismos mientras el delito de desaparición permanezca no prescribe.
Entonces, para esto y en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, se crearon por ley nuevas sedes de fiscalías, que son las que ahora recogen la iniciativa de la acción penal, especializadas en estos crímenes.
Es así, que la Ley Nº19.550 aprobada el 18 de octubre de 2017, sostiene en su artículo 1º, “Facúltase a la Fiscalía General de la Nación la transformación de una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”.
En tanto que el artículo 2º remite a la competencia y establece que: La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad conocerá exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período definido en la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009, que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional (que comprende los ocurridos entre los años 1973 y 1985).
Asimismo, el artículo 3º admite la Remisión, diciendo que “a partir de la efectiva transformación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, todas las causas enunciadas en el artículo anterior le deberán ser remitidas en el estado que se encuentren”.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de octubre de 2017.

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Queda vigente el Femicidio y abre puertas a la inconstitucionalidad

La Ley Nº19.538 promulgada el pasado 3 de octubre, que modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal, relativo al delito de Homicidio, establece la introducción formal en el Código, de la figura legal del Femicidio.

Por: Hugo Lemos

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Así, una conquista social de colectivos que promueven el derecho de género se introduce en el texto normativo que a partir de ahora se aplica y que además transforma una cultura del manejo público y lingüístico de estos asuntos, que comienza a formar determinado pensamiento en las próximas generaciones.
El texto de la ley que entró en vigencia recientemente y que introduce estas modificaciones, sostiene además como agravante el hecho de que haya menores de edad presenciando el homicidio, lo cual refiere al estado de violencia que se vive hoy en nuestra sociedad y que la política legislativa tomó como aspectos sustanciales para poder legislarlos.
En ese sentido, el artículo 2º de la presente ley introduce como modificaciones el inciso 2º del artículo 311 del Código Penal que establece un numeral 5º que señala “si (el homicidio) se cometiere en presencia de menores de edad”, algo que una vez que suceda en presencia de niños o adolescentes, operará como un agravante de este delito.
A su vez, admite las políticas de diversidad y racismo, al agregarle al artículo 312 del Código Penal un inciso 7º que dice (el que con intención de matar diere a muerte a una persona…) “como acto de discriminación, orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad”, también será un agravante.
Al tiempo que en un inciso 8º, que fue incluido en el mencionado cuerpo normativo, incluye el mencionado y anhelado por los colectivos feministas delito de “Femicidio”, aduciendo que el mismo se comete cuando “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal”.
Aduce la presente ley que “sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia de móvil de odio, desprecio o menosprecio, cuando: a) a la muerte le hubiere precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. B) La víctima se hubiere negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, intimidad o afectividad. C) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra la libertad sexual”.
Deja sentado el inciso final del artículo 3º de la ley º19.538 que en todos los casos, “las presunciones admitirán prueba en contrario”.
Pero ahora los cambios están reglamentados y pueden aplicarse de manera favorable a una mujer cuando es asesinada por esa condición. Esto en la humilde opinión de quien esto escribe, viola el principio de igualdad y es inconstitucional. El artículo 8 establece que “todos somos iguales ante la ley” pero si es un hombre el que muere en manos de su homicida, pasa a ser un homicidio simple, más allá de que se configuren los aspectos relativos a los agravantes antes establecidos en el código de referencia.

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Más caos del que se pretende evitar

Ahora más que nunca entiendo el pedido de disculpas que formuló el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el pasado 19 de octubre cuando presentó en el parlamento el nuevo Código del Proceso Penal que

Hugo Lemos

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entrará a regir a partir del próximo miércoles 1º de noviembre. Es que con el cumplimiento en sentido estricto y piedeletrista de cada una de las acepciones y enunciados que establece el nuevo código, habrá muchos más presos en las cárceles uruguayas, que ya están atestadas con los que tienen, así que imagínense la maraña en la que se van a meter.
Desde entonces, hablar allí de violación flagrante a los derechos humanos será poco, por el hacinamiento y todo lo que eso traerá aparejado sobre todo en la población carcelaria más vulnerable, la que cumple prisión en un pozo negro como son muchas cárceles del país, debido a la superpoblación que traerá consigo la eliminación de la libertad condicional y el hecho que la prisión preventiva sea solamente la excepción de verdad y no la regla casi como es ahora.
Un estupendo artículo del diario El Observador de ayer resume el pensamiento de este articulista a la hora de conocer las últimas medidas adoptadas por el cuerpo legislativo que votó modificaciones al nuevo CPP, sin saber qué demonios estaba votando pero había que hacerlo porque se agotaban los plazos.
El artículo dice con claridad “con la derogación de la libertad condicional que permitía a los penados que se hallaran en libertad al recibir la sentencia de condena, seguir libres, esta situación se agravará”. Y es así, habrá muchos más presos y muchos más problemas para el país.
Pero hay otras opiniones más positivas por ejemplo el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, aduce su “temor que comparten jueces, fiscales y abogados porque las inercias y dinámicas del actual proceso penal inquisitivo persistan durante un tiempo con el nuevo CPP, y obstruyan su lógica penal. Esto quiere decir que, por ejemplo, aunque la prisión preventiva pasará a ser una excepción a partir de noviembre, siga de todos modos aplicándose con la misma frecuencia que ahora”.
“Aunque el nuevo CPP establezca esta medida como una excepción, la sigue definiendo para las situaciones en que haya riesgo para el autor del presunto delito, la víctima o la sociedad, y para aquellos casos en que el acusado tenga antecedentes”, dijo a El Observador el abogado procesalista Gabriel Valentín, vicepresidente del Colegio de Abogados. “Por lo que, en los hechos se seguirá imponiendo en muchísimos casos, casi de forma automática, aunque en teoría se establezca lo contrario”, opinó.
Pero el tema pasa porque si la prisión preventiva será la regla de manera inexorable y encima la libertad condicional queda derogada, las cárceles estallarán de gente y habrá más caos del que se pretende evitar. A mi juicio, una vez mas, empezamos al revés.

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Nueva ley permite a organizadores de espectáculos públicos prohibir el ingreso a quienes ellos consideran necesario

Fue promulgada la Ley 19.534 por el Poder Ejecutivo, que regula la admisión y permanencia en los espectáculos públicos. La norma señala que las personas físicas o jurídicas, organizadoras de los espectáculos públicos de índole

Hugo Lemos

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recreativa, social, deportiva, cultural, o de cualquier otra naturaleza podrán ejercer el derecho de admisión. El mismo se entiende por la facultad que tienen los organizadores de espectáculos públicos para decidir las condiciones a las que puede subordinarse el libre acceso de los ciudadanos a dichos espectáculos, dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos. Este concepto está establecido en el primer artículo y facultad a una persona a permitir o no el acceso a un espectáculo a otra persona. Lo que determina la libertad de participación en aras de proteger el derecho de quien organiza una actividad a que otra participe.
Aunque asimismo, la ley proteger ciertos criterios antidiscriminatorios por lo cual establece precisamente que “en ningún caso se podrá ejercer este derecho para restringir el acceso de manera discriminatoria en los términos previstos por el artículo 2º de la ley 17817 sobre Lucha contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”. El derecho de admisión tiene como justificación de su existencia que el derecho de admisión tiene por finalidad impedir el acceso a toda persona que no cumpla con las condiciones requeridas por el organizador del mismo y a aquellas que tengan antecedentes de incurrir en hechos delictivos y de violencia, que sean identificadas como partícipes de los actos violentos.
La idea con esto, es poner pautas de comportamiento para la participación de las personas a los espectáculos públicos con el fin de limitar los hechos de violencia que puedan producirse en los eventos que son abiertos, sobre todo los de carácter deportivo que han sido los que signaron los hechos más conocidos de los últimos tiempos.
Por tal motivo, el artículo 4º establece el derecho de exclusión de parte de los organizadores del espectáculo, hacia aquellas personas que “incumplan con las condiciones objetivas que deban observar los espectadores para su permanencia en el mismo” y sostienen que para cumplir con este cometido podrán solicitar “el auxilio de la fuerza pública”.
Esto, determina que el gobierno quiere avanzar en el control de los violentos y para ello se escuda de manera legal para excluir sin caer en actos discriminatorios e ilegales.

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Todo puede reducirse a un problema de violencia

El caso del peón rural que denunció haber recibido agresiones de parte del capataz del lugar donde trabajaba, está

Hugo Lemos

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centrado actualmente en el juzgado penal cuya sede investiga la posible comisión de dos delitos por una golpiza, el resto corre por ahora, por cuenta de los denunciantes.
Uno de los delitos denunciado es el previsto por el artículo 316 del Código Penal que prevé que el delito de Lesiones personales se da cuando: “el que, sin intención de matar causare a alguna persona una lesión personal, será castigado con pena de prisión de tres a doce meses (…)”.
Toda la situación generada por los movimientos sociales que se han manifestado en función de esta causa, se reduce a que se dirima en un juzgado penal si las agresiones sufridas por el trabajador de parte del capataz del establecimiento, constituyen delito o no. Así como también está se está analizando si existió de parte del propietario de la empresa agropecuaria para la cual el peón prestó servicios durante 9 meses, un delito de amenazas tal como lo denunció el trabajador.
El delito de amenazas también está estipulado por la legislación nacional cuando dice el Código Penal en su artículo 290 que “el que (…) amenazare a otro con un daño injusto, será castigado con multa de veinticinco a setecientas unidades reajustables. (…)”.

