Situaciones especiales en la que un trabajador tiene derecho a resguardar su salario pese a su ausencia

El derecho laboral ha vivido una serie de transformaciones en función de un nuevo miramiento que le da mayor

Por: Hugo Lemos

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protección a los integrantes de los sindicatos con el fin de que puedan ejercer esa tarea, al punto que resguardan su salario para concederle el beneficio del ejercicio de dicha tarea. Aquí damos a conocer varias normativas que establecen la protección y promoción de las organizaciones sindicales, en base a la ley Nº17.940-
Situaciones especiales en las que no se trabaja, pero no se pierde el salario
• Delegados obreros ante los Consejos de Salarios
Para la ley el tiempo que los delegados designados por el Poder Ejecutivo destinen al cumplimiento de los cometidos propios de los Consejos (esto es negociaciones, reuniones, asambleas para fijar pautas antes de concurrir a la mesas de negociación) será considerado como “trabajo efectivo”. En tal sentido, la normativa establece que la parte empleadora “se hará cargo de la remuneración siempre que dicho tiempo coincida con la jornada normal de trabajo”.
Esto comprende el tiempo que es dedicado específicamente por el trabajador a las tareas de cada una de las instancias de los Consejo de Salarios, así como también el tiempo de traslado del lugar de trabajo hasta la sede donde los mismos se negocian y viceversa.
Así lo establece el Decreto 498/85, del 19 de setiembre de 1985, que reincorpora tras la dictadura los consejos de salarios, luego suprimidos y reinstalados en el 2005.
en tanto que para legislar todas esas responsabilidades, se creó la Ley 17.940 cuyo artículo 4 refiere a la licencia sindical y dice que «se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical, el ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo». Es decir, que el tiempo que el delegado tendrá dedicado a la labor sindical para el goce de la licencia especial deberá ser acordado por un convenio colectivo.
Pero también hay otros casos de contemplación especiales para el resguardo del salario ante la ausencia por motivos fundados del trabajador, como el caso de la “Donación de sangre a bancos de sangre oficiales (Ley 16.168 de 21 de enero de 1990)”.
Y dice la norma: Todo trabajador de la actividad pública o privada que realice una donación de sangre a bancos de sangre oficiales o que se encuentren bajo reglamentación del Servicio Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud Pública, con la sola presentación del documento que acredite fehacientemente dicho acto, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y que este sea pago. Aunque queda claro que este derecho no podrá ser ejercido más de dos veces en el año.
Aunque también existe la ausencia motivada por:
• Licencia por Examen Ginecológico (PAP y/o mamografía): Ley 17.242.
• Testigos en juicio.
Y de acuerdo con el Código General del Proceso, art. 160, nral. 5., en la redacción dada por la ley 19.090, al testigo compareciente no se le descontará del salario el tiempo que estuvo a disposición del tribunal.
• Licencia por Estudio: Ley 18.345, art. 2.
• Licencia por Paternidad, adopción y legitimación adoptiva: art. 5 de Ley 18.345 y art. 7 de Ley 19.161.
• Licencia por matrimonio: art. 6, Ley 18.345.
• Licencia por Duelo: art. 7, Ley 18.345

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Modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal por la ley Nº19.549

Cuando el parlamento estaba a contrarreloj antes de la aprobación del Código del Proceso Penal los legisladores estaban viendo qué hacer con un montón de aspectos que entendían que debían corregir. De ahí nació la Ley

Por: Hugo Lemos

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Nº19.549, que modificó la Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y otras normas, para adecuarlas al nuevo código del proceso penal.
En tal sentido, surge en su artículo 1º, la sustitución del artículo 12 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. (Otros principios aplicables).- Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de oralidad, inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso”.
De esa manera se establecen los principios en los cuales se rige el nuevo procedimiento que busca alcanzar una transformación cultural donde la ciudadanía principalmente, participe de las instancias judiciales con el fin de informarse cómo funciona el proceso por un lado y por el otro, mostrar mayor transparencia en la gestión.
Artículo 2º. Sustituye el artículo 24 en lo siguiente “Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal que hubieren intervenido en relación a actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de intervenir en actuaciones relacionadas con la audiencia de juicio y el dictado de sentencia”.
Con este artículo lo que trata de impedirse es que un tribunal que actuó previamente no tenga mayor injerencia en una causa, para evitar que haya prejuzgamientos. En ese aspecto, se apela al principio de inmediación e igualdad de las partes, pero sobre todo de transparencia.
Artículo 3º. Sustituye el artículo 25 diciendo que “los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen: 25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código. (Es decir, intervienen en todos los aspectos de lo que era el presumario y el sumario con la sentencia interlocutoria que era el auto de procesamiento y hasta la sentencia de condena en primera instancia).
“Y confirma en el 25.2 que los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de Montevideo conocerán además en el proceso de extradición. (…). En tanto el artículo 31 establece la competencia de urgencia, diciendo que “los jueces de todas las materias y grados son competentes para disponer las medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces son competentes simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente”.
El artículo 45 establece las Atribuciones y dice que el Ministerio Público tiene atribuciones para:
a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes. b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos. c) no iniciar investigación; d) proceder al archivo provisional; e) aplicar el principio de oportunidad reglado; f) solicitar medidas cautelares; g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación; h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; i) atender y proteger a víctimas y testigos; j) solicitar al Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado según corresponda; k) solicitar, en forma fundada, a las instituciones del Estado, toda información que sea necesaria en el marco de la investigación que se encuentre realizando y esté disponible en sus registros, siempre que la entrega no implique afectación de garantías o derechos fundamentales de las personas.

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Sobre el peón rural y las presiones a la justicia

El pedido de procesamiento del capataz de la estancia Flor de Ceibo, por parte del fiscal actuante en ese procedimiento, corresponde con lo expuesto en la denuncia y su dictamen se desprende de la técnica jurídica en base al derecho penal vigente, por el tenor de la denuncia presentada por el trabajador rural que tan célebre hizo el PIT

Por: Hugo Lemos

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CNT y cierta prensa, usándolo de cabeza de turco, más que como paradigma, de una de las leyes más significativas del gobierno de izquierda, como lo es la ley de ocho horas para el trabajador rural, la que el gobierno quiere demostrar que sí funciona. Lo que pasa, es que este caso se ha vuelto una lucha de poder del corporativismo sindical contra las patronales del sector rural, acaso las más poderosas a nivel económico al menos en el interior del país.
Hay que recordar que esta actuación se da en el marco del antiguo proceso penal y por eso el fiscal Ricardo Lackner, pide el procesamiento del denunciado, por el delito de lesiones personales.
Es que no cabe otra cosa en este hecho, porque lo que quedó demostrado en el juzgado, en base a las denuncias presentadas y a la prueba ofrecida por las partes y recogida por el juez, es que hubo un enfrentamiento entre dos personas, donde una lesiona a la otra con un rebenque.
Pero acá hay otro tema, en este caso el hecho se resume a un problema entre dos trabajadores, algo que fue remarcado por la Federación Rural en su comunicado y que nada le gustó al PIT CNT que seguía exigiendo que el propietario del establecimiento, que también fue denunciado por amenazas, sea el principal enjuiciado y también pagara por este episodio, trasladando el hecho penal en sí que investiga la responsabilidad de las lesiones ocasionadas a un sujeto por otro, que casualmente no era patrón, sino empleado y por ende también trabajador.
Aunque para la justicia penal, por ahora, no hay mérito para enjuiciar por amenazas al titular de la estancia, ya que las pruebas en su contra no son suficientes, aunque sí lo fueron las lesiones cometidas por el capataz contra el denunciante, lo que ameritó el pedido del fiscal y ahora la pelota está en la cancha del juez que deberá decidir si hace lugar o no al procesamiento.
Un apunte no menor y más político que legal: qué casualidad que justo el martes 21, el secretariado ejecutivo nacional del PIT CNT emitió una declaración sobre la preocupación que le generaba la falta de acción de la justicia sobre este caso en particular y justo 24 horas después de esa declaración, el fiscal dio a conocer el dictamen que ya estaba redactado pero con fecha 13 de noviembre, donde pedía el procesamiento del capataz por golpear al peón. Y después hablamos de presiones a la justicia.

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Nueva ley crea fiscalías para delitos de lesa humanidad

Cada vez que los ciudadanos presentaban una denuncia en un juzgado penal por casos de desaparición forzada durante a última dictadura militar en Uruguay, los mismos no llegaban a buen puerto, porque primero se

POR: Hugo Lemos

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encontraban con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y después porque decían que no estaba claro cuál era el delito que configuraba la desaparición de esa persona, que en el marco del derecho civil, se declaraban como ausentes. Para esto, tras el advenimiento de la izquierda en el gobierno, se votaron una catarata de leyes entre las que estaba el delito de desaparición forzada que fue incluido dentro del rango normativo, como delito. Y dentro del instituto de la prescripción, se declaró la imprescriptibilidad de los considerado delitos de lesa humanidad, es decir, que los mismos mientras el delito de desaparición permanezca no prescribe.
Entonces, para esto y en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, se crearon por ley nuevas sedes de fiscalías, que son las que ahora recogen la iniciativa de la acción penal, especializadas en estos crímenes.
Es así, que la Ley Nº19.550 aprobada el 18 de octubre de 2017, sostiene en su artículo 1º, “Facúltase a la Fiscalía General de la Nación la transformación de una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”.
En tanto que el artículo 2º remite a la competencia y establece que: La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad conocerá exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período definido en la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009, que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional (que comprende los ocurridos entre los años 1973 y 1985).
Asimismo, el artículo 3º admite la Remisión, diciendo que “a partir de la efectiva transformación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, todas las causas enunciadas en el artículo anterior le deberán ser remitidas en el estado que se encuentren”.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de octubre de 2017.

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Queda vigente el Femicidio y abre puertas a la inconstitucionalidad

La Ley Nº19.538 promulgada el pasado 3 de octubre, que modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal, relativo al delito de Homicidio, establece la introducción formal en el Código, de la figura legal del Femicidio.

Por: Hugo Lemos

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Así, una conquista social de colectivos que promueven el derecho de género se introduce en el texto normativo que a partir de ahora se aplica y que además transforma una cultura del manejo público y lingüístico de estos asuntos, que comienza a formar determinado pensamiento en las próximas generaciones.
El texto de la ley que entró en vigencia recientemente y que introduce estas modificaciones, sostiene además como agravante el hecho de que haya menores de edad presenciando el homicidio, lo cual refiere al estado de violencia que se vive hoy en nuestra sociedad y que la política legislativa tomó como aspectos sustanciales para poder legislarlos.
En ese sentido, el artículo 2º de la presente ley introduce como modificaciones el inciso 2º del artículo 311 del Código Penal que establece un numeral 5º que señala “si (el homicidio) se cometiere en presencia de menores de edad”, algo que una vez que suceda en presencia de niños o adolescentes, operará como un agravante de este delito.
A su vez, admite las políticas de diversidad y racismo, al agregarle al artículo 312 del Código Penal un inciso 7º que dice (el que con intención de matar diere a muerte a una persona…) “como acto de discriminación, orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad”, también será un agravante.
Al tiempo que en un inciso 8º, que fue incluido en el mencionado cuerpo normativo, incluye el mencionado y anhelado por los colectivos feministas delito de “Femicidio”, aduciendo que el mismo se comete cuando “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal”.
Aduce la presente ley que “sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia de móvil de odio, desprecio o menosprecio, cuando: a) a la muerte le hubiere precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. B) La víctima se hubiere negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, intimidad o afectividad. C) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra la libertad sexual”.
Deja sentado el inciso final del artículo 3º de la ley º19.538 que en todos los casos, “las presunciones admitirán prueba en contrario”.
Pero ahora los cambios están reglamentados y pueden aplicarse de manera favorable a una mujer cuando es asesinada por esa condición. Esto en la humilde opinión de quien esto escribe, viola el principio de igualdad y es inconstitucional. El artículo 8 establece que “todos somos iguales ante la ley” pero si es un hombre el que muere en manos de su homicida, pasa a ser un homicidio simple, más allá de que se configuren los aspectos relativos a los agravantes antes establecidos en el código de referencia.

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Más caos del que se pretende evitar

Ahora más que nunca entiendo el pedido de disculpas que formuló el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el pasado 19 de octubre cuando presentó en el parlamento el nuevo Código del Proceso Penal que

Hugo Lemos

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entrará a regir a partir del próximo miércoles 1º de noviembre. Es que con el cumplimiento en sentido estricto y piedeletrista de cada una de las acepciones y enunciados que establece el nuevo código, habrá muchos más presos en las cárceles uruguayas, que ya están atestadas con los que tienen, así que imagínense la maraña en la que se van a meter.
Desde entonces, hablar allí de violación flagrante a los derechos humanos será poco, por el hacinamiento y todo lo que eso traerá aparejado sobre todo en la población carcelaria más vulnerable, la que cumple prisión en un pozo negro como son muchas cárceles del país, debido a la superpoblación que traerá consigo la eliminación de la libertad condicional y el hecho que la prisión preventiva sea solamente la excepción de verdad y no la regla casi como es ahora.
Un estupendo artículo del diario El Observador de ayer resume el pensamiento de este articulista a la hora de conocer las últimas medidas adoptadas por el cuerpo legislativo que votó modificaciones al nuevo CPP, sin saber qué demonios estaba votando pero había que hacerlo porque se agotaban los plazos.
El artículo dice con claridad “con la derogación de la libertad condicional que permitía a los penados que se hallaran en libertad al recibir la sentencia de condena, seguir libres, esta situación se agravará”. Y es así, habrá muchos más presos y muchos más problemas para el país.
Pero hay otras opiniones más positivas por ejemplo el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, aduce su “temor que comparten jueces, fiscales y abogados porque las inercias y dinámicas del actual proceso penal inquisitivo persistan durante un tiempo con el nuevo CPP, y obstruyan su lógica penal. Esto quiere decir que, por ejemplo, aunque la prisión preventiva pasará a ser una excepción a partir de noviembre, siga de todos modos aplicándose con la misma frecuencia que ahora”.
“Aunque el nuevo CPP establezca esta medida como una excepción, la sigue definiendo para las situaciones en que haya riesgo para el autor del presunto delito, la víctima o la sociedad, y para aquellos casos en que el acusado tenga antecedentes”, dijo a El Observador el abogado procesalista Gabriel Valentín, vicepresidente del Colegio de Abogados. “Por lo que, en los hechos se seguirá imponiendo en muchísimos casos, casi de forma automática, aunque en teoría se establezca lo contrario”, opinó.
Pero el tema pasa porque si la prisión preventiva será la regla de manera inexorable y encima la libertad condicional queda derogada, las cárceles estallarán de gente y habrá más caos del que se pretende evitar. A mi juicio, una vez mas, empezamos al revés.

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Nueva ley permite a organizadores de espectáculos públicos prohibir el ingreso a quienes ellos consideran necesario

Fue promulgada la Ley 19.534 por el Poder Ejecutivo, que regula la admisión y permanencia en los espectáculos públicos. La norma señala que las personas físicas o jurídicas, organizadoras de los espectáculos públicos de índole

Hugo Lemos

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recreativa, social, deportiva, cultural, o de cualquier otra naturaleza podrán ejercer el derecho de admisión. El mismo se entiende por la facultad que tienen los organizadores de espectáculos públicos para decidir las condiciones a las que puede subordinarse el libre acceso de los ciudadanos a dichos espectáculos, dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos. Este concepto está establecido en el primer artículo y facultad a una persona a permitir o no el acceso a un espectáculo a otra persona. Lo que determina la libertad de participación en aras de proteger el derecho de quien organiza una actividad a que otra participe.
Aunque asimismo, la ley proteger ciertos criterios antidiscriminatorios por lo cual establece precisamente que “en ningún caso se podrá ejercer este derecho para restringir el acceso de manera discriminatoria en los términos previstos por el artículo 2º de la ley 17817 sobre Lucha contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”. El derecho de admisión tiene como justificación de su existencia que el derecho de admisión tiene por finalidad impedir el acceso a toda persona que no cumpla con las condiciones requeridas por el organizador del mismo y a aquellas que tengan antecedentes de incurrir en hechos delictivos y de violencia, que sean identificadas como partícipes de los actos violentos.
La idea con esto, es poner pautas de comportamiento para la participación de las personas a los espectáculos públicos con el fin de limitar los hechos de violencia que puedan producirse en los eventos que son abiertos, sobre todo los de carácter deportivo que han sido los que signaron los hechos más conocidos de los últimos tiempos.
Por tal motivo, el artículo 4º establece el derecho de exclusión de parte de los organizadores del espectáculo, hacia aquellas personas que “incumplan con las condiciones objetivas que deban observar los espectadores para su permanencia en el mismo” y sostienen que para cumplir con este cometido podrán solicitar “el auxilio de la fuerza pública”.
Esto, determina que el gobierno quiere avanzar en el control de los violentos y para ello se escuda de manera legal para excluir sin caer en actos discriminatorios e ilegales.

