Las leyes se hicieron para todos y también para Goncálvez

El artículo 8º de la Constitución establece el principio de igualdad, al señalar que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Este precepto constitucional establece, entre otras cosas, que si en nuestro país se sanciona una ley, a no ser que haya excepciones legalmente previstas, la misma es aplicable a todos los habitantes de la República.

Hugo Lemos

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En ese marco, es que la Ley Nº17.897 conocida como Ley de “Humanización” del sistema carcelario, señala en su artículo 13º los parámetros de la redención de la pena por estudio o trabajo de cualquier procesado y/o penado. La norma establece que “el Juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo (…)”.
“(…) El Juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio. (…) Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las personas que se encuentren en régimen de salidas transitorias”.
Este es uno de los fundamentos básicos en los que el sistema funda su derecho para conceder el cumplimiento de la condena de un encausado, llámese Pablo Goncálvez o cualquier otro recluso que posea antecedentes similares y aún en hechos cometidos en formas más violentas, que los hay en las cárceles uruguayas.
No me gusta nada que Goncálvez ande por la calle sin ser una persona que quiera reinsertarse en la sociedad en forma armónica y pacífica, lo que no significa ser oveja y sumarse a la claque, pero sí compartir los códigos de convivencia de los demás. Pero más me molesta saber que por más que haya pasado más de dos décadas en un sistema carcelario como el nuestro, el mismo no le garantiza de ninguna forma, la posibilidad de rehabilitación. Aunque como enseña el destacado profesor de Criminología, Germán Aller, la prisonización tampoco garantiza absolutamente nada.

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Las leyes y las drogas

Vender estupefacientes es un delito acá y en todos lados. En nuestro país existen normas claras al respecto como la Ley Nº 14.294 que establece la penalización de la comercialización de estupefacientes o la Nº 17.016 que lo que hace

Hugo Lemos

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es modificar algunas modalidades delictivas que se han ido sumando con el correr del tiempo, con el fin de aggiornarse a esta realidad.
Como todas las cosas las leyes solamente marcan las reglas de juego en las que vive una sociedad e imponen los límites a la conducta humana. La intención de una ley es establecer la claridad de las reglas y en ese marco, el tráfico de drogas que hoy es visto como un problema social, es también un delito.
No hay excusa de que una mujer que se haya quedado sola en casa con sus hijos, para darles de comer se pone a vender drogas, tal como los relatos que escuchamos en la cárcel cuando los abogados hacen la defensa de su cliente con el fin de obtener su libertad. Comprensible es su drama social, pero si la solución es cometer delitos para poder sobrellevar los problemas económicos, el sistema se desvía y los problemas se agravan.
LA PENA
En Uruguay, más allá de la discusión de si es posible drogarse en la vía pública, llevar consigo estupefacientes y/o tenerlos en casa, las leyes son claras y la mayoría de las personas terminan siendo procesadas por esta normativa.
Ley Nº14.294 artículo 30: El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo 1º, precursores químicos u otros productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (*) Redacción dada por la Ley 17.016
En tanto, el artículo 31, mencionado en la jerga por los propios reclusos que caen por el delito que aquí se menciona como “el 31”, sostiene que “el que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.
Aunque toda regla tiene una excepción, pero no es la que se aplica comúnmente “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.
Esto es algo así, como lo que el juez entienda que es razonable para que la persona se drogue tranquila en su casa, algo que es tan discrecional como arbitrario

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Nueva ley ayuda al combate de Leishmaniasis

En el marco del combate a las enfermedades que son transmisibles y que comportan un importante problema sanitario para la población, donde para combatirlas deben ingresar a predios privados con el fin de cumplir su

Hugo Lemos

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cometido, lo que aparece como un escollo ahora es salvado por una nueva ley que le permite a las autoridades obrar de forma debida.
La Ley Nº19.376 pone énfasis en el caso de las casas deshabitadas y de los predios baldíos privados que pasaban a ser un obstáculo en estos casos, la norma establece una serie de habilitaciones que se aggiorna a la problemática que enfrenta Salto para la salud pública.
La LEY
Se trata de una ley corta de 5 artículos. Donde en el caso del artículo 1º se establece que “se autoriza al Ministerio de Salud Pública, a los Gobiernos Departamentales y a los Municipales encargados del control de vectores transmisores de enfermedades que representen un riesgo sanitario, a ingresar en los predios baldíos o fincas deshabitadas. Dicha autorización es a los exclusivos fines de proceder a la eliminación de recipientes, fumigación y limpieza. La facultad se otorga exclusivamente para los predios o fincas deshabitadas que se encuentran en la zona delimitada por la autoridad competente”.
La norma establece un fin exclusivo y en ese caso mantiene una restricción absoluta para quienes ingresen a un domicilio con otros fines invocando la potestad que le da la ley, ya que la misma aclara la particularidad que no permite otra interpretación.
En el caso del segundo artículo establece claramente que esta autorización legal que ampara el artículo 1º regirá solamente cuando el Ministerio de Salud Pública haya declarado el estado de “riesgo sanitario”. Como es el caso de nuestro departamento en estos momentos.
Asimismo, establece en los artículos subsiguientes que la ley faculta a la autoridad a actuar de la manera que sea necesaria para cumplir con los cometidos para los cuales fue creada la ley.
Dice el artículo 3º que “la autoridad podrá forzar y fraccionar cerraduras y aberturas, remover obstáculos y en general realizar todas las acciones imprescindibles para ingresar al predio o finca deshabitada a fin de cumplir con lo dispuesto por esta ley”.
Aunque en un inciso más abajo sostiene que también la autoridad “deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de provocar el menor daño posible al predio o finca deshabitada”.
Aunque la ley tiene un ingrediente defensivo y resarcitorio al incluir el grado de responsabilidad que asume por su accionar, señalando en el artículo 4º que “la autoridad podrá resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza, realizadas en la forma y condiciones que adopte en la reglamentación a tales efectos”.
Una vez evaluados los daños el Estado notificará al propietario de los lugares otorgándole un plazo perentorio de 10 días hábiles para formular los descargos que considere necesarios. Y señala en inciso aparte que en la intervención “se dejará constancia de los recursos empleados como de la situación anterior del inmueble mediante acta suscripta por escribano público o cualquier otro medio probatorio”.

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La Gracia, una clemencia pensada

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Hugo Lemos

Cuando hablamos de que se concederá una Libertad por Gracia a un recluso, potestad que en nuestro país solamente tiene la Suprema Corte de Justicia, o que se le otorgará una pensión Graciable a una persona por algún don especial, estamos hablando de un acto de clemencia que hace el Estado a través de sus instituciones y poderes como el caso del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para beneficio de alguna persona.
Pero cuando escuchamos tantas veces esta palabra, salimos a buscar de qué se refiere el concepto de Gracia. Según su significado es: un favor, un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular.
Aunque también la Gracia refiere a la: Potestad de perdonar una pena o de conmutarla por otra menor que el ordenamiento constitucional atribuye. Hoy en día no se configura como un mero acto graciable, sino como auténtico acto jurídico que afecta al orden público; por ello, en algunos ordenamientos se requiere una ley para su ejercicio, con lo cual se convierte en una prerrogativa formal.
En el caso de la visita anual de cárceles y causas, que cada año cumple como instancia formal la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros son los únicos con potestades para este acto, en cuya oportunidad puede conceder la Gracia que extingue el delito y puede también excarcelar provisionalmente a los procesados en base al artículo único de la Ley Nº 17.272 sustitutivo del art. 20 de la Ley Nº 15.737.
Para estos casos, el instituto de la Gracia es, al igual que la amnistía, un instituto de clemencia soberana. No se trata de una facultad absoluta, desde que el art. 109 del Código Penal la prohíbe para los reincidentes y habituales.
La excarcelación provisional de los encausados ha sido interpretada como una garantía contra la lentitud del proceso y se compadece con la previsión del artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra legislación por la Ley Nº 15.737, que consagra el derecho del imputado “a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
Para tenerlo en cuenta, el año pasado en Salto, en el marco de la Visita Anual de Cárceles los ministros de la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Felipe Hounié, le concedieron la libertad por Gracia de la Corte a un recluso que estaba cumpliendo prisión preventiva, es decir preso sin condena, hacía 3 años y 7 meses, por un delito que tenía como pena de 2 a12 años de penitenciaría.

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Régimen legal para los días feriados en Uruguay

Los días feriados como el que se celebra el próximo domingo, son por lo general motivo de discusión en los distintos ámbitos laborales, sobre todo porque hay mucho desconocimiento acerca del régimen legal que asiste a los hugo lemostrabajadores para estos casos. En ese sentido, nuestro país ha fijado distintos regímenes aplicables para los días feriados. En ese marco, la legislación laboral uruguaya prevé la distinción entre los feriados laborables y los no laborables. Aunque no contempla determinados casos y deja abierta la discusión sobre la flexibilidad de la norma para estos casos.
Feriados pagos
En ese sentido, distintos decretos y normas regulan la situación de los días feriados en nuestro país. En ese marco, el artículo 18 de la ley Nº12.590, del 23 de diciembre de 1958, establece que “los días 1º de Enero, 1º de Mayo, 18 de Julio, 25 de Agosto y 25 de Diciembre de cada año, todo trabajador percibirá la misma remuneración como si trabajara aunque no trabaje; pero en el caso de trabajar esos días, recibirá paga doble”.
En ese marco la ley vigente es clara y dice que si un trabajador mensual trabaja un día feriado pago, deberá cobrar el mes completo más un día, el cual se calcula dividiendo el sueldo entre 30. Pero si el trabajador es jornalero y trabaja un día feriado pago, recibe doble jornal. En tanto, la ley Nº16.805, del 24 de diciembre de 1996 y su modificativa, la ley Nº17.414, del 8 de noviembre del año 2001, establecen el corrimiento de los días que son feriados, los cuales siendo declarados por ley seguirán el siguiente régimen: si coincidieran el sábado, domingo o lunes, se observarán esos días; si ocurrieran en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior; si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.
Sostiene la norma que quedan exceptuados de este régimen los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1º y 6 de Enero, 1º de Mayo, 19 de Junio, 18 de Julio, 25 de Agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre, los que se continuarán observando en el día de la semana que ocurriere, cualquiera que este fuera.
Serán feriados no laborables:
Por otro lado, el régimen legal señala que serán además de los más arriba señalados, días feriados no laborables, el día que fije el Poder Ejecutivo para realizar el Censo de Población y Vivienda en todo el territorio nacional; el día que fije la Corte Electoral para realizar el acto referido al recurso de referéndum; el 1º de Marzo que coincida con la transmisión de mando del Presidente de la República, una vez cada 5 años. Aunque la flexibilización de la norma laboral permite que por ejemplo, por Convenio Colectivo se puedan establecer como feriados pagos a determinados días y para el personal de alguna rama de actividad específica. Como es el caso de que se haya declarado el 2 de enero de cada año el Día del Pescador, para el personal vinculado a la Pesca.
Forma de Pago para Trabajadores con Remuneración Variable
Para los trabajadores de remuneración variable, se toma en cuenta el promedio de lo ganado en los 12 últimos días anteriores al feriado que corresponda. Tienen derecho a cobrarlo: los suspendidos por causas que no le sean imputables (falta de materia prima, lluvia, etc.); los suspendidos dentro de los 10 días anteriores al feriado, se reintegren o no al trabajo; los enfermos, si han trabajado dentro de los 10 días anteriores al feriado.
No tienen derecho a cobrarlo: los accidentados o con enfermedad profesional no dados de alta a la fecha del feriado; en caso de enfermedad común (agregado por el art. 8 de la Ley N.º 13.556). en caso de huelga; si el trabajador se encuentra en el Seguro de Paro.
Feriados Comunes
El efecto de estos días en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual. Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal. Mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija.

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Uruguay tiene legislación antilavado, pero igual se le pasa

Tras los Panamá Papers y la detención en Argentina del testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, el tema del

Hugo Lemos

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lavado de activos volvió a dispararse en Uruguay. Un decreto del año 2010, fue lo último que se legisló sobre este asunto y generó fuertes reacciones en el fuero jurídico.
Según un informe redactado por los especialistas en el tema de una de las mayores firmas de abogados del país, Guyer y Regules, Juan Manuel Albacete e Isabel Lindner, el decreto Nº355 del año 2010, regula a la ley Nº18.494 del 5 de junio de 2009 que había incluido nuevos sujetos como obligados a denunciar operaciones “inusuales” o “sospechosas”, con el fin de poder dilucidar los casos que se presentan.
La norma jurídica establece varios aspectos que hacen a las operativas económicas, que aún estando reguladas por el Banco Central, pueden llegar a generar situaciones de sospecha sobre el origen de fondos que llegan al país o que son utilizados en la plaza financiera local.
En ese sentido, obliga a los escribanos a hacer declaraciones juradas, a brindar información en fuentes públicas o privadas sobre las transacciones realizadas por sus clientes con anterioridad, compras, ventas o de otra índole, con el fin de conocer la actitud operacional en el mercado y por supuesto, sus antecedentes.

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Ante los Panamá Papers

hugo lemos

Hugo Lemos

Ante la polémica de los Panamá Papers, la filtración de 11 millones de documentos que deja al descubierto las maniobras de importantes personalidades del mundo en el manejo de sus finanza, con el fin de lograr la evasión de impuestos, aportamos un repaso somero que ha sido publicado en estos días para darle a conocer a la opinión pública en general qué son y para qué sirven las sociedades offshore, que eran la especialidad del estudio jurídico Mossack y Fonseca de ciudad de Panamá. A continuación damos a conocer un resumen ya publicado y explicativo sobre este tipo de sociedades.
¿Qué son las sociedades offshore? Las sociedades offshore son un vehículo jurídico a través del cual se pueden realizar actividades comerciales. Se ubica fuera de la jurisdicción de residencia de la persona. ¿Cómo se arma? Depende del requerimiento legal de cada país, de las normas bancocentralistas que tengan donde son constituidas las mismas, de las normas sobre lavado de dinero que posea el país donde se dan origen, y depende también de cada estudio jurídico. En Uruguay esas normas han venido modificándose con el paso del tiempo.
¿Cuánto cuestan?
Las sociedades deben tener un directorio y están formadas por acciones. Los valores dependen del mercado y del estudio jurídico que vende la sociedad. Hoy en Uruguay se puede comprar una sociedad offshore por US$ 2.000 (dos mil dólares en promedio). ¿Por qué Panamá?
Panamá no es el único hogar para las sociedades anónimas de este tipo. También pueden tener sede en el estado de Delaware, en Estados Unidos, o en la isla de Man e Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido). La venta de sociedades es una industria que genera divisas para el país que las aloja. Y por eso los países ofrecen este tipo de jurisdicción. Panamá tiene leyes que favorecen este tipo de inversiones porque le deja dinero al país.
¿Uruguay tuvo? Sí. Uruguay también tuvo vehículos jurídicos que favorecían las inversiones de no residentes. Por ejemplo las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión) que en 2007, con la reforma tributaria impulsada por el ministro de Economía, Danilo Astori, en el primer gobierno del Frente Amplio, fueron eliminadas. Ahora Uruguay exige que las acciones al portador de las sociedades anónimas se registren en el Banco Central, intercambia información con otros países y levanta el secreto bancario con ciertas excepciones. ¿Quiénes las compran? Estas sociedades pueden ser adquiridas por varios motivos. Y no todos limpios. Por otro lado el anonimato de los tenedores de acciones de esas sociedades no significa de por sí algo malo. Aunque muchas veces se usan para el lavado de dinero o para esconderlo, no es la única función que cumplen.

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El Hecho de la Víctima, un aspecto importante de la culpabilidad

El Hecho de la Víctima es un instituto importante del Derecho Penal cuya vigencia pauta la existencia del concepto de que la víctima, también puede ser culpable por su acción. Y además esa acción puede ser dolosa y probado esto,

Hugo Lemos

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exculpa al presunto ofensor o victimario.
Ese instituto previsto por la legislación penal, establece la responsabilidad de la víctima en los casos en los que se ve involucrada. Se trata de los hechos en los que las víctimas terminan siendo las culpables de los casos que determinaron resultados en los que ellas mismas se llevaron la peor parte y por los cuales hay otros terceros que pasan a estar en el ojo de la tormenta.
Según lo resume el reconocido catedrático en Derecho Penal, el Dr. Pedro Montano, “el hecho de la víctima no es indiferente para el Derecho Penal. Este puede ser de tal entidad que haga decaer el delito totalmente por falta de acción. Hecho de la víctima, caso fortuito y fuerza mayor, impiden el elemento acción. La diferencia es que en el hecho de la víctima hay normalmente ejercicio de libertad por parte de ésta. En el caso fortuito y fuerza mayor hay imprevisibilidad absoluta, o irresistibilidad absoluta. Para que exista hecho de la víctima debe haber acción y por lo tanto “acto humano”, dice Montano.
“Si hay acto humano, éste podrá ser calificado desde el punto de vista de la intencionalidad y por eso queda habilitado el análisis del elemento culpabilidad. El acto de la víctima podrá ser entonces, doloso, culposo o ultraintencional. Y, de acuerdo a criterios de imputación objetiva, si su conducta supuso la creación ilícita de un riesgo o su incremento, y luego se concretó en los hechos, debe responder”.
Esto quiere decir que quien por ejemplo participa de un accidente y se lleva la peor parte, pero teniendo la culpa por haber actuado de una manera que originó el episodio, asume la responsabilidad del caso y exculpa de pena al otro actor involucrado. Hay ejemplos claros de este tipo de situaciones, pero los más elocuentes han sido los accidentes de tránsito.
También están los casos en los que si una persona se arroja a las vías del tren y el maquinista no tiene tiempo de frenar, no comete homicidio, porque allí hubo una acción deliberada de la víctima por quitarse la vida a manos del tren. El mismo caso para una autopista en la que circulan autos a gran velocidad. Y también con algunas salvedades según el caso, para aquellos hechos en los que una persona cruza a mitad de cuadras, sin mirar, exponiéndose a recibir lesiones o incluso perder su vida, por poder ser atropellada por un vehículo que viene circulando en forma correcta.
Para que se cumpla deben determinarse algunos aspectos concretos, como la cabal intervención de la víctima en la producción del hecho y sobre todas las cosas en la facilitación de la generación del resultado.

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La semana de los plazos

La Semana de Turismo es una concepción laica de la Semana Santa que determina el asueto de todas las actividades

Hugo Lemos

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institucionales, entre ellas las del sistema judicial que junta las dos temporadas de vacancia que tiene el sistema, como el caso de la Feria Judicial Mayor, que va desde el 25 de diciembre al 31 de enero de cada año y el de la Feria Judicial Menor que va del 1º al 15 de julio de cada año, son las únicas épocas previstas por la ley donde los plazos judiciales se suspenden. Si bien no está del todo prevista en la Ley de Organización de los Tribunales Nº15.750, sí lo prevé el Código General del Proceso al referirse a los plazos. Así que salvo excepciones o causas de fuerza mayor como cuando ocurrió la huelga de los judiciales que la SCJ decretó la suspensión de los plazos; más allá de Santa, Criolla o de Turismo, esta semana tiene como incidencia en el sistema judicial que no se cuentan los días mientras dure para el vencimiento de los términos en relación a las actuaciones de cualquier índole.

