La esencialidad debe tener asidero jurídico

El criterio para decretar la esencialidad de un servicio público debe tener una base jurídica y no política. Sin embargo, es desde el propio Poder Ejecutivo que se viene dando una mala señal al respecto, cada vez que el gobierno decide

Hugo Lemos

Hugo Lemos

decretar la “esencialidad” en servicios donde la población puede prescindir, para su vida cotidiana de los mismos, ya que en caso de que no funcionen su vida, integridad física o seguridad no corre riesgo alguno.
A ver si nos entendemos, la esencialidad de los servicios públicos se basa en los casos en que la interrupción de un servicio pueda afectar la vida en plenitud de una persona, vulnerando los más elementales derechos humanos de una persona, ya sea por el cumplimiento de una huelga o por otro motivo que se termine afectando al mismo servicio.
En el caso de las distintas situaciones que se han visto interrumpidas, por motivos de una huelga declarada por el conjunto de los trabajadores que tienen como cometido esencial de su función, cumplir con el mismo, hay que ver si esa interrupción que realizan en el marco de su legítimo derecho, afecta o vulnera un derecho humano. El derecho a la huelga tiene rango constitucional, pero en el caso de que afecte la vida, la seguridad o la salud de las personas, puede darse el decreto de esencialidad. Son cuestionados los derechos derivados de los mismos, como en el último caso, donde el presidente manifestó públicamente que no quería “que haya gente sin supergas y no pueda calentarse y ver afectada su salud por el frío” y en base a ese derecho, que puede llegar a tener fundamento jurídico, pero que de igual requiere de análisis, el derecho a la huelga por más rango constitucional que tenga colide con estos casos, y la esencialidad tiene asidero. Pero es bueno, que cuando se hable de esencialidad, la razones para decretarlo sean jurídicas y no políticas, sino se termina desvirtuando el Derecho como ciencia, en función de políticas que pueden carecer de contenido.

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Tendrían que dejarlo vigente

El delito de abuso de funciones deja en una línea muy delgada la actuación de todo funcionario público y eso en cierta medida, puede generar medidas abusivas contra el propio trabajador que, en procura de no quebrantar la ley puede atenerse a los reglamentos y actuar en función de estos y siendo piedeletristas seguramente gestionará menos y

Hugo Lemos

Hugo Lemos

podrá hacer que las cosas no funcionen como deberían, pero seguramente no violará la ley.
Ese es el espíritu con el que fue creado este delito, que busca en definitivo que el mismo sea una garantía para los gobernados en un sistema democrático, donde la población le da a través del voto la confianza a un grupo de ciudadanos para que sean los administradores de los bienes públicos y si se pasan de la raya, acá está la penitencia.
Sin embargo, en el nombre de dicho delito también pudieron, como en algunos casos recientemente comprobados, cometerse algunas injusticias. Uno de los casos, es el que ocurrió con el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, que terminó siendo absuelto tras haber estado dos meses en prisión, por permitir empadronamientos fuera de plazo.
Sin embargo, no le queda bien al gobierno ahora suprimir ese instituto legal, porque en cierta medida apunta a ser una cortapisa a la corrupción. Y cuando se es gobierno y se pregona que hay transparencia no se puede tratar de suprimir sin subrogarlo por una solución más acabada, un delito que más allá de su dualidad en algunos aspectos normativos, es una garantía que tiene el pueblo para poder denunciar a sus gobernantes. Sobre todo si encima hay dos exjerarcas del gobierno actual juzgados por ese delito y cuyo juicio aún no culminó. Al menos esperen que termine.
El delito mencionado está estipulado en el artículo 162 del Código Penal y establece que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”. Al menos por decoro, tendrían que dejarlo vigente.

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Derechos Humanos son los del presente

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por su condición de tales, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están garantizados en nuestra Constitución de la República y a contemplados en las leyes que garantizan el cumplimiento de los tratados internacionales a los que se adhirió nuestro país, sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con fundamentalmente con el Pacto de San José de Costa Rica.
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
Pues bien, en nuestro país los derechos humanos son aquellos que deben cumplirse respetando la libertad, garantizando la seguridad, el trabajo, la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, a la vida digna de las personas, brindándoles un sistema de administración de justicia que sea confiable y que garantice las condiciones de vida digna de los seres humanos.
Sin embargo, en Uruguay cada vez que se habla de derechos humanos, se remite a lo que pasó en la dictadura cívico militar que empezó en 1973 y culminó en 1985. Y esto, si bien es algo que comparto que debe tenerse en cuenta porque la historia debe saberse, no en forma hemipléjica como se trata de enseñar, sino diciendo la verdad de los dos lados, pero en fin, los derechos humanos abarcan toda la actividad humana del presente y también del futuro, no solo del pasado, porque en nuestro país hablar de derechos humanos es remitirse a deudas del pasado.
Empero, los derechos humanos se violan todos los días en el presente. Se violan cuando ha niños en las cárceles, cuando hay menores a los que los tienen presos en sistemas que los marginarán el resto de sus vidas, se violan cuando muchísima gente revolviendo tachos d basura para poder comer y gente que no tiene trabajo y la condenan a un merendero, se violan cuando hay gente sin acceso a la educación y a la salud, se violan cuando no les permiten conseguir resultados por efecto de la burocracia en una oficina pública; y de nada de eso se habla.
Sino que en este mes, solo se recuerda el Golpe de Estado de 1973 y de la actualidad no se habla. Me gustaría que las autoridades hicieran una mirada introspectiva hacia el presente. Y trabajaran duramente para proteger los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes que han sido probadas y que se suscriben a los pactos internacionales, para garantizar los derechos de todos, que no son otros que los derechos humanos.

HUGO LEMOS

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Ley 19.335 modificó la ley registral en varios artículos

La ley de Presupuesto Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 modificó importantes disposiciones de la ley registral Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, las cuales transcribimos a continuación. Destacamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la nueva ley, las modificaciones aprobadas, rigen para los documentos presentados a inscribir y certificados expedidos a partir del 4 de enero de 2016.
MODIFICACIONES INCORPORADAS
La Ley Nº19.355 establece que el artículo 433.- Incorpórase al artículo 41 de la ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, como inciso segundo, el siguiente: “Los mandantes o poderdantes, podrán revocar en forma genérica, total o parcialmente, los mandatos y poderes que hubieren otorgado, sin que deban especificar los detalles de los poderes que pretenden revocar. La misma circunstancia será aplicable a los apoderados o mandatarios que pretendan renunciar a poderes que les hubieran conferido”.
El artículo 434 sustituye el inciso primero del artículo 64 de la ley Nº 16.871 por el siguiente: “Artículo 64, el registrador calificará bajo su responsabilidad si el documento presentado a inscribir, en su totalidad, reúne las condiciones impuestas por la presente ley y demás leyes y reglamentos aplicables. Dicha calificación se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al día en que se haga efectivo el pago de la tasa registral, en los casos en que legalmente corresponda”.
En el caso del artículo 435, agrega al numeral 4) del artículo 65 de la ley registral el siguiente inciso: “La falta de pago de la tasa registral de inscripción, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, a contar del siguiente a la fecha de presentación al Registro del documento inscribible, determinará el rechazo del trámite presentado. La calificación establecida en la legislación vigente, correrá a partir del día inmediato siguiente a la fecha de pago de la tasa respectiva”.
Mientras que el artículo 436 sustituye el acápite del artículo 74 de la ley de registros en la redacción dada por el artículo 259 de la ley Nº 17.930 por el siguiente: “artículo 74: La Dirección General de Registros expedirá certificaciones de la información registral”. Incorpórase como último inciso, del mismo artículo, el siguiente: “El Director General de Registros, por resolución fundada, establecerá los criterios para determinar los funcionarios autorizados a los efectos, indicados en este artículo”.

HUGO LEMOS

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Que sea de lealtad al justiciable

La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se ha visto aplazada una vez más. Cuando estaba todo pronto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteó la incongruencia de los principios que pensaban aplicarse si el nuevo

Hugo Lemos

Hugo Lemos

proceso comenzaba a ejecutarse según lo previsto en la ley.
Pero el tema trasciende ese aspecto, sino que se trata de una forma de generar nuevas resistencias a formas de acelerar los procedimientos penales en contra de personas a las que con el actual sistema se les están quitando garantías esenciales en un estado derecho, como el principio de presunción de inocencia.
El tema da para abundar mucho más y en realidad podrán ser solamente conjeturas las que pueden formularse en torno a por qué realmente el nuevo CPP no entrará a regir tal como estaba previsto en julio. Sin embargo, más allá de los corporativismos entre jueces y fiscales, abogados y otros operadores del sistema que puedan suscitarse para ver cómo se benefician con los planteos legales que hace el nuevo Código es importante que haya un compromiso de lealtad al justiciable, para que los nuevos procedimientos sean para beneficiar a la gente y respetar sus derechos, y no otra cosa.

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Más juzgados penales son necesarios

Ya era hora. El anuncio que formuló días pasados en oportunidad de participar de su última visita anual de cárceles como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien por razones de edad se jubiló este lunes 15 de mayo, acerca de que la máxima corporación de justicia analiza la inminente creación de dos juzgados penales más para Salto, es sin dudas, una buena noticia.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Es que los casos que se presentan en las dos sedes judiciales penales que hay en Salto, colman en su totalidad la actividad que tienen ambos magistrados y además se ven absorbidos por los casos nuevos que ingresan a diario, los que detienen en buena medida los que ya están en trámite.
Esto es algo que puede suponer problemas no solo para el encausado, que puede ver demorada la resolución de su causa, sino también para los jueces y fiscales que deben cumplir las actuaciones dentro de plazos razonables para cumplir así con el principio de celeridad del proceso y además para generar condiciones de reclusión adecuadas, para quienes estén pasando por esa situación.
La creación de dos juzgados facilitará la mejor distribución de las causas que surjan de las denuncias que se presenten, para su tratamiento, dilucidación y resolución. Lo cual si bien supone una importante inversión de recursos humanos, materiales y económicos de parte del Poder Judicial, se hace impostergable para el cumplimiento adecuado de los tiempos de reclusión lo que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos tanto del ofendido (denunciante en este caso) como del ofensor (acusado).
Si bien no hay una fecha cierta todavía y a esto hay que sumarle la salida de Pérez Manrique como ministro de la Suprema Corte de Justicia lo que supone uno menos para sumar acuerdos, es importante que la creación de esos dos juzgados se concrete pronto.

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La visita de cárceles, una instancia única

Las visitas anuales que realiza la Suprema Corte de Justicia son una instancia judicial única en el año que tiene un procesado con ciertos requisitos, para poder obtener su libertad por lo que se denomina el instituto de la Gracia,potestad que solamente tienen los ministros de la Corte dentro del ámbito de competencias de los magistrados en el sistema judicial uruguayo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Cuando un recluso, que cumple con las condiciones que establece en forma preceptiva una Acordada (resolución que emana del Acuerdo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia) dictada para este asunto, se inscribe ante el director del establecimiento, el mismo eleva la lista al juzgado en el que se encuentra su causa y el magistrado competente lo habilita para presentarse, con defensa legal como requisito, para exponer su situación ante los magistrados y ganar la benevolencia de los mismos.
En muchos casos los propios ministros se niegan a conceder este beneficio a los internos por entender que carecen de las condiciones adecuadas como para pedir la libertad, ya que o en muchos casos tienen antecedentes específicos (es decir por el mismo delito) o no se encuentran en las condiciones adecuadas como para integrarse a la sociedad, debido al tiempo que pasaron en prisión.
Pero una vez liberados, la situación del procesado es de estricta vigilancia judicial, donde al menos en principio el encausado queda a disposición del juez de turno, denunciando su domicilio y notificando al juez en caso de cambiar de residencia. Deberá mantener una conducta intachable y demostrar que si está afuera puede no violar las leyes ni causar daño alguno hasta se cumpla en el juzgado la pena que le fue impuesta.
Los reclusos esperan con ansias este momento porque es la oportunidad en que se juegan volver a ser libres, aunque es valioso saber que también en ese lugar también se pudo haber aprendido varias cosas.

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La rapiña, el delito más frecuente

El Ministerio del Interior volvió a anunciar ayer que bajaron las rapiñas en todo el país un 9%. Esto surge de los datos con los que cuenta la secretaría de Estado y quiere en cierta medida generar una sensación de que las cosas van

Hugo Lemos

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mejorando. Sin embargo, el delito de rapiña parece ser el más frecuente, porque el solo hecho de que se consume el mismo hasta para sacarle un par de championes a alguien, deja por lo menos en duda lo que dijo ayer el ministro Bonomi.
Pero para eso vamos a ver qué es el delito de rapiña. El mismo está establecido en el artículo 344 del Código Penal y dice que: “El que, con violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndola a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con cuatro a dieciséis años de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que, después de consumada la sustracción, empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o procurarle a un tercero la impunidad”.
Esto quiere decir que cualquier robo donde mediare violencia para poder cometerlo, ya puede llegar a ser considerado una rapiña. Pero los informes policiales, cuando pasan estas cosas, siguen siendo evaluados y documentados como Hurto. Esto ayuda a que al final del día, cuando se hacen las cuentas y se pase raya, el delito de rapiña “haya bajado”.

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La Semana de Turismo, vacaciones fuera de la Feria

Como Uruguay es un país laico, la celebración religiosa de la Semana Santa que da origen a este asueto se transforma en nuestro país en la Semana de Turismo, donde a través del Estado se promueve este asueto para generar ademásuna extensión de lo que fue la temporada estival que terminó con la semana de carnaval, este año en los primeros días del mes de marzo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Al ser la Semana de Turismo, una época de asueto para la administraciones centrales y departamentales, así como también para el sistema educativo en su conjunto, el Poder Judicial suspende por fuera de los dos regímenes de vacancia legal ya fijados por las disposiciones internas, como lo son las ferias judiciales Mayor (entre el 24 de diciembre al 31 de enero) y Menor (del 1º al 15 de julio) otras épocas específicas en la que los juzgados no funcionan y en ese caso, no se computan los plazos perentorios establecidos en el Código General del Proceso.
En este caso la Semana de Turismo, es parte de ese elenco de días feriados en el año en los cuales no se cuentan sus días dentro de los plazos que se tienen para cualquier providencia, resolución o plazo hábil para presentar demandas, pruebas, apelaciones etc.
La Semana de Turismo, que no está específicamente establecida en los complejos normativos sobre el asunto, se suma a la vacancia judicial y no es precisamente un feriado cualquiera, ya que toda la semana debe quedar afuera a la hora de que desde el despacho judicial se quieran contar los días para la conformidad de los plazos establecidos para cualquier acto jurídico.
Aunque no todas son vacaciones, ya que en esta tradicional semana funcionan como no puede ser de otra manera los juzgados penales, ya que cuentan con plazos constitucionales para tener detenida a una persona y en ese caso, el magistrado debe resolver el hecho. Así como también los juzgados de Violencia Doméstica que están a la orden del día siempre y cuando el caso así lo amerite.
En ambos casos, tanto en materia Penal como el Violencia Doméstica, los hechos son tomados en cuenta sea el día que fuere.
Por lo tanto la semana que transcurre alcanza a que los funcionarios judiciales en su mayoría puedan salir de vacaciones, los jueces airear sus mentes y los operadores del sistema sepan que nadie les está contando el plazo, sea esto lo que signifique para cada uno.

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Un abuso de delito

hugo lemos

Hugo Lemos

Artículo 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).
El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables). Esto es lo que establece el Código penal uruguayo respecto a un delito que es residual y arbitrario, porque no describe una conducta penal establecida dentro del tipo penal. Es decir, no está tipificado un acto específico que pueda generar un daño hacia la administración por parte de un funcionario público, pero como tiene apariencia irregular porque sus efectos pueden llegar a ser lesivos en cierta medida, entonces la política legislativa encontró una manera de meter todo dentro de la misma bolsa y tipificar delito. Pero esto, que ya ha generado famosos procesamientos, como el del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por habilitar un préstamo a una empresa fantasma que se iba a hacer de los aviones de la exPluna, pero como el delito de haber habilitado sin los fundamentos suficientes no era delito, la decisión fue considerada “abuso de funciones” y fueron procesados. El tema es que este delito está en plena discusión del parlamento para ser derogado, porque no ofrece garantías sino que genera dudas. Entonces en caso de ser derogado, todos los que estén procesados por esta causa quedarán sobreseídos, debido a que si se extingue el delito, debe extinguirse la pena. Por el principio de que no hay delito sin ley que lo establezca. Me queda una sola reflexión, dan marcha atrás porque se dieron cuenta que ese delito era un abuso. Como Uruguay, no hay.

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Existe una ley para controlar la tenencia y porte de armas, pero el problema pasa por las que no están registradas

La tenencia y porte de armas sin la autorización correspondiente por parte de las autoridades nacionales, es un delito. Aunque en ese aspecto, la pregunta surge. En estas épocas donde campea el temor por la situación de inseguridad que vive el país, y sobre todo Salto a la luz de los últimos episodios de violencia ¿cuántos están cometiendo este delito? ¿Cuántos tienen un arma en su casa sin haberla declarado?

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Seguramente mucha gente cuenta con un arma de fuego en su poder con el fin de sentirse seguros y argumentan la defensa propia, muchas veces sin saber que con esa actitud se están poniendo en riesgo ellos y también exponen a su entorno, algo que debe ser debatido por la sociedad que por estas horas, con el problema creciente de la delincuencia, le pide protección a gritos al Estado.
Pero existe una ley que regula todo el tema referido a la tenencia y porte de armas.
Se trata de la ley 19.247, la que establece desde su primer artículo que está prohibida la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados “que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos”, según corresponda.
Y señala que será el Poder Ejecutivo el que establecerá qué requisitos deberán cumplir para autorizar a la gente a la tenencia y porte de armas de fuego, así como también a contar con municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Además la ley prevé que en caso de que haya incumplimientos en los procedimientos estipulados por la normativa de marras, las armas de fuego, las municiones, los explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados, “serán incautados sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes”.
Asimismo las armas cuyos titulares sean procesados por delitos cometidos con violencia, serán incautadas. En cuanto a las ventas de armas, hay un capítulo que regula específicamente este tema, con requisitos, datos registrales, autorizaciones legales con pruebas que deben pasar por los Ministerios de Interior y Defensa.
En tanto que el artículo 7º, habilita la destrucción de las armas de fuego, cuando una vez transcurridos seis meses de haber sido recibidas las armas de fuego, los accesorios, las municiones o los explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido incautados, decomisados o entregados voluntariamente, los mismos serán destruidos.
Este control de armas debería hacerse más seguido, porque las armas que están inscriptas y reglamentadas no son el problema, sino las que están por fuera del sistema de registro, las cuales caen por lo general en manos de delincuentes.

