Una Ley establece obligación de los candidatos a Intendente a presentar declaración jurada de bienes

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los candidatos a Intendente que se presenten al acto eleccionario del próximo 10 de mayo del 2020, deberán presentar una declaración jurada de bienes ante las autoridades y las mismas podrán ser exhibidas para que la población sepa, cómo se compone el patrimonio de cada uno de los candidatos.
Esto se hace en aras de la transparencia de las políticas y las figuras públicas, a las cuales se las mira con lupa por el hecho de ser ciudadanos que lo que quieren es postularse para administrar los bienes que son de todos los uruguayos, en este caso, de todos los salteños.
Así lo establece la Ley Nº19.797 que al comprender a los candidatos a presidente y vice de la República, también lo fija como un imperativo legal para los candidatos a la Intendencia de todo el país.
Según sostiene el Artículo 2ºde la referida norma, que modifica en parte a la Ley Nº 17.060, del 23 de diciembre de 1998 y sus modificativas, el siguiente artículo 11 BIS: por el cual se señala que «Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a las Intendencias Departamentales proclamados por los organismos partidarios correspondientes, deberán presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos, tal como se determina en el artículo 12 de la presente ley».
Sostiene la norma de marras asimismo que «la declaración deberá ser presentada hasta treinta días antes de efectuarse el acto electoral correspondiente. La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) publicará las mismas, en los mismos términos indicados en el artículo 12 BIS. Asimismo, indicará en su página web quienes han incumplido con dicha obligación. La reglamentación determinará el monto de la multa a quienes no dieran cumplimiento con la obligación establecida en este artículo».

Hugo Lemos

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Leyes de mi país

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Ley rige forma para entregar viáticos a funcionarios

La Ley Nº19.771, promulgada en el mes de Julio del presente año, establece el régimen en el que los funcionarios públicos pasarán a tener derecho a recibir un viático por su actividad. La misma es una ley rígida en su expresión y no permite ambiguas interpretaciones.
LA LEY
En su artículo 1º la misma dice que es aplicable a todos los funcionarios públicos, incluidos los que ocupen cargos electivos y de particular confianza o políticos, a título oneroso o gratuito, que deban cumplir sus servicios o sus funciones fuera de su lugar habitual de trabajo, sea que se desarrollen en el país o en el exterior, tendrán derecho a la percepción de los viáticos que se regirán por lo dispuesto en la presente ley.
Quedan comprendidos en esta definición los funcionarios designados en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los que revisten funciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y los Servicios Descentralizados. Así como los que pertenecen a los Entes Autónomos, los Gobiernos Departamentales y Municipales.
Los funcionarios contratados en relación de dependencia por las personas públicas no estatales, y de las sociedades comerciales, respecto de las cuales una persona pública estatal o no estatal tengan participación mayoritaria en su capital social. En el caso que el Estado no posea la mayoría del capital social, de todas formas resultarán igualmente obligados aquellos funcionarios que ocupen cargos en representación de un órgano estatal.
CONCEPTO. El artículo 2 del texto normativo define viático a la asignación de recursos económicos, ya sea mediante la entrega de dinero o medios de pago electrónicos, destinado a las expensas originadas en los viajes realizados, entendiéndose por expensas las que deriven de gastos de alojamiento, alimentación, transporte y otros de naturaleza extraordinaria que deriven necesariamente del ejercicio de sus servicios o funciones.
A su vez señala que los montos de los viáticos al exterior se otorgarán de acuerdo con la escala básica que fija el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la elaborada por las Naciones Unidas según el destino. Los montos de los viáticos generados en el país serán determinados por el Poder Ejecutivo y ajustados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
LIQUIDACIÓN. La liquidación de los viáticos al exterior se realizará por los días que comprende la misión, teniendo en cuenta el día de partida y el de llegada a nuestro país. Podrá adelantarse hasta un 20% (veinte por ciento) más del viático que corresponda para cubrir imprevistos que puedan surgir durante el transcurso de la misión.

Hugo Lemos

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Leyes de mi país

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Documento y firma electrónica

Un análisis realizado por el destacado estudio jurídico capitalino Guyer & Regules sobre el documento electrónico, la firma electrónica, los requisitos legales y sobre todas las cosas la vigencia del mismo en el mundo de internet, donde el sistema judicial se aggiorna y acepta a éste como elemento sustancial para defender una pretensión.
Los dejo con el siguiente trabajo de la Esc. María Laura de los Santos para Guyer & Regules
Documento Electrónico y Firma Electrónica (Ley 18.600)
Reconocimiento legal
Nuestro país desde el año 2009 reconoce como válido y eficaz el uso del documento y firma electrónica. Es con la ley 18.600 que el sistema jurídico uruguayo se adapta a los cambios tecnológicos en procura de brindar a los usuarios de los mismos la confianza y seguridad en las transacciones electrónicas.
¿Cuáles son los objetivos de la ley 18.600?
Éstos son: i) asegurar la autenticidad del documento electrónico y la firma electrónica, los que reconoce con el mismo valor y efecto jurídico que los documentos escritos; ii) evitar que sean adulterados sin consentimiento de su creador durante el tráfico electrónico; iii) crear la Infraestructura Nacional de Certificación, la cual dará seguridad al proceso de certificación que se instaura, colocando al Estado como máximo controlador del mismo; iv) acercar el uso de medios tecnológicos, como lo es la firma electrónica, a ámbitos públicos y privados.

¿Qué es un documento electrónico?
La ley lo define como aquel que representa digitalmente actos o hechos independientemente del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
Un documento electrónico que contenga una firma electrónica tendrá la misma eficacia y validez que un documento escrito con firma autógrafa.

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A la justicia hay que acceder sin pagar por ello

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Una vez iniciado un proceso judicial, los justiciables deberían tener un acceso pleno a los pormenores del caso. Sobre todo los que están implicados en cada uno de los hechos que se dilucidan en una sede, deberían hacerlo sin tener que pagar por ello. Porque solamente para acceder a la justicia, además de la contratación de un abogado para ser asistidos y/o representados, deben comprar una serie de timbres y tasas judiciales, con el fin de poder presentar un escrito e iniciar una demanda.
En ese sentido, el principio de gratuidad del proceso que está establecido en el CGP, no se cumple, debido a que una persona tiene que pagar para poder ir a juicio y hacer valer su pretensión ante un juez, en caso de que no pague esos impuestos no podrá hacerlo. Salvo que justifique su estado de insolvencia y pida un régimen de auxiliatoria de pobreza, que debe ser debidamente probado.
Pero el afán recaudatorio de la administración de justicia, llega al punto de rozar la delgada línea de la vulneración de derechos de los ciudadanos, porque aquel que necesita servirse de un expediente en cuyo caso se vio envuelto y el mismo ya culminó.
Pero no lo dejaron acceder, las disposiciones normativas prevén que debe pagarle a un abogado para que le presente un escrito, con timbre incluido, en el que soliciten al tribunal poder acceder al expediente, cuyo caso ya terminó y que está durmiendo en un galpón que funge de depósito judicial.
El justiciable debió pagar para poder ver un documento y eso vulnera el principio de publicidad del proceso, y el acceso a la justicia, ya que impone el pago de un canon para poder acceder a ese derecho. La administración de justicia falla en esos aspectos y debería analizar la manera de proteger el derecho de toda la población al acceso a la justicia, sin que la misma deba tener dinero en el bolsillo para poder hacerlo.

Hugo Lemos

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Régimen legal para la exportación de mercaderías de micro y pequeñas empresas

Ahora mediante la ley Nº19.765 se abrió un régimen de libre exportación para micro y pequeñas empresas. Si bien las mismas tienen un régimen establecido a través de una norma específica, se señala un monto que es el que debe primar a la hora de que las empresas pretendan realizar exportaciones definitivas. A su vez establece un marco de elección de despachante de aduana para que el mismo intervenga de acuerdo a las disposiciones previstas en la presente ley.

EL TEXTO LEGAL
Artículo 1º. (Definición).- El régimen especial de exportaciones de micro y pequeñas empresas es aquel por el cual se permite la exportación definitiva, exenta del pago de todo tributo, de mercadería cuyo valor de factura de exportación no exceda de US$ 2.000 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) y siempre que el exportador sea una micro o pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en el régimen de la Ley Nº16.201, de 13 de agosto de 1991, normas modificativas y reglamentarias.La reglamentación del Poder Ejecutivo dispondrá los demás términos, condiciones y límites para que una operación pueda ampararse en este régimen. Asimismo, la Dirección Nacional de Aduanas reglamentará un procedimiento de despacho aduanero simplificado para este régimen.
Artículo 2º . (Despachante de Aduana).- A los efectos de la simplificación de los procedimientos y reducción de los costos de los servicios a las micro y pequeñas empresas exportadoras, la reglamentación del Poder Ejecutivo podrá ajustar las características de la intervención del despachante de aduana de acuerdo con lo siguiente:
A)Habilitar a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay a distribuir para su gestión entre los despachantes de aduana, agremiados o no a la misma, las operaciones del régimen de exportaciones de micro y pequeñas empresas. La reglamentación del Poder Ejecutivo asegurará que el exportador tenga la posibilidad de elegir despachante de aduana entre aquellos que operen en el régimen de exportaciones de micro y pequeñas empresas.
B)En caso que se disponga lo previsto en el literal anterior, los despachantes de aduana serán responsables solamente cuando la clasificación arancelaria sea inexacta y la mercadería coincida con las características aportadas por el exportador. En los demás casos la responsabilidad tributaria e infraccional será del exportador.
Artículo 3º. (Devoluciones de la mercadería).- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer condiciones, causales y un procedimiento especial para las devoluciones de la mercadería verificadas en el marco del presente régimen y acorde a sus características.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de junio de 2019.

HUGO LEMOS

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Lo positivo de todo esto, es la discusión

Hasta hace un tiempo poco y nada se sabía de la ley Nº 19.684, conocida hoy ante la opinión pública como la ley trans. La norma, que establece una serie de derechos para las personas que optan por esa condición y orientación sexual, sobre todo con respecto a determinados reconocimientos sociales. Pero también determina la posibilidad de los mismos de acceder a determinados tratamientos de hormonización solventados por el Estado.
Si bien la idea no es entrar en la discusión per se de la ley, es muy importante poner en debate el contenido de una norma. Y lo es por el simple hecho de que todos los ciudadanos de este país estamos a merced de las normas que produce y sanciona el parlamento uruguayo.
Cuando el mismo reúne a sus senadores y diputados con la finalidad de elaborar una norma, lo debe hacer en función de una necesidad social para que su impacto devenga en un colectivo de la población o de la misma en su conjunto.
Por eso es importante, que al menos la mayoría de las normas que se promulgan después por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia, sean debatidas y discutidas por la opinión pública en su conjunto, porque de hacerlo, haríamos leyes más sanas para el conjunto de los uruguayos, ya que los legisladores no pueden meter cualquier cosa en las mismas y además fortaleceríamos el sistema, porque estaríamos empapados de nuestros derechos y obligaciones, algo de lo que hoy, en la gran mayoría de los casos no tenemos ni idea, y que como lo establece nuestro Código Civil y reza en este espacio “la ignorancia de las leyes no sirven de excusa para no cumplirlas”, quiere decir, que vale lo mismo.
Por eso, dentro de las cosas que promueva o no promueva esta norma, y de los alcances que establezca o no la ley, lo importante, lo saludable para el conjunto de la población es haber podido llegar a esta instancia, con el fin de enriquecer el debate y de dar la discusión de lo que queremos como sociedad.
Porque así deberían ser las cosas en un Estado de Derecho, donde la población debe discutir y analiza las leyes y saber dónde estamos parados. Así que más allá de lo que salga el domingo, la idea es que si hay referéndum sabremos un poco más del contenido de la norma, y de lo contrario, lo positivo es la discusión pública de todos estos temas, de un lado y del otro.
Pero lo que sí hay que erradicar es el agravio o la tergiversación adrede de las cosas. Ojalá todos tengamos la madurez como para poder hacerlo.

Hugo Lemos

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Leyes de mi país

Los derechos y garantías para decir lo que está pasando y no otra cosa

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad de expresión es ante todo un derecho humano fundamental. Pero así como tiene responsabilidades consabidas, también tiene sus límites cuando afecta la esfera subjetiva de otro que tiene la legitimidad para actuar en función del derecho que entiende ve lesionado.
Es cierto que la Constitución de la República consagra este principio en su artículado, como el 7, que habla de la libertad, el 10 que señala que lo que no está prohibido está permitido, el 29, que establece específicamente la libertad de expresión y de imprenta por el momento en el que fue creada nuestra Carta Magna y el 332 que sostiene que los derechos que la misma consagra, emanan de la forma democrática y republicana de gobierno.
Pero más que un derecho, la libertad de expresión es un principio que debe ser consagrado e incorporado a nuestra forma de vida como algo regular.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tiempos, que obligaron en cierta medida a que más de 70 medios de comunicación de nuestro país (que ya es decir bastante), conformen un bloque de acción para brindar una respuesta clara y contundente contra la desinformación que promueven las noticias falsas, ante la sobreinformación a la que asistimos y que proporcionan principalmente, las redes sociales, sobre todo en momentos de decisiones tan trascendentales para el país, como son las elecciones generales del próximo mes de octubre.
La creación de Verificado.uy otorga ciertas garantías para que las cosas que se dicen, se escriban o se muestran, sean realmente las que suceden y no se tergiversen en función de intereses espurios o personales de algunos amigos o enemigos del poder, que, empleando el rol de periodistas, generan información a su antojo para causar el impacto que ellos pretenden y así defender determinados intereses.
Si bien su actuación será chequear las cosas que se dicen, el hecho que de los resultados sean el descubrimiento de noticias falsas, los veredictos podrán ser usados como elemento probatorio elemental ante la justicia en caso de ser necesario.
Su dictamen no es vinculante, pero sí determinante para ganar credibilidad ante la opinión pública y en el periodismo, el valor fundamental de un medio de comunicación o de un periodista, es la credibilidad.

Hugo Lemos

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Por lo menos que lo capturen, para poder darle a la sociedad un mensaje mucho más contundente

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Un joven venía caminando por la calle con un amigo. Pasaban algunos minutos de la medianoche y éste venía llegando a su casa en la populosa zona del barrio Artigas. Cuando de repente, se le apersonaron dos individuos. Uno de ellos esgrime un arma de fuego y el otro un arma blanca, ambos lo amenazan y le exigen que les entregue sus pertenencias. La víctima se niega y sale corriendo.

Cuando esto sucede, mientras huía del lugar junto a su amigo, el delincuente que antes lo encañonó para robarle, cometiendo el delito de rapiña agravada por el uso de arma de fuego, encima de esto le dispara por la espalda, y lo hiere, al punto que el joven es trasladado hasta un centro asistencial y termina internado, e intervenido en el block quirúrgico.

El joven sale bien de la operación según manifestaron fuentes médicas, pero la lesión perdura, el susto no cesa, el estrés emocional y la angustia sufrida por él y su familia aún permanecen, más allá de que el hecho fue mencionado en los diarios un solo día.

El delincuente no ha sido capturado, la Policía tiene indicios de quién puede ser el sujeto, pero hasta ahora, el mismo sigue en las calles y posiblemente armado, esperando atacar a su próxima víctima.

En el caso de que el individuo sea capturado y se compruebe que fue el autor de los disparos y que además para esto le sea incautada la misma arma utilizada en el hecho que se investigue, el mismo tendrá que responder por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que al haber efectuado un disparo por la espalda a una persona, más allá de las lesiones que le ocasionare, la intención o el fin último era poner en riesgo la vida de la persona, para evitar ser reconocido y denunciado por el delito anterior, esto es, la rapiña efectuada.

Sin embargo, seguramente, el fiscal actuante, pedirá su formalización por la rapiña cometida y el delito de lesiones agravado por el uso de arma de fuego. Con todo, se trata de un delito de extrema gravedad, que no puede quedar impune ya que genera un antecedente muy peligroso si el caso concluye y es que cualquier delincuente que porta un arma, puede generar un daño aún mayor al que se propone, entendiendo que puede quedar impune o recibir una sanción que es menor a la que debería por el hecho consumado, debido a un tecnicismo.

