El derecho de huelga y la ley 19.051

El derecho a la huelga, regulado y garantizado en Uruguay, tanto por la Constitución de la República que lo

Hugo Lemos

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reglamenta, como por normas específicas que regulan las diferentes modalidades y extensiones de este derecho. Particularmente hoy estamos asistiendo a una jornada de huelga, decretada por el PIT CNT.
¿Pero cómo afecta esto la situación laboral de quienes practican la huelga?
Según un estudio publicado por el prestigioso estudio jurídico uruguayo, Guyer & Regules, la práctica de la huelga por parte del trabajador, afecta el beneficios tales como el presentismo y en ese sentido, según la ley Nº19.051, el mismo se ve afectado al ejercer el derecho de huelga. El artículo de Guyer & Regules identifica al presentimos como “un beneficio salarial, que no tiene origen en la ley sino generalmente en la negociación colectiva, o en algunos casos es otorgado por la empresa unilateralmente. El beneficio premia la asiduidad de los empleados.
Pero el estudio sostiene que como a partir del 24 de enero de 2013 “comenzó a regir la Ley 19.051, según la cual las ausencias por huelga en cualquiera de sus modalidades, generarán el descuento proporcional del presentismo u otras partidas vinculadas a la asiduidad, pero no su pérdida íntegra. Esto significa que deberá prorratearse el valor total del beneficio según las ausencias por huelga que existieron en el período de generación del mismo”.
Algo que en cierta medida sigue protegiendo ese beneficio como conquista social, pero a su vez otorga cierto derecho al empleador de ejercer el descuento porque el trabajador practica su derecho a hacer paro.
El prestigioso estudio jurídico sigue señalando que “en el caso de un empleado mensual, deberá tomarse el monto del presentismo a que el empleado hubiera tenido derecho y sustraerse de dicho monto tantos treintavos como ausencias por huelga haya registrado el empleado en ese mes. El descuento se efectúa en base a treintavos, dado que se entiende que el salario de los empleados mensuales remunera 30 días de trabajo”.
Sobre qué ocurrirá en el caso de que la empresa realice descuentos del presentismo en infracción con la normativa de marras. Guyer dice que “si el Ministerio de Trabajo constata una infracción, podrá aplicar sanciones como amonestaciones, multas -según la gravedad, entre los importes de uno a ciento cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador involucrado en la infracción- y la clausura del establecimiento hasta por 6 días, que se considerarán trabajados a todos los efectos. También los empleados podrán reclamar judicialmente el pago del beneficio en forma correcta”.
Pero también se plantea otro escenario. Y es ¿qué sucede con los convenios colectivos que establecían una forma diferente de descuento?
Dice el trabajo analizado que “la ley no lo resuelve a texto expreso. Al aprobarse la nueva normativa, podría entenderse que los convenios colectivos que regulaban el presentismo estableciendo que el mismo se perdía íntegramente frente a ausencias por huelga fueron derogados por la Ley, por lo que el beneficio seguirá vigente pero el descuento deberá realizarse de acuerdo a la normativa”.
Y por último en el trabajo realizado por los profesionales del mencionado estudio se preguntan ¿puede establecerse la pérdida total del beneficio frente a otros casos de ausencias legítimas?
Se señala al respecto que “es común que en la negociación colectiva se prevea la pérdida del presentismo frente a distintos tipos de ausencias por motivos legítimos (por ejemplo, licencias especiales por estudio, duelo, paternidad, adopción, enfermedad o accidentes de trabajo).
Dado que la Ley únicamente previó el descuento proporcional del presentismo frente a ausencias motivadas por huelga, es válido pactar que el beneficio se pierda en forma íntegra con motivo de estas otras ausencias legítimas. La única ausencia que no puede generar la pérdida del beneficio es la motivada en la licencia reglamentaria del empleado. Ello en tanto durante la misma, el empleado debe continuar percibiendo su salario habitual”.
Fuente: guyer.com.uy

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Una transformación social que aporta a la familia

La ley Nº19.161 aprobada en noviembre del 2013 y ya en vigencia establece un régimen de licencias para los

Hugo Lemos

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trabajadores de la actividad privada, titulares de unipersonales con hasta un dependiente y monotributistas, por el término de 7 días, incluyendo el día del nacimiento del niño como primer día, a partir del 1º de enero de este año y llegará a cumplir la totalidad de su extensión con 10 días corridos a partir del próximo 1º de enero.
La licencia por paternidad ha generado una importante transformación en la sociedad moderna. Esta medida provino de los países escandinavos, donde la intención fue la de otorgarle al padre de familia un régimen de vacancia para que colabore en la recuperación de la madre, en la organización de la familia y permanezca junto al niño los primeros días de vida.
Esa idea fue adoptada por los parlamentarios uruguayos, quienes tras la primera sanción de una ley, la 18.345 en el 2008, extendieron el régimen de licencia cinco años más tarde en el 2013, en el entendido de que la misma tuvo un aspecto positivo para la sociedad.
LO QUE DICE LA LEY
Los beneficiarios del
subsidio de esta nueva
ley serán los siguientes:
A) Trabajadores dependientes de la actividad privada. B) Trabajadores no dependientes que desarrollaren actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, siempre que no tuvieren más de un trabajador subordinado. C) Titulares de empresas monotributistas.
El período de inactividad compensada será el siguiente, de acuerdo a lo que menciona el artículo 8°.
A) Un máximo de tres días continuos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
B) Un máximo de siete días continuos, a partir del 1° de enero de 2015.
C) Un máximo de diez días continuos, a partir del 1° de enero de 2016.
El monto del subsidio también dependerá de si se trata de trabajadores dependientes o no dependientes:
A) Si se tratare de trabajador dependiente, el promedio diario de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional a que hubiere lugar por el período de amparo.
B) Si se tratare de trabajador no dependiente, el promedio diario de sus asignaciones computables de los últimos doce meses.
En ningún caso el monto del subsidio será inferior al previsto por el inciso segundo del artículo 6° proporcionado a los días de ausencia por paternidad. Las referencias a seis y doce meses efectuadas en los literales A) y B) del inciso primero del presente artículo, corresponderán a períodos de trabajo efectivo, si fuere más favorable para el trabajador.
La ley termina reglamentando dos aspectos sobre este subsidio, el deber de preaviso y ciertos requisitos para el goce del subsidio.
Cabe resaltar que el beneficio otrorgado por la ley N° 18.345 respecto de los 3 días de licencia por paternidad desde el nacimiento del bebé siguen vigentes, por lo que esta ley agrega 3 días más a estos ya existentes, sin establecer que sean los siguientes a estos. Es decir que la nueva ley que estamos analizando menciona que el empleado tendrá derecho a tres días de subsidio por inactividad compensada, sin establecer qué días deben ser, a diferencia de la licencia por paternidad, que debe ser el día del nacimiento y los dos días siguientes.
Subsidio para Cuidados
Este beneficio fue creado por esta ley por lo que todo lo que se sabe está contenido en los siguientes artículos, hasta que esta ley se reglamente. El artículo 12° es el que establece las características de este beneficio, y su redacción es la siguiente.
Artículo 12.-
(Subsidio parental para cuidados).- Las trabajadoras incluidas en el artículo 1° y los trabajadores incluidos en el artículo 7° de la presente ley, serán beneficiarios de un subsidio para el cuidado del recién nacido, que podrán usar indistintamente y en forma alternada el padre y la madre una vez finalizado el período de subsidio por maternidad previsto en el artículo 2° de la presente ley, hasta que el referido hijo de los beneficiarios cumpla cuatro meses de edad.
Uno u otro beneficiario solo podrán acceder al subsidio siempre que la trabajadora permaneciere en actividad o amparada al seguro por enfermedad, salvo lo previsto en el siguiente inciso.
El goce del subsidio parental es incompatible con la percepción de cualquier subsidio por inactividad compensada por parte del mismo beneficiario.
El monto del subsidio establecido en el artículo 12 para uno u otro progenitor será de la mitad del respectivamente previsto por los artículos 6° y 9° de la presente ley. Esto es así ya que el segundo beneficio que establece la ley es que la actividad laboral de los beneficiarios del subsidio para cuidados previsto en el artículo anterior no excederá la mitad del horario habitual ni podrá superar las cuatro horas diarias.

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De las 14 semanas de licencia por maternidad

El 25 de noviembre de 2013 entró en vigencia la ley Nº 19.161, por la que se amplían los derechos vinculados al Subsidio por Maternidad y se consagra el derecho al Subsidio por Paternidad y al medio horario de trabajo.

Hugo Lemos

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Desde hace casi dos años que la presente ley que consagra tales beneficios para quienes son padres o madres y deben atender, tanto a quien viene al mundo, como a su propia salud, está vigente y se circunscribe en el marco del nuevo escenario de las relaciones laborales.
La ley de subsidio por maternidad, paternidad y subsidio de cuidados Nº 19.161, aumenta los beneficios de la licencia para ambos padres y del subsidio por maternidad. Así lo establece desde su sanción y está destinada a los trabajadores comprendidos de la siguiente manera sin orden de preferencia:
A) Dependientes de la actividad privada. B) No dependientes, que desarrollen actividad amparada por el B.P.S, con hasta 1 dependiente que estén al día en sus aportes. C) Monotributistas que estén al día con sus aportes. D) Trabajadoras amparadas al seguro de desempleo pero que queden embarazadas durante el amparo a dicho seguro.
El período de amparo será de 14 semanas, 6 semanas antes del parto y otras 8 semanas posteriores al mismo, las que podrán variar con autorización del B.P.S, siempre respetando el mínimo de las 14 semanas impuestas por este régimen.
Pero la ley también contempla que en el caso de que se adelantara la fecha de parto, se comienza la licencia de inmediato, debiendo gozarse a partir de dicho momento las 14 semanas, o como mínimo las 8 semanas, si ya se hubieren tomado más de 6. Si la fecha de parto se pospone, la trabajadora seguirá de licencia hasta el parto, y luego de éste, necesariamente tendrá las 8 semanas de vacancia legal.
El monto del subsidio por maternidad para la trabajadora dependiente será un promedio mensual o diario de sus salarios percibidos en los últimos seis meses, al que se le sumará la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario y al salario vacacional generados durante la licencia por maternidad.
En el caso de la trabajadora no dependiente, percibirá el promedio mensual de lo aportado en los últimos doce meses.
La ley establece asimismo un mínimo de 2 BPC (unos 6 mil pesos) por mes o la fracción que corresponda. En cuanto el régimen de amparo al seguro de enfermedad a consecuencia del embarazo o parto, en el caso de sobrevenir una enfermedad a causa del embarazo o parto, la trabajadora tendrá derecho a la extensión del descanso puerperal (post parto).
El mismo será determinado por el organismo a cargo, con un máximo de 6 meses. Si la trabajadora no tuviere derecho, el B.P.S igualmente le abonará el monto correspondiente al seguro de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407.

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Hay que cuidar la herramienta

El derecho de huelga y sus medidas extensivas, como el caso de las ocupaciones en los lugares de trabajo, deben ser

Hugo Lemos

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cuidadosamente analizadas por parte de los representantes sindicales y sus asesores legales, con la finalidad de evitar incurrir en una conducta que no se ajuste a ese derecho constitucional y se termina desvirtuando la medida, saliéndose de los límites legales especialmente fijados para ello, lo que podría derivar en la generación de un resultado nada favorable para los reclamantes, que en todos los casos son los trabajadores.
Si bien estamos asistiendo a tiempos donde la conflictividad sindical va en aumento por tratarse de un año clave para la definición de pautas salariales, tanto en el sector público como en el privado, es muy buena cosa tener en cuenta cuáles son los momentos para buscar un ámbito de negociación entre las partes, con la finalidad de alcanzar el resultado esperado tanto de un lado como del otro.
En ese sentido, un trabajo sobre la huelga realizado por el abogado laboralista Nelson Larrañaga, del estudio Ferrere, dice que “la mayoría de la doctrina laboralista nacional sostiene que el art. 57 de la Constitución contiene un reconocimiento amplio del derecho de huelga, que sumado a la inexistencia de una definición legal deja abierta al intérprete la consideración de la misma”.
En tanto Pérez del Castillo afirma que aceptar un concepto amplio de huelga implica confundirla con otras formas de exteriorización del conflicto. Expresa que “no toda acción gremial reivindicativa a través de presiones queda bajo la protección constitucional”. El destacado laboralista cree que la huelga en su concepto estricto es detención temporal y total de la prestación de trabajo debido, decidida por el colectivo de trabajadores, con una finalidad profesional. No puede comprender acciones que nada tienen que ver con la misma y que vulneren los derechos humanos fundamentales, como en la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes. Y tampoco la huelga puede ejercerse con abuso de derecho”. En mi opinión, hay reclamos justos que pueden perderse si la vía del reclamo no es la adecuada.

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La intransigencia, hija del ego del abogado

La transacción, son las recíprocas concesiones que hacen las partes para poder generar un resultado que sea favorable a los involucrados en el marco de la búsqueda de un acuerdo. Pero para llegar a esta instancia, se debe atravesar por

Hugo Lemos

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un proceso de negociación. El mismo no debe llevarse a cabo mediante un ámbito que sea ríspido, esto no quiere decir que las partes deban ceder en las pretensiones que tienen cada uno, sino que por contrario deben plantear sus ideas y poner todas las intenciones arriba de la mesa.
Empero, siempre que estemos frente a frente en una negociación por cualquier cosa, se debe pensar en forma inteligente con la finalidad de conseguir un resultado favorable que determine una solución para el cliente, que es el que espera concreciones y no papeles que emanen de un juez y que no se plasmen en cuestiones materiales que ayuden a obtener ese sentido de justicia que tanto se busca en los estrados.
Esto muchas veces lleva a que en el afán de querer lograr el 100 por ciento de las cosas de las que dicen las sentencias que emanan de los juzgados a las que tenemos derecho, nos ponemos intransigentes y argumentamos antecedentes que nos obnubilan y valoramos más lo que dice el papel firmado por el juez, y es ahí cuando terminamos no alcanzando ninguna solución para el cliente que no entiende ni el entendido por el juez que firmó la sentencia, y en estos casos tampoco es comprendido por el ego de su propio abogado que con intransigencia no le consigue solución alguna.

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La gravedad del delito de secuestro

En las últimas horas mucho se ha hablado, por los hechos policiales de pública notoriedad, de los delitos que implican

Hugo Lemos

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una privación violenta de la libertad de una persona. En realidad la privación de la libertad, es una conducta violenta de por sí, porque impone un castigo a otra persona en forma injusta y le suprime el derecho a la libertad, acaso el bien más preciado de la vida que tiene el ser humano.
Por tal motivo, nuestra legislación tipifica esa conducta como delito y está en el núcleo de los delitos con penas que tienen mayor severidad. Si bien mucha gente se pregunta en qué consiste la privación de libertad, que comúnmente se lo conoce como secuestro, ya que éste significa aprehensión por la fuerza de una cosa o persona.
El concepto refiere al acto y al resultado de secuestrar: privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación; tomar por la fuerza un medio de transporte; imposibilitar judicialmente la distribución de un producto; o embargar un bien por la vía judicial. Algo que se diferencia del delito de Rapto, que es un delito que atenta contra la moral y las buenas costumbres porque refiere a un delito sexual, es decir, la intención del agente del delito es un fin de carácter sexual.
En tanto, el Código Penal en el artículo 281, establece que que la privación de libertad se comete cuando: “El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido”.
En el siguiente artículo establece las agravantes. En ese caso señala que las mismas se dan cuando:
“Son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considerará justificada cuando el delito se cometa: Por un funcionario público, o contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido. Con amenazas o sevicias (buscando el sufrimiento de la víctima). Por espíritu de venganza o con propósito de lucro, para utilizar coercitivamente (por la fuerza) los servicios de la víctima. Cuando la privación de libertad superare los diez días”.
“Constituye un agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas, a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajeno, consiguiendo o no su objeto, o cuando el hecho obedeciera a móviles políticos o ideológicos. La pena será de seis a doce años de penitenciaría”.

