La protección de los animales y de las personas

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.
“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.
Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.
Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

La Ley Nº18.471 de protección animal establece una responsabilidad que es correlativa a la ya establecida en el Código Civil sobre la responsabilidad de los tenedores de animales. Entre varios preceptos que dispone la norma de referencia, en los artículos 9 y º10 de

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

dicha ley se resume prácticamente la responsabilidad básica del tenedor.

“Artículo 9º. Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie (…)”. B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines. C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos. D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado (…)”, entre otras disposiciones.

Mientras el artículo 10 establece legalmente una disposición aplicable a un tema que es recurrente y es que “los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el ataque a otros animales”.

Lamentablemente la responsabilidad animal está legislada pero es poco aplicada, sobre todo en Salto, en tanto y en cuanto pocas veces se sanciona a los dueños de animales dañinos.

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La garantía del proceder de oficio

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.
Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.
Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.
El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:
A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.
B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).
C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.
D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.
PASA
Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.
Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.
También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.
Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.
El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

Tanto los jueces penales, como los representantes del Ministerio Público y Fiscal están facultados para actuar de oficio en los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

procedimientos que marca la ley, en el momento en que constaten que hay un hecho con apariencia delictiva y que se está configurando sin que haya determinado procedimiento policial alguno para determinar su esclarecimiento, los magistrados pueden proceder a solicitar la instrucción del caso sin más trámite, hasta ver que resulta de las mismas.

Si bien la actuación no es preceptiva en todos los casos, ya que tiene límites bien marcados en el Código del Proceso Penal y en las respectivas Leyes Orgánicas de los Tribunales y del Ministerio Público, estos funcionarios que tienen el deber de actuar en nombre de la ley para perseguir una conducta que pueda estar vinculada a la consumación de un delito, no siempre lo hacen sino que esperan que medie una denuncia de parte o de la policía.

Asimismo, en Uruguay son pocos  los magistrados que utilizan esa potestad para investigar casos o determinar situaciones que aparecen como poco claras. Quizás por la sobrecarga de la tarea cotidiana, donde en los despachos judiciales se aglomeran los expedientes y se agotan los plazos procesales para actuar, que impide que un juez, se aboque a analizar un hecho de la realidad y entienda que debe instruir una investigación para esclarecer el hecho.

El artículo 23 del Código del Proceso Penal establece “el procedimiento de oficio” se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho (que se denuncia) haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.

B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal judicial (siendo un niño o incapaz).

C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores, o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela.

D) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años y estuviere internada en un establecimiento público.

PASA

Estos son casos muy comunes aunque no parezcan y habilitan a que un magistrado actúe de oficio. Por ejemplo, cuando un niño es atacado ferozmente por un perro y no aparecen los responsables del animal para dar explicaciones sobre el asunto, pero tampoco hay una denuncia policial que amerite que la policía quiera saber qué pasó en ese caso y porqué ese niño sufrió un daño, la justicia puede actuar de oficio y disponer que se determinen acciones para tratar de evitar a futuro un daño mayor.

Cuando un incapaz es maltratado física y psicológicamente por su familia, para incluso, apropiarse de sus haberes, hechos que existen y que deberían estar en manos de la justicia, no proceden porque no hay denuncia de parte, y por lo tanto, el sistema judicial no actúa.

También porque la lógica indica que no puede atender todos los casos que se presentan en la sociedad, porque sería muy complejo hacerlo y porque además los poderes públicos carecen de los recursos humanos adecuados como para enfrentar estas situaciones.

Pero el vacío queda en el proceder de los magistrados por una razón ajena al ejercicio del derecho y atenta a la realidad, como es la falta de presupuesto, para generar los recursos humanos que permitan el desarrollo pleno de las garantías que deben tener los ciudadanos en un Estado de Derecho.

El proceder de oficio es algo prácticamente no aplicado por los magistrados, aunque cuando ocurren casos graves y daños contra los amparados por el artículo 23 del CPP, debería darle un revés a la situación y hacer que suceda.

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Nueva ley permite clausurar procedimientos penales a penados en condición de libertad

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.
En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.
ARTÍCULO ÚNICO
CON TRES INCISOS
La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:
“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.
Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.
LA OPOSICIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.
En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.
UN REQUISITO
ESTRICTO
Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.
Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.
La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

Una nueva ley promulgada el pasado 11 de julio, la Nº19.233, establece la posibilidad de la clausura provisoria de las causas penales para las personas que están penadas pero que tienen libertad condicional o anticipada, así como también para aquellos que tienen la suspensión de la ejecución de la condena luego de haber sido condenados penalmente.

En el marco de la tramitación superabundante que ejercen los tribunales penales por estos días, se entiende que las causas en las que los encausados ya se encuentran penados por sentencia ejecutoriada y más aún cuando los mismos hayan accedido al beneficio de la libertad, cumpliendo para ello con los requisitos adecuados, o estando desde el comienzo de la condena en estado de libertad, la continuidad de esas causas, las que están llegando a su final, no tienen una razón lógica de permanecer abiertas. Sino que lo único a esperar en estos casos es el vencimiento del plazo de la pena. Aunque admite la misma ley, la posibilidad de que en el caso que el Ministerio Público se oponga a la clausura de ese expediente por razones que se consideren fundamentadas, el juez podrá decidir la suerte de ese caso, tomando en cuenta el hecho de que medie el interés público de por medio.

ARTÍCULO ÚNICO CON TRES INCISOS

La nueva ley, que tiene artículo único pero con tres incisos, establece en su artículo 1º que:

“Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada de la vigente ley (11 de julio de 2014), que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y los Tribunales Penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada”.

Esto último refiere a los casos, en que el encausado tenga varias causas y que por el proceso de acumulación, haya una sentencia dictada que abarque las penas a tener por esa persona por todas las causas que se le persiguen, y que aún contando con esa sentencia, el penado se encuentre en libertad, bajo cualquiera de los regímenes anteriormente expuestos.

LA OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sigue el inciso 2º del artículo 1º de la ley 19.233 diciendo que: “La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en el caso de que el Ministerio Público, deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación,  por entender (en dictamen fundado) que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el juez de la causa,  bajo resolución fundada y previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles”.

En ese aspecto, la clausura solo podrá proceder en el caso de que el magistrado entienda que no haya oposición de la fiscalía a la clausura de ese expediente, y que aún así, en el caso de que la hubiera, queda sujeto a su entender, esgrimiendo los fundamentos contundentes que derriben los propuestos por la fiscalía en su correspondiente oposición. Es decir, que más allá de que el fiscal se oponga, la última palabra para estos la va a seguir teniendo el juez.

UN REQUISITO ESTRICTO

Mientras que el tercer inciso del artículo único de la presente Ley, establece que “la clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal, dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda”.

Este último inciso hace referencia clara a las limitaciones que se le ponen como requisito a una causa para poder ser clausurada. El hecho que el penado no vuelva a reincidir en un lapso de dos años corridos desde el momento en el que fue declarada la clausura del procedimiento, por el cual tiene que pagar la pena, es la limitante mayor, ya que de lo contrario la clausura no procede.

La ley entró en vigencia y comienza su aplicación en los estrados judiciales con solicitudes por parte de las respectivas defensas legales, luego de la habilitación de los tribunales tras la Feria Judicial Menor.

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En el Centenario de las primeras normas laborales

A 100 años de la primera ley que reguló el derecho laboral en Uruguay, muchos cambios han sucedido desde entonces y los últimos años, han acelerado mucho tiempo de falta de legislación en la materia, aunque tanto cambio ha generado cierto desequilibrio, para lo que se pretendía lograr.
Por esa razón, el catedrático de Derecho Laboral y actual subsecretario del Ministerio del ramo, Nelson Lostaunau, reseñó que Uruguay retomó en los últimos meses el análisis de la ley 5.032 sobre prevención de accidentes de trabajo.
Dicha norma impuso derechos novedosos para la época y si bien fue una ley líder, ahora también debe actualizarse porque los peligros laborales han cambiado, sobre todo en el inicio del nuevo Siglo hasta ahora.
En el marco de la conmemoración de esta norma “Uruguay es el país que posee el menor grado de informalidad laboral en América Latina, lo cual ayuda a que se reduzcan los riesgos para los empleados”, dijo Lostaunau en una conferencia realizada ayer miércoles en la Torre Ejecutiva por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conmemorar los 100 años de la promulgación de la ley N.º 5.032 de prevención de accidentes en esa área.
Sostuvo que fue una “norma líder y revolucionaria para América Latina en tema de prevención porque contemplaba los derechos humanos de los trabajadores e impuso una obligación innata del contrato de trabajo y de la relación laboral sobre la salud y seguridad de los obreros”.
Acotó que su vigencia es anterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El catedrático devenido en jerarca del gobierno, manifestó que Uruguay vivió una etapa donde el contenido de esta ley “quedaba debajo de la alfombra” pero que “ese tiempo ha terminado”.
PERO…
Mas allá de que esta ley demuestra que Uruguay es un país que está a la vanguardia en legislación laboral en el mundo, la misma, tras reformas y actualizaciones, colide con otras expresiones normativas que se han sancionado en los últimos tiempos y que son fruto de la realidad política y social en la que vivimos.
Si tomamos en cuenta que en nuestro país se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, que impone obligaciones a los empresarios de cuidado y diligencia extrema para no vulnerar las condiciones de los trabajadores que están bajo su dependencia, y que además impone la carga de la prueba únicamente a quienes está destinada la norma, genera responsabilidad de un solo lado y eso demuestra un penoso desequilibrio, al igual que la ley 5.032 algún día esto también tendrá que corregirse.

A 100 años de la primera ley que reguló el derecho laboral en Uruguay, muchos cambios han sucedido desde entonces y los últimos

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

años, han acelerado mucho tiempo de falta de legislación en la materia, aunque tanto cambio ha generado cierto desequilibrio, para lo que se pretendía lograr.

Por esa razón, el catedrático de Derecho Laboral y actual subsecretario del Ministerio del ramo, Nelson Lostaunau, reseñó que Uruguay retomó en los últimos meses el análisis de la ley 5.032 sobre prevención de accidentes de trabajo.