Si cabe la figura penal del Homicidio en Grado de Tentativa, que es cuando el sujeto con su accionar tiene intención de dar muerte pero no logra su cometido, porque la intención del sujeto fue dañar la integridad física del otro a cualquier precio, tomando en cuenta que la víctima fue herida cuando huía, si se penalizara el hecho de esa manera ahí habría un mensaje mucho más contundente.
Más allá de esto, ojalá que el autor de este caso, al menos pueda ser capturado.

Hugo Lemos

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Las consecuencias de las Ferias Judiciales para la dilucidación de los casos que están en trámite

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La Feria Judicial es un período de vacancia del sistema que permite a los operadores de justicia tener un descanso de las actividades que la administración establece de manera permanente, y que además le da un plazo de distensión a una actividad que genera un desgaste no solo para los funcionarios de ese poder del Estado, sino también, para los propios operadores del mismo.
En ese aspecto, la Feria Judicial se subdivide en dos aspectos, la Feria Mayor que es la que va del 25 de diciembre al 31 de diciembre. En ese período los únicos casos que son tomados por los tribunales son los pedidos de amparo, que son casos sumarísimos que deben resolverse en un plazo muy corto de tres días máximos, estipulados por la ley 16.011 donde se afecta un interés directo, personal y legítimo.
Así como los casos de violencia doméstica y de género, además de los casos penales e infracciones aduaneras, que son ingresados y que deben ser atendidos más allá de los períodos de Feria, debido a que los mismos tienen plazos que deben ser respetados para que no se genere la vulneración de ningún derecho.
El otro período de vacancia es el que transcurre actualmente y es el que corresponde a la Feria Judicial Menor, cuyo período va del 1º al 15 de Julio de cada año.
En ese lapso el régimen de atención de casos es el mismo que el mencionado más arriba, donde solamente los casos de urgencia o los comprendidos dentro de la Ley 16.011 del proceso, son los que deben ser atendidos.
No obstante, la Semana de Turismo, es otro período que se toma como vacancia y donde la administración de justicia no funciona y adopta los plazos para la resolución de casos, como régimen de feriado.
En todos los casos, los justiciables son quienes deben esperar la finalización de todos estos procesos de descanso, para que sus casos, en manos de los operadores judiciales, sigan el impulso procesal correspondiente.
En ese sentido, durante los períodos de vacancia, como el actual, que corresponden a las Ferias Judiciales, los plazos para la contestación de casos o impugnación de sentencias, así como la expedición de otras diligencias, quedan suspendidos.

Hugo Lemos

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Ley de Negociación Colectiva, principales sugerencias de las OIT

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Ante las observaciones realizadas a la Ley de Negociación Colectiva, Nº18.566, por la Organización Internacional del Trabajo, tras las quejas presentadas por las Cámaras de Industria del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, por entender que hay aspectos violatorios de los derechos individuales en la referida normal y que legitima algunos aspectos no ajustados a derecho, el prestigioso estudio Guyer y Regules, hizo un pormenorizado análisis de algunos de los elementos sustanciales de esa recomendación, que cae como un baldazo de agua fría, a las políticas de relaciones laborales del gobierno.
El referido trabajo señala lo siguiente.
Se sugiere modificar la integración del Consejo Superior Tripartito, que es el órgano de contralor y “gobernanza” de la negociación colectiva. En la Ley la representación del Gobierno tiene mayoría de integrantes. El Comité dice que debe buscarse que todas las partes tengan igual número de integrantes en el Consejo y que la Presidencia quede a cargo de un presidente independiente del Gobierno, nombrado por acuerdo de trabajadores y empleadores. Respecto a los niveles de negociación colectiva se sugiere modificar la norma, estableciendo que el nivel de negociación colectiva sea establecido por las propias partes, y no impuesto por la Ley, como lo establece la norma cuestionada.
En lo que refiere a la negociación de empresa, la Ley vigente prevé que si en la empresa no existe sindicato debe negociarse colectivamente con el sindicato de rama. Al respecto el Comité observa que la negociación con el sindicato de rama sólo debe realizarse si la empresa cuenta con representación sindical. Y hace presente que a falta de organización sindical debe reconocerse el derecho de negociación a través de representantes electos por los trabajadores. Finalmente, en materia de vigencia de los convenios colectivos, la Ley actual prevé como regla la ultractividad de los mismos, es decir, la vigencia de los beneficios contenidos en el convenio aún después de la extinción del mismo. El Comité señala que la duración de los convenios es una materia que en primer término corresponde a las partes contratantes, y no a la Ley. Y que si el Gobierno quiere incluir una solución legal, la misma debe reflejar el acuerdo de trabajadores, empleadores y Estado; cosa que no ocurre con la solución elegida por la Ley vigente.
Sobre las ocupaciones en los lugares de trabajo, las sugerencias pasan porque las mismas “deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empleadores de ingresar a las instalaciones de la empresa”. E insta al Estado velar por asegurar el respeto de lo anteriormente expuesto.
Con información de Guyer. com.uy

Hugo Lemos

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Impulsan crédito fiscal a quienes promuevan Desarrollo e Inteligencia

El gobierno nacional impulsa políticas de apoyo para el establecimiento de empresas que se rijan por el derecho privado y que tengan como objetivo la investigación y el desarrollo. Se trata de la ley 19.739 del 2 de abril del 2019.

La norma promueve créditos fiscales de hasta el 45%, en los gastos de Investigación y Desarrollo que estén debidamente certificados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANII).

En su artículo 1º la mencionada norma le faculta al Poder Ejecutivo “otorgar un crédito fiscal a las empresas regidas por el derecho privado, por sus gastos en actividades de Investigación y Desarrollo, siempre que los mismos se encuentren debidamente certificados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación”.

“Dicho crédito podrá alcanzar como máximo a 35% (treinta y cinco por ciento) de los gastos en Investigación y Desarrollo que sean ejecutados en su totalidad dentro de la empresa.
En casos de proyectos que se desarrollen conjuntamente con centros tecnológicos o universidades que estén debidamente certificadas en cuanto a sus capacidades en materia de Investigación y Desarrollo, el crédito fiscal podrá alcanzar a un máximo de 45% (cuarenta y cinco por ciento) de los gastos de Investigación y Desarrollo”.
“La Agencia Nacional de Investigación e Innovación será la entidad técnica encargada de implementar el esquema al que refiere el presente artículo.
El Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación el alcance del concepto de Investigación y Desarrollo a utilizar, los gastos elegibles, los topes y otros 2 aspectos necesarios para la aplicación del beneficio; asimismo, el Poder Ejecutivo establecerá anualmente el monto máximo de beneficios que podrán otorgarse en el marco de lo previsto en la presente ley”.
Establece además en su artículo 2 la derogación del literal C) del artículo 23 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Hugo Lemos

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Leyes de mi país. Responsabilidad extracontractual y el Buen Padre de Familia

«Porque la ignorancia no sirve de excusa..»

La responsabilidad extracontractual es clave para entender que todos somos responsables por los hechos que cometemos y por los que cometen quienes están bajo nuestra responsabilidad o cuidado. Por eso el artículo 1324 del Código Civil es claro y detalla. “Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado”.
Así, el complejo normativo realiza en ese artículo la enunciatividad de las responsabilidades que en él se establecen. Por lo que sostiene que “los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía”.
Así como también “los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado”. Y en ese aspecto, señala que también “lo son, igualmente, los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia”. Y admite que además lo son, por último “los dueños o directores de un establecimiento o empresa, respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados”. Concluye el citado precepto normativo que “la responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”. El concepto de Buen Padre de Familia, es el que rige para identificar un alto grado de responsabilidad empleado por una persona para lograr evitar un daño causado por sí o por quien tiene a su cuidado. Es destacable que este concepto para que todos tengan en cuenta que no solo vale la responsabilidad sino también la obligación.

HUGO LEMOS

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Toda víctima o testigo de un delito, tiene derecho a ser protegido

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Un testigo quiso aportar los datos de lo que había visto en el robo a una mujer de su barrio, en plena vía pública. Pero cuando fue a declarar ante la Policía, algo que ocurría antes del nuevo Código del Proceso Penal, se cruzó con el detenido, acusado del robo, a quien el testigo iba a identificar como el autor penalmente responsable del hecho, testimonio con el cual seguramente iba a ser procesado.
Pero desde la existencia de la nueva ley de procedimiento policial, desde hace 10 años, las cosas cambiaron. Ahora hay una norma que obliga a la Policía a proteger los datos personales de las víctimas y testigos.
Según el artículo 32 y siguientes de la ley 18.315 toda “víctima, testigo o persona que brinde información calificada a la policía, tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado”.
Además la ley también establece que la policía “deberá llevar un registro y archivo sobre la información a que se refiere el artículo anterior, procesándola y utilizándola para la prevención e investigación de hechos ilícitos”.
También la norma establece que la Policía registrará toda “la información que tenga el carácter de anónima, lo que se deberá consignar como tal”.
Asimismo, la información debe tener “carácter confidencial, toda información o denuncia de una víctima, testigo o persona que brinde información calificada cuya identidad esté comprobada, se asentará en el archivo y tendrá carácter de confidencial y secreta, sólo pudiéndose revelar la misma por orden de la Justicia competente”.
Mientras tanto el artículo 36 destaca que el Derecho a la información, la víctima “tiene derecho a ser informada por la Policía de todo lo actuado en el caso que la afecta, en la medida que ello no afecte u obstruya la investigación, salvo orden expresa de la Justicia competente. Cuando el denunciado o el denunciante sea funcionario policial, las autoridades competentes habrán de extremar las medidas de supervisión para garantizar el adecuado manejo de la información y de todo el proceso de intervención policial”.
En cuanto a la responsabilidad del personal policial, la ley sostiene que “el personal policial será responsable de las medidas que se le ordenen para la protección de víctimas, testigos y personas que brinden información calificada”.
Para todas estas medidas cada Jefatura tendrá un protocolo de acción según las condiciones y los recursos con los que cuente cada unidad. Pero la protección tanto a las víctimas como a los testigos, debe darse.

Hugo Lemos

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Una cosa es salir de la audiencia, otra abandonar el edificio

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El artículo 10 de la Constitución de la República dice que lo que no está prohibido está permitido. Por eso, cuando una cosa no está escrita en un precepto legal, ningún juez puede discrecionalmente determinarla y hacerla válida.
Por eso, la discusión de si una persona puede permanecer en el interior de un recinto público no es discutible.
Esto a colación de la expulsión de los periodistas el lunes 29 de abril del juzgado penal de Salto, por orden del juez penal, Paulo Aguirre, quien no debió echar a los trabajadores de la prensa del interior del recinto, sí de la sala de audiencias, pero no del recinto porque no les está prohibido a los ciudadanos de este país, estar en ese lugar.
Pero el juez insiste y con su conducta lo que hace es que el derrotero cultural que se pretende dar contra la cabeza de los funcionarios que plantean a las instancias judiciales como un secreto de Estado, cae por su propio peso. El Artículo 9 del nuevo Código del Proceso Penal, habla entre otras cosas de la publicidad del proceso y dice: El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las limitaciones que se establecen en este Código. (…)
La publicidad del proceso no es un antojo, sino que refiere a la transparencia en la administración de justicia que debe imperar para que la población gane confianza en el sistema. Pero si los funcionarios, como jueces, actuarios y funcionarios en general, se empeñan en hacer lo contrario, los cambios nunca podrán prosperar. El juez Aguirre, justifica la reserva de las actuaciones en el juicio de presentación para la formalización de individuos acusados de delitos, algo que podemos compartir por la seriedad del caso y por el asidero que podemos darle a la línea argumental del magistrado, pero lo que no podemos compartir, es que el mismo justifique la expulsión de los periodistas del recinto judicial, porque nadie está obligado a abandonar un edificio público, sino está atentando contra el mismo ni contra su normal funcionamiento.
Discutimos esa decisión y esperamos que por el respeto a la democracia y a la libertades de trabajo y de expresión, no vuelva a suceder. La libertad de expresión está consagrada como uno de los derechos humanos fundamentales en nuestra legislación. La Constitución de la República la ampara en varios artículos como el 7, que habla de que el Estado deberá garantizar la libertad de los ciudadanos, el 10 que refiere a que lo que no está prohibido está permitido, el 29, que refiere estrictamente a la libertad de prensa y el 332 que establece que la Carta ampara todos los derechos que emanen de la forma republicana de gobierno. Si bien en los últimos años en nuestro país hubo avances notorios con respecto a la libertad de expresión y de prensa, ya que con la consagración de la ley de acceso a la información pública, además del respeto consabido y como es debido en líneas generales a los medios de comunicación, sin injerencia del gobierno, solamente en algunos casos puntuales de expresiones desafortunadas de parte de gobernantes y actores políticos, fue suficiente, para que Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales posicionaran a Uruguay, junto a países como Chile, Canadá y Costa Rica como los de mayor libertad de expresión del continente, por encima de Estados Unidos en muchos casos. Y a Nicaragua, Venezuela, Honduras y Cuba como los de mayor represión y hostigamiento hacia los periodistas y de nula libertad de prensa como el caso de la dictadura cubana.

Hugo Lemos

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Alarma pública vs. reserva de las actuaciones

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los derechos que tienen las personas y las potestades que tienen los operadores del sistema judicial, muchas veces determinan que los intereses sean contrapuestos. El derecho humano fundamental a la libertad de trabajo y en consecuencia el derecho humano a la libertad de información de la opinión pública, se siguen viendo cercenados por la potestad que tienen los jueces y fiscales de exigir la reserva de las actuaciones de determinados casos que se sustancian en la órbita de la justicia. Si bien muchas veces ese pedido de declarar reservadas determinadas actuaciones, es conteste con el interés de obtener resultados positivos en el marco de una investigación, el argumento debe ser explicado de manera correcta a los encargados de brindar la información a la opinión pública, sobre todo cuando en esos casos hay bienes públicos que fueron dañados, y máxime si en el mismo hay involucrados funcionarios públicos, a los que la sociedad les paga el sueldo. En estos casos, como el ocurrido con el desenlace de las investigaciones por el robo a las Termas del Daymán, es cuando se genera la denominada alarma pública o alarma social, y esta es justamente la que pone en aprietos a los operadores del sistema porque cuando hay todavía hilo por cortar, tratan de no dar mucha información y ese cercenamiento, que puede ser por razones obvias, se contrapone, choca de frente, con el derecho a la libertad de prensa y de información que tiene la población, porque allí se activa la potestad de reserva que invocan jueces y fiscales. Así las cosas, la alarma pública y la reserva de las actuaciones, no son buenas amigas.

 

Hugo Lemos

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La semana Santa o de Turismo es parte del atraso

La Semana Santa, Criolla o de Turismo en este caso, porque el Uruguay tiene un Estado laico, hace que el sistema judicial opere como si estuviera en una Feria Judicial intermedia, entre la Feria Mayor que se cumple del 25 de diciembre al 31 de enero y la Menor que se lleva a cabo entre el 1º y el 15 de Julio de cada año.
Si bien la vacancia judicial en la presente semana se menciona en el Código General del Proceso, como una temporada de inacción del sistema judicial, la misma no está contemplada a nivel de política legislativa y sí en fórmula administrativa, por lo cual debería cambiarse esta situación.
Muchos justiciables esperan una resolución de sus casos, algo por lo cual los abogados se han manifestado en los últimos días, esperando que haya una mayor celeridad en la dilucidación de sus asuntos. Aunque con todos estos feriados en el medio, los días se hacen más largos y las resoluciones de los casos se dilatan aún más en el tiempo.
Debería tomarse en cuenta que al mes y medio de inactividad oficial hay una semana y varios feriados en el año, que aplazan aún más las decisiones y eso genera una problemática para mucha gente que precisa una salida a varios problemas.

HUGO LEMOS

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El 50% de los convenios realizados en Salto por refinanciación de patentes cayó por falta de pago

El año pasado y evitando el año electoral, todas las intendencias del país realizaron un acuerdo para refinanciar el pago de las patentes, ya que se registraba una alta morosidad en todo el país.

Las intendencias acordaron realizar convenios hasta en 60 cuotas sobre la deuda capital de la patente sin intereses ni recargos, sin embargo, si a una persona se le juntaban dos cuotas y no podían pagar, el convenio caía y la gente se queda otra vez en la misma situación anterior.
Empero, para las intendencias esto ha sido beneficioso ya que pudieron traer a mucha gente a realizar convenios, y también esta situación los puso a tono ya que lograron conocer cuál es la realidad en cuanto a la cantidad de vehículos que tiene cada departamento, ya que muchos figuran, pero otros ni siquiera están en circulación.