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El proceso concursal ¿puede pedirlo cualquiera?

Ante la situación generada por el controvertido caso del Cambio Nelson, donde su propietario, el prófugo de la justicia uruguaya, Francisco Sanabria, solicitó acogerse a un proceso concursal para poder hacer frente al pago de sus deudas, damos a conocer la ley Nº 18.387 que regula este proceso, en un informe realizado por los abogados Alejandro Miller, Carlos Brandes y Nicolás Pallas del estudio Guyer & Regules, denominado “Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial”.
La Ley deroga las disposiciones del Código de Comercio que regulaban el concordato y la quiebra, así como las leyes especiales dictadas con posterioridad. Se sugiere leer el texto completo de la ley.
La ley premia al acreedor quirografario (que es aquel que no tiene una garantía real de pago) que solicite el concurso, privilegiando el 50% de su crédito (que dejará de ser quirografario por ese porcentaje), con un tope del 10% de la masa pasiva.
Se regula el convenio (antes denominado concordato) que el deudor puede alcanzar con sus acreedores de una forma más flexible que en el régimen anterior, permitiendo que el deudor alcance un acuerdo sin quitas ni esperas obligatorias, permitiendo un amplio campo para negociar una salida entre empresarios.
Se prevé la venta en bloque de la empresa, y que quien la compre no sea considerada una empresa sucesora de la anterior (no hay solidaridad tributaria, laboral, ni ninguna otra). Asimismo, se prevé la posibilidad de que cooperativas o sociedades comerciales de trabajadores puedan adquirir la empresa con sus créditos laborales impagos.
La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial que se encuentre en estado de insolvencia, es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones. La Ley no exige la pluralidad de acreedores para que se declare el concurso.
Esta declaración de concurso abarca tanto a deudores personas físicas que realicen actividad empresaria, así como también a personas jurídicas civiles o comerciales. Se considera “actividad empresaria” a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

HUGO LEMOS

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La Policía no puede limitar el trabajo de los periodistas

Hay una situación que lamentablemente se repite y es el abuso de autoridad que demuestran los funcionarios policiales frente al trabajo periodístico. Es algo que se reiterado en el tiempo y que genera malestar de parte de los trabajadores de la prensa cuando están cumpliendo con su función de informar, algo que debería ser salvaguardado por los funcionarios cuya misión es hacer cumplir la ley y ellos con esos actos, insisten en violarla.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Cada vez que hay un hecho que amerita la cobertura periodística, ha pasado que los policías, que se supone deben saber cómo ampara la ley el trabajo de los periodistas, tratan de limitar en forma desmedida con amenazas y malos tratos la tarea que debe cumplirse, porque el rol del periodista no es otro que informar a la población, haciendo cumplir así uno de los derechos humanos más elementales de todo sistema democrático que es el derecho a la información pública.
Días pasados un reportero gráfico de este diario volvió a pasar por esa situación. Cuando estaba sacando fotos de un episodio donde un efectivo policial falleció en el cumplimiento del deber, fue instigado por una funcionaria policial quien con amenazas violentó al periodista a no tomar fotos del episodio, amenazando con detenerlo e incautarle la cámara.
La conducta de esa agente policial importa y mucho. No solo porque con su accionar está violando varios derechos constitucionales, como el establecido en el artículo 7º que ampara el derecho a la libertad y al trabajo, o el artículo 10 que dice que lo que no está prohibido, está permitido y en ese sentido cualquiera (no es necesario ser periodista) puede tomar fotos de un episodio ocurrido en un espacio público. O el artículo 29 de la Constitución que ampara la libertad de prensa y de expresión, o el 332 de la Carta Magna que habla en igual sentido de todos los expresados.
Esa funcionaria policial, cuando quiso privar del trabajo al periodista, también vulneró la ley Nº18.335 que refiere al Procedimiento Policial, donde en ningún momento se establece ponerle cortapisas a los trabajadores de la prensa cuando concurren a realizar la cobertura de un episodio de violencia y mucho menos se les dice a los funcionarios que deben amenazar a los fotógrafos.
Cabe mencionar estas cosas en aras del respeto a las leyes vigentes que amparan el derecho de los periodistas a hacer su trabajo, en función de la transparencia y de su deber de informar a la población. Porque una sociedad democrática se mide en virtud de su libertad de prensa y si la misma es menoscabada por la Policía, que es el brazo coercitivo del Estado, la democracia pierde su valor, hasta en estos actos mínimos, aunque no parezca.

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El Femicidio viola el principio de igualdad, pero…

El artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley y que la única diferencia que tenemos los orientales debe ser por nuestros talentos y virtudes. Ese principio constitucional es sagrado para

Hugo Lemos

Hugo Lemos 

garantizar la libertad y la responsabilidad de las personas. La libertad porque todos somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos, y la responsabilidad que conlleva esa igualdad es saber actuar conforme a derecho y en caso que no lo hagamos seremos castigados por haber hecho mal las cosas.
Por eso cuando el legislador impulsa un proyecto de ley, lo primero que debe tener en cuenta es que todos somos iguales y que no se pueden hacer leyes diferentes para los distintos colectivos sociales que coexistimos en una misma sociedad, por el hecho de que cada uno sería de una forma y tendría determinados derechos, y eso nos separaría aún más.
Yo creo que en este país hay varias leyes que se han sancionado en los últimos tiempos que son violatorias de este principio. Como por ejemplo, las leyes de cuotas. No debe haber cuotas si somos todos iguales ante la ley. No puede ser que una persona por tener una condición determinada, pueda acceder en forma directa a un cargo público y las demás, deban competir entre sí, porque no tienen esa condición. Eso es groseramente discriminatorio y violatorio del precepto constitucional de marras.
Pero también es violatorio del principio de igualdad el proyecto de ley de femicidio. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer tienen el mismo derecho ante la ley, porque el artículo 8º de la Constitución así lo establece. El principio de igualdad nos pone a la misma altura. Así que si matan a un hombre o a una mujer, el delito es el del homicidio que está tipificado en el artículo 310 del Código Penal, que dice que “el que con intención de matar diere muerte a otra persona, será castigado…” y establece las penas.
Y señala el mismo texto normativo en los artículos siguientes los distintos agravantes, como por ejemplo si un hombre mata a una mujer por su condición de mujer, de esposa, de madre, de amante o de lo que fuere, pesa el hecho de la relación de conocimiento que ambos tenían y por lo tanto la intencionalidad bajo premeditación juegan un rol importante para cargarle al delito un agravante muy especial.
Ahora bien, que el agravante sea que la persona ultimada sea una mujer y que ese mismo agravante no opere en el caso de los hombres, que muchas veces los matan por resistirse a un asalto y hacer uso de su fuerza, y en ese caso solamente se le tipifique a su matador, un delito de homicidio, es violatorio del principio de igualdad. Y un delito que vulnere un precepto constitucional debe ser declarado inconstitucional y por lo tanto el proyecto debería naufragar en el parlamento, porque de lo contrario estaremos dándole una mala señal a la sociedad.
PERO…
Ahora viene el pero. Lamentablemente hay una ley no escrita que ha estado en manos de los hombres con minúscula, que creen que su condición les permite ejercer maltrato, acoso y abuso, por lo que cometen a diario crímenes alevosos como el caso de la joven Valeria Sosa ocurrido en Montevideo delante de sus hijos, y otros hechos más que empañan la condición de persona de algunos despreciables seres vivos.
Sin embargo, esa ley no escrita es parte de una cultura que está haciendo que el principio de igualdad no se cumpla, que haya personas desprotegidas por el sistema y que por lo tanto se quiebre su derecho a la igualdad ante la ley, ya que su reclamo no llega con la misma fuerza y su posición social se desmorona.
Pero dar una señal más fuerte desde determinados sectores de la sociedad como el de la mujeres, que son la mayoría de nuestra población, para que los hombres se vean amedrentados por la creación de un nuevo delito, es poco probable que de resultados, porque es difícil que un sujeto de estos contenga su impulso asesino. Tan poco probable como que una mayor severidad en la pena que depare un mayor tiempo en prisión, sean castigo suficiente para un imbécil de estos.

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El Estado solamente brinda garantías

Escuchando una declaración de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay donde se manifiestan en contra del mundo de las relaciones laborales actuales y se oponen a la injerencia del Estado y a los privilegios de los que acusan a los sindicatos, exigiendo la salida del Ministerio de Trabajo de las negociaciones para que las mismas se vuelvan bipartitas, generó que la situación de tensión que se respira en ese ámbito se vuelva aún más espesa y los conflictos estén a la orden del día.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

La ley de Negociación Colectiva Nº18.566 plantea en su articulado la intención de que el Estado sea garantista de los derechos de ambas partes y que en ese sentido colabore en la disposición de un acuerdo entre las partes.
Empero, en nada colaboran solicitando la reducción de derechos de los trabajadores y cuestionando el rol del Estado, ya que ese tipo de manifestación aviva el fuego y genera rispideces con el colectivo de los trabajadores que ven a la presencia estatal, como una garantía.
Pero volviendo a la tutela estatal en el mundo de las relaciones laborales, el Artículo 5º de la mencionada Ley de Negociación Colectiva, establece la “colaboración y consulta”. Y dice que “La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida”.
“Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular: A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.
B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses. ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales. Iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social”.
Tal como lo dice la ley, el Estado está para colaborar y garantizar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, el planteo de las cámaras de quitar garantías en la negociación y la colaboración estatal, que siempre ha apoyado laudos que se limitan a empatar la inflación, solo puede generar más problemas y menos soluciones. Porque en este caso el Estado se vuelve garantía y eso hasta a las empresas les sirve.

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Ley de inclusión financiera establece modificaciones para los pagos y pide definición de dinero electrónico

La ley de bancarización o de inclusión financiera como le gusta decir al gobierno, ha sido motivo en diciembre último de fuertes debates para extender los plazos para la vigencia de los postulados que pretende la norma. Algunos de ellos como el pago de salarios a dependientes, hasta pasividades y prestaciones alimentarias, entraron en debate por

Hugo Lemos

Hugo Lemos

desconocer en principio qué se entendía por dinero electrónico y cuáles podían ser los medios adecuados para recibir el beneficio.
La discusión quedó zanjada y en los próximos meses se verán los efectos de la obligatoriedad de la norma. Mientras tanto, un estudio pormenorizado de la norma, realizado por profesionales del estudio Guyer & Regules comentan algunos aspectos interesantes de esta norma y los cuales damos a conocer en esta entrega de nuestra sección semanal.
LA LEY
La ley de inclusión financiera (No. 19.210) y su decreto reglamentario (No. 263/015) han introducido modificaciones en la forma en que los empleados deben percibir sus remuneraciones en dinero y el beneficio de alimentación, y han contribuido a facilitar el acceso de los trabajadores al sistema financiero.
¿Cómo se deben abonar las remuneraciones en dinero?
Todas las remuneraciones en dinero que se abonen al empleado se deben efectuar a través de transferencias bancarias en instituciones de intermediación financiera o mediante instrumentos de dinero electrónico en red de pagos y cobranzas que ofrezcan el servicio.
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera tendrán asociada una tarjeta de débito, que habilitará al empleado a efectuar retiros de dinero en efectivo, transferencias y pagos electrónicos.
La normativa prevé una excepción: aquel empleado que actualmente no cobre su sueldo en un banco o en una red de pagos y cobranzas, puede mantener su actual sistema de cobro con fecha tope hasta el 30 de abril del año 2017, siempre que lo acuerde por escrito con su empleador. El acuerdo se podrá revocar a solicitud de cualquiera de las partes.
¿Quién decide en qué institución se pagarán los haberes laborales?
Para relaciones laborales ya vigentes, si previo al 30 de junio de 2016 el empleado no decidió por medio de que institución quiere cobrar sus haberes, el empleador estará habilitado hasta el 30 de setiembre de 2016 para elegir la institución por medio de la que abonará los haberes a sus empleados. Luego de esa fecha, en las normas no se encuentra previsto quién será el encargado de elegirla.
En las nuevas relaciones laborales, el empleado deberá indicar la institución al inicio del vínculo y de no hacerlo lo hará el empleador.
Cuando el empleador sea quien realice la elección deberá notificarlo al empleado previo a realizar la apertura de la cuenta. El empleado dispondrá de diez días hábiles para elegir una institución diferente a la elegida por el empleador, de lo contrario, se mantendrá la elegida por éste.
¿Cuáles son las ventajas para el empleado?
Las cuentas en instituciones de intermediación financiera (sus correlativas tarjetas de débito), los instrumentos de dinero electrónico y prestaciones de alimentación otorgadas en dinero electrónico no tendrán ningún costo de apertura, adquisición, mantenimiento y/o cierre para el empleado, ni deberán cumplir con saldos mínimos.
Asimismo, los empleados podrán realizar sin costo: consultas de saldo en forma ilimitada, un mínimo de cinco extracciones de efectivo cada mes y hasta ocho transferencias a cualquier institución financiera local por hasta 2.000 unidades indexadas cada transferencia.
Finalmente, la utilización de la tarjeta de débito y del instrumento de dinero electrónico como forma de pago en los comercios del país será gratuita y permitirá al empleado beneficiarse de la rebaja del Impuesto al Valor Agregado.

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Tributo discreto el que cobra el Estado a quienes circulan por rutas nacionales en estas fechas y deben pagar peajes

Cuando uno se desplaza por las rutas nacionales lo que quiere es tener seguridad, comodidad y que el buen estado del camino acompase el viaje haciéndolo algo placentero. Para eso Uruguay tiene un sistema de peajes donde a través de los mismos se mantiene el estado de las rutas nacionales con el cobro por circular por esas vías.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

En el camino de Salto a Montevideo, hay tres peajes instalados, dos por la ruta 3 uno en el Paso del río Queguay en Paysandú, otro en las inmediaciones del puente del río Negro pero en el departamento de Flores y otro en la ruta 1, en la zona conocida como Delta del Tigre, donde está el puente Alfredo Zitarrosa que atraviesa el río Santa Lucía Grande y que une los departamentos de San José con el de Montevideo.
A su vez, analizando el tema, el mismo denota que se trata de un impuesto que debe pagar quien se desplaza por ese lugar, por el mero hecho de transitar por la zona. Si bien la libertad de circular por el lugar es de cada uno y cada cual es libre de tomar el camino más largo o simplemente no tomarlo,el debate que se plantea es si ese cobro de peaje pasa a ser un tributo, en realidad una especie del mismo como son los impuestos.
La doctrina nacional en Derecho Financiero hace la diferencia entre tributos y precios públicos y para referirse al primer concepto, se remite al artículo 10 del Código Tributario que dice que “Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. (…)”. señalando más abajo que las especies tributarias son los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones Especiales, situando al cobro del peaje en el primero de estos casos.
Y diferenciando el caso con el concepto de lo que son los Precios Públicos, denominando así a la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un acuerdo para brindar un servicio.
Pero se deja en claro que quienes transitan por las distintas rutas nacionales en las cuales hay que pagar peaje, la naturaleza jurídica es la del impuesto, salvo en los casos en que para llegar a destino haya otra ruta alternativa y el contribuyente pueda optar por cumplir con el pago o tomar por otro camino, pero el mismo debe ofrecer las mismas condiciones que el primero.
Por lo cual en el caso de quienes transitan desde Salto a Montevideo por las rutas habituales abonan un tributo de 240 pesos si van en automóvil, para poder llegar a la capital. Se trata de un tributo discreto, ya que el mismo ni siquiera es evocado a la hora de mencionar la lista de impuestos que los uruguayos y los extranjeros que estamos en el país le pagamos al Estado.
Estando actualmente en temporada estival y en fechas de asueto donde mucha gente sal de su departamento para recorrer el país, principalmente teniendo como destino el sur y el este del territorio nacional, es buena cosa recordar que también tributamos para poder salir de paseo y hacer camino por los distintos puntos de nuestro país.