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Una ley que nos debe importar a todos

A pocos días de que se celebrara un nuevo aniversario de la ley de defensa del consumidor, la misma cobra más vigencia que nunca teniendo en cuenta que el caso de su aplicación es moneda corriente para quienes operan en el

Hugo Lemos

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sistema. En el caso de la oficina pública que atiende estos casos en forma gratuita, son cientos los casos que se presentan mes a mes, donde la población reclama ser defendida con la aplicación de esta normativa.
En ese marco, siempre es bueno tener presente el hecho de que una ley ampara el normal funcionamiento de las relaciones de consumo y exige el respeto hacia los consumidores.
ALGUNOS ASPECTOS NORMATIVOS
“La ley de relaciones de consumo es de orden público”, dice su artículo 1º, lo que quiere decir que entre otras cosas es irrenunciable y “tiene por objeto regular las relaciones de consumo (…)”.
La norma define la figura del consumidor diciendo que “es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella”.
Añade que “no se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”, por ejemplo un distribuidor o un comerciante.
Además la ley también define la figura del Proveedor, el cual es “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo”.
En tanto que el artículo 4º conceptualiza cuál es la relación de consumo, señalando que se trata del “vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final”.
Y señala que el producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Y define al servicio como cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.
Asimismo, reglamenta como derechos básicos de los consumidores: “La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate”.
Hace hincapié en que cada producto debe contar con “La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas”.
Destaca el derecho de los ciudadanos a “la protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley. La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas”.
“La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley”.

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Un error insalvable

La confirmación del procesamiento del escribano Pablo Seitún por haber omitido transcribir el nombre del sujeto conocido como “el caballero de la derecha”, tras un recurso de casación penal presentado por el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, luego del revocamiento del fallo de primera instancia por parte de un Tribunal de

Hugo Lemos

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Apelaciones en lo Penal, determinó que la “omisión involuntaria” por parte de un escribano público, es considerado un error insalvable por la mayoría de los magistrados de la corporación, que confirmaron el procesamiento.
El escribano Seitún cometió un error, seguramente involuntario, pero fue suficiente como para que el representante del Ministerio Público entendiera que hay elementos de convicción suficientes para la existencia de hechos con apariencia delictiva y eso determina el inicio de una investigación judicial sobre el delito de “certificación falsa por funcionario público”.
Todo porque en una actuación que un escribano de trayectoria como en este caso, conoce de memoria, donde al labrar el acta de la subasta de los aviones de Pluna en 2012, el escribano aseguraba que “el mejor postor” fue “el Sr. Antonio C. Sánchez”, a quien el rematador llamó “el caballero de la derecha”.
El escribano no escribió así el primer nombre y el primer apellido del hombre que ofreció el dinero por los aviones, diciendo que “no le pidió el documento” algo que debía ser indispensable para estos casos. Ya que el verdadero nombre del sujeto era Hernán Antonio Calvo Sánchez.
La falta de diligencia debida del escribano en este caso promovió la ocultación de datos del individuo en cuestión, y de esa forma también quedó oculta para la prensa y la sociedad su vínculo con el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus. Calvo Sánchez había trabajado para la filial española de Buquebus y es el padrino de uno de los nietos de López Mena.
“Quienes suscriben la decisión en mayoría sustentan que el indagado, ‘prima facie’, habría incurrido en actuación dolosa, con la deliberada intención de ocultar la verdadera identidad del mejor postor”, asegura la sentencia de la Corte a la que accedió. “La actuación del Esc. Seitún no parece ajustarse a ningún modelo de actuación notarial razonable”, sentenció la ministra Elena Martínez.
La acción del escribano procesado pudo haber sido un error profesional involuntario, motivado por la confianza que le ameritó el mencionado “caballero de la derecha” ante la “alegría” de los organizadores del evento por el “éxito” del negocio realizado (el remate de los aviones de los que tanto se venía discutiendo), pero ese error debe llamar poderosamente la atención a los notarios para que del mismo no derive la ocultación involuntaria de datos que pueden ser vitales para desentrañar una situación en la que estaba en riesgo de esfumarse un importante caudal del patrimonio de todos los uruguayos. Y eso sí es un delito.

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¿El Estado tiene que darme mi casa?

Los habitantes de Salto que se han visto afectados por las inundaciones y que han visto cómo sus precarias viviendas se deshicieron por el poder de las aguas, serán realojadas en predios municipales, según anunció el intendente de Salto, Andrés Lima, en los últimos días.
La decisión está basada en que las inundaciones se han vuelto una condición natural cíclica en nuestro departamento, por lo tanto, tras haber pasado hace pocas semanas por la peor creciente del río Uruguay de las últimas décadas, hay que tomar medidas de fondo para solucionar el problema que tienen decenas de familias salteñas, que por su ubicación, siempre se verán afectadas por esta situación.
Pero la pregunta surge ¿es obligación de un gobierno proporcionarle la vivienda a las personas? En el caso de nuestro país, la Constitución establece un principio general, pero no quiere decir esto que todos los uruguayos tengamos que cargarle el problema de la falta de vivienda al Estado, empero, en cierta medida genera responsabilidades que los gobiernos de turno deben enfrentar.
¿TIENE QUE DARME?
Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia el pasado 1º de marzo de 2015, estuve haciendo la cobertura para este diario del acto de asunción del mando, y una de las escenas que presencié al terminar el acto donde se cruzó la banda presidencial en la Plaza Independencia, fue una manifestación que le hizo un grupo de personas, ya ese mismo día, a minutos de haber asumido como mandatario, por la falta de viviendas que tiene un importante sector de la población.
En ese momento, los manifestantes, que ejercieron una protesta en buen tono hacia Vázquez quien los saludó sin comprometerse demasiado en ese momento, lucían una pancarta que rezaba el Artículo 45 de la Constitución de la República que decía: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Y además otro cartel señalaba “Cada uruguayo tiene derecho a su vivienda propia”.
Esto en realidad es así, cada uruguayo tiene derecho a tener su casa, su propiedad privada y que nadie se la quite, salvo las expropiaciones que se hacen por el interés nacional, pero que indemnizan y muy bien, a quienes (rara vez) se les expropia algo.
¿Pero cada uruguayo tiene derecho a tener su vivienda?, esto es así. ¿Se la debe proporcionar el Estado?, no, esto no es tan así. Tal como establece la norma constitucional, el Estado debe garantizar que todos tengan derecho, es decir, que puedan acceder a su vivienda ya sea por medios propios, a través del sistema cooperativo, por herencia, legado o donación, o por la manera que sea y una vez esto, debe proteger ese derecho a que la persona tenga derecho de poseer y disponer de ese bien.
Pero no quiere decir que es el Estado el que la tenga que proporcionar, sino, como dice el artículo de marras, debe propender a que cada uno pueda llegar a adquirirla. No obstante, si existe una política social determinada por un gobierno de construir viviendas para entregárselas como donación o venta, a bajo precio y financiadas en muy cómodas cuotas a las personas de bajos recursos, para que puedan alcanzar su derecho a la vivienda propia, algo con lo que estoy muy de acuerdo, eso no quiere decir que sea una obligación del Estado proporcionarle a cada uno una vivienda, sí una manera, fácil si se quiere, de acceso a la misma.
En el caso de las personas afectadas por las inundaciones, si la Intendencia de Salto junto al Gobierno nacional, entienden que deben buscar mecanismos para adjudicarle una vivienda en un lugar no inundable a las personas que pasan por esta situación, se trata de un Acto de Gobierno, previsto por el Derecho Público, que es preciso para esa situación particular y concreta.
Pero no quiere decir que como le dan una vivienda a una persona damnificada por la inundación, también me la tengan que dar a mi, que tengo la suerte de no estar atravesando por ese mismo problema.
Es bueno destacar que el Estado debe propender a que los uruguayos podamos acceder a nuestra casa propia, con planes fáciles, fomentando el empleo para que a través del mismo logremos también el acceso a la vivienda, pero no quiere decir que nos deban entregar una casa a cada uno. Cabe aclararlo y a su vez recordarle al Estado sus deberes con los ciudadanos.

HUGO LEMOS

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Algunos aspectos de la legítima defensa

hugo lemos

Hugo Lemos

El artículo 26 del Código Penal establece la Legítima Defensa, como medida que exime la pena, tema harto discutido por la sociedad, muchas veces sin fundamento. Mucha gente se pregunta si puede “defenderse” por lo general a los tiros, si alguien entra a su casa sin permiso y con fines espurios. Y si bien el espacio no nos permite desarrollarnos mucho, es importante decir que: la legítima defensa es el límite entre la lesión con intención a una persona y la necesidad de cometerla para evitar un daño inminente contra la integridad física del ofensor por el victimario.
Es decir, una cosa es herir a una persona, incluso causarle la muerte, por el solo hecho de que la persona ingresó a nuestra casa. Y otra muy distinta es hacerlo al cabo de que éste nos enfrentó, poniendo en riesgo nuestra integridad física, y es justo en ese momento, cuando no tenemos certeza de si nuestra vida corre peligro que actuamos para evitar ser dañados e incluso ultimados, respondiendo con violencia.
Pero además, hay ciertos elementos que establece la norma que deben ser cumplidos para cabalmente para que se den las circunstancias que determinan la legítima defensa como por ejemplo: la Agresión ilegítima, la Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. La Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, entre otras, y uno de los elementos que menciona el artículo 26 es la racionalidad del medio empleado para repeler el daño. Es decir, si el otro no tiene arma, yo no puedo invocar defensa asestándole varias puñaladas o dándole varios balazos, porque mi intención no se ajusta a lo que establece la norma, sino a la de cometer el daño por sí mismo. Cabría decir más, pero la seguimos la próxima.

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Los uruguayos pagamos tributos más caros esperando contar con más y mejores servicios

Los uruguayos comenzamos el año con un ajuste fiscal que se hace importante a la hora de hacer cuentas y sumar el gasto doméstico, el que ya venía saliendo bastante caro, con una inflación que trepa fácilmente al 10 por ciento y con

Hugo Lemos

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un incremento de las tarifas que hicieron enojar tanto a la cámara empresarial como a los trabajadores nucleados en el PIT CNT.
A eso le sumamos el hecho de que mientras los salteños pagan la Contribución Inmobiliaria, lo que también implica un voto de confianza a la actual administración para que junte dinero y arregle la ciudad, hay que juntar dinero para superar enero, el más largo de los meses del año. Pero veamos porqué el Estado nos impone pagar impuestos y en realidad qué significan estos para ley. El Código Tributario establece en el artículo 10 el concepto de Tributo y dice: que el “Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.
El tributo es lo que cada uruguayo paga para darle al Estado dinero con el fin de que nos lo devuelva en servicios, nos beneficie con sus acciones y los administre bien al punto que veamos que pagar los tributos es algo que lo vemos retribuido en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esto no es tan así. En Uruguay los tributos que se pagan son muchos en relación a los resultados que obtenemos. Por eso cuando le pedimos al Estado que nos lo devuelva en servicios, siempre estamos disconformes. La ley hace una salvedad y dice: “No constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión”, esto quiere decir que no son tributos, por ejemplo, cuando le compramos un teléfono celular a Antel o cuando compramos el combustible de Ancap. Pero la ley clasifica el tributo en especies y dice el Código Tributario en su artículo 11 que “Impuesto es el tributo cuyo presupuesto de hecho es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. Esto quiere decir que el impuesto es independiente de los servicios que nos preste el Estado, son cargas que debemos abonar por sí mismas, como cuando pagamos el IRPF, que es un impuesto a las ganancias sin importar los servicios que nos brinde o no el Estado. En tanto el artículo 12 habla de la Tasa y la señala como un tributo “cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo”. Esto es por ejemplo, la tasa que se paga para tener alumbrado público.
Se le denomina contribuciones, pero en realidad son tributos que se pagan al Estado, para que algún día tengan vuelta. Habrá que ver cómo, pero por ahora, habrá que seguir pagando.

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La ley de tránsito y su aplicación local

El respeto a las normas de tránsito están previstas en leyes generales como la Nº18.191 y en las reglamentaciones

Hugo Lemos

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departamentales, que lo que hacen es regir disposiciones generales. Pero las necesidades de cada localidad es tarea municipal, donde la Intendencia a través de la Junta Departamental acuerdan un decreto con fuerza de ley que hace obligatorio el cumplimiento estricto, o no, de lo que diga la ley nacional.
En ese caso, una de las cosas que estaba en discusión era la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, que para la ley nacional de tránsito sí era obligatorio, pero no era fiscalizado a nivel departamental y tampoco estaba reglamentado como obligatorio. De ahora en más, las nuevas resoluciones de la Intendencia de Salto, establecen la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, en consonancia de lo que indica la ley nacional de tránsito. Esto hace obligatorio su uso, ya que el gobierno local así lo ha impuesto tomando lo que dice una norma ya vigente pero no aplicada.
Esto está explicado en las disposiciones generales de la ley de tránsito Nº18.191 que dice en su artículo 10: “Las reglas de circulación que se incluyen en la presente ley constituyen una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito vehicular en todo el territorio nacional”. Y sostiene en el artículo 11 que “cada Gobierno Departamental adoptará las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento en su territorio” y advierte que “el conductor de un vehículo que circule en un departamento está obligado a cumplir las normas nacionales así como las vigentes en el mismo”.

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La novela de Macri y Cristina, y la independencia del Poder Judicial

La medida cautelar pedida por el presidente entrante de la República Argentina, Mauricio Macri contra quien hasta

Hugo Lemos

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anoche fue la mandataria de ese país durante los últimos 8 años, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un golpe de efecto político e institucional, que en cierta medida se contagia a la situación que vive por estas horas el Poder Judicial uruguayo con el Poder Ejecutivo de nuestro país.
Lo que ocurrió en Argentina por estos días, fue una pulseada política que terminó rayando en aspectos jurídicos. Algo que derivó en aplicar a rajatabla y en sentido estricto lo que establece la Constitución de la República de ese país, quizás como pocas veces porque hasta las leyes interpretativas muchas veces no establecen nada a cabalidad como lo hace una norma constitucional, donde haciendo un juego de niños, ambos mandatarios, la saliente y el entrante, disputaron qué interpretación le daban al asunto y si esto generaba la razón para que alguno de los dos, se terminara atribuyendo la razón sobre un punto inverosimil, si se tiene en cuenta lo que está en juego.
En ese sentido, Cristina Fernández repitió hasta el cansancio que lo que iba a hacer era aplicar la Constitución de la República y por eso el presidente entrante iba a tener que recibir los honores que lo investirían como tal, en el Congreso (sede del Parlamento) y no en la Casa Rosada, tal como acostumbran a hacerlo los mandatarios como símbolo de toma de mando del Poder Ejecutivo en los tiempos de democracia.
“Lo vamos a hacer tal como lo establece la Constitución”, repitió Fernández y se remitía a una interpretación estricta de la ley que establece que el 10 de diciembre el presidente electo debe prestar juramento ante el Congreso de la Nación. Entonces como nada dice de que después vaya a la Casa Rosada, donde acostumbra a esperarlo el presidente saliente para entregarle el bastón de mando, Cristina Fernández decidió no hacerlo y como si fuera poco tampoco concurrir al Congreso, entendiendo que la Constitución nada decía al respecto.
Tras la novelesca historia que todos conocimos a través de los medios de comunicación y hasta de los programas de chimento de ese país que son muchos, las cosas se hicieron pues a ese modo, es decir, interpretando cabalmente lo que decía la Constitución de la República Argentina.
En ese sentido, Mauricio Macri decidió solicitar ante la justicia, una medida cautelar que no le permitiera a Cristina Fernández violar la Constitución y entonces llegado las 00:01 del día 10 de diciembre, la anteriormente mencionada no podía estar ostentando el cargo de presidente.
Por lo tanto, Macri solicitó, amparado en una interpretación estricta de la Carta Magna (que en el caso de Argentina ha tenido tantas violaciones y atropellos, que hasta es buena cosa celebrar que ahora se exija una interpretación estricta y piedeletrista de sus nomas) que la justicia revocara el ejercicio de la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner a las 23:59 con 59 segundos del día de ayer 9 de diciembre.
A lo que haciendo también otra interpretación al pie de la letra de la Constitución de ese país, la jueza hizo lo propio e hizo lugar a la medida cautelar. Esto generó un cuestionamiento en el orden jurídico interno de ese país, acerca de si los usos y costumbres son o no son, fuente de derecho. A la vez de si los reglamentos, decretos y ordenanzas, tampoco lo son, como sí ocurre con el ordenamiento jurídico uruguayo, donde si bien la Constitución está por encima de todo, hay cierta flexibilidad en función del resto del cuerpo normativo, que puede dar una segunda mirada a las cuestiones que nos proponen las normas constitucionales.
En ese sentido, el Poder Judicial terminó jugando un rol decisivo y zanjando una discusión política entre dos mandatarios, lo que dejó demostrado que en Argentina la independencia judicial, es positiva su existencia y es un ejemplo que el Estado de Derecho, al menos en líneas generales, se respeta.
En Uruguay hace pocos días, el vicepresidente Raúl Sendic, le dijo al semanario Búsqueda, que el Poder Judicial tiene un complejo de “superindependencia”, algo que es buena cosa que exista y que así sea, porque el día que el Poder Judicial no funcione y piense lo contrario, creyendo que se debe a lo que diga el poder político, como dice el personaje Roberto en el cuento de María Elena Walsh, Dailan Kifki, “estamos fritos”.

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Asambleas gremiales en los lugares de trabajo

Desde que fue aprobada, la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical ha sido utilizada como una bandera que ha ponderado las actividades sindicales en todos los sectores de la actividad.

Hugo Lemos

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Y eso ha generado muchas veces algunas cuestiones en los distintos ámbitos que suscitaron inconvenientes y tires y aflojes innecesarios, por el incorrecto uso de esta herramienta legal, cuyo espíritu es tender a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de asociación de los trabajadores en pos de un fin común.
Es que una ley debe ser empleada para eso, para proteger derechos conquistados, para amparar una actividad determinada y no debería ser utilizada para otra cosa, como el caso de ejercer una cuota de poder que menoscabe el interés de otros.
Aunque la distorsión de esa herramienta o el abuso de la misma para determinados fines, como la objetable licencia sindical que muchos usan para no ir a trabajar en vez de utilizarla en los casos que realmente amerite hacerlo es lo que termina ahondando en conflictos que son innecesarios.
En ese marco, el artículo 8 de la presente ley detalla que “los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso. La dirección de la empresa o institución permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores o funcionarios de la misma. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la organización ni el buen aspecto de los locales”.
LAS ASAMBLEAS
Ese artículo 8, ha servido de fundamento para el caso de las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo se hayan limitado. En ese aspecto según la jurisprudencia en el tema, los convenios colectivos han sido los instrumentos habituales en el que las partes han llegado a acuerdos para estos casos.
Por tal motivo, en el caso de las asambleas gremiales, en distintos sectores de la actividad las mismas no pueden llevarse a cabo en momentos que el sindicato crea conveniente, paralizando la actividad del lugar, sin más. A excepción de casos donde haya una situación de gravedad que justifique una medida de protesta.
Empero, se ha acordado que en distintos convenios colectivos, que las asambleas en los lugares de trabajo se realicen con previo aviso por escrito del responsable del lugar de trabajo, jefe, encargado o propietario, para que se coordine día y hora para la fijación de una asamblea.
En ese sentido, las mismas están permitidas, pueden hacerse en los lugares de trabajo, pero deben ser acordadas con las patronales, jefes o encargados.