Dicha norma impuso derechos novedosos para la época y si bien fue una ley líder, ahora también debe actualizarse porque los peligros laborales han cambiado, sobre todo en el inicio del nuevo Siglo hasta ahora.

En el marco de la conmemoración de esta norma “Uruguay es el país que posee el menor grado de informalidad laboral en América Latina, lo cual ayuda a que se reduzcan los riesgos para los empleados”, dijo Lostaunau en una conferencia realizada ayer miércoles en la Torre Ejecutiva por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conmemorar los 100 años de la promulgación de la ley N.º 5.032 de prevención de accidentes en esa área.

Sostuvo que fue una “norma líder y revolucionaria para América Latina en tema de prevención porque contemplaba los derechos humanos de los trabajadores e impuso una obligación innata del contrato de trabajo y de la relación laboral sobre la salud y seguridad de los obreros”.

Acotó que su vigencia es anterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El catedrático devenido en jerarca del gobierno, manifestó que Uruguay vivió una etapa donde el contenido de esta ley “quedaba debajo de la alfombra” pero que “ese tiempo ha terminado”.

PERO…

Mas allá de que esta ley demuestra que Uruguay es un país que está a la vanguardia en legislación laboral en el mundo, la misma, tras reformas y actualizaciones, colide con otras expresiones normativas que se han sancionado en los últimos tiempos y que son fruto de la realidad política y social en la que vivimos.

Si tomamos en cuenta que en nuestro país se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, que impone obligaciones a los empresarios de cuidado y diligencia extrema para no vulnerar las condiciones de los trabajadores que están bajo su dependencia, y que además impone la carga de la prueba únicamente a quienes está destinada la norma, genera responsabilidad de un solo lado y eso demuestra un penoso desequilibrio, al igual que la ley 5.032 algún día esto también tendrá que corregirse.

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Las “buenas” intenciones de las medidas cautelares

La medida cautelar se exige con la intención de prevenir un daño. Y su finalidad es tender a evitar que haya una modificación de la situación del demandado hecho existente al tiempo de deducirse una acción judicial, queriendo evitar la desaparición de los bienes del deudor que aseguren el cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en este caso.
Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y el secuestro de un bien como un vehículo por ejemplo sino que son aún mayores las facultades del juez, que encuentran su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo.
Más que a hacer justicia, la medida cautelar está destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido. La admisibilidad de las medidas cautelares en todo proceso están expresamente establecidas en nuestro derecho en el artículo 311.1 del C.G.P. El mismo artículo aclara que las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier proceso y en cualquier estado en el que se encuentre la causa y hasta incluso, lo más recomendable en muchos casos, se pueden adoptar como diligencia preparatoria de cualquier procedimiento.
El CGP también indica que es competente para decretarlas, el tribunal que también lo es para entender en el proceso posterior; y la medida dictada por un tribunal incompetente será válida si cumple con los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia sino que deberá remitirse al tribunal competente.
Para la medida cautelar hay tres presupuestos básicos: “el fumus boni iuris”, o el humo del buen derecho, es decir, que haya una certeza de que el derecho que se reclama justifica el daño en el que pueda verse sumida la persona contra quien se adopta la medida.
Si bien la ley no exige la certidumbre absoluta de la existencia del derecho que se reclama, es suficiente que exista la probabilidad de su existencia. Porque después declarar la certeza de la existencia del derecho que se reclama será la función de la sentencia definitiva.
El peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho: “el periculum in mora”. El tribunal tendrá que determinar si la medida cautelar solicitada es idónea, apta y apropiada para enfrentar y tirar por tierra el peligro y además evaluar si no es excesiva esa medida cautelar solicitada contra la parte que puede resultar dañada innecesariamente.
Y en tercer término está la “contracautela”. La contracautela es la garantía que debe ofrecer quien solicita la medida cautelar, a los efectos de asegurar que en el caso de que haya sido innecesaria la medida solicitada, y la misma solamente haya generado un daño innecesario, el solicitante de la medida podrá otorgarle el resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes si al decretarse la sentencia definitiva se le desestima la demanda.
Actualmente muchos abogados optan por solicitar la medida cautelar por excelencia, el embargo, contra un posible deudor, antes de deducir el derecho que tienen sobre éste. Las medidas cautelares de este tipo muchas veces son acogidas por los jueces y terminan generando un perjuicio mayor hacia el cautelado que lo que implica el derecho reclamado a éste, porque es como mandarlo preso antes de saber siquiera si estaba en el lugar del hecho.
El cautelado debe responder con sus bienes por una eventual responsabilidad y el daño que la misma le causa cuando no puede enajenar ni transferir absolutamente nada, además de manchar su buen nombre para transacciones futuras, es algo bastante pernicioso.
Por lo tanto, antes de adoptarla a la ligera, los magistrados deberían exigir el cumplimiento a rajatabla de sus tres requisitos a quienes las solicitan y sobre todo asegurarse que la contracautela ofrecida sea suficiente y ejecutable cuando el cautelado pase al otro lado del mostrador y quiera ejercer su derecho.
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La medida cautelar se exige con la intención de prevenir un daño. Y su finalidad es tender a evitar que haya una modificación de la situación del demandado hecho existente al tiempo de deducirse una acción judicial, queriendo evitar la desaparición de los bienes del deudor que aseguren el cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en este caso.

Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regulación específica, como el embargo preventivo, la inhibición

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

general de bienes y el secuestro de un bien como un vehículo por ejemplo sino que son aún mayores las facultades del juez, que encuentran su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo.

Más que a hacer justicia, la medida cautelar está destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido. La admisibilidad de las medidas cautelares en todo proceso están expresamente establecidas en nuestro derecho en el artículo 311.1 del C.G.P. El mismo artículo aclara que las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier proceso y en cualquier estado en el que se encuentre la causa y hasta incluso, lo más recomendable en muchos casos, se pueden adoptar como diligencia preparatoria de cualquier procedimiento.

El CGP también indica que es competente para decretarlas, el tribunal que también lo es para entender en el proceso posterior; y la medida dictada por un tribunal incompetente será válida si cumple con los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia sino que deberá remitirse al tribunal competente.

Para la medida cautelar hay tres presupuestos básicos: “el fumus boni iuris”, o el humo del buen derecho, es decir, que haya una certeza de que el derecho que se reclama justifica el daño en el que pueda verse sumida la persona contra quien se adopta la medida.

Si bien la ley no exige la certidumbre absoluta de la existencia del derecho que se reclama, es suficiente que exista la probabilidad de su existencia. Porque después declarar la certeza de la existencia del derecho que se reclama será la función de la sentencia definitiva.

El peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho: “el periculum in mora”. El tribunal tendrá que determinar si la medida cautelar solicitada es idónea, apta y apropiada para enfrentar y tirar por tierra el peligro y además evaluar si no es excesiva esa medida cautelar solicitada contra la parte que puede resultar dañada innecesariamente.

Y en tercer término está la “contracautela”. La contracautela es la garantía que debe ofrecer quien solicita la medida cautelar, a los efectos de asegurar que en el caso de que haya sido innecesaria la medida solicitada, y la misma solamente haya generado un daño innecesario, el solicitante de la medida podrá otorgarle el resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes si al decretarse la sentencia definitiva se le desestima la demanda.

Actualmente muchos abogados optan por solicitar la medida cautelar por excelencia, el embargo, contra un posible deudor, antes de deducir el derecho que tienen sobre éste. Las medidas cautelares de este tipo muchas veces son acogidas por los jueces y terminan generando un perjuicio mayor hacia el cautelado que lo que implica el derecho reclamado a éste, porque es como mandarlo preso antes de saber siquiera si estaba en el lugar del hecho.

El cautelado debe responder con sus bienes por una eventual responsabilidad y el daño que la misma le causa cuando no puede enajenar ni transferir absolutamente nada, además de manchar su buen nombre para transacciones futuras, es algo bastante pernicioso.

Por lo tanto, antes de adoptarla a la ligera, los magistrados deberían exigir el cumplimiento a rajatabla de sus tres requisitos a quienes las solicitan y sobre todo asegurarse que la contracautela ofrecida sea suficiente y ejecutable cuando el cautelado pase al otro lado del mostrador y quiera ejercer su derecho.

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La importancia del “piso de riesgo” en la defensa legal

El “piso de riesgo” se le llama a lo mínimo que puede esperar como resultado de una demanda quien es defendido por un abogado en el rol de demandado. Se trata de algo muy importante a la hora de avisarle a un cliente que espera tener el mejor resultado de un posible juicio, el más favorable posible, qué es lo que debe estar dispuesto a enfrentar, o a esperar de un fallo judicial que puede terminar condenándolo.
Esto ocurre con demandas de cualquier materia, pero fundamentalmente en el ámbito laboral, cuando se reciben muchos reclamos que pueden ser verdaderamente astronómicos y fuera de la realidad de lo que finalmente es lo que entiende un tribunal.
Si bien por un lado, los abogados laboralistas, cuando entablan un reclamo laboral, al pasar por el cernidor, que en este caso sería la instancia de tentativa de conciliación ante la oficina local del Ministerio de Trabajo, tienden a inflar en demasía el tenor de la pretensión de sus clientes, por otro lado, la parte reclamada tiende a querer desconocer, y en ese sentido a desinflar con esa actitud, lo que el otro intenta cobrarle.
Sin embargo hay que buscar un equilibrio entre ambas posiciones y saber preparar al cliente reclamado sobre los posibles daños que pueda sufrir, los que si bien pueden ser sensiblemente inferiores a los reclamados ante un tribunal, tampoco pueden ser tan mínimos como a veces esperan lograr de quienes actúan en su defensa.
Por lo general, haciendo uso y abuso del nuevo escenario en el que se encuentran las relaciones laborales, los abogados tienden a utilizar normativas que generan demasiadas expectativas en los trabajadores y los mal informan acerca de cuáles son sus derechos con tal de obtener beneficios posteriores.
Esto genera que las defensas argumenten todo lo contrario y echen por tierra una relación laboral que puede tener ajustes, pero ni tanto por reclamar ni tan poco por reconocer, entonces ahí es cuando entra en escena el llamado “piso de riesgo”, que es donde los abogados que defienden al reclamado deben alertarle sobre las posibilidades de que un juez reconozca determinados aspectos de las pretensiones esgrimidas por la contraria y los reclamos por más descabellados que parezcan, siempre tienen un aspecto a ser considerados por un juez.
Lo fundamental de todo esto, es la buena información que debe transmitirle el abogado a sus clientes. Debe ser transparente, clara, concisa y contundente. El resto lo hará el tribunal, pero el cliente tiene derecho a defenderse con normas claras e información precisa.
En ese caso, el llamado “piso de riesgo” debe estar presente para que no queden dudas a la hora de recibir un reclamo, de cuáles son las consecuencias a las que podrá enfrentarse posteriormente, para así hacerlo de la mejor manera posible. De eso se trata una buena defensa legal.