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Los delitos contra la corrupción

Tras el escándalo de la FIFA, donde todos hablamos de lo que está pasando en nuestro medio con las actuaciones de

Hugo Lemos

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altos dirigentes del fútbol que están implicados en el asunto, como el caso del expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, es bueno saber cómo se penaliza en nuestro país los delitos relacionados con actos de corrupción, según lo que establecen las normas del Código Penal referidas al tema.
Si bien el hecho genera un complejo caso de corrupción, donde por ahora los que están involucrados son organismos privados y no públicos, los casos de corrupción pueden llegar a alcanzar, según un atisbo de lo especificado en la denuncia que hacen los organismos de investigación federal de los Estados Unidos, a entidades públicas de varios países. Aún así, la situación con Uruguay no está del todo clara, porque si bien en principio solamente aparece Figueredo como implicado en el asunto, el caso puede llegar a mayores, por ahora solo habrá que esperar.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
El artículo 153 del Código Penal uruguayo establece el delito de Peculado. Señalando que “el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.
Este tipo de casos ya ha sido denunciado en nuestro medio cuando algunos funcionarios públicos, se han apropiado de cosas de valor que han sido objeto de procedimientos específicos. Por lo cual, se les ha tipificado este delito y el hecho que lo distingue es que para cometerlo debe ser un funcionario público, de lo contrario no se configura el peculado.
Este delito tiene un atenuante previsto legalmente, en el artículo 154 señalando al mismo como “al hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal”.
En tanto, existe la figura del delito de “Peculado por aprovechamiento del error de otro”, donde señala que “el funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.
Esto para quien recibe algo que sabe que no le corresponde obtenerlo, y en ese caso, se aprovecha de la cosa para su provecho personal sin denunciar el error.
Pero otro de los delitos asociados a los casos de corrupción, es el que está establecido en el artículo 155 que habla de la “Concusión”. Allí señala que “el funcionario público, que, con abuso de su calidad de tal, o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, e inhabilitación especial de dos a seis años”.
Aquí hace referencia a que quien presiona para que se le dé dinero, con la finalidad de dar o prometer alguna actividad relacionada con su función pública será sancionado.
Después está el caso del artículo 157 que habla de la figura del “Cohecho simple”, que señala que lo comete “el funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo recibe, por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una multa de trescientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de dos a cuatro años”.
El funcionario que acepta una recompensa en dinero por ejecutar un acto en base a la función pública que desarrolla, es castigado por la ley. Aunque se admite una rebaja de la pena de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones.
El artículo siguiente agrava la figura del Cohecho cuando sostiene que el “Cohecho calificado ocurre cuando el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.
“La pena será aumentada de un tercio a la mitad, si el hecho tuviere por efecto: La concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores, o la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario. El favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal”.
Mientras que el artículo 159 establece uno de los delitos más antiguos que se conocieren, el soborno. Y admite que “el que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158, será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos. Se considerará agravante especial que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito”.

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¿Qué seguridad nos dan los operativos policiales?

Luego del lamentable episodio donde un grupo de funcionarios policiales reprendieron con balines de goma y por la espalda a un motonetista que eludió un control policial, del llamado “Operativo Relámpago Negro” que implementaron las nuevas autoridades para poder capturar motos que fueron robadas, la discusión pública no tuvo fin, pero no se puede opinar por opinar, sino que se debe conocer cuáles son los límites que puede tener un efectivo policial para su actuación en estos casos y a su vez, cuáles son los derechos que tiene un ciudadano para defenderse de lo que puede ser una agresión.
Si bien los operativos policiales deben cumplirse y los ciudadanos estamos sometidos a las leyes, y los mismos están amparados y previstos en la legislación vigente, y en ese sentido, cuando un policía exige que el ciudadano se detenga para cumplir con un procedimiento de rutina, éste debe acatar el mismo o de lo contrario puede entrar en la comisión de una falta y llegado el caso de un delito como el desacato, aunque es discutible en qué momento entra el agente en ese tipo penal, la Policía no puede actuar a discreción y debe obrar con determinada cautela.
Así lo establece la propia ley de procedimiento policial, Nº 18.315, sancionada en el año 2008 donde en el artículo 18, sostiene “Principios que rigen el uso de la fuerza” y dice: “El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”. En el procedimiento de marras bastó para que el joven se asustara y quisiera eludir el control para que se le disparara con municiones que le causaron lesiones en el cuerpo, cuando el mismo iba de espalda, sin armas y con la matrícula visiblemente en el vehículo por lo cual se lo podía seguir y/o tratar de encontrar su domicilio por los datos que surjan de sus características.
A su vez el artículo 20 de la misma ley, señala que “la Policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando: (…) D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado (…), pero el artículo 21 admite que “en las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas”.
Que no era este el caso, porque ni les dieron tiempo de avisarles que les aplicarían el uso de la fuerza, ni los motonetistas representaban peligro, ya que iban con termo y mate y a una velcidad propia de una moto que subía una cuesta primero y arrancaba una recta después.
Si bien la ley de procedimiento policial sostiene que el artículo 141, establece que “la Policía puede realizar los controles, registros y detención de vehículos, en cumplimiento de sus funciones
de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia”; el artículo 152 impone que “la Policía procurará, en todos los casos, advertir al conductor del vehículo que se pretende detener para que el mismo pueda tener adecuado conocimiento de la condición de policía del personal actuante”, algo que queda en dudas por las características del procedimiento.
Y remato mi opinión sobre este asunto con lo que establece el artículo 153, siempre mencionando como única fuente la ley de procedimiento policial vigente, que dice que “en el momento de disponerse a la persecución de un vehículo, es indispensable que la Policía se asegure que el mismo está requerido o que existen datos fidedignos de que el mismo ha participado en un hecho delictivo”, algo que (reiteramos) podía corroborarse con la copia de los datos que lucían en la chapa matrícula.

HUGO LEMOS

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El complejo rol del Estado en las relaciones laborales

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.
Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.
El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.
El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como
lo han denunciado en
reiteradas oportunidades.
El Estado no debe hacer
otra cosa en estos casos que
garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.

Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.

El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.

El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como lo han denunciado en reiteradas oportunidades.

El Estado no debe hacer otra cosa en estos casos que garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.

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La Violencia Doméstica, una ley que traduce el problema social de nuestros tiempos

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.
Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.
El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.
Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.
Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.
Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.
En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.
LA  LEY
Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.
Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.
En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
LOS JUZGADOS
Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,
asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.
En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.
Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma
provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.
Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.
PROTECCIÓN
Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.
En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.
Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.

Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.

El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.

Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.

Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.

Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.

En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.

LA  LEY

Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.

En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.

Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.

En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

LOS JUZGADOS

Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,

asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.

Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma

provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.

Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

PROTECCIÓN

Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.

Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.

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Sin pruebas nada vale

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.
¿CÓMO FUNCIONA?
Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.
El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).
Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.
LA DETENCIÓN
Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.
Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.
Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.
EL QUID
Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.

¿CÓMO FUNCIONA?

Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.

El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).

Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.

LA DETENCIÓN

Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.

Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.

Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.

EL QUID

Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.

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La acción de amparo, una garantía para ejercer derechos

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.
Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.
La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.
El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.
El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.
Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.

Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.

La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.

El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.

El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.

Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.

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La policía puede hacer huelga, ¿pero?

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.
En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.
La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.
En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.
Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.
No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.
Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.
Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.

En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.

En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.

Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.

No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.

Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.

Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.

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Que sean ellos los que nos den el ejemplo

La libertad es uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución de la República, en su artículo 7º. Se trata de uno de los derechos humanos fundamentales que deben tener los ciudadanos para manifestarse plenamente en el goce de su vida y en ese caso, un Estado de Derecho siempre debe defender en primer lugar esa libertad tutelada por los derechos vigentes.
Pero la libertad es un concepto muy amplio y en ella es de recibo invocar el derecho a reclamar, a presentarse ante un juez y presentar una denuncia para que quienes consideramos que nos han cometido un daño, deban acusar responsabilidad ante las instituciones que fueron creadas para tal fin y en ese aspecto, todo ha sido reglamentado para darle mayor seguridad y garantías a la población.
El artículo 11.1 del Código General del Proceso establece la libertad y el derecho de toda persona a presentarse ante los tribunales para ejercer su reclamo y en ese sentido, invocando un derecho, pretender ser oído y recibir una respuesta que podrá o no ser favorable en virtud del asidero que pueda tener su pretensión.
Pero siempre actuando en forma independiente y con transparencia, porque esa es la principal garantía que podemos tener todos los justiciables de este país, el hecho de que seamos o no funcionarios del Poder Judicial, abogados, profesionales, comerciantes, empresarios, trabajadores o clérigos, el hecho de querer tener nuestro “día ante los tribunales” debe ser un derecho que nos dé la garantía de que tendremos la protección necesaria a través de la decisión “justa” para poder acceder a lo que estamos reclamando.  Esto, en función del reclamo iniciado por los funcionarios del Poder Judicial en las instituciones del propio foro al que pertenecen, el de la justicia. Son ellos mismos, que se están pidiendo así mismos, tomar una resolución que las dos partes deberán acatar, sobre si la decisión del gobierno de no brindarles el aumento salarial que en principio había sido estipulado legalmente, es o no justa y ajustada a derecho, conceptos que pueden estar ligados o no.
Aunque la justicia deberá tomar una decisión clara, fundamentada sólidamente y muy bien argumentada para que la decisión que adopte sea equilibrada y no caiga en corporativismos, los que echan por tierra cualquier tipo de transparencia, algo que todos le reclamamos al sistema de justicia de nuestro país y que consideramos que en este caso, cuando se dirima esta sentencia tan anhelada para los trabajadores del sector, ellos sean, con libertad y en el goce de sus derechos y garantías, los que nos den el ejemplo.

La libertad es uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución de la República, en su artículo 7º. Se trata de uno de los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

derechos humanos fundamentales que deben tener los ciudadanos para manifestarse plenamente en el goce de su vida y en ese caso, un Estado de Derecho siempre debe defender en primer lugar esa libertad tutelada por los derechos vigentes.

Pero la libertad es un concepto muy amplio y en ella es de recibo invocar el derecho a reclamar, a presentarse ante un juez y presentar una denuncia para que quienes consideramos que nos han cometido un daño, deban acusar responsabilidad ante las instituciones que fueron creadas para tal fin y en ese aspecto, todo ha sido reglamentado para darle mayor seguridad y garantías a la población.

El artículo 11.1 del Código General del Proceso establece la libertad y el derecho de toda persona a presentarse ante los tribunales para ejercer su reclamo y en ese sentido, invocando un derecho, pretender ser oído y recibir una respuesta que podrá o no ser favorable en virtud del asidero que pueda tener su pretensión.

Pero siempre actuando en forma independiente y con transparencia, porque esa es la principal garantía que podemos tener todos los justiciables de este país, el hecho de que seamos o no funcionarios del Poder Judicial, abogados, profesionales, comerciantes, empresarios, trabajadores o clérigos, el hecho de querer tener nuestro “día ante los tribunales” debe ser un derecho que nos dé la garantía de que tendremos la protección necesaria a través de la decisión “justa” para poder acceder a lo que estamos reclamando.  Esto, en función del reclamo iniciado por los funcionarios del Poder Judicial en las instituciones del propio foro al que pertenecen, el de la justicia. Son ellos mismos, que se están pidiendo así mismos, tomar una resolución que las dos partes deberán acatar, sobre si la decisión del gobierno de no brindarles el aumento salarial que en principio había sido estipulado legalmente, es o no justa y ajustada a derecho, conceptos que pueden estar ligados o no.

Aunque la justicia deberá tomar una decisión clara, fundamentada sólidamente y muy bien argumentada para que la decisión que adopte sea equilibrada y no caiga en corporativismos, los que echan por tierra cualquier tipo de transparencia, algo que todos le reclamamos al sistema de justicia de nuestro país y que consideramos que en este caso, cuando se dirima esta sentencia tan anhelada para los trabajadores del sector, ellos sean, con libertad y en el goce de sus derechos y garantías, los que nos den el ejemplo.

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Aprueban ley de trabajo nocturno con beneficios del 20 por ciento a quienes desempeñan tareas en ese horario

Una nueva ley que participa del clima de restauración de las relaciones laborales que comenzó a generarse desde hace una década, fue votado en el Parlamento el pasado martes. Se trata de la ley 19.311 que será promulgada y reglamentada en los próximos días por el Poder Ejecutivo, la misma otorga un beneficio extra a quienes desarrollan tareas nocturnas, comprendidas éstas entre las 22 horas y las 6 de la mañana, imponiendo la obligación de recibir una compensación del orden del 20 por ciento en relación a su salario.
El hecho, que fue harto discutido en la Cámara de Senadores del pasado martes, determinó la lírica sobre la defensa del derecho del trabajador nocturno, cuyo amparo, a ojos vista de algunos legisladores, no estaba contemplado en las actuales normales que rigen su labor, ya que en relación al rubro nocturnidad, si bien todos estaban de acuerdo a que el mismo comprendía el horario ya establecido, se estaba a lo que cada sector dispusiera y lograra conseguir en las negociaciones de lo consejos de salario de cada sector.
Sin embargo, ahora la ley establece un monto fijo para esta compensación que será del 20 por ciento para los trabajadores comprendidos en este horario y cumpliendo con algunos requisitos, los que luego de su reglamentación quedarán más claros.
LOS PORMENORES
Tal como surgió de las informaciones de prensa, la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes por 18 en 18 votos, el proyecto de ley que está destinado a reglamentar las actividades de los trabajadores nocturnos.
Con la nueva norma, se agregan más derechos para aquellas personas que realizan su trabajo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.
El proyecto de ley que fue votado el martes, fija compensaciones por nocturnidad, además de nuevas condiciones en materia salarial y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.
La ley establece que “todo empleador deberá pagar una compensación mínima del 20% del sueldo, o el equivalente en reducción horaria a todo trabajador nocturno”. Esto quiere decir que en el caso de no abonarle el monto establecido por ley puede reducirle una hora de cada cinco.
“La compensación puede ser mayor o menor al 20% dependiendo de cuánto gane la persona y de qué porcentaje se establezca en los Consejos de Salarios para cada rubro”.
El proyecto también determina que en el caso de las mujeres embarazadas, hasta un año luego de haber dado a luz, se les debe “asignar un horario laboral diurno” por el empleador, esto se debe dar “por la sola voluntad de la trabajadora, sin que signifique la pérdida de la compensación por trabajo nocturno”, aunque no lo realice, la mujer pasará en esas condiciones a desempeñarse de día y no perderá su beneficio.
Para ser acreedor de este beneficio los trabajadores deben realizar tareas por más de cinco horas consecutivas en el horario fijado como nocturno.
El proyecto de ley estaba fundado en la opinión de médicos especializados en el tema, como el caso del Decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, donde sostienen que el trabajo nocturno supone “un factor negativo para la salud de los trabajadores” y que “debe estar especialmente tutelado por las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Una nueva ley que participa del clima de restauración de las relaciones laborales que comenzó a generarse desde hace una década,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

fue votado en el Parlamento el pasado martes. Se trata de la ley 19.311 que será promulgada y reglamentada en los próximos días por el Poder Ejecutivo, la misma otorga un beneficio extra a quienes desarrollan tareas nocturnas, comprendidas éstas entre las 22 horas y las 6 de la mañana, imponiendo la obligación de recibir una compensación del orden del 20 por ciento en relación a su salario.

El hecho, que fue harto discutido en la Cámara de Senadores del pasado martes, determinó la lírica sobre la defensa del derecho del trabajador nocturno, cuyo amparo, a ojos vista de algunos legisladores, no estaba contemplado en las actuales normales que rigen su labor, ya que en relación al rubro nocturnidad, si bien todos estaban de acuerdo a que el mismo comprendía el horario ya establecido, se estaba a lo que cada sector dispusiera y lograra conseguir en las negociaciones de lo consejos de salario de cada sector.

Sin embargo, ahora la ley establece un monto fijo para esta compensación que será del 20 por ciento para los trabajadores comprendidos en este horario y cumpliendo con algunos requisitos, los que luego de su reglamentación quedarán más claros.

LOS PORMENORES

Tal como surgió de las informaciones de prensa, la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes por 18 en 18 votos, el proyecto de ley que está destinado a reglamentar las actividades de los trabajadores nocturnos.

Con la nueva norma, se agregan más derechos para aquellas personas que realizan su trabajo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.

El proyecto de ley que fue votado el martes, fija compensaciones por nocturnidad, además de nuevas condiciones en materia salarial y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.

La ley establece que “todo empleador deberá pagar una compensación mínima del 20% del sueldo, o el equivalente en reducción horaria a todo trabajador nocturno”. Esto quiere decir que en el caso de no abonarle el monto establecido por ley puede reducirle una hora de cada cinco.

“La compensación puede ser mayor o menor al 20% dependiendo de cuánto gane la persona y de qué porcentaje se establezca en los Consejos de Salarios para cada rubro”.

El proyecto también determina que en el caso de las mujeres embarazadas, hasta un año luego de haber dado a luz, se les debe “asignar un horario laboral diurno” por el empleador, esto se debe dar “por la sola voluntad de la trabajadora, sin que signifique la pérdida de la compensación por trabajo nocturno”, aunque no lo realice, la mujer pasará en esas condiciones a desempeñarse de día y no perderá su beneficio.

Para ser acreedor de este beneficio los trabajadores deben realizar tareas por más de cinco horas consecutivas en el horario fijado como nocturno.

El proyecto de ley estaba fundado en la opinión de médicos especializados en el tema, como el caso del Decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, donde sostienen que el trabajo nocturno supone “un factor negativo para la salud de los trabajadores” y que “debe estar especialmente tutelado por las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

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El cumplimiento de la ley para el trabajador rural debe ir acompañada de inspecciones

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.
Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.
Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.
En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.
El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.
Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.
Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.
Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.
Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.
Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.

Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.

Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.

En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.

El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.

Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.

Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.

Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.

Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.

Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.