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La Violencia Doméstica ha ganado protagonismo en nuestra sociedad y la situación genera preocupación

La violencia doméstica es uno de los flagelos que más golpea a nuestra sociedad. La violencia intrafamiliar es producto

Hugo Lemos

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del rompimiento de códigos sociales y del resquebrajamiento de valores, lo que ha llevado a que esta conducta haya sido declarada como delito en Uruguay, lo que conllevó a la sanción de una ley y que pasara a ser ahora, el delito más denunciado en nuestro medio.
Los casos de violencia doméstica se han vuelto un grave problema, a partir de que de la violencia física hemos pasado a contar con un importante número de personas fallecidas por esta causa en el país.
Las denuncias por casos de violencia doméstica se han incrementado notoriamente, lo que ha ameritado incluso la transformación de los juzgados de Familia a los que se les ha asignado la competencia de Violencia Doméstica, con actuaciones de urgencia en estos casos y si amerita el hecho, por la gravedad del asunto, el mismo debe ser trasladado a la justicia penal.
Estos hechos también han ameritado que se disparara una red de trabajo entre la sociedad civil, debido a la conformación de redes de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema.
ASPECTOS NORMATIVOS
En ese sentido, el parlamento uruguayo sancionó la ley Nº17.514, donde tipifica como delito a la Violencia Doméstica, señalando en su articulado lo siguiente.
La norma de referencia comienza declarando de interés general las actividades orientadas a la “prevención, la detección temprana, la atención y la erradicación de la violencia doméstica”. Y establece además que las disposiciones de la presente ley “son de orden público”.
En tanto que en su artículo 2º, tipifica la conducta como delictiva y la describe. “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
Confirma que se trata de la acción u omisión que limite en forma ilegítima el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona y destaca un elemento que es presupuesto para que se hable de violencia doméstica y es el vínculo afectivo entre víctima y victimario.
Además enumera las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito, como A)Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B)Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.
C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.
D)Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
En otra parte de la ley, la misma establece mecanismos para asegurar la protección de la víctima. En ese aspecto sostiene el Artículo 9º, que “en toda cuestión de violencia doméstica (…) el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar”.
En ese marco, señala en el siguiente artículo que a esos efectos “podrá adoptar las siguientes medidas, u otras análogas, para el cumplimiento de la finalidad cautelar: 1) Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes.
2) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil. 3) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.
4) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.
5) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos. 6) Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima.
7) Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. 8) Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas. En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación.

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Penalización de la interrupción de la tarea para los funcionarios públicos

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Hugo Lemos

Si viviéramos en un régimen reglamentarista, que cumpliera a rajatabla todas las disposiciones legales que se encuentran vigentes entre los códigos, los reglamentos, los decretos y todo el universo de leyes que han sido aprobadas por el parlamento nacional en el correr de los últimos tiempos, viviríamos en un caos legal, donde los conflictos pulularían en función de que hay muchas leyes que otorgan derechos contrapuestos a unos y otros grupos intereses, ya que en la mayoría de los casos se han olvidado de derogarlos al votar una ley que contradice la anterior.
Menos mal que hasta ahora ha primado la cordura y evitamos el derramamiento de sangre, donde además de la normativa vigente, las mismas se apoyan en fundamentos y principios del derecho, lo que determina que la acción aplicada tenga respaldo y no pueda ser fácilmente rebatida.
Me refiero a que por ejemplo el otro día, hablando del proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que tantos líos en distintos ámbitos viene causando, mientras charlaba con un reconocido abogado que visitaba ocasionalmente Salto, sobre el impacto que tendrá la aprobación del articulado que refiere al acceso de los medicamentos de alto costo entre la población en el caso de que no haya mayores problemas, el jurista, muy de izquierda él, me decía que le “dolían” ese tipo de pensamientos que se plasmaban en una ley y que olvidaba el espíritu protector, garantista y hasta paternalista que tenía desde el génesis dogmático la izquierda en todo el mundo.
Y como ejemplo me trajo a colación algo que me dejó perplejo. Me dijo: “¿sabía usted que la huelga de los funcionarios públicos es considerada un delito en el Uruguay? Está en el Código Penal, búsquelo, va a ver. Por suerte priman los principios constitucionales y las leyes que han sido sancionadas han ido en esa dirección, sino caeríamos en una dictadura”, comentó.
En definitiva busqué y encontré el artículo que va a contrapelo de todos los preceptos constitucionales y legales que regulan el derecho a la huelga en nuestro país y que protegen además, esta práctica y sus extensiones como brazos ejecutores de la medida de presión para alcanzar acuerdos en el mundo de las relaciones laborales.
TEXTO EXPRESO
En ese sentido, el artículo 165 del Código Penal, que está ubicado entre los Delitos contra la Administración Pública dice: (Abandono colectivo de funciones y servicios públicos de necesidad o utilidad pública). “Los funcionarios públicos que abandonaren colectivamente la función, en número no menor de cinco, con menoscabo de su continuidad o regularidad, serán castigados con pena de tres a dieciocho meses de prisión”.
Es decir, el referido código señala que en el caso que los funcionarios públicos abandonen su tarea en forma colectiva afectando la continuidad de la labor (paros por 24 horas o parciales por ejemplo) o su regularidad, es decir paros semanales, cada dos días o por tiempo indeterminado, los trabajadores del Estado serán sancionados penalmente con el tiempo previsto en el referido artículo.
Esta norma, va a contrapelo con todas las disposiciones nacionales que garantizan a la medida de huelga como un derecho indiscutible que tiene el trabajador para hacer valer sus reclamos.
Y ese respaldo legal va desde la Constitución de la República hasta una ley que refuerza ese concepto y es la Nº17.940 de Promoción y Protección de la Libertad Sindical.
Ahora la pregunta surge, si habiendo una huelga de los funcionarios públicos y se vieran suspendidos los servicios como ya ha pasado, y a un Fiscal o a un Juez Penal se les ocurre actuar de oficio, o a un ciudadano enojado con la interrupción del servicio, se le da por presentar una denuncia penal invocando esta norma ¿qué hace el juez?
Seguramente habrá argumentos legales de sobra como las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas, para que un magistrado no aplique ese artículo del Código Penal. Pero que esta situación genera rispideces, dolores de cabeza y una yuxtaposición de normas legales vigentes que son contrapuestas entre sí, dando lugar a un mamarracho jurídico del que nadie ha advertido hasta ahora, es así. Ojalá haya madurez suficiente como para tomar cartas en el asunto y derogar el artículo 165 del Código Penal que en los tiempos que corren, su vigencia es una vergüenza.

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El Poder Judicial carece totalmente de autonomía

La independencia técnica del Poder Judicial en cuanto a sus actuaciones son una realidad, pero cuando hablamos de

Hugo Lemos

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autonomía, estamos frente a un mito, al menos en nuestro país y eso en cierta medida opera en desmedro del Estado de Derecho, que en el caso uruguayo, como en la mayoría de los regímenes democráticos no debería ocurrir.
Nuestro régimen republicano de gobierno tomó para sí la teoría del Barón de Montesquieu, uno de los iluminados de la época de la Ilustración en el Siglo XVIII en Francia, el cual establecía que en un Estado deben existir tres poderes autónomos e independientes entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y dijo Montesquieu en 1784: “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará Poder Judicial; y el otro, simplemente, Poder Ejecutivo del Estado (…)”.
Sin embargo, esta premisa que determinó la composición de un Estado democrático no se cumple, porque en el Uruguay el Poder Judicial depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo para dos cosas sustanciales que hacen a su funcionamiento.
El Ejecutivo tiene incidencia directa sobre el Poder Judicial porque le fija la manera en que va a funcionar, ya que es el encargado de repartir el dinero que entra a las arcas del Estado y decide cuánto le da al Poder Judicial. Es decir, es el que reparte y el que decide qué dinero va para cada rincón del Estado.
Si entiende que la justicia debe funcionar con 10 pesos, le da 10 pesos y si entiende que es mejor darle 20, también se los otorga. No es el Poder Judicial el que elabora su propio presupuesto y remite al Ejecutivo sus necesidades con la finalidad de que las mismas sean contempladas y respetadas algo que debería ser así si nos basamos en su naturaleza y por ende respetáramos su autonomía. Por el contrario, sus peticiones ni siquiera son tenidas en cuenta. Eso es más que ignorar a un Poder del Estado, es desconocerlo.
Por otro lado, el Poder Legislativo es el que termina decidiendo cuánto dinero tendrá para su funcionamiento el Poder Judicial y en ese aspecto. cómo va a seguir funcionando por el resto del período. Pero además, el Legislativo hace algo más complejo aún, es el que fija quiénes serán las autoridades de ese poder del Estado, porque es el que aprueba los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Encima lo hacen por acuerdo político, ni siquiera deciden ese delicado tema basados en una cuestión de trayectoria.
En ese aspecto, el Poder Judicial no solamente carece de autonomía para fijar su presupuesto, sino que además depende de que el poder político le elija a sus autoridades. Las cosas están mal hechas y así han sobrevenido los distintos gobiernos sin meterle mano al asunto. Es algo que está tan mal, como un artículo del Código Penal que deja entrever que la huelga de los funcionarios públicos son un delito, pero de esta cuestión, hablaremos la próxima semana.

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La actuación de la Dra. Larrieu traduce la independencia del Poder Judicial uruguayo

La independencia es uno de los principios que rigen la labor judicial, tanto desde ese poder del Estado, como desde el Ministerio Público y Fiscal, que aún estando bajo la órbita del Poder Ejecutivo, mantiene la independencia en sus

Hugo Lemos

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criterios a la hora de elaborar un dictamen en un caso que se está dilucidando sin importar quién sea el acusado.
Uruguay está entre los cinco primeros países del continente con independencia judicial, lo que habla a las claras del cumplimiento del principio de separación de poderes, que en este caso se cumple desde el plano de la acción de los magistrados, algo que debería ser natural en cualquier república, pero dado el contexto regional, la situación de nuestro país es prodigiosa.
¿A qué viene todo esto? A que cuando la Suprema Corte de Justicia decidió el traslado de la entonces jueza penal, Mariana Mota, a una sede civil, la misma fue cosificada como un emblema de la lucha por los derechos humanos desde el ámbito judicial, ya que además la magistrada de marras había participado de una de las ediciones de la Marcha del Silencio, que cada 20 de mayo se hace en el país, en memoria por los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar.
Esto en realidad hizo que interfiriera el principio de imparcialidad al que debe ceñirse estrictamente por su rol de jueza de casos de desaparecidos, colidiendo con su fuero subjetivo, lo que podría teñir de prejuzgamiento alguno de sus dictámenes.
Empero, tomando en cuenta que ese traslado de la jueza Mota de la materia penal a la civil es algo habitual entre los jueces y que ni la propia Mariana Mota esperaba haber tomado un protagonismo de esa envergadura ante los activistas de derechos humanos, al punto que todos recordamos aquella manifestación de la organización radical Plenaria Memoria y Justicia, entre los que se encontraban celebridades como Irma Leites o Jorge Zabalza, que intentaron ocupar el Palacio Piria donde funciona el máximo órgano del Poder Judicial.
Tras cartón, apareció una discreta y hasta desconocida para los medios de comunicación, jueza Beatriz Larrieu, la cual había ejercido antes en Salto y en Colonia, como destacadísima magistrada, de buen trabajo, independiente, compromiso con la función y sumamente correcta a la hora de tratar con los medios de comunicación, siempre con un discurso coherente y contundente.
Desde que asumió su función como jueza penal de 7º turno de la capital, Larrieu, a quien todos recordamos en distintas actuaciones de casos sonados en nuestro medio, se ha destacado por su desempeño en diferentes casos vinculados a la violación de los derechos humanos.
Entre ellos el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix, quien al conocer la decisión se suicidó en su propia casa, así como también en el último caso de esta misma índole donde tras un allanamiento a un domicilio, incautaron una voluminosa información sobre la dictadura (1973-1985) en un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni.
“El allanamiento se produjo a solicitud del denunciante en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006. El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo”, según informó la página web del Ministerio Público y Fiscal (www.fiscalia.gub.uy)
Si bien a Beatriz Larrieu ninguna organización de derechos humanos le ha hecho un reconocimiento a su labor como en el caso de su antecesora, la misma demuestra que el Poder Judicial se desempeña con total independencia, ya que si su puesto hubiera sido una “movida política” para parar la mano con las detenciones a los responsables de los delitos de lesa humanidad en el Uruguay, tal como argumentaban los ultras, los resultados de las actuaciones de esta magistrada habrían sido muy diferentes.
Pero en definitiva, al ciudadano de a pie le queda con estas actuaciones la garantía de que el Poder Judicial de nuestro país se maneja con independencia, lo que por el momento lo hace merecedor de confianza.

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La nueva Ley Antilavado, es claramente una reacción del Estado a los tiempos que corren

Lo que establece la ley Nº18.494 del 2009 deja claro cuál es el objetivo del país en relación a la posibles maniobras

Hugo Lemos

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económicas con dineros que procedan de hechos ilícitos.
En el caso de Salto, siendo un departamento de frontera y que tiene un importante flujo de comercio informal y en ese sentido de delito trasnacional, con la existencia de personas que se han dedicado al contrabando, generando ganancias, la actuación de la Justicia con respecto a este tema es por lo menos inminente.
En ese sentido, la ley establece que “todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.
La ley lo que establece en cierta medida es la obligación de denunciar ante el Estado, este tipo de casos y en ese marco ahora empieza a darse con más profundidad, la discusión sobre la responsabilidad en la que podrán incurrir determinados profesionales, como los contadores, escribanos, abogados o procuradores que en conocimiento de este tipo de hechos, no formalicen su denuncia.
“También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294 (que regula el tráfico de estupefacientes) -incorporados a la Ley Nº 17.016 (actualización de la ley de estupefacientes), y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley (El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual), la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aún involucrando activos de origen Iícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la que habla sobre financiar cualquier actividad terrorista.
En un mundo alarmado por los hechos de violencia, leyes como la de lavado de activos cobran especial significación y siendo Uruguay una plaza financiera que además pondera algunos aspectos que a estos efectos pueden resultar negativos como el secreto bancario, la vigilancia estatal deberá poner entonces cada vez más, al delito trasnacional como el contrabando, bajo la lupa.

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La culpa es de los “tira piedras”

En el año 2006, cuando el entonces y actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, emitió el Decreto

Hugo Lemos

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Nº156/2006 que reconocía a la ocupación como extensión del derecho huelga (amparado en el artículo 57 de la Constitución de la República), algo hasta el momento visto como de dudosa legalidad, fue un hito para los trabajadores quienes sentían que ganaban varios rounds atrasados con las patronales, lo que en ese sentido aumentó la ola de protestas.
Este decreto vino en tiempos donde campeaba la conflictividad sindical por haberse generado un nuevo escenario en el mundo de las relaciones laborales a partir de la llegada de la izquierda al poder, la que contaba además con un parlamento compuesto por muchos exdirigentes sindicales, quienes en una escalada por incidir en la sociedad del modo al que hasta ese momento no lo habían logrado, aprobaron una andanada de leyes a favor de los trabajadores, buscando equilibrar según su concepto, a las partes en la balanza.
Esto último aún está en duda, porque muchas leyes son de una dualidad tal que han llegado a generar un desequilibrio en muchos casos, los que han ameritado conflictos irracionales y problemas en los que quienes terminaron perjudicándose, han sido los trabajadores. Entonces fue el gobierno de José Mujica, el que puso un freno a lo que por entonces se consideraba que había un atropello de parte de ciertos sindicatos y el decreto derogaba en parte lo aprobado por Tabaré Vázquez en relación a los edificios públicos.
El decreto de Mujica reafirmaba el concepto esgrimido por su antecesor y a la postre también sucesor, de que la ocupación de los lugares de trabajo son una medida que se reconocen como una extensión del derecho de huelga. Pero establece específicamente que no se permiten las ocupaciones a los edificios públicos, haciendo una excepción en este reconocimiento, por la invocación de uno más importante que el derecho laboral, como son los derechos humanos.
Y en ese aspecto el argumento es que si un edificio público es ocupado, se están violando sistemáticamente los derechos humanos del resto de la población que pretende acceder a los servicios que esa institución pública que funciona en ese edificio, le presta a la sociedad.
Con ese argumento, cada vez que hay una ocupación en un edificio público, como el ocurrido por los estudiantes de Secundaria en la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el mecanismo legal es uno solo, las autoridades denuncian el caso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, éste concurre al lugar de los hechos, negocia una salida, labra un acta y en caso de que no haya acatamiento de parte de los ocupantes, la Policía procede al desalojo por la fuerza.
Este es el procedimiento legal, el cual fue emitido por el gobierno de José Mujica, un presidente con doctrina de izquierda pero que actuó con pragmatismo y liberalidad absoluta y que aún está vigente.
Ahora, tras lo ocurrido, la pregunta surge ¿los estudiantes debieron acatar la orden de desalojar el local del Codicen o se estaba atacando su derecho a la ocupación del local en el marco de la lucha de los gremios estudiantiles con el gobierno por el presupuesto para la educación? No hay dos respuestas posibles sino una sola, debieron acatar la salida del edificio público y tenían derecho a mantener su protesta fuera de él, en la calle, en la plaza pública, en la vereda o dónde quisieran.
Pero no conforme con esto, generaron hechos de violencia que nada bien habla de los valores que como estudiantes se supone que tienen. Que había infiltrados y organizaciones ultras dando manija y despreciando a las instituciones, la vida de los policías y la integridad física de los propios estudiantes, claro que sí, los vimos todos por televisión.
¿La Policía estuvo mal en reprimir? Nadie que confíe y crea en el Estado de Derecho como garantista y tutelador de los poderes públicos, en pos de la paz social y la convivencia pacífica, puede estar de acuerdo con los actos de violencia y con la represión policial, pero hay algo claro, la violencia no partió de la Policía sino de un grupo que se opuso al acatamiento de una norma vigente que ampara un derecho superior que el derecho de huelga, pero que a la vez no lo priva, ni tampoco priva al de la libertad de expresión (art. 29 de la Constitución), ni mucho menos menoscaba la protesta que motivó esa ocupación.
¿El Estado es responsable por lo que pasó? Si hay heridos que no fueron parte de los incidentes y resultaron en ese estado por parte de un funcionario público, sí. De lo contrario no, no es responsable porque hubo un acto de violencia hacia las instituciones y hacia los funcionarios que la representan.
Y lo hubo por parte de un grupo de personas, que a esta altura, no se sabe quiénes son, más que unos tira piedras, que los gremios docentes, nunca pudieron haber defendido, porque están avalando la debilidad y la marginalidad de los estudiantes del sistema público. Y esto es lo que marca cada vez más la fragmentación social a la que lamentablemente estamos asistiendo en nuestro país.