El “piso de riesgo” se le llama a lo mínimo que puede esperar como resultado de una demanda quien es defendido por un abogado en

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

el rol de demandado. Se trata de algo muy importante a la hora de avisarle a un cliente que espera tener el mejor resultado de un posible juicio, el más favorable posible, qué es lo que debe estar dispuesto a enfrentar, o a esperar de un fallo judicial que puede terminar condenándolo.

Esto ocurre con demandas de cualquier materia, pero fundamentalmente en el ámbito laboral, cuando se reciben muchos reclamos que pueden ser verdaderamente astronómicos y fuera de la realidad de lo que finalmente es lo que entiende un tribunal.

Si bien por un lado, los abogados laboralistas, cuando entablan un reclamo laboral, al pasar por el cernidor, que en este caso sería la instancia de tentativa de conciliación ante la oficina local del Ministerio de Trabajo, tienden a inflar en demasía el tenor de la pretensión de sus clientes, por otro lado, la parte reclamada tiende a querer desconocer, y en ese sentido a desinflar con esa actitud, lo que el otro intenta cobrarle.

Sin embargo hay que buscar un equilibrio entre ambas posiciones y saber preparar al cliente reclamado sobre los posibles daños que pueda sufrir, los que si bien pueden ser sensiblemente inferiores a los reclamados ante un tribunal, tampoco pueden ser tan mínimos como a veces esperan lograr de quienes actúan en su defensa.

Por lo general, haciendo uso y abuso del nuevo escenario en el que se encuentran las relaciones laborales, los abogados tienden a utilizar normativas que generan demasiadas expectativas en los trabajadores y los mal informan acerca de cuáles son sus derechos con tal de obtener beneficios posteriores.

Esto genera que las defensas argumenten todo lo contrario y echen por tierra una relación laboral que puede tener ajustes, pero ni tanto por reclamar ni tan poco por reconocer, entonces ahí es cuando entra en escena el llamado “piso de riesgo”, que es donde los abogados que defienden al reclamado deben alertarle sobre las posibilidades de que un juez reconozca determinados aspectos de las pretensiones esgrimidas por la contraria y los reclamos por más descabellados que parezcan, siempre tienen un aspecto a ser considerados por un juez.

Lo fundamental de todo esto, es la buena información que debe transmitirle el abogado a sus clientes. Debe ser transparente, clara, concisa y contundente. El resto lo hará el tribunal, pero el cliente tiene derecho a defenderse con normas claras e información precisa.

En ese caso, el llamado “piso de riesgo” debe estar presente para que no queden dudas a la hora de recibir un reclamo, de cuáles son las consecuencias a las que podrá enfrentarse posteriormente, para así hacerlo de la mejor manera posible. De eso se trata una buena defensa legal.

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La difamación tiene muchos límites

El delito de difamación así como el de injurias, que pretenden salvar el honor de las personas, tienen un margen muy estrecho que coliden con el de la libertad de expresión, y por eso son medidas con una regla muy especial, ya que pretende determinar si el mismo invadió la esfera jurídica que se pretende, o si las expresiones, que en este caso serían la acción a analizar, no alcanzan el tipo penal establecido porque simplemente están dentro del marco de la libertad de expresión de las personas, un derecho humano fundamental que no puede ser privado bajo ningún concepto.
Pero además, antes de pensar en la comisión de un delito de estas características por parte de un representante sindical, hay que tener especial cuidado en el blindaje jurídico que les otorga la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical. La norma establece ciertas características que permiten expresiones comprometidas por la dirigencia sindical uruguaya, y las protege por entender que de lo contrario peligraría la libertad sindical, consagrada en la Constitución de la República.
En ese aspecto, el delito de difamación establecido en el artículo 333 del Código Penal uruguayo refiere a que: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.
Además, muy similar pero diferente es el delito de injuria que está enmarcado en el artículo 334 y dice: “El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de 60 U.R. (sesenta unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables)”.
Todo esto, siempre y cuando el hecho que se divulgue no sea verdad y tampoco haya pruebas que verifiquen los dichos. Mucho más si se trata de dirigentes sindicales que cuentan con elementos para expresar sus denuncias ante sus afiliados, que es el ámbito donde deben hacerlo. Hay que tener cuidado al manejar estas figuras penales y entender el contexto en el que estamos inmersos antes de dar un paso que pueda ser en falso.

El delito de difamación así como el de injurias, que pretenden salvar el honor de las personas, tienen un margen muy estrecho que coliden con el de la libertad de expresión, y por eso son medidas con una regla muy especial, ya que pretende determinar si el mismo

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

invadió la esfera jurídica que se pretende, o si las expresiones, que en este caso serían la acción a analizar, no alcanzan el tipo penal establecido porque simplemente están dentro del marco de la libertad de expresión de las personas, un derecho humano fundamental que no puede ser privado bajo ningún concepto.

Pero además, antes de pensar en la comisión de un delito de estas características por parte de un representante sindical, hay que tener especial cuidado en el blindaje jurídico que les otorga la ley Nº17.940 de promoción y protección de la libertad sindical. La norma establece ciertas características que permiten expresiones comprometidas por la dirigencia sindical uruguaya, y las protege por entender que de lo contrario peligraría la libertad sindical, consagrada en la Constitución de la República.

En ese aspecto, el delito de difamación establecido en el artículo 333 del Código Penal uruguayo refiere a que: “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría, o multa de 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables)”.

Además, muy similar pero diferente es el delito de injuria que está enmarcado en el artículo 334 y dice: “El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión o multa de 60 U.R. (sesenta unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables)”.

Todo esto, siempre y cuando el hecho que se divulgue no sea verdad y tampoco haya pruebas que verifiquen los dichos. Mucho más si se trata de dirigentes sindicales que cuentan con elementos para expresar sus denuncias ante sus afiliados, que es el ámbito donde deben hacerlo. Hay que tener cuidado al manejar estas figuras penales y entender el contexto en el que estamos inmersos antes de dar un paso que pueda ser en falso.

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Ley declaró “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”

Una de las dos leyes promulgadas hasta ahora por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo, tiene una lectura muy ambigua, ya que si bien apunta a reconstruir la identidad nacional a través de los nuevos tiempos, e institucionalizar la idea de que la dictadura como forma de gobierno totalitario es mala para el país, denominando al 27 de junio como el “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, también establece en su articulado que esto es “de interés general para el sistema educativo” y que el rol que cumplieron los distintos actores debe ser divulgado.
Se trata de la Ley Nº 19.211 que fue promulgada hace pocos días y que en ese aspecto, pone en riesgo los postulados del laicismo que debe imperar como norma general en el sistema educativo uruguayo.
¿POLÉMICA?
Esta ley constituye pura denominación de carácter político. Se trata de darle forma a un hecho que cobra vigencia institucional sobre todo en los tiempos que corren. Si bien hay unanimidad en ponerle nombre a la recordación. Lo que cuestionaron algunos legisladores, fue el hecho que la norma involucre al sistema educativo a hablar sobre el punto.
En su artículo 1º, la ley de marras señala que: Declárase el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia” honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Artículo 2º: Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos,  partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones en oposición al golpe de estado, en la convocatoria a la Huelga General.
Artículo 3º: La Asamblea General, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, organizarán actividades públicas para la evocación de estos hechos.
Artículo 4º: Las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, destinarán en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de estado.
Este último artículo refiere a una injerencia directa del Estado con la coacción a través de la ley a que se cumpla con la difusión y recordación de los hechos acontecidos en el año 1973.

Una de las dos leyes promulgadas hasta ahora por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo, tiene una lectura muy ambigua, ya que si bien apunta a reconstruir la identidad nacional a través de los nuevos tiempos, e institucionalizar la idea de que la dictadura como

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

forma de gobierno totalitario es mala para el país, denominando al 27 de junio como el “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, también establece en su articulado que esto es “de interés general para el sistema educativo” y que el rol que cumplieron los distintos actores debe ser divulgado.

Se trata de la Ley Nº 19.211 que fue promulgada hace pocos días y que en ese aspecto, pone en riesgo los postulados del laicismo que debe imperar como norma general en el sistema educativo uruguayo.

¿POLÉMICA?

Esta ley constituye pura denominación de carácter político. Se trata de darle forma a un hecho que cobra vigencia institucional sobre todo en los tiempos que corren. Si bien hay unanimidad en ponerle nombre a la recordación. Lo que cuestionaron algunos legisladores, fue el hecho que la norma involucre al sistema educativo a hablar sobre el punto.

En su artículo 1º, la ley de marras señala que: Declárase el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia” honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Artículo 2º: Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos,  partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y otras organizaciones en oposición al golpe de estado, en la convocatoria a la Huelga General.

Artículo 3º: La Asamblea General, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, organizarán actividades públicas para la evocación de estos hechos.

Artículo 4º: Las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, destinarán en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de estado.

Este último artículo refiere a una injerencia directa del Estado con la coacción a través de la ley a que se cumpla con la difusión y recordación de los hechos acontecidos en el año 1973.