CONVENIOS
Los convenios iban hasta en 60 cuotas, y la mayoría de las personas debían acordar la refinanciación de pagos de convenios por deuda de multas y de patentes. Según la información que tiene en su poder la Intendencia de Salto, esa comuna llegó a realizar alrededor de 8.124 convenios, de los cuales hasta el momento cayeron 4.137 por la falta del pago de dos cuotas juntas. En Salto hay un parque automotor de alrededor de 70.000 motos y de otros 35.000 que se subdividen autos y camionetas, lo que arroja que haya un parque automotor que supera los 105.000 vehículos teniendo en cuenta que estamos ante una población de 132.450 habitantes, determina que hay 2,5 vehículos cada 3 habitantes. Los conductores a los que se les encuentre con deuda de patente, que en Salto se estima que la morosidad real ronda el 18% podrán refinanciar la deuda ya no en 60 sino en 24 cuotas.

Los Números:

8.124 convenios por refinanciación en Salto en 2018

4.137 convenios cayeron por falta de pago

60 cuotas tenían para refinanciar en 2018

24 cuotas tienen ahora en 2019
105.000 vehículos fueron registrados

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¿Cuán independiente es la justicia uruguaya?

Hugo Lemos

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La concepción republicana quedó de manifiesto cuando a Tabaré Vázquez no le tembló el pulso para reivindicar la institucionalidad y echar a la cúpula militar de sus cargos. Pero más allá de todo lo que pasó, con las declaraciones del criminal José Gavazzo y con el silencio de unos cuantos que ya sabían de esto y cajonearon el expediente, ahora viene la hora de las responsabilidades.
Lo que se debe dirimir es justamente, desde la legalidad, quiénes han sido responsables de todo. Primero de la muerte de Gomensoro. Ya Gavazzo confeso y será juzgado porque se trata de un delito de lesa humanidad que es imprescriptible, por otro lado, se medirá la responsabilidad de los integrantes del Tribunal de Honor por haber realizado un informe sin enviar las declaraciones a la justicia.
Luego la de los integrantes del Tribunal de Alzada de la Justicia Militar que tampoco enviaron las declaraciones de Gavazzo, admitiendo la autoría de un crimen, a la fiscalía. Acto seguido se evaluará qué responsabilidades le cabían al ministro de Defensa, según él, informó el caso, entonces ¿cuáles son sus responsabilidades legales? ¿Informarle al presidente o ir directamente a la justicia?
Y por último las responsabilidades del Secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que fue informado por el ministro y suscribió el informe sin llamar al fiscal de turno y decir: “hola, tengo un crimen que denunciar”. Y el mejor plato, es la responsabilidad del presidente Tabaré Vázquez que debió leer lo que firmaba y en caso de saber, denunciar y punto. Ahora por estos días los uruguayos veremos cuán independiente es la Justicia que tenemos.

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La segunda puede dar vuelta todo

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Las sentencias interlocutorias, que son las de primera instancia en un juicio laboral, tienden a convertirse en un dictamen con naturaleza provisoria, en función de que por lo general se han dado una serie importante de casos en que los tribunales de segunda instancia, han revocado en el mayor de los casos, las sentencias que se creían definitivas y que ante una apelación, era solo cuestión de formalismos procesales, ya que las mismas venían desde Montevideo con la ratificación de lo dictado en Salto.
Esto habla a las claras del principio de independencia judicial, que si bien tiene otros pormenores, habla de la libertad que tienen los magistrados para fallar en los casos ajenos incluso a lo que otros tribunales entiendan sobre el mismo caso. Además de la discrecionalidad que tienen los jueces para entender sobre los asuntos, pese a que los mismos vengan con un sello de un fallo ya predeterminado.
Aunque muchos operadores del sistema judicial, ya adoptaron la postura de que la primera instancia no es la mejor noticia que se le puede dar al justiciable interesado en la causa, sino que por el contrario, la segunda instancia pasa a ser en la mayoría de los casos la definitiva y la que realmente convalida el trabajo realizado, por más incomprensible que pueda llegar a ser en la mayoría de los casos.

Hugo Lemos

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Ley de inclusión financiera vigila el bolsillo de la gente

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley Nº19.210 de inclusión financiera tiene dos cometidos importantes. Por un lado generar un control de parte del Estado de todo lo que le entra al bolsillo de la gente y por otro lado, generar una cultura de consumo, obligando a las personas a cumplir con sus obligaciones en caso de tener créditos con las entidades financieras.
El gran problema que acaece hoy en el país ha sido el endeudamiento interno que tiene a los uruguayos del pico, porque ha disminuido notablemente el poder de compra y con esto, varias empresas se han visto complicadas y hasta han cerrado.
Si bien el endeudamiento de la gente genera de por sí una responsabilidad al contraer una deuda, ergo una obligación de pago, la ley de inclusión financiera realizada para poner un control en los ingresos de las personas, y no otra cosa, dio cabida a las retenciones directas por parte de entidades de intermediación financiera y de cooperativas de crédito; y eso ha conspirado con la recesión que padecemos los uruguayos por la pérdida de poder adquisitivo.
Ahora, la ley se hizo para que aggiornarse al mundo que maneja dinero electrónico, para aumentar la seguridad de la población en la tenencia de dinero, y para que los bancos hagan sus negocios porque acá nadie pierde, siempre hay alguien que gana.
Quizás, eso sirva para que podamos ordenar las finanzas y entonces nosotros también ganemos.

Hugo Lemos

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Mejoran tiempos en procesos de restitución de menores

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El principio de celeridad del proceso es uno de los principales postulados que tiene el Código General del Proceso y al que se aspira para tener un sistema más eficiente y que pueda cumplir con las necesidades del justiciable que muchas veces así lo reclama.
Por eso la frase la “justicia tarda pero llega”, pretende dejar de ser un eufemismo y convertirse en algo real, tangible para los ciudadanos que deben acudir a la administración de justicia para satisfacer sus pretensiones.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia se ha congratulado y así lo ha expuesto a través de su página web de que, ejecutada la celeridad de los magistrados, en el año 2018 fue de 79 días el promedio de duración de los procesos de restitución de menores, que otrora demoraban varios días más.
Según indicó el Poder Judicial el promedio de duración para los seis procesos de restitución internacional de menores que fueron iniciados y terminados en el mismo año 2018, fue del orden de los 79 días, según lo reveló un reciente informe elaborado por la Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, Dra. Lilián Bendahan (Juez de Enlace de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado).
Al día 30 de octubre último del año en cuestión, fecha de cierre del mencionado estudio, todavía quedaban en trámite otros tres procesos de restitución iniciados el pasado año. La Corte indica que el promedio de duración de los procesos de restitución internacional que todavía estaban en trámite cuando se hizo el anterior informe correspondiente al año 2017, fue de 132 días. Por lo cual para poder llegar a ese guarismo, se analizaron: un caso terminado en sentencia y cuatro más que terminaron en Acuerdo (sólo en dos de estos cinco asuntos se hizo lugar a la restitución reclamada).

Hugo Lemos

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Leyes de mi país

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Diferencias entre el régimen de libre contratación y los contratos que se rigen por la Ley 14.219

LEY 14.219 Y RÉGIMEN DE LIBRE CONTRATACIÓN, un trabajo de la Dra.
Elina Pacheco Garrido
En materia de arrendamientos urbanos, el derecho positivo uruguayo presenta dos regímenes bien diferenciados en la materia. Arrendamientos regidos por la ley 14.219 y los posteriores a la misma regidos por la Libre Contratación. El Estatuto de la Ley 14.219 resulta aplicable para aquellos casos en que la Finca sea de construcción anterior a la fecha de 2 de Junio de 1968, por lo tanto aquellas fincas cuya fecha sea posterior a la fecha anteriormente citada, les regirá el sistema de Libre Contratación. Por lo cuál la fecha de construcción de la Finca resultará determinante respecto al régimen jurídico aplicable.Algunas de las diferencias fundamentales entre ambos regímenes jurídicos son:
– La ley 14219 establece que el precio de los arrendamientos deberá pactarse en moneda nacional, reajustándose anualmente el mismo.
– En el caso de Libre Contratación, las partes podrán pactar el precio tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y establecer el modo de reajuste que acuerden.
– Con respecto al plazo, dentro del estatuto de la Ley 14.219, se establecen plazos mínimos legales a favor del arrendatario; estos plazos son de dos años en el caso de casa-habitación y de cinco años destino industria-comercio. Esto favorece al arrendatario en tanto que le permite fijar un plazo contractual menor de arrendamiento a sabiendas de que el mismo podrá finalizar si lo desea a los dos años o cinco respectivamente.
-En la Libre Contratación las partes acordarán libremente el plazo contractual. En el caso de la finca con destino casa-habitación, una vez vencido el plazo contractual, el arrendatario si lo desea cuenta con un año de prórroga legal para desocupar el inmueble, vencida dicha prórroga se le podrá iniciar el juicio de desalojo por vencimiento del plazo, que para el caso de buen pagador, será con plazo de un año y posteriormente se le iniciará el lanzamiento.
– Cabe destacar la siguiente salvedad; continuando con el régimen de libre contratación y aplicando el artículo 5 de la ley 8153, si la demanda de desalojo es presentada dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del contrato, el plazo de desalojo será de 6 meses, y posteriormente el lanzamiento.

– En lo que refiere a la finca arrendada con destino industria-comercio, no se prevé año de prórroga legal, por lo cuál una vez vencido el plazo contractual, se puede iniciar el desalojo con plazo de un año.
3- Reajuste
En el Régimen previsto por la Ley 14.219, el reajuste es anual y se fija por el Índice U.R.A, el cuál fracciona en cuatrimestres el reajuste y va siendo escalonado hasta completar el total al término del año.
– En el Régimen de Libre Contratación, las partes tienen libertad para fijar el reajuste, en la práctica el más usado es el reajuste por el índice IPC.
4-Tipos de Desalojos
– El Régimen previsto por nuestro legislador fue el Desalojo por vencimiento del contrato y el Desalojo por mal pagador.
– En caso de arrendamientos con plazo contractual o legal vencido, el legislador previó el Desalojo por vencimiento del contrato con plazo de un año, pudiendo ser con plazo de 6 meses para el caso que se trate de arrendamientos comprendidos en el régimen de libre contratación, siempre que se inicie el desalojo dentro de los 30 días de vencido el plazo contractual.
-Con respecto al Desalojo por mal pagador, el mismo fue previsto por el legislador para el caso que el arrendatario con plazo contractual o legal vigente sea mal pagador, esto se configura cuando previa intimación de pago, por intermedio de la Oficina de Alguacilatos o intimación judicial, el arrendatario no cumpliendo con lo intimado, se constituye en mora; este accionar permite al arrendador iniciar el Desalojo por mal pagador con plazo de 20 dias.

5-Lanzamiento

-Luego de transcurrido los distintos plazos para los diferentes desalojos el legislador previó de forma proteccionista para el arrendatario, que se inicie el denominado Lanzamiento, de ésta forma el arrendador una vez vencido el plazo de desalojo , debe iniciar el lanzamiento con plazo de 15 días.

Hugo Lemos

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Toda víctima o testigo de un delito, tiene derecho a ser protegido

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Hugo Lemos

Un testigo quiso aportar los datos de lo que había visto en el robo a una mujer de su barrio, en plena vía pública. Pero cuando fue a declarar ante la policía, algo que ocurría antes del nuevo Código del Proceso Penal, se cruzó con el detenido, acusado del robo, a quien el testigo iba a identificar como el autor penalmente responsable del hecho, testimonio con el cual seguramente iba a ser procesado.
Pero desde la existencia de la nueva ley de procedimiento policial, desde hace 10 años, las cosas cambiaron. Ahora hay una norma que obliga a la policía a proteger los datos personales de las víctimas y testigos.

Según el artículo 32 y siguientes de la ley 18.315 toda “víctima, testigo o persona que brinde información calificada a la policía, tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado”.

Además la ley también establece que la policía “deberá llevar un registro y archivo sobre la información a que se refiere el artículo anterior, procesándola y utilizándola para la prevención e investigación de hechos ilícitos”.
También la norma establece que la policía registrará toda “la información que tenga el carácter de anónima, lo que se deberá consignar como tal”.
Asimismo, la información debe tener “carácter confidencial, toda información o denuncia de una víctima, testigo o persona que brinde información calificada cuya identidad esté comprobada, se asentará en el archivo y tendrá carácter de confidencial y secreta, sólo pudiéndose revelar la misma por orden de la justicia competente”.

Mientras tanto el artículo 36 destaca que el derecho a la información, la víctima “tiene derecho a ser informada por la policía de todo lo actuado en el caso que la afecta, en la medida que ello no afecte u obstruya la investigación, salvo orden expresa de la Justicia competente. Cuando el denunciado o el denunciante sea funcionario policial, las autoridades competentes habrán de extremar las medidas de supervisión para garantizar el adecuado manejo de la información y de todo el proceso de intervención policial”.
En cuanto a la responsabilidad del personal policial, la ley sostiene que “el personal policial será responsable de las medidas que se le ordenen para la protección de víctimas, testigos y personas que brinden información calificada”.
Para todas estas medidas cada jefatura tendrá un protocolo de acción según las condiciones y los recursos con los que cuente cada unidad. Pero la protección tanto a las víctimas como a los testigos, debe darse.

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Los desalojos colectivos en Uruguay ahora tienen nombre y apellido, es la ley 19.661

Hugo Lemos

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los desalojos colectivos que se realizan cuando las personas ocupan predios ajenos ya tienen nombre y es la ley Nº19.661 promulgada el 21 de setiembre del pasado año y que busca darle una solución legal a un complejo importante como son las ocupaciones masivas.
En ese sentido, la nueva ley regula todo este tipo de situaciones que ha sido un fenómeno lamentablemente creciente en el Uruguay, cuando grupos de personas ocupan predios o fincas que están en desuso o abandono, pero que son propiedad de alguien que luego pretende regular a través del Estado, la salida de esas personas.
En ese sentido, los desalojos colectivos se regirán a partir de ahora por las disposiciones de la presente ley y define a los mismos como “aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble o un conjunto de inmuebles que conforman un mismo asentamiento o edificio”.

Subraya la ley que el ámbito de aplicación será para desalojos colectivos promovidos contra personas que ocupen de manera precaria, de forma continua e ininterrumpida un bien inmueble y que se encuentren ocupando hace más de dos años un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación y por tanto se haya configurado el incumplimiento del propietario del deber de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.
Y aclara que la norma que la misma no se aplicarán a ocupaciones de inmuebles de uso público o privado pero que sean propiedad del Estado o de cualquier otra persona pública. Es decir se aplica solamente cuando el bien es privado.
Para medir el tema en materia de plazos, se toma en cuenta el que refiere a los dos años que establece la ley, tomando en cuenta para su aplicación los dos años previos a la vigencia de la ley.
Se tramita a través del proceso ordinario de conocimiento, que es regulado por el Código General del Proceso y serán competentes para entender en este tema, los Juzgados de Paz (Departamental en el caso de Salto), de ubicación del o de los inmuebles.

Está previsto para estos casos una diligencia preparatoria como lo es la inspección ocular, con el fin de usarlo como medio probatorio y la ley habilita a que se solicite las medidas tendientes a determinar el número de núcleos familiares que ocupan el inmueble.

La ley entiende por núcleo familiar al “grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, quedando excluidas las que convivan por razones comerciales, de amistad o de mera afinidad no familiar”.

En la ley también se establece que con la presentación de la demanda de desalojo colectivo, el accionante deberá acompañar y acreditar el destino que le dará al o a los inmuebles, para prevenir futuras ocupaciones precarias. Ya que sin el cumplimiento del mencionado requisito, no podrá dictarse sentencia definitiva de desalojo y los ocupantes tendrán derecho de permanencia en el mismo.
El mismo requisito se solicitará en aquellos procesos reivindicatorios, posesorios y toda otra acción que tenga por objeto la recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 3° de la presente ley, señala la norma precitada.
Además de continuar con otros aspectos normativos que son muy importantes a tener en cuenta por lo tanto es recomendable leer la totalidad del texto de la presente ley.