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Una ley zanja cualquier duda sobre la legalidad de un régimen laboral

Cuando mucho se habló de lo sucedido con un trabajador rural en un establecimiento agropecuario de la zona de

Hugo Lemos

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Estación Itapebí, quien recibió una agresión cuando habría reclamado la pertinencia de la jornada de 8 horas laborales y así dejar de cumplir un horario más extenso de manera gratuita, el argumento fue bien claro, la ley Nº18.441 así lo establece.
Artículo 1º. Fija la duración de la jornada laboral: Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias y establece que el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.
Asimismo, la norma sostiene que en caso de que se cumplan deben abonarse las horas extras: diciendo que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”. Artículo 4º señala que “el descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo. El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas”.
Empero aclara que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo. Entre los artículos 6º al 10º se establece el régimen de descanso y de trabajo en distintos sectores dentro de la actividad como los de tambo y la esquila. En tanto que el artículo 11 establece la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.
Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año, contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinente.

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La penosa prisión preventiva

“La prisión preventiva es una rémora de otros tiempos que se ha convertido en una mácula para el sistema democrático republicano en que vivimos, que nos avergüenza dentro del concierto de las naciones libres”, así lo define el insigne profesor de Derecho Penal, Miguel Langón Cuñarro, a la prisión preventiva, que constituye el gran drama

Hugo Lemos

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del actual proceso penal, porque contradice el principio de presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico legitima por un lado pero desacredita por otro con cosas como estas, que además vulnera toda declaración de Derechos Humanos a la que el país se haya podido suscribir alguna vez.
Días pasados, en el marco de las jornadas de Espacio de Innovación Penitenciaria organizadas por la oficina del Comisionado Parlamentario con apoyo de la Unidad Nº20 del INR de Salto, uno de los abordajes fue entorno a la prisión preventiva como instituto jurídico que es violatorio de todos los derechos habidos y por haber para el justiciable, algo que dejará de ser una piedra en el zapato del sistema judicial uruguayo recién una vez que entre a regir el nuevo Código del Proceso Penal, al cual ya le queda poco para entrar a la cancha.
En nuestros días la prisión preventiva es una manera de quitarse de encima un problema. La policía captura al presunto autor de un delito, lo lleva ante el juez con “pruebas” que pueden llegar a ser escasas pero la valoración del fiscal es positiva y le solicita a un juez que tiene su escritorio atiborrado de expedientes para resolver, que esta persona cumpla tantos meses de prisión preventiva en mérito a que es el presunto autor de ese delito.
El juez asiente y hace lugar al dictamen fiscal y lo imputa “prima facie” es decir, en primera instancia, o sea en principio, quiere decir, por esta actuación que estoy haciendo ahora, es presunto autor del delito tal o cual y debe ir a cumplir prisión preventiva. Si bien en el 90 % de los casos, el imputado prima facie es el autor del delito, existe un margen de error importante, que es no respetar el principio de presunción de inocencia y tener a una persona meses preso “por las dudas” y “mientras tanto”, no es propio de un sistema democrático y republicano como bien lo define Langón.
La prisión preventiva puede ser una solución en caso de que haya peligro de fuga o riesgo de que se dañen medios de prueba que sean claves para concluir la investigación, pero en el 95% de los casos esto no es así y la persona va presa mientras se sustancia el proceso para ver si es la culpable como se creyó en un principio.
Este tipo de institutos jurídicos, además de violatorio de los derechos humanos es uno de los principales causantes de que haya hacinamiento en las cárceles, porque hay muchos presos “por las dudas” y esto no genera seriedad ni transparencia para el sistema judicial uruguayo, porque cada persona es un individuo que debe ser respetado in totum en sus derechos, pero su derecho a un juicio justo, todavía es un debe y el Estado es el responsable.

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La Lactancia Materna es un derecho que tanto el sector público como el privado deben garantizar

La Ley 19.530 sancionada hace algunos meses y promulgada por el Poder Ejecutivo, confirma la creación obligatoria de salas de lactancia materna en los locales públicos o privados en los que cumplan funciones más de 20 mujeres y/o

Hugo Lemos

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más de 50 empleados. Según la normativa, que consta de 7 artículos, explica cómo son las salas de lactancia materna y en qué consisten las mismas.
EL TEXTO
“Se entiende por Sala de Lactancia Materna el área exclusiva y acondicionada a tales efectos, destinada a las mujeres con fines de amamantar a sus hijos, realizar la extracción de leche, almacenamiento y conservación adecuada de la misma”, y prosigue diciendo que las misma deberán instalarse en los edificios o locales de los organismos, órganos y edificios públicos y privados, en las que trabajen o estudien veinte o más mujeres, o trabajen cincuenta o más empleados, se deberá contar con una sala destinada a la lactancia”.
Asimismo, sostiene que las Salas de Lactancia deberán garantizar la privacidad, seguridad, comodidad, higiene y fácil acceso de quienes las utilicen para asegurar su adecuado amamantamiento y la extracción y conservación de la leche materna.
Una vez que sea construida la sala de lactancia materna, el sujeto obligado deberá comunicar de la misma a los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social. En los casos en los que el organismo, órganos e instituciones públicas y privadas no cuenten con el número de personas referido más arriba, pero sí con al menos una mujer en período de lactancia, deberán garantizar el uso de al menos un espacio con destino a amamantar.
El texto normativo que es más extenso y el que debemos acotar por razones de espacio, culmina diciendo que quienes no cumplan con lo establecido en esta ley serán pasibles de sanciones tanto de parte del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Trabajo y seguridad Social.

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Un sistema carcelario con poco de humanismo y menos de rehabilitación

El sistema carcelario uruguayo es al igual que el actual proceso penal que conduce al justiciable hasta el anteriormente mencionado, flagrante violador de los derechos humanos. En Uruguay se tiene por un lado, todos los elementos para generar leyes que hablan de la “humanización del sistema carcelario” como la sancionada en 2005, Nº17987 y por otro lado, produce leyes que marcan que el sistema nada tiene de humanización porque no produce resultados positivos en los internos y que además, el Estado lo sabe.
Las cárceles uruguayas tienen infraestructura para albergar a unos 5 mil presos, sin embargo en la misma el sistema mete a 12 mil personas, todos juntos y entremezclados, en muchos casos sin rigor para mirarle el perfil criminal a cada uno y sin personal capacitado para atender a cada uno de estos sujetos, más que guardias que funcionan como carceleros y que poco ayudan en el manejo de la política de rehabilitación a cumplir con el fin en sí mismo.
Las cárceles actualmente siguen siendo espacios físicos que operan como meros depósitos de seres humanos, que no cuentan en la mayoría de los casos, con políticas aplicadas a cumplir con los principios más elementales de los derechos humanos, tendientes a la rehabilitación de los reclusos para su posterior reinserción social. Aunque existen algunos lugares que tienen una política más definida con una mirada de atención y contención social al preso, como lo es la cárcel de Salto, o lo era hasta hace algún tiempo. Pero esta alberga apenas y afortunadamente a ,menos del 3% del total de los reclusos que existen en el país.
Por eso las políticas de rehabilitación no están del todo en la mentalidad de los encargados de ejecutarlas, al punto que el gobierno se apresta a seguir cumpliendo con una política de seguridad rigurosa y militarizada de los centros penitenciarios más importantes del país. Prueba de ello es la reciente aprobación de la ley Nº19.507 que prorrogó hasta el 1º de febrero del año 2021 la custodia militar de los perímetros de seguridad carcelarios en el sur y este del país. Algo que colide con el mensaje que pretende darse, con la nueva denominación que se le da a las cárceles, Centros de Rehabilitación. Hay una contradicción muy fuerte entre el mensaje ambiguo que con este tipo de normas le da el Estado al sistema carcelario y las normas que le pusieron una denominación amigable a las cárceles. Ojalá empiecen a primar estas últimas pero los resultados por ahora no están a la vista.

Hugo Lemos

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La ley del Día del Futuro, una norma que impulsa la discusión de los temas que importan

El desarrollo sustentable del país también tiene su legislación, una que le da cabida y que hace que generemos un espacio de debate nacional. Más político y social que jurídico, pero lo importante de todo esto es que haya un día donde los temas se planteen y la sociedad busque lograr un resultado, eso ya es más que positivo.

Hugo Lemos

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“El Día del Futuro” fue creado por la ley Nº 19.509 que fue votada semanas atrás en el parlamento. Se trata de una iniciativa hecha ley, que ya fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, y que le da de manera expresa y declarativa, un impulso a la situaciones políticas, sociales y económicas del país, poniéndolas sobre el tapete.
En cuatro artículos la ley establece que “Se declara Día del Futuro el último lunes de setiembre de cada año”. El artículo siguiente sostiene que la Asamblea General realizará un informe en cada legislatura que se denominará “Informe sobre el Futuro” y que se enfocará en áreas como la sustentabilidad ambiental, las energías renovables, la democracia, la innovación, el desarrollo tecnológico, la educación y la demografía, entre otras.
Asimismo, el marco legal añade que “cada año la Asamblea General definirá un tema central y organizará actividades en el marco de la celebración del Día del Futuro, donde se presentarán las conclusiones correspondientes al tema elegido para ese año.
La norma finaliza estableciendo que la Asamblea General conforme una comisión relativa a la organización de las actividades previstas por dicha ley.
Si bien hablar del Día del Futuro, es algo atípico y más para una norma, es buena cosa que el parlamento todo, piense en dar junto a la sociedad la discusión de los temas que importan para tratar de generar conclusiones que después se conviertan en resultados positivos para la población.