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El efecto vinculante del principio de congruencia

“El principio de congruencia en el proceso penal uruguayo, que establece que el juez debe fallar acorde a lo que le pide el fiscal, es eso, un principio, y por ende el mismo no es ley y por lo tanto no tiene efecto vinculante ante el juez para que adopte una decisión”, explicaba un juez ante la consulta realizada por quien esto escribe, de por qué en el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, se lo procesó con prisión por el delito de abuso de funciones, cuando el fiscal, que es el titular de la acción penal, no lo pidió así.
Y en ese aspecto, el magistrado apuntaba que el principio de congruencia, tiende a unificar la acción penal entre lo que entiende el fiscal que ocurrió en el caso para que lo que establezca el fallo del juez, no vaya por otro andarivel distinto y de esa forma, el proceso tenga un sentido más uniforme.
Acorde entre lo que establece el dictamen fiscal, tras su actuación como titular de la acción penal durante el presumario y el proceso posterior, y la decisión que adopte el juez de la causa.
En ese aspecto, en el caso reciente del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, que fue procesado con prisión por la jueza del caso, luego que el fiscal entendiera que siendo autor de un delito de abuso de funciones,  debía ser procesado, esto enjuiciado penalmente, pero sin la prisión preventiva como medida cautelar, ya que entendía que toda la prueba para esa instancia había sido agotada y que además, no había peligro de fuga, por lo cual estos elementos se sumaban a la condición de primario del intendente.
Empero, la magistrada actuante, Virginia Ginares, entendió con total independencia de criterio y autonomía de la voluntad, que el alto cargo que ostentaba el entonces jefe comunal y la continuidad del mismo delito, ameritaba la prisión preventiva como castigo.
La medida fue impugnada por los abogados de Zimmer que entre otros fundamentos esgrimido en el recurso de apelación, se encontraba el del incumplimiento al principio de congruencia.
Sin embargo, entre la doctrina, se adopta como un principio de regla y que debe ser cumplido, más que respetado, como si de lo contrario se incurriera en una falta grave.
Pero la jueza Ginares, entendía lo mismo que su colega, que fue consultado días pasados por este articulista, quien argumentó a favor de que el principio de congruencia, no tiene un efecto vinculante y que lo actuado por su colega, es de recibo.
Por lo tanto, el procesamiento con prisión de Zimmer es tan válido como la tipificación del delito adjudicado.

“El principio de congruencia en el proceso penal uruguayo, que establece que el juez debe fallar acorde a lo que le pide el fiscal, es eso, un principio, y por ende el mismo no es ley y por lo tanto no tiene efecto vinculante ante el juez para que adopte una decisión”,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

explicaba un juez ante la consulta realizada por quien esto escribe, de por qué en el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, se lo procesó con prisión por el delito de abuso de funciones, cuando el fiscal, que es el titular de la acción penal, no lo pidió así.

Y en ese aspecto, el magistrado apuntaba que el principio de congruencia, tiende a unificar la acción penal entre lo que entiende el fiscal que ocurrió en el caso para que lo que establezca el fallo del juez, no vaya por otro andarivel distinto y de esa forma, el proceso tenga un sentido más uniforme.

Acorde entre lo que establece el dictamen fiscal, tras su actuación como titular de la acción penal durante el presumario y el proceso posterior, y la decisión que adopte el juez de la causa.

En ese aspecto, en el caso reciente del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, que fue procesado con prisión por la jueza del caso, luego que el fiscal entendiera que siendo autor de un delito de abuso de funciones,  debía ser procesado, esto enjuiciado penalmente, pero sin la prisión preventiva como medida cautelar, ya que entendía que toda la prueba para esa instancia había sido agotada y que además, no había peligro de fuga, por lo cual estos elementos se sumaban a la condición de primario del intendente.

Empero, la magistrada actuante, Virginia Ginares, entendió con total independencia de criterio y autonomía de la voluntad, que el alto cargo que ostentaba el entonces jefe comunal y la continuidad del mismo delito, ameritaba la prisión preventiva como castigo.

La medida fue impugnada por los abogados de Zimmer que entre otros fundamentos esgrimido en el recurso de apelación, se encontraba el del incumplimiento al principio de congruencia.

Sin embargo, entre la doctrina, se adopta como un principio de regla y que debe ser cumplido, más que respetado, como si de lo contrario se incurriera en una falta grave.

Pero la jueza Ginares, entendía lo mismo que su colega, que fue consultado días pasados por este articulista, quien argumentó a favor de que el principio de congruencia, no tiene un efecto vinculante y que lo actuado por su colega, es de recibo.

Por lo tanto, el procesamiento con prisión de Zimmer es tan válido como la tipificación del delito adjudicado.

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Equilibrar el tenor de las reclamaciones

Un alud de reclamaciones laborales se han precipitado sobre los estrados de los juzgados laborales de todo el país en los últimos tiempos. Si bien se trata de una de las muestras más evidentes de que el mundo de las relaciones laborales ha tenido una transformación muy importante en la ultima década, por la cantidad de leyes que han sido sancionadas buscando un “equilibrio en las relaciones laborales”, la situación ha ameritado también otras cosas que es bueno ponerse a reflexionar.
Días pasados, trascendió en los pasillos de uno de los juzgados de Salto donde se dirimen este tipo de cuestiones, que una mujer que trabajó casi cuatro meses en una casa como empleada doméstica y que lo hacía en un régimen de tres veces por semana, demandó a su ex empleadora, luego que ésta cesara sus servicios por su situación económica.
El caso es que la ex empleada consiguió que un abogado le firmara una demanda por unos 250 mil pesos, sumando costosas horas extras, servicios que trascendían la función de doméstica y otros hechos, como gastos de traslados, enfermedades que habría contraído trabajando en el lugar, entre otros puntos. La situación, más allá de su veracidad, fue vista como excesiva por la parte demandada y al no haber acuerdo en la instancia administrativa, ahora el caso lo dilucidará un juez, con todo lo que ello implica sobre todo para la demandada, cuando ésta pertenece a la clase media trabajadora y no ostenta ninguna empresa de la que fluya un mayor caudal de dinero.
Asimismo, días más tarde, llegó hasta los estrados judiciales que entienden en materia laboral otra demanda considerada exorbitante, pero que causó revuelo entre los operadores del sistema. Se trataba de otro caso de una empleada doméstica que llevó al juzgado un reclamo por 1 millón de pesos. Tomando en cuenta que su trabajo era de acompañamiento de una persona que es adulto mayor, a la que además le realizaba servicios de limpieza en su hogar.
El caso aún está por comenzar a dilucidarse a nivel judicial y en ese sentido, los abogados de la parte demandada, intentarán derribar el monto por entenderlo excesivo.
Pero este tipo de situaciones, según comentaban algunos operadores judiciales, se ha vuelto moneda corriente, ya que la sucesiva sanción de leyes que ha formalizado determinadas tareas y a las cuales se les ha especificado una serie de categorías y detalles que complejizado más el asunto, ha generado que muchos de los letrados que patrocinan este tipo de casos, consideren que pueden estirar las leyes como si fueran un chicle, hasta ver adonde llegan, con tal de obtener un rédito económico, sin importar el grado de veracidad de tal reclamación.
En ese sentido, quienes llevan adelante demandas de estas características, sientan precedentes de querer alcanzar reclamaciones faraónicas, en casos cuya realidad no se ajusta a lo reclamado. Entonces, la avalancha de leyes que ha permitido establecer como una verdad revelada el principio del “in dubio pro operario” (ante la duda, hay que ir a favor del trabajador), ha legitimado de manera categórica que el trabajador siempre tiene la razón, a la que se le suman abogados que se prestan para impulsar situaciones que van atadas a una coyuntura sociopolítica que puede ayudar a que este tipo de casos prosperen.
En ese aspecto, y siguiendo un rigor científico, yéndonos al plano jurídico, debería haber más equilibrio por parte de los trabajadores y de sus abogados a la hora de hacer reclamaciones, porque muchas veces el daño que puedan causar a personas que comparten su esfuerzo para darles empleo, puede volverse una causa para que la sociedad comience a tomar precauciones, y la mayoría de las puertas empiecen a cerrarse para evitar después juicios de todo tipo, que no le hacen nada bien ni al sistema judicial en sí, ni mucho menos al mundo del Derecho laboral que lejos de emparejar, vuelca la balanza hacia partes que muchas veces, no son las más débiles. Por eso, es buena cosa pensar en los equilibrios.

Un alud de reclamaciones laborales se han precipitado sobre los estrados de los juzgados laborales de todo el país en los últimos

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

tiempos. Si bien se trata de una de las muestras más evidentes de que el mundo de las relaciones laborales ha tenido una transformación muy importante en la ultima década, por la cantidad de leyes que han sido sancionadas buscando un “equilibrio en las relaciones laborales”, la situación ha ameritado también otras cosas que es bueno ponerse a reflexionar.

Días pasados, trascendió en los pasillos de uno de los juzgados de Salto donde se dirimen este tipo de cuestiones, que una mujer que trabajó casi cuatro meses en una casa como empleada doméstica y que lo hacía en un régimen de tres veces por semana, demandó a su ex empleadora, luego que ésta cesara sus servicios por su situación económica.

El caso es que la ex empleada consiguió que un abogado le firmara una demanda por unos 250 mil pesos, sumando costosas horas extras, servicios que trascendían la función de doméstica y otros hechos, como gastos de traslados, enfermedades que habría contraído trabajando en el lugar, entre otros puntos. La situación, más allá de su veracidad, fue vista como excesiva por la parte demandada y al no haber acuerdo en la instancia administrativa, ahora el caso lo dilucidará un juez, con todo lo que ello implica sobre todo para la demandada, cuando ésta pertenece a la clase media trabajadora y no ostenta ninguna empresa de la que fluya un mayor caudal de dinero.

Asimismo, días más tarde, llegó hasta los estrados judiciales que entienden en materia laboral otra demanda considerada exorbitante, pero que causó revuelo entre los operadores del sistema. Se trataba de otro caso de una empleada doméstica que llevó al juzgado un reclamo por 1 millón de pesos. Tomando en cuenta que su trabajo era de acompañamiento de una persona que es adulto mayor, a la que además le realizaba servicios de limpieza en su hogar.

El caso aún está por comenzar a dilucidarse a nivel judicial y en ese sentido, los abogados de la parte demandada, intentarán derribar el monto por entenderlo excesivo.