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La Policía tiene un marco legal para el uso de arma de fuego, el mismo está claro y la ley los ampara

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Ayer en Salto los funcionarios retirados de la Policía, manifestaban su disconformidad con la falta de protección legal que aducen tener a la hora de actuar. Dicen que una cosa es lo que pueda decir el frío texto de la ley y otra muy distinta, es lo que ocurra a la hora de tener que actuar en un procedimiento.
Pero por eso es buena cosa saber qué dice el texto de la ley 18.315 que es la Ley de procedimiento policial que rige en el país desde hace unos 10 años y que si bien ha sufrido variaciones, permanece en lo fundamental y le da margen de actuación a la policía en los casos que la misma amerita.En el marco de su actuación, el artículo 21: establece la Identificación y advertencia policial. Y dice que “en las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas”. Aunque allí no dice qué deben hacer en el caso de que los mismos no depongan su actitud y en ese sentido haya un claro riesgo de ataque a la integridad física de las personas o de los funcionarios policiales. En tanto, el artículo 22 se refiere a “Límites para el empleo de las armas de fuego”. Y dice muy claramente que “en el marco establecido por el artículo 20 de la presente ley, el uso de armas de fuego es una medida extrema.
No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial, o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales”.
En la serie de variantes que ofrece este artículo deja claro que el personal policial puede actuar con armas en casos de extrema peligrosidad y riesgo inminente, sobre todo en la última parte cuando dice que no queda otra que usar armas letales.
El artículo 23 refiere al “Empleo de armas de fuego”. Y dice que las mismas se deben usar “cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, conforme con lo dispuesto por el artículo anterior, el personal policial, bajo su más seria responsabilidad: A) Actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la conducta ilícita que se trate de reprimir. B) Reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor. C) Garantizará que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las personas heridas o afectadas. D) Procurará que los familiares de las personas heridas o afectadas tomen conocimiento de lo sucedido en el plazo más breve posible”. Por lo tanto el Artículo 24 consagra el “Deber de informar” diciendo que “Toda vez que un policía dispare su arma de fuego deberá informar de inmediato y por escrito a su superior. Se exceptúan de la presente disposición los disparos que se realicen con fines de instrucción en establecimientos policiales autorizados y equipados a esos efectos”. El marco legal está claro, las consecuencias que el empleo de un arma de fuego, así como sus límites también y en tal sentido, es que la Policía debe saber cuándo y cómo actuar.

Hugo Lemos

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La teoría de los “re”, las cárceles uruguayas, los derechos humanos y el dinero de los impuestos de los uruguayos

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Cuando estudié Derecho Penal I en la Regional Norte (hoy llamado Cenur del Litoral y no sé cuanto más) con el extinto y excelentísimo profesor Eduardo Pesce, nos decía que la teoría de los “re”, la rehabilitación del preso a través de la reeducación, para la posible reinserción del mismo en la sociedad una vez que saliera en libertad sea esta condicional o no, era uno de los aspectos más complejos del sistema carcelario porque el mismo estaba atestado de fallas por todos lados.
Nos enseñaba que los presos de este país eran personas de clases bajas, que se criuaban entre la miseria y el ambiente delictivo como forma de supervivencia. Y eso no era una discriminación, es un dato de la realidad.
Lamentablemente eso se cumple a cabalidad hoy. La mayoría de las personas que cumplen reclusión son gente con niveles básicos o mínimos de instrucción, no poseen condiciones de vidas dignas en sus hogares, crecen en el ambiente delictivo y cuando caen en prisión, porque tarde o temprano cometen delitos, sea un robo, una rapiña o vender drogas, así como cualquiera de otra índole, sufren luego la condena de caer en un sistema penitenciario que muchas veces los deja depositados hasta que se cumpla con lo que dice la orden judicial.
No es el caso de la mayoría, por suerte, pero sí de muchos. El sistema penitenciario uruguayo a veces les ofrece desde talleres de todo tipo hasta posibilidade sde trabajo, pero ellos mismos no están habituados a tener obligaciones y el sistema en sí mismo, solo les ofrece la posibilidad de reeducarse, no los obliga a esto, porque consideran que el recluso lo único que pierde es la libertad ambulatoria, no el resto de sus derechos, pero tampoco en ese sistema que protege, según cree, los derechos de estas personas los habitua a tener que cumplir con ciertas pautas para lograr superarse como personas y tener una vida decorosa y pacífica una vez que recuperan la libertad.
Ayer asistimos a una muestra del nivel de nuestras cárceles, cuando vimos varios vídeos que fueron difundidos por periodistas sobre enfrentamientos que al parecer son habituales en centros penitenciarios como el de Santiago Vázquez, considerada la peor cárcel del país.
El lugar parece un basural y un infierno, donde quienes están allí, son violentos crónicos que no pueden convivir con nadie. Más tarde el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, confirmó que esos presos que se estaban acuchillando en el patio, hacía tres meses que no salían al patio.
Sí, tres meses, por su peligrosidad.
Entonces la pregunta surge ¿adónde va el dinero de los impuestos de los uruguayos que ni siquiera son capaces de gestionar un sistema penitenciario que no presente tal deterioro y que encima muestre que los uruguayos están manteniendo un basurero con gente adentro? ¿Cuáles son las políticas legislativas que intentan cambiar este modelo angustiante y deprimente de cárceles que tenemos en el país? ¿Cómo es posible que un gobierno que habla de la defensa de los derechos humanos como pocos, permita que en sus cárceles se violen todos estos derechos sin que falte ninguno por vulnerar? La defensa de los derechos humanos de estas personas, también pasa por obligarlos a reeducarse, para que como decía el profesor Pesce, la teoría de los “re” sea posible y sirva para algo.

Hugo Lemos

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Fijan por ley plazo para regular la reglamentación de la tenencia y porte de armamento en nuestro país

El control de las armas que están en poder de la población, al menos de las que están registradas es un deber del Estado.
Y en tal sentido, la ley Nº19.734, modificó el artículo 6º de la ley 19.247 que regula la reglamentación de la tenencia y porte de las armas de fuego. Por eso es que le damos a conocer qué dice estrictamente el texto de la ley que lo que modifica es el tiempo que le da a la gente que posea armas para regularizar toda la documentación que permita su tenencia.
La ley 19.734 dice “Prorrógase el plazo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014, el que será de doce meses a partir de la promulgación de la presente ley”.
Para tener una idea, el artículo 1º de la ley 19.247 dice “prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda.
El Poder Ejecutivo establecerá los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir para autorizar la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en poder de civiles, así como las sanciones previstas en esta ley por la tenencia no
autorizada de las mismas.
Y el artículo 6º de la 19247, que es el modificado por la nueva ley 19734, dice que “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º, concédese un plazo de doce meses, a contar desde la fecha de la reglamentación de esta ley, a efectos de que: A) Quienes ya posean armas de fuego, municiones, explosivos otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria, regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin”.

HUGO LEMOS

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Legisladores modifican el CPP jerarquizando a los fiscales ¿más líos todavía?

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La situación de seguridad tiene un problema de fondo en este país y es el marco normativo que tiene, porque son particularmente las nuevas normativas, las que en cierta medida apañan que se produzcan ciertos hechos delictivos, ya que las mayores trabas para poder aclarar algunos de los casos que se dan, las pone la propia ley.
Esto es algo que debe reconocerse y en ese sentido, los legisladores, con un espíritu de tratar de superar el nivel de violencia que se vive en nuestro país, ya están dando muestras de ponerse a trabajar con el fin de mejorar la legislación y que las instituciones tengan mayor poder a la hora de actuar y más facilidades para poder penar a quienes cometen delitos.
El parlamento discute las modificaciones imperiosas que tiene que tener el Código del Proceso Penal, que fue empezó a regir el pasado 1º de noviembre y que tantos dolores de cabeza ha traído, sobre todo porque como dicen los especialistas en la materia, el agente del delito sabe hasta dónde puede hacer qué cosas, con el fin de evitar ser detenido e imputado de un delito.
Ayer, el diario El País publicó que en la Cámara de Representantes, los diputados acordaron que en lugar de la palabra «preceptiva» —que establece la prisión preventiva como regla para los delitos graves— se señale que el fiscal «debe» pedirla (a la prisión preventiva) en casos de que exista peligro para la sociedad, fuga o entorpecimiento del juicio o cuando el imputado sea reiterante o reincidente o cometa delitos graves.
Dentro de la lista de delitos graves que analizaban los legisladores están las rapiñas, los homicidios dolosos y con agravantes, el copamiento y el secuestro, entre otros delitos. Así como los delitos de narcotráfico y de lavado de activos cuando la posible pena sea de penitenciaría (esto es más de 24 meses de prisión), le informaron al diario capitalino desde la Bancada del Frente Amplio que es la que tiene los votos suficientes como para realizar por sí misma las modificaciones que entienda pertinente.
Entre los legisladores analizan disponer de manera constitutiva en el nuevo CPP que el juez «debe ceñirse» estrictamente al pedido del fiscal. La nueva redacción supone una lógica que respeta los principios del sistema penal acusatorio donde el fiscal es el centro y no el juez, esto atiende algunas de las críticas de juristas.
Sin embargo, ha cobrado una relevancia histórica la figura del fiscal en el proceso penal, que el mismo pasa a tener con esta propuesta una suerte de súper poderes, algo que trasciende el principio de congruencia procesal, el que fija ciertos parámetros para que el juez y el fiscal estén en consonancia con la sanción, no debía haber una diferencia abismal en la resolución final.
Pero el hecho de que el magistrado deba ceñirse a lo que le pida el fiscal puede generar inconvenientes por la pérdida de independencia que debe tener un juez, a la hora de tomar una resolución.
Una cosa es clara, las modificaciones al CPP son tan bienvenidas como necesarias, pero jerarquizar a unos sobre otros va a generar más líos de los que ya hay en la estructura procesal actual.
Aunque por ahora veremos qué resuelven los políticos de todos los partidos que son los encargados de hacer las reglas de juego con las que tenemos que vivir todos.

Hugo Lemos

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Los desalojos colectivos en Uruguay ahora tienen nombre y apellido, es la ley 19.661

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los desalojos colectivos que se realizan cuando las personas ocupan predios ajenos ya tienen nombre y es la ley Nº19.661 promulgada el 21 de setiembre de este año y que busca darle una solución legal a un complejo importante como son las ocupaciones masivas. En ese sentido, la nueva ley regula todo este tipo de situaciones que ha sido un fenómeno lamentablemente creciente en el Uruguay, cuando grupos de personas ocupan predios o fincas que están en desuso o abandono, pero que son propiedad de alguien que luego pretende regular a través del Estado, la salida de esas personas. En ese sentido, los desalojos colectivos se regirán a partir de ahora por las disposiciones de la presente ley y define a los mismos como “aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble o un conjunto de inmuebles que conforman un mismo asentamiento o edificio”. Subraya la ley que el ámbito de aplicación será para desalojos colectivos promovidos contra personas que ocupen de manera precaria, de forma continua e ininterrumpida un bien inmueble y que se encuentren ocupando hace más de dos años un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación y por tanto se haya configurado el incumplimiento del propietario del deber de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008. Y aclara que la norma que la misma no se aplicarán a ocupaciones de inmuebles de uso público o privado pero que sean propiedad del Estado o de cualquier otra persona pública. Es decir se aplica solamente cuando el bien es privado. Para medir el tema en materia de plazos, se toma en cuenta el que refiere a los dos años que establece la ley, tomando en cuenta para su aplicación los dos años previos a la vigencia de la ley. Se tramita a través del proceso ordinario de conocimiento, que es regulado por el Código General del Proceso y serán competentes para entender en este tema, los Juzgados de Paz (Departamental en el caso de Salto), de ubicación del o de los inmuebles. Está previsto para estos casos una diligencia preparatoria como lo es la inspección ocular, con el fin de usarlo como medio probatorio y la ley habilita a que se solicite las medidas tendientes a determinar el número de núcleos familiares que ocupan el inmueble.
La ley entiende por núcleo familiar al “grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, quedando excluidas las que convivan por razones comerciales, de amistad o de mera afinidad no familiar”. En la ley también se establece que con la presentación de la demanda de desalojo colectivo, el accionante deberá acompañar y acreditar el destino que le dará al o a los inmuebles, para prevenir futuras ocupaciones precarias. Ya que sin el cumplimiento del mencionado requisito, no podrá dictarse sentencia definitiva de desalojo y los ocupantes tendrán derecho de permanencia en el mismo.
El mismo requisito se solicitará en aquellos procesos reivindicatorios, posesorios y toda otra acción que tenga por objeto la recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 3 de la presente ley, señala la norma precitada. Además de continuar con otros aspectos normativos que son muy importantes a tener en cuenta por lo tanto es recomendable leer la totalidad del texto de la presente ley.

Hugo Lemos

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Leyes de mi país

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los desalojos colectivos que se realizan cuando las personas ocupan predios ajenos ya tienen nombre y es la ley Nº19.661 promulgada el 21 de setiembre de este año y que busca darle una solución legal a un complejo importante como son las ocupaciones masivas. En ese sentido, la nueva ley regula todo este tipo de situaciones que ha sido un fenómeno lamentablemente creciente en el Uruguay, cuando grupos de personas ocupan predios o fincas que están en desuso o abandono, pero que son propiedad de alguien que luego pretende regular a través del Estado, la salida de esas personas. En ese sentido, los desalojos colectivos se regirán a partir de ahora por las disposiciones de la presente ley y define a los mismos como “aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble o un conjunto de inmuebles que conforman un mismo asentamiento o edificio”. Subraya la ley que el ámbito de aplicación será para desalojos colectivos promovidos contra personas que ocupen de manera precaria, de forma continua e ininterrumpida un bien inmueble y que se encuentren ocupando hace más de dos años un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación y por tanto se haya configurado el incumplimiento del propietario del deber de cuidar previsto en el literal e) del artículo 37 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008. Y aclara que la norma que la misma no se aplicarán a ocupaciones de inmuebles de uso público o privado pero que sean propiedad del Estado o de cualquier otra persona pública. Es decir se aplica solamente cuando el bien es privado. Para medir el tema en materia de plazos, se toma en cuenta el que refiere a los dos años que establece la ley, tomando en cuenta para su aplicación los dos años previos a la vigencia de la ley. Se tramita a través del proceso ordinario de conocimiento, que es regulado por el Código General del Proceso y serán competentes para entender en este tema, los Juzgados de Paz (Departamental en el caso de Salto), de ubicación del o de los inmuebles. Está previsto para estos casos una diligencia preparatoria como lo es la inspección ocular, con el fin de usarlo como medio probatorio y la ley habilita a que se solicite las medidas tendientes a determinar el número de núcleos familiares que ocupan el inmueble. La ley entiende por núcleo familiar al “grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, quedando excluidas las que convivan por razones comerciales, de amistad o de mera afinidad no familiar”. En la ley también se establece que con la presentación de la demanda de desalojo colectivo, el accionante deberá acompañar y acreditar el destino que le dará al o a los inmuebles, para prevenir futuras ocupaciones precarias. Ya que sin el cumplimiento del mencionado requisito, no podrá dictarse sentencia definitiva de desalojo y los ocupantes tendrán derecho de permanencia en el mismo. El mismo requisito se solicitará en aquellos procesos reivindicatorios, posesorios y toda otra acción que tenga por objeto la recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 3 de la presente ley, señala la norma precitada. Además de continuar con otros aspectos normativos que son muy importantes a tener en cuenta por lo tanto es recomendable leer la totalidad del texto de la presente ley.