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Todo puede reducirse a un problema de violencia

El caso del peón rural que denunció haber recibido agresiones de parte del capataz del lugar donde trabajaba, está

Hugo Lemos

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centrado actualmente en el juzgado penal cuya sede investiga la posible comisión de dos delitos por una golpiza, el resto corre por ahora, por cuenta de los denunciantes.
Uno de los delitos denunciado es el previsto por el artículo 316 del Código Penal que prevé que el delito de Lesiones personales se da cuando: “el que, sin intención de matar causare a alguna persona una lesión personal, será castigado con pena de prisión de tres a doce meses (…)”.
Toda la situación generada por los movimientos sociales que se han manifestado en función de esta causa, se reduce a que se dirima en un juzgado penal si las agresiones sufridas por el trabajador de parte del capataz del establecimiento, constituyen delito o no. Así como también está se está analizando si existió de parte del propietario de la empresa agropecuaria para la cual el peón prestó servicios durante 9 meses, un delito de amenazas tal como lo denunció el trabajador.
El delito de amenazas también está estipulado por la legislación nacional cuando dice el Código Penal en su artículo 290 que “el que (…) amenazare a otro con un daño injusto, será castigado con multa de veinticinco a setecientas unidades reajustables. (…)”.

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Una ley zanja cualquier duda sobre la legalidad de un régimen laboral

Cuando mucho se habló de lo sucedido con un trabajador rural en un establecimiento agropecuario de la zona de

Hugo Lemos

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Estación Itapebí, quien recibió una agresión cuando habría reclamado la pertinencia de la jornada de 8 horas laborales y así dejar de cumplir un horario más extenso de manera gratuita, el argumento fue bien claro, la ley Nº18.441 así lo establece.
Artículo 1º. Fija la duración de la jornada laboral: Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias y establece que el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.
Asimismo, la norma sostiene que en caso de que se cumplan deben abonarse las horas extras: diciendo que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”. Artículo 4º señala que “el descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo. El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas”.
Empero aclara que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo. Entre los artículos 6º al 10º se establece el régimen de descanso y de trabajo en distintos sectores dentro de la actividad como los de tambo y la esquila. En tanto que el artículo 11 establece la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.
Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año, contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinente.

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La penosa prisión preventiva

“La prisión preventiva es una rémora de otros tiempos que se ha convertido en una mácula para el sistema democrático republicano en que vivimos, que nos avergüenza dentro del concierto de las naciones libres”, así lo define el insigne profesor de Derecho Penal, Miguel Langón Cuñarro, a la prisión preventiva, que constituye el gran drama

Hugo Lemos

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del actual proceso penal, porque contradice el principio de presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico legitima por un lado pero desacredita por otro con cosas como estas, que además vulnera toda declaración de Derechos Humanos a la que el país se haya podido suscribir alguna vez.
Días pasados, en el marco de las jornadas de Espacio de Innovación Penitenciaria organizadas por la oficina del Comisionado Parlamentario con apoyo de la Unidad Nº20 del INR de Salto, uno de los abordajes fue entorno a la prisión preventiva como instituto jurídico que es violatorio de todos los derechos habidos y por haber para el justiciable, algo que dejará de ser una piedra en el zapato del sistema judicial uruguayo recién una vez que entre a regir el nuevo Código del Proceso Penal, al cual ya le queda poco para entrar a la cancha.
En nuestros días la prisión preventiva es una manera de quitarse de encima un problema. La policía captura al presunto autor de un delito, lo lleva ante el juez con “pruebas” que pueden llegar a ser escasas pero la valoración del fiscal es positiva y le solicita a un juez que tiene su escritorio atiborrado de expedientes para resolver, que esta persona cumpla tantos meses de prisión preventiva en mérito a que es el presunto autor de ese delito.
El juez asiente y hace lugar al dictamen fiscal y lo imputa “prima facie” es decir, en primera instancia, o sea en principio, quiere decir, por esta actuación que estoy haciendo ahora, es presunto autor del delito tal o cual y debe ir a cumplir prisión preventiva. Si bien en el 90 % de los casos, el imputado prima facie es el autor del delito, existe un margen de error importante, que es no respetar el principio de presunción de inocencia y tener a una persona meses preso “por las dudas” y “mientras tanto”, no es propio de un sistema democrático y republicano como bien lo define Langón.
La prisión preventiva puede ser una solución en caso de que haya peligro de fuga o riesgo de que se dañen medios de prueba que sean claves para concluir la investigación, pero en el 95% de los casos esto no es así y la persona va presa mientras se sustancia el proceso para ver si es la culpable como se creyó en un principio.
Este tipo de institutos jurídicos, además de violatorio de los derechos humanos es uno de los principales causantes de que haya hacinamiento en las cárceles, porque hay muchos presos “por las dudas” y esto no genera seriedad ni transparencia para el sistema judicial uruguayo, porque cada persona es un individuo que debe ser respetado in totum en sus derechos, pero su derecho a un juicio justo, todavía es un debe y el Estado es el responsable.

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La Lactancia Materna es un derecho que tanto el sector público como el privado deben garantizar

La Ley 19.530 sancionada hace algunos meses y promulgada por el Poder Ejecutivo, confirma la creación obligatoria de salas de lactancia materna en los locales públicos o privados en los que cumplan funciones más de 20 mujeres y/o

Hugo Lemos

Hugo Lemos

más de 50 empleados. Según la normativa, que consta de 7 artículos, explica cómo son las salas de lactancia materna y en qué consisten las mismas.
EL TEXTO
“Se entiende por Sala de Lactancia Materna el área exclusiva y acondicionada a tales efectos, destinada a las mujeres con fines de amamantar a sus hijos, realizar la extracción de leche, almacenamiento y conservación adecuada de la misma”, y prosigue diciendo que las misma deberán instalarse en los edificios o locales de los organismos, órganos y edificios públicos y privados, en las que trabajen o estudien veinte o más mujeres, o trabajen cincuenta o más empleados, se deberá contar con una sala destinada a la lactancia”.
Asimismo, sostiene que las Salas de Lactancia deberán garantizar la privacidad, seguridad, comodidad, higiene y fácil acceso de quienes las utilicen para asegurar su adecuado amamantamiento y la extracción y conservación de la leche materna.
Una vez que sea construida la sala de lactancia materna, el sujeto obligado deberá comunicar de la misma a los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social. En los casos en los que el organismo, órganos e instituciones públicas y privadas no cuenten con el número de personas referido más arriba, pero sí con al menos una mujer en período de lactancia, deberán garantizar el uso de al menos un espacio con destino a amamantar.
El texto normativo que es más extenso y el que debemos acotar por razones de espacio, culmina diciendo que quienes no cumplan con lo establecido en esta ley serán pasibles de sanciones tanto de parte del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Trabajo y seguridad Social.

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Un sistema carcelario con poco de humanismo y menos de rehabilitación

El sistema carcelario uruguayo es al igual que el actual proceso penal que conduce al justiciable hasta el anteriormente mencionado, flagrante violador de los derechos humanos. En Uruguay se tiene por un lado, todos los elementos para generar leyes que hablan de la “humanización del sistema carcelario” como la sancionada en 2005, Nº17987 y por otro lado, produce leyes que marcan que el sistema nada tiene de humanización porque no produce resultados positivos en los internos y que además, el Estado lo sabe.
Las cárceles uruguayas tienen infraestructura para albergar a unos 5 mil presos, sin embargo en la misma el sistema mete a 12 mil personas, todos juntos y entremezclados, en muchos casos sin rigor para mirarle el perfil criminal a cada uno y sin personal capacitado para atender a cada uno de estos sujetos, más que guardias que funcionan como carceleros y que poco ayudan en el manejo de la política de rehabilitación a cumplir con el fin en sí mismo.
Las cárceles actualmente siguen siendo espacios físicos que operan como meros depósitos de seres humanos, que no cuentan en la mayoría de los casos, con políticas aplicadas a cumplir con los principios más elementales de los derechos humanos, tendientes a la rehabilitación de los reclusos para su posterior reinserción social. Aunque existen algunos lugares que tienen una política más definida con una mirada de atención y contención social al preso, como lo es la cárcel de Salto, o lo era hasta hace algún tiempo. Pero esta alberga apenas y afortunadamente a ,menos del 3% del total de los reclusos que existen en el país.
Por eso las políticas de rehabilitación no están del todo en la mentalidad de los encargados de ejecutarlas, al punto que el gobierno se apresta a seguir cumpliendo con una política de seguridad rigurosa y militarizada de los centros penitenciarios más importantes del país. Prueba de ello es la reciente aprobación de la ley Nº19.507 que prorrogó hasta el 1º de febrero del año 2021 la custodia militar de los perímetros de seguridad carcelarios en el sur y este del país. Algo que colide con el mensaje que pretende darse, con la nueva denominación que se le da a las cárceles, Centros de Rehabilitación. Hay una contradicción muy fuerte entre el mensaje ambiguo que con este tipo de normas le da el Estado al sistema carcelario y las normas que le pusieron una denominación amigable a las cárceles. Ojalá empiecen a primar estas últimas pero los resultados por ahora no están a la vista.

Hugo Lemos

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La ley del Día del Futuro, una norma que impulsa la discusión de los temas que importan

El desarrollo sustentable del país también tiene su legislación, una que le da cabida y que hace que generemos un espacio de debate nacional. Más político y social que jurídico, pero lo importante de todo esto es que haya un día donde los temas se planteen y la sociedad busque lograr un resultado, eso ya es más que positivo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

“El Día del Futuro” fue creado por la ley Nº 19.509 que fue votada semanas atrás en el parlamento. Se trata de una iniciativa hecha ley, que ya fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, y que le da de manera expresa y declarativa, un impulso a la situaciones políticas, sociales y económicas del país, poniéndolas sobre el tapete.
En cuatro artículos la ley establece que “Se declara Día del Futuro el último lunes de setiembre de cada año”. El artículo siguiente sostiene que la Asamblea General realizará un informe en cada legislatura que se denominará “Informe sobre el Futuro” y que se enfocará en áreas como la sustentabilidad ambiental, las energías renovables, la democracia, la innovación, el desarrollo tecnológico, la educación y la demografía, entre otras.
Asimismo, el marco legal añade que “cada año la Asamblea General definirá un tema central y organizará actividades en el marco de la celebración del Día del Futuro, donde se presentarán las conclusiones correspondientes al tema elegido para ese año.
La norma finaliza estableciendo que la Asamblea General conforme una comisión relativa a la organización de las actividades previstas por dicha ley.
Si bien hablar del Día del Futuro, es algo atípico y más para una norma, es buena cosa que el parlamento todo, piense en dar junto a la sociedad la discusión de los temas que importan para tratar de generar conclusiones que después se conviertan en resultados positivos para la población.

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La legislación laboral uruguaya: ¿resiste más cambios?

Los contenidos de las leyes laborales que han sido aprobadas desde el año 2005 hasta la fecha, tienen un espíritu de conquista sindical que no quiere ver ni un ápice de retroceso. Es que esos movimientos sociales que han impulsado a

Hugo Lemos

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través de legisladores que llegaron al parlamento tras una carrera sindical de muchos años, leyes que tendieran a cambiar el mundo de las relaciones laborales, ahora defienden a ultranza lo conquistado y la reacción del gobierno uruguayo ante una nueva legislación en un país de referencia como lo es Brasil, pone los nervios de punta a unos cuantos.
Ayer, el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, exsindicalista de los trabajadores del BPS, se desmarcó fuertemente de una legislación como la brasileña que prevé profundos recortes a los logros conquistados por los trabajadores durante los años de gobierno del PT de Lula y Dilma.
En Uruguay, leyes como la de negociación colectiva, o la de protección de los derechos sindicales, han sido el germen de varias normas posteriores que tienen el mismo espíritu el de la defensa de los intereses colectivos. Pero ahora el sector empresarial contraataca y mira al norte como un ejemplo de recortar cuando las cosas no caminan. Habrá que ver si el modelo de legislación laboral de Uruguay es comparable con Brasil y si además resiste más cambios, esa sería la discusión que debe darse.

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Cambiaron las reglas, empeoraron los relacionamientos

El mundo de las relaciones laborales ha cambiado sustancialmente en los últimos 12 años. Desde que se conformó el nuevo escenario político hoy vigente, el parlamento ha elaborado leyes que han sido emblemáticas para “equilibrar la

Hugo Lemos

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balanza” y reposicionar a los trabajadores, trayendo del olvido a los Consejos de Salarios como herramienta básica de negociación y restaurándolos al principio con más fuerza que ahora.
Pero las leyes más emblemáticas que se han legislado, como el caso de la Nº 17.940 que promueve y protege la libertad sindical, no siempre se cumple y eso hace que haya problemas graves, porque el poder de los sindicatos puede generar conflictos duros y duraderos.
La clave está en saber hasta dónde equilibrar las negociaciones sin que una de las partes se vea perjudicada por los resultados de las mismas. El sector empresarial entiende que esa ley, es negativa para el relacionamiento con los empleados, porque los sindicatos tienden a querer incendiar la pradera y generar reclamaciones que terminan en conflictos que muchas veces los empleadores no pueden controlar, debido a que están legalmente incapacitados de tomar medidas sancionatorias o lisa y llanamente decretar un despido, como ocurrió antes de la existencia de esta ley, porque la norma impide el descabezamiento de la organización sindical en los lugares de trabajo y promueve la existencia de los mismos como ámbito representativo de los derechos de los trabajadores.
Todo esto, ha generado poder para los sindicatos y como consecuencia, encono para los empresarios, lo que ha precipitado una conflictividad sindical bastante compleja y es a la que estamos asistiendo en la actualidad, que ha llevado a que retrocedieran las conquistas sociales y a que la situación laboral hoy sea, atada siempre a las coyunturas económicas, mantener lo conseguido hasta ahora sin reclamar más, hasta que la situación mejore y el país muestre otros números.
Aunque esto signifique retroceso, porque los trabajadores siguen ganando en comparación con años anteriores el mismo sueldo y han tenido algunos ajustes en función de la inflación sin que eso signifique aumento. El derecho laboral prevé siempre negociación sin pérdida de derechos para los trabajadores a los que sigue exponiendo como la parte débil de la relación laboral, pero la legislación ha causado que muchas veces esa posición se transfiera y en este caso, sean los empleadores los que se sientan débiles ante el nuevo escenario jurídico, algo que para el juslaboralismo sigue siendo inadmisibile.

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Puede debilitarse el Estado de Derecho

El artículo 15 de la Rendición de Cuentas que suspende que habilita al Poder Ejecutivo a cometer un acto arbitrario de cumplir con las sentencias judiciales en el momento que este “pueda hacerlo”, sin especificar el aspecto temporal, genera una inapropiada y hasta irregular suspensión de los plazos para pagar las deudas que el Estado deba abonar por sentencia judicial firme y ejecutoriada.

Hugo Lemos

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La norma en cuestión señala que el Poder Ejecutivo queda “eximido de los plazos de cumplimiento” de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que “ello afecta la atención de los servicios a su cargo”.
Esta situación, que puede leerse con un facilismo político diciendo que los servicios esenciales que brinda el Estado no pueden ponerse en riesgo porque el dinero que exista para solventar sus costos, deban ir a manos de un particular que tiene a su favor una sentencia que ordena que le sea cumplido el pago de una suma determinada. Entonces se hablará del interés general sobre el particular y se pondrán argumentos que nada tienen que ver con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho.
Por lo tanto, esta situación dará lugar a la pérdida de garantías y a la supresión de derechos individuales en función de las necesidades económicas del Estado, que debe prever que el derecho a cobrar, sea tan importante como el de recibir los servicios estatales fundamentales.
Una norma no puede ser aprobada para inhabilitar principios del derecho tan esenciales como el cumplimiento del proceso, que se completa no solamente con la sentencia decretada y ya firme, sino con el cabal cumplimiento de lo que emana de ella. Me adhiero a quienes consideran que esta norma solamente dará lugar a una variada interpretación que terminará lesionando el interés particular de muchas personas que el derecho les asista a recibir un dinero del Estado.
Pero también la aprobación de este artículo 15 confirma que el Estado de Derecho se debilita con normas contrarias a derecho como estas, basadas en argumentos políticos, porque si lo político prima sobre lo jurídico, la democracia puede llegar a desvanecerse.