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Entramos en el bisagra del sistema jurisdiccional uruguayo

Entrado el año 2017 se avecinan importantes cambios para el sistema judicial uruguayo. Es un año bisagra donde se medirá si los proyectos tan anhelados pueden desarrollar efectivamente las transformaciones que se esperan que tenga el proceso penal de nuestro país, considerado por demás arcaico y violatorio de los preceptos más elementales de los derechos humanos, como es el principio de presunción de inocencia y el de padecer muchas veces largas prisiones preventivas, que se convierten en duras condenas previas a la determinación formal de la culpabilidad del sujeto.
Por tal motivo, con un nuevo proceso penal que irá avanzando desde el sur hacia el norte, como todo en este país, desde julio de este año, se abre una etapa nueva para la justicia uruguaya que espera poder prestar un servicio más confiable al ciudadano de a pie (el justiciable) que espera poder ver un sistema más justo, menos violatorio de los derechos de las personas, más resarcitorio, más sancionatorio en los que casos en que realmente deba ser así y más ágil.
El hecho que ahora se determine la culpabilidad de la persona en breve lapso y con un fiscal que acuse e intervenga sabiendo lo que está haciendo y no tocando de oído como ocurre en la actualidad, ya que en muchos casos los fiscales entran a última hora, leen el expediente, formulan un par de preguntas, sacan conclusiones que puedan ser apresuradas y terminen pidiendo la prisión de un tipo al que en realidad no tienen la certeza ni la convicción de que cometió un delito ha generado más problemas que soluciones. La situación actual es penosa y me hace acordar a cuando un día, caminando por los pasillos de la cárcel local, realizando la cobertura para este diario de la visita anual que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sentí el chistido en aquel fétido e inmundo lugar (al estado edilicio me refiero) de una persona, que desde atrás de una puerta blindada y por la pequeña reja que la misma tenía me preguntó ilusionado “¿señor no sabe si hoy están dando la libertad de las personas que estamos presas y que no tenemos condena?”.
“En realidad todo puede ser, pero para eso tenés que haberte inscripto y pasar por la revista ante los jueces ¿pero vos hace cuánto que estás preso?”, le dije. A lo que el sujeto me contestó sin titubear: “tres años”. -”¿Y sin condena?” volví a preguntarle. “Sí, sin condena, lo que pasa que no tengo abogado, me acusaron de un robo y me mandaron para adentro, pero después nunca más supe en qué quedó mi causa”.
Corría el año 2006 o 2007, ya no me acuerdo, pero sé que ese caso pintó de cuerpo entero lo que es el proceso penal uruguayo, el que actualmente tenemos y el mismo que muchas veces, por su estructura y con la consideración de lo que es para el sistema actual “la falta de pruebas como para procesarlo” con la que son remitidas algunas personas, el sistema actual no ofrece las mismas garantías que sí espera ofrecer el nuevo proceso.
Ya que en el actual sistema, el juez investiga, saca conclusiones, puede llegar a prejuzgar y dicta la sentencia. Mientras que en el nuevo proceso, el juez cumple con la imparcialidad de escuchar a las partes, recayendo el protagonismo de la escena en el fiscal que será, además del actor de la pretensión punitiva, el que realice la instrucción, pregunte y acuse, al tiempo que el denunciado tendrá abogado defensor y podrá dilucidar el caso ante el juez, el cual al final de oír a las partes y evaluar la prueba, recién ahí resolverá a favor o en contra. Y no como ahora que los procesan con prisión y estando en reclusión el sujeto, se va desarrollando el juicio, algo que se contrapone con el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

HUGO LEMOS

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Publicidad engañosa: te anuncian un precio y te cobran otro

hugo lemos

Hugo Lemos

Cuando una persona observa la oferta de un producto en la pantalla y allí lo ofrecen por un precio determinado, cuando lo va a comprar el mismo no puede ser distinto al que fue ofrecido. Aunque estas cosas suceden hasta en los casos más inverosímiles. El otro día, una persona conocida me contó que había visto en la televisión una oferta de comida de una rotisería. Al ver sabrosa la elaboración y el precio a su vez parecer accesible, no dudó en ir hasta al lugar. Pero llegó y se sorprendió, el precio que aparecía en pantalla no era el que debía pagar en caja por la misma comida. Se quejó y no recibió respuesta del lado del proveedor, por lo cual le dijo que lo que estaba pasando no era correcto. El hombre lo miró impávido como diciéndole, si quiere la comida págueme lo que le pido. Al final el consumidor pagó y se fue con la comida, pero molesto no tanto por la diferencia de precios, sino por lo que consideró que había sido víctima, en su justo término, de una publicidad engañosa.
Ese concepto, el de la publicidad engañosa, genera un vicio en la relación de consumo entre el consumidor con su proveedor y pone de manifiesto una especie de nulidad donde el proveedor que fue quien generó la situación con la información errónea que publicita de su producto, es el que debería poner las cosas en su lugar.
En este caso, en la Ley Nº17.250 que hace poco citamos en este mismo espacio y que rige las relaciones de consumo en el Uruguay, sostiene a través del Capítulo II en donde están establecidos los Derechos Básicos del Consumidor, en su artículo 6, sostiene que “Son derechos básicos de consumidores (…) C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley (…)”.
En ese sentido, con relación a la publicidad engañosa, el artículo 24 de la Ley Nº17.250 la prohíbe en forma expresa y define que “toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal. Queda prohibida cualquier publicidad engañosa. Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios”.
En este mismo sentido, los artículos 32 y 33 de la Ley 17.250 establecen como consecuencia de la violación por parte del proveedor al deber de informar de buena fe al consumidor, en forma suficiente, clara y veraz en la etapa precontractual, tres opciones: a) optar por la reparación de los daños causados; b) pedir la resolución del contrato; o c) exigir el cumplimiento del mismo, lo que implicaría que el proveedor ajuste su prestación a los términos de la oferta publicitaria.
Así que en caso de que usted quiera comprarse algo tan simple como una vianda y cuando va a hacerlo el precio que aparece en la publicidad no es el mismo que el que le quieren cobrar en la caja, reclame y le tienen que cobrar el precio de la publicidad o tiene derecho al resarcimiento del daño.

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Leyes variopintas para un año legislativo sin sobresaltos

hugo lemos

Hugo Lemos

Por tratarse de la última vez en este año que aparecerá en las páginas de la edición de los jueves, la sección a la que nunca con tanta razón denominamos Leyes de mi País , haremos referencia a cuáles han sido las novedades legales del último mes de diciembre.
Por lo tanto, daremos a conocer cuáles han sido las últimas leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo en el correr de este año .
FUERON 7
En el mes de diciembre fueron siete las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, por lo cual al menos las nominaremos y daremos a conocer a grandes rasgos de qué se tratan. Si bien el Parlamento Nacional ha entrado en receso y puso en funcionamiento la Comisión Permanente, los últimos días del año son prácticamente de un asueto absoluto para los legisladores nacionales que acompañan el ritmo del país todo en estos días.
El 2 de diciembre fue promulgada la Ley Nº19.456 por la que se establecen modificaciones en las alícuotas al impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan ciertas jubilaciones mayores a las 96 Base de Prestaciones y Contribuciones (unos 3.340 pesos por BPC).
Ese mismo día fue sancionada la ley Nº19.457 que promulga el acuerdo alcanzado entre nuestro país y la República de Singapur, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en el régimen del impuesto a la renta y su patrimonio.
En tanto que el 7 de diciembre fue promulgada la ley Nº19.458 que nomina como “Martha Gularte” a la Escuela Rural Nº22 de la localidad de Paso de los Novillos, del departamento de Tacuarembó.
El 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº19.459 que establece exoneraciones fiscales a los contribuyentes ya la población afectada por el tornado ocurrido en la ciudad de Dolores, Soriano, en abril de este año.
Dos días después se promulga la Ley Nº14.960 que aprueba decisiones, reglamentos y actas emanadas del 25º Congreso de la unión Postal Universal, en la ciudad de Doha, en Qatar.
El 23 de diciembre se promulga la Ley Nº19.463 que nominó a la Escuela – Taller Nº380 del discapacitado intelectual de Montevideo con el nombre de José D’Elía. Ese mismo día, el Poder Ejecutivo promulgó la última ley de este año, la Nº19.464 que declara al año 2017 como el año de la celebración del tango “La Cumparsita” y se crea la Comisión del Centenario de La Cumparsita.
Estas han sido las leyes promulgadas en el mes de diciembre, por acá pasan los temas más importantes a nivel legislativo en nuestro país al cierre del año, así que por ahora, mientras se crea la comisión de celebración del tango, se aumentan los impuestos a las jubilaciones más altas y se denominan a las escuelas con el nombre de una artista del carnaval y de un emblemático sindicalista, terminamos un nuevo año de este período legislativo al que le quedan tres lustros aún, a ver con qué nos sorprenden.

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Informarse bien antes de comprar en estas fechas

Nunca tan presente como en esta época de compras navideñas y de fin de año debe estar la Ley 17.250 de defensa del consumidor, que no solo define la relación que existe entre el proveedor y el consumidor del producto, ya sea este de bienes o servicios. Toda la información que pueda recabar el consumidor es importante a la hora de adquirir un producto, con el fin de no generar una compraventa imperfecta, donde el producto adquirido tenga vicios que terminen generando un incumplimiento de la relación de consumo, tal como la ley lo define.

Hugo Lemos

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Pero lo importante, antes de hacer fila después para generar reclamos por falta de cumplimiento, los consumidores deberán tener el deber de saber qué es lo que están comprando. Acá un pequeño repaso del concepto legal, solo a los efectos de que sepan qué rol cumple cada uno.
Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.
Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.
Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.
Así que al salir de compras es buena cosa que el consumidor se informe, consulte, pregunte y observe que lo que está a su alcance y es de su interés está en el estado adecuado, antes de adquirirlo, porque después es para lío.

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Una violación de DDHH que no debe ocurrir

Eran las once de la noche del domingo y hacía mucho calor. Los mosquitos ya picaban bastante y había que andar en la calle con repelente. Por cuestiones laborales caminaba en ese momento por la calle Uruguay cerca de la Plaza 33 y allí los vi. Eran dos viejitos, mayores de 75 años seguro, aunque no quiero arriesgar edad ahora. Los dos con sus

Hugo Lemos

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respectivas plegables acomodándose frente a la sede del Banco de la República (el irónicamente llamado Banco País porque se supone que es de todos). ¿Qué hacen un domingo a esta hora dos personas que tendrían que estar durmiendo en sus casas por la edad que tienen? Y por todo lo que supone que alguien pase la noche afuera.
Los dos adultos mayores estaban empezando a hacer la fila para que al día siguiente, cuando el Banco estatal abriera sus puertas, pudieran sacar un préstamo de poco monto, con los cuales pudieran pagar cuentas, comer unos días y si les sobra. comprarse algo para la Navidad. No había oído nada tan triste ese día y lamentablemente digo ese día, porque por mi trabajo escucho y veo muchas cosas feas.
Podrán decir que así es el sistema que tenemos en este país, podrán ponerle el nombre que quieran, pero claramente estaba asistiendo como ciudadano a ver en vivo y en directo una flagrante vulneración de los Derechos Humanos de esas personas y de los cientos que como ellos, tenían que soportar la misma tortura para poder conseguir un préstamos de migajas y lograr comer en Navidad.
Esta situación, viola sistemáticamente los derechos humanos de estas personas y ¿dónde está el Estado para defenderlos? El Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Esto evidentemente no se cumple ya que con estas situaciones se violan los Derechos Humanos de estas personas que no deben estar atravesando por esa situación y el Estado encima, está omiso.

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El delito de Receptación y las latas de refresco

hugo lemos

Hugo Lemos

El delito de Receptación es una modalidad del delito de Hurto. Está tipificado en el artículo 350 bis del Código Penal y establece que “el que después de haberse cometido un delito, sin concierto previo a su ejecución (es decir, sin haber acordado cometerlo) con los autores, coautores o (con los) cómplices, con provecho para sí o para un tercero, (pero) adquiera, reciba u oculte dinero o efectos provenientes de un delito, o de cualquier manera interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, será castigado con pena de seis meses de prisión a diez años de penitenciaría”.
El artículo sostiene que se consideran agravantes del delito: A) Que los efectos se reciban para su venta. B) Que el agente (el autor del delito) hiciere de esta actividad su vida usual. C) Si la receptación tuviere por objeto un bien destinado a un servicio público o de utilidad pública”.
En el caso de los cuatro individuos de Salto que fueron procesados con prisión por el juez penal, Dr. Iribarren por haber sido encontrados autores de un delito de receptación (en el grado de presunción hasta que sea dictada la sentencia de condena o se archive el caso) los mismos técnicamente tomaron para sí, y usaron en su provecho, un objeto procedente de un hurto, a sabiendas de que tales objetos (las latas de refrescos) provenían de un hecho ilícito.
El agravante de todo este caso, es el estado de alarma pública que causó el violento episodio registrado en la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario el domingo último y que provocó la suspensión del partido clásico, generando una serie de consecuencias que determinaron un estado de alarma social por lo vivido ese día.
Eso fue una adición que se sumó a lo actuado por estos jóvenes, y su conducta habría sido encuadrada en estos parámetros de alarma social.
Se trata de personas sin perfil criminal, sin habitualidad delictiva y sin antecedentes penales, hasta seguramente su modo de vida así lo refleja, pero el hecho de haber participado de este episodio, tomando para sí los objetos sustraídos durante los actos vandálicos, fue algo determinante para que la justicia los encontrara responsables del delito de Receptación, descrito más arriba.
Seguramente la de las cuatro personas fue una conducta no querida, presumen ser muchachos de buena familia, gente honesta y de trabajo, hinchas de un club deportivo, seguramente nada tuvieron que ver con los vergonzosos actos de violencia ocurridos en ese escenario deportivo.
Pero hay un tema que trasciende las latas de refrescos y que es que las mismas habían sido robadas a una vendedora del lugar la que minutos antes fue asaltada por una horda de forajidos, entre los que seguramente no estaban estos muchachos.
Aunque inocentemente, cayeron en la trampa de no devolverle a su legítimo dueño esas latas de refrescos, o simplemente de no agarrarlas e ignorarlas, a sabiendas de que habían sido robadas para salir de esa situación comprometedora que a la postre devino en un procesamiento, que a humilde juicio de quien esto escribe, pretende ser más que un dictamen aleccionador ante la sociedad, que una sentencia represora de un delito menor.
Ante los ojos de la sociedad y por la magnitud de los hechos ocurridos el pasado domingo, los jóvenes pueden parecer chivos expiatorios de la justicia, sin embargo, técnicamente el delito requerido encuadra y la prisión preventiva viene a cuenta de la alarma social generada por el caso y por la difusión de su conducta, a través de las fotografías que ellos mismos publicaron en las redes sociales, que la justicia pudo entender como una actitud reivindicativa de los desgraciados hechos oportunamente ocurridos.
Seguramente en menos de lo que canta un gallo estarán nuevamente junto a sus familias y con una lección encima de que cuando pasan estas cosas, es otra la actitud que debe asumirse. Los demás casos, son de otra severidad en la que todos esperamos que la justicia actúe como es debido.

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Ley de Rendición de Cuentas impone pasantías para personas liberadas para su inserción al mercado laboral

La Ley Nº19.438 que establece la aprobación de la Rendición de Cuentas y hace un balance de la ejecución presupuestal del Estado durante el año 2015, también admite nuevas políticas de inserción social y laboral para

Hugo Lemos

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algunos sectores de la población, en el marco de una política pública de inclusión y contemplación del cumplimiento de algunos derechos humanos fundamentales, como es el caso del derecho al trabajo.
Sin embargo, la contracara de las cuotas que se establecen en todos los casos para ocupar cargos genera disconformidades en algunos sectores de la población que cuestionan los favoritismos a ciertos grupos de la sociedad, que en este caso son vulnerables y esa condición los expone por sobre otros de su misma condición.
En cuanto a esto, la ley de marras, sancionada en el mes de octubre, establece en su artículo 34 que se “establece el sistema de pasantías productivas como mecanismo de reinserción social de las personas que estuvieron privadas de libertad”.
Esto es la generación de una participación directa de personas que fueron privadas de libertad pero que ya cumplieron su sanción, que revisten buena conducta y que tienen hábito de trabajo para poder insertarse en el mercado laboral y darle una vida digna a ellos y a sus familias.
Para esto, la ley crea en el artículo 33 de la presente ley una fundación a través de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que tendrá como fin principal gestionar y coordinar actividades de capacitación, producción, venta de bienes y prestación de servicios, para apoyar y promover la inserción laboral de liberados del sistema penitenciario (…).
según dice el artículo 34 de la Ley 19.438, esa fundación seleccionará las instituciones, públicas o privadas, interesadas en incorporarse al sistema de reinserción. La actividad que desarrolle cada beneficiario en la institución respectiva será considerada de naturaleza social y rehabilitadora. Y por ellos se aportará al sistema de seguridad social, pero tampoco quiere decir que genere derecho de permanencia o estabilidad alguna.
Las empresas o instituciones estarán obligadas a contratar seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para los pasantes. Cada pasantía se cumplirá durante un período máximo de doce meses, vencido el cual la vinculación entre pasante e institución finalizará, no generándose derecho a indemnización por esta causa. Las partes podrán poner fin a la relación antes del vencimiento del término, existiendo causa justificada, sin generarse indemnización alguna.
El beneficiario de la pasantía deberá percibir por parte de la empresa o institución respectiva una retribución equivalente a un salario mínimo nacional o lo que acuerden las partes respetando los convenios celebrados por la rama de actividad respectiva.
La norma también señala que en su artículo 35 que la “Dirección Nacional de Apoyo al Liberado expedirá un certificado que acreditará la adecuada participación del liberado en sus programas, promovidos a los efectos de facilitar la reinserción social y/o laboral de personas que se han encontrado privadas de libertad”.
Con esto se pretende darle una oportunidad a las personas que cumplieron una pena por una conducta delictiva y en cierta medida se les de la oportunidad de insertarse en el mercado laboral.

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Ley modifica articulado de la de inclusión financiera y permite aggiornamiento para modificar forma de pago

hugo lemos

Hugo Lemos

La vigencia de la Ley Nº19.210 conocida como Ley de Inclusión Financiera ha generado que empleadores y dependientes tengan que tomarse el trabajo de modificar el sistema de pago y cobro de haberes respectivamente y transferir el antiguo sistema de cobro en pago mediante el sistema electrónico.
Pero la realidad impone otra cosa y es que no todos pueden generar esta situación lo que determinó que para permitir el aggiornamiento al sistema fuera sancionada la Ley Nº 19.435 que sustituyendo el artículo 21 de la Ley Nº19.210, le otorga una extensión en el plazo a las partes para poder abonar los haberes y percibirlos, ya sea salarios, pasividades o beneficios sociales por los medios que las partes acuerden conveniente.
La nueva ley Nº19.435, sustituye el artículo 21 de la ley de inclusión financiera por el siguiente:
Artículo 21. Durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley, en lo que refiere a los artículos 10, 16 y 17, las remuneraciones, las pasividades y los beneficios sociales, y otras prestaciones adeudas podrán abonarse a través de medios diferentes a los previstos, siempre que exista acuerdo entre acreedor y deudor. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por hasta un máximo de un año.
(Asimismo, la ley plantea la excepción, para determinados lugares). En las localidades menores a 2.000 habitantes, dicha prórroga se extenderá hasta que existan puntos de extracción de efectivos disponibles, como ser cajeros automáticos, redes de cobranzas u otros análogos, de acuerdo a los términos que defina la reglamentación.
Si a la fecha de entrada en vigencia del cronograma al que refiere el artículo 11 de la presente ley el empleador, el instituto de seguridad social o la compañía de seguros, mantuviera en vigor un acuerdo para el pago de las remuneraciones con algunas instituciones, pasividades, beneficios sociales o algunas otras prestaciones, según corresponda, dicho acuerdo se mantendrá vigente por el plazo máximo de un año o hasta que el acuerdo se extinga, si esto acontece antes de transcurrido el año.
En esos casos la libre elección del trabajador, pasivo o beneficiario, prevista en los artículos 11,1 5, 16 y 18 de la presente ley recién podrá ser ejercida una vez finalizada la vigencia del acuerdo.