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No hay amenaza que valga

La libertad de expresión, un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Universales de las Naciones Unidas y consagrada en nuestro país por la Constitución de la República (artículos 7, 29 y 72), fue brutalmente atentada ayer cuando un grupo de criminales terroristas atacaron la sede de un semanario francés, que publica sátira política y religiosa, con mordacidad, pero sobre todo con veracidad irrebatible.
Además del feroz y condenable ataque a la libertad de expresión, fue violado otro derecho, acaso el más importante de todos, el derecho a la vida. Ya que en ese cobarde ataque murieron doce personas, todas ellas luchadoras por la libertad. Se trata de periodistas, caricaturistas (que son reporteros gráficos) y policías, que defendían el derecho de las personas a vivir y a la vez de seguir trabajando con libertad de pensamiento.
Si bien este espacio está dedicado habitualmente a comentar el contenido y los efectos de las leyes promulgadas en nuestro país, informando sobre los temas de fondo del Estado de Derecho, la libertad del hombre es la base de cualquier sistema democrático, cuyo principio rector está basado en el respeto, la tolerancia y la convivencia en paz.
En ese sentido, el feroz ataque a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento, y la intimidación más vil y cobarde contra el periodismo, que debe garantizar la esencia de la democracia, genera una profunda tristeza y lejos de abatir las ideas o de acallar voces, debe reforzar el compromiso con la verdad y con la libertad de expresión, derecho humano que muchas veces dejamos vituperar por las presiones o amenazas de quienes no son merecedores de vivir en sociedad.
Los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico que garantizan a los uruguayos ese actuar en libertad, debe ser defendido cada día con expresiones libres y autónomas de cada uno de los individuos, sin que esto menoscabe ni un milímetro, nuestra condición de seres libres e independientes, tal como lo establece la columna vertebral de nuestra Carta Magna que entre los primeros derechos consagrados, señalan al de la vida y de la libertad por sobre todas las cosas. Exigimos castigo para los terroristas y condenamos en la forma más enérgica, con el mayor de los repudios lo ocurrido ayer en la madre de todas las Repúblicas del mundo, la grandiosa Francia. Viva la Vida y Viva la Libertad de Expresión.

La libertad de expresión, un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Universales de las

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Naciones Unidas y consagrada en nuestro país por la Constitución de la República (artículos 7, 29 y 72), fue brutalmente atentada ayer cuando un grupo de criminales terroristas atacaron la sede de un semanario francés, que publica sátira política y religiosa, con mordacidad, pero sobre todo con veracidad irrebatible.

Además del feroz y condenable ataque a la libertad de expresión, fue violado otro derecho, acaso el más importante de todos, el derecho a la vida. Ya que en ese cobarde ataque murieron doce personas, todas ellas luchadoras por la libertad. Se trata de periodistas, caricaturistas (que son reporteros gráficos) y policías, que defendían el derecho de las personas a vivir y a la vez de seguir trabajando con libertad de pensamiento.

Si bien este espacio está dedicado habitualmente a comentar el contenido y los efectos de las leyes promulgadas en nuestro país, informando sobre los temas de fondo del Estado de Derecho, la libertad del hombre es la base de cualquier sistema democrático, cuyo principio rector está basado en el respeto, la tolerancia y la convivencia en paz.

En ese sentido, el feroz ataque a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento, y la intimidación más vil y cobarde contra el periodismo, que debe garantizar la esencia de la democracia, genera una profunda tristeza y lejos de abatir las ideas o de acallar voces, debe reforzar el compromiso con la verdad y con la libertad de expresión, derecho humano que muchas veces dejamos vituperar por las presiones o amenazas de quienes no son merecedores de vivir en sociedad.

Los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico que garantizan a los uruguayos ese actuar en libertad, debe ser defendido cada día con expresiones libres y autónomas de cada uno de los individuos, sin que esto menoscabe ni un milímetro, nuestra condición de seres libres e independientes, tal como lo establece la columna vertebral de nuestra Carta Magna que entre los primeros derechos consagrados, señalan al de la vida y de la libertad por sobre todas las cosas. Exigimos castigo para los terroristas y condenamos en la forma más enérgica, con el mayor de los repudios lo ocurrido ayer en la madre de todas las Repúblicas del mundo, la grandiosa Francia. Viva la Vida y Viva la Libertad de Expresión.

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Inclusión financiera limita forma de pago de transacciones

“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
HUGO LEMOS

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Los jubilados pueden trabajar por Ley N° 19.160

El régimen de jubilación parcial que establece la ley Nº19.160, sancionada el 15 de noviembre del 2013 permite el desempeño de servicios de la misma afiliación dentro de las actividades comprendidas de Industria y Comercio, en el sector Rural o en el Doméstico.
Un trabajo realizado por la Dra. Daniela Risso para uno de los estudios jurídicos más importantes del país, Guyer y Regules, desgrana a la perfección los pormenores de esta ley, donde establece los aspectos determinantes de esta norma que ha cambiado el sistema de jubilaciones en el país.
En ese caso, el trabajo señala que la mencionada ley prevé dos posibilidades de acceso al régimen jubilatorio parcial: el primer caso, es para aquellos trabajadores que hayan sido dependientes para un único empleador, y que en ese caso configuren causal de jubilación común o por edad avanzada dentro de las actividades con afiliación comprendidas en “Industria y Comercio” o en los sectores “Rural o Doméstico”, pero que sigan en actividad más allá de tener la causal pertinente.
Y en segundo lugar: comprende a aquellos trabajadores que estén gozando de una jubilación común o por edad avanzada y que hayan desarrollado como última actividad, y computado para la jubilación, servicios dentro de las actividades de afiliación mencionadas “Industria y Comercio” o “Rural o Doméstico.
En ese sentido, se deja en claro que los interesados en ampararse al régimen de jubilación parcial dispondrán de un plazo de tres años para solicitarlo, a contar desde la fecha de configuración de la causal de jubilación común o por la edad avanzada, o desde el cese en la actividad, según lo que ocurriere en último término.
Se excluye del régimen de jubilación parcial a aquellos casos en donde se configuró causal de jubilación por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, y cuando las actividades computadas en la jubilación hayan sido bonificadas.
QUÉ ES LA JUBILACIÓN PARCIAL
El trabajo de la Dra. Risso señala que “la jubilación parcial para aquellos trabajadores dependientes que se encuentren en actividad, consistirá en la disminución de su jornada habitual laboral a la mitad, como trabajadores dependientes. En tanto que para aquellas personas ya jubiladas (casos descriptos en el literal) determinará el retorno del jubilado a la actividad como dependiente, durante la mitad de la jornada habitual al momento de su cese. En ninguno de los dos casos, la jornada de trabajo podrá superar las cuatro horas diarias”.
EL MONTO
En el caso del monto a percibir por concepto de la jubilación parcial para el supuesto del primer caso (trabajador dependiente de un único empleador y con causal de jubilación): será el 50% del que le hubiera correspondido al interesado de haber cesado totalmente su actividad y para los del segundo caso, que son personas que ya están jubiladas: será del 50% de la asignación jubilatoria que estuviere percibiendo, cesando de percibir el porcentaje restante, por el hecho de estar trabajando y compensando con el salario que esté prcibiendo en ese momento.
La jubilación parcial estará a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), institución frente a la cual deberá iniciarse el trámite personalmente o por apoderado.
Risso dice que cuando la causal jubilatoria se configuró mediante el procedimiento de acumulación de servicios de la ley 17.819, el amparo al régimen de jubilación parcial amparada por el BPS, no obsta al pago íntegro de las otras asignaciones de pasividad a cargo de los restantes organismos involucrados en la acumulación.
NO ES OBLIGATORIO
La ley 19.160 establece que este régimen no es obligatorio, que se requiere la conformidad del empleador respectivo para ser posible la continuación de la actividad del trabajador con causal o el retorno a la misma por parte del ya jubilado, en el caso de involucrarse en el régimen de jubilación parcial.
Asimismo, los servicios que se presten en régimen de actividad parcial podrán acumularse a los efectos de la jubilación por el régimen de solidaridad intergeneracional, en la forma y condiciones que se estipulen en la reglamentación a dictarse. Es decir una vez egresado del régimen de jubilación parcial, el usuario del sistema podrá acumular lo trabajado en ese sistema para su jubilación final.

El régimen de jubilación parcial que establece la ley Nº19.160, sancionada el 15 de noviembre del 2013 permite el desempeño de servicios de la misma afiliación dentro de las actividades comprendidas de Industria y Comercio, en el sector Rural o en el Doméstico.

Un trabajo realizado por la Dra. Daniela Risso para uno de los estudios jurídicos más importantes del país, Guyer y Regules, desgrana

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

a la perfección los pormenores de esta ley, donde establece los aspectos determinantes de esta norma que ha cambiado el sistema de jubilaciones en el país.

En ese caso, el trabajo señala que la mencionada ley prevé dos posibilidades de acceso al régimen jubilatorio parcial: el primer caso, es para aquellos trabajadores que hayan sido dependientes para un único empleador, y que en ese caso configuren causal de jubilación común o por edad avanzada dentro de las actividades con afiliación comprendidas en “Industria y Comercio” o en los sectores “Rural o Doméstico”, pero que sigan en actividad más allá de tener la causal pertinente.

Y en segundo lugar: comprende a aquellos trabajadores que estén gozando de una jubilación común o por edad avanzada y que hayan desarrollado como última actividad, y computado para la jubilación, servicios dentro de las actividades de afiliación mencionadas “Industria y Comercio” o “Rural o Doméstico.

En ese sentido, se deja en claro que los interesados en ampararse al régimen de jubilación parcial dispondrán de un plazo de tres años para solicitarlo, a contar desde la fecha de configuración de la causal de jubilación común o por la edad avanzada, o desde el cese en la actividad, según lo que ocurriere en último término.

Se excluye del régimen de jubilación parcial a aquellos casos en donde se configuró causal de jubilación por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, y cuando las actividades computadas en la jubilación hayan sido bonificadas.

QUÉ ES LA JUBILACIÓN PARCIAL

El trabajo de la Dra. Risso señala que “la jubilación parcial para aquellos trabajadores dependientes que se encuentren en actividad, consistirá en la disminución de su jornada habitual laboral a la mitad, como trabajadores dependientes. En tanto que para aquellas personas ya jubiladas (casos descriptos en el literal) determinará el retorno del jubilado a la actividad como dependiente, durante la mitad de la jornada habitual al momento de su cese. En ninguno de los dos casos, la jornada de trabajo podrá superar las cuatro horas diarias”.

EL MONTO

En el caso del monto a percibir por concepto de la jubilación parcial para el supuesto del primer caso (trabajador dependiente de un único empleador y con causal de jubilación): será el 50% del que le hubiera correspondido al interesado de haber cesado totalmente su actividad y para los del segundo caso, que son personas que ya están jubiladas: será del 50% de la asignación jubilatoria que estuviere percibiendo, cesando de percibir el porcentaje restante, por el hecho de estar trabajando y compensando con el salario que esté prcibiendo en ese momento.

La jubilación parcial estará a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), institución frente a la cual deberá iniciarse el trámite personalmente o por apoderado.

Risso dice que cuando la causal jubilatoria se configuró mediante el procedimiento de acumulación de servicios de la ley 17.819, el amparo al régimen de jubilación parcial amparada por el BPS, no obsta al pago íntegro de las otras asignaciones de pasividad a cargo de los restantes organismos involucrados en la acumulación.

NO ES OBLIGATORIO

La ley 19.160 establece que este régimen no es obligatorio, que se requiere la conformidad del empleador respectivo para ser posible la continuación de la actividad del trabajador con causal o el retorno a la misma por parte del ya jubilado, en el caso de involucrarse en el régimen de jubilación parcial.

Asimismo, los servicios que se presten en régimen de actividad parcial podrán acumularse a los efectos de la jubilación por el régimen de solidaridad intergeneracional, en la forma y condiciones que se estipulen en la reglamentación a dictarse. Es decir una vez egresado del régimen de jubilación parcial, el usuario del sistema podrá acumular lo trabajado en ese sistema para su jubilación final.

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Jueces tuvieron su “día ante el gobierno”

Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
HUGO LEMOS

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El Estado y la interrupción de la prescripción de deudas

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.
Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.
“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.
En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.
Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.
En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.
Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría
la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.
En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.

Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.

“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.

En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.

Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.

En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.

Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría

la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.

En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.

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Ante la duda del secreto bancario

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.
Secreto profesional financiero.
El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.
“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.
Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.
Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
EL CONCEPTO
Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.
Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.
El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:
“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.
Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.
En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.

Secreto profesional financiero.

El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.

“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.

Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.

Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

EL CONCEPTO

Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.

Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.

El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:

“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.

Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.

En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.

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Las últimas del año

En setiembre, último mes previo al inicio del receso parlamentario, que da lugar al funcionamiento de la Comisión Permanente, se aprobaron un montón de leyes de distinto tipo y calibre de las cuales seguramente, los uruguayos no están en conocimiento, porque por usos y costumbres, nadie va a leer el portal de presidencia (www.presidencia.gub.uy) o el del parlamento,
(www.parlamento.gub.uy) para estudiar y analizar cuáles fueron los últimas actividades de los legisladores del actual período.
Es que el receso anticipado de las actividades parlamentarias, es producto de una campaña electoral donde los parlamentarios se juegan la silla y por temor a perderla, largan todo con tal de salir a hacer al ruedo para no perder la pisada y tampoco dar ventaja a sus contrincantes.
En ese marco, la presidencia promulgó 24 leyes que fueron aprobadas por los legisladores en el parlamento durante la despedida del período legislativo, los cuales enumeraremos a continuación, al menos para conocimiento de los lectores.
EN LA HORA
El 5 de setiembre se promulgó la ley Nº19.264  donde “Se otorgan facultades sancionatorias el Poder Ejecutivo en el control del cumplimiento de las especificaciones técnicas para los bienes y servicios destinados al uso y consumo”.
El 9 del mismo mes, se promulgó la ley Nº19.265 la que designó con el nombre de “Melchora Cuenca” a la Escuela Nº226 de Montevideo dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria.
Al día siguiente se promulgó la Nº19.266 donde se declaró al 10 de setiembre de cada año como “el Día del Reglamento de Tierras de 1815” en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados.
El día 12, con el Nº de ley 19.267 se aprobó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, suscrito en Japón. El 18 de setiembre, se aprueba la Ley de Organización Consular   Nº19.268. Ese mismo día se promulgaron las leyes, 19.269, 19.270 y 19.271, que refieren a Acuerdo entre Uruguay y la República de Serbia en materia Veterinaria, aprueba un convenio de cooperación en materia educativa, cultural y deportiva entre el Uruguay y El Salvador, y un acuerdo marco de cooperación entre el Mercosur y la República de Surinam. Les seguimos contando en la próxima entrega.

En setiembre, último mes previo al inicio del receso parlamentario, que da lugar al funcionamiento de la Comisión Permanente, se

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

aprobaron un montón de leyes de distinto tipo y calibre de las cuales seguramente, los uruguayos no están en conocimiento, porque por usos y costumbres, nadie va a leer el portal de presidencia (www.presidencia.gub.uy) o el del parlamento,

(www.parlamento.gub.uy) para estudiar y analizar cuáles fueron los últimas actividades de los legisladores del actual período.

Es que el receso anticipado de las actividades parlamentarias, es producto de una campaña electoral donde los parlamentarios se juegan la silla y por temor a perderla, largan todo con tal de salir a hacer al ruedo para no perder la pisada y tampoco dar ventaja a sus contrincantes.

En ese marco, la presidencia promulgó 24 leyes que fueron aprobadas por los legisladores en el parlamento durante la despedida del período legislativo, los cuales enumeraremos a continuación, al menos para conocimiento de los lectores.

EN LA HORA

El 5 de setiembre se promulgó la ley Nº19.264  donde “Se otorgan facultades sancionatorias el Poder Ejecutivo en el control del cumplimiento de las especificaciones técnicas para los bienes y servicios destinados al uso y consumo”.

El 9 del mismo mes, se promulgó la ley Nº19.265 la que designó con el nombre de “Melchora Cuenca” a la Escuela Nº226 de Montevideo dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Al día siguiente se promulgó la Nº19.266 donde se declaró al 10 de setiembre de cada año como “el Día del Reglamento de Tierras de 1815” en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados.

El día 12, con el Nº de ley 19.267 se aprobó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, suscrito en Japón. El 18 de setiembre, se aprueba la Ley de Organización Consular   Nº19.268. Ese mismo día se promulgaron las leyes, 19.269, 19.270 y 19.271, que refieren a Acuerdo entre Uruguay y la República de Serbia en materia Veterinaria, aprueba un convenio de cooperación en materia educativa, cultural y deportiva entre el Uruguay y El Salvador, y un acuerdo marco de cooperación entre el Mercosur y la República de Surinam. Les seguimos contando en la próxima entrega.