Hugo Lemos

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La presión tributaria actual frena el crecimiento

Las políticas fiscales han sido altas en este período. Un estudio revela que el 34% de la renta per cápita se va en impuestos. Es decir, los uruguayos trabajamos cuatro meses en el año solamente para poder pagar los impuestos y con el trabajo que empleamos durante los ocho restantes, tratamos de vivir.
El tema es que lo reconozcan, porque cuando el otro día le pregunté a Mario Bergara (exsubsecretario de Economía, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, todo esto entre los años 2005 y 2018) qué opinaba sobre la presión tributaria en las personas físicas, me dijo que yo tuviera en cuenta que el 70% de los trabajadores uruguayos no pagaba el Impuesto a la Renta.
Lo que implica, le contesté, que 7 de cada 10 uruguayos gana menos de 30 mil pesos por mes, cuando la canasta básica ronda los 80 mil pesos. Esto es que igualmente estamos muy mal por donde se los mire.
Empero, acá la discusión no debe ser ni política ni ideológica, sino de inteligencia. Cómo hacer para que un país, con una alta tributación para su población, pueda generar desarrollo y prosperidad. Es muy difícil tal como están planteadas las cosas que eso suceda.
La justicia distributiva de la que habla Jhon Rawls está mal interpretada, acá no se trata de que todos seamos más pobres para que haya más platos de comida arriba de una mesa.
Acá se trata de que todos podamos lograr un Estado de bienestar, que potencie la equidad entre las partes y el equilibrio entre las personas a través del desarrollo personal que solamente lo dan los talentos o virtudes, como lo establece el artículo 8 de nuestra Constitución.
El mismo es alcanzable a través del esfuerzo y el trabajo de cada persona, el esfuerzo personal y el trabajo en función de sus capacidades.
Pero es muy difícil que un gobierno que establezca una política fiscalista enorme, genere igualdades sacándole poco en relación a su patrimonio a algunos, muchísimo a la mayoría y nada a una minoría.
Eso genera desigualdades y mayores problemas de desarrollo, potencia un marco jurídico desalentador al emprendedurismo y promueve que la capacidad económica de las personas disminuya y determine problemas para el comercio y el consumo en general.
A nadie puede escapársele que la política tributaria es la clave para el crecimiento.
Actualmente hay muchas normas y poca claridad en los objetivos del sistema que determinan que la población atraviese por una etapa de estancamiento y que avise que si va a mantener una franja impositiva alta, la misma sea distribuida en servicios que veamos todos y no se siga perdiendo en agujeros negros de las oficinas estatales.
Falta que mejoren las políticas fiscales de una buena vez.

Hugo Lemos

 

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“Enfermedad del beso”: Mononucleosis Infecciosa

Con la Dra. Edit. Arreseigor. Pediatra con 40 años de labor

Nos asegura la profesional que hoy nos acompaña, Dra. Edit Arreseigor, que la etapa del año en que puede desarrollarse Mononucleosis, es en otoño o primavera.
Es una patología de carácter infeccioso y en nuestro departamento, se ha visto acrecentado el número de casos en niños de 4, 5 y 6 años.
Quisimos conocer de la misma sus síntomas, sus causas, cómo se diagnostica y sobre todo el tratamiento, para que en caso de que haya niños en casa, se puedan tomar precauciones evitando que surjan contagios.
Le consultamos en primer lugar:
¿Qué es Mononucleosis?
La Mononucleosis Infecciosa, también conocida como la “enfermedad del beso”, es contagiada a través de la saliva y es una infección causada por el virus Epstein-Barr (EBV), un tipo de herpes al que le tenemos mucho respeto, al igual que al virus de la varicela, ya que son del mismo tipo.Dra. Edit Arreseigor
Se le llama Mononucleosis, porque a nivel del examen de sangre, existe una modificación en la misma.
¿Cuáles son suscausas?
Suele contraerse entre los 15 y los 25 años, pero lo hemos estado viendo en niños más pequeños.
Esta primavera han sido unos cuantos casos dados en Salto.
El virus de la Mononucleosis se propaga por la saliva y la mucosidad y afecta: a los ganglios linfáticos; garganta, dolor en glándulas salivales, aumenta el tamaño del hígado y el bazo.
Aunque no se propaga con tanta facilidad como otros virus, como es el del resfriado común, es importante conocer los focos de contagio para evitar infecciones.
Las principales causas por las que nuestros hijos pueden contraer el virus, son:
*Cualquier contacto con la saliva de alguien infectado, como por ejemplo a través de un beso o compartiendo utensilios de comida o higiene bucal.
*Compartir almohadas.
*Exposición a la tos.
*Exposición a estornudos.
¿Cuáles son los síntomas?
Los tres más importantes son: la fiebre (siempre existe), el dolor de garganta, porque es la vía de entrada y la inflamación de los ganglios.
Después llegan las cefaleas, duele todo el cuerpo, hay fatiga, el niño se cansa, está más débil, no siente deseos de comer.
Con ganglios en el cuello, en las axilas, en las articulaciones y ganglios peritoneales (dentro del cuerpo).
Cursa un cuadro respiratorio previo de moquitos, resfríos y rinitis, con dolor de garganta y la fiebre es de foco desconocido.
Es sobre todo, la fiebre, con el cuadro respiratorio leve y resfrío habitualmente.
Se nota un decaimiento en el niño, a veces tiene dolor abdominal y algo muy importante a tener en cuenta como uno de los primeros síntomas, son los ganglios que aparecen con mucho dolor.
No solamente en el cuello, sino en todo el cuerpo.
También ganglios dentro del abdomen y que ha sido motivo de confusión con una apendicitis, porque son ganglios de mucha importancia, con adenopatías (fiebre y ganglios).
El sistema linfático seinflama.
Concretamente los síntomas totales son: fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, músculos doloridos, fatiga, debilidad, pérdida del apetito, sudoración nocturna, estreñimiento, agrandamiento del hígado (Hepatomegalia) o el bazo (Esplenomegalia).
Cosa que nos preocupa, porque muchas son las enfermedades infecto contagiosas que cursan con aumento de hígado y bazo.
¿Cómo se diagnostica?
Por lo general, ingresa el niño con fiebre para diagnosticar la Mononucleosis.
Primero se realizará preguntas sobre los síntomas, y a continuación se realizarán análisis de sangre (Paul Bunnell, reacción positiva) para confirmar el diagnóstico y evitar una cirugía.
Porque muchas veces, por el dolor abdominal, podemos optar porque el cirujano vea al niño.
¿Cómo es un tratamiento?
No existe en la actualidad un medicamento, antibiótico para las bacterias, que pueda matar este germen. Porque se trata de un virus y un agente bacteriano.
Es un proceso que hay que transitarlo.
No obstante, el virus suele desaparecer por sí solo, a las cuatro semanas.
Es por ello, que el objetivo primordial del tratamiento es aliviar los síntomas.
Recomendaciones:
Si un niño contrae la enfermedad, es recomendable que:
Descanse: dormir le ayudará a combatir la infección.
Beba abundante líquido: para evitar la deshidratación.
Haga gárgaras si le duele la garganta: se aconseja hacerlas con agua salada o bien que consuma pastillas para la garganta o caramelos duros.
Que evite los deportes y actividades físicas: moverse mucho, puede llevar a romperse el bazo, si este se encuentra agrandado.
Además, para evitar contagio, los deportes de contacto pueden evitarse durante tres o cuatro semanas, después de haber sufrido la Mononucleosis.
Porque si hay un virus en sangre, el movimiento ayuda a diseminar más aún en el cuerpo el germen, no dejando que el mecanismo de defensa sea adecuado.
Una persona enferma ya tiene su inmunidad decaída y si corre o todavía se cansa andando en bicicleta, por ejemplo, empeora la situación.
En algunos casos, quizás el médico recete al niño, tomar algún medicamento como Acetaminofén o Ibuprofeno.
En todos los casos, bajo ningún concepto, se le debe administrar aspirina ya que tiene efectos adversos.
Aunque se da en pocas ocasiones, es posible que la Mononucleosis en algunos casos, se complique.
Si un niño sufre dolor agudo en la parte superior izquierda del abdomen, sensación de aturdimiento, de confusión, visión borrosa o desmayos, no dude en contactar rápidamente a un médico.
No existe una cura para la Mononucleosis específica, más que el reposo.
¿Qué sucede si el bazo no resiste?
Hemos tenido la ruptura del bazo.
Al estar este inflamado, es un órgano muy blando, con una cápsula delicada, fácil de romperse, por eso es conveniente que el niño no ande corriendo, ni saltando, ni que le peguen en el abdomen, porque es motivo de una ruptura de bazo.
Si el bazo no resiste y se rompe, el niño puede hacer una hemorragia importante.
¿Puede llegar a relacionarse con una hepatitis?
En sí el niño ya tiene una hepatitis viral, desde la Mononucleosis.
Una cosa es el virus de la Hepatitis A, B y C, pero en este caso tiene una hepatitis inflamatoria, por el virus de la Mononucleosis.
¿Se cura totalmente de la hepatitis dela Mononucleosis?
Sí, se cura. El virus de esta hepatitis, retrocede.
¿Puede volver a repetir la Mononucleosis?
En la mayoría de los casos, quien la padece, no vuelve a contraer la enfermedad.
Pero hemos tenido niños que si, la han repetido y personas que lo han tenido de niños y vuelve a repetirse en adultos.
Es un herpes.
¿Es más grave la situación en adultos?
En niños es más florido y por lo general, los síntomas en niños pequeños, suelen ser leves. En adultos y adolescentes no tiene tantos síntomas, pero tienden a ser más graves.
¿Se vuelven a realizar exámenes luego de las cuatro semanas?
Sí. El examen se tiene que negativizar.
¿Deja secuelas la enfermedad?
No.
Con una buena evolución, no.
Normalmente no hay secuelas, a menos que haya alguna complicación, como puede ser que bajen mucho las plaquetas en sangre, que complique en el proceso de infección o que el niño ya tenga una enfermedad de base que hace que se pueda complicar.
Algunos consejos:
El niño con fiebre no va a la escuela. Porque estornuda, no se lava las manos adecuadamente. Comparte su merienda, vasos y utensilios, lo cual no es aconsejable.
Cuanto más hacinados estamos, más fácil la forma de contagio y de transmisión del virus va a ser.
Mantener una buena higiene en la boca. Se puede bañar y puede comer lo que desee.
Prestarle atención a los cepillos de dientes: o se cambian o se tienen aparte o se ponen con algún desinfectante para mantenerlo limpio.
Su ropa de cama y su toalla deben estar independientes.
No hacer ningún deporte, es por ello que luego de diagnosticado se le aconseja un mes en reposo.
Comentarle a la maestra, por si ésta nota algún niño decaído o con fiebre, es una buena forma de prevenir y sacar ese niño del ambiente escolar.
Y dirigido a los adolescentes, que tengan un cuidado especial con el beso en la boca, porque no es una metáfora lo de la enfermedad “del beso”.
Se la descubrió de esa forma.

Mary Olivera

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Preocupa que el Estado vulnere las normas constitucionales que protegen la libertad de expresión de sus ciudadanos

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad de expresión está consagrada en el artículo 29 de la Constitución de la República, con esa base y con el artículo 7º que establece a la Libertad como uno de los derechos inalienables del hombre, fue establecido otro artículo importante de la Carta Magna, el 57, que refiere a los sindicatos y a que el Estado deberá garantizar su existencia y su reglamentación.
Pero no hay libertad sindical sin libertad de expresión, de protestar y de decir lo que se piensa ante una situación que pueda llegar a ser considerada injusta para un grupo de trabajadores. Eso fue lo que pasó el lunes, cuando dos trabajadores de un sector de la actividad quisieron expresar su malestar por la situación que están atravesando y fueron reprendidos, primero por el ministro del Interior que les pisó la pancarta y se paró encima de ellos, impidiéndoles la protesta; y segundo cuando permitió que los mismos fueran sacados por su custodia y entregados a la Policía, como si fueran delincuentes.
Los mismos no hicieron otra cosa que protestar dentro de sus derechos constitucionales y plantearon la posibilidad de hacerle saber a las autoridades su disconformidad con la situación que están viviendo. Pero sus derechos fueron vulnerados por la autoridad, algo que no debería suceder jamás, porque más allá de que los mismos estén sindicalizados o no al sector de la actividad que decían representar, no dejan de ser trabajadores que están gritando lo que les pasa dentro de la libertad constitucional que tienen para hacerlo, sin tener que pasar por una comisaría por eso.
Pero más vulnerada se ha visto su libertad cuando los mismos han sido expuestos por los servicios de inteligencia de la Presidencia, quienes aportaron sus datos personales para buscar con esto una campaña de descrédito, tal como ocurrió con el colono que enfrentó al presidente Tabaré Vázquez.
Ese tipo de práctica burda solo deja en evidencia una violencia sistemática contra quienes ejerciendo sus derechos constitucionales, se manifiestan públicamente contra un gobierno. Prácticas violatorias a la Constitución, algo que no debería ocurrir jamás en un Estado de Derecho.

Hugo Lemos

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Nueva ley establece Centros de Referencia en Salud para atender patologías específicas a usuarios de todo el país

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley 19.666 declara de interés general la designación de centros de salud de referencia. Los define, los caracteriza y los pondera por la naturaleza de su atención. Los mismos darán cobertura a todos los usuarios del sistema nacional de salud del país. Y estima que todos los prestadores de salud del país deberán derivar a sus usuarios hacia ese centro asistencial.
Aquí les dejamos algunos aspectos generales de la mencionada norma: En el artículo 1º está mencionado el objetivo de la misma que declara de interés general la designación de Centros o Servicios de Referencia en Salud. Estos garantizarán el acceso a la atención de calidad de patologías que, por requerir el uso de técnicas, procedimientos y tecnologías con un alto nivel de especialización, resulte conveniente su concentración en un número reducido de entidades. Los mismos se definen como la entidad o aquella parte de la misma que se aboque exclusivamente a la atención de patologías que reúnan las siguientes características: A) Ser generalmente complejas y de baja prevalencia. B) Requerir para su adecuada prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de elevado nivel de especialización, tanto en materia de recursos humanos como materiales, así como de experiencia acumulada. C) Demandar recursos tecnológicos de alta especialización que, en atención a la ecuación costo-efectividad, precise de la concentración de un número mínimo de casos.
Señala la ley que el Ministerio de Salud Pública, previa consulta técnica a la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia que crea la presente ley, determinará las patologías que reúnan las características referidas para prestar atención. En cuanto a su cobertura geográfica, los Centros y Servicios de Referencia darán cobertura en todo el territorio nacional a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y permitirán el acceso a quienes requieran de sus servicios en igualdad de condiciones. Y establece que será el Ministerio de Salud Pública el que promoverá la descentralización territorial de los Centros y Servicios de Referencia, garantizando que su instalación sea equitativa entre Montevideo y el interior del país. Aunque no establece los términos de esa equidad. En cuanto a la derivación obligatoria, la norma señala que en caso de patologías identificadas en las disposiciones de la presente ley, los prestadores de servicios integrales de salud públicos y privados de todo el país deberán derivar a las personas inscriptas en sus padrones de usuarios a los Centros y Servicios de Referencia designados para la atención de las mismas. Pero esa derivación de los centros de salud no exime la responsabilidad que tiene el prestador de servicios integrales de salud sobre el usuario en cuyos padrones el mismo esté inscripto, debiendo actuar el Centro o Servicio de Referencia como apoyo para la confirmación diagnóstica, realización de técnicas y procedimientos terapéuticos y evacuación de consultas de los prestadores en lo pertinente a su competencia. Las designaciones de Centro o Servicio de Referencia estará a cargo del Ministerio de Salud Pública de acuerdo a la normativa de habilitación existente para todas las estructuras asistenciales. Los criterios para esa designación considerarán, como mínimo, los siguientes aspectos: A) Acreditar conocimiento y experiencia suficientes en el manejo de la patología de que se trate. B) Haber tenido o prever un volumen de actividad suficiente en la atención de la patología para la que se solicita la designación como Centro o Servicio de Referencia, que garantice un nivel adecuado de calidad y seguridad a las personas usuarias. C) Contar con equipamiento, recursos humanos y materiales disponibles, suficientes y actualizados. D) Disponer de sistemas de información que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados. E) Acreditar capacidad y disposición para la formación, en la actividad de que se trate, de profesionales externos al centro o servicio, sin perjuicio de la capacitación continua de los propios profesionales de la entidad. F) Garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
Y la ley sigue.

Hugo Lemos

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Ley de riego da oportunidad a cultivadores de unirse para generar sociedades que usen el recurso natural

La polémica ley de riego que ya fue aprobada por el parlamento, por todos los partidos políticos, le da una oportunidad a los productores rurales de crear una sociedad para acceder a ese recurso, además de buscar atraer inversiones y apuntar al incremento de la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos. Una de las innovaciones que da esta ley, que sustituye la que estaba vigente desde 1997, es la de la creación de sociedades y asociaciones agrarias de riego con el objetivo de que el uso del riego no sea algo predial e individual, sino colectivo y multipredial mediante la construcción de represas de cierto porte en determinadas cuencas de agua. La ley establece en el artículo 11 que “a los efectos de lo previsto por el numeral 5) del artículo 3º del Código de Aguas, una vez establecido el canon correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, las Sociedades Agrarias de Riego y las Asociaciones Agrarias de Riego quedarán obligadas al pago del mismo”. El artículo 12 de la ley 19.553 señala que “asociado a las obras hidráulicas para riego podrá existir un Operador de Sistema de Riego que tendrá el cometido de gestionar la concesión otorgada de acuerdo con las condiciones y normas técnicas sobre el uso del agua establecida en la presente ley y su reglamentación”.
Y el Artículo 13 “el agua usada para riego deberá tener una calidad apta para tal fin de acuerdo con la reglamentación”.