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La diferencia entre la Vista y el Dictamen

La diferencia entre una Vista Fiscal y un Dictamen Fiscal son muy importantes, porque una cosa puede llegar a ser el principio de algo que puede derivar en lo segundo. Los operadores jurídicos entienden perfectamente de lo que hablo,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

pero el resto de los lectores quizás no tanto.
La propuesta de esta columna viene a colación de que días pasados, luego de que la Justicia Penal citara a nueve funcionarios policiales en carácter de indagados por un procedimiento ocurrido en el año 2014, a los cuales se les tomó declaraciones respecto de la denuncia presentada por un justiciable que entiende que se le cometió un daño y que el accionar para el mismo es asimilable a una conducta delictiva por parte de los funcionarios actuantes, la información que desde los propios policías que acompañaban desde el exterior del recinto a quienes estaban declarando fue errónea.
La vista al fiscal es una etapa procesal en la que luego que los denunciados comparecen ante el magistrado y al fiscal actuante, junto a su abogado defensor (ya que para estos casos la asistencia letrada es obligatoria) para prestar declaraciones y ser interrogados por las partes respecto al objeto del proceso, esto es en este caso su grado de participación en el hecho con apariencia delictiva por el que fueron denunciados, culminada la primera etapa de valoración de algunos elementos probatorios además de los testimonios que se soliciten en ese momento que son incorporados a la prueba, el Juez en acuerdo con la fiscalía puede decretar que el expediente pase en Vista al Fiscal.
Lo que supone el traslado del caso al despacho del representante de la fiscalía para que analice con detenimiento el hecho a investigar.
Luego de valorado el caso, si el Fiscal o quien actúe en su nombre, entiende que algunos de los denunciados generaron con su conducta méritos por la existencia de elementos de convicción suficientes de haber actuado con una conducta delictiva, realizarán un Dictamen Acusatorio donde solicitarán al Juez que dicte el Procesamiento, el cual según el caso, las circunstancias y hasta los antecedentes del acusado, podrá ser con o sin Prisión preventiva.
Pero el “dictamen” es una etapa posterior a la “vista” la cual no siempre puede darse, cuando ya habiendo elementos probatorios inequívocos a juicio de los magistrados, se realiza en la misma instancia y se solicita el fallo al juez, quien podrá o no estar de acuerdo con esa visión que tiene el fiscal del asunto, la cual debe ser fundamentada en las pruebas que se sustancian en ese caso.
Es importante saber cómo funciona el proceso judicial para no hacer valoraciones con ligereza y que coadyuven después a que se pueda desinformar sobre cómo acontecen los hechos, generando una confusión y reacción innecesaria ante la opinión pública.

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Que alguna de las tantas leyes que amplían el seguro de paro le toque al sector citrícola

hugo lemos

Hugo Lemos

Una serie de leyes que fueron aprobadas de este año y promulgadas por el Poder Ejecutivo en mes de agosto, como las Nº19.425, Nº19.426 y Nº19.427, establecen la extensión del seguro de paro a los trabajadores de distintas cooperativas de nuestro país, contemplando la situación por la que están atravesando los respectivos sectores de actividad.
En ese sentido, tras el impulso legislativo, los trabajadores consiguieron la extensión del beneficio social que les ayuda a mantener el sustento por un lapso mayor al inicialmente previsto, que son 180 días. La extensión máxima prevista por ley, también es por un máximo de 180 días por cada petición legal.
Existe un al menos un antecedente reciente y fue el caso de los extrabajadores de Pluna que recibieron el beneficio por más de tres años, mientras el gobierno, que había metido la cuchara para ayudar a desarmar esa aerolínea, estaba reparando de alguna manera a los funcionarios de la misma, con distintas leyes que le concedieron la extensión de es beneficio a los trabajadores.
En ese sentido, en la actualidad los trabajadores del sector citrícola, que son cientos, están especulando con obtener una ley que les favorezca en este mismo sentido, ya que la situación de vulnerabilidad a la que están sometidos por las condiciones de la relación laboral que mantienen, los deja expuestos al desempleo tras culminar los 180 días iniciales de este beneficio.
Estará en el espíritu, en la voluntad y sobre todo el poder de convencimiento hacia sus pares que tengan los legisladores que intervienen en el análisis de esta posibilidad para los trabajadores salteños, con el fin de lograr un beneficio similar, sobre el cual hay antecedentes y jurisprudencia abundante que permite que los mismos puedan lograr ese apoyo del Estado mediante una ley pura y simple.

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Aumentan penas como solución a ola delictiva

No es novedad que la ola delictiva ha venido creciendo en los últimos años y que no hay un solo factor que determine esta situación, sino que se trata de una concatenación de causas como el resquebrajamiento de los códigos sociales, las transformaciones en la escala de valores y otros aspectos sociales más, los que impulsan esta situación de violencia hugo lemossocial. ¿Y cómo ha respondido el Estado?, con más prisionización hacia los agentes del delito como si fuera la solución.
Es decir, aumentar las sanciones penales ha sido la manera de generar cambios en la política legislativa tendiente a actualizar la efectividad de la aplicación de ciertos delitos. En los últimos tiempos la Ley Nº 19.418 modificó la penalización de los artículos 258 y 259 del Código Rural referente al delito de abigeato. El mismo está tipificado ahora con un aumento de las penas, con el fin de enviar un mensaje a los autores de este tipo de hechos, si lo hacen, la solución es ser confinados durante un tiempo mayor al sistema penitenciario.
Los delitos tienen un mínimo de tres meses y en otro orden un máximo de dos años, en el caso de los agravantes. Quizás no sea esta la solución de fondo, pero si la política legislativa nutre sus contenidos con amenazas con fines disuasorios, los problemas persistirán y las soluciones solo se darán en la mirada corta.
LO QUE DICE LA LEY
La norma de reciente sanción parlamentaria, sostiene en su artículo 1º que sustituye el artículo 258 del Código Rural por el siguiente: “ARTÍCULO 258.- Comete el delito de abigeato y será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, el que con intención de matar, diere muerte, faenare o se apoderare con sustracción de ganado vacuno y bubalino, caballar, lanar, cabrío, porcino, cualquier otra especie de corral o criadero, colmenas, cueros, lanas, pieles, plumas o cerdas ajenos; y el que marcare o señalare, borrare, modificare o destruyere dispositivos de identificación individual oficial, o las marcas y señales de animales o cueros ajenos, para aprovecharse de ellos”.
Aunque también sanciona con la misma pena a quienes operan como reducidores y pueden cometer delitos similares como el de la receptación. “Con igual pena será castigado quien recibiere, ocultare, comercializare o de cualquier forma dispusiere de los productos obtenidos de la comisión de un delito de abigeato en cualquiera de sus formas».
En tanto que el segundo artículo de esa ley sustituye el artículo 259 del Código Rural por el siguiente: «ARTÍCULO 259.- La pena prevista en el artículo 258 será de dos a ocho años de penitenciaría, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes especiales o cuando el Juez entienda al considerarlas en relación con las demás características del caso, que hacen presumir la actuación concertada de dos o más personas con fines de lucro, antes, durante o después de la ejecución del delito: 1º) Si para cometer el delito se emplearan vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados. 2º) Si para cometer el delito se dañaran cercos, cortando alambre, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras. 3º) Si para la comisión del delito se utilizaran guías de propiedad y tránsito o documentación equivalente falsas o expedidas por terceras personas, o se falsificaran boletas de marca y señal. 4º) Si se emplearen sevicias (heridas que determinen la muerte) contra los animales.
Son circunstancias agravantes muy especiales: 1º) Ser jefe o el promotor del delito. 2º) La de poseer la calidad de hacendado o productor agropecuario. 3º) La de poseer la calidad de funcionario público cuando haya actuado con violación de los deberes de su cargo. (…)

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El 1º de diciembre habrá que usar tarjeta

El gobierno central quiere que la población deje de usar dinero en efectivo con el fin de mejorar la seguridad ciudadana, ya que actualmente entiende que la situación de violencia e intolerancia es tal, que portar dinero en efectivo pone en riesgo a quienes lo manejan, principalmente a los comercios que en horas de la noche, como el caso de las estaciones de servicio, taxistas o transportistas en general, hacen uso del mismo y con ello exponen sus vidas.
Desde la Ley Nº19.210, denominada de Inclusión Financiera el Poder Ejecutivo, pretende que las transacciones entre las personas sean electrónicas y por eso la intención que tienen es extender este uso a la mayor cantidad de transacciones públicas posibles, esto es desde los medios de transporte públicos hasta en los comercios.
Para ello comenzaron con las estaciones de servicio.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº131/016 del 4 de mayo del corriente año, donde establece que como la primera etapa del proceso, implementada en la zona Metropolitana, trajo resultados positivos constatándose una disminución de los delitos en el horario establecido para el uso de tarjetas en las estaciones de servicio, entienden extenderlo, entre otras restricciones que se irán agregando paulatinamente en el tiempo, el uso de efectivo para la compra en estaciones de servicio al 1º de diciembre del presente año, para todo el país.
Algo que se irá aggiornando en el correr del tiempo y con ello pretenden disminuir los delitos.
Algo que es apenas un paliativo.

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El arrebato, una modalidad del delito de hurto, que termina siendo sancionado muy levemente

El arrebato es un delito común que en nuestro medio lamentablemente es cometido a diario por los delincuentes. Principalmente se trata de jóvenes que actúan con esa modalidad delictiva, eligiendo como víctimas a las personas más vulnerables, esto es mujeres y ancianas, a quienes muchas veces han lastimado cuando al cincharles la cartera las terminan tirando al suelo y en consecuencia, lastimando.
El caso es que cuando estos hechos ocurren, la Policía busca a los autores y al poder capturarlos, los mismos son remitidos ante la justicia y terminan siendo procesados, mayormente con prisión por ser delincuentes habituales y tener varios procesos en curso, pero el delito que les es tipificado es el de hurto, cuando en el acervo popular se piensa que el hecho encuadra en el delito de rapiña porque el ladrón aplicó la violencia física para conseguir el botín.
La discusión se ha dado muchas veces, pero prima lo que dicen las leyes, claro está. El delito de arrebato es un delito contra la propiedad y es una modalidad del delito de hurto. Ocurre cuando se aplica violencia en la cosa y no hacia la persona. Porque en ese caso sí estaríamos ante la figura del delito de rapiña (art. 344 del Código Penal).
Pero en este caso, cuando una persona comete un arrebato ejerciendo violencia sobre la cosa, por mencionar un objeto podemos referirnos a una cartera o a un portafolios, estamos hablando de un hurto hasta simple para la técnica legislativa.
En un trabajo realizado por el Profesor y Catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón Cuñarro, publicado en la Revista de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, sobre las primeras reflexiones realizadas a partir de la sanción de la Ley Nº 17.897 conocida como “ley de humanización del sistema carcelario”, el profesor Langón expresa que: “cuando del arrebato o hurto por sorpresa de las cosas que la víctima llevara consigo, resultaren en lesiones personales, habrá concurso de figuras (hurto y lesiones) o imputación por rapiña impropia (art. 344 inc.2 C.P., que se da cuando después de haber sustraído la cosa el autor del hecho emplea violencia o amenazas para asegurarse la posesión de la cosa sustraída), según correspondiere, pero cuando ello no ocurra, el caso se resolverá en hurto simple, menos grave que cualquiera de los establecidos en las agravantes señaladas en el art. 341 del Código Penal., del que se le excluyó esta modalidad”.
“Tal vez el caso más insoportable sea el de la punga o hurto con destreza, donde difícilmente se pueda atrapar a alguien en grado de consumación, precisamente por la habilidad del actor, lo que llevará casi inevitablemente a un procesamiento sin prisión (pues es un hurto simple en tentativa, y por lo tanto con pena reducida de un tercio a la mitad), es decir, que la norma producirá una cuasi impunidad”, sostiene Langón en su análisis.
Sin embargo, son pocos los casos en que una persona por haber cometido un delito de hurto mediante la modalidad de arrebato, es decir de sustracción con destreza de la cosa, termina en la cárcel. Y al contrario de lo que se cree, esta conducta propicia un delito de hurto y no de rapiña, donde para configurarse es necesario el empleo de la violencia del autor del hecho hacia la víctima.

HUGO LEMOS

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Nueva norma prorroga vigencia de formas de pago para determinados bienes tal como establecía la ley Nº19.210

Todavía recuerdo una charla final del curso Economía para Periodistas, que tuve el privilegio de hacer en el año 2011 en la Universidad Católica. La misma estuvo a cargo del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, célebre después por el caso Pluna y los 14 millones de dólares a López Mena.
En esa instancia, Lorenzo nos comentó que venía de hacer una gira por cuatro países en los que había participado de distintas reuniones oficiales y que en el único lugar donde había necesitado dinero en efectivo para comprar bienes y contratar servicios, había sido en Uruguay.
“Y eso tenemos que cambiarlo, necesariamente porque el mundo de la compra con tarjeta que es el dinero electrónico ya es una realidad en el mundo y nosotros no podemos quedarnos atrás”, nos dijo el entonces ministro en una fría mañana de junio hace ya 5 años.
Por eso la Ley Nº19.210, del año 2014, conocida como ley de Inclusión Financiera tuvo como espíritu generar nuevas condiciones para las transacciones entre los particulares, fomentar el uso del dinero electrónico y la bancarización de los pagos. Pero pasa el tiempo y sigue habiendo inconvenientes que aún no han podido ser subsanados y la ley madre, ha tenido una serie de modificaciones en muchos aspectos.
En ese sentido, la ley Nº19.398 de reciente aprobación sigue buscando solucionar algunos vacíos que dejó la ley de inclusión financiera. En ese sentido, la norma en cuestión prorroga la entrada en vigencia del inciso 1 del art. 35, 36, 40 y 41 de la ley 19.210 del 2014, hasta el 31 de diciembre del 2016.
El artículo 35 dice que hasta la vigencia de la presente ley (1º de enero 2017), no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 137.600 pesos), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
El Artículo 36 dice que “(…) el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, unos 550.400 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden.
Los artículos restantes, el 40 y el 41 de la presente ley cuya entrada en vigencia se pospone, lo que establecen son el pago del precio en dinero de toda transmisión de derechos sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.
Y el artículo 41 establece el pago del precio en dinero en las adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe total supere las 40.000 UI (cuarenta
mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

HUGO LEMOS

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No hay que privar más libertades, sino apuntar a modificar el sistema

Cuando una persona cumple una condena por haber cometido un delito, el caso concluye. Es decir, ya está, ya cumplió la pena. Cometió el delito, fue procesado, se le comprueba en el transcurso del proceso que fue culpable por la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sumatoria de elementos probatorios que se diligenciaron en el juicio y que determinaron que tras un dictamen desfavorable del fiscal, que exige el reproche penal al encausado, se le dicte una sentencia de condena, que confirma el procesamiento inicial cuya naturaleza jurídica es la de una sentencia interlocutoria, aún así recurrible.
Pero una vez que está firme la sentencia de condena, que puede ser impugnable, ya está, el sujeto es condenado, cumple la pena que se le impone y una vez esto, es decir, luego de haber estado preso durante muchos años y haber cumplido el término legal previsto, se terminó el asunto.
Puede recibir una ayuda del Estado a través del Patronato de Encarcelados y Liberados, pero el tema es que el sujeto es libre, vuelve al estado anterior al procesamiento, aunque con un legajo ya manchado que en términos futbolísticos, opera como una tarjeta amarilla.
Aunque aún así, a la persona hay que darle la chance de que pueda cumplir con lo que en Derecho Penal se conoce como la teoría de los “re”, la reeducación, para la rehabilitación del individuo con el fin de reinsertarlo en la sociedad. Pero esa teoría de los re, el individuo debe vivirla en pleno goce de sus libertades, de lo contrario la rehabilitación está viciada por la posible sanción a recaer en el sujeto si no mantiene una conducta acorde a lo que establece el sistema.
En ese marco, todo proyecto de ley que tienda a limitar las libertades de las personas después de que cumplen una pena, por el hecho de que hayan cometido un delito, no aportan más que a generar una estigmatización de las personas porque sería una continuación de la penalización de una conducta, que ya se cobró.
Si la prisionización no es un buen aporte, es porque el sistema carcelario está fallando, entonces antes de pensar en un proyecto de ley que lo que haga sea castigar a un sujeto por un delito que cometió y ya pagó, debería usarse la cabeza para legislar sobre aspectos que contribuyeran a mejorar el sistema carcelario y que el mismo sea realmente de rehabilitación.
De lo contrario, de lo único que estamos hablando es de castigar personas, de denigrarlas aún más por el hecho de haberse equivocado en la vida y haber cometido delitos, y exponerlas al desprecio por sí mismas y ante el público por el resto de sus vidas al separarlas de la sociedad por lo que nos falta ponerles un cartel arriba que diga “soy un paria” y está listo.
Por lo tanto, ante los proyectos que atentan contra la recuperación de la gente y su reinserción en la sociedad, digo no. Y brego porque nuestros legisladores utilicen sus recursos, sus asesores y sus razonamientos para modificar las políticas legislativas que regulan el sistema penitenciario actual, que le voten más recursos y un plan de acción que permita convertirlos realmente en centros de rehabilitación, tal como se denominan. Si lo hacen, no será necesario que haya leyes para limitar libertades.

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Las leyes se hicieron para todos y también para Goncálvez

El artículo 8º de la Constitución establece el principio de igualdad, al señalar que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Este precepto constitucional establece, entre otras cosas, que si en nuestro país se sanciona una ley, a no ser que haya excepciones legalmente previstas, la misma es aplicable a todos los habitantes de la República.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

En ese marco, es que la Ley Nº17.897 conocida como Ley de “Humanización” del sistema carcelario, señala en su artículo 13º los parámetros de la redención de la pena por estudio o trabajo de cualquier procesado y/o penado. La norma establece que “el Juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo (…)”.
“(…) El Juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio. (…) Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las personas que se encuentren en régimen de salidas transitorias”.
Este es uno de los fundamentos básicos en los que el sistema funda su derecho para conceder el cumplimiento de la condena de un encausado, llámese Pablo Goncálvez o cualquier otro recluso que posea antecedentes similares y aún en hechos cometidos en formas más violentas, que los hay en las cárceles uruguayas.
No me gusta nada que Goncálvez ande por la calle sin ser una persona que quiera reinsertarse en la sociedad en forma armónica y pacífica, lo que no significa ser oveja y sumarse a la claque, pero sí compartir los códigos de convivencia de los demás. Pero más me molesta saber que por más que haya pasado más de dos décadas en un sistema carcelario como el nuestro, el mismo no le garantiza de ninguna forma, la posibilidad de rehabilitación. Aunque como enseña el destacado profesor de Criminología, Germán Aller, la prisonización tampoco garantiza absolutamente nada.