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Los delitos electorales

En el marco de una reñida campaña electoral donde aparecen las denuncias de todo tipo contra distintos actos, actividades, dichos y pronunciamientos por parte de los candidatos es bueno tener a mano, por más que nadie la haya leído y poco la hayan convocado, citado y aplicado, ley electoral Nº7812 con su serie in extensa de modificativas.
En ese aspecto, como el texto de la ley puede leerse por la web, solamente nos remitiremos a transcribir para que quede claro, el artículo 191 donde se establecen los llamados Delitos Electorales, los cuales tienen castigos estrictamente establecidos en el artículo siguiente del texto normativo.
En ese aspecto y ante la coyuntura política por la que estamos atravesando los uruguayos, es bueno saber cómo y cuándo se configuran los delitos enmarcados en las elecciones nacionales.
Así, el artículo 191 de la referida ley señala que: Son delitos electorales: 1º La falta de cumplimiento por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.
2ºEl sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección. 3º La violación o tentativa de violación del secreto del voto. 4º El suministro de los medios para la violación del secreto del voto. 5º. La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. 6º. La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales. 7º El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.
8º. El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos, que fueren contra la prescripciones del Capítulo XIX de esta ley. 9º La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos. 10º. La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales. 11º. El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros por documentos electorales. 12º. El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente,  en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes, y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores.
En ese aspecto, queda claro al menos cuáles son los procedimientos que los activistas de los distintos partidos políticos deben evitar para no cometer un delito electoral y sufrir sus consecuencias.

En el marco de una reñida campaña electoral donde aparecen las denuncias de todo tipo contra distintos actos, actividades, dichos y pronunciamientos por parte de los candidatos es bueno tener a mano, por más que nadie la haya leído y poco la hayan convocado, citado y aplicado, ley electoral Nº7812 con su serie in extensa de modificativas.

En ese aspecto, como el texto de la ley puede leerse por la web, solamente nos remitiremos a transcribir para que quede claro, el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

artículo 191 donde se establecen los llamados Delitos Electorales, los cuales tienen castigos estrictamente establecidos en el artículo siguiente del texto normativo.

En ese aspecto y ante la coyuntura política por la que estamos atravesando los uruguayos, es bueno saber cómo y cuándo se configuran los delitos enmarcados en las elecciones nacionales.

Así, el artículo 191 de la referida ley señala que: Son delitos electorales: 1º La falta de cumplimiento por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.

2ºEl sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección. 3º La violación o tentativa de violación del secreto del voto. 4º El suministro de los medios para la violación del secreto del voto. 5º. La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. 6º. La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales. 7º El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.

8º. El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos, que fueren contra la prescripciones del Capítulo XIX de esta ley. 9º La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos. 10º. La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales. 11º. El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros por documentos electorales. 12º. El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente,  en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes, y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores.

En ese aspecto, queda claro al menos cuáles son los procedimientos que los activistas de los distintos partidos políticos deben evitar para no cometer un delito electoral y sufrir sus consecuencias.

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Nuevas deducciones al IRPF

Las deducciones son aquellos factores que se vuelven la única forma de poder descontar el valor del impuesto que se nos está cobrando. Deducir impuestos es algo maravilloso para el uruguayo promedio que hoy paga una “torta” de plata al Estado por su actividad, ya sea en el sector público o el privado.
Pero encima, en éste último caso, la situación se pone peor. Cuando un profesional quiere vivir libremente del ejercicio de su actividad, la cual eligió con cariño y dedicación debe darle dinero a cuanto organismo público ande en la vuelta, en proporción a lo que gana. Esto determina cierto resquemor a dar números reales a la hora de emitir facturas, sobre todo porque al momento de la verdad frente a la DGI, no hay deducción que valga.
Aunque a la del hijo menor a cargo, los alquileres y algunos elementos acordes al rubro en el que se desempeña el contribuyente, ahora la ley Nº19.280, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, establece una nueva modalidad de deducciones en el IRPF.
Se trata de las deducciones al IRPF por las cuotas de adquisición de vivienda única y permanente, para personas incapaces o con discapacidad. La ley establece la sustitución del inciso tercero del literal E) del artículo 38 del título 7 del Texto Ordenado del 1996, relativo al tema.
El nuevo texto legal establece que: “La deducción prevista en los incisos precedentes podrá ser realizada por los padres, cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos mayores o menores,  legalmente declarados incapaces, así como a aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social, siempre que los mismos no practiquen la referida deducción y vivan conjuntamente, por las cuotas devengadas a partir del 1º de enero del 2015. Idéntica deducción y condiciones serán de aplicación a los tutores y curadores, de las referidas personas designadas formalmente”.
Y más abajo dice que “el Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”.
En ese aspecto, los padres de hijos mayores o menores, incapaces o con discapacidad que reciban un préstamo para la adquisición de vivienda única, siempre que vivan con éstos y estén a su cargo, tendrán la chance de deducir impuestos a través de las liquidaciones del IRPF. Algo bien importante.

Las deducciones son aquellos factores que se vuelven la única forma de poder descontar el valor del impuesto que se nos está

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

cobrando. Deducir impuestos es algo maravilloso para el uruguayo promedio que hoy paga una “torta” de plata al Estado por su actividad, ya sea en el sector público o el privado.

Pero encima, en éste último caso, la situación se pone peor. Cuando un profesional quiere vivir libremente del ejercicio de su actividad, la cual eligió con cariño y dedicación debe darle dinero a cuanto organismo público ande en la vuelta, en proporción a lo que gana. Esto determina cierto resquemor a dar números reales a la hora de emitir facturas, sobre todo porque al momento de la verdad frente a la DGI, no hay deducción que valga.

Aunque a la del hijo menor a cargo, los alquileres y algunos elementos acordes al rubro en el que se desempeña el contribuyente, ahora la ley Nº19.280, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, establece una nueva modalidad de deducciones en el IRPF.

Se trata de las deducciones al IRPF por las cuotas de adquisición de vivienda única y permanente, para personas incapaces o con discapacidad. La ley establece la sustitución del inciso tercero del literal E) del artículo 38 del título 7 del Texto Ordenado del 1996, relativo al tema.

El nuevo texto legal establece que: “La deducción prevista en los incisos precedentes podrá ser realizada por los padres, cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos mayores o menores,  legalmente declarados incapaces, así como a aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social, siempre que los mismos no practiquen la referida deducción y vivan conjuntamente, por las cuotas devengadas a partir del 1º de enero del 2015. Idéntica deducción y condiciones serán de aplicación a los tutores y curadores, de las referidas personas designadas formalmente”.

Y más abajo dice que “el Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”.

En ese aspecto, los padres de hijos mayores o menores, incapaces o con discapacidad que reciban un préstamo para la adquisición de vivienda única, siempre que vivan con éstos y estén a su cargo, tendrán la chance de deducir impuestos a través de las liquidaciones del IRPF. Algo bien importante.

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El delito es para las personas físicas

Si bien hay cosas que ya son sabidas, es bueno hacer algunas aclaraciones para que se entienda cómo funciona el sistema judicial. Una cosa es la responsabilidad penal, la que mide las conductas de las personas y si las mismas transgreden las normas y configuran una acción delictiva, con conciencia y voluntad, es decir con dolo, eso hace que la persona física y nunca jurídica, pueda quedar bajo la sujeción de la ley penal. Y otra cosa muy distinta es cuando se configura la responsabilidad civil, que implica a una persona física o jurídica como responsable de un daño, donde debe resarcir a quien ha ocasionado el daño reparándolo.
Es decir, una cosa es la responsabilidad penal. La materia penal es represiva y sanciona con penas de cárcel en la mayoría de los casos a la persona que comete una acción delictiva. Es decir, solamente puede haber un delito, por ejemplo, una apropiación indebida, si una persona fue la que lo cometió y se demuestra ante la justicia, que lo hizo con intención de hacerlo.
Y otra cosa, es cuando una persona jurídica, una institución, el fisco, la Iglesia, o una empresa pública o privada, realiza una acción determinada que genera un daño en personas o instituciones, y en ese aspecto, no comete delito, porque no es persona física, sino jurídica, por lo tanto comete un daño, en el caso de que se comprobare tal cosa y debe resarcir a los damnificados, reparando el daño, generalmente respondiendo con su patrimonio, y resarciendo en forma pecuniaria a los damnificados. La situación es clara, pero vale la pena aclarar porque en las últimas horas con hechos de notoriedad, hasta connotados legisladores han atribuido delito a instituciones, algo que técnicamente es incongruente.

Si bien hay cosas que ya son sabidas, es bueno hacer algunas aclaraciones para que se entienda cómo funciona el sistema judicial. Una cosa es la responsabilidad penal, la que mide las conductas de las personas y si las mismas transgreden las normas y configuran

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

una acción delictiva, con conciencia y voluntad, es decir con dolo, eso hace que la persona física y nunca jurídica, pueda quedar bajo la sujeción de la ley penal. Y otra cosa muy distinta es cuando se configura la responsabilidad civil, que implica a una persona física o jurídica como responsable de un daño, donde debe resarcir a quien ha ocasionado el daño reparándolo.

Es decir, una cosa es la responsabilidad penal. La materia penal es represiva y sanciona con penas de cárcel en la mayoría de los casos a la persona que comete una acción delictiva. Es decir, solamente puede haber un delito, por ejemplo, una apropiación indebida, si una persona fue la que lo cometió y se demuestra ante la justicia, que lo hizo con intención de hacerlo.

Y otra cosa, es cuando una persona jurídica, una institución, el fisco, la Iglesia, o una empresa pública o privada, realiza una acción determinada que genera un daño en personas o instituciones, y en ese aspecto, no comete delito, porque no es persona física, sino jurídica, por lo tanto comete un daño, en el caso de que se comprobare tal cosa y debe resarcir a los damnificados, reparando el daño, generalmente respondiendo con su patrimonio, y resarciendo en forma pecuniaria a los damnificados. La situación es clara, pero vale la pena aclarar porque en las últimas horas con hechos de notoriedad, hasta connotados legisladores han atribuido delito a instituciones, algo que técnicamente es incongruente.

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El turismo tiene una ley que lo proteja

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.
Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.
En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.
En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.
Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.
Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.
Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.
Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.
Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.
A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.
La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.
En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.
Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.

Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.

En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.

Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.

Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.

Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.

Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.

Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.

A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.

La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.

En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.

Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.

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La anhelada transformación

Un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) es justo lo que el sistema judicial reclama desde hace muchos años. Es que hasta ahora, el principio de presunción de inocencia, ese que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, estaba siendo socavado por el actual sistema inquisitivo.
Es que hasta hoy, una persona que es detenida por haber sido encontrada en infraganti delito o habiendo semi plena prueba de que cometió uno, era llevado ante la justicia, donde tenía que tratar de evitar la existencia de “elementos de convicción suficientes” que son los que aseguran que estas personas fueran procesadas con o sin prisión, mientras esperan el desarrollo del juicio penal en su contra, para determinar si efectivamente cometieron el delito que les fue tipificado en el procesamiento.
Porque el actual sistema es así, basta con que haya un elemento de prueba que determine que una persona podría estar implicada en un hecho delictivo y según la gravedad del delito que se le acusa de haber cometido, puede llegar a estar un tiempo tras las rejas, por la nefasta figura de la prisión preventiva, que en muchos casos pone por varios meses y hasta en algunos casos, sin salida transitoria alguna, a quienes mientras eso les pasa, están técnica y paradójicamente en una situación de presunción de inocencia.
Pero la reforma del CPP apunta a buscar mayor efectividad por un lado y mayor transparencia por otro, al hacer ahora los juicios penales orales y públicos, derribando así el mito que tienen hoy, donde nadie puede acceder a una audiencia judicial penal porque le está vedado el acceso incluso al propio recinto, ya que hasta hay severas cortapisas en el acceso a los expedientes penales, que luego del sumario, es decir del procesamiento de una persona, deberían ser públicos.
La necesidad de cambiar ese sistema procesal penal que vulnera todos los derechos individuales del encausado y hasta del denunciante, mandando a la gente presa por las dudas y con un después vemos, es inminente. Lo positivo es que los responsables de hacerlo, por fin hayan tomado conciencia y hagan lo que deben hacer.

Un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) es justo lo que el sistema judicial reclama desde hace muchos años. Es que hasta ahora, el principio de presunción de inocencia, ese que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, estaba siendo

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

socavado por el actual sistema inquisitivo.

Es que hasta hoy, una persona que es detenida por haber sido encontrada en infraganti delito o habiendo semi plena prueba de que cometió uno, era llevado ante la justicia, donde tenía que tratar de evitar la existencia de “elementos de convicción suficientes” que son los que aseguran que estas personas fueran procesadas con o sin prisión, mientras esperan el desarrollo del juicio penal en su contra, para determinar si efectivamente cometieron el delito que les fue tipificado en el procesamiento.

Porque el actual sistema es así, basta con que haya un elemento de prueba que determine que una persona podría estar implicada en un hecho delictivo y según la gravedad del delito que se le acusa de haber cometido, puede llegar a estar un tiempo tras las rejas, por la nefasta figura de la prisión preventiva, que en muchos casos pone por varios meses y hasta en algunos casos, sin salida transitoria alguna, a quienes mientras eso les pasa, están técnica y paradójicamente en una situación de presunción de inocencia.

Pero la reforma del CPP apunta a buscar mayor efectividad por un lado y mayor transparencia por otro, al hacer ahora los juicios penales orales y públicos, derribando así el mito que tienen hoy, donde nadie puede acceder a una audiencia judicial penal porque le está vedado el acceso incluso al propio recinto, ya que hasta hay severas cortapisas en el acceso a los expedientes penales, que luego del sumario, es decir del procesamiento de una persona, deberían ser públicos.

La necesidad de cambiar ese sistema procesal penal que vulnera todos los derechos individuales del encausado y hasta del denunciante, mandando a la gente presa por las dudas y con un después vemos, es inminente. Lo positivo es que los responsables de hacerlo, por fin hayan tomado conciencia y hagan lo que deben hacer.

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Ley de control de porte y tenencia de armas

Una nueva ley propone una legislación rigurosa para un tema tan importante entre la población, como lo es el uso de armas para la autodefensa. La idea es que el Estado sea quien regule la entrega para la tenencia o posesión de las armas, a la población en nuestro país.
Tal es así, que la ley 19.247, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo y denominada como ley de regulación para la tenencia y el porte de armas, establece desde el vamos la prohibición de la tenencia de un arma de fuego, municiones o material relacionado sin la autorización del Estado.
En ese aspecto, sostiene en su artículo 1º que “Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (aunque no aclara a qué refiere con materiales relacionados) sin la debida autorización del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa”.
Y recuerda en el segundo inciso del primer artículo que “será el Poder Ejecutivo el que establezca los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir
para autorizar la tenencia o el porte de armas, municiones o material relacionado en poder de civiles”.
En su articulado más adelante, la ley faculta al Estado a proceder a la incautación del material que no esté autorizado por los ministerios respectivos y además sostiene que esto, es sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas correspondientes.
Además la ley reglamenta los aspectos básicos para la comercialización de la armas de fuego, donde establece requisitos estrictos para esta actividad, imponiendo en todos los aspectos posibles una intervención total en cuanto al control y a la fiscalización de las armas en poder de civiles, por parte del Estado. Que entiende que las armas pueden generar un conflicto social mayor al que pretenden remediar.

Una nueva ley propone una legislación rigurosa para un tema tan importante entre la población, como lo es el uso de armas para la autodefensa. La idea es que el Estado sea quien regule la entrega para la tenencia o posesión de las armas, a la población en nuestro país.

Tal es así, que la ley 19.247, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo y denominada como ley de regulación para laGrupo de Fibromialgia.Nancy Orihuela, Magela Roca, y Clarita Perez.tenencia y el porte de armas, establece desde el vamos la prohibición de la tenencia de un arma de fuego, municiones o material relacionado sin la autorización del Estado.

En ese aspecto, sostiene en su artículo 1º que “Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (aunque no aclara a qué refiere con materiales relacionados) sin la debida autorización del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa”.

Y recuerda en el segundo inciso del primer artículo que “será el Poder Ejecutivo el que establezca los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir

para autorizar la tenencia o el porte de armas, municiones o material relacionado en poder de civiles”.

En su articulado más adelante, la ley faculta al Estado a proceder a la incautación del material que no esté autorizado por los ministerios respectivos y además sostiene que esto, es sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas correspondientes.

Además la ley reglamenta los aspectos básicos para la comercialización de la armas de fuego, donde establece requisitos estrictos para esta actividad, imponiendo en todos los aspectos posibles una intervención total en cuanto al control y a la fiscalización de las armas en poder de civiles, por parte del Estado. Que entiende que las armas pueden generar un conflicto social mayor al que pretenden remediar.

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La protección de los animales y de las personas

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.
“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.
Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.
Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.

“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.

Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.

Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

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La garantía del proceder de oficio

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.
Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.
Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.
El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:
A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.
B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).
C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.
D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.
PASA
Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.
Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.
También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.
Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.
El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.

Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.

Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.

El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.

B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).

C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.

D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.

PASA

Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.

Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.

También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.

Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.

El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

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Nueva ley permite clausurar procedimientos penales a penados en condición de libertad

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.
En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.
ARTÍCULO ÚNICO
CON TRES INCISOS
La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:
“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.
Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.
LA OPOSICIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.
En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.
UN REQUISITO
ESTRICTO
Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.
Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.
La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.

En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.

ARTÍCULO ÚNICO CON TRES INCISOS

La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:

“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.

Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.

LA OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.

En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.

UN REQUISITO ESTRICTO

Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.

Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.