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La legislación laboral uruguaya: ¿resiste más cambios?

Los contenidos de las leyes laborales que han sido aprobadas desde el año 2005 hasta la fecha, tienen un espíritu de conquista sindical que no quiere ver ni un ápice de retroceso. Es que esos movimientos sociales que han impulsado a

Hugo Lemos

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través de legisladores que llegaron al parlamento tras una carrera sindical de muchos años, leyes que tendieran a cambiar el mundo de las relaciones laborales, ahora defienden a ultranza lo conquistado y la reacción del gobierno uruguayo ante una nueva legislación en un país de referencia como lo es Brasil, pone los nervios de punta a unos cuantos.
Ayer, el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, exsindicalista de los trabajadores del BPS, se desmarcó fuertemente de una legislación como la brasileña que prevé profundos recortes a los logros conquistados por los trabajadores durante los años de gobierno del PT de Lula y Dilma.
En Uruguay, leyes como la de negociación colectiva, o la de protección de los derechos sindicales, han sido el germen de varias normas posteriores que tienen el mismo espíritu el de la defensa de los intereses colectivos. Pero ahora el sector empresarial contraataca y mira al norte como un ejemplo de recortar cuando las cosas no caminan. Habrá que ver si el modelo de legislación laboral de Uruguay es comparable con Brasil y si además resiste más cambios, esa sería la discusión que debe darse.

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Cambiaron las reglas, empeoraron los relacionamientos

El mundo de las relaciones laborales ha cambiado sustancialmente en los últimos 12 años. Desde que se conformó el nuevo escenario político hoy vigente, el parlamento ha elaborado leyes que han sido emblemáticas para “equilibrar la

Hugo Lemos

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balanza” y reposicionar a los trabajadores, trayendo del olvido a los Consejos de Salarios como herramienta básica de negociación y restaurándolos al principio con más fuerza que ahora.
Pero las leyes más emblemáticas que se han legislado, como el caso de la Nº 17.940 que promueve y protege la libertad sindical, no siempre se cumple y eso hace que haya problemas graves, porque el poder de los sindicatos puede generar conflictos duros y duraderos.
La clave está en saber hasta dónde equilibrar las negociaciones sin que una de las partes se vea perjudicada por los resultados de las mismas. El sector empresarial entiende que esa ley, es negativa para el relacionamiento con los empleados, porque los sindicatos tienden a querer incendiar la pradera y generar reclamaciones que terminan en conflictos que muchas veces los empleadores no pueden controlar, debido a que están legalmente incapacitados de tomar medidas sancionatorias o lisa y llanamente decretar un despido, como ocurrió antes de la existencia de esta ley, porque la norma impide el descabezamiento de la organización sindical en los lugares de trabajo y promueve la existencia de los mismos como ámbito representativo de los derechos de los trabajadores.
Todo esto, ha generado poder para los sindicatos y como consecuencia, encono para los empresarios, lo que ha precipitado una conflictividad sindical bastante compleja y es a la que estamos asistiendo en la actualidad, que ha llevado a que retrocedieran las conquistas sociales y a que la situación laboral hoy sea, atada siempre a las coyunturas económicas, mantener lo conseguido hasta ahora sin reclamar más, hasta que la situación mejore y el país muestre otros números.
Aunque esto signifique retroceso, porque los trabajadores siguen ganando en comparación con años anteriores el mismo sueldo y han tenido algunos ajustes en función de la inflación sin que eso signifique aumento. El derecho laboral prevé siempre negociación sin pérdida de derechos para los trabajadores a los que sigue exponiendo como la parte débil de la relación laboral, pero la legislación ha causado que muchas veces esa posición se transfiera y en este caso, sean los empleadores los que se sientan débiles ante el nuevo escenario jurídico, algo que para el juslaboralismo sigue siendo inadmisibile.

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Puede debilitarse el Estado de Derecho

El artículo 15 de la Rendición de Cuentas que suspende que habilita al Poder Ejecutivo a cometer un acto arbitrario de cumplir con las sentencias judiciales en el momento que este “pueda hacerlo”, sin especificar el aspecto temporal, genera una inapropiada y hasta irregular suspensión de los plazos para pagar las deudas que el Estado deba abonar por sentencia judicial firme y ejecutoriada.

Hugo Lemos

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La norma en cuestión señala que el Poder Ejecutivo queda “eximido de los plazos de cumplimiento” de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que “ello afecta la atención de los servicios a su cargo”.
Esta situación, que puede leerse con un facilismo político diciendo que los servicios esenciales que brinda el Estado no pueden ponerse en riesgo porque el dinero que exista para solventar sus costos, deban ir a manos de un particular que tiene a su favor una sentencia que ordena que le sea cumplido el pago de una suma determinada. Entonces se hablará del interés general sobre el particular y se pondrán argumentos que nada tienen que ver con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho.
Por lo tanto, esta situación dará lugar a la pérdida de garantías y a la supresión de derechos individuales en función de las necesidades económicas del Estado, que debe prever que el derecho a cobrar, sea tan importante como el de recibir los servicios estatales fundamentales.
Una norma no puede ser aprobada para inhabilitar principios del derecho tan esenciales como el cumplimiento del proceso, que se completa no solamente con la sentencia decretada y ya firme, sino con el cabal cumplimiento de lo que emana de ella. Me adhiero a quienes consideran que esta norma solamente dará lugar a una variada interpretación que terminará lesionando el interés particular de muchas personas que el derecho les asista a recibir un dinero del Estado.
Pero también la aprobación de este artículo 15 confirma que el Estado de Derecho se debilita con normas contrarias a derecho como estas, basadas en argumentos políticos, porque si lo político prima sobre lo jurídico, la democracia puede llegar a desvanecerse.

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La víctima en el proceso penal, doblemente víctima

La víctima es la figura más desamparada de todo el proceso penal. Y si bien el Estado puede llegar a resarcir el daño

Hugo Lemos

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causado en algunos casos puntuales y después de un largo proceso, no ocurre así en la mayoría de los hechos donde las víctimas que son el sujeto pasivo (y central diría yo) por excelencia del proceso penal, debido a que es sobre quien el ofensor comete el hecho delictivo y hace que el mismo se consume y por ende, que exista, deben soportar ser la cenicienta de los casos penales.
“A las víctimas hay que hacerles un monumento”, dijo una vez el entonces juez penal (hoy Ministro de un Tribunal de Apelaciones) Luis Charles, en un curso realizado en Montevideo en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya sobre el marco legal y el rol de los distintos actores en el proceso penal uruguayo, porque decía que las mismas encima de haber sido abusadas por un sujeto que quebrantó una norma contra ellas, deben comerse tremendos plantones en los juzgados para que alguien atienda sus reclamos y encima nadie pueda garantizarle que nada de lo que acaba de sufrir, no le vaya volver a ocurrir.
Las víctimas no son las que salen más que a hacer una denuncia, pero muchas veces ni siquiera se animan a ir a reconocer al posible autor del delito cuando los mismos son detenidos por la Policía y ellos son convocados a un juzgado, básicamente por el temor que sienten por lo ocurrido, algo que se llama daño psicológico y que el Estado no atiende en lo más mínimo, pero también porque temen ser reconocidas, y por sobre todas las cosas porque tienen mucho miedo de que como siempre sucede, su dedo acusador no sea “mérito suficiente” para dictar un procesamiento con prisión contra quien les hizo daño y el mismo tome revancha rato después de irse caminando de la puerta del juzgado.
Sin embargo, el nuevo Código del Proceso Penal, plantea un cambio de paradigma, una transformación cultural sin precedentes en nuestra sociedad para la cual, como es de estilo en todas las cosas que hace el Estado, no hay un plan B si falla, ni saben tampoco como implementarlo por lo tanto ya varios jueces y fiscales han dicho que el mismo fracasará. Se trata de enfrentar en una misma sala de audiencia y hasta en algunos casos con público incluido, a la víctima con el victimario. Algo que solo puede llegar a pasar en las películas y con mucho más cuidado de lo que encima se pretende hacer en la vida real.
Ese cambio cultural habla de exponer aún más a las víctimas y hacerlas sentirse doblemente vulneradas. Pretende que después de incinerarlos en una audiencia ante un juez, un fiscal, un abogado defensor y el público presente, la víctima salga caminando tranquila para su casa y el ofensor, si sale libre, vaya a buscarla nuevamente, o si va preso, espere el momento de hacerlo, cuando no pase que algún allegado a él tome represalias.
El espíritu de la norma es bueno y tiene las mejores intenciones, pero la realidad colide con todo esto y las transformaciones culturales deben cumplir un tiempo para poder cumplirse de lo contrario son nada sin resultado alguno. Como último dato, la llamada ley de humanización del sistema carcelario (una de las primeras pretendidas transformaciones de la izquierda) del año 2005, prevé la creación de un Centro de Atención a la Víctima del Delito. 12 años después en Uruguay no se ha creado ni uno solo.