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Las leyes y las drogas

Vender estupefacientes es un delito acá y en todos lados. En nuestro país existen normas claras al respecto como la Ley Nº 14.294 que establece la penalización de la comercialización de estupefacientes o la Nº 17.016 que lo que hace

Hugo Lemos

Hugo Lemos

es modificar algunas modalidades delictivas que se han ido sumando con el correr del tiempo, con el fin de aggiornarse a esta realidad.
Como todas las cosas las leyes solamente marcan las reglas de juego en las que vive una sociedad e imponen los límites a la conducta humana. La intención de una ley es establecer la claridad de las reglas y en ese marco, el tráfico de drogas que hoy es visto como un problema social, es también un delito.
No hay excusa de que una mujer que se haya quedado sola en casa con sus hijos, para darles de comer se pone a vender drogas, tal como los relatos que escuchamos en la cárcel cuando los abogados hacen la defensa de su cliente con el fin de obtener su libertad. Comprensible es su drama social, pero si la solución es cometer delitos para poder sobrellevar los problemas económicos, el sistema se desvía y los problemas se agravan.
LA PENA
En Uruguay, más allá de la discusión de si es posible drogarse en la vía pública, llevar consigo estupefacientes y/o tenerlos en casa, las leyes son claras y la mayoría de las personas terminan siendo procesadas por esta normativa.
Ley Nº14.294 artículo 30: El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo 1º, precursores químicos u otros productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (*) Redacción dada por la Ley 17.016
En tanto, el artículo 31, mencionado en la jerga por los propios reclusos que caen por el delito que aquí se menciona como “el 31”, sostiene que “el que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.
Aunque toda regla tiene una excepción, pero no es la que se aplica comúnmente “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.
Esto es algo así, como lo que el juez entienda que es razonable para que la persona se drogue tranquila en su casa, algo que es tan discrecional como arbitrario

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Nueva ley ayuda al combate de Leishmaniasis

En el marco del combate a las enfermedades que son transmisibles y que comportan un importante problema sanitario para la población, donde para combatirlas deben ingresar a predios privados con el fin de cumplir su

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cometido, lo que aparece como un escollo ahora es salvado por una nueva ley que le permite a las autoridades obrar de forma debida.
La Ley Nº19.376 pone énfasis en el caso de las casas deshabitadas y de los predios baldíos privados que pasaban a ser un obstáculo en estos casos, la norma establece una serie de habilitaciones que se aggiorna a la problemática que enfrenta Salto para la salud pública.
La LEY
Se trata de una ley corta de 5 artículos. Donde en el caso del artículo 1º se establece que “se autoriza al Ministerio de Salud Pública, a los Gobiernos Departamentales y a los Municipales encargados del control de vectores transmisores de enfermedades que representen un riesgo sanitario, a ingresar en los predios baldíos o fincas deshabitadas. Dicha autorización es a los exclusivos fines de proceder a la eliminación de recipientes, fumigación y limpieza. La facultad se otorga exclusivamente para los predios o fincas deshabitadas que se encuentran en la zona delimitada por la autoridad competente”.
La norma establece un fin exclusivo y en ese caso mantiene una restricción absoluta para quienes ingresen a un domicilio con otros fines invocando la potestad que le da la ley, ya que la misma aclara la particularidad que no permite otra interpretación.
En el caso del segundo artículo establece claramente que esta autorización legal que ampara el artículo 1º regirá solamente cuando el Ministerio de Salud Pública haya declarado el estado de “riesgo sanitario”. Como es el caso de nuestro departamento en estos momentos.
Asimismo, establece en los artículos subsiguientes que la ley faculta a la autoridad a actuar de la manera que sea necesaria para cumplir con los cometidos para los cuales fue creada la ley.
Dice el artículo 3º que “la autoridad podrá forzar y fraccionar cerraduras y aberturas, remover obstáculos y en general realizar todas las acciones imprescindibles para ingresar al predio o finca deshabitada a fin de cumplir con lo dispuesto por esta ley”.
Aunque en un inciso más abajo sostiene que también la autoridad “deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de provocar el menor daño posible al predio o finca deshabitada”.
Aunque la ley tiene un ingrediente defensivo y resarcitorio al incluir el grado de responsabilidad que asume por su accionar, señalando en el artículo 4º que “la autoridad podrá resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza, realizadas en la forma y condiciones que adopte en la reglamentación a tales efectos”.
Una vez evaluados los daños el Estado notificará al propietario de los lugares otorgándole un plazo perentorio de 10 días hábiles para formular los descargos que considere necesarios. Y señala en inciso aparte que en la intervención “se dejará constancia de los recursos empleados como de la situación anterior del inmueble mediante acta suscripta por escribano público o cualquier otro medio probatorio”.

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La Gracia, una clemencia pensada

hugo lemos

Hugo Lemos

Cuando hablamos de que se concederá una Libertad por Gracia a un recluso, potestad que en nuestro país solamente tiene la Suprema Corte de Justicia, o que se le otorgará una pensión Graciable a una persona por algún don especial, estamos hablando de un acto de clemencia que hace el Estado a través de sus instituciones y poderes como el caso del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para beneficio de alguna persona.
Pero cuando escuchamos tantas veces esta palabra, salimos a buscar de qué se refiere el concepto de Gracia. Según su significado es: un favor, un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular.
Aunque también la Gracia refiere a la: Potestad de perdonar una pena o de conmutarla por otra menor que el ordenamiento constitucional atribuye. Hoy en día no se configura como un mero acto graciable, sino como auténtico acto jurídico que afecta al orden público; por ello, en algunos ordenamientos se requiere una ley para su ejercicio, con lo cual se convierte en una prerrogativa formal.
En el caso de la visita anual de cárceles y causas, que cada año cumple como instancia formal la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros son los únicos con potestades para este acto, en cuya oportunidad puede conceder la Gracia que extingue el delito y puede también excarcelar provisionalmente a los procesados en base al artículo único de la Ley Nº 17.272 sustitutivo del art. 20 de la Ley Nº 15.737.
Para estos casos, el instituto de la Gracia es, al igual que la amnistía, un instituto de clemencia soberana. No se trata de una facultad absoluta, desde que el art. 109 del Código Penal la prohíbe para los reincidentes y habituales.
La excarcelación provisional de los encausados ha sido interpretada como una garantía contra la lentitud del proceso y se compadece con la previsión del artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra legislación por la Ley Nº 15.737, que consagra el derecho del imputado “a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
Para tenerlo en cuenta, el año pasado en Salto, en el marco de la Visita Anual de Cárceles los ministros de la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Felipe Hounié, le concedieron la libertad por Gracia de la Corte a un recluso que estaba cumpliendo prisión preventiva, es decir preso sin condena, hacía 3 años y 7 meses, por un delito que tenía como pena de 2 a12 años de penitenciaría.

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Régimen legal para los días feriados en Uruguay

Los días feriados como el que se celebra el próximo domingo, son por lo general motivo de discusión en los distintos ámbitos laborales, sobre todo porque hay mucho desconocimiento acerca del régimen legal que asiste a los hugo lemostrabajadores para estos casos. En ese sentido, nuestro país ha fijado distintos regímenes aplicables para los días feriados. En ese marco, la legislación laboral uruguaya prevé la distinción entre los feriados laborables y los no laborables. Aunque no contempla determinados casos y deja abierta la discusión sobre la flexibilidad de la norma para estos casos.
Feriados pagos
En ese sentido, distintos decretos y normas regulan la situación de los días feriados en nuestro país. En ese marco, el artículo 18 de la ley Nº12.590, del 23 de diciembre de 1958, establece que “los días 1º de Enero, 1º de Mayo, 18 de Julio, 25 de Agosto y 25 de Diciembre de cada año, todo trabajador percibirá la misma remuneración como si trabajara aunque no trabaje; pero en el caso de trabajar esos días, recibirá paga doble”.
En ese marco la ley vigente es clara y dice que si un trabajador mensual trabaja un día feriado pago, deberá cobrar el mes completo más un día, el cual se calcula dividiendo el sueldo entre 30. Pero si el trabajador es jornalero y trabaja un día feriado pago, recibe doble jornal. En tanto, la ley Nº16.805, del 24 de diciembre de 1996 y su modificativa, la ley Nº17.414, del 8 de noviembre del año 2001, establecen el corrimiento de los días que son feriados, los cuales siendo declarados por ley seguirán el siguiente régimen: si coincidieran el sábado, domingo o lunes, se observarán esos días; si ocurrieran en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior; si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.
Sostiene la norma que quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de Enero, 1º de Mayo, 19 de Junio, 18 de Julio, 25 de Agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana que ocurriere, cualquiera que este fuera.
Serán feriados no laborables:
Por otro lado, el régimen legal señala que serán además de los más arriba señalados, días feriados no laborables, el día que fije el Poder Ejecutivo para realizar el Censo de Población y Vivienda en todo el territorio nacional; el día que fije la Corte Electoral para realizar el acto referido al recurso de referéndum; el 1º de Marzo que coincida con la transmisión de mando del Presidente de la República, una vez cada 5 años. Aunque la flexibilización de la norma laboral permite que por ejemplo, por Convenio Colectivo se puedan establecer como feriados pagos a determinados días y para el personal de alguna rama de actividad específica. Como es el caso de que se haya declarado el 2 de enero de cada año el Día del Pescador, para el personal vinculado a la Pesca.
Forma de Pago para Trabajadores con Remuneración Variable
Para los trabajadores de remuneración variable, se toma en cuenta el promedio de lo ganado en los 12 últimos días anteriores al feriado que corresponda. Tienen derecho a cobrarlo: los suspendidos por causas que no le sean imputables (falta de materia prima, lluvia, etc.); los suspendidos dentro de los 10 días anteriores al feriado, se reintegren o no al trabajo; los enfermos, si han trabajado dentro de los 10 días anteriores al feriado.
No tienen derecho a cobrarlo: los accidentados o con enfermedad profesional no dados de alta a la fecha del feriado; en caso de enfermedad común (agregado por el art. 8 de la Ley N.º 13.556). en caso de huelga; si el trabajador se encuentra en el Seguro de Paro.
Feriados Comunes
El efecto de estos días en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual. Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal. Mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija.

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Uruguay tiene legislación antilavado, pero igual se le pasa

Tras los Panamá Papers y la detención en Argentina del testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, el tema del

Hugo Lemos

Hugo Lemos

lavado de activos volvió a dispararse en Uruguay. Un decreto del año 2010, fue lo último que se legisló sobre este asunto y generó fuertes reacciones en el fuero jurídico.
Según un informe redactado por los especialistas en el tema de una de las mayores firmas de abogados del país, Guyer y Regules, Juan Manuel Albacete e Isabel Lindner, el decreto Nº355 del año 2010, regula a la ley Nº18.494 del 5 de junio de 2009 que había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o “sospechosas”, con el fin de poder dilucidar los casos que se presentan.
La norma jurídica establece varios aspectos que hacen a las operativas económicas, que aún estando reguladas por el Banco Central, pueden llegar a generar situaciones de sospecha sobre el origen de fondos que llegan al país o que son utilizados en la plaza financiera local.
En ese sentido, obliga a los escribanos a hacer declaraciones juradas, a brindar información en fuentes públicas o privadas sobre las transacciones realizadas por sus clientes con anterioridad, compras, ventas o de otra índole, con el fin de conocer la actitud operacional en el mercado y por supuesto, sus antecedentes.

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Ante los Panamá Papers

hugo lemos

Hugo Lemos

Ante la polémica de los Panamá Papers, la filtración de 11 millones de documentos que deja al descubierto las maniobras de importantes personalidades del mundo en el manejo de sus finanza, con el fin de lograr la evasión de impuestos, aportamos un repaso somero que ha sido publicado en estos días para darle a conocer a la opinión pública en general qué son y para qué sirven las sociedades offshore, que eran la especialidad del estudio jurídico Mossack y Fonseca de ciudad de Panamá. A continuación damos a conocer un resumen ya publicado y explicativo sobre este tipo de sociedades.
¿Qué son las sociedades offshore? Las sociedades offshore son un vehículo jurídico a través del cual se pueden realizar actividades comerciales. Se ubica fuera de la jurisdicción de residencia de la persona. ¿Cómo se arma? Depende del requerimiento legal de cada país, de las normas bancocentralistas que tengan donde son constituidas las mismas, de las normas sobre lavado de dinero que posea el país donde se dan origen, y depende también de cada estudio jurídico. En Uruguay esas normas han venido modificándose con el paso del tiempo.
¿Cuánto cuestan?
Las sociedades deben tener un directorio y están formadas por acciones. Los valores dependen del mercado y del estudio jurídico que vende la sociedad. Hoy en Uruguay se puede comprar una sociedad offshore por US$ 2.000 (dos mil dólares en promedio). ¿Por qué Panamá?
Panamá no es el único hogar para las sociedades anónimas de este tipo. También pueden tener sede en el estado de Delaware, en Estados Unidos, o en la isla de Man e Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido). La venta de sociedades es una industria que genera divisas para el país que las aloja. Y por eso los países ofrecen este tipo de jurisdicción. Panamá tiene leyes que favorecen este tipo de inversiones porque le deja dinero al país.
¿Uruguay tuvo? Sí. Uruguay también tuvo vehículos jurídicos que favorecían las inversiones de no residentes. Por ejemplo las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión) que en 2007, con la reforma tributaria impulsada por el ministro de Economía, Danilo Astori, en el primer gobierno del Frente Amplio, fueron eliminadas. Ahora Uruguay exige que las acciones al portador de las sociedades anónimas se registren en el Banco Central, intercambia información con otros países y levanta el secreto bancario con ciertas excepciones. ¿Quiénes las compran? Estas sociedades pueden ser adquiridas por varios motivos. Y no todos limpios. Por otro lado el anonimato de los tenedores de acciones de esas sociedades no significa de por sí algo malo. Aunque muchas veces se usan para el lavado de dinero o para esconderlo, no es la única función que cumplen.

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El Hecho de la Víctima, un aspecto importante de la culpabilidad

El Hecho de la Víctima es un instituto importante del Derecho Penal cuya vigencia pauta la existencia del concepto de que la víctima, también puede ser culpable por su acción. Y además esa acción puede ser dolosa y probado esto,

Hugo Lemos

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exculpa al presunto ofensor o victimario.
Ese instituto previsto por la legislación penal, establece la responsabilidad de la víctima en los casos en los que se ve involucrada. Se trata de los hechos en los que las víctimas terminan siendo las culpables de los casos que determinaron resultados en los que ellas mismas se llevaron la peor parte y por los cuales hay otros terceros que pasan a estar en el ojo de la tormenta.
Según lo resume el reconocido catedrático en Derecho Penal, el Dr. Pedro Montano, “el hecho de la víctima no es indiferente para el Derecho Penal. Este puede ser de tal entidad que haga decaer el delito totalmente por falta de acción. Hecho de la víctima, caso fortuito y fuerza mayor, impiden el elemento acción. La diferencia es que en el hecho de la víctima hay normalmente ejercicio de libertad por parte de ésta. En el caso fortuito y fuerza mayor hay imprevisibilidad absoluta, o irresistibilidad absoluta. Para que exista hecho de la víctima debe haber acción y por lo tanto “acto humano”, dice Montano.
“Si hay acto humano, éste podrá ser calificado desde el punto de vista de la intencionalidad y por eso queda habilitado el análisis del elemento culpabilidad. El acto de la víctima podrá ser entonces, doloso, culposo o ultraintencional. Y, de acuerdo a criterios de imputación objetiva, si su conducta supuso la creación ilícita de un riesgo o su incremento, y luego se concretó en los hechos, debe responder”.
Esto quiere decir que quien por ejemplo participa de un accidente y se lleva la peor parte, pero teniendo la culpa por haber actuado de una manera que originó el episodio, asume la responsabilidad del caso y exculpa de pena al otro actor involucrado. Hay ejemplos claros de este tipo de situaciones, pero los más elocuentes han sido los accidentes de tránsito.
También están los casos en los que si una persona se arroja a las vías del tren y el maquinista no tiene tiempo de frenar, no comete homicidio, porque allí hubo una acción deliberada de la víctima por quitarse la vida a manos del tren. El mismo caso para una autopista en la que circulan autos a gran velocidad. Y también con algunas salvedades según el caso, para aquellos hechos en los que una persona cruza a mitad de cuadras, sin mirar, exponiéndose a recibir lesiones o incluso perder su vida, por poder ser atropellada por un vehículo que viene circulando en forma correcta.
Para que se cumpla deben determinarse algunos aspectos concretos, como la cabal intervención de la víctima en la producción del hecho y sobre todas las cosas en la facilitación de la generación del resultado.

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La semana de los plazos

La Semana de Turismo es una concepción laica de la Semana Santa que determina el asueto de todas las actividades

Hugo Lemos

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institucionales, entre ellas las del sistema judicial que junta las dos temporadas de vacancia que tiene el sistema, como el caso de la Feria Judicial Mayor, que va desde el 25 de diciembre al 31 de enero de cada año y el de la Feria Judicial Menor que va del 1º al 15 de julio de cada año, son las únicas épocas previstas por la ley donde los plazos judiciales se suspenden. Si bien no está del todo prevista en la Ley de Organización de los Tribunales Nº15.750, sí lo prevé el Código General del Proceso al referirse a los plazos. Así que salvo excepciones o causas de fuerza mayor como cuando ocurrió la huelga de los judiciales que la SCJ decretó la suspensión de los plazos; más allá de Santa, Criolla o de Turismo, esta semana tiene como incidencia en el sistema judicial que no se cuentan los días mientras dure para el vencimiento de los términos en relación a las actuaciones de cualquier índole.