Pero este tipo de situaciones, según comentaban algunos operadores judiciales, se ha vuelto moneda corriente, ya que la sucesiva sanción de leyes que ha formalizado determinadas tareas y a las cuales se les ha especificado una serie de categorías y detalles que complejizado más el asunto, ha generado que muchos de los letrados que patrocinan este tipo de casos, consideren que pueden estirar las leyes como si fueran un chicle, hasta ver adonde llegan, con tal de obtener un rédito económico, sin importar el grado de veracidad de tal reclamación.

En ese sentido, quienes llevan adelante demandas de estas características, sientan precedentes de querer alcanzar reclamaciones faraónicas, en casos cuya realidad no se ajusta a lo reclamado. Entonces, la avalancha de leyes que ha permitido establecer como una verdad revelada el principio del “in dubio pro operario” (ante la duda, hay que ir a favor del trabajador), ha legitimado de manera categórica que el trabajador siempre tiene la razón, a la que se le suman abogados que se prestan para impulsar situaciones que van atadas a una coyuntura sociopolítica que puede ayudar a que este tipo de casos prosperen.

En ese aspecto, y siguiendo un rigor científico, yéndonos al plano jurídico, debería haber más equilibrio por parte de los trabajadores y de sus abogados a la hora de hacer reclamaciones, porque muchas veces el daño que puedan causar a personas que comparten su esfuerzo para darles empleo, puede volverse una causa para que la sociedad comience a tomar precauciones, y la mayoría de las puertas empiecen a cerrarse para evitar después juicios de todo tipo, que no le hacen nada bien ni al sistema judicial en sí, ni mucho menos al mundo del Derecho laboral que lejos de emparejar, vuelca la balanza hacia partes que muchas veces, no son las más débiles. Por eso, es buena cosa pensar en los equilibrios.

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Ley exonera tributos a la vivienda social

En el mes de octubre del 2011 quedó vigente la ley 18.795 que se denomina de Beneficios Tributarios a la Adquisición de Viviendas de Interés Social. La misma prevé una serie de requisitos para su acceso y su intención es básicamente promover la inversión en obra privada, exonerando de una serie de tributos que gravan la construcción, ampliación, reciclaje o refacción de las mismas.
CUÁLES SON
A los efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que; Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas. Que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población. Que Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados. Que Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social. Que Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.
Beneficios tributarios.
El artículo 4º de la ley 18.795 prevé otorgar los siguientes beneficios: A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto. B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del costo de adquisición de los inmuebles. C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas.
F) Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social. G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior.

En el mes de octubre del 2011 quedó vigente la ley 18.795 que se denomina de Beneficios Tributarios a la Adquisición de Viviendas

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

de Interés Social. La misma prevé una serie de requisitos para su acceso y su intención es básicamente promover la inversión en obra privada, exonerando de una serie de tributos que gravan la construcción, ampliación, reciclaje o refacción de las mismas.

CUÁLES SON

A los efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en cuenta aquellos proyectos y actividades que; Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas. Que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población. Que Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados. Que Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social. Que Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.

Beneficios tributarios.

El artículo 4º de la ley 18.795 prevé otorgar los siguientes beneficios: A) Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto. B) Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del costo de adquisición de los inmuebles. C) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. E) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas.

F) Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social. G) Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior.

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Una ley que juega para un solo lado

La ley de responsabilidad empresarial juega su partido a poco tiempo de las elecciones con un peso importante dentro y fuera del mundo del Derecho. Es mucho más que una norma, sino que establece una incidencia importante en materia política para determinar leyes convenientes a sectores determinados de la población.
Ahora los sindicatos cuentan con un brazo importante en el parlamento para hacer leyes a su medida, que no toman la realidad con todas las aristas tal como debería ser.
Se trata de una ley muy ambigua y con sentido amplio, la que deja en claro que adopta una posición concreta hacia una de las partes y además no establece obligaciones para quienes la impulsaron que son la supuesta parte débil del asunto, los trabajadores.
A éstos nos les impone el deber de que exijan todos los implementos necesarios para evitar siniestros y tampoco los obliga a ser diligentes en la utilización de los mismos.
Y esto, por más que se considere que no es necesario, sí lo es. Porque la negligencia existe en todos los órdenes y si un trabajador no toma los recaudos pertinentes, en caso de que se produzca un siniestro que tenga resultado fatal, será el empleador quien deberá probar que obró con la diligencia debida y que fue el trabajador el que no tomó los recaudos necesarios, algo que se hará sumamente complejo a la hora de hacer efectiva la carga de la prueba ante un juez y que tendrá incluso un efecto hasta de inversión de la carga de la prueba para el empleador. Sumado a que en derecho laboral, encima tendrá que remar contra el principio in dubio pro operario, que siempre juega y más en este caso.
Este tema es importante, porque cualquier persona puede ser la parte empleadora de la que habla la nueva ley, basta con contratar a una persona para que realice una actividad en su casa y por más que se cumpla con todos los recaudos para que no se produzca siniestralidad alguna, el empleador quedará a merced de la conducta responsable del trabajador. Y en ese caso, siempre está en desventaja, porque puede tomar recaudos por él, pero no sabe cómo va a actuar el otro.
Se trata de una ley que tampoco sería necesaria teniendo en cuenta que a nivel del Derecho Civil existe la reparación por daños en casos de siniestralidad por responsabilidad extracontractual, y ahora la existencia de una ley de estas características solamente genera controversias mayores que ponen en situación de vulnerabilidad a los empleadores.
Entonces, si usted quiere refaccionar el techo de su casa, además de vigilar que le hagan bien el trabajo y no le hagan mal las cosas, deberá controlar que los operarios sean diligentes y que no hagan como varios obreros del SUNCA, que cuando están en algunas obras no usan guantes o el casco protector, porque sienten calor, trasladándole la responsabilidad al empleador que luego deberá probar esto, si puede hacerlo.
Aunque considero que una ley debe existir, pero en este caso, faltó la exigencia al trabajador de que tome los recaudos necesarios para evitar siniestros de cualquier índole y que tenga además una conducta responsable, esto para cumplir con la igualdad de las partes, algo que siempre debería existir en toda ley que se vote. Pero los tiempos políticos exigen otras cosas y eso escapa a lo jurídico, algo que se vuelve lamentable.

La ley de responsabilidad empresarial juega su partido a poco tiempo de las elecciones con un peso importante dentro y fuera del mundo del Derecho. Es mucho más que una norma, sino que establece una incidencia importante en materia política para determinar leyes convenientes a sectores determinados de la población.

Ahora los sindicatos cuentan con un brazo importante en el parlamento para hacer leyes a su medida, que no toman la realidad con

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

todas las aristas tal como debería ser.

Se trata de una ley muy ambigua y con sentido amplio, la que deja en claro que adopta una posición concreta hacia una de las partes y además no establece obligaciones para quienes la impulsaron que son la supuesta parte débil del asunto, los trabajadores.

A éstos nos les impone el deber de que exijan todos los implementos necesarios para evitar siniestros y tampoco los obliga a ser diligentes en la utilización de los mismos.

Y esto, por más que se considere que no es necesario, sí lo es. Porque la negligencia existe en todos los órdenes y si un trabajador no toma los recaudos pertinentes, en caso de que se produzca un siniestro que tenga resultado fatal, será el empleador quien deberá probar que obró con la diligencia debida y que fue el trabajador el que no tomó los recaudos necesarios, algo que se hará sumamente complejo a la hora de hacer efectiva la carga de la prueba ante un juez y que tendrá incluso un efecto hasta de inversión de la carga de la prueba para el empleador. Sumado a que en derecho laboral, encima tendrá que remar contra el principio in dubio pro operario, que siempre juega y más en este caso.

Este tema es importante, porque cualquier persona puede ser la parte empleadora de la que habla la nueva ley, basta con contratar a una persona para que realice una actividad en su casa y por más que se cumpla con todos los recaudos para que no se produzca siniestralidad alguna, el empleador quedará a merced de la conducta responsable del trabajador. Y en ese caso, siempre está en desventaja, porque puede tomar recaudos por él, pero no sabe cómo va a actuar el otro.

Se trata de una ley que tampoco sería necesaria teniendo en cuenta que a nivel del Derecho Civil existe la reparación por daños en casos de siniestralidad por responsabilidad extracontractual, y ahora la existencia de una ley de estas características solamente genera controversias mayores que ponen en situación de vulnerabilidad a los empleadores.

Entonces, si usted quiere refaccionar el techo de su casa, además de vigilar que le hagan bien el trabajo y no le hagan mal las cosas, deberá controlar que los operarios sean diligentes y que no hagan como varios obreros del SUNCA, que cuando están en algunas obras no usan guantes o el casco protector, porque sienten calor, trasladándole la responsabilidad al empleador que luego deberá probar esto, si puede hacerlo.

Aunque considero que una ley debe existir, pero en este caso, faltó la exigencia al trabajador de que tome los recaudos necesarios para evitar siniestros de cualquier índole y que tenga además una conducta responsable, esto para cumplir con la igualdad de las partes, algo que siempre debería existir en toda ley que se vote. Pero los tiempos políticos exigen otras cosas y eso escapa a lo jurídico, algo que se vuelve lamentable.

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Es mejor notificar, que perder plata

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.
Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.
Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.
Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.
En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.
Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.
Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.

“Como el Estado no siempre tiene la razón, al menos siempre debe ganar”. Ese debería ser el ley motive del nuevo sistema automatizado que instrumentó la DGI, con la finalidad de poder interrumpir la prescripción en curso de cualquier deuda que alguien tenga con el fisco, así se asegura de cobrar y no perder, tal como lo venía haciendo en los últimos tiempos.

Que vivimos en tiempos políticos de un Estado netamente recaudador y fiscalista eso no cabe dudas, ya que la actual administración

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

así lo demuestra con todas las reformas introducidas en el sistema tributario de nuestro país, que sigue pecando de injusto al vulnerar la capacidad contributiva de los contribuyentes.

Ya que si bien el espíritu que impulsó el actual sistema tributario, fue basado en el principio de justicia distributiva, del cual ilustra el filósofo inglés John Rawls, con el famoso “que pague más el que tiene más y menos el que menos tiene”, con el actual sistema que grava al que más trabajos tiene y no al que más capital posee.