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El caso Cavani es producto de un tecnicismo, aunque cueste creerlo

hugo lemos

Hugo Lemos

Hay que reconocer una cosa, la justicia debe ser la última reserva moral de la institucionalidad de los países y para ello debe ser despejada de toda duda que pueda albergar su accionar en los distintos casos en los que debe actuar. Más allá de esto, la gente no entiende cuando hay cosas que se cumplen de manera rigurosamente técnica, con total apego a la ley vigente y que si en todo caso, aún así las decisiones causan rechazo de la opinión pública, la queja debe apuntar al Palacio Legislativo y no al Poder Judicial, porque en definitiva los jueces son aplicadores de las leyes que los parlamentarios aprueban.
El caso del padre del futbolista Edinson Cavani fue uno de los hechos que generó opiniones encontradas en la sociedad y está bien que la gente valore los fallos judiciales, porque en cierta medida eso implica ejercer un control sobre la actividad judicial, lo que importa por otro lado que los operadores de la justicia actúen con mayor transparencia.
Pero atendiendo este caso en particular, el hecho de que Luis Cavani, quien había sido procesado por un homicidio culposo (es decir sin intención de cometerlo, sin dolo, pero responsable al fin de la muerte de una persona por causa de un accidente) fuera liberado 82 días después, es un tecnicismo que tiene que ver con que los rigores técnicos aplicables a los encausados con esa tipificación delictiva, pueden terminar con la medida cautelar impuesta como es la prisión preventiva, por sus características personales, que es en definitiva, lo que se juzga en materia penal.
Cuando una persona es enjuiciada, se juzga el acto cometido, la voluntad que determinó la acción del sujeto, las características de la personalidad del mismo y su peligrosidad para volver a consumar un hecho dañoso para la sociedad.
En el caso del sujeto de marras, su sujeción a la situación jurídica en la que se encontraba y disposición a la sanción legal por admitir su inconducta y confesar plenamente su actuación en este caso, además de incluso aportar otros elementos para ser contemplados por la justicia y para que no quedaran dudas de su culpabilidad, fueron favorables en cierta medida para no albergar dudas de que se trata de una persona que puede cumplir sanciones estando en libertad ambulatoria, pero que aún así deberá cumplir con medidas alternativas a la prisión porque el juicio en su contra continúa.
La discusión acerca de si una vida vale menos que un objeto y por eso hay robos o rapiñas que son castigados con más tiempo de prisión preventiva que los casos de homicidio culposo, son otro kiosco y deben debatirse en los ámbitos parlamentarios, como para poder generar una modificación de las leyes, lo que permita que se valoren de otra medida este tipo de casos.
Pero ciñéndonos a este caso puntual, todos los casos de homicidios culposos donde los autores son primarios absolutos y no cuentan con antecedentes, son penados con corto tiempo de prisión preventiva, porque se entiende que la prisión no es la medida adecuada como para castigarlos, ya que poco aportan a la situación real de gente que no tiene perfil criminal ni está involucrada con el ambiente delictivo.
En ese sentido, puede decirse que en el caso Cavani haya valido la individualización de la persona y se haya tomado en cuenta su conducta en la vida personal, lo que determina que esta persona tuvo una actitud impropia en un momento determinado, pero que no tuvo voluntad de llegar a ese estado en el que no podía conducir, ni que tampoco quiso causar un accidente.
En la mayoría de los casos es así, los homicidios culposos no son castigados en forma severa, ya que cargan implicaciones emocionales propias del hecho cometido para el autor, que debe soportar además el peso de haber quitado una vida y sufrir en determinados ámbitos la vergüenza social por haber cometido tal situación.
La gente debe interiorizarse del funcionamiento de la justicia y tener en cuenta que los tecnicismos son complejos y nunca bien entendidos. Pero también que los jueces no cobran al grito de la tribuna, aunque a veces se equivocan y mucho, empero no parece ser este caso, donde incluso el encausado sale de la cárcel con el estigma de ser el padre del famoso futbolista que fue procesado, y cuya noticia recorrió el mundo, así que a donde vaya y sea reconocido como el progenitor del referido deportista, su nombre estará lamentablemente asociado al reprochable caso que lo hizo ser portada de varios medios de comunicación nacionales y extranjeros y eso ya es una sanción social imborrable.
El resto de las debilidades del sistema, son un harto complejo que deben ser subsanadas con un nuevo proceso que genere más garantías y menos dudas en éste y en todos los casos.

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Los Fiscales avanzan un puesto en el camino hacia su anhelada independencia

Cuando actúa un fiscal en una causa contra el Estado, que es el jefe, siempre se le miraba el pelo a sus investigados porque se presumía que si se actuaba contra el Poder Ejecutivo, el fiscal no iba a rascar hasta el hueso porque su superior jerárquico inmediato, el ministro de Educación y Cultura, podía tratar de impedir el avance de una causa.
Aunque esto era improbable que ocurriera, la manera que tenían las autoridades de incidir en lo que terminaría siendo un mal desempeño de un fiscal en una causa, era la carencia de recursos con los que contaban estas dependencias.
Porque para un ministro de Educación y Cultura, con esos dos temas tenía para entretenerse los cinco años que podría durar su gestión y encima, le metían al Ministerio Público y Fiscal bajo su órbita, todo terminaba siempre en lo mismo “no tener previsto ni siquiera asomarnos por la ventanilla de la oficina del Fiscal de Corte, ellos sabrán cómo manejarse”, como me dijo el entonces subsecretario de Educación y de Cultura, en el 2005, Felipe Michelini.
Y quizás ese haya sido hasta ahora el mayor problema del Ministerio Público y Fiscal, son los abogados que defienden las causas públicas en nombre del Estado, pero a su vez estaban supeditados al Poder Ejecutivo que les podía decir sí o no a muchas cosas, por más que en los papeles éstos tuvieran “independencia técnica”.
Pero en estos días hubo un avance bastante importante para que los fiscales logren esa anhelada independencia. Una ley aprobada recientemente, la Nº19.334, creó la figura de la Fiscalía General de la Nación, que si bien “debe relacionarse a todos los efectos” con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, según dice la ley, crea la figura de un director general de fiscalía que en cierta medida hará valer la carrera funcional de magistrados y funcionarios a través de un área con sentido propio.
Crea el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación y en ese marco propone un nuevo orden de jerarquía para la organización administrativa y hasta salarial de sus funcionarios que hace bien y es positiva para que los fiscales, que son los que se verán como protagonistas de la escena de los hechos y su figura cobrará especial relevancia a partir de la implementación del nuevo proceso penal, tendrán al menos una independencia que les hará bien para sentirse parte de sí mismos, antes de no ser parte de nada concreto y de que nadie bregue por ellos, más que ellos mismos y el fiscal de Corte de turno.
Por eso creo que es saludable que la Fiscalía General de la Nación sea creada por ley como un servicio descentralizado, independiente en su rol jerárquico del ministro de Educación, algo que no debió ser nunca.
Ese relacionamiento entre un magistrado y el poder que gobierna el país, es justamente lo que se propuso erradicar por parte de Montesquieu en el Siglo XVIII, con el principio de separación de poderes, pero el fiscal sigue siendo un bicho raro, no es independiente del todo, pero tampoco es dependiente del Poder Ejecutivo, aunque esa nueva denominación, ayudará a que tomen riesgos y maduren actuando sobre sus pasos y tomando riesgos para sí.
Por eso saludo que ahora ese rol de autoridad dentro del Ministerio Público tenga un grado más de autonomía y esperamos que eso redunde en beneficio para el justiciable que en definitiva es el destinatario de sus actuaciones.

HUGO LEMOS

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Transparencia judicial: primero en casa

hugo lemos

Hugo Lemos

Uno de los postulados que aparecen implícitos dentro del principio de publicidad del proceso, que consagra el artículo 7º del Código General del Proceso (CGP), es el de la transparencia del sistema judicial.
Si bien la publicidad del mismo está exceptuada por razones de interés general y por cuestiones que el juez de la causa entienda que deban reservarse para proteger a los involucrados de un caso en particular, tal como lo establece la norma, no debería haber mayores limitaciones para el acceso público al sistema judicial.
En el caso de que así lo entiendan los propios funcionarios que hasta ahora son los responsables de las cortapisas que tiene la población para acceder a informarse de cómo funcionan los procedimientos, le hará mucho bien a toda la administración de Justicia por haber sido hasta ahora muy reservada en sus actuaciones, lo que ha generado que se mantenga una distancia importante con la población, pese a ser un poder del Estado y por lo tanto ha generado incluso una distancia imperdonable y hasta perniciosa con los justiciables.
Pero el principio de publicidad, cuyo espíritu es que la población pueda acceder a las actuaciones de la justicia en forma libre e irrestricta, salvo como lo mencionábamos debido a las reservas especiales que impongan los magistrados en distintas causas por razones debidamente justificadas, pretende imponer un concepto de transparencia ante la población de parte de la administración de justicia, para generar confianza de parte de la gente hacia el Poder Judicial.
Este concepto de transparencia, es el mismo que se busca desde los propios órganos judiciales cuando desde la Suprema Corte de Justicia se instala una División de Comunicación Institucional y se instituye la figura del Vocero, para dar a conocer a la opinión pública las actuaciones de los magistrados en los procesos en curso, o como lo que está haciendo ahora el Ministerio Público y Fiscal, que está preparando a los fiscales para que dejen de ser una suerte de funcionarios públicos inmaculados y bajen a tierra sus actuaciones, hablen con la prensa y a través de ello, le cuenten a la gente qué es lo que hacen, cuál es su función, porqué actúan de determinada manera y en qué casos vienen actuando.
Es que en definitiva a todos ellos, jueces y fiscales, actuarios y receptores, funcionarios administrativos y porteros, la sociedad les paga el sueldo y los recursos materiales con los que trabajan, y es la misma sociedad a la que muchas veces le niegan información sobre lo que hacen o le coartan el acceso a los juicios y a los expedientes en trámite, restringiendo y menoscabando la anhelada transparencia del sistema que los propios operadores pretenden lograr.
Y la cosa va más allá, porque a través de todos los mecanismos que mencionamos que tienen como cometido generar la transparencia en el sistema judicial, es que la sociedad aprenderá a tener cultura cívica para participar de los procesos judiciales y aprehenderlos como algo importante para la vida en un Estado de Derecho. Ya que con el acceso real a la administración de justicia por parte de la población se generará cultura de participación y respeto a las decisiones de las instituciones judiciales.
Por lo cual esto, hará más fácil que cuando se instaure el nuevo proceso penal, que algún día tendrá que hacerse sin mayores postergaciones, y se habiliten los juicios orales y públicos, los asistentes, sean familiares o amigos de las víctimas o de los victimarios, o simples curiosos, no generarán disturbios y permitirán el desarrollo del proceso proyectado con total normalidad, como ocurre en las sociedades más avanzadas. Pero por algo hay que empezar cuando se habla de transparencia del sistema judicial y en este caso, es por casa.

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¿Derecho sindical vs. Derecho a la educación?

La declaración de esencialidad de un servicio no está regulada ni por la Constitución de la República, ni por ley alguna que la establezca. Pero a juzgar por lo que se considera como servicio esencial en nuestro país, a excepción de la seguridad y la salud, el resto puede verse comprendido por una cuestión de interpretación como un servicios esencial. La situación que vive el sistema educativo por estos momentos traduce a todas luces que el derecho a la educación queda relegado ante el derecho a la huelga de los trabajadores, en este caso de los del sistema educativo público.
Pero desde que empezó su gobierno y aún en campaña electoral, Tabaré Vázquez, que le debe todo lo que es a la educación que recibió y que él mismo se forjó, se comprometió a “cambiar el ADN” del sistema de educación público, porque reconoció que no funciona bien. Empero, ante una escalada sindical sin precedentes en un gobierno de izquierda, donde le piden más dinero para un sistema en el cual él no confía en sus resultados y está en desacuerdo con su funcionamiento, el presidente decreta la esencialidad, porque cree que en Uruguay la educación debe ser así, esencial. Pero choca con los docentes y estudiantes que aspiran a llegar a ser docentes, que creen lo contrario y repudian la medida considerándola dictatorial por querer obligarlos a trabajar en las mismas condiciones salariales y demás, con las cuales no están de acuerdo. Entonces ¿qué debe primar? La libertad sindical o el derecho a la educación. Por ahora prima lo primero y en ese marco, recordamos dónde está, o al menos donde dice estar, garantizada la educación para todos los uruguayos.
EN LA CONSTITUCIÓN
El artículo 68 de nuestra Carta Magna dice que “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos (esto último ¿podría comprender la esencialidad? Es lo que se discute). Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.
El artículo 69 establece: “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”. El artículo 70 sostiene: “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial (…) La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones (aquí también podría caber el decreto de esencialidad del Poder Ejecutivo).
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 18.437
En su artículo 1º dice que “La educación como derecho humano fundamental. Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa (¿cabe por esta interpretación la esencialidad?).
En su artículo 2º dice que “Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna”. Y el artículo 4º de la misma ley sostiene que: La educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”. Para la ley, la educación es importante y un elemento esencial, pero se siembra la duda de la prevalencia de esto ante el derecho a la huelga y del reclamo de los trabajadores en ella involucrados.

HUGO LEMOS

 

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Los trabajadores rurales y los derechos adquiridos

Tras la escalada sindical que se viene llevando adelante desde los últimos tiempos en función de un año que se

Hugo Lemos

Hugo Lemos

presenta como clave, para definir el rumbo de las relaciones laborales en nuestro país, en el marco de la diferencia que se presenta entre los trabajadores y los empresarios, el capítulo referido a los derechos adquiridos por los trabajadores rurales gana especial relevancia. En ese aspecto, el decreto 216/012 del año mencionado, determina ciertos derechos adquiridos, que cambiaron de manera sustancial la relación laboral existente entre estos trabajadores, postergados en su momento y los empleadores del sector rural.
DEFINICIÓN
En su artículo 1, el decreto mencionado define a los efectos de la presente reglamentación que, se entiende por empleador rural a toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa. Y por trabajador rural a todo el que bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones.
SALARIO
Respecto al concepto de Salario: el artículo 2, señala que, todo trabajador rural tiene derecho a percibir una retribución mínima por su trabajo que le asegure la satisfacción normal de sus necesidades y las de su familia. El artículo 3 indica que el salario mínimo para los trabajadores rurales será establecido por actividades y categorías por los Consejos de Salarios respectivos, o en su defecto, por el Poder Ejecutivo. Los salarios mínimos se pagarán en dinero, no admitiéndose deducción alguna por suministro de alimentación y vivienda ni por la utilización de tierras en beneficio del propio trabajador.
OTRAS PRESTACIONES
El artículo 4 del decreto mencionado establece que “además de la paga por concepto de retribución salarial el empleador suministrará al personal que trabaje en su establecimiento, como también a su familia (cónyuge, concubina o concubino, hijos y padres) cuando vivan con él, condiciones higiénicas de habitación, agua potable y alimentación suficientes así como los elementos necesarios para iluminación, aseo y preparación de sus comidas. El personal tiene la obligación de mantener y conservar los medios puestos a su disposición para atender tales necesidades. El derecho de alimentación y vivienda cesa para los descendientes al cumplir éstos 21 años de edad, y a los 18 años, si poseyeren medios de vida propios suficientes para la congrua sustentación (esto es un trabajo propio). Asimismo se expresa que “la actividad que desarrollará el trabajador en el establecimiento, la remuneración que percibirá y la forma de hacerse efectiva, deberá establecerse en la documentación laboral obligatoria”, para lo cual deberá entregarse documentación detallada al trabajador de las prestaciones que percibe con la finalidad de mantenerlo debidamente informado sobre el cumplimiento de la relación laboral. Por esa razón, el artículo 6 establece que se entiende a los efectos de esta reglamentación como alimentación suficiente, el suministro de por lo menos tres comidas al día, que contengan variedad de alimentos, esto es: leche, carne, fideos, arroz, huevos y pan o galleta. Se proporcionará además hortalizas, legumbres y frutas. En sustitución del pan o galleta pueden suministrarse boniatos. Las comidas serán servidas a la hora de costumbre, según la práctica rural, en proporciones abundantes con la variedad enunciada y conforme a las posibilidades del medio. Además advierte el artículo 7 del referido decreto que “todo empleador rural tendrá la obligación de destinar a huerta, un lugar adecuado a tal fin en las proximidades de las instalaciones donde se preparan los alimentos. Deberá asimismo, plantar árboles frutales y destinar un lugar adecuado para la cría y mantenimiento de aves. Las obligaciones precedentes podrán suplirse con el mantenimiento de una despensa permanente donde existan las variedades establecidas, en virtud de la proximidad de centros poblados, de distribución o producción de tales alimentos”.
En la próxima entrega de nuestra sección “Leyes de mi País” seguiremos detallando los derechos adquiridos por los trabajadores rurales.

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El derecho de huelga y la ley 19.051

El derecho a la huelga, regulado y garantizado en Uruguay, tanto por la Constitución de la República que lo

Hugo Lemos

Hugo Lemos

reglamenta, como por normas específicas que regulan las diferentes modalidades y extensiones de este derecho. Particularmente hoy estamos asistiendo a una jornada de huelga, decretada por el PIT CNT.
¿Pero cómo afecta esto la situación laboral de quienes practican la huelga?
Según un estudio publicado por el prestigioso estudio jurídico uruguayo, Guyer & Regules, la práctica de la huelga por parte del trabajador, afecta el beneficios tales como el presentismo y en ese sentido, según la ley Nº19.051, el mismo se ve afectado al ejercer el derecho de huelga. El artículo de Guyer & Regules identifica al presentimos como “un beneficio salarial, que no tiene origen en la ley sino generalmente en la negociación colectiva, o en algunos casos es otorgado por la empresa unilateralmente. El beneficio premia la asiduidad de los empleados.
Pero el estudio sostiene que como a partir del 24 de enero de 2013 “comenzó a regir la Ley 19.051, según la cual las ausencias por huelga en cualquiera de sus modalidades, generarán el descuento proporcional del presentismo u otras partidas vinculadas a la asiduidad, pero no su pérdida íntegra. Esto significa que deberá prorratearse el valor total del beneficio según las ausencias por huelga que existieron en el período de generación del mismo”.
Algo que en cierta medida sigue protegiendo ese beneficio como conquista social, pero a su vez otorga cierto derecho al empleador de ejercer el descuento porque el trabajador practica su derecho a hacer paro.
El prestigioso estudio jurídico sigue señalando que “en el caso de un empleado mensual, deberá tomarse el monto del presentismo a que el empleado hubiera tenido derecho y sustraerse de dicho monto tantos treintavos como ausencias por huelga haya registrado el empleado en ese mes. El descuento se efectúa en base a treintavos, dado que se entiende que el salario de los empleados mensuales remunera 30 días de trabajo”.
Sobre qué ocurrirá en el caso de que la empresa realice descuentos del presentismo en infracción con la normativa de marras. Guyer dice que “si el Ministerio de Trabajo constata una infracción, podrá aplicar sanciones como amonestaciones, multas -según la gravedad, entre los importes de uno a ciento cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador involucrado en la infracción- y la clausura del establecimiento hasta por 6 días, que se considerarán trabajados a todos los efectos. También los empleados podrán reclamar judicialmente el pago del beneficio en forma correcta”.
Pero también se plantea otro escenario. Y es ¿qué sucede con los convenios colectivos que establecían una forma diferente de descuento?
Dice el trabajo analizado que “la ley no lo resuelve a texto expreso. Al aprobarse la nueva normativa, podría entenderse que los convenios colectivos que regulaban el presentismo estableciendo que el mismo se perdía íntegramente frente a ausencias por huelga fueron derogados por la Ley, por lo que el beneficio seguirá vigente pero el descuento deberá realizarse de acuerdo a la normativa”.
Y por último en el trabajo realizado por los profesionales del mencionado estudio se preguntan ¿puede establecerse la pérdida total del beneficio frente a otros casos de ausencias legítimas?
Se señala al respecto que “es común que en la negociación colectiva se prevea la pérdida del presentismo frente a distintos tipos de ausencias por motivos legítimos (por ejemplo, licencias especiales por estudio, duelo, paternidad, adopción, enfermedad o accidentes de trabajo).
Dado que la Ley únicamente previó el descuento proporcional del presentismo frente a ausencias motivadas por huelga, es válido pactar que el beneficio se pierda en forma íntegra con motivo de estas otras ausencias legítimas. La única ausencia que no puede generar la pérdida del beneficio es la motivada en la licencia reglamentaria del empleado. Ello en tanto durante la misma, el empleado debe continuar percibiendo su salario habitual”.
Fuente: guyer.com.uy

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Una transformación social que aporta a la familia

La ley Nº19.161 aprobada en noviembre del 2013 y ya en vigencia establece un régimen de licencias para los