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Una ley que nos debe importar a todos

A pocos días de que se celebrara un nuevo aniversario de la ley de defensa del consumidor, la misma cobra más vigencia que nunca teniendo en cuenta que el caso de su aplicación es moneda corriente para quienes operan en el

Hugo Lemos

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sistema. En el caso de la oficina pública que atiende estos casos en forma gratuita, son cientos los casos que se presentan mes a mes, donde la población reclama ser defendida con la aplicación de esta normativa.
En ese marco, siempre es bueno tener presente el hecho de que una ley ampara el normal funcionamiento de las relaciones de consumo y exige el respeto hacia los consumidores.
ALGUNOS ASPECTOS NORMATIVOS
“La ley de relaciones de consumo es de orden público”, dice su artículo 1º, lo que quiere decir que entre otras cosas es irrenunciable y “tiene por objeto regular las relaciones de consumo (…)”.
La norma define la figura del consumidor diciendo que “es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella”.
Añade que “no se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”, por ejemplo un distribuidor o un comerciante.
Además la ley también define la figura del Proveedor, el cual es “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo”.
En tanto que el artículo 4º conceptualiza cuál es la relación de consumo, señalando que se trata del “vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final”.
Y señala que el producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Y define al servicio como cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.
Asimismo, reglamenta como derechos básicos de los consumidores: “La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate”.
Hace hincapié en que cada producto debe contar con “La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas”.
Destaca el derecho de los ciudadanos a “la protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley. La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas”.
“La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley”.

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Un error insalvable

La confirmación del procesamiento del escribano Pablo Seitún por haber omitido transcribir el nombre del sujeto conocido como “el caballero de la derecha”, tras un recurso de casación penal presentado por el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, luego del revocamiento del fallo de primera instancia por parte de un Tribunal de

Hugo Lemos

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Apelaciones en lo Penal, determinó que la “omisión involuntaria” por parte de un escribano público, es considerado un error insalvable por la mayoría de los magistrados de la corporación, que confirmaron el procesamiento.
El escribano Seitún cometió un error, seguramente involuntario, pero fue suficiente como para que el representante del Ministerio Público entendiera que hay elementos de convicción suficientes para la existencia de hechos con apariencia delictiva y eso determina el inicio de una investigación judicial sobre el delito de “certificación falsa por funcionario público”.
Todo porque en una actuación que un escribano de trayectoria como en este caso, conoce de memoria, donde al labrar el acta de la subasta de los aviones de Pluna en 2012, el escribano aseguraba que “el mejor postor” fue “el Sr. Antonio C. Sánchez”, a quien el rematador llamó “el caballero de la derecha”.
El escribano no escribió así el primer nombre y el primer apellido del hombre que ofreció el dinero por los aviones, diciendo que “no le pidió el documento” algo que debía ser indispensable para estos casos. Ya que el verdadero nombre del sujeto era Hernán Antonio Calvo Sánchez.
La falta de diligencia debida del escribano en este caso promovió la ocultación de datos del individuo en cuestión, y de esa forma también quedó oculta para la prensa y la sociedad su vínculo con el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus. Calvo Sánchez había trabajado para la filial española de Buquebus y es el padrino de uno de los nietos de López Mena.
“Quienes suscriben la decisión en mayoría sustentan que el indagado, ‘prima facie’, habría incurrido en actuación dolosa, con la deliberada intención de ocultar la verdadera identidad del mejor postor”, asegura la sentencia de la Corte a la que accedió. “La actuación del Esc. Seitún no parece ajustarse a ningún modelo de actuación notarial razonable”, sentenció la ministra Elena Martínez.
La acción del escribano procesado pudo haber sido un error profesional involuntario, motivado por la confianza que le ameritó el mencionado “caballero de la derecha” ante la “alegría” de los organizadores del evento por el “éxito” del negocio realizado (el remate de los aviones de los que tanto se venía discutiendo), pero ese error debe llamar poderosamente la atención a los notarios para que del mismo no derive la ocultación involuntaria de datos que pueden ser vitales para desentrañar una situación en la que estaba en riesgo de esfumarse un importante caudal del patrimonio de todos los uruguayos. Y eso sí es un delito.

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¿El Estado tiene que darme mi casa?

Los habitantes de Salto que se han visto afectados por las inundaciones y que han visto cómo sus precarias viviendas se deshicieron por el poder de las aguas, serán realojadas en predios municipales, según anunció el intendente de Salto, Andrés Lima, en los últimos días.
La decisión está basada en que las inundaciones se han vuelto una condición natural cíclica en nuestro departamento, por lo tanto, tras haber pasado hace pocas semanas por la peor creciente del río Uruguay de las últimas décadas, hay que tomar medidas de fondo para solucionar el problema que tienen decenas de familias salteñas, que por su ubicación, siempre se verán afectadas por esta situación.
Pero la pregunta surge ¿es obligación de un gobierno proporcionarle la vivienda a las personas? En el caso de nuestro país, la Constitución establece un principio general, pero no quiere decir esto que todos los uruguayos tengamos que cargarle el problema de la falta de vivienda al Estado, empero, en cierta medida genera responsabilidades que los gobiernos de turno deben enfrentar.
¿TIENE QUE DARME?
Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia el pasado 1º de marzo de 2015, estuve haciendo la cobertura para este diario del acto de asunción del mando, y una de las escenas que presencié al terminar el acto donde se cruzó la banda presidencial en la Plaza Independencia, fue una manifestación que le hizo un grupo de personas, ya ese mismo día, a minutos de haber asumido como mandatario, por la falta de viviendas que tiene un importante sector de la población.
En ese momento, los manifestantes, que ejercieron una protesta en buen tono hacia Vázquez quien los saludó sin comprometerse demasiado en ese momento, lucían una pancarta que rezaba el Artículo 45 de la Constitución de la República que decía: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Y además otro cartel señalaba “Cada uruguayo tiene derecho a su vivienda propia”.
Esto en realidad es así, cada uruguayo tiene derecho a tener su casa, su propiedad privada y que nadie se la quite, salvo las expropiaciones que se hacen por el interés nacional, pero que indemnizan y muy bien, a quienes (rara vez) se les expropia algo.
¿Pero cada uruguayo tiene derecho a tener su vivienda?, esto es así. ¿Se la debe proporcionar el Estado?, no, esto no es tan así. Tal como establece la norma constitucional, el Estado debe garantizar que todos tengan derecho, es decir, que puedan acceder a su vivienda ya sea por medios propios, a través del sistema cooperativo, por herencia, legado o donación, o por la manera que sea y una vez esto, debe proteger ese derecho a que la persona tenga derecho de poseer y disponer de ese bien.
Pero no quiere decir que es el Estado el que la tenga que proporcionar, sino, como dice el artículo de marras, debe propender a que cada uno pueda llegar a adquirirla. No obstante, si existe una política social determinada por un gobierno de construir viviendas para entregárselas como donación o venta, a bajo precio y financiadas en muy cómodas cuotas a las personas de bajos recursos, para que puedan alcanzar su derecho a la vivienda propia, algo con lo que estoy muy de acuerdo, eso no quiere decir que sea una obligación del Estado proporcionarle a cada uno una vivienda, sí una manera, fácil si se quiere, de acceso a la misma.
En el caso de las personas afectadas por las inundaciones, si la Intendencia de Salto junto al Gobierno nacional, entienden que deben buscar mecanismos para adjudicarle una vivienda en un lugar no inundable a las personas que pasan por esta situación, se trata de un Acto de Gobierno, previsto por el Derecho Público, que es preciso para esa situación particular y concreta.
Pero no quiere decir que como le dan una vivienda a una persona damnificada por la inundación, también me la tengan que dar a mi, que tengo la suerte de no estar atravesando por ese mismo problema.
Es bueno destacar que el Estado debe propender a que los uruguayos podamos acceder a nuestra casa propia, con planes fáciles, fomentando el empleo para que a través del mismo logremos también el acceso a la vivienda, pero no quiere decir que nos deban entregar una casa a cada uno. Cabe aclararlo y a su vez recordarle al Estado sus deberes con los ciudadanos.

HUGO LEMOS

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Algunos aspectos de la legítima defensa

hugo lemos

Hugo Lemos

El artículo 26 del Código Penal establece la Legítima Defensa, como medida que exime la pena, tema harto discutido por la sociedad, muchas veces sin fundamento. Mucha gente se pregunta si puede “defenderse” por lo general a los tiros, si alguien entra a su casa sin permiso y con fines espurios. Y si bien el espacio no nos permite desarrollarnos mucho, es importante decir que: la legítima defensa es el límite entre la lesión con intención a una persona y la necesidad de cometerla para evitar un daño inminente contra la integridad física del ofensor por el victimario.
Es decir, una cosa es herir a una persona, incluso causarle la muerte, por el solo hecho de que la persona ingresó a nuestra casa. Y otra muy distinta es hacerlo al cabo de que éste nos enfrentó, poniendo en riesgo nuestra integridad física, y es justo en ese momento, cuando no tenemos certeza de si nuestra vida corre peligro que actuamos para evitar ser dañados e incluso ultimados, respondiendo con violencia.
Pero además, hay ciertos elementos que establece la norma que deben ser cumplidos para cabalmente para que se den las circunstancias que determinan la legítima defensa como por ejemplo: la Agresión ilegítima, la Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. La Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, entre otras, y uno de los elementos que menciona el artículo 26 es la racionalidad del medio empleado para repeler el daño. Es decir, si el otro no tiene arma, yo no puedo invocar defensa asestándole varias puñaladas o dándole varios balazos, porque mi intención no se ajusta a lo que establece la norma, sino a la de cometer el daño por sí mismo. Cabría decir más, pero la seguimos la próxima.

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Los uruguayos pagamos tributos más caros esperando contar con más y mejores servicios

Los uruguayos comenzamos el año con un ajuste fiscal que se hace importante a la hora de hacer cuentas y sumar el gasto doméstico, el que ya venía saliendo bastante caro, con una inflación que trepa fácilmente al 10 por ciento y con

Hugo Lemos

Hugo Lemos

un incremento de las tarifas que hicieron enojar tanto a la cámara empresarial como a los trabajadores nucleados en el PIT CNT.
A eso le sumamos el hecho de que mientras los salteños pagan la Contribución Inmobiliaria, lo que también implica un voto de confianza a la actual administración para que junte dinero y arregle la ciudad, hay que juntar dinero para superar enero, el más largo de los meses del año. Pero veamos porqué el Estado nos impone pagar impuestos y en realidad qué significan estos para ley. El Código Tributario establece en el artículo 10 el concepto de Tributo y dice: que el “Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.
El tributo es lo que cada uruguayo paga para darle al Estado dinero con el fin de que nos lo devuelva en servicios, nos beneficie con sus acciones y los administre bien al punto que veamos que pagar los tributos es algo que lo vemos retribuido en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esto no es tan así. En Uruguay los tributos que se pagan son muchos en relación a los resultados que obtenemos. Por eso cuando le pedimos al Estado que nos lo devuelva en servicios, siempre estamos disconformes. La ley hace una salvedad y dice: “No constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión”, esto quiere decir que no son tributos, por ejemplo, cuando le compramos un teléfono celular a Antel o cuando compramos el combustible de Ancap. Pero la ley clasifica el tributo en especies y dice el Código Tributario en su artículo 11 que “Impuesto es el tributo cuyo presupuesto de hecho es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. Esto quiere decir que el impuesto es independiente de los servicios que nos preste el Estado, son cargas que debemos abonar por sí mismas, como cuando pagamos el IRPF, que es un impuesto a las ganancias sin importar los servicios que nos brinde o no el Estado. En tanto el artículo 12 habla de la Tasa y la señala como un tributo “cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo”. Esto es por ejemplo, la tasa que se paga para tener alumbrado público.
Se le denomina contribuciones, pero en realidad son tributos que se pagan al Estado, para que algún día tengan vuelta. Habrá que ver cómo, pero por ahora, habrá que seguir pagando.

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La ley de tránsito y su aplicación local

El respeto a las normas de tránsito están previstas en leyes generales como la Nº18.191 y en las reglamentaciones

Hugo Lemos

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departamentales, que lo que hacen es regir disposiciones generales. Pero las necesidades de cada localidad es tarea municipal, donde la Intendencia a través de la Junta Departamental acuerdan un decreto con fuerza de ley que hace obligatorio el cumplimiento estricto, o no, de lo que diga la ley nacional.
En ese caso, una de las cosas que estaba en discusión era la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, que para la ley nacional de tránsito sí era obligatorio, pero no era fiscalizado a nivel departamental y tampoco estaba reglamentado como obligatorio. De ahora en más, las nuevas resoluciones de la Intendencia de Salto, establecen la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, en consonancia de lo que indica la ley nacional de tránsito. Esto hace obligatorio su uso, ya que el gobierno local así lo ha impuesto tomando lo que dice una norma ya vigente pero no aplicada.
Esto está explicado en las disposiciones generales de la ley de tránsito Nº18.191 que dice en su artículo 10: “Las reglas de circulación que se incluyen en la presente ley constituyen una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito vehicular en todo el territorio nacional”. Y sostiene en el artículo 11 que “cada Gobierno Departamental adoptará las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento en su territorio” y advierte que “el conductor de un vehículo que circule en un departamento está obligado a cumplir las normas nacionales así como las vigentes en el mismo”.

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La novela de Macri y Cristina, y la independencia del Poder Judicial

La medida cautelar pedida por el presidente entrante de la República Argentina, Mauricio Macri contra quien hasta

Hugo Lemos

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anoche fue la mandataria de ese país durante los últimos 8 años, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un golpe de efecto político e institucional, que en cierta medida se contagia a la situación que vive por estas horas el Poder Judicial uruguayo con el Poder Ejecutivo de nuestro país.
Lo que ocurrió en Argentina por estos días, fue una pulseada política que terminó rayando en aspectos jurídicos. Algo que derivó en aplicar a rajatabla y en sentido estricto lo que establece la Constitución de la República de ese país, quizás como pocas veces porque hasta las leyes interpretativas muchas veces no establecen nada a cabalidad como lo hace una norma constitucional, donde haciendo un juego de niños, ambos mandatarios, la saliente y el entrante, disputaron qué interpretación le daban al asunto y si esto generaba la razón para que alguno de los dos, se terminara atribuyendo la razón sobre un punto inverosimil, si se tiene en cuenta lo que está en juego.
En ese sentido, Cristina Fernández repitió hasta el cansancio que lo que iba a hacer era aplicar la Constitución de la República y por eso el presidente entrante iba a tener que recibir los honores que lo investirían como tal, en el Congreso (sede del Parlamento) y no en la Casa Rosada, tal como acostumbran a hacerlo los mandatarios como símbolo de toma de mando del Poder Ejecutivo en los tiempos de democracia.
“Lo vamos a hacer tal como lo establece la Constitución”, repitió Fernández y se remitía a una interpretación estricta de la ley que establece que el 10 de diciembre el presidente electo debe prestar juramento ante el Congreso de la Nación. Entonces como nada dice de que después vaya a la Casa Rosada, donde acostumbra a esperarlo el presidente saliente para entregarle el bastón de mando, Cristina Fernández decidió no hacerlo y como si fuera poco tampoco concurrir al Congreso, entendiendo que la Constitución nada decía al respecto.
Tras la novelesca historia que todos conocimos a través de los medios de comunicación y hasta de los programas de chimento de ese país que son muchos, las cosas se hicieron pues a ese modo, es decir, interpretando cabalmente lo que decía la Constitución de la República Argentina.
En ese sentido, Mauricio Macri decidió solicitar ante la justicia, una medida cautelar que no le permitiera a Cristina Fernández violar la Constitución y entonces llegado las 00:01 del día 10 de diciembre, la anteriormente mencionada no podía estar ostentando el cargo de presidente.
Por lo tanto, Macri solicitó, amparado en una interpretación estricta de la Carta Magna (que en el caso de Argentina ha tenido tantas violaciones y atropellos, que hasta es buena cosa celebrar que ahora se exija una interpretación estricta y piedeletrista de sus nomas) que la justicia revocara el ejercicio de la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner a las 23:59 con 59 segundos del día de ayer 9 de diciembre.
A lo que haciendo también otra interpretación al pie de la letra de la Constitución de ese país, la jueza hizo lo propio e hizo lugar a la medida cautelar. Esto generó un cuestionamiento en el orden jurídico interno de ese país, acerca de si los usos y costumbres son o no son, fuente de derecho. A la vez de si los reglamentos, decretos y ordenanzas, tampoco lo son, como sí ocurre con el ordenamiento jurídico uruguayo, donde si bien la Constitución está por encima de todo, hay cierta flexibilidad en función del resto del cuerpo normativo, que puede dar una segunda mirada a las cuestiones que nos proponen las normas constitucionales.
En ese sentido, el Poder Judicial terminó jugando un rol decisivo y zanjando una discusión política entre dos mandatarios, lo que dejó demostrado que en Argentina la independencia judicial, es positiva su existencia y es un ejemplo que el Estado de Derecho, al menos en líneas generales, se respeta.
En Uruguay hace pocos días, el vicepresidente Raúl Sendic, le dijo al semanario Búsqueda, que el Poder Judicial tiene un complejo de “superindependencia”, algo que es buena cosa que exista y que así sea, porque el día que el Poder Judicial no funcione y piense lo contrario, creyendo que se debe a lo que diga el poder político, como dice el personaje Roberto en el cuento de María Elena Walsh, Dailan Kifki, “estamos fritos”.

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Asambleas gremiales en los lugares de trabajo

Desde que fue aprobada, la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical ha sido utilizada como una bandera que ha ponderado las actividades sindicales en todos los sectores de la actividad.