La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

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En el Centenario de las primeras normas laborales

A 100 años de la primera ley que reguló el derecho laboral en Uruguay, muchos cambios han sucedido desde entonces y los últimos años, han acelerado mucho tiempo de falta de legislación en la materia, aunque tanto cambio ha generado cierto desequilibrio, para lo que se pretendía lograr.
Por esa razón, el catedrático de Derecho Laboral y actual subsecretario del Ministerio del ramo, Nelson Lostaunau, reseñó que Uruguay retomó en los últimos meses el análisis de la ley 5.032 sobre prevención de accidentes de trabajo.
Dicha norma impuso derechos novedosos para la época y si bien fue una ley líder, ahora también debe actualizarse porque los peligros laborales han cambiado, sobre todo en el inicio del nuevo Siglo hasta ahora.
En el marco de la conmemoración de esta norma “Uruguay es el país que posee el menor grado de informalidad laboral en América Latina, lo cual ayuda a que se reduzcan los riesgos para los empleados”, dijo Lostaunau en una conferencia realizada ayer miércoles en la Torre Ejecutiva por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conmemorar los 100 años de la promulgación de la ley N.º 5.032 de prevención de accidentes en esa área.
Sostuvo que fue una “norma líder y revolucionaria para América Latina en tema de prevención porque contemplaba los derechos humanos de los trabajadores e impuso una obligación innata del contrato de trabajo y de la relación laboral sobre la salud y seguridad de los obreros”.
Acotó que su vigencia es anterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El catedrático devenido en jerarca del gobierno, manifestó que Uruguay vivió una etapa donde el contenido de esta ley “quedaba debajo de la alfombra” pero que “ese tiempo ha terminado”.
PERO…
Mas allá de que esta ley demuestra que Uruguay es un país que está a la vanguardia en legislación laboral en el mundo, la misma, tras reformas y actualizaciones, colide con otras expresiones normativas que se han sancionado en los últimos tiempos y que son fruto de la realidad política y social en la que vivimos.
Si tomamos en cuenta que en nuestro país se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, que impone obligaciones a los empresarios de cuidado y diligencia extrema para no vulnerar las condiciones de los trabajadores que están bajo su dependencia, y que además impone la carga de la prueba únicamente a quienes está destinada la norma, genera responsabilidad de un solo lado y eso demuestra un penoso desequilibrio, al igual que la ley 5.032 algún día esto también tendrá que corregirse.

A 100 años de la primera ley que reguló el derecho laboral en Uruguay, muchos cambios han sucedido desde entonces y los últimos

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

años, han acelerado mucho tiempo de falta de legislación en la materia, aunque tanto cambio ha generado cierto desequilibrio, para lo que se pretendía lograr.

Por esa razón, el catedrático de Derecho Laboral y actual subsecretario del Ministerio del ramo, Nelson Lostaunau, reseñó que Uruguay retomó en los últimos meses el análisis de la ley 5.032 sobre prevención de accidentes de trabajo.

Dicha norma impuso derechos novedosos para la época y si bien fue una ley líder, ahora también debe actualizarse porque los peligros laborales han cambiado, sobre todo en el inicio del nuevo Siglo hasta ahora.

En el marco de la conmemoración de esta norma “Uruguay es el país que posee el menor grado de informalidad laboral en América Latina, lo cual ayuda a que se reduzcan los riesgos para los empleados”, dijo Lostaunau en una conferencia realizada ayer miércoles en la Torre Ejecutiva por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conmemorar los 100 años de la promulgación de la ley N.º 5.032 de prevención de accidentes en esa área.

Sostuvo que fue una “norma líder y revolucionaria para América Latina en tema de prevención porque contemplaba los derechos humanos de los trabajadores e impuso una obligación innata del contrato de trabajo y de la relación laboral sobre la salud y seguridad de los obreros”.

Acotó que su vigencia es anterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El catedrático devenido en jerarca del gobierno, manifestó que Uruguay vivió una etapa donde el contenido de esta ley “quedaba debajo de la alfombra” pero que “ese tiempo ha terminado”.

PERO…

Mas allá de que esta ley demuestra que Uruguay es un país que está a la vanguardia en legislación laboral en el mundo, la misma, tras reformas y actualizaciones, colide con otras expresiones normativas que se han sancionado en los últimos tiempos y que son fruto de la realidad política y social en la que vivimos.

Si tomamos en cuenta que en nuestro país se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, que impone obligaciones a los empresarios de cuidado y diligencia extrema para no vulnerar las condiciones de los trabajadores que están bajo su dependencia, y que además impone la carga de la prueba únicamente a quienes está destinada la norma, genera responsabilidad de un solo lado y eso demuestra un penoso desequilibrio, al igual que la ley 5.032 algún día esto también tendrá que corregirse.

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Las “buenas” intenciones de las medidas cautelares

La medida cautelar se exige con la intención de prevenir un daño. Y su finalidad es tender a evitar que haya una modificación de la situación del demandado hecho existente al tiempo de deducirse una acción judicial, queriendo evitar la desaparición de los bienes del deudor que aseguren el cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en este caso.
Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y el secuestro de un bien como un vehículo por ejemplo sino que son aún mayores las facultades del juez, que encuentran su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo.
Más que a hacer justicia, la medida cautelar está destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido. La admisibilidad de las medidas cautelares en todo proceso están expresamente establecidas en nuestro derecho en el artículo 311.1 del C.G.P. El mismo artículo aclara que las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier proceso y en cualquier estado en el que se encuentre la causa y hasta incluso, lo más recomendable en muchos casos, se pueden adoptar como diligencia preparatoria de cualquier procedimiento.
El CGP también indica que es competente para decretarlas, el tribunal que también lo es para entender en el proceso posterior; y la medida dictada por un tribunal incompetente será válida si cumple con los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia sino que deberá remitirse al tribunal competente.
Para la medida cautelar hay tres presupuestos básicos: “el fumus boni iuris”, o el humo del buen derecho, es decir, que haya una certeza de que el derecho que se reclama justifica el daño en el que pueda verse sumida la persona contra quien se adopta la medida.
Si bien la ley no exige la certidumbre absoluta de la existencia del derecho que se reclama, es suficiente que exista la probabilidad de su existencia. Porque después declarar la certeza de la existencia del derecho que se reclama será la función de la sentencia definitiva.
El peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho: “el periculum in mora”. El tribunal tendrá que determinar si la medida cautelar solicitada es idónea, apta y apropiada para enfrentar y tirar por tierra el peligro y además evaluar si no es excesiva esa medida cautelar solicitada contra la parte que puede resultar dañada innecesariamente.
Y en tercer término está la “contracautela”. La contracautela es la garantía que debe ofrecer quien solicita la medida cautelar, a los efectos de asegurar que en el caso de que haya sido innecesaria la medida solicitada, y la misma solamente haya generado un daño innecesario, el solicitante de la medida podrá otorgarle el resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes si al decretarse la sentencia definitiva se le desestima la demanda.
Actualmente muchos abogados optan por solicitar la medida cautelar por excelencia, el embargo, contra un posible deudor, antes de deducir el derecho que tienen sobre éste. Las medidas cautelares de este tipo muchas veces son acogidas por los jueces y terminan generando un perjuicio mayor hacia el cautelado que lo que implica el derecho reclamado a éste, porque es como mandarlo preso antes de saber siquiera si estaba en el lugar del hecho.
El cautelado debe responder con sus bienes por una eventual responsabilidad y el daño que la misma le causa cuando no puede enajenar ni transferir absolutamente nada, además de manchar su buen nombre para transacciones futuras, es algo bastante pernicioso.
Por lo tanto, antes de adoptarla a la ligera, los magistrados deberían exigir el cumplimiento a rajatabla de sus tres requisitos a quienes las solicitan y sobre todo asegurarse que la contracautela ofrecida sea suficiente y ejecutable cuando el cautelado pase al otro lado del mostrador y quiera ejercer su derecho.
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La medida cautelar se exige con la intención de prevenir un daño. Y su finalidad es tender a evitar que haya una modificación de la situación del demandado hecho existente al tiempo de deducirse una acción judicial, queriendo evitar la desaparición de los bienes del deudor que aseguren el cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en este caso.

Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

general de bienes y el secuestro de un bien como un vehículo por ejemplo sino que son aún mayores las facultades del juez, que encuentran su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo.

Más que a hacer justicia, la medida cautelar está destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido. La admisibilidad de las medidas cautelares en todo proceso están expresamente establecidas en nuestro derecho en el artículo 311.1 del C.G.P. El mismo artículo aclara que las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier proceso y en cualquier estado en el que se encuentre la causa y hasta incluso, lo más recomendable en muchos casos, se pueden adoptar como diligencia preparatoria de cualquier procedimiento.

El CGP también indica que es competente para decretarlas, el tribunal que también lo es para entender en el proceso posterior; y la medida dictada por un tribunal incompetente será válida si cumple con los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia sino que deberá remitirse al tribunal competente.

Para la medida cautelar hay tres presupuestos básicos: “el fumus boni iuris”, o el humo del buen derecho, es decir, que haya una certeza de que el derecho que se reclama justifica el daño en el que pueda verse sumida la persona contra quien se adopta la medida.

Si bien la ley no exige la certidumbre absoluta de la existencia del derecho que se reclama, es suficiente que exista la probabilidad de su existencia. Porque después declarar la certeza de la existencia del derecho que se reclama será la función de la sentencia definitiva.

El peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho: “el periculum in mora”. El tribunal tendrá que determinar si la medida cautelar solicitada es idónea, apta y apropiada para enfrentar y tirar por tierra el peligro y además evaluar si no es excesiva esa medida cautelar solicitada contra la parte que puede resultar dañada innecesariamente.

Y en tercer término está la “contracautela”. La contracautela es la garantía que debe ofrecer quien solicita la medida cautelar, a los efectos de asegurar que en el caso de que haya sido innecesaria la medida solicitada, y la misma solamente haya generado un daño innecesario, el solicitante de la medida podrá otorgarle el resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes si al decretarse la sentencia definitiva se le desestima la demanda.

Actualmente muchos abogados optan por solicitar la medida cautelar por excelencia, el embargo, contra un posible deudor, antes de deducir el derecho que tienen sobre éste. Las medidas cautelares de este tipo muchas veces son acogidas por los jueces y terminan generando un perjuicio mayor hacia el cautelado que lo que implica el derecho reclamado a éste, porque es como mandarlo preso antes de saber siquiera si estaba en el lugar del hecho.

El cautelado debe responder con sus bienes por una eventual responsabilidad y el daño que la misma le causa cuando no puede enajenar ni transferir absolutamente nada, además de manchar su buen nombre para transacciones futuras, es algo bastante pernicioso.

Por lo tanto, antes de adoptarla a la ligera, los magistrados deberían exigir el cumplimiento a rajatabla de sus tres requisitos a quienes las solicitan y sobre todo asegurarse que la contracautela ofrecida sea suficiente y ejecutable cuando el cautelado pase al otro lado del mostrador y quiera ejercer su derecho.

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La importancia del “piso de riesgo” en la defensa legal

El “piso de riesgo” se le llama a lo mínimo que puede esperar como resultado de una demanda quien es defendido por un abogado en el rol de demandado. Se trata de algo muy importante a la hora de avisarle a un cliente que espera tener el mejor resultado de un posible juicio, el más favorable posible, qué es lo que debe estar dispuesto a enfrentar, o a esperar de un fallo judicial que puede terminar condenándolo.
Esto ocurre con demandas de cualquier materia, pero fundamentalmente en el ámbito laboral, cuando se reciben muchos reclamos que pueden ser verdaderamente astronómicos y fuera de la realidad de lo que finalmente es lo que entiende un tribunal.
Si bien por un lado, los abogados laboralistas, cuando entablan un reclamo laboral, al pasar por el cernidor, que en este caso sería la instancia de tentativa de conciliación ante la oficina local del Ministerio de Trabajo, tienden a inflar en demasía el tenor de la pretensión de sus clientes, por otro lado, la parte reclamada tiende a querer desconocer, y en ese sentido a desinflar con esa actitud, lo que el otro intenta cobrarle.
Sin embargo hay que buscar un equilibrio entre ambas posiciones y saber preparar al cliente reclamado sobre los posibles daños que pueda sufrir, los que si bien pueden ser sensiblemente inferiores a los reclamados ante un tribunal, tampoco pueden ser tan mínimos como a veces esperan lograr de quienes actúan en su defensa.
Por lo general, haciendo uso y abuso del nuevo escenario en el que se encuentran las relaciones laborales, los abogados tienden a utilizar normativas que generan demasiadas expectativas en los trabajadores y los mal informan acerca de cuáles son sus derechos con tal de obtener beneficios posteriores.
Esto genera que las defensas argumenten todo lo contrario y echen por tierra una relación laboral que puede tener ajustes, pero ni tanto por reclamar ni tan poco por reconocer, entonces ahí es cuando entra en escena el llamado “piso de riesgo”, que es donde los abogados que defienden al reclamado deben alertarle sobre las posibilidades de que un juez reconozca determinados aspectos de las pretensiones esgrimidas por la contraria y los reclamos por más descabellados que parezcan, siempre tienen un aspecto a ser considerados por un juez.
Lo fundamental de todo esto, es la buena información que debe transmitirle el abogado a sus clientes. Debe ser transparente, clara, concisa y contundente. El resto lo hará el tribunal, pero el cliente tiene derecho a defenderse con normas claras e información precisa.
En ese caso, el llamado “piso de riesgo” debe estar presente para que no queden dudas a la hora de recibir un reclamo, de cuáles son las consecuencias a las que podrá enfrentarse posteriormente, para así hacerlo de la mejor manera posible. De eso se trata una buena defensa legal.

El “piso de riesgo” se le llama a lo mínimo que puede esperar como resultado de una demanda quien es defendido por un abogado en

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

el rol de demandado. Se trata de algo muy importante a la hora de avisarle a un cliente que espera tener el mejor resultado de un posible juicio, el más favorable posible, qué es lo que debe estar dispuesto a enfrentar, o a esperar de un fallo judicial que puede terminar condenándolo.

Esto ocurre con demandas de cualquier materia, pero fundamentalmente en el ámbito laboral, cuando se reciben muchos reclamos que pueden ser verdaderamente astronómicos y fuera de la realidad de lo que finalmente es lo que entiende un tribunal.

Si bien por un lado, los abogados laboralistas, cuando entablan un reclamo laboral, al pasar por el cernidor, que en este caso sería la instancia de tentativa de conciliación ante la oficina local del Ministerio de Trabajo, tienden a inflar en demasía el tenor de la pretensión de sus clientes, por otro lado, la parte reclamada tiende a querer desconocer, y en ese sentido a desinflar con esa actitud, lo que el otro intenta cobrarle.

Sin embargo hay que buscar un equilibrio entre ambas posiciones y saber preparar al cliente reclamado sobre los posibles daños que pueda sufrir, los que si bien pueden ser sensiblemente inferiores a los reclamados ante un tribunal, tampoco pueden ser tan mínimos como a veces esperan lograr de quienes actúan en su defensa.

Por lo general, haciendo uso y abuso del nuevo escenario en el que se encuentran las relaciones laborales, los abogados tienden a utilizar normativas que generan demasiadas expectativas en los trabajadores y los mal informan acerca de cuáles son sus derechos con tal de obtener beneficios posteriores.

Esto genera que las defensas argumenten todo lo contrario y echen por tierra una relación laboral que puede tener ajustes, pero ni tanto por reclamar ni tan poco por reconocer, entonces ahí es cuando entra en escena el llamado “piso de riesgo”, que es donde los abogados que defienden al reclamado deben alertarle sobre las posibilidades de que un juez reconozca determinados aspectos de las pretensiones esgrimidas por la contraria y los reclamos por más descabellados que parezcan, siempre tienen un aspecto a ser considerados por un juez.

Lo fundamental de todo esto, es la buena información que debe transmitirle el abogado a sus clientes. Debe ser transparente, clara, concisa y contundente. El resto lo hará el tribunal, pero el cliente tiene derecho a defenderse con normas claras e información precisa.

En ese caso, el llamado “piso de riesgo” debe estar presente para que no queden dudas a la hora de recibir un reclamo, de cuáles son las consecuencias a las que podrá enfrentarse posteriormente, para así hacerlo de la mejor manera posible. De eso se trata una buena defensa legal.

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La difamación tiene muchos límites

El delito de difamación así como el de injurias, que pretenden salvar el honor de las personas, tienen un margen muy estrecho que coliden con el de la libertad de expresión, y por eso son medidas con una regla muy especial, ya que pretende determinar si el mismo invadió la esfera jurídica que se pretende, o si las expresiones, que en este caso serían la acción a analizar, no alcanzan el tipo penal establecido porque simplemente están dentro del marco de la libertad de expresión de las personas, un derecho humano fundamental que no puede ser privado bajo ningún concepto.
Pero además, antes de pensar en la comisión de un delito de estas características por parte de un representante sindical, hay que tener especial cuidado en el blindaje jurídico que les otorga la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical. La norma establece ciertas características que permiten expresiones comprometidas por la dirigencia sindical uruguaya, y las protege por entender que de lo contrario peligraría la libertad sindical, consagrada en la Constitución de la República.
En ese aspecto, el delito de difamación establecido en el artículo 333 del Código Penal uruguayo refiere a que: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.
Además, muy similar pero diferente es el delito de injuria que está enmarcado en el artículo 334 y dice: “El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de 60 U.R. (sesenta unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables)”.
Todo esto, siempre y cuando el hecho que se divulgue no sea verdad y tampoco haya pruebas que verifiquen los dichos. Mucho más si se trata de dirigentes sindicales que cuentan con elementos para expresar sus denuncias ante sus afiliados, que es el ámbito donde deben hacerlo. Hay que tener cuidado al manejar estas figuras penales y entender el contexto en el que estamos inmersos antes de dar un paso que pueda ser en falso.