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La víctima en el proceso penal, doblemente víctima

La víctima es la figura más desamparada de todo el proceso penal. Y si bien el Estado puede llegar a resarcir el daño

Hugo Lemos

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causado en algunos casos puntuales y después de un largo proceso, no ocurre así en la mayoría de los hechos donde las víctimas que son el sujeto pasivo (y central diría yo) por excelencia del proceso penal, debido a que es sobre quien el ofensor comete el hecho delictivo y hace que el mismo se consume y por ende, que exista, deben soportar ser la cenicienta de los casos penales.
“A las víctimas hay que hacerles un monumento”, dijo una vez el entonces juez penal (hoy Ministro de un Tribunal de Apelaciones) Luis Charles, en un curso realizado en Montevideo en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya sobre el marco legal y el rol de los distintos actores en el proceso penal uruguayo, porque decía que las mismas encima de haber sido abusadas por un sujeto que quebrantó una norma contra ellas, deben comerse tremendos plantones en los juzgados para que alguien atienda sus reclamos y encima nadie pueda garantizarle que nada de lo que acaba de sufrir, no le vaya volver a ocurrir.
Las víctimas no son las que salen más que a hacer una denuncia, pero muchas veces ni siquiera se animan a ir a reconocer al posible autor del delito cuando los mismos son detenidos por la Policía y ellos son convocados a un juzgado, básicamente por el temor que sienten por lo ocurrido, algo que se llama daño psicológico y que el Estado no atiende en lo más mínimo, pero también porque temen ser reconocidas, y por sobre todas las cosas porque tienen mucho miedo de que como siempre sucede, su dedo acusador no sea “mérito suficiente” para dictar un procesamiento con prisión contra quien les hizo daño y el mismo tome revancha rato después de irse caminando de la puerta del juzgado.
Sin embargo, el nuevo Código del Proceso Penal, plantea un cambio de paradigma, una transformación cultural sin precedentes en nuestra sociedad para la cual, como es de estilo en todas las cosas que hace el Estado, no hay un plan B si falla, ni saben tampoco como implementarlo por lo tanto ya varios jueces y fiscales han dicho que el mismo fracasará. Se trata de enfrentar en una misma sala de audiencia y hasta en algunos casos con público incluido, a la víctima con el victimario. Algo que solo puede llegar a pasar en las películas y con mucho más cuidado de lo que encima se pretende hacer en la vida real.
Ese cambio cultural habla de exponer aún más a las víctimas y hacerlas sentirse doblemente vulneradas. Pretende que después de incinerarlos en una audiencia ante un juez, un fiscal, un abogado defensor y el público presente, la víctima salga caminando tranquila para su casa y el ofensor, si sale libre, vaya a buscarla nuevamente, o si va preso, espere el momento de hacerlo, cuando no pase que algún allegado a él tome represalias.
El espíritu de la norma es bueno y tiene las mejores intenciones, pero la realidad colide con todo esto y las transformaciones culturales deben cumplir un tiempo para poder cumplirse de lo contrario son nada sin resultado alguno. Como último dato, la llamada ley de humanización del sistema carcelario (una de las primeras pretendidas transformaciones de la izquierda) del año 2005, prevé la creación de un Centro de Atención a la Víctima del Delito. 12 años después en Uruguay no se ha creado ni uno solo.

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Ley de inclusión financiera aplaza entrada en vigencia de operaciones más complejas

La ley Nº19.210 de “inclusión financiera” para el gobierno o de “bancarización” para sus detractores, ha vuelto a aplazar algunas de las nuevas imposiciones en los sistemas de pagos, transacciones y transferencias por

Hugo Lemos

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enajenaciones, sobre todo las que implican un monto más elevado. El tema es que aún no está del todo claro cómo se van a producir los pagos que se pretenden por parte de los interesados y en ese aspecto, hay que barajar y dar de nuevo, antes de lanzar las cartas a la mesa y que los actores de esta película se arreglen como puedan.
En tanto que el capítulo más importante de esta ley, como es la obligación de que los asalariados públicos y privados, así como también ya lo hacen muchos jubilados y pensionistas, pasen a percibir sus haberes por medio del sistema de las tarjetas de débito emitidas por alguna institución bancaria con la cual firman un contrato de adhesión y generen ciertos derechos y obligaciones, se viene cumpliendo a cabalidad.
Pero el Estado entiende que para profundizar en el avance de la norma, que tantos años llevó aprobarla y tanto tiempo ponerla en práctica, aún debe esperar en los casos más importantes.
En ese aspecto, fue sancionada hace algunas semanas la Ley Nº19.506 la cual prorroga hasta el 1º de enero del 2018, la entrada en vigencia de los artículos 35 relativo a la Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos; 36 sobre Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto; el 40 referido a Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles y el 41 que establece Adquisiciones de vehículos motorizados. Las previsiones referidas a estas normas, comenzarán a regir a partir del 1º de enero del 2018 y lo previsto en estos artículos, entrarán en vigencia el 1º de enero del 2019, en ambos casos con la redacción dada por la ley 19.478 de enero del presente año.

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Pensiones Graciables en el Uruguay, mucho más que una moneda

La naturaleza jurídica de una pensión graciable es la de la benevolencia que pueda llegar a tener el cuerpo legislativo, del cual emane una ley que contemple estas situaciones. Un estudio de la Economista, Anna Caristo y Licenciada en Trabajo Social, Inés Núñez sostiene que la pensión graciable es un beneficio que se establece en la Constitución de la República y la otorga el Poder Legislativo a ciudadanos destacados y a sus familiares directos que carezcan de

Hugo Lemos

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recursos suficientes.
En la actual Constitución de 1967 (con enmiendas aprobadas por los Plebiscitos del 26/11/89, 27/11/94 y 08/12/96), en la Sección V “Del Poder Legislativo”, Capítulo I, artículo 85, numeral 13, se establece la misma redacción dada en la constitución de 1830.
Por otra parte, en la Sección VI referida a “De las Sesiones de la Asamblea General, Disposiciones Comunes a ambas cámaras. De la Comisión Permanente”, en el Capítulo II, artículo 111 se establece: “Las pensiones graciables serán resueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara. Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto para los casos de venias y designaciones”.
Como bien señalan las autoras de la investigación: la intención al conceder una pensión graciable es realizar un reconocimiento a uruguayos destacados a través de una recompensa monetaria vitalicia o a sus familiares directos en situación de carencia de recursos.
Para recibir este tipo de pensiones, las personas deben haber prestado “grandes servicios a la República”, o haberse destacado en el arte, la cultura, los deportes o las actividades científicas, o ser familiares directos de éstos y encontrarse en situación de “notoria necesidad económica”.
Hay varios casos que son ejemplo de esto, uno de ellos es el del capitán de la selección uruguaya de fútbol de 1950 que conquistó la copa del Mundo con el mítico Maracanazo, Obdulio Varela, quien al pasar sus últimos años en la indigencia, se le concedió una pensión graciable para que pudiera vivir sus últimos años con mayor dignidad. Las pensiones graciables a diferencia de las que deben servirse por razón de pasividad o por ser un deber inherente a la Patria Potestad, se otorgan por la benevolencia del Estado hacia la condición de una persona que habiendo tenido un destaque en su vida por su vida, arte o profesión, se les concede a modo de reconocimiento.

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El trabajador debe probar las causales en el despido indirecto

El despido indirecto es una modalidad de cese unilateral de la relación laboral, que se da por parte del empleado. Según un trabajo del estudio jurídico Díaz y Rosas, los Tribunales de Apelaciones de Trabajo (T.A.T.) entienden que “En el despido indirecto el empleado se ve constreñido a rescindir el contrato de trabajo en virtud del

Hugo Lemos

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comportamiento del empleador que ha hecho imposible la continuación de la relación de empleo, aclarando que la resolución ocurre por culpa del empleador, tal como si fuera él quien disolviese el contrato. En base a esta construcción, el derecho del trabajo, atribuye al empleado el derecho a reclamar la misma indemnización a la que tendría derecho si fuera despedido injustamente”. (T.A.T. 2º T.; Nº 389/2002 caso Nº 259 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2002 y T.A.T. 3º T.; Nº 380/2011; Fecha: 29/VII/2011. Publicado en: LJU 145, 74 Cita online: UY/JUR/778/2011, entre otras).
En estos casos, es el trabajador quien debe notificar de forma fehaciente a la empresa de su decisión de considerarse indirectamente despedido, puede ser mediante telegrama colacionado, nota con acuse de recibo o por la citación a Ministerio de Trabajo indicando la causa del despido indirecto. Por lo cual, el trabajador que abandona sin justa causa el trabajo, o que expresa su renuncia y documenta la misma por escrito, no puede luego reclamar despido indirecto.
El trabajador al considerarse despedido notifica al empleador y toma la decisión de dejar de concurrir al trabajo, por tanto, no procede la intimación a reintegrarse al trabajo por parte del empleador.
Las condiciones que llevan al despido indirecto deben ser probadas por el trabajador (art. 139 C.G.P.), por tanto si por ejemplo el trabajador argumenta falta de pago de rubros salariales deberá demostrar de alguna forma que no se le abonaban dichos rubros.
El maestro laboralista Américo Plá Rodríguez sostuvo que el despido indirecto “es un acto rescisorio que pone fin a la relación laboral por decisión unilateral del trabajador basadas en que con sus actos u omisiones el empleador ha hecho imposible la prosecución del contrato de trabajo”. Los elementos componentes del despido indirecto son: a) el incumplimiento del empleador; b) decisión del trabajador y c) retiro del trabajador de la empresa.
Estas son solo algunas de las actitudes del empleador que pueden motivar un despido abusivo:
·Ius variandi abusivo (El empleador varía de forma abusiva las condiciones laborales de forma tal que perjudica al trabajador, debe considerarse despedido inmediatamente de producida la variación). ·No pago de rubros salariales en debida forma (horas extras, descansos, licencias, etc.).
·Rebaja salarial de forma grave e injustificada. ·Reubicación del lugar de trabajo que ocasione un perjuicio al trabajador (ejemplo de la mudanza de una planta industrial de la capital a otro departamento). ·En casos de acoso sexual expresamente art. 11 Ley 18561. ·En casos de acoso moral en los que sea imposible seguir trabajando para el empleador.

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Entre la recolección de datos y los medios de prueba

El nuevo Código del Proceso Penal, que tantos cambios prevé con el espíritu de mejorar el procedimiento judicial que actualmente vulnera por su forma los derechos humanos de las personas sometidas al mismo, invoca mucha confusión en quienes deben ser los principales hacedores de que la cosa ande, los Policías.
En una jornada realizada el pasado lunes en Salto, con el fin de hacer una puesta a punto de los funcionarios policiales sobre el asunto, uno de los temas en los que más se hizo énfasis fue en la recopilación de evidencia, una v

Hugo Lemos

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ez que ocurre un hecho delictivo.
Es que los funcionarios policiales deberán ser los encargados en este caso de asistir en primer lugar al fiscal que manejará la investigación, recogiendo evidencia, que son elementos que acercan datos sobre el caso a las autoridades. La evidencia no constituye un medio de prueba, que puede ser diligenciado en el proceso, sino que se trata de recopilación de información para ser entregada a las autoridades.
Y en el caso de que la misma sirva como tal, deberá profundizarse en situación con el fin de que una vez materializada, contextualizada y extendida pueda ser presentada como medio probatorio en el juicio por parte del fiscal, que será en este caso el actor que tutela los derechos de la víctima frente al Estado.
En ese aspecto, si el rol de la Policía ya era importante, ahora será doblemente relevante y comprometido, ya que la capacidad de trabajo que tengan en la recopilación de datos para que la misma sea destinada a generar una investigación con resultados positivos sobre un hecho delictivo, será fundamental para que el fiscal pueda generar elementos probatorios consistentes que consigan el resultado querido.
Así que ahora más que nunca se reforzará la tarea auxiliar de la justicia que tiene la Policía en todos sus aspectos.

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La esencialidad debe tener asidero jurídico

El criterio para decretar la esencialidad de un servicio público debe tener una base jurídica y no política. Sin embargo, es desde el propio Poder Ejecutivo que se viene dando una mala señal al respecto, cada vez que el gobierno decide

Hugo Lemos

Hugo Lemos

decretar la “esencialidad” en servicios donde la población puede prescindir, para su vida cotidiana de los mismos, ya que en caso de que no funcionen su vida, integridad física o seguridad no corre riesgo alguno.
A ver si nos entendemos, la esencialidad de los servicios públicos se basa en los casos en que la interrupción de un servicio pueda afectar la vida en plenitud de una persona, vulnerando los más elementales derechos humanos de una persona, ya sea por el cumplimiento de una huelga o por otro motivo que se termine afectando al mismo servicio.
En el caso de las distintas situaciones que se han visto interrumpidas, por motivos de una huelga declarada por el conjunto de los trabajadores que tienen como cometido esencial de su función, cumplir con el mismo, hay que ver si esa interrupción que realizan en el marco de su legítimo derecho, afecta o vulnera un derecho humano. El derecho a la huelga tiene rango constitucional, pero en el caso de que afecte la vida, la seguridad o la salud de las personas, puede darse el decreto de esencialidad. Son cuestionados los derechos derivados de los mismos, como en el último caso, donde el presidente manifestó públicamente que no quería “que haya gente sin supergas y no pueda calentarse y ver afectada su salud por el frío” y en base a ese derecho, que puede llegar a tener fundamento jurídico, pero que de igual requiere de análisis, el derecho a la huelga por más rango constitucional que tenga colide con estos casos, y la esencialidad tiene asidero. Pero es bueno, que cuando se hable de esencialidad, la razones para decretarlo sean jurídicas y no políticas, sino se termina desvirtuando el Derecho como ciencia, en función de políticas que pueden carecer de contenido.

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Tendrían que dejarlo vigente

El delito de abuso de funciones deja en una línea muy delgada la actuación de todo funcionario público y eso en cierta medida, puede generar medidas abusivas contra el propio trabajador que, en procura de no quebrantar la ley puede atenerse a los reglamentos y actuar en función de estos y siendo piedeletristas seguramente gestionará menos y

Hugo Lemos

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podrá hacer que las cosas no funcionen como deberían, pero seguramente no violará la ley.
Ese es el espíritu con el que fue creado este delito, que busca en definitivo que el mismo sea una garantía para los gobernados en un sistema democrático, donde la población le da a través del voto la confianza a un grupo de ciudadanos para que sean los administradores de los bienes públicos y si se pasan de la raya, acá está la penitencia.
Sin embargo, en el nombre de dicho delito también pudieron, como en algunos casos recientemente comprobados, cometerse algunas injusticias. Uno de los casos, es el que ocurrió con el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, que terminó siendo absuelto tras haber estado dos meses en prisión, por permitir empadronamientos fuera de plazo.
Sin embargo, no le queda bien al gobierno ahora suprimir ese instituto legal, porque en cierta medida apunta a ser una cortapisa a la corrupción. Y cuando se es gobierno y se pregona que hay transparencia no se puede tratar de suprimir sin subrogarlo por una solución más acabada, un delito que más allá de su dualidad en algunos aspectos normativos, es una garantía que tiene el pueblo para poder denunciar a sus gobernantes. Sobre todo si encima hay dos exjerarcas del gobierno actual juzgados por ese delito y cuyo juicio aún no culminó. Al menos esperen que termine.
El delito mencionado está estipulado en el artículo 162 del Código Penal y establece que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”. Al menos por decoro, tendrían que dejarlo vigente.

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Derechos Humanos son los del presente

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por su condición de tales, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están garantizados en nuestra Constitución de la República y a contemplados en las leyes que garantizan el cumplimiento de los tratados internacionales a los que se adhirió nuestro país, sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con fundamentalmente con el Pacto de San José de Costa Rica.
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
Pues bien, en nuestro país los derechos humanos son aquellos que deben cumplirse respetando la libertad, garantizando la seguridad, el trabajo, la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, a la vida digna de las personas, brindándoles un sistema de administración de justicia que sea confiable y que garantice las condiciones de vida digna de los seres humanos.
Sin embargo, en Uruguay cada vez que se habla de derechos humanos, se remite a lo que pasó en la dictadura cívico militar que empezó en 1973 y culminó en 1985. Y esto, si bien es algo que comparto que debe tenerse en cuenta porque la historia debe saberse, no en forma hemipléjica como se trata de enseñar, sino diciendo la verdad de los dos lados, pero en fin, los derechos humanos abarcan toda la actividad humana del presente y también del futuro, no solo del pasado, porque en nuestro país hablar de derechos humanos es remitirse a deudas del pasado.
Empero, los derechos humanos se violan todos los días en el presente. Se violan cuando ha niños en las cárceles, cuando hay menores a los que los tienen presos en sistemas que los marginarán el resto de sus vidas, se violan cuando muchísima gente revolviendo tachos d basura para poder comer y gente que no tiene trabajo y la condenan a un merendero, se violan cuando hay gente sin acceso a la educación y a la salud, se violan cuando no les permiten conseguir resultados por efecto de la burocracia en una oficina pública; y de nada de eso se habla.
Sino que en este mes, solo se recuerda el Golpe de Estado de 1973 y de la actualidad no se habla. Me gustaría que las autoridades hicieran una mirada introspectiva hacia el presente. Y trabajaran duramente para proteger los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes que han sido probadas y que se suscriben a los pactos internacionales, para garantizar los derechos de todos, que no son otros que los derechos humanos.