Hugo Lemos

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Y eso ha generado muchas veces algunas cuestiones en los distintos ámbitos que suscitaron inconvenientes y tires y aflojes innecesarios, por el incorrecto uso de esta herramienta legal, cuyo espíritu es tender a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de asociación de los trabajadores en pos de un fin común.
Es que una ley debe ser empleada para eso, para proteger derechos conquistados, para amparar una actividad determinada y no debería ser utilizada para otra cosa, como el caso de ejercer una cuota de poder que menoscabe el interés de otros.
Aunque la distorsión de esa herramienta o el abuso de la misma para determinados fines, como la objetable licencia sindical que muchos usan para no ir a trabajar en vez de utilizarla en los casos que realmente amerite hacerlo es lo que termina ahondando en conflictos que son innecesarios.
En ese marco, el artículo 8 de la presente ley detalla que “los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso. La dirección de la empresa o institución permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores o funcionarios de la misma. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la organización ni el buen aspecto de los locales”.
LAS ASAMBLEAS
Ese artículo 8, ha servido de fundamento para el caso de las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo se hayan limitado. En ese aspecto según la jurisprudencia en el tema, los convenios colectivos han sido los instrumentos habituales en el que las partes han llegado a acuerdos para estos casos.
Por tal motivo, en el caso de las asambleas gremiales, en distintos sectores de la actividad las mismas no pueden llevarse a cabo en momentos que el sindicato crea conveniente, paralizando la actividad del lugar, sin más. A excepción de casos donde haya una situación de gravedad que justifique una medida de protesta.
Empero, se ha acordado que en distintos convenios colectivos, que las asambleas en los lugares de trabajo se realicen con previo aviso por escrito del responsable del lugar de trabajo, jefe, encargado o propietario, para que se coordine día y hora para la fijación de una asamblea.
En ese sentido, las mismas están permitidas, pueden hacerse en los lugares de trabajo, pero deben ser acordadas con las patronales, jefes o encargados.

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La Violencia Doméstica ha ganado protagonismo en nuestra sociedad y la situación genera preocupación

La violencia doméstica es uno de los flagelos que más golpea a nuestra sociedad. La violencia intrafamiliar es producto

Hugo Lemos

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del rompimiento de códigos sociales y del resquebrajamiento de valores, lo que ha llevado a que esta conducta haya sido declarada como delito en Uruguay, lo que conllevó a la sanción de una ley y que pasara a ser ahora, el delito más denunciado en nuestro medio.
Los casos de violencia doméstica se han vuelto un grave problema, a partir de que de la violencia física hemos pasado a contar con un importante número de personas fallecidas por esta causa en el país.
Las denuncias por casos de violencia doméstica se han incrementado notoriamente, lo que ha ameritado incluso la transformación de los juzgados de Familia a los que se les ha asignado la competencia de Violencia Doméstica, con actuaciones de urgencia en estos casos y si amerita el hecho, por la gravedad del asunto, el mismo debe ser trasladado a la justicia penal.
Estos hechos también han ameritado que se disparara una red de trabajo entre la sociedad civil, debido a la conformación de redes de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema.
ASPECTOS NORMATIVOS
En ese sentido, el parlamento uruguayo sancionó la ley Nº17.514, donde tipifica como delito a la Violencia Doméstica, señalando en su articulado lo siguiente.
La norma de referencia comienza declarando de interés general las actividades orientadas a la “prevención, la detección temprana, la atención y la erradicación de la violencia doméstica”. Y establece además que las disposiciones de la presente ley “son de orden público”.
En tanto que en su artículo 2º, tipifica la conducta como delictiva y la describe. “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
Confirma que se trata de la acción u omisión que limite en forma ilegítima el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona y destaca un elemento que es presupuesto para que se hable de violencia doméstica y es el vínculo afectivo entre víctima y victimario.
Además enumera las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito, como A)Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B)Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.
C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.
D)Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
En otra parte de la ley, la misma establece mecanismos para asegurar la protección de la víctima. En ese aspecto sostiene el Artículo 9º, que “en toda cuestión de violencia doméstica (…) el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar”.
En ese marco, señala en el siguiente artículo que a esos efectos “podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar: 1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.
2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil. 3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.
4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.
5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos. 6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.
7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. 8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas. En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.

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Penalización de la interrupción de la tarea para los funcionarios públicos

hugo lemos

Hugo Lemos

Si viviéramos en un régimen reglamentarista, que cumpliera a rajatabla todas las disposiciones legales que se encuentran vigentes entre los códigos, los reglamentos, los decretos y todo el universo de leyes que han sido aprobadas por el parlamento nacional en el correr de los últimos tiempos, viviríamos en un caos legal, donde los conflictos pulularían en función de que hay muchas leyes que otorgan derechos contrapuestos a unos y otros grupos intereses, ya que en la mayoría de los casos se han olvidado de derogarlos al votar una ley que contradice la anterior.
Menos mal que hasta ahora ha primado la cordura y evitamos el derramamiento de sangre, donde además de la normativa vigente, las mismas se apoyan en fundamentos y principios del derecho, lo que determina que la acción aplicada tenga respaldo y no pueda ser fácilmente rebatida.
Me refiero a que por ejemplo el otro día, hablando del proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que tantos líos en distintos ámbitos viene causando, mientras charlaba con un reconocido abogado que visitaba ocasionalmente Salto, sobre el impacto que tendrá la aprobación del articulado que refiere al acceso de los medicamentos de alto costo entre la población en el caso de que no haya mayores problemas, el jurista, muy de izquierda él, me decía que le “dolían” ese tipo de pensamientos que se plasmaban en una ley y que olvidaba el espíritu protector, garantista y hasta paternalista que tenía desde el génesis dogmático la izquierda en todo el mundo.
Y como ejemplo me trajo a colación algo que me dejó perplejo. Me dijo: “¿sabía usted que la huelga de los funcionarios públicos es considerada un delito en el Uruguay? Está en el Código Penal, búsquelo, va a ver. Por suerte priman los principios constitucionales y las leyes que han sido sancionadas han ido en esa dirección, sino caeríamos en una dictadura”, comentó.
En definitiva busqué y encontré el artículo que va a contrapelo de todos los preceptos constitucionales y legales que regulan el derecho a la huelga en nuestro país y que protegen además, esta práctica y sus extensiones como brazos ejecutores de la medida de presión para alcanzar acuerdos en el mundo de las relaciones laborales.
TEXTO EXPRESO
En ese sentido, el artículo 165 del Código Penal, que está ubicado entre los Delitos contra la Administración Pública dice: (Abandono colectivo de funciones y servicios públicos de necesidad o utilidad pública). “Los funcionarios públicos que abandonaren colectivamente la función, en número no menor de cinco, con menoscabo de su continuidad o regularidad, serán castigados con pena de tres a dieciocho meses de prisión”.
Es decir, el referido código señala que en el caso que los funcionarios públicos abandonen su tarea en forma colectiva afectando la continuidad de la labor (paros por 24 horas o parciales por ejemplo) o su regularidad, es decir paros semanales, cada dos días o por tiempo indeterminado, los trabajadores del Estado serán sancionados penalmente con el tiempo previsto en el referido artículo.
Esta norma, va a contrapelo con todas las disposiciones nacionales que garantizan a la medida de huelga como un derecho indiscutible que tiene el trabajador para hacer valer sus reclamos.
Y ese respaldo legal va desde la Constitución de la República hasta una ley que refuerza ese concepto y es la Nº17.940 de Promoción y Protección de la Libertad Sindical.
Ahora la pregunta surge, si habiendo una huelga de los funcionarios públicos y se vieran suspendidos los servicios como ya ha pasado, y a un Fiscal o a un Juez Penal se les ocurre actuar de oficio, o a un ciudadano enojado con la interrupción del servicio, se le da por presentar una denuncia penal invocando esta norma ¿qué hace el juez?
Seguramente habrá argumentos legales de sobra como las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas, para que un magistrado no aplique ese artículo del Código Penal. Pero que esta situación genera rispideces, dolores de cabeza y una yuxtaposición de normas legales vigentes que son contrapuestas entre sí, dando lugar a un mamarracho jurídico del que nadie ha advertido hasta ahora, es así. Ojalá haya madurez suficiente como para tomar cartas en el asunto y derogar el artículo 165 del Código Penal que en los tiempos que corren, su vigencia es una vergüenza.

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El Poder Judicial carece totalmente de autonomía

La independencia técnica del Poder Judicial en cuanto a sus actuaciones son una realidad, pero cuando hablamos de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

autonomía, estamos frente a un mito, al menos en nuestro país y eso en cierta medida opera en desmedro del Estado de Derecho, que en el caso uruguayo, como en la mayoría de los regímenes democráticos no debería ocurrir.
Nuestro régimen republicano de gobierno tomó para sí la teoría del Barón de Montesquieu, uno de los iluminados de la época de la Ilustración en el Siglo XVIII en Francia, el cual establecía que en un Estado deben existir tres poderes autónomos e independientes entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y dijo Montesquieu en 1784: “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará Poder Judicial; y el otro, simplemente, Poder Ejecutivo del Estado (…)”.
Sin embargo, esta premisa que determinó la composición de un Estado democrático no se cumple, porque en el Uruguay el Poder Judicial depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo para dos cosas sustanciales que hacen a su funcionamiento.
El Ejecutivo tiene incidencia directa sobre el Poder Judicial porque le fija la manera en que va a funcionar, ya que es el encargado de repartir el dinero que entra a las arcas del Estado y decide cuánto le da al Poder Judicial. Es decir, es el que reparte y el que decide qué dinero va para cada rincón del Estado.
Si entiende que la justicia debe funcionar con 10 pesos, le da 10 pesos y si entiende que es mejor darle 20, también se los otorga. No es el Poder Judicial el que elabora su propio presupuesto y remite al Ejecutivo sus necesidades con la finalidad de que las mismas sean contempladas y respetadas algo que debería ser así si nos basamos en su naturaleza y por ende respetáramos su autonomía. Por el contrario, sus peticiones ni siquiera son tenidas en cuenta. Eso es más que ignorar a un Poder del Estado, es desconocerlo.
Por otro lado, el Poder Legislativo es el que termina decidiendo cuánto dinero tendrá para su funcionamiento el Poder Judicial y en ese aspecto. cómo va a seguir funcionando por el resto del período. Pero además, el Legislativo hace algo más complejo aún, es el que fija quiénes serán las autoridades de ese poder del Estado, porque es el que aprueba los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Encima lo hacen por acuerdo político, ni siquiera deciden ese delicado tema basados en una cuestión de trayectoria.
En ese aspecto, el Poder Judicial no solamente carece de autonomía para fijar su presupuesto, sino que además depende de que el poder político le elija a sus autoridades. Las cosas están mal hechas y así han sobrevenido los distintos gobiernos sin meterle mano al asunto. Es algo que está tan mal, como un artículo del Código Penal que deja entrever que la huelga de los funcionarios públicos son un delito, pero de esta cuestión, hablaremos la próxima semana.

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La actuación de la Dra. Larrieu traduce la independencia del Poder Judicial uruguayo

La independencia es uno de los principios que rigen la labor judicial, tanto desde ese poder del Estado, como desde el Ministerio Público y Fiscal, que aún estando bajo la órbita del Poder Ejecutivo, mantiene la independencia en sus

Hugo Lemos

Hugo Lemos

criterios a la hora de elaborar un dictamen en un caso que se está dilucidando sin importar quién sea el acusado.
Uruguay está entre los cinco primeros países del continente con independencia judicial, lo que habla a las claras del cumplimiento del principio de separación de poderes, que en este caso se cumple desde el plano de la acción de los magistrados, algo que debería ser natural en cualquier república, pero dado el contexto regional, la situación de nuestro país es prodigiosa.
¿A qué viene todo esto? A que cuando la Suprema Corte de Justicia decidió el traslado de la entonces jueza penal, Mariana Mota, a una sede civil, la misma fue cosificada como un emblema de la lucha por los derechos humanos desde el ámbito judicial, ya que además la magistrada de marras había participado de una de las ediciones de la Marcha del Silencio, que cada 20 de mayo se hace en el país, en memoria por los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar.
Esto en realidad hizo que interfiriera el principio de imparcialidad al que debe ceñirse estrictamente por su rol de jueza de casos de desaparecidos, colidiendo con su fuero subjetivo, lo que podría teñir de prejuzgamiento alguno de sus dictámenes.
Empero, tomando en cuenta que ese traslado de la jueza Mota de la materia penal a la civil es algo habitual entre los jueces y que ni la propia Mariana Mota esperaba haber tomado un protagonismo de esa envergadura ante los activistas de derechos humanos, al punto que todos recordamos aquella manifestación de la organización radical Plenaria Memoria y Justicia, entre los que se encontraban celebridades como Irma Leites o Jorge Zabalza, que intentaron ocupar el Palacio Piria donde funciona el máximo órgano del Poder Judicial.
Tras cartón, apareció una discreta y hasta desconocida para los medios de comunicación, jueza Beatriz Larrieu, la cual había ejercido antes en Salto y en Colonia, como destacadísima magistrada, de buen trabajo, independiente, compromiso con la función y sumamente correcta a la hora de tratar con los medios de comunicación, siempre con un discurso coherente y contundente.
Desde que asumió su función como jueza penal de 7º turno de la capital, Larrieu, a quien todos recordamos en distintas actuaciones de casos sonados en nuestro medio, se ha destacado por su desempeño en diferentes casos vinculados a la violación de los derechos humanos.
Entre ellos el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix, quien al conocer la decisión se suicidó en su propia casa, así como también en el último caso de esta misma índole donde tras un allanamiento a un domicilio, incautaron una voluminosa información sobre la dictadura (1973-1985) en un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni.
“El allanamiento se produjo a solicitud del denunciante en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006. El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo”, según informó la página web del Ministerio Público y Fiscal (www.fiscalia.gub.uy)
Si bien a Beatriz Larrieu ninguna organización de derechos humanos le ha hecho un reconocimiento a su labor como en el caso de su antecesora, la misma demuestra que el Poder Judicial se desempeña con total independencia, ya que si su puesto hubiera sido una “movida política” para parar la mano con las detenciones a los responsables de los delitos de lesa humanidad en el Uruguay, tal como argumentaban los ultras, los resultados de las actuaciones de esta magistrada habrían sido muy diferentes.
Pero en definitiva, al ciudadano de a pie le queda con estas actuaciones la garantía de que el Poder Judicial de nuestro país se maneja con independencia, lo que por el momento lo hace merecedor de confianza.

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La nueva Ley Antilavado, es claramente una reacción del Estado a los tiempos que corren

Lo que establece la ley Nº18.494 del 2009 deja claro cuál es el objetivo del país en relación a la posibles maniobras

Hugo Lemos

Hugo Lemos

económicas con dineros que procedan de hechos ilícitos.
En el caso de Salto, siendo un departamento de frontera y que tiene un importante flujo de comercio informal y en ese sentido de delito trasnacional, con la existencia de personas que se han dedicado al contrabando, generando ganancias, la actuación de la Justicia con respecto a este tema es por lo menos inminente.
En ese sentido, la ley establece que “todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.
La ley lo que establece en cierta medida es la obligación de denunciar ante el Estado, este tipo de casos y en ese marco ahora empieza a darse con más profundidad, la discusión sobre la responsabilidad en la que podrán incurrir determinados profesionales, como los contadores, escribanos, abogados o procuradores que en conocimiento de este tipo de hechos, no formalicen su denuncia.
“También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294 (que regula el tráfico de estupefacientes) -incorporados a la Ley Nº 17.016 (actualización de la ley de estupefacientes), y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley (El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual), la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aún involucrando activos de origen Iícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la que habla sobre financiar cualquier actividad terrorista.
En un mundo alarmado por los hechos de violencia, leyes como la de lavado de activos cobran especial significación y siendo Uruguay una plaza financiera que además pondera algunos aspectos que a estos efectos pueden resultar negativos como el secreto bancario, la vigilancia estatal deberá poner entonces cada vez más, al delito trasnacional como el contrabando, bajo la lupa.

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La culpa es de los “tira piedras”

En el año 2006, cuando el entonces y actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, emitió el Decreto

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Nº156/2006 que reconocía a la ocupación como extensión del derecho huelga (amparado en el artículo 57 de la Constitución de la República), algo hasta el momento visto como de dudosa legalidad, fue un hito para los trabajadores quienes sentían que ganaban varios rounds atrasados con las patronales, lo que en ese sentido aumentó la ola de protestas.
Este decreto vino en tiempos donde campeaba la conflictividad sindical por haberse generado un nuevo escenario en el mundo de las relaciones laborales a partir de la llegada de la izquierda al poder, la que contaba además con un parlamento compuesto por muchos exdirigentes sindicales, quienes en una escalada por incidir en la sociedad del modo al que hasta ese momento no lo habían logrado, aprobaron una andanada de leyes a favor de los trabajadores, buscando equilibrar según su concepto, a las partes en la balanza.
Esto último aún está en duda, porque muchas leyes son de una dualidad tal que han llegado a generar un desequilibrio en muchos casos, los que han ameritado conflictos irracionales y problemas en los que quienes terminaron perjudicándose, han sido los trabajadores. Entonces fue el gobierno de José Mujica, el que puso un freno a lo que por entonces se consideraba que había un atropello de parte de ciertos sindicatos y el decreto derogaba en parte lo aprobado por Tabaré Vázquez en relación a los edificios públicos.
El decreto de Mujica reafirmaba el concepto esgrimido por su antecesor y a la postre también sucesor, de que la ocupación de los lugares de trabajo son una medida que se reconocen como una extensión del derecho de huelga. Pero establece específicamente que no se permiten las ocupaciones a los edificios públicos, haciendo una excepción en este reconocimiento, por la invocación de uno más importante que el derecho laboral, como son los derechos humanos.
Y en ese aspecto el argumento es que si un edificio público es ocupado, se están violando sistemáticamente los derechos humanos del resto de la población que pretende acceder a los servicios que esa institución pública que funciona en ese edificio, le presta a la sociedad.
Con ese argumento, cada vez que hay una ocupación en un edificio público, como el ocurrido por los estudiantes de Secundaria en la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el mecanismo legal es uno solo, las autoridades denuncian el caso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, éste concurre al lugar de los hechos, negocia una salida, labra un acta y en caso de que no haya acatamiento de parte de los ocupantes, la Policía procede al desalojo por la fuerza.
Este es el procedimiento legal, el cual fue emitido por el gobierno de José Mujica, un presidente con doctrina de izquierda pero que actuó con pragmatismo y liberalidad absoluta y que aún está vigente.
Ahora, tras lo ocurrido, la pregunta surge ¿los estudiantes debieron acatar la orden de desalojar el local del Codicen o se estaba atacando su derecho a la ocupación del local en el marco de la lucha de los gremios estudiantiles con el gobierno por el presupuesto para la educación? No hay dos respuestas posibles sino una sola, debieron acatar la salida del edificio público y tenían derecho a mantener su protesta fuera de él, en la calle, en la plaza pública, en la vereda o dónde quisieran.
Pero no conforme con esto, generaron hechos de violencia que nada bien habla de los valores que como estudiantes se supone que tienen. Que había infiltrados y organizaciones ultras dando manija y despreciando a las instituciones, la vida de los policías y la integridad física de los propios estudiantes, claro que sí, los vimos todos por televisión.
¿La Policía estuvo mal en reprimir? Nadie que confíe y crea en el Estado de Derecho como garantista y tutelador de los poderes públicos, en pos de la paz social y la convivencia pacífica, puede estar de acuerdo con los actos de violencia y con la represión policial, pero hay algo claro, la violencia no partió de la Policía sino de un grupo que se opuso al acatamiento de una norma vigente que ampara un derecho superior que el derecho de huelga, pero que a la vez no lo priva, ni tampoco priva al de la libertad de expresión (art. 29 de la Constitución), ni mucho menos menoscaba la protesta que motivó esa ocupación.
¿El Estado es responsable por lo que pasó? Si hay heridos que no fueron parte de los incidentes y resultaron en ese estado por parte de un funcionario público, sí. De lo contrario no, no es responsable porque hubo un acto de violencia hacia las instituciones y hacia los funcionarios que la representan.
Y lo hubo por parte de un grupo de personas, que a esta altura, no se sabe quiénes son, más que unos tira piedras, que los gremios docentes, nunca pudieron haber defendido, porque están avalando la debilidad y la marginalidad de los estudiantes del sistema público. Y esto es lo que marca cada vez más la fragmentación social a la que lamentablemente estamos asistiendo en nuestro país.