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Ley de inclusión financiera aplaza entrada en vigencia de operaciones más complejas

La ley Nº19.210 de “inclusión financiera” para el gobierno o de “bancarización” para sus detractores, ha vuelto a aplazar algunas de las nuevas imposiciones en los sistemas de pagos, transacciones y transferencias por

Hugo Lemos

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enajenaciones, sobre todo las que implican un monto más elevado. El tema es que aún no está del todo claro cómo se van a producir los pagos que se pretenden por parte de los interesados y en ese aspecto, hay que barajar y dar de nuevo, antes de lanzar las cartas a la mesa y que los actores de esta película se arreglen como puedan.
En tanto que el capítulo más importante de esta ley, como es la obligación de que los asalariados públicos y privados, así como también ya lo hacen muchos jubilados y pensionistas, pasen a percibir sus haberes por medio del sistema de las tarjetas de débito emitidas por alguna institución bancaria con la cual firman un contrato de adhesión y generen ciertos derechos y obligaciones, se viene cumpliendo a cabalidad.
Pero el Estado entiende que para profundizar en el avance de la norma, que tantos años llevó aprobarla y tanto tiempo ponerla en práctica, aún debe esperar en los casos más importantes.
En ese aspecto, fue sancionada hace algunas semanas la Ley Nº19.506 la cual prorroga hasta el 1º de enero del 2018, la entrada en vigencia de los artículos 35 relativo a la Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos; 36 sobre Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto; el 40 referido a Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles y el 41 que establece Adquisiciones de vehículos motorizados. Las previsiones referidas a estas normas, comenzarán a regir a partir del 1º de enero del 2018 y lo previsto en estos artículos, entrarán en vigencia el 1º de enero del 2019, en ambos casos con la redacción dada por la ley 19.478 de enero del presente año.

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Pensiones Graciables en el Uruguay, mucho más que una moneda

La naturaleza jurídica de una pensión graciable es la de la benevolencia que pueda llegar a tener el cuerpo legislativo, del cual emane una ley que contemple estas situaciones. Un estudio de la Economista, Anna Caristo y Licenciada en Trabajo Social, Inés Núñez sostiene que la pensión graciable es un beneficio que se establece en la Constitución de la República y la otorga el Poder Legislativo a ciudadanos destacados y a sus familiares directos que carezcan de

Hugo Lemos

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recursos suficientes.
En la actual Constitución de 1967 (con enmiendas aprobadas por los Plebiscitos del 26/11/89, 27/11/94 y 08/12/96), en la Sección V “Del Poder Legislativo”, Capítulo I, artículo 85, numeral 13, se establece la misma redacción dada en la constitución de 1830.
Por otra parte, en la Sección VI referida a “De las Sesiones de la Asamblea General, Disposiciones Comunes a ambas cámaras. De la Comisión Permanente”, en el Capítulo II, artículo 111 se establece: “Las pensiones graciables serán resueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara. Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto para los casos de venias y designaciones”.
Como bien señalan las autoras de la investigación: la intención al conceder una pensión graciable es realizar un reconocimiento a uruguayos destacados a través de una recompensa monetaria vitalicia o a sus familiares directos en situación de carencia de recursos.
Para recibir este tipo de pensiones, las personas deben haber prestado “grandes servicios a la República”, o haberse destacado en el arte, la cultura, los deportes o las actividades científicas, o ser familiares directos de éstos y encontrarse en situación de “notoria necesidad económica”.
Hay varios casos que son ejemplo de esto, uno de ellos es el del capitán de la selección uruguaya de fútbol de 1950 que conquistó la copa del Mundo con el mítico Maracanazo, Obdulio Varela, quien al pasar sus últimos años en la indigencia, se le concedió una pensión graciable para que pudiera vivir sus últimos años con mayor dignidad. Las pensiones graciables a diferencia de las que deben servirse por razón de pasividad o por ser un deber inherente a la Patria Potestad, se otorgan por la benevolencia del Estado hacia la condición de una persona que habiendo tenido un destaque en su vida por su vida, arte o profesión, se les concede a modo de reconocimiento.

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El trabajador debe probar las causales en el despido indirecto

El despido indirecto es una modalidad de cese unilateral de la relación laboral, que se da por parte del empleado. Según un trabajo del estudio jurídico Díaz y Rosas, los Tribunales de Apelaciones de Trabajo (T.A.T.) entienden que “En el despido indirecto el empleado se ve constreñido a rescindir el contrato de trabajo en virtud del

Hugo Lemos

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comportamiento del empleador que ha hecho imposible la continuación de la relación de empleo, aclarando que la resolución ocurre por culpa del empleador, tal como si fuera él quien disolviese el contrato. En base a esta construcción, el derecho del trabajo, atribuye al empleado el derecho a reclamar la misma indemnización a la que tendría derecho si fuera despedido injustamente”. (T.A.T. 2º T.; Nº 389/2002 caso Nº 259 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2002 y T.A.T. 3º T.; Nº 380/2011; Fecha: 29/VII/2011. Publicado en: LJU 145, 74 Cita online: UY/JUR/778/2011, entre otras).
En estos casos, es el trabajador quien debe notificar de forma fehaciente a la empresa de su decisión de considerarse indirectamente despedido, puede ser mediante telegrama colacionado, nota con acuse de recibo o por la citación a Ministerio de Trabajo indicando la causa del despido indirecto. Por lo cual, el trabajador que abandona sin justa causa el trabajo, o que expresa su renuncia y documenta la misma por escrito, no puede luego reclamar despido indirecto.
El trabajador al considerarse despedido notifica al empleador y toma la decisión de dejar de concurrir al trabajo, por tanto, no procede la intimación a reintegrarse al trabajo por parte del empleador.
Las condiciones que llevan al despido indirecto deben ser probadas por el trabajador (art. 139 C.G.P.), por tanto si por ejemplo el trabajador argumenta falta de pago de rubros salariales deberá demostrar de alguna forma que no se le abonaban dichos rubros.
El maestro laboralista Américo Plá Rodríguez sostuvo que el despido indirecto “es un acto rescisorio que pone fin a la relación laboral por decisión unilateral del trabajador basadas en que con sus actos u omisiones el empleador ha hecho imposible la prosecución del contrato de trabajo”. Los elementos componentes del despido indirecto son: a) el incumplimiento del empleador; b) decisión del trabajador y c) retiro del trabajador de la empresa.
Estas son solo algunas de las actitudes del empleador que pueden motivar un despido abusivo:
·Ius variandi abusivo (El empleador varía de forma abusiva las condiciones laborales de forma tal que perjudica al trabajador, debe considerarse despedido inmediatamente de producida la variación). ·No pago de rubros salariales en debida forma (horas extras, descansos, licencias, etc.).
·Rebaja salarial de forma grave e injustificada. ·Reubicación del lugar de trabajo que ocasione un perjuicio al trabajador (ejemplo de la mudanza de una planta industrial de la capital a otro departamento). ·En casos de acoso sexual expresamente art. 11 Ley 18561. ·En casos de acoso moral en los que sea imposible seguir trabajando para el empleador.

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Entre la recolección de datos y los medios de prueba

El nuevo Código del Proceso Penal, que tantos cambios prevé con el espíritu de mejorar el procedimiento judicial que actualmente vulnera por su forma los derechos humanos de las personas sometidas al mismo, invoca mucha confusión en quienes deben ser los principales hacedores de que la cosa ande, los Policías.
En una jornada realizada el pasado lunes en Salto, con el fin de hacer una puesta a punto de los funcionarios policiales sobre el asunto, uno de los temas en los que más se hizo énfasis fue en la recopilación de evidencia, una v

Hugo Lemos

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ez que ocurre un hecho delictivo.
Es que los funcionarios policiales deberán ser los encargados en este caso de asistir en primer lugar al fiscal que manejará la investigación, recogiendo evidencia, que son elementos que acercan datos sobre el caso a las autoridades. La evidencia no constituye un medio de prueba, que puede ser diligenciado en el proceso, sino que se trata de recopilación de información para ser entregada a las autoridades.
Y en el caso de que la misma sirva como tal, deberá profundizarse en situación con el fin de que una vez materializada, contextualizada y extendida pueda ser presentada como medio probatorio en el juicio por parte del fiscal, que será en este caso el actor que tutela los derechos de la víctima frente al Estado.
En ese aspecto, si el rol de la Policía ya era importante, ahora será doblemente relevante y comprometido, ya que la capacidad de trabajo que tengan en la recopilación de datos para que la misma sea destinada a generar una investigación con resultados positivos sobre un hecho delictivo, será fundamental para que el fiscal pueda generar elementos probatorios consistentes que consigan el resultado querido.
Así que ahora más que nunca se reforzará la tarea auxiliar de la justicia que tiene la Policía en todos sus aspectos.