Hugo Lemos

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trabajadores de la actividad privada, titulares de unipersonales con hasta un dependiente y monotributistas, por el término de 7 días, incluyendo el día del nacimiento del niño como primer día, a partir del 1º de enero de este año y llegará a cumplir la totalidad de su extensión con 10 días corridos a partir del próximo 1º de enero.
La licencia por paternidad ha generado una importante transformación en la sociedad moderna. Esta medida provino de los países escandinavos, donde la intención fue la de otorgarle al padre de familia un régimen de vacancia para que colabore en la recuperación de la madre, en la organización de la familia y permanezca junto al niño los primeros días de vida.
Esa idea fue adoptada por los parlamentarios uruguayos, quienes tras la primera sanción de una ley, la 18.345 en el 2008, extendieron el régimen de licencia cinco años más tarde en el 2013, en el entendido de que la misma tuvo un aspecto positivo para la sociedad.
LO QUE DICE LA LEY
Los beneficiarios del
subsidio de esta nueva
ley serán los siguientes:
A) Trabajadores dependientes de la actividad privada. B) Trabajadores no dependientes que desarrollaren actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, siempre que no tuvieren más de un trabajador subordinado. C) Titulares de empresas monotributistas.
El período de inactividad compensada será el siguiente, de acuerdo a lo que menciona el artículo 8°.
A) Un máximo de tres días continuos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
B) Un máximo de siete días continuos, a partir del 1° de enero de 2015.
C) Un máximo de diez días continuos, a partir del 1° de enero de 2016.
El monto del subsidio también dependerá de si se trata de trabajadores dependientes o no dependientes:
A) Si se tratare de trabajador dependiente, el promedio diario de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional a que hubiere lugar por el período de amparo.
B) Si se tratare de trabajador no dependiente, el promedio diario de sus asignaciones computables de los últimos doce meses.
En ningún caso el monto del subsidio será inferior al previsto por el inciso segundo del artículo 6° proporcionado a los días de ausencia por paternidad. Las referencias a seis y doce meses efectuadas en los literales A) y B) del inciso primero del presente artículo, corresponderán a períodos de trabajo efectivo, si fuere más favorable para el trabajador.
La ley termina reglamentando dos aspectos sobre este subsidio, el deber de preaviso y ciertos requisitos para el goce del subsidio.
Cabe resaltar que el beneficio otrorgado por la ley N° 18.345 respecto de los 3 días de licencia por paternidad desde el nacimiento del bebé siguen vigentes, por lo que esta ley agrega 3 días más a estos ya existentes, sin establecer que sean los siguientes a estos. Es decir que la nueva ley que estamos analizando menciona que el empleado tendrá derecho a tres días de subsidio por inactividad compensada, sin establecer qué días deben ser, a diferencia de la licencia por paternidad, que debe ser el día del nacimiento y los dos días siguientes.
Subsidio para Cuidados
Este beneficio fue creado por esta ley por lo que todo lo que se sabe está contenido en los siguientes artículos, hasta que esta ley se reglamente. El artículo 12° es el que establece las características de este beneficio, y su redacción es la siguiente.
Artículo 12.-
(Subsidio parental para cuidados).- Las trabajadoras incluidas en el artículo 1° y los trabajadores incluidos en el artículo 7° de la presente ley, serán beneficiarios de un subsidio para el cuidado del recién nacido, que podrán usar indistintamente y en forma alternada el padre y la madre una vez finalizado el período de subsidio por maternidad previsto en el artículo 2° de la presente ley, hasta que el referido hijo de los beneficiarios cumpla cuatro meses de edad.
Uno u otro beneficiario solo podrán acceder al subsidio siempre que la trabajadora permaneciere en actividad o amparada al seguro por enfermedad, salvo lo previsto en el siguiente inciso.
El goce del subsidio parental es incompatible con la percepción de cualquier subsidio por inactividad compensada por parte del mismo beneficiario.
El monto del subsidio establecido en el artículo 12 para uno u otro progenitor será de la mitad del respectivamente previsto por los artículos 6° y 9° de la presente ley. Esto es así ya que el segundo beneficio que establece la ley es que la actividad laboral de los beneficiarios del subsidio para cuidados previsto en el artículo anterior no excederá la mitad del horario habitual ni podrá superar las cuatro horas diarias.

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De las 14 semanas de licencia por maternidad

El 25 de noviembre de 2013 entró en vigencia la ley Nº 19.161, por la que se amplían los derechos vinculados al Subsidio por Maternidad y se consagra el derecho al Subsidio por Paternidad y al medio horario de trabajo.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Desde hace casi dos años que la presente ley que consagra tales beneficios para quienes son padres o madres y deben atender, tanto a quien viene al mundo, como a su propia salud, está vigente y se circunscribe en el marco del nuevo escenario de las relaciones laborales.
La ley de subsidio por maternidad, paternidad y subsidio de cuidados Nº 19.161, aumenta los beneficios de la licencia para ambos padres y del subsidio por maternidad. Así lo establece desde su sanción y está destinada a los trabajadores comprendidos de la siguiente manera sin orden de preferencia:
A) Dependientes de la actividad privada. B) No dependientes, que desarrollen actividad amparada por el B.P.S, con hasta 1 dependiente que estén al día en sus aportes. C) Monotributistas que estén al día con sus aportes. D) Trabajadoras amparadas al seguro de desempleo pero que queden embarazadas durante el amparo a dicho seguro.
El período de amparo será de 14 semanas, 6 semanas antes del parto y otras 8 semanas posteriores al mismo, las que podrán variar con autorización del B.P.S, siempre respetando el mínimo de las 14 semanas impuestas por este régimen.
Pero la ley también contempla que en el caso de que se adelantara la fecha de parto, se comienza la licencia de inmediato, debiendo gozarse a partir de dicho momento las 14 semanas, o como mínimo las 8 semanas, si ya se hubieren tomado más de 6. Si la fecha de parto se pospone, la trabajadora seguirá de licencia hasta el parto, y luego de éste, necesariamente tendrá las 8 semanas de vacancia legal.
El monto del subsidio por maternidad para la trabajadora dependiente será un promedio mensual o diario de sus salarios percibidos en los últimos seis meses, al que se le sumará la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario y al salario vacacional generados durante la licencia por maternidad.
En el caso de la trabajadora no dependiente, percibirá el promedio mensual de lo aportado en los últimos doce meses.
La ley establece asimismo un mínimo de 2 BPC (unos 6 mil pesos) por mes o la fracción que corresponda. En cuanto el régimen de amparo al seguro de enfermedad a consecuencia del embarazo o parto, en el caso de sobrevenir una enfermedad a causa del embarazo o parto, la trabajadora tendrá derecho a la extensión del descanso puerperal (post parto).
El mismo será determinado por el organismo a cargo, con un máximo de 6 meses. Si la trabajadora no tuviere derecho, el B.P.S igualmente le abonará el monto correspondiente al seguro de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407.

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Hay que cuidar la herramienta

El derecho de huelga y sus medidas extensivas, como el caso de las ocupaciones en los lugares de trabajo, deben ser

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cuidadosamente analizadas por parte de los representantes sindicales y sus asesores legales, con la finalidad de evitar incurrir en una conducta que no se ajuste a ese derecho constitucional y se termina desvirtuando la medida, saliéndose de los límites legales especialmente fijados para ello, lo que podría derivar en la generación de un resultado nada favorable para los reclamantes, que en todos los casos son los trabajadores.
Si bien estamos asistiendo a tiempos donde la conflictividad sindical va en aumento por tratarse de un año clave para la definición de pautas salariales, tanto en el sector público como en el privado, es muy buena cosa tener en cuenta cuáles son los momentos para buscar un ámbito de negociación entre las partes, con la finalidad de alcanzar el resultado esperado tanto de un lado como del otro.
En ese sentido, un trabajo sobre la huelga realizado por el abogado laboralista Nelson Larrañaga, del estudio Ferrere, dice que “la mayoría de la doctrina laboralista nacional sostiene que el art. 57 de la Constitución contiene un reconocimiento amplio del derecho de huelga, que sumado a la inexistencia de una definición legal deja abierta al intérprete la consideración de la misma”.
En tanto Pérez del Castillo afirma que aceptar un concepto amplio de huelga implica confundirla con otras formas de exteriorización del conflicto. Expresa que “no toda acción gremial reivindicativa a través de presiones queda bajo la protección constitucional”. El destacado laboralista cree que la huelga en su concepto estricto es detención temporal y total de la prestación de trabajo debido, decidida por el colectivo de trabajadores, con una finalidad profesional. No puede comprender acciones que nada tienen que ver con la misma y que vulneren los derechos humanos fundamentales, como en la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes. Y tampoco la huelga puede ejercerse con abuso de derecho”. En mi opinión, hay reclamos justos que pueden perderse si la vía del reclamo no es la adecuada.

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La intransigencia, hija del ego del abogado

La transacción, son las recíprocas concesiones que hacen las partes para poder generar un resultado que sea favorable a los involucrados en el marco de la búsqueda de un acuerdo. Pero para llegar a esta instancia, se debe atravesar por

Hugo Lemos

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un proceso de negociación. El mismo no debe llevarse a cabo mediante un ámbito que sea ríspido, esto no quiere decir que las partes deban ceder en las pretensiones que tienen cada uno, sino que por contrario deben plantear sus ideas y poner todas las intenciones arriba de la mesa.
Empero, siempre que estemos frente a frente en una negociación por cualquier cosa, se debe pensar en forma inteligente con la finalidad de conseguir un resultado favorable que determine una solución para el cliente, que es el que espera concreciones y no papeles que emanen de un juez y que no se plasmen en cuestiones materiales que ayuden a obtener ese sentido de justicia que tanto se busca en los estrados.
Esto muchas veces lleva a que en el afán de querer lograr el 100 por ciento de las cosas de las que dicen las sentencias que emanan de los juzgados a las que tenemos derecho, nos ponemos intransigentes y argumentamos antecedentes que nos obnubilan y valoramos más lo que dice el papel firmado por el juez, y es ahí cuando terminamos no alcanzando ninguna solución para el cliente que no entiende ni el entendido por el juez que firmó la sentencia, y en estos casos tampoco es comprendido por el ego de su propio abogado que con intransigencia no le consigue solución alguna.

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La gravedad del delito de secuestro

En las últimas horas mucho se ha hablado, por los hechos policiales de pública notoriedad, de los delitos que implican

Hugo Lemos

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una privación violenta de la libertad de una persona. En realidad la privación de la libertad, es una conducta violenta de por sí, porque impone un castigo a otra persona en forma injusta y le suprime el derecho a la libertad, acaso el bien más preciado de la vida que tiene el ser humano.
Por tal motivo, nuestra legislación tipifica esa conducta como delito y está en el núcleo de los delitos con penas que tienen mayor severidad. Si bien mucha gente se pregunta en qué consiste la privación de libertad, que comúnmente se lo conoce como secuestro, ya que éste significa aprehensión por la fuerza de una cosa o persona.
El concepto refiere al acto y al resultado de secuestrar: privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación; tomar por la fuerza un medio de transporte; imposibilitar judicialmente la distribución de un producto; o embargar un bien por la vía judicial. Algo que se diferencia del delito de Rapto, que es un delito que atenta contra la moral y las buenas costumbres porque refiere a un delito sexual, es decir, la intención del agente del delito es un fin de carácter sexual.
En tanto, el Código Penal en el artículo 281, establece que que la privación de libertad se comete cuando: “El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido”.
En el siguiente artículo establece las agravantes. En ese caso señala que las mismas se dan cuando:
“Son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considerará justificada cuando el delito se cometa: Por un funcionario público, o contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido. Con amenazas o sevicias (buscando el sufrimiento de la víctima). Por espíritu de venganza o con propósito de lucro, para utilizar coercitivamente (por la fuerza) los servicios de la víctima. Cuando la privación de libertad superare los diez días”.
“Constituye un agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas, a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajeno, consiguiendo o no su objeto, o cuando el hecho obedeciera a móviles políticos o ideológicos. La pena será de seis a doce años de penitenciaría”.

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Los delitos contra la corrupción

Tras el escándalo de la FIFA, donde todos hablamos de lo que está pasando en nuestro medio con las actuaciones de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

altos dirigentes del fútbol que están implicados en el asunto, como el caso del expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, es bueno saber cómo se penaliza en nuestro país los delitos relacionados con actos de corrupción, según lo que establecen las normas del Código Penal referidas al tema.
Si bien el hecho genera un complejo caso de corrupción, donde por ahora los que están involucrados son organismos privados y no públicos, los casos de corrupción pueden llegar a alcanzar, según un atisbo de lo especificado en la denuncia que hacen los organismos de investigación federal de los Estados Unidos, a entidades públicas de varios países. Aún así, la situación con Uruguay no está del todo clara, porque si bien en principio solamente aparece Figueredo como implicado en el asunto, el caso puede llegar a mayores, por ahora solo habrá que esperar.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
El artículo 153 del Código Penal uruguayo establece el delito de Peculado. Señalando que “el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.
Este tipo de casos ya ha sido denunciado en nuestro medio cuando algunos funcionarios públicos, se han apropiado de cosas de valor que han sido objeto de procedimientos específicos. Por lo cual, se les ha tipificado este delito y el hecho que lo distingue es que para cometerlo debe ser un funcionario público, de lo contrario no se configura el peculado.
Este delito tiene un atenuante previsto legalmente, en el artículo 154 señalando al mismo como “al hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal”.
En tanto, existe la figura del delito de “Peculado por aprovechamiento del error de otro”, donde señala que “el funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.
Esto para quien recibe algo que sabe que no le corresponde obtenerlo, y en ese caso, se aprovecha de la cosa para su provecho personal sin denunciar el error.
Pero otro de los delitos asociados a los casos de corrupción, es el que está establecido en el artículo 155 que habla de la “Concusión”. Allí señala que “el funcionario público, que, con abuso de su calidad de tal, o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, e inhabilitación especial de dos a seis años”.
Aquí hace referencia a que quien presiona para que se le dé dinero, con la finalidad de dar o prometer alguna actividad relacionada con su función pública será sancionado.
Después está el caso del artículo 157 que habla de la figura del “Cohecho simple”, que señala que lo comete “el funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo recibe, por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una multa de trescientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de dos a cuatro años”.
El funcionario que acepta una recompensa en dinero por ejecutar un acto en base a la función pública que desarrolla, es castigado por la ley. Aunque se admite una rebaja de la pena de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones.
El artículo siguiente agrava la figura del Cohecho cuando sostiene que el “Cohecho calificado ocurre cuando el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.
“La pena será aumentada de un tercio a la mitad, si el hecho tuviere por efecto: La concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores, o la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario. El favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal”.
Mientras que el artículo 159 establece uno de los delitos más antiguos que se conocieren, el soborno. Y admite que “el que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158, será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos. Se considerará agravante especial que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito”.

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¿Qué seguridad nos dan los operativos policiales?

Luego del lamentable episodio donde un grupo de funcionarios policiales reprendieron con balines de goma y por la espalda a un motonetista que eludió un control policial, del llamado “Operativo Relámpago Negro” que implementaron las nuevas autoridades para poder capturar motos que fueron robadas, la discusión pública no tuvo fin, pero no se puede opinar por opinar, sino que se debe conocer cuáles son los límites que puede tener un efectivo policial para su actuación en estos casos y a su vez, cuáles son los derechos que tiene un ciudadano para defenderse de lo que puede ser una agresión.
Si bien los operativos policiales deben cumplirse y los ciudadanos estamos sometidos a las leyes, y los mismos están amparados y previstos en la legislación vigente, y en ese sentido, cuando un policía exige que el ciudadano se detenga para cumplir con un procedimiento de rutina, éste debe acatar el mismo o de lo contrario puede entrar en la comisión de una falta y llegado el caso de un delito como el desacato, aunque es discutible en qué momento entra el agente en ese tipo penal, la Policía no puede actuar a discreción y debe obrar con determinada cautela.
Así lo establece la propia ley de procedimiento policial, Nº 18.315, sancionada en el año 2008 donde en el artículo 18, sostiene “Principios que rigen el uso de la fuerza” y dice: “El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”. En el procedimiento de marras bastó para que el joven se asustara y quisiera eludir el control para que se le disparara con municiones que le causaron lesiones en el cuerpo, cuando el mismo iba de espalda, sin armas y con la matrícula visiblemente en el vehículo por lo cual se lo podía seguir y/o tratar de encontrar su domicilio por los datos que surjan de sus características.
A su vez el artículo 20 de la misma ley, señala que “la Policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando: (…) D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado (…), pero el artículo 21 admite que “en las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas”.
Que no era este el caso, porque ni les dieron tiempo de avisarles que les aplicarían el uso de la fuerza, ni los motonetistas representaban peligro, ya que iban con termo y mate y a una velcidad propia de una moto que subía una cuesta primero y arrancaba una recta después.
Si bien la ley de procedimiento policial sostiene que el artículo 141, establece que “la Policía puede realizar los controles, registros y detención de vehículos, en cumplimiento de sus funciones
de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia”; el artículo 152 impone que “la Policía procurará, en todos los casos, advertir al conductor del vehículo que se pretende detener para que el mismo pueda tener adecuado conocimiento de la condición de policía del personal actuante”, algo que queda en dudas por las características del procedimiento.
Y remato mi opinión sobre este asunto con lo que establece el artículo 153, siempre mencionando como única fuente la ley de procedimiento policial vigente, que dice que “en el momento de disponerse a la persecución de un vehículo, es indispensable que la Policía se asegure que el mismo está requerido o que existen datos fidedignos de que el mismo ha participado en un hecho delictivo”, algo que (reiteramos) podía corroborarse con la copia de los datos que lucían en la chapa matrícula.

HUGO LEMOS

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El complejo rol del Estado en las relaciones laborales

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.
Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.
El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.
El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como
lo han denunciado en
reiteradas oportunidades.
El Estado no debe hacer
otra cosa en estos casos que
garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.

Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.

El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.

El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como lo han denunciado en reiteradas oportunidades.

El Estado no debe hacer otra cosa en estos casos que garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.

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La Violencia Doméstica, una ley que traduce el problema social de nuestros tiempos

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.
Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.
El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.
Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.
Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.
Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.
En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.
LA  LEY
Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.
En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.
Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.
En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
LOS JUZGADOS
Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,
asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.
En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.
Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma
provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.
Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.
PROTECCIÓN
Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.
En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.
Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.

El niño vio los ojos tristes de su madre, la escuchó sollozar y le preguntó: ¿Mamá, estás feliz? La mujer, joven en años pero con cara

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

de haber vivido más del doble de lo que tiene, atinó a decirle solamente “estoy bien”. “Pero no estás feliz”, replicó el niño. La escena se repitió varios días hasta que la hermosa y pura sonrisa del pequeño fue cambiando de a poco, hasta convertirse en una mirada de preocupación, solemne y triste como la que tenemos los mayores cuando las cosas no van bien.

Ocurre generalmente cuando se dan casos de violencia doméstica que afectan a los integrantes de la familia y la situación se traslada al resto de los integrantes concitando un daño sobre todo en los integrantes más vulnerables, como el caso de los niños.

El hecho es que cuando la situación se torna violenta y gana ribetes de agresividad las instituciones deben actuar a tiempo y en forma coordinada para evitar que el daño sea mayor. Porque más allá de la agresión puntual, está el daño emocional, que la violencia doméstica genera.

Esta situación narrada al principio es real y ocurrió en Salto, el departamento del interior del país en el que la mayor cantidad de denuncias policiales refieren a casos de violencia doméstica, muchos de los cuales se terminan transformando en otro tipo de delitos, porque llegan a invadir la esfera de acción típica del hecho antijurídico y termina con la culpabilidad del agente el cual pasa a ser  pasible del castigo que establece la ley respectiva.

Ante la creciente cantidad de casos de esta naturaleza en nuestra sociedad, la que se da en todos los estratos sociales y en las poblaciones tanto urbanas como rurales, fue que en el año 2002 Uruguay sancionó la ley Nº17.514 de Violencia Doméstica en la cual se establece la figura delictiva como tal.

Además su conjunto normativo apunta a lograr un marco de prevención, con un protocolo de acción que involucra a una red interdisciplinaria con la finalidad de generar un marco integral de atención de este tipo de casos.