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El caso Cavani es producto de un tecnicismo, aunque cueste creerlo

hugo lemos

Hugo Lemos

Hay que reconocer una cosa, la justicia debe ser la última reserva moral de la institucionalidad de los países y para ello debe ser despejada de toda duda que pueda albergar su accionar en los distintos casos en los que debe actuar. Más allá de esto, la gente no entiende cuando hay cosas que se cumplen de manera rigurosamente técnica, con total apego a la ley vigente y que si en todo caso, aún así las decisiones causan rechazo de la opinión pública, la queja debe apuntar al Palacio Legislativo y no al Poder Judicial, porque en definitiva los jueces son aplicadores de las leyes que los parlamentarios aprueban.
El caso del padre del futbolista Edinson Cavani fue uno de los hechos que generó opiniones encontradas en la sociedad y está bien que la gente valore los fallos judiciales, porque en cierta medida eso implica ejercer un control sobre la actividad judicial, lo que importa por otro lado que los operadores de la justicia actúen con mayor transparencia.
Pero atendiendo este caso en particular, el hecho de que Luis Cavani, quien había sido procesado por un homicidio culposo (es decir sin intención de cometerlo, sin dolo, pero responsable al fin de la muerte de una persona por causa de un accidente) fuera liberado 82 días después, es un tecnicismo que tiene que ver con que los rigores técnicos aplicables a los encausados con esa tipificación delictiva, pueden terminar con la medida cautelar impuesta como es la prisión preventiva, por sus características personales, que es en definitiva, lo que se juzga en materia penal.
Cuando una persona es enjuiciada, se juzga el acto cometido, la voluntad que determinó la acción del sujeto, las características de la personalidad del mismo y su peligrosidad para volver a consumar un hecho dañoso para la sociedad.
En el caso del sujeto de marras, su sujeción a la situación jurídica en la que se encontraba y disposición a la sanción legal por admitir su inconducta y confesar plenamente su actuación en este caso, además de incluso aportar otros elementos para ser contemplados por la justicia y para que no quedaran dudas de su culpabilidad, fueron favorables en cierta medida para no albergar dudas de que se trata de una persona que puede cumplir sanciones estando en libertad ambulatoria, pero que aún así deberá cumplir con medidas alternativas a la prisión porque el juicio en su contra continúa.
La discusión acerca de si una vida vale menos que un objeto y por eso hay robos o rapiñas que son castigados con más tiempo de prisión preventiva que los casos de homicidio culposo, son otro kiosco y deben debatirse en los ámbitos parlamentarios, como para poder generar una modificación de las leyes, lo que permita que se valoren de otra medida este tipo de casos.
Pero ciñéndonos a este caso puntual, todos los casos de homicidios culposos donde los autores son primarios absolutos y no cuentan con antecedentes, son penados con corto tiempo de prisión preventiva, porque se entiende que la prisión no es la medida adecuada como para castigarlos, ya que poco aportan a la situación real de gente que no tiene perfil criminal ni está involucrada con el ambiente delictivo.
En ese sentido, puede decirse que en el caso Cavani haya valido la individualización de la persona y se haya tomado en cuenta su conducta en la vida personal, lo que determina que esta persona tuvo una actitud impropia en un momento determinado, pero que no tuvo voluntad de llegar a ese estado en el que no podía conducir, ni que tampoco quiso causar un accidente.
En la mayoría de los casos es así, los homicidios culposos no son castigados en forma severa, ya que cargan implicaciones emocionales propias del hecho cometido para el autor, que debe soportar además el peso de haber quitado una vida y sufrir en determinados ámbitos la vergüenza social por haber cometido tal situación.
La gente debe interiorizarse del funcionamiento de la justicia y tener en cuenta que los tecnicismos son complejos y nunca bien entendidos. Pero también que los jueces no cobran al grito de la tribuna, aunque a veces se equivocan y mucho, empero no parece ser este caso, donde incluso el encausado sale de la cárcel con el estigma de ser el padre del famoso futbolista que fue procesado, y cuya noticia recorrió el mundo, así que a donde vaya y sea reconocido como el progenitor del referido deportista, su nombre estará lamentablemente asociado al reprochable caso que lo hizo ser portada de varios medios de comunicación nacionales y extranjeros y eso ya es una sanción social imborrable.
El resto de las debilidades del sistema, son un harto complejo que deben ser subsanadas con un nuevo proceso que genere más garantías y menos dudas en éste y en todos los casos.

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Los Fiscales avanzan un puesto en el camino hacia su anhelada independencia

Cuando actúa un fiscal en una causa contra el Estado, que es el jefe, siempre se le miraba el pelo a sus investigados porque se presumía que si se actuaba contra el Poder Ejecutivo, el fiscal no iba a rascar hasta el hueso porque su superior jerárquico inmediato, el ministro de Educación y Cultura, podía tratar de impedir el avance de una causa.
Aunque esto era improbable que ocurriera, la manera que tenían las autoridades de incidir en lo que terminaría siendo un mal desempeño de un fiscal en una causa, era la carencia de recursos con los que contaban estas dependencias.
Porque para un ministro de Educación y Cultura, con esos dos temas tenía para entretenerse los cinco años que podría durar su gestión y encima, le metían al Ministerio Público y Fiscal bajo su órbita, todo terminaba siempre en lo mismo “no tener previsto ni siquiera asomarnos por la ventanilla de la oficina del Fiscal de Corte, ellos sabrán cómo manejarse”, como me dijo el entonces subsecretario de Educación y de Cultura, en el 2005, Felipe Michelini.
Y quizás ese haya sido hasta ahora el mayor problema del Ministerio Público y Fiscal, son los abogados que defienden las causas públicas en nombre del Estado, pero a su vez estaban supeditados al Poder Ejecutivo que les podía decir sí o no a muchas cosas, por más que en los papeles éstos tuvieran “independencia técnica”.
Pero en estos días hubo un avance bastante importante para que los fiscales logren esa anhelada independencia. Una ley aprobada recientemente, la Nº19.334, creó la figura de la Fiscalía General de la Nación, que si bien “debe relacionarse a todos los efectos” con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, según dice la ley, crea la figura de un director general de fiscalía que en cierta medida hará valer la carrera funcional de magistrados y funcionarios a través de un área con sentido propio.
Crea el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación y en ese marco propone un nuevo orden de jerarquía para la organización administrativa y hasta salarial de sus funcionarios que hace bien y es positiva para que los fiscales, que son los que se verán como protagonistas de la escena de los hechos y su figura cobrará especial relevancia a partir de la implementación del nuevo proceso penal, tendrán al menos una independencia que les hará bien para sentirse parte de sí mismos, antes de no ser parte de nada concreto y de que nadie bregue por ellos, más que ellos mismos y el fiscal de Corte de turno.
Por eso creo que es saludable que la Fiscalía General de la Nación sea creada por ley como un servicio descentralizado, independiente en su rol jerárquico del ministro de Educación, algo que no debió ser nunca.
Ese relacionamiento entre un magistrado y el poder que gobierna el país, es justamente lo que se propuso erradicar por parte de Montesquieu en el Siglo XVIII, con el principio de separación de poderes, pero el fiscal sigue siendo un bicho raro, no es independiente del todo, pero tampoco es dependiente del Poder Ejecutivo, aunque esa nueva denominación, ayudará a que tomen riesgos y maduren actuando sobre sus pasos y tomando riesgos para sí.
Por eso saludo que ahora ese rol de autoridad dentro del Ministerio Público tenga un grado más de autonomía y esperamos que eso redunde en beneficio para el justiciable que en definitiva es el destinatario de sus actuaciones.

HUGO LEMOS

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Transparencia judicial: primero en casa

hugo lemos

Hugo Lemos

Uno de los postulados que aparecen implícitos dentro del principio de publicidad del proceso, que consagra el artículo 7º del Código General del Proceso (CGP), es el de la transparencia del sistema judicial.
Si bien la publicidad del mismo está exceptuada por razones de interés general y por cuestiones que el juez de la causa entienda que deban reservarse para proteger a los involucrados de un caso en particular, tal como lo establece la norma, no debería haber mayores limitaciones para el acceso público al sistema judicial.
En el caso de que así lo entiendan los propios funcionarios que hasta ahora son los responsables de las cortapisas que tiene la población para acceder a informarse de cómo funcionan los procedimientos, le hará mucho bien a toda la administración de Justicia por haber sido hasta ahora muy reservada en sus actuaciones, lo que ha generado que se mantenga una distancia importante con la población, pese a ser un poder del Estado y por lo tanto ha generado incluso una distancia imperdonable y hasta perniciosa con los justiciables.
Pero el principio de publicidad, cuyo espíritu es que la población pueda acceder a las actuaciones de la justicia en forma libre e irrestricta, salvo como lo mencionábamos debido a las reservas especiales que impongan los magistrados en distintas causas por razones debidamente justificadas, pretende imponer un concepto de transparencia ante la población de parte de la administración de justicia, para generar confianza de parte de la gente hacia el Poder Judicial.
Este concepto de transparencia, es el mismo que se busca desde los propios órganos judiciales cuando desde la Suprema Corte de Justicia se instala una División de Comunicación Institucional y se instituye la figura del Vocero, para dar a conocer a la opinión pública las actuaciones de los magistrados en los procesos en curso, o como lo que está haciendo ahora el Ministerio Público y Fiscal, que está preparando a los fiscales para que dejen de ser una suerte de funcionarios públicos inmaculados y bajen a tierra sus actuaciones, hablen con la prensa y a través de ello, le cuenten a la gente qué es lo que hacen, cuál es su función, porqué actúan de determinada manera y en qué casos vienen actuando.
Es que en definitiva a todos ellos, jueces y fiscales, actuarios y receptores, funcionarios administrativos y porteros, la sociedad les paga el sueldo y los recursos materiales con los que trabajan, y es la misma sociedad a la que muchas veces le niegan información sobre lo que hacen o le coartan el acceso a los juicios y a los expedientes en trámite, restringiendo y menoscabando la anhelada transparencia del sistema que los propios operadores pretenden lograr.
Y la cosa va más allá, porque a través de todos los mecanismos que mencionamos que tienen como cometido generar la transparencia en el sistema judicial, es que la sociedad aprenderá a tener cultura cívica para participar de los procesos judiciales y aprehenderlos como algo importante para la vida en un Estado de Derecho. Ya que con el acceso real a la administración de justicia por parte de la población se generará cultura de participación y respeto a las decisiones de las instituciones judiciales.
Por lo cual esto, hará más fácil que cuando se instaure el nuevo proceso penal, que algún día tendrá que hacerse sin mayores postergaciones, y se habiliten los juicios orales y públicos, los asistentes, sean familiares o amigos de las víctimas o de los victimarios, o simples curiosos, no generarán disturbios y permitirán el desarrollo del proceso proyectado con total normalidad, como ocurre en las sociedades más avanzadas. Pero por algo hay que empezar cuando se habla de transparencia del sistema judicial y en este caso, es por casa.

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¿Derecho sindical vs. Derecho a la educación?

La declaración de esencialidad de un servicio no está regulada ni por la Constitución de la República, ni por ley alguna que la establezca. Pero a juzgar por lo que se considera como servicio esencial en nuestro país, a excepción de la seguridad y la salud, el resto puede verse comprendido por una cuestión de interpretación como un servicios esencial. La situación que vive el sistema educativo por estos momentos traduce a todas luces que el derecho a la educación queda relegado ante el derecho a la huelga de los trabajadores, en este caso de los del sistema educativo público.
Pero desde que empezó su gobierno y aún en campaña electoral, Tabaré Vázquez, que le debe todo lo que es a la educación que recibió y que él mismo se forjó, se comprometió a “cambiar el ADN” del sistema de educación público, porque reconoció que no funciona bien. Empero, ante una escalada sindical sin precedentes en un gobierno de izquierda, donde le piden más dinero para un sistema en el cual él no confía en sus resultados y está en desacuerdo con su funcionamiento, el presidente decreta la esencialidad, porque cree que en Uruguay la educación debe ser así, esencial. Pero choca con los docentes y estudiantes que aspiran a llegar a ser docentes, que creen lo contrario y repudian la medida considerándola dictatorial por querer obligarlos a trabajar en las mismas condiciones salariales y demás, con las cuales no están de acuerdo. Entonces ¿qué debe primar? La libertad sindical o el derecho a la educación. Por ahora prima lo primero y en ese marco, recordamos dónde está, o al menos donde dice estar, garantizada la educación para todos los uruguayos.
EN LA CONSTITUCIÓN
El artículo 68 de nuestra Carta Magna dice que “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos (esto último ¿podría comprender la esencialidad? Es lo que se discute). Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.
El artículo 69 establece: “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”. El artículo 70 sostiene: “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial (…) La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones (aquí también podría caber el decreto de esencialidad del Poder Ejecutivo).
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 18.437
En su artículo 1º dice que “La educación como derecho humano fundamental. Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa (¿cabe por esta interpretación la esencialidad?).
En su artículo 2º dice que “Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna”. Y el artículo 4º de la misma ley sostiene que: La educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”. Para la ley, la educación es importante y un elemento esencial, pero se siembra la duda de la prevalencia de esto ante el derecho a la huelga y del reclamo de los trabajadores en ella involucrados.

HUGO LEMOS

 

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Los trabajadores rurales y los derechos adquiridos

Tras la escalada sindical que se viene llevando adelante desde los últimos tiempos en función de un año que se

Hugo Lemos

Hugo Lemos

presenta como clave, para definir el rumbo de las relaciones laborales en nuestro país, en el marco de la diferencia que se presenta entre los trabajadores y los empresarios, el capítulo referido a los derechos adquiridos por los trabajadores rurales gana especial relevancia. En ese aspecto, el decreto 216/012 del año mencionado, determina ciertos derechos adquiridos, que cambiaron de manera sustancial la relación laboral existente entre estos trabajadores, postergados en su momento y los empleadores del sector rural.
DEFINICIÓN
En su artículo 1, el decreto mencionado define a los efectos de la presente reglamentación que, se entiende por empleador rural a toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa. Y por trabajador rural a todo el que bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones.
SALARIO
Respecto al concepto de Salario: el artículo 2, señala que, todo trabajador rural tiene derecho a percibir una retribución mínima por su trabajo que le asegure la satisfacción normal de sus necesidades y las de su familia. El artículo 3 indica que el salario mínimo para los trabajadores rurales será establecido por actividades y categorías por los Consejos de Salarios respectivos, o en su defecto, por el Poder Ejecutivo. Los salarios mínimos se pagarán en dinero, no admitiéndose deducción alguna por suministro de alimentación y vivienda ni por la utilización de tierras en beneficio del propio trabajador.
OTRAS PRESTACIONES
El artículo 4 del decreto mencionado establece que “además de la paga por concepto de retribución salarial el empleador suministrará al personal que trabaje en su establecimiento, como también a su familia (cónyuge, concubina o concubino, hijos y padres) cuando vivan con él, condiciones higiénicas de habitación, agua potable y alimentación suficientes así como los elementos necesarios para iluminación, aseo y preparación de sus comidas. El personal tiene la obligación de mantener y conservar los medios puestos a su disposición para atender tales necesidades. El derecho de alimentación y vivienda cesa para los descendientes al cumplir éstos 21 años de edad, y a los 18 años, si poseyeren medios de vida propios suficientes para la congrua sustentación (esto es un trabajo propio). Asimismo se expresa que “la actividad que desarrollará el trabajador en el establecimiento, la remuneración que percibirá y la forma de hacerse efectiva, deberá establecerse en la documentación laboral obligatoria”, para lo cual deberá entregarse documentación detallada al trabajador de las prestaciones que percibe con la finalidad de mantenerlo debidamente informado sobre el cumplimiento de la relación laboral. Por esa razón, el artículo 6 establece que se entiende a los efectos de esta reglamentación como alimentación suficiente, el suministro de por lo menos tres comidas al día, que contengan variedad de alimentos, esto es: leche, carne, fideos, arroz, huevos y pan o galleta. Se proporcionará además hortalizas, legumbres y frutas. En sustitución del pan o galleta pueden suministrarse boniatos. Las comidas serán servidas a la hora de costumbre, según la práctica rural, en proporciones abundantes con la variedad enunciada y conforme a las posibilidades del medio. Además advierte el artículo 7 del referido decreto que “todo empleador rural tendrá la obligación de destinar a huerta, un lugar adecuado a tal fin en las proximidades de las instalaciones donde se preparan los alimentos. Deberá asimismo, plantar árboles frutales y destinar un lugar adecuado para la cría y mantenimiento de aves. Las obligaciones precedentes podrán suplirse con el mantenimiento de una despensa permanente donde existan las variedades establecidas, en virtud de la proximidad de centros poblados, de distribución o producción de tales alimentos”.
En la próxima entrega de nuestra sección “Leyes de mi País” seguiremos detallando los derechos adquiridos por los trabajadores rurales.

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