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La esencialidad debe tener asidero jurídico

El criterio para decretar la esencialidad de un servicio público debe tener una base jurídica y no política. Sin embargo, es desde el propio Poder Ejecutivo que se viene dando una mala señal al respecto, cada vez que el gobierno decide

Hugo Lemos

Hugo Lemos

decretar la “esencialidad” en servicios donde la población puede prescindir, para su vida cotidiana de los mismos, ya que en caso de que no funcionen su vida, integridad física o seguridad no corre riesgo alguno.
A ver si nos entendemos, la esencialidad de los servicios públicos se basa en los casos en que la interrupción de un servicio pueda afectar la vida en plenitud de una persona, vulnerando los más elementales derechos humanos de una persona, ya sea por el cumplimiento de una huelga o por otro motivo que se termine afectando al mismo servicio.
En el caso de las distintas situaciones que se han visto interrumpidas, por motivos de una huelga declarada por el conjunto de los trabajadores que tienen como cometido esencial de su función, cumplir con el mismo, hay que ver si esa interrupción que realizan en el marco de su legítimo derecho, afecta o vulnera un derecho humano. El derecho a la huelga tiene rango constitucional, pero en el caso de que afecte la vida, la seguridad o la salud de las personas, puede darse el decreto de esencialidad. Son cuestionados los derechos derivados de los mismos, como en el último caso, donde el presidente manifestó públicamente que no quería “que haya gente sin supergas y no pueda calentarse y ver afectada su salud por el frío” y en base a ese derecho, que puede llegar a tener fundamento jurídico, pero que de igual requiere de análisis, el derecho a la huelga por más rango constitucional que tenga colide con estos casos, y la esencialidad tiene asidero. Pero es bueno, que cuando se hable de esencialidad, la razones para decretarlo sean jurídicas y no políticas, sino se termina desvirtuando el Derecho como ciencia, en función de políticas que pueden carecer de contenido.

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Tendrían que dejarlo vigente

El delito de abuso de funciones deja en una línea muy delgada la actuación de todo funcionario público y eso en cierta medida, puede generar medidas abusivas contra el propio trabajador que, en procura de no quebrantar la ley puede atenerse a los reglamentos y actuar en función de estos y siendo piedeletristas seguramente gestionará menos y

Hugo Lemos

Hugo Lemos

podrá hacer que las cosas no funcionen como deberían, pero seguramente no violará la ley.
Ese es el espíritu con el que fue creado este delito, que busca en definitivo que el mismo sea una garantía para los gobernados en un sistema democrático, donde la población le da a través del voto la confianza a un grupo de ciudadanos para que sean los administradores de los bienes públicos y si se pasan de la raya, acá está la penitencia.
Sin embargo, en el nombre de dicho delito también pudieron, como en algunos casos recientemente comprobados, cometerse algunas injusticias. Uno de los casos, es el que ocurrió con el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, que terminó siendo absuelto tras haber estado dos meses en prisión, por permitir empadronamientos fuera de plazo.
Sin embargo, no le queda bien al gobierno ahora suprimir ese instituto legal, porque en cierta medida apunta a ser una cortapisa a la corrupción. Y cuando se es gobierno y se pregona que hay transparencia no se puede tratar de suprimir sin subrogarlo por una solución más acabada, un delito que más allá de su dualidad en algunos aspectos normativos, es una garantía que tiene el pueblo para poder denunciar a sus gobernantes. Sobre todo si encima hay dos exjerarcas del gobierno actual juzgados por ese delito y cuyo juicio aún no culminó. Al menos esperen que termine.
El delito mencionado está estipulado en el artículo 162 del Código Penal y establece que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”. Al menos por decoro, tendrían que dejarlo vigente.

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Derechos Humanos son los del presente

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por su condición de tales, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están garantizados en nuestra Constitución de la República y a contemplados en las leyes que garantizan el cumplimiento de los tratados internacionales a los que se adhirió nuestro país, sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con fundamentalmente con el Pacto de San José de Costa Rica.
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
Pues bien, en nuestro país los derechos humanos son aquellos que deben cumplirse respetando la libertad, garantizando la seguridad, el trabajo, la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, a la vida digna de las personas, brindándoles un sistema de administración de justicia que sea confiable y que garantice las condiciones de vida digna de los seres humanos.
Sin embargo, en Uruguay cada vez que se habla de derechos humanos, se remite a lo que pasó en la dictadura cívico militar que empezó en 1973 y culminó en 1985. Y esto, si bien es algo que comparto que debe tenerse en cuenta porque la historia debe saberse, no en forma hemipléjica como se trata de enseñar, sino diciendo la verdad de los dos lados, pero en fin, los derechos humanos abarcan toda la actividad humana del presente y también del futuro, no solo del pasado, porque en nuestro país hablar de derechos humanos es remitirse a deudas del pasado.
Empero, los derechos humanos se violan todos los días en el presente. Se violan cuando ha niños en las cárceles, cuando hay menores a los que los tienen presos en sistemas que los marginarán el resto de sus vidas, se violan cuando muchísima gente revolviendo tachos d basura para poder comer y gente que no tiene trabajo y la condenan a un merendero, se violan cuando hay gente sin acceso a la educación y a la salud, se violan cuando no les permiten conseguir resultados por efecto de la burocracia en una oficina pública; y de nada de eso se habla.
Sino que en este mes, solo se recuerda el Golpe de Estado de 1973 y de la actualidad no se habla. Me gustaría que las autoridades hicieran una mirada introspectiva hacia el presente. Y trabajaran duramente para proteger los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes que han sido probadas y que se suscriben a los pactos internacionales, para garantizar los derechos de todos, que no son otros que los derechos humanos.

HUGO LEMOS

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Ley 19.335 modificó la ley registral en varios artículos

La ley de Presupuesto Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 modificó importantes disposiciones de la ley registral Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, las cuales transcribimos a continuación. Destacamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la nueva ley, las modificaciones aprobadas, rigen para los documentos presentados a inscribir y certificados expedidos a partir del 4 de enero de 2016.
MODIFICACIONES INCORPORADAS
La Ley Nº19.355 establece que el artículo 433.- Incorpórase al artículo 41 de la ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, como inciso segundo, el siguiente: “Los mandantes o poderdantes, podrán revocar en forma genérica, total o parcialmente, los mandatos y poderes que hubieren otorgado, sin que deban especificar los detalles de los poderes que pretenden revocar. La misma circunstancia será aplicable a los apoderados o mandatarios que pretendan renunciar a poderes que les hubieran conferido”.
El artículo 434 sustituye el inciso primero del artículo 64 de la ley Nº 16.871 por el siguiente: “Artículo 64, el registrador calificará bajo su responsabilidad si el documento presentado a inscribir, en su totalidad, reúne las condiciones impuestas por la presente ley y demás leyes y reglamentos aplicables. Dicha calificación se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al día en que se haga efectivo el pago de la tasa registral, en los casos en que legalmente corresponda”.
En el caso del artículo 435, agrega al numeral 4) del artículo 65 de la ley registral el siguiente inciso: “La falta de pago de la tasa registral de inscripción, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, a contar del siguiente a la fecha de presentación al Registro del documento inscribible, determinará el rechazo del trámite presentado. La calificación establecida en la legislación vigente, correrá a partir del día inmediato siguiente a la fecha de pago de la tasa respectiva”.
Mientras que el artículo 436 sustituye el acápite del artículo 74 de la ley de registros en la redacción dada por el artículo 259 de la ley Nº 17.930 por el siguiente: “artículo 74: La Dirección General de Registros expedirá certificaciones de la información registral”. Incorpórase como último inciso, del mismo artículo, el siguiente: “El Director General de Registros, por resolución fundada, establecerá los criterios para determinar los funcionarios autorizados a los efectos, indicados en este artículo”.

HUGO LEMOS

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Que sea de lealtad al justiciable

La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se ha visto aplazada una vez más. Cuando estaba todo pronto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteó la incongruencia de los principios que pensaban aplicarse si el nuevo

Hugo Lemos

Hugo Lemos

proceso comenzaba a ejecutarse según lo previsto en la ley.
Pero el tema trasciende ese aspecto, sino que se trata de una forma de generar nuevas resistencias a formas de acelerar los procedimientos penales en contra de personas a las que con el actual sistema se les están quitando garantías esenciales en un estado derecho, como el principio de presunción de inocencia.
El tema da para abundar mucho más y en realidad podrán ser solamente conjeturas las que pueden formularse en torno a por qué realmente el nuevo CPP no entrará a regir tal como estaba previsto en julio. Sin embargo, más allá de los corporativismos entre jueces y fiscales, abogados y otros operadores del sistema que puedan suscitarse para ver cómo se benefician con los planteos legales que hace el nuevo Código es importante que haya un compromiso de lealtad al justiciable, para que los nuevos procedimientos sean para beneficiar a la gente y respetar sus derechos, y no otra cosa.

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Más juzgados penales son necesarios

Ya era hora. El anuncio que formuló días pasados en oportunidad de participar de su última visita anual de cárceles como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien por razones de edad se jubiló este lunes 15 de mayo, acerca de que la máxima corporación de justicia analiza la inminente creación de dos juzgados penales más para Salto, es sin dudas, una buena noticia.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Es que los casos que se presentan en las dos sedes judiciales penales que hay en Salto, colman en su totalidad la actividad que tienen ambos magistrados y además se ven absorbidos por los casos nuevos que ingresan a diario, los que detienen en buena medida los que ya están en trámite.
Esto es algo que puede suponer problemas no solo para el encausado, que puede ver demorada la resolución de su causa, sino también para los jueces y fiscales que deben cumplir las actuaciones dentro de plazos razonables para cumplir así con el principio de celeridad del proceso y además para generar condiciones de reclusión adecuadas, para quienes estén pasando por esa situación.
La creación de dos juzgados facilitará la mejor distribución de las causas que surjan de las denuncias que se presenten, para su tratamiento, dilucidación y resolución. Lo cual si bien supone una importante inversión de recursos humanos, materiales y económicos de parte del Poder Judicial, se hace impostergable para el cumplimiento adecuado de los tiempos de reclusión lo que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos tanto del ofendido (denunciante en este caso) como del ofensor (acusado).
Si bien no hay una fecha cierta todavía y a esto hay que sumarle la salida de Pérez Manrique como ministro de la Suprema Corte de Justicia lo que supone uno menos para sumar acuerdos, es importante que la creación de esos dos juzgados se concrete pronto.