En Uruguay, las estadísticas dicen que cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica y varias más son lesionadas por estos casos, en Salto, ya hace tres años que el delito más denunciado es el de violencia doméstica y para ello la Policía local cuenta con una Unidad Especializada, aunque lo que no se pudo lograr es un cuerpo funcionarial que atienda en los domicilios este tipo de casos, trasladando la tarea a los policías comunes.

LA  LEY

Pero el cuerpo normativo de la ley 17.514 define a la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”.

En ese marco deja cubierto que la violencia ejercida entre personas que mantienen una relación sea afectiva o de parentesco son las implicadas en esos casos.

Luego determina cuatro aspectos sustanciales que hacen a la violencia doméstica como el caso de la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial.

En ese aspecto el artículo 3º sostiene que las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito son: A) Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

LOS JUZGADOS

Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia serán competentes,

asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.

En Salto hay tres juzgados especializados en Familia y Violencia Doméstica que entienden en los casos no penales de ésta índole, que son los juzgados de 1º, 3º y 7º turno. En el caso de éste último turno fue creado especialmente ante la importante demanda de justiciables por casos de violencia doméstica que se hacía incompatible con el principio de celeridad procesal poder sustanciar únicamente en los dos juzgados anteriores.

Asimismo la ley faculta a los Juzgados de Paz que están en el interior de la República (dice la ley queriendo decir en el interior de cada departamento), atribuyéndoles que tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma

provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento de los hechos. La ley señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá denunciar el caso ante un juez, el que se verá obligado a actuar tomando las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley.

Y en ese sentido, deja hecha la salvedad que siempre que la denuncia sea veraz y se actúe para preservar los derechos humanos de una persona, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.

PROTECCIÓN

Un capítulo aparte merecen las medidas de protección, las que están establecidas en el artículo 9º donde se establece que el Juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

En ese marco, es que por lo general cuando la víctima tiene un conflicto en su propio domicilio se ordena el retiro del hogar del denunciado y se establecen las prohibiciones de acercamiento a los efectos de salvaguardar a la víctima.

Si bien hay muchos aspectos más importantes a tener en cuenta, la ley de violencia doméstica generó una salvaguarda al bienestar de las personas que se ven afectadas por este problema social que el Estado entienden oportuno tutelar para incidir en el comportamiento lesivo de los ciudadanos hacia su prójimo.

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Sin pruebas nada vale

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.
¿CÓMO FUNCIONA?
Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.
El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).
Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.
LA DETENCIÓN
Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.
Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.
Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.
EL QUID
Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.

La queja se formalizó y dejó de ser un murmullo por lo bajo entre los funcionarios policiales para pasar a ser una cuestión institucional, lo que podría producir otro choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque esta vez no por cuestiones

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

salariales. Ocurrió que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi no se calló la boca esta vez y afianzado en el cargo por más de 5 años, todo un récord para un secretario de Estado en la cartera de seguridad, exteriorizó su malestar con un juez penal que argumentó no tener pruebas suficientes como para procesar a dos delincuentes que fueron capturados por la Policía, según ellos, con armas y elementos que daban lugar a que fueran a la cárcel. La Policía se queja y la justicia entiende que son “presiones”. Todo un lío.

¿CÓMO FUNCIONA?

Pero ¿qué pasa cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito? ¿Es el juez el que debe valorar la prueba o lo hace el Fiscal? ¿Cuándo es suficiente la prueba como para dejar entre rejas a un presunto criminal? El Código del Proceso Penal (CPP) determina cuándo hay un delito flagrante y cuándo hay apenas una denuncia sobre la que habría que actuar y considerar si tiene méritos para el fin que la misma propone.

El artículo 111 del CPP establece que “hay delito flagrante cuando: 1º) “Cuando se sorprende a una persona en el acto” (…). 2º) “Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación” (…). 3º) “Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales” (…).

Pero en el caso de que las personas sean solamente sospechosas por razones diferentes, ahí estará en la astucia del fiscal o abogado denunciante de jugar fuerte y fortalecer la prueba.

LA DETENCIÓN

Por otro lado, si bien el CPP tiene resquicios de autoritarismo propio del espíritu del mismo proceso  penal que tiene nuestro país desde hace tiempo, donde primero te ponen preso y después te juzgan,  algo que es fundamental saber es cuándo se tienen que detener a una persona. El artículo 118 del CPP señala que “nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente”. Dice que el Juez, tomará su declaración dentro de las veinticuatro horas (Artículos 15 y 16 de la Constitución de la República)”.

Asimismo el mismo código señala que la orden de detención debe hacerse por escrito aportando los datos del detenido, aunque en casos de emergencia, puede ser por mandato verbal. En todo caso, el CPP deja en claro algo que “la detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido”, quiere decir bajo la mayor reserva posible algo que raras veces ocurre y que tiende a cumplir con el principio de no estigmatización de las personas.

Empero, la Policía puede detener a una persona aún sin orden judicial cuando “alguien intenta un delito”, cuando “alguien fuga estando legalmente detenido” y “al que sea sorprendido en delito flagrante”.

EL QUID

Pero a todo esto, el quid de la cuestión pasa por la prueba. El artículo 172 sostiene que “la prueba es la actividad jurídicamente regulada que tiende a la obtención de la verdad respecto de los hechos(…)”. Y señala que los medios de prueba “son las inspecciones y reconocimientos judiciales, las declaraciones de testigos, los documentos, los dictámenes de peritos, la confesión del imputado, los indicios, las reproducciones y experimentos, y cualquier otro medio no prohibido por la ley que pueda utilizarse aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos”. Mientras que el artículo 174 determina la “valoración de las pruebas” y dice que “los Jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Quiere decir que en base a lo que la lógica indica y el raciocinio del magistrado entienda, las pruebas servirán o no. Está en los abogados y fiscales hacer valer lo que presenten, lo otro es echarle la culpa al juez de lo que no supimos hacer nosotros.

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La acción de amparo, una garantía para ejercer derechos

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.
Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.
La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.
El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.
El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.
Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.

Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.

La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.

El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.

El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.

Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.

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La policía puede hacer huelga, ¿pero?

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.
En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.
La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.
En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.
Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.
No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.
Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.
Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.

La última ley que aprobó la 47º Legislatura, el 11 de febrero pasado, antes de terminar el quinquenio que culmina con la asunción de Tabaré Vázquez este fin de semana, fue para la Policía Nacional y es nada más y nada menos que la nueva Ley Orgánica Policial Nº 19.315. Se trata de una norma rectora que rige los principios básicos de lo referente a la institución policial.

En el mismo se establecen las misiones y los cometidos que tiene la policía para su actuación en todo el territorio nacional.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

La ley refiere a que la Policía está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Interior. El superior directo es el ministro del ramo, el subsecretario de Interior y por otro lado está la figura del Director de la Policía Nacional, quien es nombrado por el Poder Ejecutivo y que refiere a quien se encarga de la administración general de toda la institución policial y de los distintos jerarcas de las distintas áreas policiales.

En su artículo 25º la ley de marras se dedica a señalar la situación de las jefaturas departamentales donde establece que para ser jefe de Policía se requieren las mismas calidades que para ser senador dela República, es decir, las de ser ciudadano natural o legal, mayor de 30 años de edad y en ese aspecto derriba por tierra el mito de que deben ser altos jerarcas policiales, aunque naturalmente quienes aspiran al cargo por su idoneidad son estos funcionarios.

Además establece que los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, en ese aspecto, dejando estipulado que para esa función no se accede por carrera funcional ni por concurso.

No obstante, el artículo 35 que habla de los derechos inherentes al Estado Policial establece que el funcionario policial “tiene derecho a la sindicalización estándole expresamente prohibido el ejercicio de la huelga, así como también la concentración y la manifestación armas y uniformes, o la ocupación delos lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la obstaculización del normal desarrollo de las actividades”.

Entre otros derechos y obligaciones, la mencionada ley señala detalladamente cuáles son los aspectos fundamentales del estado y la función policial, zanjando con el último artículo mencionado una duda acerca de la posibilidad del derecho a la huelga de la Policía, que si bien tiene derecho a hacerla, la debe cumplir lejos dela dependencia policial, desarmados y vestidos de civil.

Lo que genera la duda, tras el mencionado artículo, es si el funcionario policial en ejercicio de su derecho gremial, queda ajeno a su investidura policial y en el caso de que se cometa un delito cerca suyo en ese momento, su conducta queda ajustada a la de un ciudadano común o si debe actuar obligatoriamente para asistir al ciudadano en problema.

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Que sean ellos los que nos den el ejemplo

La libertad es uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución de la República, en su artículo 7º. Se trata de uno de los derechos humanos fundamentales que deben tener los ciudadanos para manifestarse plenamente en el goce de su vida y en ese caso, un Estado de Derecho siempre debe defender en primer lugar esa libertad tutelada por los derechos vigentes.
Pero la libertad es un concepto muy amplio y en ella es de recibo invocar el derecho a reclamar, a presentarse ante un juez y presentar una denuncia para que quienes consideramos que nos han cometido un daño, deban acusar responsabilidad ante las instituciones que fueron creadas para tal fin y en ese aspecto, todo ha sido reglamentado para darle mayor seguridad y garantías a la población.
El artículo 11.1 del Código General del Proceso establece la libertad y el derecho de toda persona a presentarse ante los tribunales para ejercer su reclamo y en ese sentido, invocando un derecho, pretender ser oído y recibir una respuesta que podrá o no ser favorable en virtud del asidero que pueda tener su pretensión.
Pero siempre actuando en forma independiente y con transparencia, porque esa es la principal garantía que podemos tener todos los justiciables de este país, el hecho de que seamos o no funcionarios del Poder Judicial, abogados, profesionales, comerciantes, empresarios, trabajadores o clérigos, el hecho de querer tener nuestro “día ante los tribunales” debe ser un derecho que nos dé la garantía de que tendremos la protección necesaria a través de la decisión “justa” para poder acceder a lo que estamos reclamando.  Esto, en función del reclamo iniciado por los funcionarios del Poder Judicial en las instituciones del propio foro al que pertenecen, el de la justicia. Son ellos mismos, que se están pidiendo así mismos, tomar una resolución que las dos partes deberán acatar, sobre si la decisión del gobierno de no brindarles el aumento salarial que en principio había sido estipulado legalmente, es o no justa y ajustada a derecho, conceptos que pueden estar ligados o no.
Aunque la justicia deberá tomar una decisión clara, fundamentada sólidamente y muy bien argumentada para que la decisión que adopte sea equilibrada y no caiga en corporativismos, los que echan por tierra cualquier tipo de transparencia, algo que todos le reclamamos al sistema de justicia de nuestro país y que consideramos que en este caso, cuando se dirima esta sentencia tan anhelada para los trabajadores del sector, ellos sean, con libertad y en el goce de sus derechos y garantías, los que nos den el ejemplo.

La libertad es uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución de la República, en su artículo 7º. Se trata de uno de los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

derechos humanos fundamentales que deben tener los ciudadanos para manifestarse plenamente en el goce de su vida y en ese caso, un Estado de Derecho siempre debe defender en primer lugar esa libertad tutelada por los derechos vigentes.

Pero la libertad es un concepto muy amplio y en ella es de recibo invocar el derecho a reclamar, a presentarse ante un juez y presentar una denuncia para que quienes consideramos que nos han cometido un daño, deban acusar responsabilidad ante las instituciones que fueron creadas para tal fin y en ese aspecto, todo ha sido reglamentado para darle mayor seguridad y garantías a la población.

El artículo 11.1 del Código General del Proceso establece la libertad y el derecho de toda persona a presentarse ante los tribunales para ejercer su reclamo y en ese sentido, invocando un derecho, pretender ser oído y recibir una respuesta que podrá o no ser favorable en virtud del asidero que pueda tener su pretensión.

Pero siempre actuando en forma independiente y con transparencia, porque esa es la principal garantía que podemos tener todos los justiciables de este país, el hecho de que seamos o no funcionarios del Poder Judicial, abogados, profesionales, comerciantes, empresarios, trabajadores o clérigos, el hecho de querer tener nuestro “día ante los tribunales” debe ser un derecho que nos dé la garantía de que tendremos la protección necesaria a través de la decisión “justa” para poder acceder a lo que estamos reclamando.  Esto, en función del reclamo iniciado por los funcionarios del Poder Judicial en las instituciones del propio foro al que pertenecen, el de la justicia. Son ellos mismos, que se están pidiendo así mismos, tomar una resolución que las dos partes deberán acatar, sobre si la decisión del gobierno de no brindarles el aumento salarial que en principio había sido estipulado legalmente, es o no justa y ajustada a derecho, conceptos que pueden estar ligados o no.

Aunque la justicia deberá tomar una decisión clara, fundamentada sólidamente y muy bien argumentada para que la decisión que adopte sea equilibrada y no caiga en corporativismos, los que echan por tierra cualquier tipo de transparencia, algo que todos le reclamamos al sistema de justicia de nuestro país y que consideramos que en este caso, cuando se dirima esta sentencia tan anhelada para los trabajadores del sector, ellos sean, con libertad y en el goce de sus derechos y garantías, los que nos den el ejemplo.

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Aprueban ley de trabajo nocturno con beneficios del 20 por ciento a quienes desempeñan tareas en ese horario

Una nueva ley que participa del clima de restauración de las relaciones laborales que comenzó a generarse desde hace una década, fue votado en el Parlamento el pasado martes. Se trata de la ley 19.311 que será promulgada y reglamentada en los próximos días por el Poder Ejecutivo, la misma otorga un beneficio extra a quienes desarrollan tareas nocturnas, comprendidas éstas entre las 22 horas y las 6 de la mañana, imponiendo la obligación de recibir una compensación del orden del 20 por ciento en relación a su salario.
El hecho, que fue harto discutido en la Cámara de Senadores del pasado martes, determinó la lírica sobre la defensa del derecho del trabajador nocturno, cuyo amparo, a ojos vista de algunos legisladores, no estaba contemplado en las actuales normales que rigen su labor, ya que en relación al rubro nocturnidad, si bien todos estaban de acuerdo a que el mismo comprendía el horario ya establecido, se estaba a lo que cada sector dispusiera y lograra conseguir en las negociaciones de lo consejos de salario de cada sector.
Sin embargo, ahora la ley establece un monto fijo para esta compensación que será del 20 por ciento para los trabajadores comprendidos en este horario y cumpliendo con algunos requisitos, los que luego de su reglamentación quedarán más claros.
LOS PORMENORES
Tal como surgió de las informaciones de prensa, la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes por 18 en 18 votos, el proyecto de ley que está destinado a reglamentar las actividades de los trabajadores nocturnos.
Con la nueva norma, se agregan más derechos para aquellas personas que realizan su trabajo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.
El proyecto de ley que fue votado el martes, fija compensaciones por nocturnidad, además de nuevas condiciones en materia salarial y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.
La ley establece que “todo empleador deberá pagar una compensación mínima del 20% del sueldo, o el equivalente en reducción horaria a todo trabajador nocturno”. Esto quiere decir que en el caso de no abonarle el monto establecido por ley puede reducirle una hora de cada cinco.
“La compensación puede ser mayor o menor al 20% dependiendo de cuánto gane la persona y de qué porcentaje se establezca en los Consejos de Salarios para cada rubro”.
El proyecto también determina que en el caso de las mujeres embarazadas, hasta un año luego de haber dado a luz, se les debe “asignar un horario laboral diurno” por el empleador, esto se debe dar “por la sola voluntad de la trabajadora, sin que signifique la pérdida de la compensación por trabajo nocturno”, aunque no lo realice, la mujer pasará en esas condiciones a desempeñarse de día y no perderá su beneficio.
Para ser acreedor de este beneficio los trabajadores deben realizar tareas por más de cinco horas consecutivas en el horario fijado como nocturno.
El proyecto de ley estaba fundado en la opinión de médicos especializados en el tema, como el caso del Decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, donde sostienen que el trabajo nocturno supone “un factor negativo para la salud de los trabajadores” y que “debe estar especialmente tutelado por las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Una nueva ley que participa del clima de restauración de las relaciones laborales que comenzó a generarse desde hace una década,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

fue votado en el Parlamento el pasado martes. Se trata de la ley 19.311 que será promulgada y reglamentada en los próximos días por el Poder Ejecutivo, la misma otorga un beneficio extra a quienes desarrollan tareas nocturnas, comprendidas éstas entre las 22 horas y las 6 de la mañana, imponiendo la obligación de recibir una compensación del orden del 20 por ciento en relación a su salario.

El hecho, que fue harto discutido en la Cámara de Senadores del pasado martes, determinó la lírica sobre la defensa del derecho del trabajador nocturno, cuyo amparo, a ojos vista de algunos legisladores, no estaba contemplado en las actuales normales que rigen su labor, ya que en relación al rubro nocturnidad, si bien todos estaban de acuerdo a que el mismo comprendía el horario ya establecido, se estaba a lo que cada sector dispusiera y lograra conseguir en las negociaciones de lo consejos de salario de cada sector.

Sin embargo, ahora la ley establece un monto fijo para esta compensación que será del 20 por ciento para los trabajadores comprendidos en este horario y cumpliendo con algunos requisitos, los que luego de su reglamentación quedarán más claros.

LOS PORMENORES

Tal como surgió de las informaciones de prensa, la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes por 18 en 18 votos, el proyecto de ley que está destinado a reglamentar las actividades de los trabajadores nocturnos.

Con la nueva norma, se agregan más derechos para aquellas personas que realizan su trabajo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.

El proyecto de ley que fue votado el martes, fija compensaciones por nocturnidad, además de nuevas condiciones en materia salarial y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.

La ley establece que “todo empleador deberá pagar una compensación mínima del 20% del sueldo, o el equivalente en reducción horaria a todo trabajador nocturno”. Esto quiere decir que en el caso de no abonarle el monto establecido por ley puede reducirle una hora de cada cinco.

“La compensación puede ser mayor o menor al 20% dependiendo de cuánto gane la persona y de qué porcentaje se establezca en los Consejos de Salarios para cada rubro”.

El proyecto también determina que en el caso de las mujeres embarazadas, hasta un año luego de haber dado a luz, se les debe “asignar un horario laboral diurno” por el empleador, esto se debe dar “por la sola voluntad de la trabajadora, sin que signifique la pérdida de la compensación por trabajo nocturno”, aunque no lo realice, la mujer pasará en esas condiciones a desempeñarse de día y no perderá su beneficio.

Para ser acreedor de este beneficio los trabajadores deben realizar tareas por más de cinco horas consecutivas en el horario fijado como nocturno.

El proyecto de ley estaba fundado en la opinión de médicos especializados en el tema, como el caso del Decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, donde sostienen que el trabajo nocturno supone “un factor negativo para la salud de los trabajadores” y que “debe estar especialmente tutelado por las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

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El cumplimiento de la ley para el trabajador rural debe ir acompañada de inspecciones

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.
Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.
Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.
En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.
El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.
Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.
Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.
Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.
Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.
Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.

Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.

Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.

En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.

El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.

Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.

Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.

Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.

Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.

Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.