HUGO LEMOS

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Ley 19.335 modificó la ley registral en varios artículos

La ley de Presupuesto Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 modificó importantes disposiciones de la ley registral Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, las cuales transcribimos a continuación. Destacamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la nueva ley, las modificaciones aprobadas, rigen para los documentos presentados a inscribir y certificados expedidos a partir del 4 de enero de 2016.
MODIFICACIONES INCORPORADAS
La Ley Nº19.355 establece que el artículo 433.- Incorpórase al artículo 41 de la ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, como inciso segundo, el siguiente: “Los mandantes o poderdantes, podrán revocar en forma genérica, total o parcialmente, los mandatos y poderes que hubieren otorgado, sin que deban especificar los detalles de los poderes que pretenden revocar. La misma circunstancia será aplicable a los apoderados o mandatarios que pretendan renunciar a poderes que les hubieran conferido”.
El artículo 434 sustituye el inciso primero del artículo 64 de la ley Nº 16.871 por el siguiente: “Artículo 64, el registrador calificará bajo su responsabilidad si el documento presentado a inscribir, en su totalidad, reúne las condiciones impuestas por la presente ley y demás leyes y reglamentos aplicables. Dicha calificación se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al día en que se haga efectivo el pago de la tasa registral, en los casos en que legalmente corresponda”.
En el caso del artículo 435, agrega al numeral 4) del artículo 65 de la ley registral el siguiente inciso: “La falta de pago de la tasa registral de inscripción, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, a contar del siguiente a la fecha de presentación al Registro del documento inscribible, determinará el rechazo del trámite presentado. La calificación establecida en la legislación vigente, correrá a partir del día inmediato siguiente a la fecha de pago de la tasa respectiva”.
Mientras que el artículo 436 sustituye el acápite del artículo 74 de la ley de registros en la redacción dada por el artículo 259 de la ley Nº 17.930 por el siguiente: “artículo 74: La Dirección General de Registros expedirá certificaciones de la información registral”. Incorpórase como último inciso, del mismo artículo, el siguiente: “El Director General de Registros, por resolución fundada, establecerá los criterios para determinar los funcionarios autorizados a los efectos, indicados en este artículo”.

HUGO LEMOS

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Que sea de lealtad al justiciable

La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se ha visto aplazada una vez más. Cuando estaba todo pronto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteó la incongruencia de los principios que pensaban aplicarse si el nuevo

Hugo Lemos

Hugo Lemos

proceso comenzaba a ejecutarse según lo previsto en la ley.
Pero el tema trasciende ese aspecto, sino que se trata de una forma de generar nuevas resistencias a formas de acelerar los procedimientos penales en contra de personas a las que con el actual sistema se les están quitando garantías esenciales en un estado derecho, como el principio de presunción de inocencia.
El tema da para abundar mucho más y en realidad podrán ser solamente conjeturas las que pueden formularse en torno a por qué realmente el nuevo CPP no entrará a regir tal como estaba previsto en julio. Sin embargo, más allá de los corporativismos entre jueces y fiscales, abogados y otros operadores del sistema que puedan suscitarse para ver cómo se benefician con los planteos legales que hace el nuevo Código es importante que haya un compromiso de lealtad al justiciable, para que los nuevos procedimientos sean para beneficiar a la gente y respetar sus derechos, y no otra cosa.

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Más juzgados penales son necesarios

Ya era hora. El anuncio que formuló días pasados en oportunidad de participar de su última visita anual de cárceles como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien por razones de edad se jubiló este lunes 15 de mayo, acerca de que la máxima corporación de justicia analiza la inminente creación de dos juzgados penales más para Salto, es sin dudas, una buena noticia.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Es que los casos que se presentan en las dos sedes judiciales penales que hay en Salto, colman en su totalidad la actividad que tienen ambos magistrados y además se ven absorbidos por los casos nuevos que ingresan a diario, los que detienen en buena medida los que ya están en trámite.
Esto es algo que puede suponer problemas no solo para el encausado, que puede ver demorada la resolución de su causa, sino también para los jueces y fiscales que deben cumplir las actuaciones dentro de plazos razonables para cumplir así con el principio de celeridad del proceso y además para generar condiciones de reclusión adecuadas, para quienes estén pasando por esa situación.
La creación de dos juzgados facilitará la mejor distribución de las causas que surjan de las denuncias que se presenten, para su tratamiento, dilucidación y resolución. Lo cual si bien supone una importante inversión de recursos humanos, materiales y económicos de parte del Poder Judicial, se hace impostergable para el cumplimiento adecuado de los tiempos de reclusión lo que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos tanto del ofendido (denunciante en este caso) como del ofensor (acusado).
Si bien no hay una fecha cierta todavía y a esto hay que sumarle la salida de Pérez Manrique como ministro de la Suprema Corte de Justicia lo que supone uno menos para sumar acuerdos, es importante que la creación de esos dos juzgados se concrete pronto.

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La visita de cárceles, una instancia única

Las visitas anuales que realiza la Suprema Corte de Justicia son una instancia judicial única en el año que tiene un procesado con ciertos requisitos, para poder obtener su libertad por lo que se denomina el instituto de la Gracia,potestad que solamente tienen los ministros de la Corte dentro del ámbito de competencias de los magistrados en el sistema judicial uruguayo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Cuando un recluso, que cumple con las condiciones que establece en forma preceptiva una Acordada (resolución que emana del Acuerdo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia) dictada para este asunto, se inscribe ante el director del establecimiento, el mismo eleva la lista al juzgado en el que se encuentra su causa y el magistrado competente lo habilita para presentarse, con defensa legal como requisito, para exponer su situación ante los magistrados y ganar la benevolencia de los mismos.
En muchos casos los propios ministros se niegan a conceder este beneficio a los internos por entender que carecen de las condiciones adecuadas como para pedir la libertad, ya que o en muchos casos tienen antecedentes específicos (es decir por el mismo delito) o no se encuentran en las condiciones adecuadas como para integrarse a la sociedad, debido al tiempo que pasaron en prisión.
Pero una vez liberados, la situación del procesado es de estricta vigilancia judicial, donde al menos en principio el encausado queda a disposición del juez de turno, denunciando su domicilio y notificando al juez en caso de cambiar de residencia. Deberá mantener una conducta intachable y demostrar que si está afuera puede no violar las leyes ni causar daño alguno hasta se cumpla en el juzgado la pena que le fue impuesta.
Los reclusos esperan con ansias este momento porque es la oportunidad en que se juegan volver a ser libres, aunque es valioso saber que también en ese lugar también se pudo haber aprendido varias cosas.

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La rapiña, el delito más frecuente

El Ministerio del Interior volvió a anunciar ayer que bajaron las rapiñas en todo el país un 9%. Esto surge de los datos con los que cuenta la secretaría de Estado y quiere en cierta medida generar una sensación de que las cosas van

Hugo Lemos

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mejorando. Sin embargo, el delito de rapiña parece ser el más frecuente, porque el solo hecho de que se consume el mismo hasta para sacarle un par de championes a alguien, deja por lo menos en duda lo que dijo ayer el ministro Bonomi.
Pero para eso vamos a ver qué es el delito de rapiña. El mismo está establecido en el artículo 344 del Código Penal y dice que: “El que, con violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndola a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con cuatro a dieciséis años de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que, después de consumada la sustracción, empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o procurarle a un tercero la impunidad”.
Esto quiere decir que cualquier robo donde mediare violencia para poder cometerlo, ya puede llegar a ser considerado una rapiña. Pero los informes policiales, cuando pasan estas cosas, siguen siendo evaluados y documentados como Hurto. Esto ayuda a que al final del día, cuando se hacen las cuentas y se pase raya, el delito de rapiña “haya bajado”.

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La Semana de Turismo, vacaciones fuera de la Feria

Como Uruguay es un país laico, la celebración religiosa de la Semana Santa que da origen a este asueto se transforma en nuestro país en la Semana de Turismo, donde a través del Estado se promueve este asueto para generar ademásuna extensión de lo que fue la temporada estival que terminó con la semana de carnaval, este año en los primeros días del mes de marzo.

Hugo Lemos

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Al ser la Semana de Turismo, una época de asueto para la administraciones centrales y departamentales, así como también para el sistema educativo en su conjunto, el Poder Judicial suspende por fuera de los dos regímenes de vacancia legal ya fijados por las disposiciones internas, como lo son las ferias judiciales Mayor (entre el 24 de diciembre al 31 de enero) y Menor (del 1º al 15 de julio) otras épocas específicas en la que los juzgados no funcionan y en ese caso, no se computan los plazos perentorios establecidos en el Código General del Proceso.
En este caso la Semana de Turismo, es parte de ese elenco de días feriados en el año en los cuales no se cuentan sus días dentro de los plazos que se tienen para cualquier providencia, resolución o plazo hábil para presentar demandas, pruebas, apelaciones etc.
La Semana de Turismo, que no está específicamente establecida en los complejos normativos sobre el asunto, se suma a la vacancia judicial y no es precisamente un feriado cualquiera, ya que toda la semana debe quedar afuera a la hora de que desde el despacho judicial se quieran contar los días para la conformidad de los plazos establecidos para cualquier acto jurídico.
Aunque no todas son vacaciones, ya que en esta tradicional semana funcionan como no puede ser de otra manera los juzgados penales, ya que cuentan con plazos constitucionales para tener detenida a una persona y en ese caso, el magistrado debe resolver el hecho. Así como también los juzgados de Violencia Doméstica que están a la orden del día siempre y cuando el caso así lo amerite.
En ambos casos, tanto en materia Penal como el Violencia Doméstica, los hechos son tomados en cuenta sea el día que fuere.
Por lo tanto la semana que transcurre alcanza a que los funcionarios judiciales en su mayoría puedan salir de vacaciones, los jueces airear sus mentes y los operadores del sistema sepan que nadie les está contando el plazo, sea esto lo que signifique para cada uno.

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Un abuso de delito

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Hugo Lemos

Artículo 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).
El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables). Esto es lo que establece el Código penal uruguayo respecto a un delito que es residual y arbitrario, porque no describe una conducta penal establecida dentro del tipo penal. Es decir, no está tipificado un acto específico que pueda generar un daño hacia la administración por parte de un funcionario público, pero como tiene apariencia irregular porque sus efectos pueden llegar a ser lesivos en cierta medida, entonces la política legislativa encontró una manera de meter todo dentro de la misma bolsa y tipificar delito. Pero esto, que ya ha generado famosos procesamientos, como el del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por habilitar un préstamo a una empresa fantasma que se iba a hacer de los aviones de la exPluna, pero como el delito de haber habilitado sin los fundamentos suficientes no era delito, la decisión fue considerada “abuso de funciones” y fueron procesados. El tema es que este delito está en plena discusión del parlamento para ser derogado, porque no ofrece garantías sino que genera dudas. Entonces en caso de ser derogado, todos los que estén procesados por esta causa quedarán sobreseídos, debido a que si se extingue el delito, debe extinguirse la pena. Por el principio de que no hay delito sin ley que lo establezca. Me queda una sola reflexión, dan marcha atrás porque se dieron cuenta que ese delito era un abuso. Como Uruguay, no hay.

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Existe una ley para controlar la tenencia y porte de armas, pero el problema pasa por las que no están registradas

La tenencia y porte de armas sin la autorización correspondiente por parte de las autoridades nacionales, es un delito. Aunque en ese aspecto, la pregunta surge. En estas épocas donde campea el temor por la situación de inseguridad que vive el país, y sobre todo Salto a la luz de los últimos episodios de violencia ¿cuántos están cometiendo este delito? ¿Cuántos tienen un arma en su casa sin haberla declarado?

Hugo Lemos

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Seguramente mucha gente cuenta con un arma de fuego en su poder con el fin de sentirse seguros y argumentan la defensa propia, muchas veces sin saber que con esa actitud se están poniendo en riesgo ellos y también exponen a su entorno, algo que debe ser debatido por la sociedad que por estas horas, con el problema creciente de la delincuencia, le pide protección a gritos al Estado.
Pero existe una ley que regula todo el tema referido a la tenencia y porte de armas.
Se trata de la ley 19.247, la que establece desde su primer artículo que está prohibida la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados “que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos”, según corresponda.
Y señala que será el Poder Ejecutivo el que establecerá qué requisitos deberán cumplir para autorizar a la gente a la tenencia y porte de armas de fuego, así como también a contar con municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Además la ley prevé que en caso de que haya incumplimientos en los procedimientos estipulados por la normativa de marras, las armas de fuego, las municiones, los explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados, “serán incautados sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes”.
Asimismo las armas cuyos titulares sean procesados por delitos cometidos con violencia, serán incautadas. En cuanto a las ventas de armas, hay un capítulo que regula específicamente este tema, con requisitos, datos registrales, autorizaciones legales con pruebas que deben pasar por los Ministerios de Interior y Defensa.
En tanto que el artículo 7º, habilita la destrucción de las armas de fuego, cuando una vez transcurridos seis meses de haber sido recibidas las armas de fuego, los accesorios, las municiones o los explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido incautados, decomisados o entregados voluntariamente, los mismos serán destruidos.
Este control de armas debería hacerse más seguido, porque las armas que están inscriptas y reglamentadas no son el problema, sino las que están por fuera del sistema de registro, las cuales caen por lo general en manos de delincuentes.

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El proceso concursal ¿puede pedirlo cualquiera?

Ante la situación generada por el controvertido caso del Cambio Nelson, donde su propietario, el prófugo de la justicia uruguaya, Francisco Sanabria, solicitó acogerse a un proceso concursal para poder hacer frente al pago de sus deudas, damos a conocer la ley Nº 18.387 que regula este proceso, en un informe realizado por los abogados Alejandro Miller, Carlos Brandes y Nicolás Pallas del estudio Guyer & Regules, denominado “Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial”.
La Ley deroga las disposiciones del Código de Comercio que regulaban el concordato y la quiebra, así como las leyes especiales dictadas con posterioridad. Se sugiere leer el texto completo de la ley.
La ley premia al acreedor quirografario (que es aquel que no tiene una garantía real de pago) que solicite el concurso, privilegiando el 50% de su crédito (que dejará de ser quirografario por ese porcentaje), con un tope del 10% de la masa pasiva.
Se regula el convenio (antes denominado concordato) que el deudor puede alcanzar con sus acreedores de una forma más flexible que en el régimen anterior, permitiendo que el deudor alcance un acuerdo sin quitas ni esperas obligatorias, permitiendo un amplio campo para negociar una salida entre empresarios.
Se prevé la venta en bloque de la empresa, y que quien la compre no sea considerada una empresa sucesora de la anterior (no hay solidaridad tributaria, laboral, ni ninguna otra). Asimismo, se prevé la posibilidad de que cooperativas o sociedades comerciales de trabajadores puedan adquirir la empresa con sus créditos laborales impagos.
La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial que se encuentre en estado de insolvencia, es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones. La Ley no exige la pluralidad de acreedores para que se declare el concurso.
Esta declaración de concurso abarca tanto a deudores personas físicas que realicen actividad empresaria, así como también a personas jurídicas civiles o comerciales. Se considera “actividad empresaria” a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

HUGO LEMOS

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La Policía no puede limitar el trabajo de los periodistas

Hay una situación que lamentablemente se repite y es el abuso de autoridad que demuestran los funcionarios policiales frente al trabajo periodístico. Es algo que se reiterado en el tiempo y que genera malestar de parte de los trabajadores de la prensa cuando están cumpliendo con su función de informar, algo que debería ser salvaguardado por los funcionarios cuya misión es hacer cumplir la ley y ellos con esos actos, insisten en violarla.