Con esa misma filosofía, es que la DGI diseñó hace algún tiempo un sistema donde le cae a todo y a todos. Hasta una abuela que vive cerca de mi casa y que apenas cobra una mísera jubilación que no llega a los 8.500 pesos mensuales, me mostró que mediante una notificación del órgano recaudador del Estado debe presentar una declaración jurada de ingresos y manifestar si le debe a la DGI por algún concepto. Más que una notificación fue un gasto en tinta, papel y envío absurdo por parte del ente, pero ellos no se preocupan, total, lo pagamos todos.

En ese aspecto, es bueno repasar lo que dice la normativa sobre el asunto. En ese caso, el artículo 38 del Código Tributario, señala que “El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado (…)”, lo que traduce claramente que si la DGI no cobró dentro de los cinco años, por lo cuales cuenta el año civil que termina el 31 de diciembre y no cobró, ya no puede hacerlo.

Pero en segundo inciso del mismo artículo menciona que “el término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, (esto es cuando) no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho”. Esto es por ejemplo, el no pago de una deuda cuando el mismo deba cumplirse por una acción que de lugar al hecho generador de un tributo.

Aunque todo tiene vuelta y como en el artículo 39 de Código Tributario, sostiene que la “prescripción del derecho al cobro de los tributos se interrumpirá por acta final de inspección; por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo; (…)”. Como era casi imposible, la DGI prefiere mandarle a cada uno de los ciudadanos una notificación para que se presente y haga una declaración jurada por más insignificante que sea la misma, con tal de interrumpir la posible prescripción de alguna deuda que se les haya pasado.

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El principio de igualdad no se cumple en Uruguay

El artículo 8º de la Constitución de la República establece el principio de igualdad ante la ley que rige para todos los ciudadanos del país. Pero como todo en derecho, una cosa es lo que dice el texto de la ley y otra muy distinta es su aplicación por la mano de los hombres.
El otro día un joven que venía de Concordia fue sometido a un riguroso control por parte de los funcionarios aduaneros que están en el puente de Salto Grande. Le sacaron dos frascos de shampoo que traía para su consumo y le dijeron que como todavía estaba vigente el “cero kilo”, no podía pasarlos. El hombre, reaccionó en forma iracunda y prefirió destrozar la mercadería ante la cara impávida del funcionario, que entregárselo, por dudar (quien no) de su destino, ya que no se tragaba la pastilla de que ambos productos para el cabello fueran a parar al depósito de la Aduana.
El argumento a mi juicio debió haber sido: el día que Aduana reprenda a todos los que viven del contrabando y que han aumentado su patrimonio gracias al enriquecimiento ilícito y estos sean procesados, el día que esos mismos funcionarios que te miran de reojo como a un delincuente por cruzar hacia Concordia hayan desabastecido al Bagashopping, el día que no haya más productos de contrabando en las tiendas del centro de la ciudad y que hagan cumplir la norma a rajatabla, que me detengan.
Mientras tanto, cada vez que haya una revisión en el paso de frontera por el cero kilo, los ciudadanos deberían no permitirla y exigir el cumplimiento del artículo 8º de la Constitución, y que la ley se aplique para todos los ciudadanos de este país. De lo contrario, ellos mismos serán los que están violando la Constitución y podrían ser denunciados.

El artículo 8º de la Constitución de la República establece el principio de igualdad ante la ley que rige para todos los ciudadanos del país. Pero como todo en derecho, una cosa es lo que dice el texto de la ley y otra muy distinta es su aplicación por la mano de los

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

hombres.

El otro día un joven que venía de Concordia fue sometido a un riguroso control por parte de los funcionarios aduaneros que están en el puente de Salto Grande. Le sacaron dos frascos de shampoo que traía para su consumo y le dijeron que como todavía estaba vigente el “cero kilo”, no podía pasarlos. El hombre, reaccionó en forma iracunda y prefirió destrozar la mercadería ante la cara impávida del funcionario, que entregárselo, por dudar (quien no) de su destino, ya que no se tragaba la pastilla de que ambos productos para el cabello fueran a parar al depósito de la Aduana.

El argumento a mi juicio debió haber sido: el día que Aduana reprenda a todos los que viven del contrabando y que han aumentado su patrimonio gracias al enriquecimiento ilícito y estos sean procesados, el día que esos mismos funcionarios que te miran de reojo como a un delincuente por cruzar hacia Concordia hayan desabastecido al Bagashopping, el día que no haya más productos de contrabando en las tiendas del centro de la ciudad y que hagan cumplir la norma a rajatabla, que me detengan.

Mientras tanto, cada vez que haya una revisión en el paso de frontera por el cero kilo, los ciudadanos deberían no permitirla y exigir el cumplimiento del artículo 8º de la Constitución, y que la ley se aplique para todos los ciudadanos de este país. De lo contrario, ellos mismos serán los que están violando la Constitución y podrían ser denunciados.

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Una extensión de plazos para pagos al BPS que puede servir

Entre tanta lesividad estatal a la hora de imponer la carga tributaria sobre el lomo de los uruguayos por parte de la administración, una ley promulgada el pasado mes de diciembre, establece una extensión al régimen de facilidades de pago para asociaciones sin fines de lucro y para micro y pequeñas empresas por deudas devengadas con el BPS a julio del 2013.
Se trata de la Ley Nº 19.185, que establece una extensión al régimen de facilidades de pago  de las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo las deudas por aportes al Fonasa.
El articulado de la norma también sostiene que en el caso de que sea planteado ante el organismo y contando con la aprobación del directorio del BPS, el régimen de extensión de facilidades de pago previsto por la presente ley, también podrá alcanzar a otras categorías de empresas que pretendan verse beneficiadas con la extensión del pago de las CESS.
Además, los titulares de las empresas monotributistas podrán reconocer servicios anteriores a su incorporación a ese régimen,  hasta cinco años anteriores y no más del doble, con prueba documental mediante.
Como no podía ser de otra manera, luego de establecer un régimen benigno para pagar deudas atrasadas con el fisco, la ley también habilita al BPS, ente recaudador de las CESS, a multar y clausurar a empresas que tengan presunción de haber cometido defraudación al Estado con subfacturación o no haya declarado trabajadores que tenga a su cargo. Esto último, también es considerado parte de las perlas de un mismo collar, un Estado que da, pero también quita.

Entre tanta lesividad estatal a la hora de imponer la carga tributaria sobre el lomo de los uruguayos por parte de la administración, una ley promulgada el pasado mes de diciembre, establece una extensión al régimen de facilidades de pago para asociaciones sin fines de lucro y para micro y pequeñas empresas por deudas devengadas con el BPS a julio del 2013.

Se trata de la Ley Nº 19.185, que establece una extensión al régimen de facilidades de pago  de las Contribuciones Especiales a la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Seguridad Social (CESS) recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo las deudas por aportes al Fonasa.

El articulado de la norma también sostiene que en el caso de que sea planteado ante el organismo y contando con la aprobación del directorio del BPS, el régimen de extensión de facilidades de pago previsto por la presente ley, también podrá alcanzar a otras categorías de empresas que pretendan verse beneficiadas con la extensión del pago de las CESS.

Además, los titulares de las empresas monotributistas podrán reconocer servicios anteriores a su incorporación a ese régimen,  hasta cinco años anteriores y no más del doble, con prueba documental mediante.

Como no podía ser de otra manera, luego de establecer un régimen benigno para pagar deudas atrasadas con el fisco, la ley también habilita al BPS, ente recaudador de las CESS, a multar y clausurar a empresas que tengan presunción de haber cometido defraudación al Estado con subfacturación o no haya declarado trabajadores que tenga a su cargo. Esto último, también es considerado parte de las perlas de un mismo collar, un Estado que da, pero también quita.

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Aprovechando la Feria, habría que pensar en un nuevo juzgado Penal para Salto

Para la justicia estamos de Feria, algo que al sistema le sirve para dos cosas: bajar la pelota al piso y revisar todos los casos que vienen siendo atrasados por la burocracia que imponen los plazos procesales, los que muchas veces se extienden mucho más allá de lo previsto en el CGP, entonces los funcionarios se dedican a ver qué está pasando con tal o cual asunto que viene atrasado, con tal documento que aún no llegó a la sede y con todo esto, si realmente funcionara así, se busca poner un poco la casa en orden.

Pero también sirve para que quienes no se ven beneficiados con la licencia mensual en el mes de enero, algo que muchas veces les toca a los funcionarios de mayor experiencia y sobre todo a los que ocupan cargos profesionales, llegan al habitual recinto laboral más flojos de ropa, sin tanta solemnidad y con menos protocolo, se sientan más distendidos y pueden ver pasar el verano por la ventana de la oficina.

Aunque para la Justicia Penal no todo es tanta Feria, ya que la actividad se vuelve intensa porque la gente no descansa porque sea enero y estén todos de asueto, las personas se comportan como les dicta la conciencia y eso promueve denuncias, actuaciones policiales y remisiones ante el juzgado que debe poner a un juez de turno, llamado juez de feria, para que adopte resoluciones y en tal sentido, actúe como la ley lo establece.

Sin embargo, da la sensación que en muchos casos, los jueces de Feria, que subrogan a los titulares de esas sedes durante las vacaciones, se toman los temas con mayor tranquilidad y apuestan a tirar la pelota para adelante. “Que se encargue el que viene”, algo así como “Yo lo proceso y el resto no me corresponde, que lo maneje el titular de la sede”.

Esto puede llegar a causar un perjuicio para el justiciable, ya que muchos procesamientos que son dictados por jueces cuya materia no es el derecho penal, pero que por una cuestión administrativa deben cumplir con ese rol durante un tiempo, pueden generar un perjuicio para la sociedad.

Pero más allá de esto, hay algo que es muy importante destacar y tener en cuenta, que ante tanta cantidad de casos que surgen diariamente en materia Penal, sería necesario reclamar para Salto la creación de un nuevo Juzgado Penal que ayude a atender la andanada de hechos que se registran cada día, pero sobre todo a resolver muchos de los temas que quedan inconclusos o que demoran sobre todo por la falta de capacidad resolutiva que tienen las dos sedes ya existentes.