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No hay amenaza que valga

La libertad de expresión, un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Universales de las Naciones Unidas y consagrada en nuestro país por la Constitución de la República (artículos 7, 29 y 72), fue brutalmente atentada ayer cuando un grupo de criminales terroristas atacaron la sede de un semanario francés, que publica sátira política y religiosa, con mordacidad, pero sobre todo con veracidad irrebatible.
Además del feroz y condenable ataque a la libertad de expresión, fue violado otro derecho, acaso el más importante de todos, el derecho a la vida. Ya que en ese cobarde ataque murieron doce personas, todas ellas luchadoras por la libertad. Se trata de periodistas, caricaturistas (que son reporteros gráficos) y policías, que defendían el derecho de las personas a vivir y a la vez de seguir trabajando con libertad de pensamiento.
Si bien este espacio está dedicado habitualmente a comentar el contenido y los efectos de las leyes promulgadas en nuestro país, informando sobre los temas de fondo del Estado de Derecho, la libertad del hombre es la base de cualquier sistema democrático, cuyo principio rector está basado en el respeto, la tolerancia y la convivencia en paz.
En ese sentido, el feroz ataque a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento, y la intimidación más vil y cobarde contra el periodismo, que debe garantizar la esencia de la democracia, genera una profunda tristeza y lejos de abatir las ideas o de acallar voces, debe reforzar el compromiso con la verdad y con la libertad de expresión, derecho humano que muchas veces dejamos vituperar por las presiones o amenazas de quienes no son merecedores de vivir en sociedad.
Los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico que garantizan a los uruguayos ese actuar en libertad, debe ser defendido cada día con expresiones libres y autónomas de cada uno de los individuos, sin que esto menoscabe ni un milímetro, nuestra condición de seres libres e independientes, tal como lo establece la columna vertebral de nuestra Carta Magna que entre los primeros derechos consagrados, señalan al de la vida y de la libertad por sobre todas las cosas. Exigimos castigo para los terroristas y condenamos en la forma más enérgica, con el mayor de los repudios lo ocurrido ayer en la madre de todas las Repúblicas del mundo, la grandiosa Francia. Viva la Vida y Viva la Libertad de Expresión.

La libertad de expresión, un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Universales de las

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Naciones Unidas y consagrada en nuestro país por la Constitución de la República (artículos 7, 29 y 72), fue brutalmente atentada ayer cuando un grupo de criminales terroristas atacaron la sede de un semanario francés, que publica sátira política y religiosa, con mordacidad, pero sobre todo con veracidad irrebatible.

Además del feroz y condenable ataque a la libertad de expresión, fue violado otro derecho, acaso el más importante de todos, el derecho a la vida. Ya que en ese cobarde ataque murieron doce personas, todas ellas luchadoras por la libertad. Se trata de periodistas, caricaturistas (que son reporteros gráficos) y policías, que defendían el derecho de las personas a vivir y a la vez de seguir trabajando con libertad de pensamiento.

Si bien este espacio está dedicado habitualmente a comentar el contenido y los efectos de las leyes promulgadas en nuestro país, informando sobre los temas de fondo del Estado de Derecho, la libertad del hombre es la base de cualquier sistema democrático, cuyo principio rector está basado en el respeto, la tolerancia y la convivencia en paz.

En ese sentido, el feroz ataque a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento, y la intimidación más vil y cobarde contra el periodismo, que debe garantizar la esencia de la democracia, genera una profunda tristeza y lejos de abatir las ideas o de acallar voces, debe reforzar el compromiso con la verdad y con la libertad de expresión, derecho humano que muchas veces dejamos vituperar por las presiones o amenazas de quienes no son merecedores de vivir en sociedad.

Los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico que garantizan a los uruguayos ese actuar en libertad, debe ser defendido cada día con expresiones libres y autónomas de cada uno de los individuos, sin que esto menoscabe ni un milímetro, nuestra condición de seres libres e independientes, tal como lo establece la columna vertebral de nuestra Carta Magna que entre los primeros derechos consagrados, señalan al de la vida y de la libertad por sobre todas las cosas. Exigimos castigo para los terroristas y condenamos en la forma más enérgica, con el mayor de los repudios lo ocurrido ayer en la madre de todas las Repúblicas del mundo, la grandiosa Francia. Viva la Vida y Viva la Libertad de Expresión.

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Inclusión financiera limita forma de pago de transacciones

“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
HUGO LEMOS

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Los jubilados pueden trabajar por Ley N° 19.160

El régimen de jubilación parcial que establece la ley Nº19.160, sancionada el 15 de noviembre del 2013 permite el desempeño de servicios de la misma afiliación dentro de las actividades comprendidas de Industria y Comercio, en el sector Rural o en el Doméstico.
Un trabajo realizado por la Dra. Daniela Risso para uno de los estudios jurídicos más importantes del país, Guyer y Regules, desgrana a la perfección los pormenores de esta ley, donde establece los aspectos determinantes de esta norma que ha cambiado el sistema de jubilaciones en el país.
En ese caso, el trabajo señala que la mencionada ley prevé dos posibilidades de acceso al régimen jubilatorio parcial: el primer caso, es para aquellos trabajadores que hayan sido dependientes para un único empleador, y que en ese caso configuren causal de jubilación común o por edad avanzada dentro de las actividades con afiliación comprendidas en “Industria y Comercio” o en los sectores “Rural o Doméstico”, pero que sigan en actividad más allá de tener la causal pertinente.
Y en segundo lugar: comprende a aquellos trabajadores que estén gozando de una jubilación común o por edad avanzada y que hayan desarrollado como última actividad, y computado para la jubilación, servicios dentro de las actividades de afiliación mencionadas “Industria y Comercio” o “Rural o Doméstico.
En ese sentido, se deja en claro que los interesados en ampararse al régimen de jubilación parcial dispondrán de un plazo de tres años para solicitarlo, a contar desde la fecha de configuración de la causal de jubilación común o por la edad avanzada, o desde el cese en la actividad, según lo que ocurriere en último término.
Se excluye del régimen de jubilación parcial a aquellos casos en donde se configuró causal de jubilación por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, y cuando las actividades computadas en la jubilación hayan sido bonificadas.
QUÉ ES LA JUBILACIÓN PARCIAL
El trabajo de la Dra. Risso señala que “la jubilación parcial para aquellos trabajadores dependientes que se encuentren en actividad, consistirá en la disminución de su jornada habitual laboral a la mitad, como trabajadores dependientes. En tanto que para aquellas personas ya jubiladas (casos descriptos en el literal) determinará el retorno del jubilado a la actividad como dependiente, durante la mitad de la jornada habitual al momento de su cese. En ninguno de los dos casos, la jornada de trabajo podrá superar las cuatro horas diarias”.
EL MONTO
En el caso del monto a percibir por concepto de la jubilación parcial para el supuesto del primer caso (trabajador dependiente de un único empleador y con causal de jubilación): será el 50% del que le hubiera correspondido al interesado de haber cesado totalmente su actividad y para los del segundo caso, que son personas que ya están jubiladas: será del 50% de la asignación jubilatoria que estuviere percibiendo, cesando de percibir el porcentaje restante, por el hecho de estar trabajando y compensando con el salario que esté prcibiendo en ese momento.
La jubilación parcial estará a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), institución frente a la cual deberá iniciarse el trámite personalmente o por apoderado.
Risso dice que cuando la causal jubilatoria se configuró mediante el procedimiento de acumulación de servicios de la ley 17.819, el amparo al régimen de jubilación parcial amparada por el BPS, no obsta al pago íntegro de las otras asignaciones de pasividad a cargo de los restantes organismos involucrados en la acumulación.
NO ES OBLIGATORIO
La ley 19.160 establece que este régimen no es obligatorio, que se requiere la conformidad del empleador respectivo para ser posible la continuación de la actividad del trabajador con causal o el retorno a la misma por parte del ya jubilado, en el caso de involucrarse en el régimen de jubilación parcial.
Asimismo, los servicios que se presten en régimen de actividad parcial podrán acumularse a los efectos de la jubilación por el régimen de solidaridad intergeneracional, en la forma y condiciones que se estipulen en la reglamentación a dictarse. Es decir una vez egresado del régimen de jubilación parcial, el usuario del sistema podrá acumular lo trabajado en ese sistema para su jubilación final.

El régimen de jubilación parcial que establece la ley Nº19.160, sancionada el 15 de noviembre del 2013 permite el desempeño de servicios de la misma afiliación dentro de las actividades comprendidas de Industria y Comercio, en el sector Rural o en el Doméstico.

Un trabajo realizado por la Dra. Daniela Risso para uno de los estudios jurídicos más importantes del país, Guyer y Regules, desgrana

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

a la perfección los pormenores de esta ley, donde establece los aspectos determinantes de esta norma que ha cambiado el sistema de jubilaciones en el país.

En ese caso, el trabajo señala que la mencionada ley prevé dos posibilidades de acceso al régimen jubilatorio parcial: el primer caso, es para aquellos trabajadores que hayan sido dependientes para un único empleador, y que en ese caso configuren causal de jubilación común o por edad avanzada dentro de las actividades con afiliación comprendidas en “Industria y Comercio” o en los sectores “Rural o Doméstico”, pero que sigan en actividad más allá de tener la causal pertinente.

Y en segundo lugar: comprende a aquellos trabajadores que estén gozando de una jubilación común o por edad avanzada y que hayan desarrollado como última actividad, y computado para la jubilación, servicios dentro de las actividades de afiliación mencionadas “Industria y Comercio” o “Rural o Doméstico.

En ese sentido, se deja en claro que los interesados en ampararse al régimen de jubilación parcial dispondrán de un plazo de tres años para solicitarlo, a contar desde la fecha de configuración de la causal de jubilación común o por la edad avanzada, o desde el cese en la actividad, según lo que ocurriere en último término.

Se excluye del régimen de jubilación parcial a aquellos casos en donde se configuró causal de jubilación por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, y cuando las actividades computadas en la jubilación hayan sido bonificadas.

QUÉ ES LA JUBILACIÓN PARCIAL

El trabajo de la Dra. Risso señala que “la jubilación parcial para aquellos trabajadores dependientes que se encuentren en actividad, consistirá en la disminución de su jornada habitual laboral a la mitad, como trabajadores dependientes. En tanto que para aquellas personas ya jubiladas (casos descriptos en el literal) determinará el retorno del jubilado a la actividad como dependiente, durante la mitad de la jornada habitual al momento de su cese. En ninguno de los dos casos, la jornada de trabajo podrá superar las cuatro horas diarias”.

EL MONTO

En el caso del monto a percibir por concepto de la jubilación parcial para el supuesto del primer caso (trabajador dependiente de un único empleador y con causal de jubilación): será el 50% del que le hubiera correspondido al interesado de haber cesado totalmente su actividad y para los del segundo caso, que son personas que ya están jubiladas: será del 50% de la asignación jubilatoria que estuviere percibiendo, cesando de percibir el porcentaje restante, por el hecho de estar trabajando y compensando con el salario que esté prcibiendo en ese momento.

La jubilación parcial estará a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), institución frente a la cual deberá iniciarse el trámite personalmente o por apoderado.

Risso dice que cuando la causal jubilatoria se configuró mediante el procedimiento de acumulación de servicios de la ley 17.819, el amparo al régimen de jubilación parcial amparada por el BPS, no obsta al pago íntegro de las otras asignaciones de pasividad a cargo de los restantes organismos involucrados en la acumulación.

NO ES OBLIGATORIO

La ley 19.160 establece que este régimen no es obligatorio, que se requiere la conformidad del empleador respectivo para ser posible la continuación de la actividad del trabajador con causal o el retorno a la misma por parte del ya jubilado, en el caso de involucrarse en el régimen de jubilación parcial.

Asimismo, los servicios que se presten en régimen de actividad parcial podrán acumularse a los efectos de la jubilación por el régimen de solidaridad intergeneracional, en la forma y condiciones que se estipulen en la reglamentación a dictarse. Es decir una vez egresado del régimen de jubilación parcial, el usuario del sistema podrá acumular lo trabajado en ese sistema para su jubilación final.

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Jueces tuvieron su “día ante el gobierno”

Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
HUGO LEMOS

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El Estado y la interrupción de la prescripción de deudas

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.
Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.
“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.
En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.
Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.
En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.
Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría
la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.
En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.

La prescripción de los tributos adeudados ante el fisco puede darse por cinco motivos, el pago, la compensación, la remisión, la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

confusión y prescripción. En este último caso, se establecen características especiales para que el cobro de un tributo por parte del estado se declare prescripto.

Según el artículo 38 del Código Tributario: “I) El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico”.

“El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”.

En ese aspecto, sostiene que desde que se produce el hecho generador del tributo, si pasan cinco años y no se exige el pago del mismo por parte del organismo recaudador el mismo queda prescripto. Aunque en el caso de que se haya constatado una irregularidad, el plazo para hacer frente a la obligación tendrá un término de diez años antes de que pueda ser declarado prescripto.

Al mismo tiempo, el artículo 39 del mismo texto normativo, establece las causas de interrupción de la prescripción, “El término de prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; por cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; por el emplazamiento judicial y por todos los demás medios del derecho común. En el tributo de sellos, el curso de la prescripción del derecho al cobro se interrumpirá también por la incautación de los resguardos incursos en infracción”.

En ese aspecto, cualquier notificación de parte de la administración contra el sujeto pasivo, interrumpirá la prescripción y el Estado siempre podrá perseguir el cobro de la deuda. Para poder asegurarse esta acción, la DGI y todos los organismos del Estado, automatizaron sus archivos y sistemas de información, por lo cual se le hace difícil al obligado poder prescribir su deuda por el paso del tiempo.

Ya que tarde o temprano, la notificación llega y el solo hecho de llegar a destino interrumpe la prescripción. El hecho genera dudas en cuanto a si el obligado a pagar la deuda al fisco, cambia de domicilio y no puede ser notificado debidamente por el organismo recaudador. En ese caso, operaría

la antigua postura de dar conocimiento al sujeto activo de cambio de domicilio, lo que podría generar un argumento válido para impedir la interrupción de la prescripción.

En tanto el artículo 40 del mismo código establece la suspensión de la prescripción, donde señala que “la interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales, suspenderá el curso de la prescripción hasta que se configure resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o hasta que quede ejecutoriada la sentencia, en su caso”. Así que en tanto, no se expida la autoridad correspondiente sobre la validez o no de la misma, la prescripión queda en suspenso.

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Ante la duda del secreto bancario

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.
Secreto profesional financiero.
El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.
“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.
Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.
Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
EL CONCEPTO
Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.
Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.
El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:
“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.
Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.
En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.

Secreto profesional financiero.

El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.

“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.

Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.

Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

EL CONCEPTO

Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.

Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.

El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:

“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.

Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.

En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.

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Las últimas del año

En setiembre, último mes previo al inicio del receso parlamentario, que da lugar al funcionamiento de la Comisión Permanente, se aprobaron un montón de leyes de distinto tipo y calibre de las cuales seguramente, los uruguayos no están en conocimiento, porque por usos y costumbres, nadie va a leer el portal de presidencia (www.presidencia.gub.uy) o el del parlamento,
(www.parlamento.gub.uy) para estudiar y analizar cuáles fueron los últimas actividades de los legisladores del actual período.
Es que el receso anticipado de las actividades parlamentarias, es producto de una campaña electoral donde los parlamentarios se juegan la silla y por temor a perderla, largan todo con tal de salir a hacer al ruedo para no perder la pisada y tampoco dar ventaja a sus contrincantes.
En ese marco, la presidencia promulgó 24 leyes que fueron aprobadas por los legisladores en el parlamento durante la despedida del período legislativo, los cuales enumeraremos a continuación, al menos para conocimiento de los lectores.
EN LA HORA
El 5 de setiembre se promulgó la ley Nº19.264  donde “Se otorgan facultades sancionatorias el Poder Ejecutivo en el control del cumplimiento de las especificaciones técnicas para los bienes y servicios destinados al uso y consumo”.
El 9 del mismo mes, se promulgó la ley Nº19.265 la que designó con el nombre de “Melchora Cuenca” a la Escuela Nº226 de Montevideo dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria.
Al día siguiente se promulgó la Nº19.266 donde se declaró al 10 de setiembre de cada año como “el Día del Reglamento de Tierras de 1815” en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados.
El día 12, con el Nº de ley 19.267 se aprobó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, suscrito en Japón. El 18 de setiembre, se aprueba la Ley de Organización Consular   Nº19.268. Ese mismo día se promulgaron las leyes, 19.269, 19.270 y 19.271, que refieren a Acuerdo entre Uruguay y la República de Serbia en materia Veterinaria, aprueba un convenio de cooperación en materia educativa, cultural y deportiva entre el Uruguay y El Salvador, y un acuerdo marco de cooperación entre el Mercosur y la República de Surinam. Les seguimos contando en la próxima entrega.

En setiembre, último mes previo al inicio del receso parlamentario, que da lugar al funcionamiento de la Comisión Permanente, se

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

aprobaron un montón de leyes de distinto tipo y calibre de las cuales seguramente, los uruguayos no están en conocimiento, porque por usos y costumbres, nadie va a leer el portal de presidencia (www.presidencia.gub.uy) o el del parlamento,

(www.parlamento.gub.uy) para estudiar y analizar cuáles fueron los últimas actividades de los legisladores del actual período.

Es que el receso anticipado de las actividades parlamentarias, es producto de una campaña electoral donde los parlamentarios se juegan la silla y por temor a perderla, largan todo con tal de salir a hacer al ruedo para no perder la pisada y tampoco dar ventaja a sus contrincantes.

En ese marco, la presidencia promulgó 24 leyes que fueron aprobadas por los legisladores en el parlamento durante la despedida del período legislativo, los cuales enumeraremos a continuación, al menos para conocimiento de los lectores.

EN LA HORA

El 5 de setiembre se promulgó la ley Nº19.264  donde “Se otorgan facultades sancionatorias el Poder Ejecutivo en el control del cumplimiento de las especificaciones técnicas para los bienes y servicios destinados al uso y consumo”.

El 9 del mismo mes, se promulgó la ley Nº19.265 la que designó con el nombre de “Melchora Cuenca” a la Escuela Nº226 de Montevideo dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Al día siguiente se promulgó la Nº19.266 donde se declaró al 10 de setiembre de cada año como “el Día del Reglamento de Tierras de 1815” en conmemoración del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados.

El día 12, con el Nº de ley 19.267 se aprobó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, suscrito en Japón. El 18 de setiembre, se aprueba la Ley de Organización Consular   Nº19.268. Ese mismo día se promulgaron las leyes, 19.269, 19.270 y 19.271, que refieren a Acuerdo entre Uruguay y la República de Serbia en materia Veterinaria, aprueba un convenio de cooperación en materia educativa, cultural y deportiva entre el Uruguay y El Salvador, y un acuerdo marco de cooperación entre el Mercosur y la República de Surinam. Les seguimos contando en la próxima entrega.

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Los delitos electorales

En el marco de una reñida campaña electoral donde aparecen las denuncias de todo tipo contra distintos actos, actividades, dichos y pronunciamientos por parte de los candidatos es bueno tener a mano, por más que nadie la haya leído y poco la hayan convocado, citado y aplicado, ley electoral Nº7812 con su serie in extensa de modificativas.
En ese aspecto, como el texto de la ley puede leerse por la web, solamente nos remitiremos a transcribir para que quede claro, el artículo 191 donde se establecen los llamados Delitos Electorales, los cuales tienen castigos estrictamente establecidos en el artículo siguiente del texto normativo.
En ese aspecto y ante la coyuntura política por la que estamos atravesando los uruguayos, es bueno saber cómo y cuándo se configuran los delitos enmarcados en las elecciones nacionales.
Así, el artículo 191 de la referida ley señala que: Son delitos electorales: 1º La falta de cumplimiento por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.
2ºEl sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección. 3º La violación o tentativa de violación del secreto del voto. 4º El suministro de los medios para la violación del secreto del voto. 5º. La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. 6º. La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales. 7º El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.
8º. El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos, que fueren contra la prescripciones del Capítulo XIX de esta ley. 9º La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos. 10º. La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales. 11º. El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros por documentos electorales. 12º. El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente,  en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes, y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores.
En ese aspecto, queda claro al menos cuáles son los procedimientos que los activistas de los distintos partidos políticos deben evitar para no cometer un delito electoral y sufrir sus consecuencias.