Hugo Lemos

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Cada vez que hay un hecho que amerita la cobertura periodística, ha pasado que los policías, que se supone deben saber cómo ampara la ley el trabajo de los periodistas, tratan de limitar en forma desmedida con amenazas y malos tratos la tarea que debe cumplirse, porque el rol del periodista no es otro que informar a la población, haciendo cumplir así uno de los derechos humanos más elementales de todo sistema democrático que es el derecho a la información pública.
Días pasados un reportero gráfico de este diario volvió a pasar por esa situación. Cuando estaba sacando fotos de un episodio donde un efectivo policial falleció en el cumplimiento del deber, fue instigado por una funcionaria policial quien con amenazas violentó al periodista a no tomar fotos del episodio, amenazando con detenerlo e incautarle la cámara.
La conducta de esa agente policial importa y mucho. No solo porque con su accionar está violando varios derechos constitucionales, como el establecido en el artículo 7º que ampara el derecho a la libertad y al trabajo, o el artículo 10 que dice que lo que no está prohibido, está permitido y en ese sentido cualquiera (no es necesario ser periodista) puede tomar fotos de un episodio ocurrido en un espacio público. O el artículo 29 de la Constitución que ampara la libertad de prensa y de expresión, o el 332 de la Carta Magna que habla en igual sentido de todos los expresados.
Esa funcionaria policial, cuando quiso privar del trabajo al periodista, también vulneró la ley Nº18.335 que refiere al Procedimiento Policial, donde en ningún momento se establece ponerle cortapisas a los trabajadores de la prensa cuando concurren a realizar la cobertura de un episodio de violencia y mucho menos se les dice a los funcionarios que deben amenazar a los fotógrafos.
Cabe mencionar estas cosas en aras del respeto a las leyes vigentes que amparan el derecho de los periodistas a hacer su trabajo, en función de la transparencia y de su deber de informar a la población. Porque una sociedad democrática se mide en virtud de su libertad de prensa y si la misma es menoscabada por la Policía, que es el brazo coercitivo del Estado, la democracia pierde su valor, hasta en estos actos mínimos, aunque no parezca.

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El Femicidio viola el principio de igualdad, pero…

El artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley y que la única diferencia que tenemos los orientales debe ser por nuestros talentos y virtudes. Ese principio constitucional es sagrado para

Hugo Lemos

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garantizar la libertad y la responsabilidad de las personas. La libertad porque todos somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos, y la responsabilidad que conlleva esa igualdad es saber actuar conforme a derecho y en caso que no lo hagamos seremos castigados por haber hecho mal las cosas.
Por eso cuando el legislador impulsa un proyecto de ley, lo primero que debe tener en cuenta es que todos somos iguales y que no se pueden hacer leyes diferentes para los distintos colectivos sociales que coexistimos en una misma sociedad, por el hecho de que cada uno sería de una forma y tendría determinados derechos, y eso nos separaría aún más.
Yo creo que en este país hay varias leyes que se han sancionado en los últimos tiempos que son violatorias de este principio. Como por ejemplo, las leyes de cuotas. No debe haber cuotas si somos todos iguales ante la ley. No puede ser que una persona por tener una condición determinada, pueda acceder en forma directa a un cargo público y las demás, deban competir entre sí, porque no tienen esa condición. Eso es groseramente discriminatorio y violatorio del precepto constitucional de marras.
Pero también es violatorio del principio de igualdad el proyecto de ley de femicidio. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer tienen el mismo derecho ante la ley, porque el artículo 8º de la Constitución así lo establece. El principio de igualdad nos pone a la misma altura. Así que si matan a un hombre o a una mujer, el delito es el del homicidio que está tipificado en el artículo 310 del Código Penal, que dice que “el que con intención de matar diere muerte a otra persona, será castigado…” y establece las penas.
Y señala el mismo texto normativo en los artículos siguientes los distintos agravantes, como por ejemplo si un hombre mata a una mujer por su condición de mujer, de esposa, de madre, de amante o de lo que fuere, pesa el hecho de la relación de conocimiento que ambos tenían y por lo tanto la intencionalidad bajo premeditación juegan un rol importante para cargarle al delito un agravante muy especial.
Ahora bien, que el agravante sea que la persona ultimada sea una mujer y que ese mismo agravante no opere en el caso de los hombres, que muchas veces los matan por resistirse a un asalto y hacer uso de su fuerza, y en ese caso solamente se le tipifique a su matador, un delito de homicidio, es violatorio del principio de igualdad. Y un delito que vulnere un precepto constitucional debe ser declarado inconstitucional y por lo tanto el proyecto debería naufragar en el parlamento, porque de lo contrario estaremos dándole una mala señal a la sociedad.
PERO…
Ahora viene el pero. Lamentablemente hay una ley no escrita que ha estado en manos de los hombres con minúscula, que creen que su condición les permite ejercer maltrato, acoso y abuso, por lo que cometen a diario crímenes alevosos como el caso de la joven Valeria Sosa ocurrido en Montevideo delante de sus hijos, y otros hechos más que empañan la condición de persona de algunos despreciables seres vivos.
Sin embargo, esa ley no escrita es parte de una cultura que está haciendo que el principio de igualdad no se cumpla, que haya personas desprotegidas por el sistema y que por lo tanto se quiebre su derecho a la igualdad ante la ley, ya que su reclamo no llega con la misma fuerza y su posición social se desmorona.
Pero dar una señal más fuerte desde determinados sectores de la sociedad como el de la mujeres, que son la mayoría de nuestra población, para que los hombres se vean amedrentados por la creación de un nuevo delito, es poco probable que de resultados, porque es difícil que un sujeto de estos contenga su impulso asesino. Tan poco probable como que una mayor severidad en la pena que depare un mayor tiempo en prisión, sean castigo suficiente para un imbécil de estos.

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El Estado solamente brinda garantías

Escuchando una declaración de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay donde se manifiestan en contra del mundo de las relaciones laborales actuales y se oponen a la injerencia del Estado y a los privilegios de los que acusan a los sindicatos, exigiendo la salida del Ministerio de Trabajo de las negociaciones para que las mismas se vuelvan bipartitas, generó que la situación de tensión que se respira en ese ámbito se vuelva aún más espesa y los conflictos estén a la orden del día.

Hugo Lemos

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La ley de Negociación Colectiva Nº18.566 plantea en su articulado la intención de que el Estado sea garantista de los derechos de ambas partes y que en ese sentido colabore en la disposición de un acuerdo entre las partes.
Empero, en nada colaboran solicitando la reducción de derechos de los trabajadores y cuestionando el rol del Estado, ya que ese tipo de manifestación aviva el fuego y genera rispideces con el colectivo de los trabajadores que ven a la presencia estatal, como una garantía.
Pero volviendo a la tutela estatal en el mundo de las relaciones laborales, el Artículo 5º de la mencionada Ley de Negociación Colectiva, establece la “colaboración y consulta”. Y dice que “La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida”.
“Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular: A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.
B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses. ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales. Iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social”.
Tal como lo dice la ley, el Estado está para colaborar y garantizar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, el planteo de las cámaras de quitar garantías en la negociación y la colaboración estatal, que siempre ha apoyado laudos que se limitan a empatar la inflación, solo puede generar más problemas y menos soluciones. Porque en este caso el Estado se vuelve garantía y eso hasta a las empresas les sirve.

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Ley de inclusión financiera establece modificaciones para los pagos y pide definición de dinero electrónico

La ley de bancarización o de inclusión financiera como le gusta decir al gobierno, ha sido motivo en diciembre último de fuertes debates para extender los plazos para la vigencia de los postulados que pretende la norma. Algunos de ellos como el pago de salarios a dependientes, hasta pasividades y prestaciones alimentarias, entraron en debate por

Hugo Lemos

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desconocer en principio qué se entendía por dinero electrónico y cuáles podían ser los medios adecuados para recibir el beneficio.
La discusión quedó zanjada y en los próximos meses se verán los efectos de la obligatoriedad de la norma. Mientras tanto, un estudio pormenorizado de la norma, realizado por profesionales del estudio Guyer & Regules comentan algunos aspectos interesantes de esta norma y los cuales damos a conocer en esta entrega de nuestra sección semanal.
LA LEY
La ley de inclusión financiera (No. 19.210) y su decreto reglamentario (No. 263/015) han introducido modificaciones en la forma en que los empleados deben percibir sus remuneraciones en dinero y el beneficio de alimentación, y han contribuido a facilitar el acceso de los trabajadores al sistema financiero.
¿Cómo se deben abonar las remuneraciones en dinero?
Todas las remuneraciones en dinero que se abonen al empleado se deben efectuar a través de transferencias bancarias en instituciones de intermediación financiera o mediante instrumentos de dinero electrónico en red de pagos y cobranzas que ofrezcan el servicio.
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera tendrán asociada una tarjeta de débito, que habilitará al empleado a efectuar retiros de dinero en efectivo, transferencias y pagos electrónicos.
La normativa prevé una excepción: aquel empleado que actualmente no cobre su sueldo en un banco o en una red de pagos y cobranzas, puede mantener su actual sistema de cobro con fecha tope hasta el 30 de abril del año 2017, siempre que lo acuerde por escrito con su empleador. El acuerdo se podrá revocar a solicitud de cualquiera de las partes.
¿Quién decide en qué institución se pagarán los haberes laborales?
Para relaciones laborales ya vigentes, si previo al 30 de junio de 2016 el empleado no decidió por medio de que institución quiere cobrar sus haberes, el empleador estará habilitado hasta el 30 de setiembre de 2016 para elegir la institución por medio de la que abonará los haberes a sus empleados. Luego de esa fecha, en las normas no se encuentra previsto quién será el encargado de elegirla.
En las nuevas relaciones laborales, el empleado deberá indicar la institución al inicio del vínculo y de no hacerlo lo hará el empleador.
Cuando el empleador sea quien realice la elección deberá notificarlo al empleado previo a realizar la apertura de la cuenta. El empleado dispondrá de diez días hábiles para elegir una institución diferente a la elegida por el empleador, de lo contrario, se mantendrá la elegida por éste.
¿Cuáles son las ventajas para el empleado?
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera (sus correlativas tarjetas de débito), los instrumentos de dinero electrónico y prestaciones de alimentación otorgadas en dinero electrónico no tendrán ningún costo de apertura, adquisición, mantenimiento y/o cierre para el empleado, ni deberán cumplir con saldos mínimos.
Asimismo, los empleados podrán realizar sin costo: consultas de saldo en forma ilimitada, un mínimo de cinco extracciones de efectivo cada mes y hasta ocho transferencias a cualquier institución financiera local por hasta 2.000 unidades indexadas cada transferencia.
Finalmente, la utilización de la tarjeta de débito y del instrumento de dinero electrónico como forma de pago en los comercios del país será gratuita y permitirá al empleado beneficiarse de la rebaja del Impuesto al Valor Agregado.

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Tributo discreto el que cobra el Estado a quienes circulan por rutas nacionales en estas fechas y deben pagar peajes

Cuando uno se desplaza por las rutas nacionales lo que quiere es tener seguridad, comodidad y que el buen estado del camino acompase el viaje haciéndolo algo placentero. Para eso Uruguay tiene un sistema de peajes donde a través de los mismos se mantiene el estado de las rutas nacionales con el cobro por circular por esas vías.

Hugo Lemos

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En el camino de Salto a Montevideo, hay tres peajes instalados, dos por la ruta 3 uno en el Paso del río Queguay en Paysandú, otro en las inmediaciones del puente del río Negro pero en el departamento de Flores y otro en la ruta 1, en la zona conocida como Delta del Tigre, donde está el puente Alfredo Zitarrosa que atraviesa el río Santa Lucía Grande y que une los departamentos de San José con el de Montevideo.
A su vez, analizando el tema, el mismo denota que se trata de un impuesto que debe pagar quien se desplaza por ese lugar, por el mero hecho de transitar por la zona. Si bien la libertad de circular por el lugar es de cada uno y cada cual es libre de tomar el camino más largo o simplemente no tomarlo,el debate que se plantea es si ese cobro de peaje pasa a ser un tributo, en realidad una especie del mismo como son los impuestos.
La doctrina nacional en Derecho Financiero hace la diferencia entre tributos y precios públicos y para referirse al primer concepto, se remite al artículo 10 del Código Tributario que dice que “Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. (…)”. señalando más abajo que las especies tributarias son los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones Especiales, situando al cobro del peaje en el primero de estos casos.
Y diferenciando el caso con el concepto de lo que son los Precios Públicos, denominando así a la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un acuerdo para brindar un servicio.
Pero se deja en claro que quienes transitan por las distintas rutas nacionales en las cuales hay que pagar peaje, la naturaleza jurídica es la del impuesto, salvo en los casos en que para llegar a destino haya otra ruta alternativa y el contribuyente pueda optar por cumplir con el pago o tomar por otro camino, pero el mismo debe ofrecer las mismas condiciones que el primero.
Por lo cual en el caso de quienes transitan desde Salto a Montevideo por las rutas habituales abonan un tributo de 240 pesos si van en automóvil, para poder llegar a la capital. Se trata de un tributo discreto, ya que el mismo ni siquiera es evocado a la hora de mencionar la lista de impuestos que los uruguayos y los extranjeros que estamos en el país le pagamos al Estado.
Estando actualmente en temporada estival y en fechas de asueto donde mucha gente sal de su departamento para recorrer el país, principalmente teniendo como destino el sur y el este del territorio nacional, es buena cosa recordar que también tributamos para poder salir de paseo y hacer camino por los distintos puntos de nuestro país.

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Entramos en el bisagra del sistema jurisdiccional uruguayo

Entrado el año 2017 se avecinan importantes cambios para el sistema judicial uruguayo. Es un año bisagra donde se medirá si los proyectos tan anhelados pueden desarrollar efectivamente las transformaciones que se esperan que tenga el proceso penal de nuestro país, considerado por demás arcaico y violatorio de los preceptos más elementales de los derechos humanos, como es el principio de presunción de inocencia y el de padecer muchas veces largas prisiones preventivas, que se convierten en duras condenas previas a la determinación formal de la culpabilidad del sujeto.
Por tal motivo, con un nuevo proceso penal que irá avanzando desde el sur hacia el norte, como todo en este país, desde julio de este año, se abre una etapa nueva para la justicia uruguaya que espera poder prestar un servicio más confiable al ciudadano de a pie (el justiciable) que espera poder ver un sistema más justo, menos violatorio de los derechos de las personas, más resarcitorio, más sancionatorio en los que casos en que realmente deba ser así y más ágil.
El hecho que ahora se determine la culpabilidad de la persona en breve lapso y con un fiscal que acuse e intervenga sabiendo lo que está haciendo y no tocando de oído como ocurre en la actualidad, ya que en muchos casos los fiscales entran a última hora, leen el expediente, formulan un par de preguntas, sacan conclusiones que puedan ser apresuradas y terminen pidiendo la prisión de un tipo al que en realidad no tienen la certeza ni la convicción de que cometió un delito ha generado más problemas que soluciones. La situación actual es penosa y me hace acordar a cuando un día, caminando por los pasillos de la cárcel local, realizando la cobertura para este diario de la visita anual que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sentí el chistido en aquel fétido e inmundo lugar (al estado edilicio me refiero) de una persona, que desde atrás de una puerta blindada y por la pequeña reja que la misma tenía me preguntó ilusionado “¿señor no sabe si hoy están dando la libertad de las personas que estamos presas y que no tenemos condena?”.
“En realidad todo puede ser, pero para eso tenés que haberte inscripto y pasar por la revista ante los jueces ¿pero vos hace cuánto que estás preso?”, le dije. A lo que el sujeto me contestó sin titubear: “tres años”. -”¿Y sin condena?” volví a preguntarle. “Sí, sin condena, lo que pasa que no tengo abogado, me acusaron de un robo y me mandaron para adentro, pero después nunca más supe en qué quedó mi causa”.
Corría el año 2006 o 2007, ya no me acuerdo, pero sé que ese caso pintó de cuerpo entero lo que es el proceso penal uruguayo, el que actualmente tenemos y el mismo que muchas veces, por su estructura y con la consideración de lo que es para el sistema actual “la falta de pruebas como para procesarlo” con la que son remitidas algunas personas, el sistema actual no ofrece las mismas garantías que sí espera ofrecer el nuevo proceso.
Ya que en el actual sistema, el juez investiga, saca conclusiones, puede llegar a prejuzgar y dicta la sentencia. Mientras que en el nuevo proceso, el juez cumple con la imparcialidad de escuchar a las partes, recayendo el protagonismo de la escena en el fiscal que será, además del actor de la pretensión punitiva, el que realice la instrucción, pregunte y acuse, al tiempo que el denunciado tendrá abogado defensor y podrá dilucidar el caso ante el juez, el cual al final de oír a las partes y evaluar la prueba, recién ahí resolverá a favor o en contra. Y no como ahora que los procesan con prisión y estando en reclusión el sujeto, se va desarrollando el juicio, algo que se contrapone con el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