El delito de difamación así como el de injurias, que pretenden salvar el honor de las personas, tienen un margen muy estrecho que coliden con el de la libertad de expresión, y por eso son medidas con una regla muy especial, ya que pretende determinar si el mismo

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

invadió la esfera jurídica que se pretende, o si las expresiones, que en este caso serían la acción a analizar, no alcanzan el tipo penal establecido porque simplemente están dentro del marco de la libertad de expresión de las personas, un derecho humano fundamental que no puede ser privado bajo ningún concepto.

Pero además, antes de pensar en la comisión de un delito de estas características por parte de un representante sindical, hay que tener especial cuidado en el blindaje jurídico que les otorga la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical. La norma establece ciertas características que permiten expresiones comprometidas por la dirigencia sindical uruguaya, y las protege por entender que de lo contrario peligraría la libertad sindical, consagrada en la Constitución de la República.

En ese aspecto, el delito de difamación establecido en el artículo 333 del Código Penal uruguayo refiere a que: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.

Además, muy similar pero diferente es el delito de injuria que está enmarcado en el artículo 334 y dice: “El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de 60 U.R. (sesenta unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables)”.

Todo esto, siempre y cuando el hecho que se divulgue no sea verdad y tampoco haya pruebas que verifiquen los dichos. Mucho más si se trata de dirigentes sindicales que cuentan con elementos para expresar sus denuncias ante sus afiliados, que es el ámbito donde deben hacerlo. Hay que tener cuidado al manejar estas figuras penales y entender el contexto en el que estamos inmersos antes de dar un paso que pueda ser en falso.

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Ley declaró “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”

Una de las dos leyes promulgadas hasta ahora por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo, tiene una lectura muy ambigua, ya que si bien apunta a reconstruir la identidad nacional a través de los nuevos tiempos, e institucionalizar la idea de que la dictadura como forma de gobierno totalitario es mala para el país, denominando al 27 de junio como el “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, también establece en su articulado que esto es “de interés general para el sistema educativo” y que el rol que cumplieron los distintos actores debe ser divulgado.
Se trata de la Ley Nº 19.211 que fue promulgada hace pocos días y que en ese aspecto, pone en riesgo los postulados del laicismo que debe imperar como norma general en el sistema educativo uruguayo.
¿POLÉMICA?
Esta ley constituye pura denominación de carácter político. Se trata de darle forma a un hecho que cobra vigencia institucional sobre todo en los tiempos que corren. Si bien hay unanimidad en ponerle nombre a la recordación. Lo que cuestionaron algunos legisladores, fue el hecho que la norma involucre al sistema educativo a hablar sobre el punto.
En su artículo 1º, la ley de marras señala que: Declárase el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia” honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Artículo 2º: Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos,  partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones en oposición al golpe de estado, en la convocatoria a la Huelga General.
Artículo 3º: La Asamblea General, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, organizarán actividades públicas para la evocación de estos hechos.
Artículo 4º: Las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, destinarán en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de estado.
Este último artículo refiere a una injerencia directa del Estado con la coacción a través de la ley a que se cumpla con la difusión y recordación de los hechos acontecidos en el año 1973.

Una de las dos leyes promulgadas hasta ahora por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo, tiene una lectura muy ambigua, ya que si bien apunta a reconstruir la identidad nacional a través de los nuevos tiempos, e institucionalizar la idea de que la dictadura como

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

forma de gobierno totalitario es mala para el país, denominando al 27 de junio como el “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, también establece en su articulado que esto es “de interés general para el sistema educativo” y que el rol que cumplieron los distintos actores debe ser divulgado.

Se trata de la Ley Nº 19.211 que fue promulgada hace pocos días y que en ese aspecto, pone en riesgo los postulados del laicismo que debe imperar como norma general en el sistema educativo uruguayo.

¿POLÉMICA?

Esta ley constituye pura denominación de carácter político. Se trata de darle forma a un hecho que cobra vigencia institucional sobre todo en los tiempos que corren. Si bien hay unanimidad en ponerle nombre a la recordación. Lo que cuestionaron algunos legisladores, fue el hecho que la norma involucre al sistema educativo a hablar sobre el punto.

En su artículo 1º, la ley de marras señala que: Declárase el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia” honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Artículo 2º: Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos,  partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones en oposición al golpe de estado, en la convocatoria a la Huelga General.

Artículo 3º: La Asamblea General, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, organizarán actividades públicas para la evocación de estos hechos.

Artículo 4º: Las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, destinarán en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de estado.

Este último artículo refiere a una injerencia directa del Estado con la coacción a través de la ley a que se cumpla con la difusión y recordación de los hechos acontecidos en el año 1973.

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El efecto vinculante del principio de congruencia

“El principio de congruencia en el proceso penal uruguayo, que establece que el juez debe fallar acorde a lo que le pide el fiscal, es eso, un principio, y por ende el mismo no es ley y por lo tanto no tiene efecto vinculante ante el juez para que adopte una decisión”, explicaba un juez ante la consulta realizada por quien esto escribe, de por qué en el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, se lo procesó con prisión por el delito de abuso de funciones, cuando el fiscal, que es el titular de la acción penal, no lo pidió así.
Y en ese aspecto, el magistrado apuntaba que el principio de congruencia, tiende a unificar la acción penal entre lo que entiende el fiscal que ocurrió en el caso para que lo que establezca el fallo del juez, no vaya por otro andarivel distinto y de esa forma, el proceso tenga un sentido más uniforme.
Acorde entre lo que establece el dictamen fiscal, tras su actuación como titular de la acción penal durante el presumario y el proceso posterior, y la decisión que adopte el juez de la causa.
En ese aspecto, en el caso reciente del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, que fue procesado con prisión por la jueza del caso, luego que el fiscal entendiera que siendo autor de un delito de abuso de funciones,  debía ser procesado, esto enjuiciado penalmente, pero sin la prisión preventiva como medida cautelar, ya que entendía que toda la prueba para esa instancia había sido agotada y que además, no había peligro de fuga, por lo cual estos elementos se sumaban a la condición de primario del intendente.
Empero, la magistrada actuante, Virginia Ginares, entendió con total independencia de criterio y autonomía de la voluntad, que el alto cargo que ostentaba el entonces jefe comunal y la continuidad del mismo delito, ameritaba la prisión preventiva como castigo.
La medida fue impugnada por los abogados de Zimmer que entre otros fundamentos esgrimido en el recurso de apelación, se encontraba el del incumplimiento al principio de congruencia.
Sin embargo, entre la doctrina, se adopta como un principio de regla y que debe ser cumplido, más que respetado, como si de lo contrario se incurriera en una falta grave.
Pero la jueza Ginares, entendía lo mismo que su colega, que fue consultado días pasados por este articulista, quien argumentó a favor de que el principio de congruencia, no tiene un efecto vinculante y que lo actuado por su colega, es de recibo.
Por lo tanto, el procesamiento con prisión de Zimmer es tan válido como la tipificación del delito adjudicado.

“El principio de congruencia en el proceso penal uruguayo, que establece que el juez debe fallar acorde a lo que le pide el fiscal, es eso, un principio, y por ende el mismo no es ley y por lo tanto no tiene efecto vinculante ante el juez para que adopte una decisión”,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

explicaba un juez ante la consulta realizada por quien esto escribe, de por qué en el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, se lo procesó con prisión por el delito de abuso de funciones, cuando el fiscal, que es el titular de la acción penal, no lo pidió así.

Y en ese aspecto, el magistrado apuntaba que el principio de congruencia, tiende a unificar la acción penal entre lo que entiende el fiscal que ocurrió en el caso para que lo que establezca el fallo del juez, no vaya por otro andarivel distinto y de esa forma, el proceso tenga un sentido más uniforme.

Acorde entre lo que establece el dictamen fiscal, tras su actuación como titular de la acción penal durante el presumario y el proceso posterior, y la decisión que adopte el juez de la causa.

En ese aspecto, en el caso reciente del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, que fue procesado con prisión por la jueza del caso, luego que el fiscal entendiera que siendo autor de un delito de abuso de funciones,  debía ser procesado, esto enjuiciado penalmente, pero sin la prisión preventiva como medida cautelar, ya que entendía que toda la prueba para esa instancia había sido agotada y que además, no había peligro de fuga, por lo cual estos elementos se sumaban a la condición de primario del intendente.

Empero, la magistrada actuante, Virginia Ginares, entendió con total independencia de criterio y autonomía de la voluntad, que el alto cargo que ostentaba el entonces jefe comunal y la continuidad del mismo delito, ameritaba la prisión preventiva como castigo.

La medida fue impugnada por los abogados de Zimmer que entre otros fundamentos esgrimido en el recurso de apelación, se encontraba el del incumplimiento al principio de congruencia.

Sin embargo, entre la doctrina, se adopta como un principio de regla y que debe ser cumplido, más que respetado, como si de lo contrario se incurriera en una falta grave.

Pero la jueza Ginares, entendía lo mismo que su colega, que fue consultado días pasados por este articulista, quien argumentó a favor de que el principio de congruencia, no tiene un efecto vinculante y que lo actuado por su colega, es de recibo.

Por lo tanto, el procesamiento con prisión de Zimmer es tan válido como la tipificación del delito adjudicado.

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Equilibrar el tenor de las reclamaciones

Un alud de reclamaciones laborales se han precipitado sobre los estrados de los juzgados laborales de todo el país en los últimos tiempos. Si bien se trata de una de las muestras más evidentes de que el mundo de las relaciones laborales ha tenido una transformación muy importante en la ultima década, por la cantidad de leyes que han sido sancionadas buscando un “equilibrio en las relaciones laborales”, la situación ha ameritado también otras cosas que es bueno ponerse a reflexionar.
Días pasados, trascendió en los pasillos de uno de los juzgados de Salto donde se dirimen este tipo de cuestiones, que una mujer que trabajó casi cuatro meses en una casa como empleada doméstica y que lo hacía en un régimen de tres veces por semana, demandó a su ex empleadora, luego que ésta cesara sus servicios por su situación económica.
El caso es que la ex empleada consiguió que un abogado le firmara una demanda por unos 250 mil pesos, sumando costosas horas extras, servicios que trascendían la función de doméstica y otros hechos, como gastos de traslados, enfermedades que habría contraído trabajando en el lugar, entre otros puntos. La situación, más allá de su veracidad, fue vista como excesiva por la parte demandada y al no haber acuerdo en la instancia administrativa, ahora el caso lo dilucidará un juez, con todo lo que ello implica sobre todo para la demandada, cuando ésta pertenece a la clase media trabajadora y no ostenta ninguna empresa de la que fluya un mayor caudal de dinero.
Asimismo, días más tarde, llegó hasta los estrados judiciales que entienden en materia laboral otra demanda considerada exorbitante, pero que causó revuelo entre los operadores del sistema. Se trataba de otro caso de una empleada doméstica que llevó al juzgado un reclamo por 1 millón de pesos. Tomando en cuenta que su trabajo era de acompañamiento de una persona que es adulto mayor, a la que además le realizaba servicios de limpieza en su hogar.
El caso aún está por comenzar a dilucidarse a nivel judicial y en ese sentido, los abogados de la parte demandada, intentarán derribar el monto por entenderlo excesivo.
Pero este tipo de situaciones, según comentaban algunos operadores judiciales, se ha vuelto moneda corriente, ya que la sucesiva sanción de leyes que ha formalizado determinadas tareas y a las cuales se les ha especificado una serie de categorías y detalles que complejizado más el asunto, ha generado que muchos de los letrados que patrocinan este tipo de casos, consideren que pueden estirar las leyes como si fueran un chicle, hasta ver adonde llegan, con tal de obtener un rédito económico, sin importar el grado de veracidad de tal reclamación.
En ese sentido, quienes llevan adelante demandas de estas características, sientan precedentes de querer alcanzar reclamaciones faraónicas, en casos cuya realidad no se ajusta a lo reclamado. Entonces, la avalancha de leyes que ha permitido establecer como una verdad revelada el principio del “in dubio pro operario” (ante la duda, hay que ir a favor del trabajador), ha legitimado de manera categórica que el trabajador siempre tiene la razón, a la que se le suman abogados que se prestan para impulsar situaciones que van atadas a una coyuntura sociopolítica que puede ayudar a que este tipo de casos prosperen.
En ese aspecto, y siguiendo un rigor científico, yéndonos al plano jurídico, debería haber más equilibrio por parte de los trabajadores y de sus abogados a la hora de hacer reclamaciones, porque muchas veces el daño que puedan causar a personas que comparten su esfuerzo para darles empleo, puede volverse una causa para que la sociedad comience a tomar precauciones, y la mayoría de las puertas empiecen a cerrarse para evitar después juicios de todo tipo, que no le hacen nada bien ni al sistema judicial en sí, ni mucho menos al mundo del Derecho laboral que lejos de emparejar, vuelca la balanza hacia partes que muchas veces, no son las más débiles. Por eso, es buena cosa pensar en los equilibrios.

Un alud de reclamaciones laborales se han precipitado sobre los estrados de los juzgados laborales de todo el país en los últimos

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

tiempos. Si bien se trata de una de las muestras más evidentes de que el mundo de las relaciones laborales ha tenido una transformación muy importante en la ultima década, por la cantidad de leyes que han sido sancionadas buscando un “equilibrio en las relaciones laborales”, la situación ha ameritado también otras cosas que es bueno ponerse a reflexionar.

Días pasados, trascendió en los pasillos de uno de los juzgados de Salto donde se dirimen este tipo de cuestiones, que una mujer que trabajó casi cuatro meses en una casa como empleada doméstica y que lo hacía en un régimen de tres veces por semana, demandó a su ex empleadora, luego que ésta cesara sus servicios por su situación económica.

El caso es que la ex empleada consiguió que un abogado le firmara una demanda por unos 250 mil pesos, sumando costosas horas extras, servicios que trascendían la función de doméstica y otros hechos, como gastos de traslados, enfermedades que habría contraído trabajando en el lugar, entre otros puntos. La situación, más allá de su veracidad, fue vista como excesiva por la parte demandada y al no haber acuerdo en la instancia administrativa, ahora el caso lo dilucidará un juez, con todo lo que ello implica sobre todo para la demandada, cuando ésta pertenece a la clase media trabajadora y no ostenta ninguna empresa de la que fluya un mayor caudal de dinero.

Asimismo, días más tarde, llegó hasta los estrados judiciales que entienden en materia laboral otra demanda considerada exorbitante, pero que causó revuelo entre los operadores del sistema. Se trataba de otro caso de una empleada doméstica que llevó al juzgado un reclamo por 1 millón de pesos. Tomando en cuenta que su trabajo era de acompañamiento de una persona que es adulto mayor, a la que además le realizaba servicios de limpieza en su hogar.

El caso aún está por comenzar a dilucidarse a nivel judicial y en ese sentido, los abogados de la parte demandada, intentarán derribar el monto por entenderlo excesivo.

Pero este tipo de situaciones, según comentaban algunos operadores judiciales, se ha vuelto moneda corriente, ya que la sucesiva sanción de leyes que ha formalizado determinadas tareas y a las cuales se les ha especificado una serie de categorías y detalles que complejizado más el asunto, ha generado que muchos de los letrados que patrocinan este tipo de casos, consideren que pueden estirar las leyes como si fueran un chicle, hasta ver adonde llegan, con tal de obtener un rédito económico, sin importar el grado de veracidad de tal reclamación.

En ese sentido, quienes llevan adelante demandas de estas características, sientan precedentes de querer alcanzar reclamaciones faraónicas, en casos cuya realidad no se ajusta a lo reclamado. Entonces, la avalancha de leyes que ha permitido establecer como una verdad revelada el principio del “in dubio pro operario” (ante la duda, hay que ir a favor del trabajador), ha legitimado de manera categórica que el trabajador siempre tiene la razón, a la que se le suman abogados que se prestan para impulsar situaciones que van atadas a una coyuntura sociopolítica que puede ayudar a que este tipo de casos prosperen.

En ese aspecto, y siguiendo un rigor científico, yéndonos al plano jurídico, debería haber más equilibrio por parte de los trabajadores y de sus abogados a la hora de hacer reclamaciones, porque muchas veces el daño que puedan causar a personas que comparten su esfuerzo para darles empleo, puede volverse una causa para que la sociedad comience a tomar precauciones, y la mayoría de las puertas empiecen a cerrarse para evitar después juicios de todo tipo, que no le hacen nada bien ni al sistema judicial en sí, ni mucho menos al mundo del Derecho laboral que lejos de emparejar, vuelca la balanza hacia partes que muchas veces, no son las más débiles. Por eso, es buena cosa pensar en los equilibrios.