En el marco de una reñida campaña electoral donde aparecen las denuncias de todo tipo contra distintos actos, actividades, dichos y pronunciamientos por parte de los candidatos es bueno tener a mano, por más que nadie la haya leído y poco la hayan convocado, citado y aplicado, ley electoral Nº7812 con su serie in extensa de modificativas.

En ese aspecto, como el texto de la ley puede leerse por la web, solamente nos remitiremos a transcribir para que quede claro, el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

artículo 191 donde se establecen los llamados Delitos Electorales, los cuales tienen castigos estrictamente establecidos en el artículo siguiente del texto normativo.

En ese aspecto y ante la coyuntura política por la que estamos atravesando los uruguayos, es bueno saber cómo y cuándo se configuran los delitos enmarcados en las elecciones nacionales.

Así, el artículo 191 de la referida ley señala que: Son delitos electorales: 1º La falta de cumplimiento por parte de los miembros de las autoridades públicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones electorales, de cualquiera de las obligaciones o formalidades que expresamente impone esta ley.

2ºEl sufragio o tentativa de sufragio realizado por persona a quien no corresponda la inscripción utilizada para ello, o por persona que ya hubiera votado en la misma elección. 3º La violación o tentativa de violación del secreto del voto. 4º El suministro de los medios para la violación del secreto del voto. 5º. La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. 6º. La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo regular de los actos electorales. 7º El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector.

8º. El abuso de autoridad ejercido por los funcionarios públicos, que fueren contra la prescripciones del Capítulo XIX de esta ley. 9º La adulteración, modificación o sustracción, falsificación de las actas y documentos electorales, así como la violación de los instrumentos destinados a cerrar la urna o paquetes que contengan dichas actas y documentos. 10º. La organización, realización o instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales. 11º. El arrebato, destrucción, estrago u ocultación de las urnas, actas, registros por documentos electorales. 12º. El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente,  en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes, y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores.

En ese aspecto, queda claro al menos cuáles son los procedimientos que los activistas de los distintos partidos políticos deben evitar para no cometer un delito electoral y sufrir sus consecuencias.

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Nuevas deducciones al IRPF

Las deducciones son aquellos factores que se vuelven la única forma de poder descontar el valor del impuesto que se nos está cobrando. Deducir impuestos es algo maravilloso para el uruguayo promedio que hoy paga una “torta” de plata al Estado por su actividad, ya sea en el sector público o el privado.
Pero encima, en éste último caso, la situación se pone peor. Cuando un profesional quiere vivir libremente del ejercicio de su actividad, la cual eligió con cariño y dedicación debe darle dinero a cuanto organismo público ande en la vuelta, en proporción a lo que gana. Esto determina cierto resquemor a dar números reales a la hora de emitir facturas, sobre todo porque al momento de la verdad frente a la DGI, no hay deducción que valga.
Aunque a la del hijo menor a cargo, los alquileres y algunos elementos acordes al rubro en el que se desempeña el contribuyente, ahora la ley Nº19.280, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, establece una nueva modalidad de deducciones en el IRPF.
Se trata de las deducciones al IRPF por las cuotas de adquisición de vivienda única y permanente, para personas incapaces o con discapacidad. La ley establece la sustitución del inciso tercero del literal E) del artículo 38 del título 7 del Texto Ordenado del 1996, relativo al tema.
El nuevo texto legal establece que: “La deducción prevista en los incisos precedentes podrá ser realizada por los padres, cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos mayores o menores,  legalmente declarados incapaces, así como a aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social, siempre que los mismos no practiquen la referida deducción y vivan conjuntamente, por las cuotas devengadas a partir del 1º de enero del 2015. Idéntica deducción y condiciones serán de aplicación a los tutores y curadores, de las referidas personas designadas formalmente”.
Y más abajo dice que “el Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”.
En ese aspecto, los padres de hijos mayores o menores, incapaces o con discapacidad que reciban un préstamo para la adquisición de vivienda única, siempre que vivan con éstos y estén a su cargo, tendrán la chance de deducir impuestos a través de las liquidaciones del IRPF. Algo bien importante.

Las deducciones son aquellos factores que se vuelven la única forma de poder descontar el valor del impuesto que se nos está

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

cobrando. Deducir impuestos es algo maravilloso para el uruguayo promedio que hoy paga una “torta” de plata al Estado por su actividad, ya sea en el sector público o el privado.

Pero encima, en éste último caso, la situación se pone peor. Cuando un profesional quiere vivir libremente del ejercicio de su actividad, la cual eligió con cariño y dedicación debe darle dinero a cuanto organismo público ande en la vuelta, en proporción a lo que gana. Esto determina cierto resquemor a dar números reales a la hora de emitir facturas, sobre todo porque al momento de la verdad frente a la DGI, no hay deducción que valga.

Aunque a la del hijo menor a cargo, los alquileres y algunos elementos acordes al rubro en el que se desempeña el contribuyente, ahora la ley Nº19.280, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, establece una nueva modalidad de deducciones en el IRPF.

Se trata de las deducciones al IRPF por las cuotas de adquisición de vivienda única y permanente, para personas incapaces o con discapacidad. La ley establece la sustitución del inciso tercero del literal E) del artículo 38 del título 7 del Texto Ordenado del 1996, relativo al tema.

El nuevo texto legal establece que: “La deducción prevista en los incisos precedentes podrá ser realizada por los padres, cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos mayores o menores,  legalmente declarados incapaces, así como a aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social, siempre que los mismos no practiquen la referida deducción y vivan conjuntamente, por las cuotas devengadas a partir del 1º de enero del 2015. Idéntica deducción y condiciones serán de aplicación a los tutores y curadores, de las referidas personas designadas formalmente”.

Y más abajo dice que “el Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”.

En ese aspecto, los padres de hijos mayores o menores, incapaces o con discapacidad que reciban un préstamo para la adquisición de vivienda única, siempre que vivan con éstos y estén a su cargo, tendrán la chance de deducir impuestos a través de las liquidaciones del IRPF. Algo bien importante.

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El delito es para las personas físicas

Si bien hay cosas que ya son sabidas, es bueno hacer algunas aclaraciones para que se entienda cómo funciona el sistema judicial. Una cosa es la responsabilidad penal, la que mide las conductas de las personas y si las mismas transgreden las normas y configuran una acción delictiva, con conciencia y voluntad, es decir con dolo, eso hace que la persona física y nunca jurídica, pueda quedar bajo la sujeción de la ley penal. Y otra cosa muy distinta es cuando se configura la responsabilidad civil, que implica a una persona física o jurídica como responsable de un daño, donde debe resarcir a quien ha ocasionado el daño reparándolo.
Es decir, una cosa es la responsabilidad penal. La materia penal es represiva y sanciona con penas de cárcel en la mayoría de los casos a la persona que comete una acción delictiva. Es decir, solamente puede haber un delito, por ejemplo, una apropiación indebida, si una persona fue la que lo cometió y se demuestra ante la justicia, que lo hizo con intención de hacerlo.
Y otra cosa, es cuando una persona jurídica, una institución, el fisco, la Iglesia, o una empresa pública o privada, realiza una acción determinada que genera un daño en personas o instituciones, y en ese aspecto, no comete delito, porque no es persona física, sino jurídica, por lo tanto comete un daño, en el caso de que se comprobare tal cosa y debe resarcir a los damnificados, reparando el daño, generalmente respondiendo con su patrimonio, y resarciendo en forma pecuniaria a los damnificados. La situación es clara, pero vale la pena aclarar porque en las últimas horas con hechos de notoriedad, hasta connotados legisladores han atribuido delito a instituciones, algo que técnicamente es incongruente.

Si bien hay cosas que ya son sabidas, es bueno hacer algunas aclaraciones para que se entienda cómo funciona el sistema judicial. Una cosa es la responsabilidad penal, la que mide las conductas de las personas y si las mismas transgreden las normas y configuran

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

una acción delictiva, con conciencia y voluntad, es decir con dolo, eso hace que la persona física y nunca jurídica, pueda quedar bajo la sujeción de la ley penal. Y otra cosa muy distinta es cuando se configura la responsabilidad civil, que implica a una persona física o jurídica como responsable de un daño, donde debe resarcir a quien ha ocasionado el daño reparándolo.

Es decir, una cosa es la responsabilidad penal. La materia penal es represiva y sanciona con penas de cárcel en la mayoría de los casos a la persona que comete una acción delictiva. Es decir, solamente puede haber un delito, por ejemplo, una apropiación indebida, si una persona fue la que lo cometió y se demuestra ante la justicia, que lo hizo con intención de hacerlo.

Y otra cosa, es cuando una persona jurídica, una institución, el fisco, la Iglesia, o una empresa pública o privada, realiza una acción determinada que genera un daño en personas o instituciones, y en ese aspecto, no comete delito, porque no es persona física, sino jurídica, por lo tanto comete un daño, en el caso de que se comprobare tal cosa y debe resarcir a los damnificados, reparando el daño, generalmente respondiendo con su patrimonio, y resarciendo en forma pecuniaria a los damnificados. La situación es clara, pero vale la pena aclarar porque en las últimas horas con hechos de notoriedad, hasta connotados legisladores han atribuido delito a instituciones, algo que técnicamente es incongruente.

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El turismo tiene una ley que lo proteja

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.
Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.
En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.
En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.
Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.
Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.
Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.
Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.
Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.
A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.
La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.
En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.
Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.

Una nueva ley, promulgada por el Poder Ejcutivo en el mes de agosto y que fue sancionada con el Nº 19.253, define, regula y determina la actividad turística. Es decir, el Uruguay hizo una ley donde establece qué es el turismo, cuáles deben ser sus cometidos, cuál es su concepto legal, qué derechos debe otorgar y cómo debe fijarse un plan de turismo que tenga alcance universal, ya que desde ahora y por ley, el turismo en Uruguay, es considerado un derecho humano.

Además la citada ley señala entre otras cosas, las competencias que debe tener el gobierno en esta materia.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

En su artículo 1º la ley de marras sostiene que “Declárase que el turismo es una actividad de interés nacional en la medida que constituye: 1º) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto parta las naciones como colectivos, como para los individuos en particular. B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura. C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre individuos y naciones. D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda y la firme convicción en tal sentido del Estado”.

En este primer artículo, la ley deja sentado que el espíritu del legislador en su elaboración es definir al turismo como una actividad importante en la vida de los individuos y promover asimismo, una sinergia entre todas las partes para hacerlo posible. Además de establecer que el mismo es una muestra de desarrollo entre los fines que persigue el turismo como actividad económica y el cuidado por el medio ambiente.

Asimismo, la mencionada norma sostiene que “tiene por finalidad regular la actividad de los actores del quehacer turístico y establecer los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad”.

Y en la enumeración de sus principios generales señala el de subsidiariedad remarcando que la actividad turística “es estricta y fundamentalmente de carácter privado, pero que el Estado puede intervenir en la misma cuando un servicio no pueda ser prestado por un particular, o cuando medien razones de interés general”.

Lo que determina que el Estado básicamente debe abstenerse de prestar servicios ya que después será el controlador de este tipo de actividades y el regulador del quehacer entre sus actores.

Y además, la ley 19.253 define al turismo como “el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas, fuera del lugar de su residencia habitual, con la nota de temporalidad y voluntariedad, siendo turista la persona que desarrolla dichas actividades”.

Es decir la persona que sale temporalmente de su lugar de residencia por su voluntad, para disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento, recreación, negocios y otros motivos que lo haya llevado hasta un lugar determinado que no es su lugar de residencia, en forma temporal, es legalmente un turista.

A su vez se establece como prestaciones turísticas las actividades de personas físicas o jurídicas que tiendan a satisfacer las necesidades de los turistas. Y señala que las actividades que sean prestadas dentro del ámbito turístico, serán reputadas como tales salvo que haya prueba de que no lo sean.

La ley de 41 artículos establece las obligaciones del Estado, que debe garantizar el cumplimiento de este derecho humano dotando de infraestructura al país para su cumplimiento, como los servicios esenciales de seguridad, transporte e infraestructura, mientras que para el sector privado crea un registro de prestadores de servicios turísticos.

En ese aspecto, el Ministerio de Turismo pasa a ser un actor esencial en este ámbito con obligaciones importantes a la hora de tomar decisiones, pero también para facilitar y mejorar las relaciones turísticas entre los prestadores de servicios y los turistas.

Además de buscar las sinergias adecuadas para potenciar los servicios y colaborar con la infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de este derecho humano y que tanto aporta al desarrollo económico del país.

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La anhelada transformación

Un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) es justo lo que el sistema judicial reclama desde hace muchos años. Es que hasta ahora, el principio de presunción de inocencia, ese que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, estaba siendo socavado por el actual sistema inquisitivo.
Es que hasta hoy, una persona que es detenida por haber sido encontrada en infraganti delito o habiendo semi plena prueba de que cometió uno, era llevado ante la justicia, donde tenía que tratar de evitar la existencia de “elementos de convicción suficientes” que son los que aseguran que estas personas fueran procesadas con o sin prisión, mientras esperan el desarrollo del juicio penal en su contra, para determinar si efectivamente cometieron el delito que les fue tipificado en el procesamiento.
Porque el actual sistema es así, basta con que haya un elemento de prueba que determine que una persona podría estar implicada en un hecho delictivo y según la gravedad del delito que se le acusa de haber cometido, puede llegar a estar un tiempo tras las rejas, por la nefasta figura de la prisión preventiva, que en muchos casos pone por varios meses y hasta en algunos casos, sin salida transitoria alguna, a quienes mientras eso les pasa, están técnica y paradójicamente en una situación de presunción de inocencia.
Pero la reforma del CPP apunta a buscar mayor efectividad por un lado y mayor transparencia por otro, al hacer ahora los juicios penales orales y públicos, derribando así el mito que tienen hoy, donde nadie puede acceder a una audiencia judicial penal porque le está vedado el acceso incluso al propio recinto, ya que hasta hay severas cortapisas en el acceso a los expedientes penales, que luego del sumario, es decir del procesamiento de una persona, deberían ser públicos.
La necesidad de cambiar ese sistema procesal penal que vulnera todos los derechos individuales del encausado y hasta del denunciante, mandando a la gente presa por las dudas y con un después vemos, es inminente. Lo positivo es que los responsables de hacerlo, por fin hayan tomado conciencia y hagan lo que deben hacer.

Un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) es justo lo que el sistema judicial reclama desde hace muchos años. Es que hasta ahora, el principio de presunción de inocencia, ese que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, estaba siendo

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

socavado por el actual sistema inquisitivo.

Es que hasta hoy, una persona que es detenida por haber sido encontrada en infraganti delito o habiendo semi plena prueba de que cometió uno, era llevado ante la justicia, donde tenía que tratar de evitar la existencia de “elementos de convicción suficientes” que son los que aseguran que estas personas fueran procesadas con o sin prisión, mientras esperan el desarrollo del juicio penal en su contra, para determinar si efectivamente cometieron el delito que les fue tipificado en el procesamiento.

Porque el actual sistema es así, basta con que haya un elemento de prueba que determine que una persona podría estar implicada en un hecho delictivo y según la gravedad del delito que se le acusa de haber cometido, puede llegar a estar un tiempo tras las rejas, por la nefasta figura de la prisión preventiva, que en muchos casos pone por varios meses y hasta en algunos casos, sin salida transitoria alguna, a quienes mientras eso les pasa, están técnica y paradójicamente en una situación de presunción de inocencia.

Pero la reforma del CPP apunta a buscar mayor efectividad por un lado y mayor transparencia por otro, al hacer ahora los juicios penales orales y públicos, derribando así el mito que tienen hoy, donde nadie puede acceder a una audiencia judicial penal porque le está vedado el acceso incluso al propio recinto, ya que hasta hay severas cortapisas en el acceso a los expedientes penales, que luego del sumario, es decir del procesamiento de una persona, deberían ser públicos.

La necesidad de cambiar ese sistema procesal penal que vulnera todos los derechos individuales del encausado y hasta del denunciante, mandando a la gente presa por las dudas y con un después vemos, es inminente. Lo positivo es que los responsables de hacerlo, por fin hayan tomado conciencia y hagan lo que deben hacer.

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Ley de control de porte y tenencia de armas

Una nueva ley propone una legislación rigurosa para un tema tan importante entre la población, como lo es el uso de armas para la autodefensa. La idea es que el Estado sea quien regule la entrega para la tenencia o posesión de las armas, a la población en nuestro país.
Tal es así, que la ley 19.247, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo y denominada como ley de regulación para la tenencia y el porte de armas, establece desde el vamos la prohibición de la tenencia de un arma de fuego, municiones o material relacionado sin la autorización del Estado.
En ese aspecto, sostiene en su artículo 1º que “Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (aunque no aclara a qué refiere con materiales relacionados) sin la debida autorización del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa”.
Y recuerda en el segundo inciso del primer artículo que “será el Poder Ejecutivo el que establezca los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir
para autorizar la tenencia o el porte de armas, municiones o material relacionado en poder de civiles”.
En su articulado más adelante, la ley faculta al Estado a proceder a la incautación del material que no esté autorizado por los ministerios respectivos y además sostiene que esto, es sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas correspondientes.
Además la ley reglamenta los aspectos básicos para la comercialización de la armas de fuego, donde establece requisitos estrictos para esta actividad, imponiendo en todos los aspectos posibles una intervención total en cuanto al control y a la fiscalización de las armas en poder de civiles, por parte del Estado. Que entiende que las armas pueden generar un conflicto social mayor al que pretenden remediar.

Una nueva ley propone una legislación rigurosa para un tema tan importante entre la población, como lo es el uso de armas para la autodefensa. La idea es que el Estado sea quien regule la entrega para la tenencia o posesión de las armas, a la población en nuestro país.

Tal es así, que la ley 19.247, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo y denominada como ley de regulación para laGrupo de Fibromialgia.Nancy Orihuela, Magela Roca, y Clarita Perez.tenencia y el porte de armas, establece desde el vamos la prohibición de la tenencia de un arma de fuego, municiones o material relacionado sin la autorización del Estado.

En ese aspecto, sostiene en su artículo 1º que “Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (aunque no aclara a qué refiere con materiales relacionados) sin la debida autorización del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa”.

Y recuerda en el segundo inciso del primer artículo que “será el Poder Ejecutivo el que establezca los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir

para autorizar la tenencia o el porte de armas, municiones o material relacionado en poder de civiles”.

En su articulado más adelante, la ley faculta al Estado a proceder a la incautación del material que no esté autorizado por los ministerios respectivos y además sostiene que esto, es sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas correspondientes.

Además la ley reglamenta los aspectos básicos para la comercialización de la armas de fuego, donde establece requisitos estrictos para esta actividad, imponiendo en todos los aspectos posibles una intervención total en cuanto al control y a la fiscalización de las armas en poder de civiles, por parte del Estado. Que entiende que las armas pueden generar un conflicto social mayor al que pretenden remediar.

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La protección de los animales y de las personas

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.
“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.
Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.
Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.

“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.

Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.

Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

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La garantía del proceder de oficio

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.
Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.
Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.
El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:
A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.
B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).
C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.
D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.
PASA
Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.
Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.
También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.
Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.
El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.

Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.

Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.

El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.

B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).

C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.

D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.

PASA

Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.

Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.

También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.

Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.

El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

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Nueva ley permite clausurar procedimientos penales a penados en condición de libertad

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.
En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.
ARTÍCULO ÚNICO
CON TRES INCISOS
La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:
“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.
Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.
LA OPOSICIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.
En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.
UN REQUISITO
ESTRICTO
Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.
Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.
La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.

En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.

ARTÍCULO ÚNICO CON TRES INCISOS

La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:

“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.

Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.

LA OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.

En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.

UN REQUISITO ESTRICTO

Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.

Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.

La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

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