HUGO LEMOS

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Publicidad engañosa: te anuncian un precio y te cobran otro

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Hugo Lemos

Cuando una persona observa la oferta de un producto en la pantalla y allí lo ofrecen por un precio determinado, cuando lo va a comprar el mismo no puede ser distinto al que fue ofrecido. Aunque estas cosas suceden hasta en los casos más inverosímiles. El otro día, una persona conocida me contó que había visto en la televisión una oferta de comida de una rotisería. Al ver sabrosa la elaboración y el precio a su vez parecer accesible, no dudó en ir hasta al lugar. Pero llegó y se sorprendió, el precio que aparecía en pantalla no era el que debía pagar en caja por la misma comida. Se quejó y no recibió respuesta del lado del proveedor, por lo cual le dijo que lo que estaba pasando no era correcto. El hombre lo miró impávido como diciéndole, si quiere la comida págueme lo que le pido. Al final el consumidor pagó y se fue con la comida, pero molesto no tanto por la diferencia de precios, sino por lo que consideró que había sido víctima, en su justo término, de una publicidad engañosa.
Ese concepto, el de la publicidad engañosa, genera un vicio en la relación de consumo entre el consumidor con su proveedor y pone de manifiesto una especie de nulidad donde el proveedor que fue quien generó la situación con la información errónea que publicita de su producto, es el que debería poner las cosas en su lugar.
En este caso, en la Ley Nº17.250 que hace poco citamos en este mismo espacio y que rige las relaciones de consumo en el Uruguay, sostiene a través del Capítulo II en donde están establecidos los Derechos Básicos del Consumidor, en su artículo 6, sostiene que “Son derechos básicos de consumidores (…) C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley (…)”.
En ese sentido, con relación a la publicidad engañosa, el artículo 24 de la Ley Nº17.250 la prohíbe en forma expresa y define que “toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal. Queda prohibida cualquier publicidad engañosa. Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios”.
En este mismo sentido, los artículos 32 y 33 de la Ley 17.250 establecen como consecuencia de la violación por parte del proveedor al deber de informar de buena fe al consumidor, en forma suficiente, clara y veraz en la etapa precontractual, tres opciones: a) optar por la reparación de los daños causados; b) pedir la resolución del contrato; o c) exigir el cumplimiento del mismo, lo que implicaría que el proveedor ajuste su prestación a los términos de la oferta publicitaria.
Así que en caso de que usted quiera comprarse algo tan simple como una vianda y cuando va a hacerlo el precio que aparece en la publicidad no es el mismo que el que le quieren cobrar en la caja, reclame y le tienen que cobrar el precio de la publicidad o tiene derecho al resarcimiento del daño.

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Leyes variopintas para un año legislativo sin sobresaltos

hugo lemos

Hugo Lemos

Por tratarse de la última vez en este año que aparecerá en las páginas de la edición de los jueves, la sección a la que nunca con tanta razón denominamos Leyes de mi País , haremos referencia a cuáles han sido las novedades legales del último mes de diciembre.
Por lo tanto, daremos a conocer cuáles han sido las últimas leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo en el correr de este año .
FUERON 7
En el mes de diciembre fueron siete las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, por lo cual al menos las nominaremos y daremos a conocer a grandes rasgos de qué se tratan. Si bien el Parlamento Nacional ha entrado en receso y puso en funcionamiento la Comisión Permanente, los últimos días del año son prácticamente de un asueto absoluto para los legisladores nacionales que acompañan el ritmo del país todo en estos días.
El 2 de diciembre fue promulgada la Ley Nº19.456 por la que se establecen modificaciones en las alícuotas al impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan ciertas jubilaciones mayores a las 96 Base de Prestaciones y Contribuciones (unos 3.340 pesos por BPC).
Ese mismo día fue sancionada la ley Nº19.457 que promulga el acuerdo alcanzado entre nuestro país y la República de Singapur, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en el régimen del impuesto a la renta y su patrimonio.
En tanto que el 7 de diciembre fue promulgada la ley Nº19.458 que nomina como “Martha Gularte” a la Escuela Rural Nº22 de la localidad de Paso de los Novillos, del departamento de Tacuarembó.
El 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº19.459 que establece exoneraciones fiscales a los contribuyentes ya la población afectada por el tornado ocurrido en la ciudad de Dolores, Soriano, en abril de este año.
Dos días después se promulga la Ley Nº14.960 que aprueba decisiones, reglamentos y actas emanadas del 25º Congreso de la unión Postal Universal, en la ciudad de Doha, en Qatar.
El 23 de diciembre se promulga la Ley Nº19.463 que nominó a la Escuela – Taller Nº380 del discapacitado intelectual de Montevideo con el nombre de José D’Elía. Ese mismo día, el Poder Ejecutivo promulgó la última ley de este año, la Nº19.464 que declara al año 2017 como el año de la celebración del tango “La Cumparsita” y se crea la Comisión del Centenario de La Cumparsita.
Estas han sido las leyes promulgadas en el mes de diciembre, por acá pasan los temas más importantes a nivel legislativo en nuestro país al cierre del año, así que por ahora, mientras se crea la comisión de celebración del tango, se aumentan los impuestos a las jubilaciones más altas y se denominan a las escuelas con el nombre de una artista del carnaval y de un emblemático sindicalista, terminamos un nuevo año de este período legislativo al que le quedan tres lustros aún, a ver con qué nos sorprenden.

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Informarse bien antes de comprar en estas fechas

Nunca tan presente como en esta época de compras navideñas y de fin de año debe estar la Ley 17.250 de defensa del consumidor, que no solo define la relación que existe entre el proveedor y el consumidor del producto, ya sea este de bienes o servicios. Toda la información que pueda recabar el consumidor es importante a la hora de adquirir un producto, con el fin de no generar una compraventa imperfecta, donde el producto adquirido tenga vicios que terminen generando un incumplimiento de la relación de consumo, tal como la ley lo define.

Hugo Lemos

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Pero lo importante, antes de hacer fila después para generar reclamos por falta de cumplimiento, los consumidores deberán tener el deber de saber qué es lo que están comprando. Acá un pequeño repaso del concepto legal, solo a los efectos de que sepan qué rol cumple cada uno.
Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.
Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.
Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.
Así que al salir de compras es buena cosa que el consumidor se informe, consulte, pregunte y observe que lo que está a su alcance y es de su interés está en el estado adecuado, antes de adquirirlo, porque después es para lío.

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Una violación de DDHH que no debe ocurrir

Eran las once de la noche del domingo y hacía mucho calor. Los mosquitos ya picaban bastante y había que andar en la calle con repelente. Por cuestiones laborales caminaba en ese momento por la calle Uruguay cerca de la Plaza 33 y allí los vi. Eran dos viejitos, mayores de 75 años seguro, aunque no quiero arriesgar edad ahora. Los dos con sus

Hugo Lemos

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respectivas plegables acomodándose frente a la sede del Banco de la República (el irónicamente llamado Banco País porque se supone que es de todos). ¿Qué hacen un domingo a esta hora dos personas que tendrían que estar durmiendo en sus casas por la edad que tienen? Y por todo lo que supone que alguien pase la noche afuera.
Los dos adultos mayores estaban empezando a hacer la fila para que al día siguiente, cuando el Banco estatal abriera sus puertas, pudieran sacar un préstamo de poco monto, con los cuales pudieran pagar cuentas, comer unos días y si les sobra. comprarse algo para la Navidad. No había oído nada tan triste ese día y lamentablemente digo ese día, porque por mi trabajo escucho y veo muchas cosas feas.
Podrán decir que así es el sistema que tenemos en este país, podrán ponerle el nombre que quieran, pero claramente estaba asistiendo como ciudadano a ver en vivo y en directo una flagrante vulneración de los Derechos Humanos de esas personas y de los cientos que como ellos, tenían que soportar la misma tortura para poder conseguir un préstamos de migajas y lograr comer en Navidad.
Esta situación, viola sistemáticamente los derechos humanos de estas personas y ¿dónde está el Estado para defenderlos? El Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Esto evidentemente no se cumple ya que con estas situaciones se violan los Derechos Humanos de estas personas que no deben estar atravesando por esa situación y el Estado encima, está omiso.

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El delito de Receptación y las latas de refresco

hugo lemos

Hugo Lemos

El delito de Receptación es una modalidad del delito de Hurto. Está tipificado en el artículo 350 bis del Código Penal y establece que “el que después de haberse cometido un delito, sin concierto previo a su ejecución (es decir, sin haber acordado cometerlo) con los autores, coautores o (con los) cómplices, con provecho para sí o para un tercero, (pero) adquiera, reciba u oculte dinero o efectos provenientes de un delito, o de cualquier manera interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, será castigado con pena de seis meses de prisión a diez años de penitenciaría”.
El artículo sostiene que se consideran agravantes del delito: A) Que los efectos se reciban para su venta. B) Que el agente (el autor del delito) hiciere de esta actividad su vida usual. C) Si la receptación tuviere por objeto un bien destinado a un servicio público o de utilidad pública”.
En el caso de los cuatro individuos de Salto que fueron procesados con prisión por el juez penal, Dr. Iribarren por haber sido encontrados autores de un delito de receptación (en el grado de presunción hasta que sea dictada la sentencia de condena o se archive el caso) los mismos técnicamente tomaron para sí, y usaron en su provecho, un objeto procedente de un hurto, a sabiendas de que tales objetos (las latas de refrescos) provenían de un hecho ilícito.
El agravante de todo este caso, es el estado de alarma pública que causó el violento episodio registrado en la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario el domingo último y que provocó la suspensión del partido clásico, generando una serie de consecuencias que determinaron un estado de alarma social por lo vivido ese día.
Eso fue una adición que se sumó a lo actuado por estos jóvenes, y su conducta habría sido encuadrada en estos parámetros de alarma social.
Se trata de personas sin perfil criminal, sin habitualidad delictiva y sin antecedentes penales, hasta seguramente su modo de vida así lo refleja, pero el hecho de haber participado de este episodio, tomando para sí los objetos sustraídos durante los actos vandálicos, fue algo determinante para que la justicia los encontrara responsables del delito de Receptación, descrito más arriba.
Seguramente la de las cuatro personas fue una conducta no querida, presumen ser muchachos de buena familia, gente honesta y de trabajo, hinchas de un club deportivo, seguramente nada tuvieron que ver con los vergonzosos actos de violencia ocurridos en ese escenario deportivo.
Pero hay un tema que trasciende las latas de refrescos y que es que las mismas habían sido robadas a una vendedora del lugar la que minutos antes fue asaltada por una horda de forajidos, entre los que seguramente no estaban estos muchachos.
Aunque inocentemente, cayeron en la trampa de no devolverle a su legítimo dueño esas latas de refrescos, o simplemente de no agarrarlas e ignorarlas, a sabiendas de que habían sido robadas para salir de esa situación comprometedora que a la postre devino en un procesamiento, que a humilde juicio de quien esto escribe, pretende ser más que un dictamen aleccionador ante la sociedad, que una sentencia represora de un delito menor.
Ante los ojos de la sociedad y por la magnitud de los hechos ocurridos el pasado domingo, los jóvenes pueden parecer chivos expiatorios de la justicia, sin embargo, técnicamente el delito requerido encuadra y la prisión preventiva viene a cuenta de la alarma social generada por el caso y por la difusión de su conducta, a través de las fotografías que ellos mismos publicaron en las redes sociales, que la justicia pudo entender como una actitud reivindicativa de los desgraciados hechos oportunamente ocurridos.
Seguramente en menos de lo que canta un gallo estarán nuevamente junto a sus familias y con una lección encima de que cuando pasan estas cosas, es otra la actitud que debe asumirse. Los demás casos, son de otra severidad en la que todos esperamos que la justicia actúe como es debido.

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Ley de Rendición de Cuentas impone pasantías para personas liberadas para su inserción al mercado laboral

La Ley Nº19.438 que establece la aprobación de la Rendición de Cuentas y hace un balance de la ejecución presupuestal del Estado durante el año 2015, también admite nuevas políticas de inserción social y laboral para

Hugo Lemos

Hugo Lemos

algunos sectores de la población, en el marco de una política pública de inclusión y contemplación del cumplimiento de algunos derechos humanos fundamentales, como es el caso del derecho al trabajo.
Sin embargo, la contracara de las cuotas que se establecen en todos los casos para ocupar cargos genera disconformidades en algunos sectores de la población que cuestionan los favoritismos a ciertos grupos de la sociedad, que en este caso son vulnerables y esa condición los expone por sobre otros de su misma condición.
En cuanto a esto, la ley de marras, sancionada en el mes de octubre, establece en su artículo 34 que se “establece el sistema de pasantías productivas como mecanismo de reinserción social de las personas que estuvieron privadas de libertad”.
Esto es la generación de una participación directa de personas que fueron privadas de libertad pero que ya cumplieron su sanción, que revisten buena conducta y que tienen hábito de trabajo para poder insertarse en el mercado laboral y darle una vida digna a ellos y a sus familias.
Para esto, la ley crea en el artículo 33 de la presente ley una fundación a través de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que tendrá como fin principal gestionar y coordinar actividades de capacitación, producción, venta de bienes y prestación de servicios, para apoyar y promover la inserción laboral de liberados del sistema penitenciario (…).
según dice el artículo 34 de la Ley 19.438, esa fundación seleccionará las instituciones, públicas o privadas, interesadas en incorporarse al sistema de reinserción. La actividad que desarrolle cada beneficiario en la institución respectiva será considerada de naturaleza social y rehabilitadora. Y por ellos se aportará al sistema de seguridad social, pero tampoco quiere decir que genere derecho de permanencia o estabilidad alguna.
Las empresas o instituciones estarán obligadas a contratar seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para los pasantes. Cada pasantía se cumplirá durante un período máximo de doce meses, vencido el cual la vinculación entre pasante e institución finalizará, no generándose derecho a indemnización por esta causa. Las partes podrán poner fin a la relación antes del vencimiento del término, existiendo causa justificada, sin generarse indemnización alguna.
El beneficiario de la pasantía deberá percibir por parte de la empresa o institución respectiva una retribución equivalente a un salario mínimo nacional o lo que acuerden las partes respetando los convenios celebrados por la rama de actividad respectiva.
La norma también señala que en su artículo 35 que la “Dirección Nacional de Apoyo al Liberado expedirá un certificado que acreditará la adecuada participación del liberado en sus programas, promovidos a los efectos de facilitar la reinserción social y/o laboral de personas que se han encontrado privadas de libertad”.
Con esto se pretende darle una oportunidad a las personas que cumplieron una pena por una conducta delictiva y en cierta medida se les de la oportunidad de insertarse en el mercado laboral.

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Ley modifica articulado de la de inclusión financiera y permite aggiornamiento para modificar forma de pago

hugo lemos

Hugo Lemos

La vigencia de la Ley Nº19.210 conocida como Ley de Inclusión Financiera ha generado que empleadores y dependientes tengan que tomarse el trabajo de modificar el sistema de pago y cobro de haberes respectivamente y transferir el antiguo sistema de cobro en pago mediante el sistema electrónico.
Pero la realidad impone otra cosa y es que no todos pueden generar esta situación lo que determinó que para permitir el aggiornamiento al sistema fuera sancionada la Ley Nº 19.435 que sustituyendo el artículo 21 de la Ley Nº19.210, le otorga una extensión en el plazo a las partes para poder abonar los haberes y percibirlos, ya sea salarios, pasividades o beneficios sociales por los medios que las partes acuerden conveniente.
La nueva ley Nº19.435, sustituye el artículo 21 de la ley de inclusión financiera por el siguiente:
Artículo 21. Durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley, en lo que refiere a los artículos 10, 16 y 17, las remuneraciones, las pasividades y los beneficios sociales, y otras prestaciones adeudas podrán abonarse a través de medios diferentes a los previstos, siempre que exista acuerdo entre acreedor y deudor. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de un año.
(Asimismo, la ley plantea la excepción, para determinados lugares). En las localidades menores a 2.000 habitantes, dicha prórroga se extenderá hasta que existan puntos de extracción de efectivos disponibles, como ser cajeros automáticos, redes de cobranzas u otros análogos, de acuerdo a los términos que defina la reglamentación.
Si a la fecha de entrada en vigencia del cronograma al que refiere el artículo 11 de la presente ley el empleador, el instituto de seguridad social o la compañía de seguros, mantuviera en vigor un acuerdo para el pago de las remuneraciones con algunas instituciones, pasividades, beneficios sociales o algunas otras prestaciones, según corresponda, dicho acuerdo se mantendrá vigente por el plazo máximo de un año o hasta que el acuerdo se extinga, si esto acontece antes de transcurrido el año.
En esos casos la libre elección del trabajador, pasivo o beneficiario, prevista en los artículos 11,1 5, 16 y 18 de la presente ley recién podrá ser ejercida una vez finalizada la vigencia del acuerdo.