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Ley exonera tributos a la vivienda social

En el mes de octubre del 2011 quedó vigente la ley 18.795 que se denomina de Beneficios Tributarios a la Adquisición de Viviendas de Interés Social. La misma prevé una serie de requisitos para su acceso y su intención es básicamente promover la inversión en obra privada, exonerando de una serie de tributos que gravan la construcción, ampliación, reciclaje o refacción de las mismas.
CUÁLES SON
A los efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que; Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas. Que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población. Que Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados. Que Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social. Que Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.
Beneficios tributarios.
El artículo 4º de la ley 18.795 prevé otorgar los siguientes beneficios: A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto. B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del costo de adquisición de los inmuebles. C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas.
F) Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social. G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior.

En el mes de octubre del 2011 quedó vigente la ley 18.795 que se denomina de Beneficios Tributarios a la Adquisición de Viviendas

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

de Interés Social. La misma prevé una serie de requisitos para su acceso y su intención es básicamente promover la inversión en obra privada, exonerando de una serie de tributos que gravan la construcción, ampliación, reciclaje o refacción de las mismas.

CUÁLES SON

A los efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que; Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas. Que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población. Que Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados. Que Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social. Que Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.

Beneficios tributarios.

El artículo 4º de la ley 18.795 prevé otorgar los siguientes beneficios: A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto. B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del costo de adquisición de los inmuebles. C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas.

F) Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social. G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior.

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Una ley que juega para un solo lado

La ley de responsabilidad empresarial juega su partido a poco tiempo de las elecciones con un peso importante dentro y fuera del mundo del Derecho. Es mucho más que una norma, sino que establece una incidencia importante en materia política para determinar leyes convenientes a sectores determinados de la población.
Ahora los sindicatos cuentan con un brazo importante en el parlamento para hacer leyes a su medida, que no toman la realidad con todas las aristas tal como debería ser.
Se trata de una ley muy ambigua y con sentido amplio, la que deja en claro que adopta una posición concreta hacia una de las partes y además no establece obligaciones para quienes la impulsaron que son la supuesta parte débil del asunto, los trabajadores.
A éstos nos les impone el deber de que exijan todos los implementos necesarios para evitar siniestros y tampoco los obliga a ser diligentes en la utilización de los mismos.
Y esto, por más que se considere que no es necesario, sí lo es. Porque la negligencia existe en todos los órdenes y si un trabajador no toma los recaudos pertinentes, en caso de que se produzca un siniestro que tenga resultado fatal, será el empleador quien deberá probar que obró con la diligencia debida y que fue el trabajador el que no tomó los recaudos necesarios, algo que se hará sumamente complejo a la hora de hacer efectiva la carga de la prueba ante un juez y que tendrá incluso un efecto hasta de inversión de la carga de la prueba para el empleador. Sumado a que en derecho laboral, encima tendrá que remar contra el principio in dubio pro operario, que siempre juega y más en este caso.
Este tema es importante, porque cualquier persona puede ser la parte empleadora de la que habla la nueva ley, basta con contratar a una persona para que realice una actividad en su casa y por más que se cumpla con todos los recaudos para que no se produzca siniestralidad alguna, el empleador quedará a merced de la conducta responsable del trabajador. Y en ese caso, siempre está en desventaja, porque puede tomar recaudos por él, pero no sabe cómo va a actuar el otro.
Se trata de una ley que tampoco sería necesaria teniendo en cuenta que a nivel del Derecho Civil existe la reparación por daños en casos de siniestralidad por responsabilidad extracontractual, y ahora la existencia de una ley de estas características solamente genera controversias mayores que ponen en situación de vulnerabilidad a los empleadores.
Entonces, si usted quiere refaccionar el techo de su casa, además de vigilar que le hagan bien el trabajo y no le hagan mal las cosas, deberá controlar que los operarios sean diligentes y que no hagan como varios obreros del SUNCA, que cuando están en algunas obras no usan guantes o el casco protector, porque sienten calor, trasladándole la responsabilidad al empleador que luego deberá probar esto, si puede hacerlo.
Aunque considero que una ley debe existir, pero en este caso, faltó la exigencia al trabajador de que tome los recaudos necesarios para evitar siniestros de cualquier índole y que tenga además una conducta responsable, esto para cumplir con la igualdad de las partes, algo que siempre debería existir en toda ley que se vote. Pero los tiempos políticos exigen otras cosas y eso escapa a lo jurídico, algo que se vuelve lamentable.

La ley de responsabilidad empresarial juega su partido a poco tiempo de las elecciones con un peso importante dentro y fuera del mundo del Derecho. Es mucho más que una norma, sino que establece una incidencia importante en materia política para determinar leyes convenientes a sectores determinados de la población.

Ahora los sindicatos cuentan con un brazo importante en el parlamento para hacer leyes a su medida, que no toman la realidad con

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

todas las aristas tal como debería ser.

Se trata de una ley muy ambigua y con sentido amplio, la que deja en claro que adopta una posición concreta hacia una de las partes y además no establece obligaciones para quienes la impulsaron que son la supuesta parte débil del asunto, los trabajadores.

A éstos nos les impone el deber de que exijan todos los implementos necesarios para evitar siniestros y tampoco los obliga a ser diligentes en la utilización de los mismos.

Y esto, por más que se considere que no es necesario, sí lo es. Porque la negligencia existe en todos los órdenes y si un trabajador no toma los recaudos pertinentes, en caso de que se produzca un siniestro que tenga resultado fatal, será el empleador quien deberá probar que obró con la diligencia debida y que fue el trabajador el que no tomó los recaudos necesarios, algo que se hará sumamente complejo a la hora de hacer efectiva la carga de la prueba ante un juez y que tendrá incluso un efecto hasta de inversión de la carga de la prueba para el empleador. Sumado a que en derecho laboral, encima tendrá que remar contra el principio in dubio pro operario, que siempre juega y más en este caso.

Este tema es importante, porque cualquier persona puede ser la parte empleadora de la que habla la nueva ley, basta con contratar a una persona para que realice una actividad en su casa y por más que se cumpla con todos los recaudos para que no se produzca siniestralidad alguna, el empleador quedará a merced de la conducta responsable del trabajador. Y en ese caso, siempre está en desventaja, porque puede tomar recaudos por él, pero no sabe cómo va a actuar el otro.

Se trata de una ley que tampoco sería necesaria teniendo en cuenta que a nivel del Derecho Civil existe la reparación por daños en casos de siniestralidad por responsabilidad extracontractual, y ahora la existencia de una ley de estas características solamente genera controversias mayores que ponen en situación de vulnerabilidad a los empleadores.

Entonces, si usted quiere refaccionar el techo de su casa, además de vigilar que le hagan bien el trabajo y no le hagan mal las cosas, deberá controlar que los operarios sean diligentes y que no hagan como varios obreros del SUNCA, que cuando están en algunas obras no usan guantes o el casco protector, porque sienten calor, trasladándole la responsabilidad al empleador que luego deberá probar esto, si puede hacerlo.

Aunque considero que una ley debe existir, pero en este caso, faltó la exigencia al trabajador de que tome los recaudos necesarios para evitar siniestros de cualquier índole y que tenga además una conducta responsable, esto para cumplir con la igualdad de las partes, algo que siempre debería existir en toda ley que se vote. Pero los tiempos políticos exigen otras cosas y eso escapa a lo jurídico, algo que se vuelve lamentable.

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Es mejor notificar, que perder plata

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.
Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.
Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.
Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.
En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.
Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.
Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.

Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.

Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.

Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.

En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.

Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.

Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.

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El principio de igualdad no se cumple en Uruguay

El artículo 8º de la Constitución de la República establece el principio de igualdad ante la ley que rige para todos los ciudadanos del país. Pero como todo en derecho, una cosa es lo que dice el texto de la ley y otra muy distinta es su aplicación por la mano de los hombres.
El otro día un joven que venía de Concordia fue sometido a un riguroso control por parte de los funcionarios aduaneros que están en el puente de Salto Grande. Le sacaron dos frascos de shampoo que traía para su consumo y le dijeron que como todavía estaba vigente el “cero kilo”, no podía pasarlos. El hombre, reaccionó en forma iracunda y prefirió destrozar la mercadería ante la cara impávida del funcionario, que entregárselo, por dudar (quien no) de su destino, ya que no se tragaba la pastilla de que ambos productos para el cabello fueran a parar al depósito de la Aduana.
El argumento a mi juicio debió haber sido: el día que Aduana reprenda a todos los que viven del contrabando y que han aumentado su patrimonio gracias al enriquecimiento ilícito y estos sean procesados, el día que esos mismos funcionarios que te miran de reojo como a un delincuente por cruzar hacia Concordia hayan desabastecido al Bagashopping, el día que no haya más productos de contrabando en las tiendas del centro de la ciudad y que hagan cumplir la norma a rajatabla, que me detengan.
Mientras tanto, cada vez que haya una revisión en el paso de frontera por el cero kilo, los ciudadanos deberían no permitirla y exigir el cumplimiento del artículo 8º de la Constitución, y que la ley se aplique para todos los ciudadanos de este país. De lo contrario, ellos mismos serán los que están violando la Constitución y podrían ser denunciados.

El artículo 8º de la Constitución de la República establece el principio de igualdad ante la ley que rige para todos los ciudadanos del país. Pero como todo en derecho, una cosa es lo que dice el texto de la ley y otra muy distinta es su aplicación por la mano de los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

hombres.

El otro día un joven que venía de Concordia fue sometido a un riguroso control por parte de los funcionarios aduaneros que están en el puente de Salto Grande. Le sacaron dos frascos de shampoo que traía para su consumo y le dijeron que como todavía estaba vigente el “cero kilo”, no podía pasarlos. El hombre, reaccionó en forma iracunda y prefirió destrozar la mercadería ante la cara impávida del funcionario, que entregárselo, por dudar (quien no) de su destino, ya que no se tragaba la pastilla de que ambos productos para el cabello fueran a parar al depósito de la Aduana.

El argumento a mi juicio debió haber sido: el día que Aduana reprenda a todos los que viven del contrabando y que han aumentado su patrimonio gracias al enriquecimiento ilícito y estos sean procesados, el día que esos mismos funcionarios que te miran de reojo como a un delincuente por cruzar hacia Concordia hayan desabastecido al Bagashopping, el día que no haya más productos de contrabando en las tiendas del centro de la ciudad y que hagan cumplir la norma a rajatabla, que me detengan.

Mientras tanto, cada vez que haya una revisión en el paso de frontera por el cero kilo, los ciudadanos deberían no permitirla y exigir el cumplimiento del artículo 8º de la Constitución, y que la ley se aplique para todos los ciudadanos de este país. De lo contrario, ellos mismos serán los que están violando la Constitución y podrían ser denunciados.

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Una extensión de plazos para pagos al BPS que puede servir

Entre tanta lesividad estatal a la hora de imponer la carga tributaria sobre el lomo de los uruguayos por parte de la administración, una ley promulgada el pasado mes de diciembre, establece una extensión al régimen de facilidades de pago para asociaciones sin fines de lucro y para micro y pequeñas empresas por deudas devengadas con el BPS a julio del 2013.
Se trata de la Ley Nº 19.185, que establece una extensión al régimen de facilidades de pago  de las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo las deudas por aportes al Fonasa.
El articulado de la norma también sostiene que en el caso de que sea planteado ante el organismo y contando con la aprobación del directorio del BPS, el régimen de extensión de facilidades de pago previsto por la presente ley, también podrá alcanzar a otras categorías de empresas que pretendan verse beneficiadas con la extensión del pago de las CESS.
Además, los titulares de las empresas monotributistas podrán reconocer servicios anteriores a su incorporación a ese régimen,  hasta cinco años anteriores y no más del doble, con prueba documental mediante.
Como no podía ser de otra manera, luego de establecer un régimen benigno para pagar deudas atrasadas con el fisco, la ley también habilita al BPS, ente recaudador de las CESS, a multar y clausurar a empresas que tengan presunción de haber cometido defraudación al Estado con subfacturación o no haya declarado trabajadores que tenga a su cargo. Esto último, también es considerado parte de las perlas de un mismo collar, un Estado que da, pero también quita.

Entre tanta lesividad estatal a la hora de imponer la carga tributaria sobre el lomo de los uruguayos por parte de la administración, una ley promulgada el pasado mes de diciembre, establece una extensión al régimen de facilidades de pago para asociaciones sin fines de lucro y para micro y pequeñas empresas por deudas devengadas con el BPS a julio del 2013.

Se trata de la Ley Nº 19.185, que establece una extensión al régimen de facilidades de pago  de las Contribuciones Especiales a la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Seguridad Social (CESS) recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo las deudas por aportes al Fonasa.

El articulado de la norma también sostiene que en el caso de que sea planteado ante el organismo y contando con la aprobación del directorio del BPS, el régimen de extensión de facilidades de pago previsto por la presente ley, también podrá alcanzar a otras categorías de empresas que pretendan verse beneficiadas con la extensión del pago de las CESS.

Además, los titulares de las empresas monotributistas podrán reconocer servicios anteriores a su incorporación a ese régimen,  hasta cinco años anteriores y no más del doble, con prueba documental mediante.

Como no podía ser de otra manera, luego de establecer un régimen benigno para pagar deudas atrasadas con el fisco, la ley también habilita al BPS, ente recaudador de las CESS, a multar y clausurar a empresas que tengan presunción de haber cometido defraudación al Estado con subfacturación o no haya declarado trabajadores que tenga a su cargo. Esto último, también es considerado parte de las perlas de un mismo collar, un Estado que da, pero también quita.

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Aprovechando la Feria, habría que pensar en un nuevo juzgado Penal para Salto

Para la justicia estamos de Feria, algo que al sistema le sirve para dos cosas: bajar la pelota al piso y revisar todos los casos que vienen siendo atrasados por la burocracia que imponen los plazos procesales, los que muchas veces se extienden mucho más allá de lo previsto en el CGP, entonces los funcionarios se dedican a ver qué está pasando con tal o cual asunto que viene atrasado, con tal documento que aún no llegó a la sede y con todo esto, si realmente funcionara así, se busca poner un poco la casa en orden.

Pero también sirve para que quienes no se ven beneficiados con la licencia mensual en el mes de enero, algo que muchas veces les toca a los funcionarios de mayor experiencia y sobre todo a los que ocupan cargos profesionales, llegan al habitual recinto laboral más flojos de ropa, sin tanta solemnidad y con menos protocolo, se sientan más distendidos y pueden ver pasar el verano por la ventana de la oficina.

Aunque para la Justicia Penal no todo es tanta Feria, ya que la actividad se vuelve intensa porque la gente no descansa porque sea enero y estén todos de asueto, las personas se comportan como les dicta la conciencia y eso promueve denuncias, actuaciones policiales y remisiones ante el juzgado que debe poner a un juez de turno, llamado juez de feria, para que adopte resoluciones y en tal sentido, actúe como la ley lo establece.

Sin embargo, da la sensación que en muchos casos, los jueces de Feria, que subrogan a los titulares de esas sedes durante las vacaciones, se toman los temas con mayor tranquilidad y apuestan a tirar la pelota para adelante. “Que se encargue el que viene”, algo así como “Yo lo proceso y el resto no me corresponde, que lo maneje el titular de la sede”.

Esto puede llegar a causar un perjuicio para el justiciable, ya que muchos procesamientos que son dictados por jueces cuya materia no es el derecho penal, pero que por una cuestión administrativa deben cumplir con ese rol durante un tiempo, pueden generar un perjuicio para la sociedad.

Pero más allá de esto, hay algo que es muy importante destacar y tener en cuenta, que ante tanta cantidad de casos que surgen diariamente en materia Penal, sería necesario reclamar para Salto la creación de un nuevo Juzgado Penal que ayude a atender la andanada de hechos que se registran cada día, pero sobre todo a resolver muchos de los temas que quedan inconclusos o que demoran sobre todo por la falta de capacidad resolutiva que tienen las dos sedes ya existentes.

En ese sentido, los altos magistrados deberían tener en cuenta esto a la hora de invertir el magro presupuesto que tiene el Poder Judicial, que tiende a crear oficinas en otros puntos del país, pero que descuida al norte del país, que se ve necesitado de generar instrumentos de respuestas a los reclamos de la gente y la creación de una nueva sede penal, ante el crecimiento demográfico del departamento y la conflictividad existente, no está mal pensarlo.

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Para los amigos de la OCDE: Uruguay ratificó acuerdo de intercambio de información tributaria con Noruega

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.
La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.
El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.
El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.
“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.
Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.
El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.
El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.
También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.
El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.
Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.
Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.
Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.

La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.

El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.

El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.

“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.

Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.

El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.

El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.

También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.

El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.

El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.

Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.

Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.

Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.