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La visita de cárceles, una instancia única

Las visitas anuales que realiza la Suprema Corte de Justicia son una instancia judicial única en el año que tiene un procesado con ciertos requisitos, para poder obtener su libertad por lo que se denomina el instituto de la Gracia,potestad que solamente tienen los ministros de la Corte dentro del ámbito de competencias de los magistrados en el sistema judicial uruguayo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Cuando un recluso, que cumple con las condiciones que establece en forma preceptiva una Acordada (resolución que emana del Acuerdo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia) dictada para este asunto, se inscribe ante el director del establecimiento, el mismo eleva la lista al juzgado en el que se encuentra su causa y el magistrado competente lo habilita para presentarse, con defensa legal como requisito, para exponer su situación ante los magistrados y ganar la benevolencia de los mismos.
En muchos casos los propios ministros se niegan a conceder este beneficio a los internos por entender que carecen de las condiciones adecuadas como para pedir la libertad, ya que o en muchos casos tienen antecedentes específicos (es decir por el mismo delito) o no se encuentran en las condiciones adecuadas como para integrarse a la sociedad, debido al tiempo que pasaron en prisión.
Pero una vez liberados, la situación del procesado es de estricta vigilancia judicial, donde al menos en principio el encausado queda a disposición del juez de turno, denunciando su domicilio y notificando al juez en caso de cambiar de residencia. Deberá mantener una conducta intachable y demostrar que si está afuera puede no violar las leyes ni causar daño alguno hasta se cumpla en el juzgado la pena que le fue impuesta.
Los reclusos esperan con ansias este momento porque es la oportunidad en que se juegan volver a ser libres, aunque es valioso saber que también en ese lugar también se pudo haber aprendido varias cosas.

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La rapiña, el delito más frecuente

El Ministerio del Interior volvió a anunciar ayer que bajaron las rapiñas en todo el país un 9%. Esto surge de los datos con los que cuenta la secretaría de Estado y quiere en cierta medida generar una sensación de que las cosas van

Hugo Lemos

Hugo Lemos

mejorando. Sin embargo, el delito de rapiña parece ser el más frecuente, porque el solo hecho de que se consume el mismo hasta para sacarle un par de championes a alguien, deja por lo menos en duda lo que dijo ayer el ministro Bonomi.
Pero para eso vamos a ver qué es el delito de rapiña. El mismo está establecido en el artículo 344 del Código Penal y dice que: “El que, con violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndola a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con cuatro a dieciséis años de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que, después de consumada la sustracción, empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o procurarle a un tercero la impunidad”.
Esto quiere decir que cualquier robo donde mediare violencia para poder cometerlo, ya puede llegar a ser considerado una rapiña. Pero los informes policiales, cuando pasan estas cosas, siguen siendo evaluados y documentados como Hurto. Esto ayuda a que al final del día, cuando se hacen las cuentas y se pase raya, el delito de rapiña “haya bajado”.

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La Semana de Turismo, vacaciones fuera de la Feria

Como Uruguay es un país laico, la celebración religiosa de la Semana Santa que da origen a este asueto se transforma en nuestro país en la Semana de Turismo, donde a través del Estado se promueve este asueto para generar ademásuna extensión de lo que fue la temporada estival que terminó con la semana de carnaval, este año en los primeros días del mes de marzo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Al ser la Semana de Turismo, una época de asueto para la administraciones centrales y departamentales, así como también para el sistema educativo en su conjunto, el Poder Judicial suspende por fuera de los dos regímenes de vacancia legal ya fijados por las disposiciones internas, como lo son las ferias judiciales Mayor (entre el 24 de diciembre al 31 de enero) y Menor (del 1º al 15 de julio) otras épocas específicas en la que los juzgados no funcionan y en ese caso, no se computan los plazos perentorios establecidos en el Código General del Proceso.
En este caso la Semana de Turismo, es parte de ese elenco de días feriados en el año en los cuales no se cuentan sus días dentro de los plazos que se tienen para cualquier providencia, resolución o plazo hábil para presentar demandas, pruebas, apelaciones etc.
La Semana de Turismo, que no está específicamente establecida en los complejos normativos sobre el asunto, se suma a la vacancia judicial y no es precisamente un feriado cualquiera, ya que toda la semana debe quedar afuera a la hora de que desde el despacho judicial se quieran contar los días para la conformidad de los plazos establecidos para cualquier acto jurídico.
Aunque no todas son vacaciones, ya que en esta tradicional semana funcionan como no puede ser de otra manera los juzgados penales, ya que cuentan con plazos constitucionales para tener detenida a una persona y en ese caso, el magistrado debe resolver el hecho. Así como también los juzgados de Violencia Doméstica que están a la orden del día siempre y cuando el caso así lo amerite.
En ambos casos, tanto en materia Penal como el Violencia Doméstica, los hechos son tomados en cuenta sea el día que fuere.
Por lo tanto la semana que transcurre alcanza a que los funcionarios judiciales en su mayoría puedan salir de vacaciones, los jueces airear sus mentes y los operadores del sistema sepan que nadie les está contando el plazo, sea esto lo que signifique para cada uno.

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Un abuso de delito

hugo lemos

Hugo Lemos

Artículo 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).
El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables). Esto es lo que establece el Código penal uruguayo respecto a un delito que es residual y arbitrario, porque no describe una conducta penal establecida dentro del tipo penal. Es decir, no está tipificado un acto específico que pueda generar un daño hacia la administración por parte de un funcionario público, pero como tiene apariencia irregular porque sus efectos pueden llegar a ser lesivos en cierta medida, entonces la política legislativa encontró una manera de meter todo dentro de la misma bolsa y tipificar delito. Pero esto, que ya ha generado famosos procesamientos, como el del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por habilitar un préstamo a una empresa fantasma que se iba a hacer de los aviones de la exPluna, pero como el delito de haber habilitado sin los fundamentos suficientes no era delito, la decisión fue considerada “abuso de funciones” y fueron procesados. El tema es que este delito está en plena discusión del parlamento para ser derogado, porque no ofrece garantías sino que genera dudas. Entonces en caso de ser derogado, todos los que estén procesados por esta causa quedarán sobreseídos, debido a que si se extingue el delito, debe extinguirse la pena. Por el principio de que no hay delito sin ley que lo establezca. Me queda una sola reflexión, dan marcha atrás porque se dieron cuenta que ese delito era un abuso. Como Uruguay, no hay.

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Existe una ley para controlar la tenencia y porte de armas, pero el problema pasa por las que no están registradas

La tenencia y porte de armas sin la autorización correspondiente por parte de las autoridades nacionales, es un delito. Aunque en ese aspecto, la pregunta surge. En estas épocas donde campea el temor por la situación de inseguridad que vive el país, y sobre todo Salto a la luz de los últimos episodios de violencia ¿cuántos están cometiendo este delito? ¿Cuántos tienen un arma en su casa sin haberla declarado?

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Seguramente mucha gente cuenta con un arma de fuego en su poder con el fin de sentirse seguros y argumentan la defensa propia, muchas veces sin saber que con esa actitud se están poniendo en riesgo ellos y también exponen a su entorno, algo que debe ser debatido por la sociedad que por estas horas, con el problema creciente de la delincuencia, le pide protección a gritos al Estado.
Pero existe una ley que regula todo el tema referido a la tenencia y porte de armas.
Se trata de la ley 19.247, la que establece desde su primer artículo que está prohibida la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados “que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos”, según corresponda.
Y señala que será el Poder Ejecutivo el que establecerá qué requisitos deberán cumplir para autorizar a la gente a la tenencia y porte de armas de fuego, así como también a contar con municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Además la ley prevé que en caso de que haya incumplimientos en los procedimientos estipulados por la normativa de marras, las armas de fuego, las municiones, los explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados, “serán incautados sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes”.
Asimismo las armas cuyos titulares sean procesados por delitos cometidos con violencia, serán incautadas. En cuanto a las ventas de armas, hay un capítulo que regula específicamente este tema, con requisitos, datos registrales, autorizaciones legales con pruebas que deben pasar por los Ministerios de Interior y Defensa.
En tanto que el artículo 7º, habilita la destrucción de las armas de fuego, cuando una vez transcurridos seis meses de haber sido recibidas las armas de fuego, los accesorios, las municiones o los explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido incautados, decomisados o entregados voluntariamente, los mismos serán destruidos.
Este control de armas debería hacerse más seguido, porque las armas que están inscriptas y reglamentadas no son el problema, sino las que están por fuera del sistema de registro, las cuales caen por lo general en manos de delincuentes.

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El proceso concursal ¿puede pedirlo cualquiera?