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La diferencia entre la Vista y el Dictamen

La diferencia entre una Vista Fiscal y un Dictamen Fiscal son muy importantes, porque una cosa puede llegar a ser el principio de algo que puede derivar en lo segundo. Los operadores jurídicos entienden perfectamente de lo que hablo,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

pero el resto de los lectores quizás no tanto.
La propuesta de esta columna viene a colación de que días pasados, luego de que la Justicia Penal citara a nueve funcionarios policiales en carácter de indagados por un procedimiento ocurrido en el año 2014, a los cuales se les tomó declaraciones respecto de la denuncia presentada por un justiciable que entiende que se le cometió un daño y que el accionar para el mismo es asimilable a una conducta delictiva por parte de los funcionarios actuantes, la información que desde los propios policías que acompañaban desde el exterior del recinto a quienes estaban declarando fue errónea.
La vista al fiscal es una etapa procesal en la que luego que los denunciados comparecen ante el magistrado y al fiscal actuante, junto a su abogado defensor (ya que para estos casos la asistencia letrada es obligatoria) para prestar declaraciones y ser interrogados por las partes respecto al objeto del proceso, esto es en este caso su grado de participación en el hecho con apariencia delictiva por el que fueron denunciados, culminada la primera etapa de valoración de algunos elementos probatorios además de los testimonios que se soliciten en ese momento que son incorporados a la prueba, el Juez en acuerdo con la fiscalía puede decretar que el expediente pase en Vista al Fiscal.
Lo que supone el traslado del caso al despacho del representante de la fiscalía para que analice con detenimiento el hecho a investigar.
Luego de valorado el caso, si el Fiscal o quien actúe en su nombre, entiende que algunos de los denunciados generaron con su conducta méritos por la existencia de elementos de convicción suficientes de haber actuado con una conducta delictiva, realizarán un Dictamen Acusatorio donde solicitarán al Juez que dicte el Procesamiento, el cual según el caso, las circunstancias y hasta los antecedentes del acusado, podrá ser con o sin Prisión preventiva.
Pero el “dictamen” es una etapa posterior a la “vista” la cual no siempre puede darse, cuando ya habiendo elementos probatorios inequívocos a juicio de los magistrados, se realiza en la misma instancia y se solicita el fallo al juez, quien podrá o no estar de acuerdo con esa visión que tiene el fiscal del asunto, la cual debe ser fundamentada en las pruebas que se sustancian en ese caso.
Es importante saber cómo funciona el proceso judicial para no hacer valoraciones con ligereza y que coadyuven después a que se pueda desinformar sobre cómo acontecen los hechos, generando una confusión y reacción innecesaria ante la opinión pública.

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Que alguna de las tantas leyes que amplían el seguro de paro le toque al sector citrícola

hugo lemos

Hugo Lemos

Una serie de leyes que fueron aprobadas de este año y promulgadas por el Poder Ejecutivo en mes de agosto, como las Nº19.425, Nº19.426 y Nº19.427, establecen la extensión del seguro de paro a los trabajadores de distintas cooperativas de nuestro país, contemplando la situación por la que están atravesando los respectivos sectores de actividad.
En ese sentido, tras el impulso legislativo, los trabajadores consiguieron la extensión del beneficio social que les ayuda a mantener el sustento por un lapso mayor al inicialmente previsto, que son 180 días. La extensión máxima prevista por ley, también es por un máximo de 180 días por cada petición legal.
Existe un al menos un antecedente reciente y fue el caso de los extrabajadores de Pluna que recibieron el beneficio por más de tres años, mientras el gobierno, que había metido la cuchara para ayudar a desarmar esa aerolínea, estaba reparando de alguna manera a los funcionarios de la misma, con distintas leyes que le concedieron la extensión de es beneficio a los trabajadores.
En ese sentido, en la actualidad los trabajadores del sector citrícola, que son cientos, están especulando con obtener una ley que les favorezca en este mismo sentido, ya que la situación de vulnerabilidad a la que están sometidos por las condiciones de la relación laboral que mantienen, los deja expuestos al desempleo tras culminar los 180 días iniciales de este beneficio.
Estará en el espíritu, en la voluntad y sobre todo el poder de convencimiento hacia sus pares que tengan los legisladores que intervienen en el análisis de esta posibilidad para los trabajadores salteños, con el fin de lograr un beneficio similar, sobre el cual hay antecedentes y jurisprudencia abundante que permite que los mismos puedan lograr ese apoyo del Estado mediante una ley pura y simple.

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Aumentan penas como solución a ola delictiva

No es novedad que la ola delictiva ha venido creciendo en los últimos años y que no hay un solo factor que determine esta situación, sino que se trata de una concatenación de causas como el resquebrajamiento de los códigos sociales, las transformaciones en la escala de valores y otros aspectos sociales más, los que impulsan esta situación de violencia hugo lemossocial. ¿Y cómo ha respondido el Estado?, con más prisionización hacia los agentes del delito como si fuera la solución.
Es decir, aumentar las sanciones penales ha sido la manera de generar cambios en la política legislativa tendiente a actualizar la efectividad de la aplicación de ciertos delitos. En los últimos tiempos la Ley Nº 19.418 modificó la penalización de los artículos 258 y 259 del Código Rural referente al delito de abigeato. El mismo está tipificado ahora con un aumento de las penas, con el fin de enviar un mensaje a los autores de este tipo de hechos, si lo hacen, la solución es ser confinados durante un tiempo mayor al sistema penitenciario.
Los delitos tienen un mínimo de tres meses y en otro orden un máximo de dos años, en el caso de los agravantes. Quizás no sea esta la solución de fondo, pero si la política legislativa nutre sus contenidos con amenazas con fines disuasorios, los problemas persistirán y las soluciones solo se darán en la mirada corta.
LO QUE DICE LA LEY
La norma de reciente sanción parlamentaria, sostiene en su artículo 1º que sustituye el artículo 258 del Código Rural por el siguiente: “ARTÍCULO 258.- Comete el delito de abigeato y será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, el que con intención de matar, diere muerte, faenare o se apoderare con sustracción de ganado vacuno y bubalino, caballar, lanar, cabrío, porcino, cualquier otra especie de corral o criadero, colmenas, cueros, lanas, pieles, plumas o cerdas ajenos; y el que marcare o señalare, borrare, modificare o destruyere dispositivos de identificación individual oficial, o las marcas y señales de animales o cueros ajenos, para aprovecharse de ellos”.
Aunque también sanciona con la misma pena a quienes operan como reducidores y pueden cometer delitos similares como el de la receptación. “Con igual pena será castigado quien recibiere, ocultare, comercializare o de cualquier forma dispusiere de los productos obtenidos de la comisión de un delito de abigeato en cualquiera de sus formas».
En tanto que el segundo artículo de esa ley sustituye el artículo 259 del Código Rural por el siguiente: «ARTÍCULO 259.- La pena prevista en el artículo 258 será de dos a ocho años de penitenciaría, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes especiales o cuando el Juez entienda al considerarlas en relación con las demás características del caso, que hacen presumir la actuación concertada de dos o más personas con fines de lucro, antes, durante o después de la ejecución del delito: 1º) Si para cometer el delito se emplearan vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados. 2º) Si para cometer el delito se dañaran cercos, cortando alambre, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras. 3º) Si para la comisión del delito se utilizaran guías de propiedad y tránsito o documentación equivalente falsas o expedidas por terceras personas, o se falsificaran boletas de marca y señal. 4º) Si se emplearen sevicias (heridas que determinen la muerte) contra los animales.
Son circunstancias agravantes muy especiales: 1º) Ser jefe o el promotor del delito. 2º) La de poseer la calidad de hacendado o productor agropecuario. 3º) La de poseer la calidad de funcionario público cuando haya actuado con violación de los deberes de su cargo. (…)

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El 1º de diciembre habrá que usar tarjeta

El gobierno central quiere que la población deje de usar dinero en efectivo con el fin de mejorar la seguridad ciudadana, ya que actualmente entiende que la situación de violencia e intolerancia es tal, que portar dinero en efectivo pone en riesgo a quienes lo manejan, principalmente a los comercios que en horas de la noche, como el caso de las estaciones de servicio, taxistas o transportistas en general, hacen uso del mismo y con ello exponen sus vidas.
Desde la Ley Nº19.210, denominada de Inclusión Financiera el Poder Ejecutivo, pretende que las transacciones entre las personas sean electrónicas y por eso la intención que tienen es extender este uso a la mayor cantidad de transacciones públicas posibles, esto es desde los medios de transporte públicos hasta en los comercios.
Para ello comenzaron con las estaciones de servicio.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº131/016 del 4 de mayo del corriente año, donde establece que como la primera etapa del proceso, implementada en la zona Metropolitana, trajo resultados positivos constatándose una disminución de los delitos en el horario establecido para el uso de tarjetas en las estaciones de servicio, entienden extenderlo, entre otras restricciones que se irán agregando paulatinamente en el tiempo, el uso de efectivo para la compra en estaciones de servicio al 1º de diciembre del presente año, para todo el país.
Algo que se irá aggiornando en el correr del tiempo y con ello pretenden disminuir los delitos.
Algo que es apenas un paliativo.

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El arrebato, una modalidad del delito de hurto, que termina siendo sancionado muy levemente

El arrebato es un delito común que en nuestro medio lamentablemente es cometido a diario por los delincuentes. Principalmente se trata de jóvenes que actúan con esa modalidad delictiva, eligiendo como víctimas a las personas más vulnerables, esto es mujeres y ancianas, a quienes muchas veces han lastimado cuando al cincharles la cartera las terminan tirando al suelo y en consecuencia, lastimando.
El caso es que cuando estos hechos ocurren, la Policía busca a los autores y al poder capturarlos, los mismos son remitidos ante la justicia y terminan siendo procesados, mayormente con prisión por ser delincuentes habituales y tener varios procesos en curso, pero el delito que les es tipificado es el de hurto, cuando en el acervo popular se piensa que el hecho encuadra en el delito de rapiña porque el ladrón aplicó la violencia física para conseguir el botín.
La discusión se ha dado muchas veces, pero prima lo que dicen las leyes, claro está. El delito de arrebato es un delito contra la propiedad y es una modalidad del delito de hurto. Ocurre cuando se aplica violencia en la cosa y no hacia la persona. Porque en ese caso sí estaríamos ante la figura del delito de rapiña (art. 344 del Código Penal).
Pero en este caso, cuando una persona comete un arrebato ejerciendo violencia sobre la cosa, por mencionar un objeto podemos referirnos a una cartera o a un portafolios, estamos hablando de un hurto hasta simple para la técnica legislativa.
En un trabajo realizado por el Profesor y Catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón Cuñarro, publicado en la Revista de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, sobre las primeras reflexiones realizadas a partir de la sanción de la Ley Nº 17.897 conocida como “ley de humanización del sistema carcelario”, el profesor Langón expresa que: “cuando del arrebato o hurto por sorpresa de las cosas que la víctima llevara consigo, resultaren en lesiones personales, habrá concurso de figuras (hurto y lesiones) o imputación por rapiña impropia (art. 344 inc.2 C.P., que se da cuando después de haber sustraído la cosa el autor del hecho emplea violencia o amenazas para asegurarse la posesión de la cosa sustraída), según correspondiere, pero cuando ello no ocurra, el caso se resolverá en hurto simple, menos grave que cualquiera de los establecidos en las agravantes señaladas en el art. 341 del Código Penal., del que se le excluyó esta modalidad”.
“Tal vez el caso más insoportable sea el de la punga o hurto con destreza, donde difícilmente se pueda atrapar a alguien en grado de consumación, precisamente por la habilidad del actor, lo que llevará casi inevitablemente a un procesamiento sin prisión (pues es un hurto simple en tentativa, y por lo tanto con pena reducida de un tercio a la mitad), es decir, que la norma producirá una cuasi impunidad”, sostiene Langón en su análisis.
Sin embargo, son pocos los casos en que una persona por haber cometido un delito de hurto mediante la modalidad de arrebato, es decir de sustracción con destreza de la cosa, termina en la cárcel. Y al contrario de lo que se cree, esta conducta propicia un delito de hurto y no de rapiña, donde para configurarse es necesario el empleo de la violencia del autor del hecho hacia la víctima.

HUGO LEMOS

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Nueva norma prorroga vigencia de formas de pago para determinados bienes tal como establecía la ley Nº19.210

Todavía recuerdo una charla final del curso Economía para Periodistas, que tuve el privilegio de hacer en el año 2011 en la Universidad Católica. La misma estuvo a cargo del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, célebre después por el caso Pluna y los 14 millones de dólares a López Mena.
En esa instancia, Lorenzo nos comentó que venía de hacer una gira por cuatro países en los que había participado de distintas reuniones oficiales y que en el único lugar donde había necesitado dinero en efectivo para comprar bienes y contratar servicios, había sido en Uruguay.
“Y eso tenemos que cambiarlo, necesariamente porque el mundo de la compra con tarjeta que es el dinero electrónico ya es una realidad en el mundo y nosotros no podemos quedarnos atrás”, nos dijo el entonces ministro en una fría mañana de junio hace ya 5 años.
Por eso la Ley Nº19.210, del año 2014, conocida como ley de Inclusión Financiera tuvo como espíritu generar nuevas condiciones para las transacciones entre los particulares, fomentar el uso del dinero electrónico y la bancarización de los pagos. Pero pasa el tiempo y sigue habiendo inconvenientes que aún no han podido ser subsanados y la ley madre, ha tenido una serie de modificaciones en muchos aspectos.
En ese sentido, la ley Nº19.398 de reciente aprobación sigue buscando solucionar algunos vacíos que dejó la ley de inclusión financiera. En ese sentido, la norma en cuestión prorroga la entrada en vigencia del inciso 1 del art. 35, 36, 40 y 41 de la ley 19.210 del 2014, hasta el 31 de diciembre del 2016.
El artículo 35 dice que hasta la vigencia de la presente ley (1º de enero 2017), no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 137.600 pesos), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
El Artículo 36 dice que “(…) el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, unos 550.400 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden.
Los artículos restantes, el 40 y el 41 de la presente ley cuya entrada en vigencia se pospone, lo que establecen son el pago del precio en dinero de toda transmisión de derechos sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.
Y el artículo 41 establece el pago del precio en dinero en las adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe total supere las 40.000 UI (cuarenta
mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

HUGO LEMOS

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No hay que privar más libertades, sino apuntar a modificar el sistema

Cuando una persona cumple una condena por haber cometido un delito, el caso concluye. Es decir, ya está, ya cumplió la pena. Cometió el delito, fue procesado, se le comprueba en el transcurso del proceso que fue culpable por la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sumatoria de elementos probatorios que se diligenciaron en el juicio y que determinaron que tras un dictamen desfavorable del fiscal, que exige el reproche penal al encausado, se le dicte una sentencia de condena, que confirma el procesamiento inicial cuya naturaleza jurídica es la de una sentencia interlocutoria, aún así recurrible.
Pero una vez que está firme la sentencia de condena, que puede ser impugnable, ya está, el sujeto es condenado, cumple la pena que se le impone y una vez esto, es decir, luego de haber estado preso durante muchos años y haber cumplido el término legal previsto, se terminó el asunto.
Puede recibir una ayuda del Estado a través del Patronato de Encarcelados y Liberados, pero el tema es que el sujeto es libre, vuelve al estado anterior al procesamiento, aunque con un legajo ya manchado que en términos futbolísticos, opera como una tarjeta amarilla.
Aunque aún así, a la persona hay que darle la chance de que pueda cumplir con lo que en Derecho Penal se conoce como la teoría de los “re”, la reeducación, para la rehabilitación del individuo con el fin de reinsertarlo en la sociedad. Pero esa teoría de los re, el individuo debe vivirla en pleno goce de sus libertades, de lo contrario la rehabilitación está viciada por la posible sanción a recaer en el sujeto si no mantiene una conducta acorde a lo que establece el sistema.
En ese marco, todo proyecto de ley que tienda a limitar las libertades de las personas después de que cumplen una pena, por el hecho de que hayan cometido un delito, no aportan más que a generar una estigmatización de las personas porque sería una continuación de la penalización de una conducta, que ya se cobró.
Si la prisionización no es un buen aporte, es porque el sistema carcelario está fallando, entonces antes de pensar en un proyecto de ley que lo que haga sea castigar a un sujeto por un delito que cometió y ya pagó, debería usarse la cabeza para legislar sobre aspectos que contribuyeran a mejorar el sistema carcelario y que el mismo sea realmente de rehabilitación.
De lo contrario, de lo único que estamos hablando es de castigar personas, de denigrarlas aún más por el hecho de haberse equivocado en la vida y haber cometido delitos, y exponerlas al desprecio por sí mismas y ante el público por el resto de sus vidas al separarlas de la sociedad por lo que nos falta ponerles un cartel arriba que diga “soy un paria” y está listo.
Por lo tanto, ante los proyectos que atentan contra la recuperación de la gente y su reinserción en la sociedad, digo no. Y brego porque nuestros legisladores utilicen sus recursos, sus asesores y sus razonamientos para modificar las políticas legislativas que regulan el sistema penitenciario actual, que le voten más recursos y un plan de acción que permita convertirlos realmente en centros de rehabilitación, tal como se denominan. Si lo hacen, no será necesario que haya leyes para limitar libertades.