En ese sentido, los altos magistrados deberían tener en cuenta esto a la hora de invertir el magro presupuesto que tiene el Poder Judicial, que tiende a crear oficinas en otros puntos del país, pero que descuida al norte del país, que se ve necesitado de generar instrumentos de respuestas a los reclamos de la gente y la creación de una nueva sede penal, ante el crecimiento demográfico del departamento y la conflictividad existente, no está mal pensarlo.

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Para los amigos de la OCDE: Uruguay ratificó acuerdo de intercambio de información tributaria con Noruega

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.
La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.
El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.
El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.
“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.
Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.
El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.
El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.
También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.
El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.
Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.
Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.
Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.

Ahora sí estamos a tono de lo que nos pide la OCDE que nos incluyó en una lista de 20 países considerados paraísos fiscales y sobre todo de lo que nos reclaman nuestros hermanos argentinos, quienes también nos han llamado paraísos fiscales, piratas y otras cosas, por el mero hecho de que mantenemos vigente el secreto bancario, en el decreto ley 15.322, que protege la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.

La última ley de diciembre del 2013, la Nº 19.170, ratifica en un artículo único, el intercambio de información tributaria suscrita entre el gobierno uruguayo y el del Reino de Noruega, uno de los países de primer mundo con mejor estándar de vida y mayor seguridad jurídica.

El acuerdo suscrito, fue logrado en el marco de una visita del presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía,

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Fernando Lorenzo, a Oslo (capital del país escandinavo) pero firmado algunos meses más tarde en París, en el año 2011, donde tiene sede la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, compuesta por 34 Estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

En esa oportunidad, Uruguay estaba empezando a afianzar sus lazos con las naciones del primer mundo y lograron suscribir distintos acuerdos, entre ellos y quizás el más importante, el de intercambio de información tributaria, el cual servirá según dice su texto, para que ambos países puedan solicitarse datos de personas físicas o jurídicas con giro en esos países, con la finalidad de verificar la carga impositiva de quienes las partes tengan en interés en conocer.

El convenio dice que “las autoridades competentes de las partes contratantes se prestarán asistencia mediante intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que se refiere el presente acuerdo”.

“La información comprende la que pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y reclamación de ejecuciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento en casos de materia tributaria, la información se intercambiará de conformidad con las bases del presente acuerdo y se tratará de manera confidencial”.

Aduce asimismo que “los derechos y garantías reconocidos a las personas por la Parte requerida (Parte es Uruguay o Noruega) son aplicables siempre y cuando no impidan o atrasen indebidamente  el intercambio de información”.

El acuerdo dice que el país al que se le requiera información “no estará obligado a facilitar la información, que no obre en poder de sus autoridades, o que no esté en posesión o control de las personas correspondientes”.

El acuerdo establece claramente que los acuerdos comprendidos en el mismo son los de “cualquier naturaleza y denominación aplicados” por los países que suscribieron el acuerdo.

También dice que el acuerdo alcanza a los impuestos de “naturaleza idéntica o sustancialmente similares que se establezcan después de la fecha de la firma del acuerdo, y que se añadan a los actuales o los sustituyan.

El acuerdo también detalla que la información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de la investigación pueda constituir un delito según las leyes de la Parte requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en la Parte requerida. “Es decir, la información deberá proporcionarse por Uruguay o Noruega, más allá de que la finalidad de la misma sea investigar una conducta que para uno de los países es delito siendo que esa conducta se cumplió en el país que requiere la información porque investiga una conducta tipificada como delito.

El artículo 5º es clave, ya que además establece que si “la información en posesión de la autoridad competente no es suficiente para la Parte que la requiere, la otra Parte adoptará las medidas que fueran pertinentes para recabar la información con el fin de entregar la información solicitada”.

Esto habla del espíritu de colaboración que se quiere establecer entre ambos países, con la finalidad de llegar hasta el fondo del asuntos en el caso de ser necesario, para poder cumplir con los requerimientos de uno y de otro.

Y en el inciso 4º señala que “cada parte garantizará que su autoridad competente esté facultada para obtener y proporcionar información que obre en poder de bancos o de otras instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”, así como también información relativa a “sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones, incluida la información sobre propiedad sobre todas las personas que componen una cadena de propiedad en el caso de los fideicomisos, fiduciarios”, entre otros”.

Pero más allá de esto, lo más importante de todo es la magnitud del acuerdo que sitúa a Uruguay en un lugar donde siempre estuvo, por cuya seriedad como país, responsabilidad jurídica y valor institucional, más allá de que algunos hayan sido injustos y nos califiquen como “paraísos fiscales”, lamentablemente, estos son los mismos a los que tenemos de principales socios en el Mercosur.

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El polémico delito de abuso de funciones

El artículo 162 del Código Penal uruguayo prevé la existencia de un delito que es altamente polémico. Se trata del denominado como “abuso de funciones” y tiene como particular característica su aplicación a todo funcionario público que va un poco más allá de sus competencias y se toma atribuciones entendiendo que actúa en favor de la administración pública.
Esto colide con la práctica política, ya que la misma es “el arte de lo posible” pero el abuso de funciones es una limitante a esto, debido a que la actividad que se proponga un político debe empezar a ser mirada con lupa para no salirse de la estricta legalidad de sus acciones, ya que la cantidad de normas y reglamentos que rigen la administración de los bienes públicos, muchas veces exceden lo estrictamente posible y dejan poco margen de maniobra al gobernante que debe tomar una decisión sobre la marcha ante una realidad que puede escapar a todas las normas.
Esto determina que muchas veces los políticos no puedan llevar a cabo determinadas acciones porque pueden verse comprometidos en cuestiones que colocarían sus actuaciones fuera de la ley.
Varias administraciones de gobierno siempre usaban la frase “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, aunque las observaciones del Tribunal de Cuentas que son un termómetro de lo posible para los políticos, disparan el alerta y les anuncian cuando pueden estar pasándose de la raya.
Pero el abuso de funciones está previsto para actuaciones con intención de generar un daño en la administración por parte del funcionario público que la comete y muchas veces quienes se ven implicados no tenían más intenciones que solucionar un problema, de esos que la ley no prevé y que luego malinterpreta como delito.
Es que el delito previsto en el Código Penal sostiene que el abuso de funciones “ocurre cuando un funcionario público, con abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
Tiene una pena establecido para quienes sean encontrados culpables que va de “tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables”.
El caso es que el delito de abuso de funciones lo que hace es limitar el accionar político, y si bien no debe ser suprimido así nomás, sino sustituido por algo que en cierta medida le ponga un freno al accionar ilimitado de los gobernantes, en las condiciones que está actualmente, hace pagar a justos por pecadores.
No creo que el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y especialmente el presidente del BROU Fernando Calloia, sean corruptos que hayan querido enriquecerse injustamente con el mejunje que armaron con lo de Pluna, pero el solo hecho de querer favorecer a un particular en forma indiscriminada, porque el caso de fondo es de “interés nacional” y ellos no supieron como arreglarlo en su momento, habla de que hay abuso de funciones, porque si Doña Juana debe pagar en forma estricta el préstamo social sino no se lo renuevan, cuando lo hace para comer, no podemos darle una garantía de millones de dólares a alguien que no conocemos porque así terminamos un problema que no supieron arreglar.
Que la justicia resuelva este caso primero y que luego se derogue y se arma algo, que ayude a nuestros gobernantes a actuar con mayor margen de maniobra, pero tampoco en forma indiscriminada, sino estamos en el horno.

El artículo 162 del Código Penal uruguayo prevé la existencia de un delito que es altamente polémico. Se trata del

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

denominado como “abuso de funciones” y tiene como particular característica su aplicación a todo funcionario público que va un poco más allá de sus competencias y se toma atribuciones entendiendo que actúa en favor de la administración pública.

Esto colide con la práctica política, ya que la misma es “el arte de lo posible” pero el abuso de funciones es una limitante a esto, debido a que la actividad que se proponga un político debe empezar a ser mirada con lupa para no salirse de la estricta legalidad de sus acciones, ya que la cantidad de normas y reglamentos que rigen la administración de los bienes públicos, muchas veces exceden lo estrictamente posible y dejan poco margen de maniobra al gobernante que debe tomar una decisión sobre la marcha ante una realidad que puede escapar a todas las normas.

Esto determina que muchas veces los políticos no puedan llevar a cabo determinadas acciones porque pueden verse comprometidos en cuestiones que colocarían sus actuaciones fuera de la ley.

Varias administraciones de gobierno siempre usaban la frase “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, aunque las observaciones del Tribunal de Cuentas que son un termómetro de lo posible para los políticos, disparan el alerta y les anuncian cuando pueden estar pasándose de la raya.

Pero el abuso de funciones está previsto para actuaciones con intención de generar un daño en la administración por parte del funcionario público que la comete y muchas veces quienes se ven implicados no tenían más intenciones que solucionar un problema, de esos que la ley no prevé y que luego malinterpreta como delito.

Es que el delito previsto en el Código Penal sostiene que el abuso de funciones “ocurre cuando un funcionario público, con abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.

Tiene una pena establecido para quienes sean encontrados culpables que va de “tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables”.

El caso es que el delito de abuso de funciones lo que hace es limitar el accionar político, y si bien no debe ser suprimido así nomás, sino sustituido por algo que en cierta medida le ponga un freno al accionar ilimitado de los gobernantes, en las condiciones que está actualmente, hace pagar a justos por pecadores.

No creo que el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y especialmente el presidente del BROU Fernando Calloia, sean corruptos que hayan querido enriquecerse injustamente con el mejunje que armaron con lo de Pluna, pero el solo hecho de querer favorecer a un particular en forma indiscriminada, porque el caso de fondo es de “interés nacional” y ellos no supieron como arreglarlo en su momento, habla de que hay abuso de funciones, porque si Doña Juana debe pagar en forma estricta el préstamo social sino no se lo renuevan, cuando lo hace para comer, no podemos darle una garantía de millones de dólares a alguien que no conocemos porque así terminamos un problema que no supieron arreglar.

Que la justicia resuelva este caso primero y que luego se derogue y se arma algo, que ayude a nuestros gobernantes a actuar con mayor margen de maniobra, pero tampoco en forma indiscriminada, sino estamos en el horno.