Ante la situación generada por el controvertido caso del Cambio Nelson, donde su propietario, el prófugo de la justicia uruguaya, Francisco Sanabria, solicitó acogerse a un proceso concursal para poder hacer frente al pago de sus deudas, damos a conocer la ley Nº 18.387 que regula este proceso, en un informe realizado por los abogados Alejandro Miller, Carlos Brandes y Nicolás Pallas del estudio Guyer & Regules, denominado “Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial”.
La Ley deroga las disposiciones del Código de Comercio que regulaban el concordato y la quiebra, así como las leyes especiales dictadas con posterioridad. Se sugiere leer el texto completo de la ley.
La ley premia al acreedor quirografario (que es aquel que no tiene una garantía real de pago) que solicite el concurso, privilegiando el 50% de su crédito (que dejará de ser quirografario por ese porcentaje), con un tope del 10% de la masa pasiva.
Se regula el convenio (antes denominado concordato) que el deudor puede alcanzar con sus acreedores de una forma más flexible que en el régimen anterior, permitiendo que el deudor alcance un acuerdo sin quitas ni esperas obligatorias, permitiendo un amplio campo para negociar una salida entre empresarios.
Se prevé la venta en bloque de la empresa, y que quien la compre no sea considerada una empresa sucesora de la anterior (no hay solidaridad tributaria, laboral, ni ninguna otra). Asimismo, se prevé la posibilidad de que cooperativas o sociedades comerciales de trabajadores puedan adquirir la empresa con sus créditos laborales impagos.
La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial que se encuentre en estado de insolvencia, es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones. La Ley no exige la pluralidad de acreedores para que se declare el concurso.
Esta declaración de concurso abarca tanto a deudores personas físicas que realicen actividad empresaria, así como también a personas jurídicas civiles o comerciales. Se considera “actividad empresaria” a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

HUGO LEMOS

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La Policía no puede limitar el trabajo de los periodistas

Hay una situación que lamentablemente se repite y es el abuso de autoridad que demuestran los funcionarios policiales frente al trabajo periodístico. Es algo que se reiterado en el tiempo y que genera malestar de parte de los trabajadores de la prensa cuando están cumpliendo con su función de informar, algo que debería ser salvaguardado por los funcionarios cuya misión es hacer cumplir la ley y ellos con esos actos, insisten en violarla.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Cada vez que hay un hecho que amerita la cobertura periodística, ha pasado que los policías, que se supone deben saber cómo ampara la ley el trabajo de los periodistas, tratan de limitar en forma desmedida con amenazas y malos tratos la tarea que debe cumplirse, porque el rol del periodista no es otro que informar a la población, haciendo cumplir así uno de los derechos humanos más elementales de todo sistema democrático que es el derecho a la información pública.
Días pasados un reportero gráfico de este diario volvió a pasar por esa situación. Cuando estaba sacando fotos de un episodio donde un efectivo policial falleció en el cumplimiento del deber, fue instigado por una funcionaria policial quien con amenazas violentó al periodista a no tomar fotos del episodio, amenazando con detenerlo e incautarle la cámara.
La conducta de esa agente policial importa y mucho. No solo porque con su accionar está violando varios derechos constitucionales, como el establecido en el artículo 7º que ampara el derecho a la libertad y al trabajo, o el artículo 10 que dice que lo que no está prohibido, está permitido y en ese sentido cualquiera (no es necesario ser periodista) puede tomar fotos de un episodio ocurrido en un espacio público. O el artículo 29 de la Constitución que ampara la libertad de prensa y de expresión, o el 332 de la Carta Magna que habla en igual sentido de todos los expresados.
Esa funcionaria policial, cuando quiso privar del trabajo al periodista, también vulneró la ley Nº18.335 que refiere al Procedimiento Policial, donde en ningún momento se establece ponerle cortapisas a los trabajadores de la prensa cuando concurren a realizar la cobertura de un episodio de violencia y mucho menos se les dice a los funcionarios que deben amenazar a los fotógrafos.
Cabe mencionar estas cosas en aras del respeto a las leyes vigentes que amparan el derecho de los periodistas a hacer su trabajo, en función de la transparencia y de su deber de informar a la población. Porque una sociedad democrática se mide en virtud de su libertad de prensa y si la misma es menoscabada por la Policía, que es el brazo coercitivo del Estado, la democracia pierde su valor, hasta en estos actos mínimos, aunque no parezca.

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El Femicidio viola el principio de igualdad, pero…

El artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley y que la única diferencia que tenemos los orientales debe ser por nuestros talentos y virtudes. Ese principio constitucional es sagrado para

Hugo Lemos

Hugo Lemos 

garantizar la libertad y la responsabilidad de las personas. La libertad porque todos somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos, y la responsabilidad que conlleva esa igualdad es saber actuar conforme a derecho y en caso que no lo hagamos seremos castigados por haber hecho mal las cosas.
Por eso cuando el legislador impulsa un proyecto de ley, lo primero que debe tener en cuenta es que todos somos iguales y que no se pueden hacer leyes diferentes para los distintos colectivos sociales que coexistimos en una misma sociedad, por el hecho de que cada uno sería de una forma y tendría determinados derechos, y eso nos separaría aún más.
Yo creo que en este país hay varias leyes que se han sancionado en los últimos tiempos que son violatorias de este principio. Como por ejemplo, las leyes de cuotas. No debe haber cuotas si somos todos iguales ante la ley. No puede ser que una persona por tener una condición determinada, pueda acceder en forma directa a un cargo público y las demás, deban competir entre sí, porque no tienen esa condición. Eso es groseramente discriminatorio y violatorio del precepto constitucional de marras.
Pero también es violatorio del principio de igualdad el proyecto de ley de femicidio. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer tienen el mismo derecho ante la ley, porque el artículo 8º de la Constitución así lo establece. El principio de igualdad nos pone a la misma altura. Así que si matan a un hombre o a una mujer, el delito es el del homicidio que está tipificado en el artículo 310 del Código Penal, que dice que “el que con intención de matar diere muerte a otra persona, será castigado…” y establece las penas.
Y señala el mismo texto normativo en los artículos siguientes los distintos agravantes, como por ejemplo si un hombre mata a una mujer por su condición de mujer, de esposa, de madre, de amante o de lo que fuere, pesa el hecho de la relación de conocimiento que ambos tenían y por lo tanto la intencionalidad bajo premeditación juegan un rol importante para cargarle al delito un agravante muy especial.
Ahora bien, que el agravante sea que la persona ultimada sea una mujer y que ese mismo agravante no opere en el caso de los hombres, que muchas veces los matan por resistirse a un asalto y hacer uso de su fuerza, y en ese caso solamente se le tipifique a su matador, un delito de homicidio, es violatorio del principio de igualdad. Y un delito que vulnere un precepto constitucional debe ser declarado inconstitucional y por lo tanto el proyecto debería naufragar en el parlamento, porque de lo contrario estaremos dándole una mala señal a la sociedad.
PERO…
Ahora viene el pero. Lamentablemente hay una ley no escrita que ha estado en manos de los hombres con minúscula, que creen que su condición les permite ejercer maltrato, acoso y abuso, por lo que cometen a diario crímenes alevosos como el caso de la joven Valeria Sosa ocurrido en Montevideo delante de sus hijos, y otros hechos más que empañan la condición de persona de algunos despreciables seres vivos.
Sin embargo, esa ley no escrita es parte de una cultura que está haciendo que el principio de igualdad no se cumpla, que haya personas desprotegidas por el sistema y que por lo tanto se quiebre su derecho a la igualdad ante la ley, ya que su reclamo no llega con la misma fuerza y su posición social se desmorona.
Pero dar una señal más fuerte desde determinados sectores de la sociedad como el de la mujeres, que son la mayoría de nuestra población, para que los hombres se vean amedrentados por la creación de un nuevo delito, es poco probable que de resultados, porque es difícil que un sujeto de estos contenga su impulso asesino. Tan poco probable como que una mayor severidad en la pena que depare un mayor tiempo en prisión, sean castigo suficiente para un imbécil de estos.

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El Estado solamente brinda garantías

Escuchando una declaración de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay donde se manifiestan en contra del mundo de las relaciones laborales actuales y se oponen a la injerencia del Estado y a los privilegios de los que acusan a los sindicatos, exigiendo la salida del Ministerio de Trabajo de las negociaciones para que las mismas se vuelvan bipartitas, generó que la situación de tensión que se respira en ese ámbito se vuelva aún más espesa y los conflictos estén a la orden del día.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

La ley de Negociación Colectiva Nº18.566 plantea en su articulado la intención de que el Estado sea garantista de los derechos de ambas partes y que en ese sentido colabore en la disposición de un acuerdo entre las partes.
Empero, en nada colaboran solicitando la reducción de derechos de los trabajadores y cuestionando el rol del Estado, ya que ese tipo de manifestación aviva el fuego y genera rispideces con el colectivo de los trabajadores que ven a la presencia estatal, como una garantía.
Pero volviendo a la tutela estatal en el mundo de las relaciones laborales, el Artículo 5º de la mencionada Ley de Negociación Colectiva, establece la “colaboración y consulta”. Y dice que “La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida”.
“Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular: A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.
B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses. ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales. Iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social”.
Tal como lo dice la ley, el Estado está para colaborar y garantizar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, el planteo de las cámaras de quitar garantías en la negociación y la colaboración estatal, que siempre ha apoyado laudos que se limitan a empatar la inflación, solo puede generar más problemas y menos soluciones. Porque en este caso el Estado se vuelve garantía y eso hasta a las empresas les sirve.