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Las leyes se hicieron para todos y también para Goncálvez

El artículo 8º de la Constitución establece el principio de igualdad, al señalar que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Este precepto constitucional establece, entre otras cosas, que si en nuestro país se sanciona una ley, a no ser que haya excepciones legalmente previstas, la misma es aplicable a todos los habitantes de la República.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

En ese marco, es que la Ley Nº17.897 conocida como Ley de “Humanización” del sistema carcelario, señala en su artículo 13º los parámetros de la redención de la pena por estudio o trabajo de cualquier procesado y/o penado. La norma establece que “el Juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo (…)”.
“(…) El Juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio. (…) Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las personas que se encuentren en régimen de salidas transitorias”.
Este es uno de los fundamentos básicos en los que el sistema funda su derecho para conceder el cumplimiento de la condena de un encausado, llámese Pablo Goncálvez o cualquier otro recluso que posea antecedentes similares y aún en hechos cometidos en formas más violentas, que los hay en las cárceles uruguayas.
No me gusta nada que Goncálvez ande por la calle sin ser una persona que quiera reinsertarse en la sociedad en forma armónica y pacífica, lo que no significa ser oveja y sumarse a la claque, pero sí compartir los códigos de convivencia de los demás. Pero más me molesta saber que por más que haya pasado más de dos décadas en un sistema carcelario como el nuestro, el mismo no le garantiza de ninguna forma, la posibilidad de rehabilitación. Aunque como enseña el destacado profesor de Criminología, Germán Aller, la prisonización tampoco garantiza absolutamente nada.

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Las leyes y las drogas

Vender estupefacientes es un delito acá y en todos lados. En nuestro país existen normas claras al respecto como la Ley Nº 14.294 que establece la penalización de la comercialización de estupefacientes o la Nº 17.016 que lo que hace

Hugo Lemos

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es modificar algunas modalidades delictivas que se han ido sumando con el correr del tiempo, con el fin de aggiornarse a esta realidad.
Como todas las cosas las leyes solamente marcan las reglas de juego en las que vive una sociedad e imponen los límites a la conducta humana. La intención de una ley es establecer la claridad de las reglas y en ese marco, el tráfico de drogas que hoy es visto como un problema social, es también un delito.
No hay excusa de que una mujer que se haya quedado sola en casa con sus hijos, para darles de comer se pone a vender drogas, tal como los relatos que escuchamos en la cárcel cuando los abogados hacen la defensa de su cliente con el fin de obtener su libertad. Comprensible es su drama social, pero si la solución es cometer delitos para poder sobrellevar los problemas económicos, el sistema se desvía y los problemas se agravan.
LA PENA
En Uruguay, más allá de la discusión de si es posible drogarse en la vía pública, llevar consigo estupefacientes y/o tenerlos en casa, las leyes son claras y la mayoría de las personas terminan siendo procesadas por esta normativa.
Ley Nº14.294 artículo 30: El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo 1º, precursores químicos u otros productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (*) Redacción dada por la Ley 17.016
En tanto, el artículo 31, mencionado en la jerga por los propios reclusos que caen por el delito que aquí se menciona como “el 31”, sostiene que “el que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.
Aunque toda regla tiene una excepción, pero no es la que se aplica comúnmente “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.
Esto es algo así, como lo que el juez entienda que es razonable para que la persona se drogue tranquila en su casa, algo que es tan discrecional como arbitrario

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Nueva ley ayuda al combate de Leishmaniasis

En el marco del combate a las enfermedades que son transmisibles y que comportan un importante problema sanitario para la población, donde para combatirlas deben ingresar a predios privados con el fin de cumplir su

Hugo Lemos

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cometido, lo que aparece como un escollo ahora es salvado por una nueva ley que le permite a las autoridades obrar de forma debida.
La Ley Nº19.376 pone énfasis en el caso de las casas deshabitadas y de los predios baldíos privados que pasaban a ser un obstáculo en estos casos, la norma establece una serie de habilitaciones que se aggiorna a la problemática que enfrenta Salto para la salud pública.
La LEY
Se trata de una ley corta de 5 artículos. Donde en el caso del artículo 1º se establece que “se autoriza al Ministerio de Salud Pública, a los Gobiernos Departamentales y a los Municipales encargados del control de vectores transmisores de enfermedades que representen un riesgo sanitario, a ingresar en los predios baldíos o fincas deshabitadas. Dicha autorización es a los exclusivos fines de proceder a la eliminación de recipientes, fumigación y limpieza. La facultad se otorga exclusivamente para los predios o fincas deshabitadas que se encuentran en la zona delimitada por la autoridad competente”.
La norma establece un fin exclusivo y en ese caso mantiene una restricción absoluta para quienes ingresen a un domicilio con otros fines invocando la potestad que le da la ley, ya que la misma aclara la particularidad que no permite otra interpretación.
En el caso del segundo artículo establece claramente que esta autorización legal que ampara el artículo 1º regirá solamente cuando el Ministerio de Salud Pública haya declarado el estado de “riesgo sanitario”. Como es el caso de nuestro departamento en estos momentos.
Asimismo, establece en los artículos subsiguientes que la ley faculta a la autoridad a actuar de la manera que sea necesaria para cumplir con los cometidos para los cuales fue creada la ley.
Dice el artículo 3º que “la autoridad podrá forzar y fraccionar cerraduras y aberturas, remover obstáculos y en general realizar todas las acciones imprescindibles para ingresar al predio o finca deshabitada a fin de cumplir con lo dispuesto por esta ley”.
Aunque en un inciso más abajo sostiene que también la autoridad “deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de provocar el menor daño posible al predio o finca deshabitada”.
Aunque la ley tiene un ingrediente defensivo y resarcitorio al incluir el grado de responsabilidad que asume por su accionar, señalando en el artículo 4º que “la autoridad podrá resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza, realizadas en la forma y condiciones que adopte en la reglamentación a tales efectos”.
Una vez evaluados los daños el Estado notificará al propietario de los lugares otorgándole un plazo perentorio de 10 días hábiles para formular los descargos que considere necesarios. Y señala en inciso aparte que en la intervención “se dejará constancia de los recursos empleados como de la situación anterior del inmueble mediante acta suscripta por escribano público o cualquier otro medio probatorio”.

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La Gracia, una clemencia pensada

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Hugo Lemos

Cuando hablamos de que se concederá una Libertad por Gracia a un recluso, potestad que en nuestro país solamente tiene la Suprema Corte de Justicia, o que se le otorgará una pensión Graciable a una persona por algún don especial, estamos hablando de un acto de clemencia que hace el Estado a través de sus instituciones y poderes como el caso del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para beneficio de alguna persona.
Pero cuando escuchamos tantas veces esta palabra, salimos a buscar de qué se refiere el concepto de Gracia. Según su significado es: un favor, un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular.
Aunque también la Gracia refiere a la: Potestad de perdonar una pena o de conmutarla por otra menor que el ordenamiento constitucional atribuye. Hoy en día no se configura como un mero acto graciable, sino como auténtico acto jurídico que afecta al orden público; por ello, en algunos ordenamientos se requiere una ley para su ejercicio, con lo cual se convierte en una prerrogativa formal.
En el caso de la visita anual de cárceles y causas, que cada año cumple como instancia formal la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros son los únicos con potestades para este acto, en cuya oportunidad puede conceder la Gracia que extingue el delito y puede también excarcelar provisionalmente a los procesados en base al artículo único de la Ley Nº 17.272 sustitutivo del art. 20 de la Ley Nº 15.737.
Para estos casos, el instituto de la Gracia es, al igual que la amnistía, un instituto de clemencia soberana. No se trata de una facultad absoluta, desde que el art. 109 del Código Penal la prohíbe para los reincidentes y habituales.
La excarcelación provisional de los encausados ha sido interpretada como una garantía contra la lentitud del proceso y se compadece con la previsión del artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra legislación por la Ley Nº 15.737, que consagra el derecho del imputado “a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
Para tenerlo en cuenta, el año pasado en Salto, en el marco de la Visita Anual de Cárceles los ministros de la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Felipe Hounié, le concedieron la libertad por Gracia de la Corte a un recluso que estaba cumpliendo prisión preventiva, es decir preso sin condena, hacía 3 años y 7 meses, por un delito que tenía como pena de 2 a12 años de penitenciaría.

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Régimen legal para los días feriados en Uruguay

Los días feriados como el que se celebra el próximo domingo, son por lo general motivo de discusión en los distintos ámbitos laborales, sobre todo porque hay mucho desconocimiento acerca del régimen legal que asiste a los hugo lemostrabajadores para estos casos. En ese sentido, nuestro país ha fijado distintos regímenes aplicables para los días feriados. En ese marco, la legislación laboral uruguaya prevé la distinción entre los feriados laborables y los no laborables. Aunque no contempla determinados casos y deja abierta la discusión sobre la flexibilidad de la norma para estos casos.
Feriados pagos
En ese sentido, distintos decretos y normas regulan la situación de los días feriados en nuestro país. En ese marco, el artículo 18 de la ley Nº12.590, del 23 de diciembre de 1958, establece que “los días 1º de Enero, 1º de Mayo, 18 de Julio, 25 de Agosto y 25 de Diciembre de cada año, todo trabajador percibirá la misma remuneración como si trabajara aunque no trabaje; pero en el caso de trabajar esos días, recibirá paga doble”.
En ese marco la ley vigente es clara y dice que si un trabajador mensual trabaja un día feriado pago, deberá cobrar el mes completo más un día, el cual se calcula dividiendo el sueldo entre 30. Pero si el trabajador es jornalero y trabaja un día feriado pago, recibe doble jornal. En tanto, la ley Nº16.805, del 24 de diciembre de 1996 y su modificativa, la ley Nº17.414, del 8 de noviembre del año 2001, establecen el corrimiento de los días que son feriados, los cuales siendo declarados por ley seguirán el siguiente régimen: si coincidieran el sábado, domingo o lunes, se observarán esos días; si ocurrieran en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior; si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.
Sostiene la norma que quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de Enero, 1º de Mayo, 19 de Junio, 18 de Julio, 25 de Agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana que ocurriere, cualquiera que este fuera.
Serán feriados no laborables:
Por otro lado, el régimen legal señala que serán además de los más arriba señalados, días feriados no laborables, el día que fije el Poder Ejecutivo para realizar el Censo de Población y Vivienda en todo el territorio nacional; el día que fije la Corte Electoral para realizar el acto referido al recurso de referéndum; el 1º de Marzo que coincida con la transmisión de mando del Presidente de la República, una vez cada 5 años. Aunque la flexibilización de la norma laboral permite que por ejemplo, por Convenio Colectivo se puedan establecer como feriados pagos a determinados días y para el personal de alguna rama de actividad específica. Como es el caso de que se haya declarado el 2 de enero de cada año el Día del Pescador, para el personal vinculado a la Pesca.
Forma de Pago para Trabajadores con Remuneración Variable
Para los trabajadores de remuneración variable, se toma en cuenta el promedio de lo ganado en los 12 últimos días anteriores al feriado que corresponda. Tienen derecho a cobrarlo: los suspendidos por causas que no le sean imputables (falta de materia prima, lluvia, etc.); los suspendidos dentro de los 10 días anteriores al feriado, se reintegren o no al trabajo; los enfermos, si han trabajado dentro de los 10 días anteriores al feriado.
No tienen derecho a cobrarlo: los accidentados o con enfermedad profesional no dados de alta a la fecha del feriado; en caso de enfermedad común (agregado por el art. 8 de la Ley N.º 13.556). en caso de huelga; si el trabajador se encuentra en el Seguro de Paro.
Feriados Comunes
El efecto de estos días en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual. Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal. Mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija.

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Uruguay tiene legislación antilavado, pero igual se le pasa

Tras los Panamá Papers y la detención en Argentina del testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, el tema del

Hugo Lemos

Hugo Lemos

lavado de activos volvió a dispararse en Uruguay. Un decreto del año 2010, fue lo último que se legisló sobre este asunto y generó fuertes reacciones en el fuero jurídico.
Según un informe redactado por los especialistas en el tema de una de las mayores firmas de abogados del país, Guyer y Regules, Juan Manuel Albacete e Isabel Lindner, el decreto Nº355 del año 2010, regula a la ley Nº18.494 del 5 de junio de 2009 que había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o “sospechosas”, con el fin de poder dilucidar los casos que se presentan.
La norma jurídica establece varios aspectos que hacen a las operativas económicas, que aún estando reguladas por el Banco Central, pueden llegar a generar situaciones de sospecha sobre el origen de fondos que llegan al país o que son utilizados en la plaza financiera local.
En ese sentido, obliga a los escribanos a hacer declaraciones juradas, a brindar información en fuentes públicas o privadas sobre las transacciones realizadas por sus clientes con anterioridad, compras, ventas o de otra índole, con el fin de conocer la actitud operacional en el mercado y por supuesto, sus antecedentes.

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Ante los Panamá Papers

hugo lemos

Hugo Lemos

Ante la polémica de los Panamá Papers, la filtración de 11 millones de documentos que deja al descubierto las maniobras de importantes personalidades del mundo en el manejo de sus finanza, con el fin de lograr la evasión de impuestos, aportamos un repaso somero que ha sido publicado en estos días para darle a conocer a la opinión pública en general qué son y para qué sirven las sociedades offshore, que eran la especialidad del estudio jurídico Mossack y Fonseca de ciudad de Panamá. A continuación damos a conocer un resumen ya publicado y explicativo sobre este tipo de sociedades.
¿Qué son las sociedades offshore? Las sociedades offshore son un vehículo jurídico a través del cual se pueden realizar actividades comerciales. Se ubica fuera de la jurisdicción de residencia de la persona. ¿Cómo se arma? Depende del requerimiento legal de cada país, de las normas bancocentralistas que tengan donde son constituidas las mismas, de las normas sobre lavado de dinero que posea el país donde se dan origen, y depende también de cada estudio jurídico. En Uruguay esas normas han venido modificándose con el paso del tiempo.
¿Cuánto cuestan?
Las sociedades deben tener un directorio y están formadas por acciones. Los valores dependen del mercado y del estudio jurídico que vende la sociedad. Hoy en Uruguay se puede comprar una sociedad offshore por US$ 2.000 (dos mil dólares en promedio). ¿Por qué Panamá?
Panamá no es el único hogar para las sociedades anónimas de este tipo. También pueden tener sede en el estado de Delaware, en Estados Unidos, o en la isla de Man e Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido). La venta de sociedades es una industria que genera divisas para el país que las aloja. Y por eso los países ofrecen este tipo de jurisdicción. Panamá tiene leyes que favorecen este tipo de inversiones porque le deja dinero al país.
¿Uruguay tuvo? Sí. Uruguay también tuvo vehículos jurídicos que favorecían las inversiones de no residentes. Por ejemplo las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión) que en 2007, con la reforma tributaria impulsada por el ministro de Economía, Danilo Astori, en el primer gobierno del Frente Amplio, fueron eliminadas. Ahora Uruguay exige que las acciones al portador de las sociedades anónimas se registren en el Banco Central, intercambia información con otros países y levanta el secreto bancario con ciertas excepciones. ¿Quiénes las compran? Estas sociedades pueden ser adquiridas por varios motivos. Y no todos limpios. Por otro lado el anonimato de los tenedores de acciones de esas sociedades no significa de por sí algo malo. Aunque muchas veces se usan para el lavado de dinero o para esconderlo, no es la única función que cumplen.

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