HUGO LEMOS

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Anestesistas: un paro con límites

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El paro que han venido llevando a cabo los médicos anestesistas en nuestro país genera un conflicto que va más allá de la medida gremial, ya que la misma puede chocar con la normativa prevista para estos por los esencial de la tarea que cumplen estos especialistas en un centro hospitalario. La medida ha generado conflictos, debates y posiciones encontradas y más allá de la razón que pueda llegar a asistirle a los mismos por sus reclamos, deben tener en cuenta que el daño que genera la postergación de una intervención puede complejizar aún más el problema de salud que tenga un paciente que espera ser operado.
Y si bien la reivindicación que realizan desde la Sociedad Anestésico Quirúrgica busca justamente eso, que se note la ausencia como medida de presión, la vida humana debe ser atendida a toda costa.
En ese aspecto, el artículo 39 de la Ley Nº19.286 que es el Código de Ética Médica, ratifica el derecho a la huelga pero hace una salvedad importante al final del mismo y dice: “Artículo 39º – El médico tiene derecho a recurrir a la huelga como el recurso mayor de reivindicación. Una huelga médica será éticamente admisible cuando se avise a la sociedad con antelación suficiente y se le asegure la continuidad asistencial, así como la asistencia de los pacientes internados y las consultas urgentes e inaplazables”.
En el caso de que alguna de estas intervenciones no fueran cumplidas por una medida gremial la misma podría incurrir en la figura penal de la Omisión de Asistencia, estipulada en el artículo 332 del Código Penal que dice: (…) quien por negligencia, dejare de prestar asistencia, dando cuenta a la autoridad, a un hombre desvanecido o herido, sepultado o en situación en que corra peligro su vida o su integridad física (…), se tomará como parámetro para castigarlo la pena establecida para el abandono que va de 5 meses a 6 años de penitenciaria, pero en este caso disminuida de un tercio a la mitad de la que se le dicte.
Así que a la hora de ejercer su derecho a la huelga, deberán tener en cuenta las operaciones en las que los pacientes corran grave riesgo de perder la vida.

Hugo Lemos

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La ley integral Trans contribuye a la validación de los cambios sociales que vive nuestra sociedad

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley integral para personas Trans, que acaba de aprobarse y que tanto revuelo generó no solo introduce novedades desde el punto de vista jurídico, sino que también impone un nuevo modelo social que trae aparejado un proceso de transformación cultural, que implica aceptar condiciones humanas que son parte de nuestra sociedad y que han sufrido discriminación desde que se han exteriorizado como tales.
Por eso es buena cosa que el artículo 3, habla de las definiciones sobre las personas que establece la norma y dice: “A los efectos de interpretación de la presente ley y cualquier otra norma relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se entenderá por: a) Identidad de género a la vivencia interna e individual del género según la siente y autodetermina cada persona, sin que deba ser definida por terceros. En coincidencia o no con el género asignado en el nacimiento y pudiendo involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.
Esto ya genera una situación que, compartible o no por el resto de la sociedad, debe ser aceptada porque hay una norma que lo establece y lo permite y al menos debe ser respetada.
Por eso más allá de que haya una desnaturalización de la condición personal, cuando dice que la identidad se la da la propia persona más allá del género asignado en el nacimiento, asignación que hace la biología, pero que en este caso una ley desnaturaliza en función de lo que siente esa persona que es.
Y sigue la ley: b) Expresión de género a la exteriorización de la identidad de género mediante el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, el nombre, entre otros. c) Persona trans a quien autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino. A los efectos de esta ley y sin prejuzgar otras acepciones sociales actuales y futuras, la identidad trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género, en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales, variantes de género queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como “otro”, o sin género, o describan su identidad en sus propias palabras. d) Mujer/niña trans a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo masculino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida femenina. e) Hombre/varón/niño trans a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo femenino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida masculina.
Aquí, el artículo 3º de la ley, determina que hay legalmente otras condiciones personales que ya no son la hombre/mujer y que la sociedad debe respetar su legalidad. Ahora tiene que venir aparejada una transformación cultural que pasa por la aceptación de una realidad que se impone por la voluntad de las personas y su autonomía de la voluntad, y por los cambios a nivel jurídico que permiten que eso se plasme como condición.
El tema es que es la aceptación no puede venir por decreto y la sociedad deberá a través de este reconocimiento legal, permitir que exista, respetarlos como personas, y valorarlas por sus capacidades y virtudes, sin prejuzgar si están de acuerdo o no con su forma de ver la vida.
En este caso, la ley se establece como herramienta para reconocer la validación de las personas trans y eso aporta a una sociedad que debe acostumbrarse a los cambios.

Hugo Lemos

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El control policial y el derecho del ciudadano

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Muchas veces pasamos por la calle y vemos cómo la Policía para a determinadas personas que van circulando delante de nosotros, con el fin de establecer el control de su identidad. Pero ¿por qué las detiene? ¿Tiene potestad para hacerlo? ¿Puede decirle a alguien que le muestre su identificación personal y que le entregue para revisión los objetos que lleva consigo?
El nuevo Código del Proceso Penal habla al respecto en su artículo 55 del Control de Identidad. Allí dice que “la autoridad administrativa podrá además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal”.
Para estos casos, habría que ver si la persona tiene coincidencia con informaicón aportada a la Policía sobre una pesona que haya actuado o esté actuando en actitud sospechosa. La Policía no podría prejuzgar que un ciudadano, por vestirse de determinada manera o por sus rasgos físicos pueda estar actuando con apariencia delictiva. Es muy delgada la línea entre la sospecha y el prejuzgamiento que genera a veces estigmatización de un individuo.
Dice la norma que “la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, estas solo podrán ser utilizadas con fines identificatorios”.
La Policía debe ayudar a la persona a poder identificarse y no debe destratarla para demostrar autoridad y con ello generar un dislate en vez de cumplir con el fin del control.
Salvo las excepciones que son establecidas por la norma y que dicen que “en caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la Policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación”, y hay que subrayar la palabra exclusivamente para no generar conflictos innecesarios que terminen desvirtuando la función policial.
Asimismo, el mismo artículo 55 establece un plazo razonable para llevar a cabo el procedimiento. Por lo cual indica que “la facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas, transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad”.
Derechos de la persona sujeta a control de identidad
En cuanto a los derechos que tiene esa persona que es conducida por la Policía, el atículo 56 del nuevo Código del Proceso Penal sostiene que “en cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar o a otra persona, su permanencia en la repartición policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas”.
Los criterios que maneja la norma para no lesionar el derecho de la persona conducida son claros, la autoridad policial debe respetarlos y la persona debe saber que puede ejercerlos. El control de ciudadanía en los tiempos que corren es positivo, porque nos garantiza a todos la libre circulación, pero los excesos y abusos de autoridad son malos en todas las ocasiones y el espíritu de esta norma refiere a eso.

Hugo Lemos

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Ley de inclusión financiera vigila el bolsillo de la gente

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley Nº19.210 de inclusión financiera tiene dos cometidos importantes. Por un lado generar un control de parte del Estado de todo lo que le entra al bolsillo de la gente y por otro lado, generar una cultura de consumo, obligando a las personas a cumplir con sus obligaciones en caso de tener créditos con las entidades financieras.
El gran problema que acaece hoy en el país ha sido el endeudamiento interno que tiene a los uruguayos del pico, porque ha disminuido notablemente el poder de compra y con esto, varias empresas se han visto complicadas y hasta han cerrado.
Si bien el endeudamiento de la gente genera de por sí una responsabilidad al contraer una deuda, ergo una obligación de pago, la ley de inclusión financiera realizada para poner un control en los ingresos de las personas, y no otra cosa, dio cabida a las retenciones directas por parte de entidades de intermediación financiera y de cooperativas de crédito; y eso ha conspirado con la recesión que padecemos los uruguayos por la pérdida de poder adquisitivo.
Ahora, la ley se hizo para que aggiornarse al mundo que maneja dinero electrónico, para aumentar la seguridad de la población en la tenencia de dinero, y para que los bancos hagan sus negocios porque acá nadie pierde, siempre hay alguien que gana. Quizás, eso sirva para que podamos ordenar las finanzas y entonces nosotros también ganemos.

Hugo Lemos

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La Ley de Lavado de Activos genera confianza y transparencia para el sistema financiero uruguayo

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley 19.574 sobre Lavado de Activos establece claramente en su artículo 2º los cometidos de la norma, los cuales generan un posicionamiento del país en esta materia y con ello se traduce una imagen de transparencia que el país hasta ahora no tenía, por su ley de secreto bancario aprobada en 1982.
Por esa norma, el Uruguay era visto como un paraíso fiscal por las principales economías del mundo, que llegaron a incluirlo en una lista de países evasores y poco transparentes en su sistema financiero. Pero la presente norma determina, entre otras cosas, un riguyroso control de los capitales que están en el país, con el fin de fiscalizar que los mismos no provengan de hechos ilícitos.
En el artículo 2º, la norma establece los cometidos y señala: La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impulsará, en función de los objetivos y planes definidos por el Poder Ejecutivo, el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los organismos con competencia en la materia. A tales efectos, dicha Comisión promoverá el desarrollo e implementación de una red de información que contribuya a la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público, las autoridades policiales, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y posibilitará la producción de estadísticas e indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema, así como de programas educativos y de concientización sobre riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo dirigidos a los sectores público y privado.
La República Oriental del Uruguay podrá aplicar sanciones y contramedidas financieras respecto de terceros países que supongan riesgos más elevados de lavado de activos, de acuerdo con la Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional N° 19, según la propuesta que realice la Comisión Coordinadora que se crea por la presente ley, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes contramedidas financieras: A) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias de o hacia un tercer país o de nacionales o residentes del mismo. B) Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las
transferencias de o hacia un tercer país o de nacionales o residentes del mismo.
C) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de debida diligencia en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes de un tercer país. D) Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes de un tercer país o que supongan movimientos financieros de o hacia el tercer país. E) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación de las entidades financieras de un tercer país.
F) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el tercer país. G) Limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el tercer país o con nacionales o residentes del mismo. H) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de debida diligencia practicadas por entidades situadas en el tercer país.
I) Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso, terminación de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del tercer país. J) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del tercer país a supervisión reforzada o a examen o a auditoría
externos.
K) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de información o auditoría externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el tercer país. El control del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Banco Central del Uruguay respecto de los sujetos obligados previstos en el artículo 12 de la presente ley y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo respecto de los sujetos obligados previstos en el Artículo 13 de la presente ley.

Hugo Lemos

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Cambios en la pena al delito de Homicidio previsto en la legislación producto de la nueva realidad social

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los problemas de seguridad han generado que se endurezcan algunas penas por un lado y que se tomen recaudos por el otro, con figuras que hasta ahora no estaban incluidas en el marco normativo para que, en caso de que se actúe contra ellos, quienes lo hagan tengan sanciones. En ese caso, la Lay 19.645, sancionada en el mes de julio de este año, prevé dos modificaciones para los delitos que atentan contra la vida y la seguridad física (o la integridad) de las personas. Por un lado, extendió el plazo que daba el artículo 310 para castigar a los autores de los delitos de Homicidio, a quienes antes les daba 20 meses de mínimo y 10 años de máximo, cuando ahora el mínimo es de 24 meses o dos años, y doce años la pena máxima por un homicidio simple. Es decir, sin agravantes, porque como dice el artículo “el que con intención de matar diere a muerte a una persona”, no va más allá del asunto, no habla de agravantes ni atenuantes, ni tampoco de causas especiales. Solamente el que tiene intención y genera el daño muerte. Después trae en el numeral 9 del artículo 312, que habla del mismo tema, a la figura del fiscal, la cual antes no aparecía. Ahora, quienes atenten y causen la muerte de un policía, un juez o un fiscal por su condición de tal, verán agravada su pena, derogándose para esto el artículo 310 bis anterior, que refería a las agravantes del homicidio. Lo importante de todo esto es el aggiornamiento de las penas que van en consonancia con la aplicabilidad del nuevo Código del Proceso Penal que trae como principal figura al fiscal y ahora el mismo tiene un reconocimiento mayor, que es que en el caso de quieran causarle un daño por ese rol protagónico, hasta casi heroico por momentos, que ha ganado, deba tener una protección legal para poder desempeñar el cargo. Así las cosas, el delito de homicidio tiene además, ante el aumento del mismo, una justa sanción que al promover su pena un escalón más arriba, genera un corrimiento al resto de las que son derivadas de la misma. En una sociedad donde el espiral de violencia lamentablemente crece, algo es algo.

Hugo Lemos

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El presidente Vázquez ¿hizo caso omiso a la sanción que establece la Constitución para el caso de los militares?

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El artículo 77 de la Constitución de la República dice en su inciso 4º que “Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto.
La norma constitucional es muy clara y concisa, establece que un militar no puede hacer expresiones de carácter político. En ese sentido, el presidente de la República tiene razón, y debe sancionar al comandante en jefe del Ejército para que cumpla con lo que establece la Constitución. Pero también es el presidente el que debe dar el ejemplo y no inmiscuirse en asuntos político partidarios, no debe hablar de la situación de los partidos y manejarse estrictamente en los temas de gobierno.
La duda del cumplimiento de la norma queda por el hecho de que el artículo de la Carta Magna plantea un período de inhabilitación o en su defecto de destitución del funcionario que incumpla la normativa y en este caso, el primer mandatario a quien ese artículo también comprende por lo tanto es juez y parte, no sigue la línea interpretativa del texto legal sino que improvisa una sanción en función de su criterio hermenéutico. El tema es que si puede hacer lo más, que es sancionar al comandante en jefe y general de Ejército, hombre de máxima confianza si los hay en un gobierno, también puede hacer lo más que es sancionarlo acorde a lo que mandata la Constitución, sino la pregunta surge, el presidente ¿puede hacer caso omiso a la sanción establecida e innovar una? Al parecer sí, y nadie se lo va a discutir, por las dudas.

Hugo Lemos

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Que la gente participe de las instancias judiciales no solo será mejorar la transparencia, es un logro de la democracia

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

“Lo que pasa que la gente está en la casa y cuando mira el reloj, no dice: ‘no tengo nada que hacer y si ¿me voy a ver una audiencia?’, porque no hay cultura de acceder a las instancias judiciales, como cuando ven en las películas lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo”, dijo en un curso al que asistí en abril de este año en la oficina de la Unesco en Montevideo, el director general de la Suprema Corte de Justicia, el Ingeniero Marcelo Pesce. Se trata de uno de los artífices de hacer pública la información que se genera en las distintas instancias judiciales y que se ponen a consideración del público, como forma de impulsar la política de transparencia que pretende la Corte. En tal sentido, para los casos de la materia penal, el nuevo Código del Proceso Penal establece con claridad la normativa para estos casos, en ese sentido, el artículo 135 del CPP señala: (Publicidad). Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos.
Y allí enumera a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad; b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso; c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley. Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición. Esto implica un cambio de mentalidad no solo para los operadores del sistema de justicia, sino además para la población con el fin de que la misma, pueda ir participando con su presencia de los procesos judiciales, algo que será un logro de la democracia, mejorar la transparencia del sistema.