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El polémico delito de abuso de funciones

El artículo 162 del Código Penal uruguayo prevé la existencia de un delito que es altamente polémico. Se trata del denominado como “abuso de funciones” y tiene como particular característica su aplicación a todo funcionario público que va un poco más allá de sus competencias y se toma atribuciones entendiendo que actúa en favor de la administración pública.
Esto colide con la práctica política, ya que la misma es “el arte de lo posible” pero el abuso de funciones es una limitante a esto, debido a que la actividad que se proponga un político debe empezar a ser mirada con lupa para no salirse de la estricta legalidad de sus acciones, ya que la cantidad de normas y reglamentos que rigen la administración de los bienes públicos, muchas veces exceden lo estrictamente posible y dejan poco margen de maniobra al gobernante que debe tomar una decisión sobre la marcha ante una realidad que puede escapar a todas las normas.
Esto determina que muchas veces los políticos no puedan llevar a cabo determinadas acciones porque pueden verse comprometidos en cuestiones que colocarían sus actuaciones fuera de la ley.
Varias administraciones de gobierno siempre usaban la frase “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, aunque las observaciones del Tribunal de Cuentas que son un termómetro de lo posible para los políticos, disparan el alerta y les anuncian cuando pueden estar pasándose de la raya.
Pero el abuso de funciones está previsto para actuaciones con intención de generar un daño en la administración por parte del funcionario público que la comete y muchas veces quienes se ven implicados no tenían más intenciones que solucionar un problema, de esos que la ley no prevé y que luego malinterpreta como delito.
Es que el delito previsto en el Código Penal sostiene que el abuso de funciones “ocurre cuando un funcionario público, con abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
Tiene una pena establecido para quienes sean encontrados culpables que va de “tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables”.
El caso es que el delito de abuso de funciones lo que hace es limitar el accionar político, y si bien no debe ser suprimido así nomás, sino sustituido por algo que en cierta medida le ponga un freno al accionar ilimitado de los gobernantes, en las condiciones que está actualmente, hace pagar a justos por pecadores.
No creo que el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y especialmente el presidente del BROU Fernando Calloia, sean corruptos que hayan querido enriquecerse injustamente con el mejunje que armaron con lo de Pluna, pero el solo hecho de querer favorecer a un particular en forma indiscriminada, porque el caso de fondo es de “interés nacional” y ellos no supieron como arreglarlo en su momento, habla de que hay abuso de funciones, porque si Doña Juana debe pagar en forma estricta el préstamo social sino no se lo renuevan, cuando lo hace para comer, no podemos darle una garantía de millones de dólares a alguien que no conocemos porque así terminamos un problema que no supieron arreglar.
Que la justicia resuelva este caso primero y que luego se derogue y se arma algo, que ayude a nuestros gobernantes a actuar con mayor margen de maniobra, pero tampoco en forma indiscriminada, sino estamos en el horno.

El artículo 162 del Código Penal uruguayo prevé la existencia de un delito que es altamente polémico. Se trata del

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

denominado como “abuso de funciones” y tiene como particular característica su aplicación a todo funcionario público que va un poco más allá de sus competencias y se toma atribuciones entendiendo que actúa en favor de la administración pública.

Esto colide con la práctica política, ya que la misma es “el arte de lo posible” pero el abuso de funciones es una limitante a esto, debido a que la actividad que se proponga un político debe empezar a ser mirada con lupa para no salirse de la estricta legalidad de sus acciones, ya que la cantidad de normas y reglamentos que rigen la administración de los bienes públicos, muchas veces exceden lo estrictamente posible y dejan poco margen de maniobra al gobernante que debe tomar una decisión sobre la marcha ante una realidad que puede escapar a todas las normas.

Esto determina que muchas veces los políticos no puedan llevar a cabo determinadas acciones porque pueden verse comprometidos en cuestiones que colocarían sus actuaciones fuera de la ley.

Varias administraciones de gobierno siempre usaban la frase “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, aunque las observaciones del Tribunal de Cuentas que son un termómetro de lo posible para los políticos, disparan el alerta y les anuncian cuando pueden estar pasándose de la raya.

Pero el abuso de funciones está previsto para actuaciones con intención de generar un daño en la administración por parte del funcionario público que la comete y muchas veces quienes se ven implicados no tenían más intenciones que solucionar un problema, de esos que la ley no prevé y que luego malinterpreta como delito.

Es que el delito previsto en el Código Penal sostiene que el abuso de funciones “ocurre cuando un funcionario público, con abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.

Tiene una pena establecido para quienes sean encontrados culpables que va de “tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables”.

El caso es que el delito de abuso de funciones lo que hace es limitar el accionar político, y si bien no debe ser suprimido así nomás, sino sustituido por algo que en cierta medida le ponga un freno al accionar ilimitado de los gobernantes, en las condiciones que está actualmente, hace pagar a justos por pecadores.

No creo que el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y especialmente el presidente del BROU Fernando Calloia, sean corruptos que hayan querido enriquecerse injustamente con el mejunje que armaron con lo de Pluna, pero el solo hecho de querer favorecer a un particular en forma indiscriminada, porque el caso de fondo es de “interés nacional” y ellos no supieron como arreglarlo en su momento, habla de que hay abuso de funciones, porque si Doña Juana debe pagar en forma estricta el préstamo social sino no se lo renuevan, cuando lo hace para comer, no podemos darle una garantía de millones de dólares a alguien que no conocemos porque así terminamos un problema que no supieron arreglar.

Que la justicia resuelva este caso primero y que luego se derogue y se arma algo, que ayude a nuestros gobernantes a actuar con mayor margen de maniobra, pero tampoco en forma indiscriminada, sino estamos en el horno.

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Leyes liberales en un gobierno de izquierda

La aprobación de la ley que legaliza el consumo de Marihuana en nuestro país, es la demostración más acabada de la praxis liberal de un gobierno que en sus discursos está muy reñido con ese dogma, a la hora de elaborar y debatir leyes.
Sin embargo, los tiempos cambian, todos vivimos dentro de un mismo sistema y en ese sentido, la izquierda, ahora se corre para todos lados y hace leyes como ésta, con el motivo de querer arrebatar mercados, aunque en el caso de la Marihuana, “no tenga ni idea de cómo lo va a manejar”, porque eso fue lo que dijo el presidente Mujica, cuando lo consultaron la misma tarde en que se estaba aprobando la ley en el parlamento, pero lo hace igual.
“¿Total? Algo va a salir”, debe pensar nuestro primer mandatario que fue elogiado por el primer mundo, por exponer al Uruguay a ser el laboratorio del planeta con este tema.
Pero lo más importante de este tipo de leyes son el mensaje que emiten. Porque si bien en esta oportunidad no vamos a interpretar un texto legal ni nos vamos a referir a tecnicismos, sí quiero dejar en claro que más importante que sancionar una ley, de las más de diecinueve mil ciento y pico que tenemos en el país, es el espíritu de la misma.
Que es inconstitucional esta ley, va de suyo que lo es, porque la Carta Magna habla de que el Estado debe velar por la salud de la población, pero con este tipo de leyes está haciendo todo lo contrario, pero mucho más importante que eso, es el mensaje que transmite.
Le estamos diciendo a la juventud que se drogue, que la vamos a controlar, pero en todo caso la vamos a apañar porque es una realidad de nuestros días, y como no la podemos combatir, preferimos legalizarla y chau. Un problema menos.
Entonces ¿Qué pasa cuando esta ley despliegue sus efectos?, ¿Quiénes la van a cumplir?, ¿Cómo la van a controlar? Y cuando haya un joven fumando un porro en la plaza Artigas, como lo hacen habitualmente y a toda hora, ¿Qué le va a decir la Policía? Le va a preguntar ¿dónde lo compraste? Y si le dice que lo hizo en la ‘boca’ porque le sale más barato ¿se lo van a sacar porque no es el porro del Pepe?
La cosa se complica y habiendo tanta necesidad de hacer leyes para mejorar un montón de situaciones sociales que urgen por una solución desde hace décadas, le damos carta libre a la marihuana, para que la gente se drogue, porque así lo celebraron los miles de marihuaneros uruguayos y sobre todo los que se van a venir del exterior a organizar una fumata internacional acá, cuando se enteraron de la noticia.
No se pueden hacer leyes para generar cosas como éstas, debe tomarse más en serio la política legislativa, aunque esto habla de la sociedad que tenemos.

La aprobación de la ley que legaliza el consumo de Marihuana en nuestro país, es la demostración más acabada de la praxis liberal de un gobierno que en sus discursos está muy reñido con ese dogma, a la hora de elaborar y debatir leyes.

Sin embargo, los tiempos cambian, todos vivimos dentro de un mismo sistema y en ese sentido, la izquierda, ahora se corre

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

para todos lados y hace leyes como ésta, con el motivo de querer arrebatar mercados, aunque en el caso de la Marihuana, “no tenga ni idea de cómo lo va a manejar”, porque eso fue lo que dijo el presidente Mujica, cuando lo consultaron la misma tarde en que se estaba aprobando la ley en el parlamento, pero lo hace igual.

“¿Total? Algo va a salir”, debe pensar nuestro primer mandatario que fue elogiado por el primer mundo, por exponer al Uruguay a ser el laboratorio del planeta con este tema.

Pero lo más importante de este tipo de leyes son el mensaje que emiten. Porque si bien en esta oportunidad no vamos a interpretar un texto legal ni nos vamos a referir a tecnicismos, sí quiero dejar en claro que más importante que sancionar una ley, de las más de diecinueve mil ciento y pico que tenemos en el país, es el espíritu de la misma.

Que es inconstitucional esta ley, va de suyo que lo es, porque la Carta Magna habla de que el Estado debe velar por la salud de la población, pero con este tipo de leyes está haciendo todo lo contrario, pero mucho más importante que eso, es el mensaje que transmite.

Le estamos diciendo a la juventud que se drogue, que la vamos a controlar, pero en todo caso la vamos a apañar porque es una realidad de nuestros días, y como no la podemos combatir, preferimos legalizarla y chau. Un problema menos.

Entonces ¿Qué pasa cuando esta ley despliegue sus efectos?, ¿Quiénes la van a cumplir?, ¿Cómo la van a controlar? Y cuando haya un joven fumando un porro en la plaza Artigas, como lo hacen habitualmente y a toda hora, ¿Qué le va a decir la Policía? Le va a preguntar ¿dónde lo compraste? Y si le dice que lo hizo en la ‘boca’ porque le sale más barato ¿se lo van a sacar porque no es el porro del Pepe?

La cosa se complica y habiendo tanta necesidad de hacer leyes para mejorar un montón de situaciones sociales que urgen por una solución desde hace décadas, le damos carta libre a la marihuana, para que la gente se drogue, porque así lo celebraron los miles de marihuaneros uruguayos y sobre todo los que se van a venir del exterior a organizar una fumata internacional acá, cuando se enteraron de la noticia.

No se pueden hacer leyes para generar cosas como éstas, debe tomarse más en serio la política legislativa, aunque esto habla de la sociedad que tenemos.

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Quienes aportaban al BPS y a las AFAP voluntariamente, ahora pueden salirse

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.
El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.
Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.
La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.
Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.
Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.
Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.
La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.
El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.
En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.
Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.
No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las

Hugo Lemos

Hugo Lemos

consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.

El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.

Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.

La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.

Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.

Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.

Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.

La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.

El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.

En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.

Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.

No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

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Secretismo de Estado en las corporaciones funcionariales, algo de nunca acabar

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.
Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.
En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.
Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.
El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.
Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.
¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.
Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.
El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.

Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.

En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.

Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.

El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.

Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.

¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.

Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.

El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

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La pensión alimenticia: mucho más que un derecho

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.
El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.
Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.
Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.
Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.
En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.
El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.
Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse

Hugo Lemos

Hugo Lemos

responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.

Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.

Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.

Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.

En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.

Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

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Alimentación saludable para los más chicos

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.
En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya instalados tendientes en ese sentido.
Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles
vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.
Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.
Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.
Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.
En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.
El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.
En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.
Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.
Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.
Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.

En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya

Hugo Lemos

Hugo Lemos

instalados tendientes en ese sentido.

Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles

vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.

Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.

Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.

Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.

En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.

El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.

En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.

Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.

Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.

Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

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El daño del Tribunal

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.
La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.
Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.
Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.
Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.
Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.
Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.

La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.

Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.

Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.

Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.

Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.

Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

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“Acá siempre se hizo así”, un cuasi principio procesal

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.
Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.
El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.
Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.
Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.
Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.

Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.

El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.

Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.

Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.

Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

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Las nuevas relaciones y los viejos beneficios

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.
En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.
Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.
En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.
Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.
El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.

En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.

Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.

En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:

“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.

Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.

El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

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Jóvenes contra policías

Una suerte de manual para combatir la quejas de los más jóvenes cada vez que tienen problemas con la Policía, fue difundido por el Gobierno en los últimos días y será distribuido en una maratón que con fines políticos electorales, que el INJU denominó “Ser joven no es delito” como respuesta a la propuesta de la oposición de bajar la edad de imputabilidad.
Si bien, en esencia el manual político no presenta cambios en ningún sentido respecto a lo estipulado en la ley Nº 18.315 de procedimiento policial, que todavía está vigente, la idea del ministro del Interior, fue amortiguar las quejas de la juventud contra la policía, que estaba actuando con la ferocidad propia de los tiempos violentos en los que vivimos, pero sin tener presente que el 2014 es año electoral. Acá difundimos el manual político para que los jóvenes sepan qué hacer cuando el policía los para en la calle y así saber enfrentarlo, encima llamado Para tenerla clara.
¿Cuándo te pueden trasladar a la dependencia policial?
Salvo el caso de delito infraganti (cuando te sorprenden en el mismo acto del delito, inmediatamente después, si tenés objetos, armas o instrumentos, rastros o señales que puedan ser presumibles o si estás legalmente detenido y te fugaste), la Policía debe contar con la correspondiente orden del Juez competente para poder trasladarte a una dependencia policial. Dentro de la dependencia te pedirán que entregues tus pertenencias y todo aquello que pueda causar daño físico. Incomunicación con familia, abogados, allegados, testigos: solamente se utilizará como medida de urgencia para evitar que se afecte la indagatoria o se incida en los elementos probatorios.
Tus derechos: Te deben asegurar plena protección de tu salud e integridad física.
La Policía no puede permitir el contacto físico de detenidos entre personas mayores y menores, ni de diferente sexo.
¿Cuándo te pueden registrar?
Únicamente si te sorprendieron al momento del delito, huyendo o con objetos que supongan que participaste. Tus derechos: El personal policial que te registre debe ser de tu mismo sexo y debe tener el mayor cuidado y respeto hacia tu dignidad. No pueden desnudarte ni revisar tus partes íntimas durante el registro ni la conducción hacia la dependencia policial; a no ser que algún implicado esté en riesgo de vida.
¿Cuándo puede detenerse a los conductores?
Para controles y registros en función de la prevención de vida en el tránsito. Espirometría: se puede realizar a cualquier conductor. Si te rehusás retendrán tu libreta de conducir y se te advertirá que está violando las normas de tránsito. Si da positivo, la Policía puede impedirte reanudar la marcha.
¿Puede haber uso de la fuerza?
Las etapas del accionar de la Policía son la observación, la prevención, la disuasión y excepcionalmente la represión. El uso de la fuerza es una medida extrema. Debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional considerando el riesgo y el objetivo legítimo que se persiga. Se usará solamente cuándo: Sea la única forma de proteger la integridad física de cualquier ciudadano. Se use fuerza contra la Policía o terceros,poniendo en peligro su integridad física. Se ponga resistencia armada ante la Policía. La Policía deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas.
El personal policial tiene prohibido realizar, instigar o tolerar torturas o tratos crueles e inhumanos sobre cualquier persona. Uso de armas de fuego: solamente con moderación y en proporción a la agresión o conducta ilícita que se esté reprimiendo; y para reducir daños y agresiones que se puedan causar al agresor.
Glosario para tenerla clara
Medidas policiales: Son las que impiden o limitan la libertad de movimientos de la persona detenida, sin afectar nunca su integridad física ni dignidad.
Denuncia: Es cuando la Policía toma en conocimiento un hecho a través de cualquier medio. La Policía no puede exigir en ningún caso previo a su actuación que la denuncia se presente por escrito.
Denunciante: Es cualquier persona incluso menor de 18 años, sea o no la implicada en el hecho. Nunca se desestimará una denuncia ni se harán comentarios. No es necesario tener cédula de identidad para realizarla. La Policía tendrá absoluta reserva sobre la denuncia,la identidad de quien denuncia e involucrados. Todo denunciante, víctima o testigo tiene derecho a recibir adecuada protección.

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El espíritu de la ley y la facilitación del consumo de drogas

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.
Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.
Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.
Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.
Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.
El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.
Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».
Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.
Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?
Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.
Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.

Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.

Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.

Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.

Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.

El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.

Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».

Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.

Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?

Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.

Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

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La amplitud de criterio para la participación en el proceso

La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.
En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.
La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.

En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.

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La legalización de la marihuana modificará la ley de estupefacientes

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.
Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.
En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.
Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.
En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.

Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del

Hugo Lemos

Hugo Lemos

comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.

En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.

Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.

En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

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Que sea de los dos: bienes gananciales según la nueva ley

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.
La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.
En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.
Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.
Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.
Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.
También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.
Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.
Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.
En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.
Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea

Hugo Lemos

Hugo Lemos

contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.

La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.

En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.

Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.

Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.

Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.

También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.

Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.

Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.

En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.

Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

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