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Ley de inclusión financiera establece modificaciones para los pagos y pide definición de dinero electrónico

La ley de bancarización o de inclusión financiera como le gusta decir al gobierno, ha sido motivo en diciembre último de fuertes debates para extender los plazos para la vigencia de los postulados que pretende la norma. Algunos de ellos como el pago de salarios a dependientes, hasta pasividades y prestaciones alimentarias, entraron en debate por

Hugo Lemos

Hugo Lemos

desconocer en principio qué se entendía por dinero electrónico y cuáles podían ser los medios adecuados para recibir el beneficio.
La discusión quedó zanjada y en los próximos meses se verán los efectos de la obligatoriedad de la norma. Mientras tanto, un estudio pormenorizado de la norma, realizado por profesionales del estudio Guyer & Regules comentan algunos aspectos interesantes de esta norma y los cuales damos a conocer en esta entrega de nuestra sección semanal.
LA LEY
La ley de inclusión financiera (No. 19.210) y su decreto reglamentario (No. 263/015) han introducido modificaciones en la forma en que los empleados deben percibir sus remuneraciones en dinero y el beneficio de alimentación, y han contribuido a facilitar el acceso de los trabajadores al sistema financiero.
¿Cómo se deben abonar las remuneraciones en dinero?
Todas las remuneraciones en dinero que se abonen al empleado se deben efectuar a través de transferencias bancarias en instituciones de intermediación financiera o mediante instrumentos de dinero electrónico en red de pagos y cobranzas que ofrezcan el servicio.
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera tendrán asociada una tarjeta de débito, que habilitará al empleado a efectuar retiros de dinero en efectivo, transferencias y pagos electrónicos.
La normativa prevé una excepción: aquel empleado que actualmente no cobre su sueldo en un banco o en una red de pagos y cobranzas, puede mantener su actual sistema de cobro con fecha tope hasta el 30 de abril del año 2017, siempre que lo acuerde por escrito con su empleador. El acuerdo se podrá revocar a solicitud de cualquiera de las partes.
¿Quién decide en qué institución se pagarán los haberes laborales?
Para relaciones laborales ya vigentes, si previo al 30 de junio de 2016 el empleado no decidió por medio de que institución quiere cobrar sus haberes, el empleador estará habilitado hasta el 30 de setiembre de 2016 para elegir la institución por medio de la que abonará los haberes a sus empleados. Luego de esa fecha, en las normas no se encuentra previsto quién será el encargado de elegirla.
En las nuevas relaciones laborales, el empleado deberá indicar la institución al inicio del vínculo y de no hacerlo lo hará el empleador.
Cuando el empleador sea quien realice la elección deberá notificarlo al empleado previo a realizar la apertura de la cuenta. El empleado dispondrá de diez días hábiles para elegir una institución diferente a la elegida por el empleador, de lo contrario, se mantendrá la elegida por éste.
¿Cuáles son las ventajas para el empleado?
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera (sus correlativas tarjetas de débito), los instrumentos de dinero electrónico y prestaciones de alimentación otorgadas en dinero electrónico no tendrán ningún costo de apertura, adquisición, mantenimiento y/o cierre para el empleado, ni deberán cumplir con saldos mínimos.
Asimismo, los empleados podrán realizar sin costo: consultas de saldo en forma ilimitada, un mínimo de cinco extracciones de efectivo cada mes y hasta ocho transferencias a cualquier institución financiera local por hasta 2.000 unidades indexadas cada transferencia.
Finalmente, la utilización de la tarjeta de débito y del instrumento de dinero electrónico como forma de pago en los comercios del país será gratuita y permitirá al empleado beneficiarse de la rebaja del Impuesto al Valor Agregado.

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Tributo discreto el que cobra el Estado a quienes circulan por rutas nacionales en estas fechas y deben pagar peajes

Cuando uno se desplaza por las rutas nacionales lo que quiere es tener seguridad, comodidad y que el buen estado del camino acompase el viaje haciéndolo algo placentero. Para eso Uruguay tiene un sistema de peajes donde a través de los mismos se mantiene el estado de las rutas nacionales con el cobro por circular por esas vías.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

En el camino de Salto a Montevideo, hay tres peajes instalados, dos por la ruta 3 uno en el Paso del río Queguay en Paysandú, otro en las inmediaciones del puente del río Negro pero en el departamento de Flores y otro en la ruta 1, en la zona conocida como Delta del Tigre, donde está el puente Alfredo Zitarrosa que atraviesa el río Santa Lucía Grande y que une los departamentos de San José con el de Montevideo.
A su vez, analizando el tema, el mismo denota que se trata de un impuesto que debe pagar quien se desplaza por ese lugar, por el mero hecho de transitar por la zona. Si bien la libertad de circular por el lugar es de cada uno y cada cual es libre de tomar el camino más largo o simplemente no tomarlo,el debate que se plantea es si ese cobro de peaje pasa a ser un tributo, en realidad una especie del mismo como son los impuestos.
La doctrina nacional en Derecho Financiero hace la diferencia entre tributos y precios públicos y para referirse al primer concepto, se remite al artículo 10 del Código Tributario que dice que “Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. (…)”. señalando más abajo que las especies tributarias son los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones Especiales, situando al cobro del peaje en el primero de estos casos.
Y diferenciando el caso con el concepto de lo que son los Precios Públicos, denominando así a la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un acuerdo para brindar un servicio.
Pero se deja en claro que quienes transitan por las distintas rutas nacionales en las cuales hay que pagar peaje, la naturaleza jurídica es la del impuesto, salvo en los casos en que para llegar a destino haya otra ruta alternativa y el contribuyente pueda optar por cumplir con el pago o tomar por otro camino, pero el mismo debe ofrecer las mismas condiciones que el primero.
Por lo cual en el caso de quienes transitan desde Salto a Montevideo por las rutas habituales abonan un tributo de 240 pesos si van en automóvil, para poder llegar a la capital. Se trata de un tributo discreto, ya que el mismo ni siquiera es evocado a la hora de mencionar la lista de impuestos que los uruguayos y los extranjeros que estamos en el país le pagamos al Estado.
Estando actualmente en temporada estival y en fechas de asueto donde mucha gente sal de su departamento para recorrer el país, principalmente teniendo como destino el sur y el este del territorio nacional, es buena cosa recordar que también tributamos para poder salir de paseo y hacer camino por los distintos puntos de nuestro país.

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Entramos en el bisagra del sistema jurisdiccional uruguayo

Entrado el año 2017 se avecinan importantes cambios para el sistema judicial uruguayo. Es un año bisagra donde se medirá si los proyectos tan anhelados pueden desarrollar efectivamente las transformaciones que se esperan que tenga el proceso penal de nuestro país, considerado por demás arcaico y violatorio de los preceptos más elementales de los derechos humanos, como es el principio de presunción de inocencia y el de padecer muchas veces largas prisiones preventivas, que se convierten en duras condenas previas a la determinación formal de la culpabilidad del sujeto.
Por tal motivo, con un nuevo proceso penal que irá avanzando desde el sur hacia el norte, como todo en este país, desde julio de este año, se abre una etapa nueva para la justicia uruguaya que espera poder prestar un servicio más confiable al ciudadano de a pie (el justiciable) que espera poder ver un sistema más justo, menos violatorio de los derechos de las personas, más resarcitorio, más sancionatorio en los que casos en que realmente deba ser así y más ágil.
El hecho que ahora se determine la culpabilidad de la persona en breve lapso y con un fiscal que acuse e intervenga sabiendo lo que está haciendo y no tocando de oído como ocurre en la actualidad, ya que en muchos casos los fiscales entran a última hora, leen el expediente, formulan un par de preguntas, sacan conclusiones que puedan ser apresuradas y terminen pidiendo la prisión de un tipo al que en realidad no tienen la certeza ni la convicción de que cometió un delito ha generado más problemas que soluciones. La situación actual es penosa y me hace acordar a cuando un día, caminando por los pasillos de la cárcel local, realizando la cobertura para este diario de la visita anual que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sentí el chistido en aquel fétido e inmundo lugar (al estado edilicio me refiero) de una persona, que desde atrás de una puerta blindada y por la pequeña reja que la misma tenía me preguntó ilusionado “¿señor no sabe si hoy están dando la libertad de las personas que estamos presas y que no tenemos condena?”.
“En realidad todo puede ser, pero para eso tenés que haberte inscripto y pasar por la revista ante los jueces ¿pero vos hace cuánto que estás preso?”, le dije. A lo que el sujeto me contestó sin titubear: “tres años”. -”¿Y sin condena?” volví a preguntarle. “Sí, sin condena, lo que pasa que no tengo abogado, me acusaron de un robo y me mandaron para adentro, pero después nunca más supe en qué quedó mi causa”.
Corría el año 2006 o 2007, ya no me acuerdo, pero sé que ese caso pintó de cuerpo entero lo que es el proceso penal uruguayo, el que actualmente tenemos y el mismo que muchas veces, por su estructura y con la consideración de lo que es para el sistema actual “la falta de pruebas como para procesarlo” con la que son remitidas algunas personas, el sistema actual no ofrece las mismas garantías que sí espera ofrecer el nuevo proceso.
Ya que en el actual sistema, el juez investiga, saca conclusiones, puede llegar a prejuzgar y dicta la sentencia. Mientras que en el nuevo proceso, el juez cumple con la imparcialidad de escuchar a las partes, recayendo el protagonismo de la escena en el fiscal que será, además del actor de la pretensión punitiva, el que realice la instrucción, pregunte y acuse, al tiempo que el denunciado tendrá abogado defensor y podrá dilucidar el caso ante el juez, el cual al final de oír a las partes y evaluar la prueba, recién ahí resolverá a favor o en contra. Y no como ahora que los procesan con prisión y estando en reclusión el sujeto, se va desarrollando el juicio, algo que se contrapone con el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

HUGO LEMOS

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