Hugo Lemos

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Ley promueve y premia figura del depositario de mercadería declarada en abandono no infraccional

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La ley Nº19.651 recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo en dos artículos sustituye igual número de artículo de la ley 19.276. el primero sustituye el numeral 2 del artículo 99 de dicha norma y señala que el Tribunal podrá declarar el abandono no infraccional de la mercadería y ordenará el retiro del depósito correspondiente y el remate sin base y al mejor postor, designándose al rematador correspondiente dentro de un plazo de 120 días.
Los mismos se empezarán a contar desde la declaración correspondiente de abandono no infraccional.
Si dentro del plazo establecido la mercadería no es retirada del depósito, el depositario puede trasladarla a otro depósito aduanero, dando aviso al juzgado y con previa tramitación aduanera. Se considera que el depositario tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería, a los efectos de las operaciones aduaneras que correspondan.
Y los gastos que esto ocasione, serán de cuenta del posterior remate de esa mercadería.
En tanto el artículo 2º de la presente ley, sustituye el numeral 9 del mencionado artículo 99 de la ley 19.276, diciendo que “el producido líquido del remate se destina hasta un 30% para los gastos y honorarios del depositario”.
Y el 70% restante a financiar gastos generales de la Dirección Nacional de Aduanas. Esta ley tendría que terminar diciendo: El Estado nunca pierde.

Hugo Lemos

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La intervención del Estado para reconocer la huelga

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”.

La huelga es un derecho constitucional que está reglamentada y que además es uno de los ejercicios fundamentales de la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, que toda democracia y Estado de Derecho debe respetar y respaldar.
Este derecho no fue reglamentado para que el reclamo opere a favor o en contra de un gobierno, sino en defensa de los intereses de los trabajadores que ese día ejercer el derecho de no ir a trabajar y por el cual no reciben paga, como forma de presión para disuadir la medida.
El artículo 57 de la Constitución de la República, sostiene que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica”.
Y en ese aspecto, el Estado es el que reglamenta la creación de sindicatos, generando con su intervención un aspecto positivo de reconocimiento a la asociación de trabajadores para perseguir un mismo fin.
La norma sostiene además que el estado “promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje”. Culmina diciendo que “declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En tal sentido, el reconocimiento constitucional del derecho a la huelga fue el ejercido ayer por la central obrera. A la par, está el derecho de los trabajadores de no querer acatar esa medida y concurrir a sus lugares de trabajo, algo que también se dio ayer en distintos ámbitos. En este caso, la norma demuestra que no todas las intervenciones que hace el Estado en cuanto a los derechos laborales son negativas.

Hugo Lemos

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La SCJ dispuso ingreso de cinco funcionarios con “discapacidad» en sedes del interior, entre ellas Salto

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Cumpliendo con una ley importante que apunta a consolidar las políticas públicas de inclusión, la Suprema Corte de Justicia dispuso el ingreso de cinco funcionarios con discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto por Ley Nº 16.095 y en la redacción dada por la Ley nº 18.094 y Decreto Reglamentario Nº 205/2007.
Los ingresos, que se hicieron efectivos a partir de ayer, se produjeron en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Flores y Salto. En tal sentido, el tipo y grado de discapacidad fueron evaluados a efectos de determinar la oficina de destino y la función a realizar, contemplándose discapacidades tales como ceguera, movilidad reducida y sordera.
Para el ingreso de estos funcionarios, fueron necesarias distintas adecuaciones edilicias y de mobiliario. Asimismo, se brindaron charlas con especialistas de PRONADIS y profesionales pertenecientes al Poder Judicial, dirigidas a los funcionarios de las oficinas involucradas a efectos de proporcionarles pautas que les permitiesen facilitar la integración de los nuevos funcionarios, destacándose la excelente disposición de todos los involucrados para con el éxito de dicho objetivo.

Hugo Lemos

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El derecho al aborto, no es tan Humano

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los derechos humanos no son cualquier cosa. Son preceptos que defienden la vida humana y los valores mas importantes que tenemos en este mundo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición u orientación sexual.
Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud, ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Por lo tanto, el aborto puede estar despenalizado, puede ser considerado legal y cumplirse dentro de los parámetros que la ley Nº18.897 que establece, pero no es un derecho humano. No existe el derecho humano al aborto, como se dijo ayer en algún punto de nuestro país mientras activistas pro aborto manifestaban por lo que estaba ocurriendo en Argentina.
Hay que saber que el derecho a la vida, es el primer derecho humano y que el aborto es justamente lo contrario, la interrupción de la vida. Si es legal por una ley, no quiere decir que quien lo practique tenga el derecho humano a hacerlo, porque su libertad afecta la vida de otra persona que se gesta en su vientre.
Habrá quienes discutan y digan lo contrario, pero vale la pena pensar que si bien la interrupción del embarazo es legal y es un derecho inalienable a las personas, es discutible su definición dentro del elenco de los derechos humanos.

Hugo Lemos.

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El Estado no respeta la intimidad de los adolescentes pero lo impone al resto

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Si bien ya hemos hablando en abundancia del principio de no estigmatización, precepto que ha sido prácticamente impuesto como bien superior que el Estado debe tutelar, al punto que ha generado conflictos con los parámetros básicos de la libertad de expresión consagrados como derecho constitucional en el artículo 29, y respaldado por los artículos 7,10 y 72 de nuestra Carta Magna, es el propio Estado el que sigue vulnerando este principio.
Porque además es una práctica constante, no es algo nuevo, es algo que se practica como hábito, ni siquiera como una acción dolosa, lo que es peor porque se lleva a cabo sin intención alguna, los casos se siguen observando a ojos vista.
Sin ir más lejos, hace pocos días en la casa que oficia como Hogar de contención de Varones del INAU, ubicada en plena calle Artigas, a la vista de todos los que pasan por allí, un adolescente en conflicto con la ley estaba en el jardín de esa casa, fumando y con las manos esposadas, mientras charlaba a las risas con un funcionario policial encargado de su custodia.
El adolescente no se encontraba adentro del recinto con el fin de preservar su identidad, o mejor aún, estaba en el frente de esa casona sin las esposas puestas y sin la vigilancia atenta de un efectivo policial, como para disimular su situación y que el mismo pudiera preservar su intimidad. Sino que todo lo contrario.
Eso es exponer a un adolescente y hacer que por el mismo se gane el desprecio público. Entonces la institución que debe preservar su interés superior, el que remarca el CNA con total rigor, no se cumple. Entonces cuando vemos a adolescentes expuestos por las propias instituciones, lo lamentamos y tratamos de no seguir en ese ejemplo, buscando cumplir con la no estigmatización, algo tan necesario en nuestros días.

Hugo Lemos

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La política de seguridad se ha visto entrampada por las leyes creadas posteriormente a la Constitución

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El artículo 7º de la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar la seguridad de la población. Para ello creó el Ministerio del Interior dentro de la estructura del gobierno y dentro de su organigrama, está la Policía Nacional.
La policía fue creada como auxiliar de la justicia, es el brazo armado para actuar frente a los delitos que comete la sociedad civil. Sin embargo, más allá de que su génesis que tal como dice su ley orgánica, nace para prestar la seguridad de la que habla la Constitución, ese mandato tiene hoy otras limitaciones.
En primer lugar, cabe decir que la Policía no puede impedir que se lleven a cabo hechos delictivos. Esos están en la mente humana y la conducta de los agentes del delito, producen esa disfunción del sistema, vulnerando las normas de convivencia que tenemos quienes vivimos en sociedad. Es decir, la policía no va a impedir que alguien robe, puede prevenirlo, disuadirlo o reprimirlo, pero no impedirlo. No tiene la bola de cristal para saber dónde habrá un hecho delictivo.
Además, la ley de procedimiento policial Nº18.315, tiene algunos aspectos que refieren a los procedimientos que deben llevar a cabo los funcionarios, donde no pueden realizar ni actuaciones, ni tampoco detenciones de personas de manera arbitraria. Es decir, deben tener algunos requisitos que establecen cómo y cuándo deben llevar a cabo un procedimiento que pueda llegar a terminar con la detención de una persona.
Asimismo, el nuevo Código del Proceso Penal, ratifica aún más esas limitaciones diciéndole a los funcionarios que deben munirse de elementos probatorios que respalden sus actuaciones, salvo en los casos donde hay flagrancia, es decir, donde puedan detener a los agentes del delito con las “manos en la masa”.
En caso contrario, la detención estaría vulnerando los derechos del sospechoso por no contar con elementos que ratifiquen la actuación policial y eso ameritaría la libertad del detenido sin mayores consecuencias.
Lo anteriormente expuesto es apenas un somero repaso de cómo viven las instituciones que fueron creadas para garantizar la seguridad de la población, su función en los tiempos que corren. Las mismas normas que fueron creadas posteriormente, son las que le ponen cortapisas a su tarea. En tanto no haya una política legislativa coherente y acorde a la realidad que vive nuestra sociedad, será cada vez más difícil combatir el delito, el cual siempre seguirá existiendo pues la mente humana es imprevisible y no está libre de cometerlos.

Hugo Lemos

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El Estado estigmatiza más que nadie

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La no estigmatización de las personas es uno de los principios que más se analizan en el derecho penal, algo que si bien no está reglamentado y sancionado, sí tiene mucho de establecer una regla de respeto a la integridad física y a la honorabilidad de los ciudadanos, basado sobre todo, en el principio de presunción de inocencia y en que una vez que se determine la culpabilidad o no del posible agente delictivo, esa exposición pública del imputado solo genera sobre el mismo una mayor sanción social.
Sin embargo, es el propio Estado el que muchas veces vulnera este principio y expone a las personas que son detenidas y que están a disposición de la justicia, cuando una vez que son detenidos pueden pasar horas en un lugar público mientras son tratados como delincuentes, siendo esposados y custodiados por la policía, mientras la gente pasa a su alrededor, sometiéndolos al desprecio público. Ayer en un procedimiento policial ocurrido en las inmediaciones de la Plaza de Deportes, la policía capturó a un sujeto que traía mercadería presuntamente de contrabando, oculta en la camioneta en la que se desplazaba.
Al mismo, varios policías que intervinieron del procedimiento, lo habían bajado del vehículo y lo sentaron en el suelo. Lo esposaron y lo dejaron allí en presencia de todos, mientras lo filmaban para seguir los pasos del procedimiento y además como manera de cubrirse ante cualquier reclamo. El sujeto no solo estuvo allí mientras le revisaban su vehículo y labraban un acta para ser remitido al fiscal de turno, sino que además lo expusieron frente a todo el que pasaba por allí por más de una hora mientras realizaban el procedimiento, y mucha de la gente que caminaba por el lugar, tomando en cuenta la situación actual que atraviesa la seguridad en Salto, preguntaban si se trataba de un rapiñero o de un vendedor de drogas, mientras el detenido estando esposado en el piso, no sabía cómo explicar su situación ante el “no podemos dar información” de la Policía. Esto me hace acordar que cuando los periodistas queremos dar información nos mandan con suerte las iniciales de las personas detenidas y nos dicen que es para preservar su derecho a la no estigmatización. Entonces lo de ayer es toda una serie de desaciertos en la manera de llevar adelante un procedimiento porque el mismo termina exponiendo a una persona, que aún puede llegar a ser liberada por falta de pruebas. La presunción de inocencia en este caso se fue al tacho y la no estigmatización fue suprimida por la imprevisión policial.

Hugo Lemos

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Ahora es por ley: en Uruguay tenemos el Día de la Laicidad

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Ahora es por ley: en Uruguay tenemos el Día de la Laicidad

Hablar de laicidad en nuestro país nos lleva a revivir uno de los principios más importantes que tiene la República. Y es en efecto, uno de los más importantes porque su cumplimiento asegura el respeto y la tolerancia, la diversidad de ideas conviviendo en un mismo espacio y no privar una cosa, sino permitir a todos estar bajo la misma bandera. Por eso, cuando hace un tiempo atrás el Frente Amplio denunció que en el Liceo Nº1 de Salto se había violado la laicidad porque se cumplió una charla en contra del aborto, que en nuestro país es legal y que el gobierno hasta implementó un sistema con el fin de atender estas situaciones en los centros asistenciales, después esa denuncia le volvió como un boomerang cuando en el Liceo IAVA de Montevideo, en una clase una docente realizó una práctica contra la dictadura utilizando para ello a los propios alumnos.

Pero la laicidad es conocida en nuestro país por tener una escuela pública donde uno de sus pilares es ser Laica. ¿Qué quiere decir? Que allí no puede enseñarse dogma alguno, ni tampoco religión.
Ese fue uno de los postulados de José Pedro Varela, que fue el impulsor de esa reforma educativa para el país que estaba en ciernes como era el Uruguay de ese momento. Más allá de que Varela traía consigo esos postulados desde la lógica de su condición de integrante de la Masonería, los cuales promueven la laicidad en todos sus aspectos como símbolo de la diversidad y libertad del individuo.
Entonces, por eso, en nuestro país, la laicidad ahora tiene un día especial y es a partir de la nueva Ley Nº 19.626, que se establece el 19 de Marzo, día en el que se conmemora a Varela, como Día de la Laicidad. Por lo de la escuela pública y porque es un símbolo para el Uruguay que el laicismo se proponga desde las bases de la niñez para que los uruguayos aprendamos a ser tolerantes y respetuosos de los derechos a ser, de todos los demás.

Hugo Lemos

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Muchos gafes para un sistema que se presume fue estudiado mucho tiempo

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El nuevo CPP plantea un elemento esencial para la tarea policial, el tener que juntar elementos de prueba que ayuden al fiscal a poder enviar a la cárcel a un detenido por ser presunto autor de un delito. Pero exige que esos elementos sean tales y no que constituyan “datos”, porque en ese caso los mismos no pueden ser utilizados como medios de prueba y no asisten al fiscal a la hora de armar la acusación que pide una condena sobre el presunto agente del delito.
Esa tarea implica una carga adicional a la labor policial que es la de auxiliar de la justicia, donde los funcionarios deben reprimir el delito y disuadirlo. Pero una vez reprimido y detenido el sospechoso, encima tienen que reunir elementos de prueba con el fin de que el fiscal pueda pedir una sentencia condenatoria contra la persona implicada.
Esta situación también ha generado que desde que se implementó el nuevo Código del Proceso Penal el pasado 1º de noviembre, haya menos personas cumpliendo prisión por los delitos que cometen. Y entonces obtiene reproches de la sociedad que reclama que las cárceles estén mucho más pobladas de lo que están hoy.
Sin embargo, los fiscales se defienden y aducen que actúan conforme a derecho, mientras los defensores públicos tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden y por la falta de pruebas que muchas veces tienen la fiscalía para acusar a un detenido, los defensores la tienen más fácil y pueden cumplir con su tarea de sacarlos por la puerta de atrás a los que inicialmente son detenidos como presuntos delincuentes.
Son muchos gafes del sistema que deben ser enmendados por el parlamento, cuyos integrantes deben escuchar más a los operadores del sistema para poder dar una respuesta que sea acorde a la realidad que vive el país y no que surja como una ley que pretenda tener efectos que no son contestes a lo que vive la sociedad uruguaya. Las últimas modificaciones al CPP, que desde que se implementó las viene teniendo, no han atendido la realidad que amerita el tema, porque no ajusta el engranaje entre la Policía, los Fiscales, los Defensores Públicos y los Jueces. Mucho menos acompaña el gasto que este sistema produce. Mientras tanto vemos como tristemente el fiscal de Corte y el Ministro del Interior, se tiran con dardos al tiempo que los operadores discuten lo mal que están trabajando y la gente pide a gritos cambios y responsabilidad en la acción del estado.

Hugo Lemos

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Legisladores modifican el CPP jerarquizando a los fiscales. ¿Más líos todavía?

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La situación de seguridad tiene un problema de fondo en este país y es el marco normativo que tiene, porque son particularmente las nuevas normativas, las que en cierta medida apañan que se produzcan ciertos hechos delictivos, ya que las mayores trabas para poder aclarar algunos de los casos que se dan, las pone la propia ley.
Esto es algo que debe reconocerse y en ese sentido, los legisladores, con un espíritu de tratar de superar el nivel de violencia que se vive en nuestro país, ya están dando muestras de ponerse a trabajar con el fin de mejorar la legislación y que las instituciones tengan mayor poder a la hora de actuar y más facilidades para poder penar a quienes cometen delitos.
El parlamento discute las modificaciones imperiosas que tiene que tener el Código del Proceso Penal, que fue empezó a regir el pasado 1º de noviembre y que tantos dolores de cabeza ha traído, sobre todo porque como dicen los especialistas en la materia, el agente del delito sabe hasta dónde puede hacer qué cosas, con el fin de evitar ser detenido e imputado de un delito.
Ayer, el diario El País publicó que en la Cámara de Representantes, los diputados acordaron que en lugar de la palabra «preceptiva» —que establece la prisión preventiva como regla para los delitos graves— se señale que el fiscal «debe» pedirla (a la prisión preventiva) en casos de que exista peligro para la sociedad, fuga o entorpecimiento del juicio o cuando el imputado sea reiterante o reincidente o cometa delitos graves.
Dentro de la lista de delitos graves que analizaban los legisladores están las rapiñas, los homicidios dolosos y con agravantes, el copamiento y el secuestro, entre otros delitos. Así como los delitos de narcotráfico y de lavado de activos cuando la posible pena sea de penitenciaría (esto es más de 24 meses de prisión), le informaron al diario capitalino desde la Bancada del Frente Amplio que es la que tiene los votos suficientes como para realizar por sí misma las modificaciones que entienda pertinente.
Entre los legisladores analizan disponer de manera constitutiva en el nuevo CPP que el juez «debe ceñirse» estrictamente al pedido del fiscal. La nueva redacción supone una lógica que respeta los principios del sistema penal acusatorio donde el fiscal es el centro y no el juez, esto atiende algunas de las críticas de juristas.
Sin embargo, ha cobrado una relevancia histórica la figura del fiscal en el proceso penal, que el mismo pasa a tener con esta propuesta una suerte de súper poderes, algo que trasciende el principio de congruencia procesal, el que fija ciertos parámetros para que el juez y el fiscal estén en consonancia con la sanción, no debía haber una diferencia abismal en la resolución final.
Pero el hecho de que el magistrado deba ceñirse a lo que le pida el fiscal puede generar inconvenientes por la pérdida de independencia que debe tener un juez, a la hora de tomar una resolución. Una cosa es clara, las modificaciones al CPP son tan bienvenidas como necesarias, pero jerarquizar a unos sobre otros va a generar más líos de los que ya hay en la estructura procesal actual. Aunque por ahora veremos qué resuelven los políticos de todos los partidos que son los encargados de hacer las reglas de juego con las que tenemos que vivir todos.

Hugo Lemos

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El fiscal de Corte verá que hay un mundo que también existe

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, llegó ayer a Salto para mantener una serie de encuentros con las principales autoridades del departamento, así como también para conocer cuál es la situación por la que atraviesan sus funcionarios en la oficina departamental, que desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal tienen un rol más protagónico y eso les demanda una tarea para la cual, en primer lugar no estaban acostumbrados y en segundo lugar, los sobrepasa por la falta de recursos humanos que tienen para atender la demanda.
Pero el magistrado no trajo soluciones mágicas a los problemas de inseguridad ni a sus funcionarios, tampoco hará que desde mañana las cosas cambien, ni se aceleren los procesos o haya más holgura en la fiscalía a la hora de trabajar.
Aunque vino a buscar aportes, a recoger inquietudes y a llevarse un montón de problemas para solucionar, donde lo menos problemático será coordinar con la Policía para dictar cursos con el fin de instruirlos en qué cosas pueden ayudar y de qué manera pueden aportarle a los fiscales con su accionar.
Pero quizás lo más problemático es cómo hacer para que haya nuevos fiscales para que ayuden a los actuales que están sobrepasados de casos, tantos, que tienen riesgo de tener que soltar a una persona por no seguir el juicio de la manera debida. El tema, es que esta visita sirva para que Jorge Díaz vea que también hay un mundo afuera de Montevideo que gira igual que allá y en el que también transcurren plazos, hay diligencias a cumplir, imputados que condenar, pero en este caso no hay quienes lleven los expedientes a un juzgado.

Hugo Lemos

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Nuevo proceso penal genera contratiempos y un duro golpe a la administración de justicia

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales en función del rol que cumplen en el marco del nuevo Proceso Penal, están generando no solamente contratiempos importantes para la administración de justicia, sino que además provocan una pérdida de garantías para el justiciable, porque no pueden cumplir con toda la actividad que se les pide.
Este nuevo rol que deben cumplir con mucho más responsabilidad, acción y participación en el nuevo proceso penal, ameritaba junto a la implementación del mismo la multiplicación de los recursos humanos que acompañen a su vez, la cantidad de casos que se presentan.
En ese aspecto, tanto para la fiscalía como para la defensoría pública, la idea era que los operadores del sistema sean los acordes para que el proceso pueda ser cumplido con todas sus nuevas especificidades, además de poder atender cada caso como es debido, para darle el análisis y el estudio que corresponden y no tomar decisiones a la ligera, e incluso decidiendo dos o tres casos en cuestión de horas, porque el vencimiento de los plazos así lo ameritan.
Hace pocas horas, un sujeto que baleó a otro que antes lo había amenazado, en un claro caso autotutela jurisdiccional, es decir justicia por mano propia, fue liberado porque luego de que se le tomaran las declaraciones, había una fila que ameritaba urgencia en ser atendida y el caso anterior, pasará para cuando las aguas se calmen y pueda ser atendido de la manera que corresponde, es decir, con tiempo y dedicación.
El nuevo proceso penal está generando una serie de garantías excesivas para los denunciados por distintos delitos, a lo que se le suma la falta de capacidad de actuación por la acumulación de expedientes que tienen los fiscales. Esto genera un contratiempo importante para la sociedad y un duro golpe para todo el sistema de justicia y es hora de que el parlamento que los metió en este embrollo, ayude a resolver el asunto.

Hugo Lemos

 

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Protección de la víctima durante el proceso penal

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Mientras se lleva a cabo una importante movilización popular por la situación de inseguridad que campea en el departamento, las denuncias por distintos delitos solamente crecen y crecen, y engrosan una larga lista de hechos a aclarar que guarda la Policía, desde los casos más fútiles, hasta los más complejos. Empero, el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) permite a la víctima participar del proceso, una vez que el sospechoso de ser el autor de los casos denunciados es capturado por la policía, y en función de lo que entienda la fiscalía, es llevado ante el juez. Por tal motivo, vamos a ver qué dice el artículo 48 del nuevo CPP, el que refiere a la protección que deben tener las víctimas de los delitos durante la sustanciación del procedimiento.
PROTECCIÓN
El artículo 48.1 del CPP sostiene que “durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos”. Esto para que los mismos puedan participar y en ese caso, aportar elementos que coadyuven más rápidamente en la aclaración de los hechos.
En tanto, el inciso segundo de dicha norma señala que “los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: a) entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos; b) ordenar por si mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones;
c) informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo. Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto la actividad señalada en el literal a) de este inciso (la entrega de información para que conozca el proceso en curso). El Fiscal de Corte reglamentará los procedimientos a seguir por los fiscales para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Hugo Lemos

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A 6 meses del nuevo CPP hay pruebas suficientes de que son necesarias varias modificaciones

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El nuevo proceso penal está mostrando sus caras. A más de seis meses de estar en funcionamiento, comienza a generar problemas en la forma de trabajo para policías y operadores judiciales, especialmente los fiscales, que son los que deben investigar el delito denunciado y promover un juicio en contra del sospechoso.
Pero para esto, deben munirse de elementos probatorios que le brinden al magistrado la convicción suficiente de los hechos, los cuales intentan ser abatidos por los defensores públicos, que tienen el deber de brindarle asistencia letrada a los indagados para echar por tierra las acusaciones que contra ellos busca dar el fiscal.
Este elenco de medidas generan cortapisas al trabajo policial, porque para estos casos los efectivos saben que no pueden detener a nadie sino cuentan con pruebas que sean prácticamente flagrantes evidencias de la comisión de delitos. Lo que les impone un nivel de exigencia que si no se cumple puede terminar generando un fracaso en el resultado de los procedimientos.
Al principio, la Fiscalía General de la Nación, rechazaba de plano que la situación en la que los ponía el nuevo proceso penal generara más impunidad en el accionar delictivo. Pero con los resultados a la vista, la negación es de ciegos. El nuevo proceso ayuda y alienta al delincuente a evadirse de las pruebas que puedan incriminarlo, lo que basta para que el fiscal muchas veces no encuentre elementos suficientes para pedir la formalización de una audiencia penal ante un juez y al final del día, los malvivientes siguen campantes sembrando pánico.
Con seis meses los resultados ya están a la vista, y antes de imbuirse en una campaña electoral de un año y medio que llevará al parlamento a un largo letargo, es menester que los legisladores elaboren necesarias modificaciones al tema de las garantías de los imputados en el nuevo proceso penal, para que se permita una mayor efectividad en la lucha contra el delito. De lo contrario, los delincuentes seguirán ganando terreno y no habrá política legislativa que valga.

Hugo Lemos

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Salto está pasando mal

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Salto viene atravesando una ola delictiva sin antecedentes. A razón de un asalto armado por día. Se trata de hechos violentos que no tienen antecedentes en una sociedad que estaba acostumbrada a vivir en una paz cuasi provinciana, a decir de la exministra del Interior Daisy Tourné.
«Salto es un lugar con una paz provinciana, deben cuidar y preservar eso» me dijo una vez y lo hizo en el año 2007, justo luego que una banda de narcotraficantes colombianos y brasileños fueran capturados en un establecimiento rural con el mayor cargamento de cocaína que se recuerde en nuestro departamento, cerca de 500 kilos que iban a ser transportados en avioneta.
Pero el tiempo pasó, los cambios sociales vinieron a una velocidad que asusta y la vorágine hizo que la pérdida de códigos de convivencia, ante una sociedad cada vez más fragmentada, desataran una ola interminable de violencia. La cual tampoco está considerada como para que la Policía adopte las medidas de seguridad enumeradas en el artículo 168 de la Constitución de la República, pero sí vulneran el principio básico de que el Estado debe garantizar la seguridad de la población y que está en el artículo 7 de la carta magna.
Somos una comunidad de apenas 128 mil habitantes, casi diez veces menos que la de Montevideo, pero en proporción mucho más violenta.
Los robos ya no ocupan la agenda de los medios de comunicación locales desde hace mucho tiempo, sino que ahora la serie interminable de bocas de venta de drogas que pretenden ser combatidas por la Policía con narcos que se disputan el territorio y generan balaceras que por ahora solo dejan heridos y no muertos, las rapiñas interminables, los arrebatos en pleno centro y a toda hora y encima lo de ahora, los violentos asaltos que rayan en la figura delictiva del copamiento, tienen sin tregua a una Policía que hace cada vez más lo que puede, obteniendo cada vez menos resultados.
La gente está asustada, tener un comercio desde un kiosco hasta un restaurante y manejar dinero, es un trabajo de alto riesgo, y lejos de estar siendo tremendista la apacible comarca que recibió a estrellas como Raffaella Carrá, Palito Ortega, Los Parchís o figuras como el Papa Juan Pablo II, ha pasado a ser un lugar donde realizar un espectáculo público genera dudas y temor por lo que pueda resultar del mismo.
No hay una estrategia policial adecuada o la institución carece de los recursos necesarios como para ponerle fin a todo este asunto. O, por el contrario, las autoridades del Ministerio del Interior no han tomado en serio esta preocupante situación que padecemos quienes estamos a 500 kilómetros de la Plaza Independencia, donde allí el robo de un paquete de garrapiñadas es asunto de atención para las autoridades, por el solo lugar donde se llevan a cabo los hechos.
Salto está pasando mal, las autoridades pelean con uñas y dientes pero no les alcanza, y cuando golpean la puerta en Montevideo, nadie atiende, quizás ahí está el mayor problema.

Hugo Lemos

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Los fallos deben ser imparciales y las instancias judiciales brindar garantías a los justiciables

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad por Gracia que otorgan los ministros de la Suprema Corte de Justicia puede llegar a ser un mecanismo perimido en los próximos tiempos, si se toma en cuenta que el criterio que se adopta para estos casos es tan subjetivo que pueden llegar a dejar sin garantías de ningún tipo a quien se presente en la instancia.
El instituto de la Gracia fue creado por la Ley Nº 15.737 del 2 de julio de 1985 y desde entonces la Corte establece un mecanismo de visita anual a los recintos penitenciarios que elaboran una lista de posibles candidatos a ganar su libertad, donde solamente los ministros del máximo tribunal de justicia del país pueden concederla. Para ello establecen una serie de requerimientos y privilegian a los delitos menores en personas que tienen la condición de primarios, así como también algunos otros aspectos, como la excesiva prisión preventiva, etc. Sin embargo, después de haber asistido a más de 16 visitas de cárceles como periodista, he visto distintas maneras de actuar de los ministros que intervenían en las distintas instancias. Desde Roberto Parga, Daniel Gutiérrez, Leslie Van Rompaey, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique, entre otros, sorprendió el criterio subjetivo empleado por los ministros, quienes ostentando su condición de tal, llegaron a expresar su prejuzgamiento sobre el tenor de algunos casos que dijeron desde el inicio, que si bien tenían derecho a presentarse, ellos iban a rechazarlos cuando les fueran planteados, esto previamente a analizar las respectivas causas.
Si bien para estos casos, como la libertad por Gracia, podría llegar a tener algo de asidero su postura, es muy importante que un magistrado demuestre imparcialidad y objetividad para valorar criterios puramente técnicos en todo momento y con ello determinar un fallo imparcial con el que se le brinden además, garantías al justiciable. Al menos es lo que se espera en instancias como esta, algo que ayer dejó con sabor a poco a los presentes por los criterios expuestos por los magistrados actuantes.

Hugo Lemos

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La libertad de expresión y de prensa, esa gran responsabilidad que nos define como sociedad

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La libertad es un concepto básico que trasciende lenguajes y fronteras. Pero sobre todas las cosas es un derecho humano fundamental e inherente a la condición de persona humana. En tal sentido, la libertad de expresión y de pensamiento debe ser considerada como un valor básico de la humanidad en toda su dimensión, porque es el principio fundamental que nos ayuda a desarrollar nuestra condición de seres.
En nuestro país, este derecho humano fundamental está consagrado como un principio inalienable con la condición de libertad y de democracia republicana como la que rige en el Estado de Derecho.
Por lo tanto, la libertad de expresión es en el Uruguay, uno de los valores más importantes que hemos sabido cultivar como sociedad y que no solo debemos protegerlo cada día, sino que además debemos conservarlo por los próximos tiempos.
Un día, un gran experiodista y actual experto en comunicación institucional me dijo “la libertad es una responsabilidad que debemos saber administrar”. Visto de ese modo, bien vale el concepto de ser responsables y por tanto, comprometidos con ese bien de la vida que es la libertad.
Hoy en el mundo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, porque una prensa libre es la que traduce el valor democrático de una sociedad, de un gobierno y de un país. No se concibe la libertad de expresión con límites, cortapisas y censuras de los gobiernos y de los agentes estatales.
Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, al final de la conferencia de prensa intercambiamos palabras y lo primero que me preguntó fue “¿cómo está la libertad de prensa en Uruguay?”. A sabiendas de que si la misma era de mala calidad, la democracia en el país estaba fallando.
Uruguay es uno de los países con mayor libertad de prensa en el mundo, está entre los 20 primeros en un ranking de casi 200 países monitoreados por Reporteros Sin Fronteras (una organización mundial que nuclea a los periodistas de todo el mundo).
La Constitución de la República consagra este derecho a la libertad de expresión en los artículos 7, 10, 29 y 72 de la carta Magna. Asimismo, la ley Nº16.099 conocida como Ley de Prensa, establece en el inciso final de su artículo 1º, un aspecto no menos importante que es la reserva de la fuente, como práctica inalienable del secreto profesional del periodista. Y esto vale ante un juzgado en el caso que un magistrado le pide a un periodista que revele la fuente, el cual puede negarse y no tener consecuencia alguna por ese motivo. Lo que es considerado un gran logro para el ejercicio del periodismo, pero también una protección importante para los periodistas.
La libertad de expresión es un derecho que tienen todas las personas en este país y sus expresiones, que revelan su manera de pensar, no deberían estar jamás censuradas ni mucho menos prohibidas, porque es justamente a través de la libertad de pensamiento que se conforma la pluralidad de ideas y en base esto, se construye más democracia y una mejor sociedad.
En ese sentido, quiero acordarme en este día, del maestro Claudio Paolillo, incansable luchador por los derechos de los periodistas a ejercer su tarea con libertad y de los pueblos a elegir la manera de autodeterminarse. Enemigo de las dictaduras y de las castas que dictan normas que consideran que son beneficiosas para los pueblos. Esos que de libertad no saben nada y que oprimen a la gente quitándoles justamente ese tan caro valor que todos los días debemos defender.
¡Viva la libertad de prensa en Uruguay y el mundo!

Hugo Lemos

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