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Leyes liberales en un gobierno de izquierda

La aprobación de la ley que legaliza el consumo de Marihuana en nuestro país, es la demostración más acabada de la praxis liberal de un gobierno que en sus discursos está muy reñido con ese dogma, a la hora de elaborar y debatir leyes.
Sin embargo, los tiempos cambian, todos vivimos dentro de un mismo sistema y en ese sentido, la izquierda, ahora se corre para todos lados y hace leyes como ésta, con el motivo de querer arrebatar mercados, aunque en el caso de la Marihuana, “no tenga ni idea de cómo lo va a manejar”, porque eso fue lo que dijo el presidente Mujica, cuando lo consultaron la misma tarde en que se estaba aprobando la ley en el parlamento, pero lo hace igual.
“¿Total? Algo va a salir”, debe pensar nuestro primer mandatario que fue elogiado por el primer mundo, por exponer al Uruguay a ser el laboratorio del planeta con este tema.
Pero lo más importante de este tipo de leyes son el mensaje que emiten. Porque si bien en esta oportunidad no vamos a interpretar un texto legal ni nos vamos a referir a tecnicismos, sí quiero dejar en claro que más importante que sancionar una ley, de las más de diecinueve mil ciento y pico que tenemos en el país, es el espíritu de la misma.
Que es inconstitucional esta ley, va de suyo que lo es, porque la Carta Magna habla de que el Estado debe velar por la salud de la población, pero con este tipo de leyes está haciendo todo lo contrario, pero mucho más importante que eso, es el mensaje que transmite.
Le estamos diciendo a la juventud que se drogue, que la vamos a controlar, pero en todo caso la vamos a apañar porque es una realidad de nuestros días, y como no la podemos combatir, preferimos legalizarla y chau. Un problema menos.
Entonces ¿Qué pasa cuando esta ley despliegue sus efectos?, ¿Quiénes la van a cumplir?, ¿Cómo la van a controlar? Y cuando haya un joven fumando un porro en la plaza Artigas, como lo hacen habitualmente y a toda hora, ¿Qué le va a decir la Policía? Le va a preguntar ¿dónde lo compraste? Y si le dice que lo hizo en la ‘boca’ porque le sale más barato ¿se lo van a sacar porque no es el porro del Pepe?
La cosa se complica y habiendo tanta necesidad de hacer leyes para mejorar un montón de situaciones sociales que urgen por una solución desde hace décadas, le damos carta libre a la marihuana, para que la gente se drogue, porque así lo celebraron los miles de marihuaneros uruguayos y sobre todo los que se van a venir del exterior a organizar una fumata internacional acá, cuando se enteraron de la noticia.
No se pueden hacer leyes para generar cosas como éstas, debe tomarse más en serio la política legislativa, aunque esto habla de la sociedad que tenemos.

La aprobación de la ley que legaliza el consumo de Marihuana en nuestro país, es la demostración más acabada de la praxis liberal de un gobierno que en sus discursos está muy reñido con ese dogma, a la hora de elaborar y debatir leyes.

Sin embargo, los tiempos cambian, todos vivimos dentro de un mismo sistema y en ese sentido, la izquierda, ahora se corre

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

para todos lados y hace leyes como ésta, con el motivo de querer arrebatar mercados, aunque en el caso de la Marihuana, “no tenga ni idea de cómo lo va a manejar”, porque eso fue lo que dijo el presidente Mujica, cuando lo consultaron la misma tarde en que se estaba aprobando la ley en el parlamento, pero lo hace igual.

“¿Total? Algo va a salir”, debe pensar nuestro primer mandatario que fue elogiado por el primer mundo, por exponer al Uruguay a ser el laboratorio del planeta con este tema.

Pero lo más importante de este tipo de leyes son el mensaje que emiten. Porque si bien en esta oportunidad no vamos a interpretar un texto legal ni nos vamos a referir a tecnicismos, sí quiero dejar en claro que más importante que sancionar una ley, de las más de diecinueve mil ciento y pico que tenemos en el país, es el espíritu de la misma.

Que es inconstitucional esta ley, va de suyo que lo es, porque la Carta Magna habla de que el Estado debe velar por la salud de la población, pero con este tipo de leyes está haciendo todo lo contrario, pero mucho más importante que eso, es el mensaje que transmite.

Le estamos diciendo a la juventud que se drogue, que la vamos a controlar, pero en todo caso la vamos a apañar porque es una realidad de nuestros días, y como no la podemos combatir, preferimos legalizarla y chau. Un problema menos.

Entonces ¿Qué pasa cuando esta ley despliegue sus efectos?, ¿Quiénes la van a cumplir?, ¿Cómo la van a controlar? Y cuando haya un joven fumando un porro en la plaza Artigas, como lo hacen habitualmente y a toda hora, ¿Qué le va a decir la Policía? Le va a preguntar ¿dónde lo compraste? Y si le dice que lo hizo en la ‘boca’ porque le sale más barato ¿se lo van a sacar porque no es el porro del Pepe?

La cosa se complica y habiendo tanta necesidad de hacer leyes para mejorar un montón de situaciones sociales que urgen por una solución desde hace décadas, le damos carta libre a la marihuana, para que la gente se drogue, porque así lo celebraron los miles de marihuaneros uruguayos y sobre todo los que se van a venir del exterior a organizar una fumata internacional acá, cuando se enteraron de la noticia.

No se pueden hacer leyes para generar cosas como éstas, debe tomarse más en serio la política legislativa, aunque esto habla de la sociedad que tenemos.

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Quienes aportaban al BPS y a las AFAP voluntariamente, ahora pueden salirse

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.
El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.
Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.
La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.
Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.
Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.
Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.
La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.
El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.
En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.
Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.
No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las

Hugo Lemos

Hugo Lemos

consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.

El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.

Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.

La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.

Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.

Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.

Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.

La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.

El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.

En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.

Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.

No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

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Secretismo de Estado en las corporaciones funcionariales, algo de nunca acabar

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.
Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.
En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.
Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.
El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.
Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.
¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.
Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.
El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.

Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.

En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.

Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.

El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.

Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.

¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.

Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.

El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

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La pensión alimenticia: mucho más que un derecho

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.
El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.
Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.
Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.
Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.
En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.
El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.
Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse

Hugo Lemos

Hugo Lemos

responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.

Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.

Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.

Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.

En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.

Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

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Alimentación saludable para los más chicos

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.
En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya instalados tendientes en ese sentido.
Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles
vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.
Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.
Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.
Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.
En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.
El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.
En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.
Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.
Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.
Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.

En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya

Hugo Lemos

Hugo Lemos

instalados tendientes en ese sentido.

Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles

vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.

Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.

Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.

Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.

En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.

El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.

En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.

Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.

Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.

Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

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El daño del Tribunal

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.
La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.
Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.
Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.
Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.
Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.
Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de

Hugo Lemos

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alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.

La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.

Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.

Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.

Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.

Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.

Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

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“Acá siempre se hizo así”, un cuasi principio procesal

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.
Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.
El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.
Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.
Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.
Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.

Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas

Hugo Lemos

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cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.

El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.

Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.

Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.

Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

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Las nuevas relaciones y los viejos beneficios

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.
En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.
Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.
En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.
Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.
El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.

En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido

Hugo Lemos

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sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.

Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.

En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:

“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.

Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.

El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

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Jóvenes contra policías

Una suerte de manual para combatir la quejas de los más jóvenes cada vez que tienen problemas con la Policía, fue difundido por el Gobierno en los últimos días y será distribuido en una maratón que con fines políticos electorales, que el INJU denominó “Ser joven no es delito” como respuesta a la propuesta de la oposición de bajar la edad de imputabilidad.
Si bien, en esencia el manual político no presenta cambios en ningún sentido respecto a lo estipulado en la ley Nº 18.315 de procedimiento policial, que todavía está vigente, la idea del ministro del Interior, fue amortiguar las quejas de la juventud contra la policía, que estaba actuando con la ferocidad propia de los tiempos violentos en los que vivimos, pero sin tener presente que el 2014 es año electoral. Acá difundimos el manual político para que los jóvenes sepan qué hacer cuando el policía los para en la calle y así saber enfrentarlo, encima llamado Para tenerla clara.
¿Cuándo te pueden trasladar a la dependencia policial?
Salvo el caso de delito infraganti (cuando te sorprenden en el mismo acto del delito, inmediatamente después, si tenés objetos, armas o instrumentos, rastros o señales que puedan ser presumibles o si estás legalmente detenido y te fugaste), la Policía debe contar con la correspondiente orden del Juez competente para poder trasladarte a una dependencia policial. Dentro de la dependencia te pedirán que entregues tus pertenencias y todo aquello que pueda causar daño físico. Incomunicación con familia, abogados, allegados, testigos: solamente se utilizará como medida de urgencia para evitar que se afecte la indagatoria o se incida en los elementos probatorios.
Tus derechos: Te deben asegurar plena protección de tu salud e integridad física.
La Policía no puede permitir el contacto físico de detenidos entre personas mayores y menores, ni de diferente sexo.
¿Cuándo te pueden registrar?
Únicamente si te sorprendieron al momento del delito, huyendo o con objetos que supongan que participaste. Tus derechos: El personal policial que te registre debe ser de tu mismo sexo y debe tener el mayor cuidado y respeto hacia tu dignidad. No pueden desnudarte ni revisar tus partes íntimas durante el registro ni la conducción hacia la dependencia policial; a no ser que algún implicado esté en riesgo de vida.
¿Cuándo puede detenerse a los conductores?
Para controles y registros en función de la prevención de vida en el tránsito. Espirometría: se puede realizar a cualquier conductor. Si te rehusás retendrán tu libreta de conducir y se te advertirá que está violando las normas de tránsito. Si da positivo, la Policía puede impedirte reanudar la marcha.
¿Puede haber uso de la fuerza?
Las etapas del accionar de la Policía son la observación, la prevención, la disuasión y excepcionalmente la represión. El uso de la fuerza es una medida extrema. Debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional considerando el riesgo y el objetivo legítimo que se persiga. Se usará solamente cuándo: Sea la única forma de proteger la integridad física de cualquier ciudadano. Se use fuerza contra la Policía o terceros,poniendo en peligro su integridad física. Se ponga resistencia armada ante la Policía. La Policía deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas.
El personal policial tiene prohibido realizar, instigar o tolerar torturas o tratos crueles e inhumanos sobre cualquier persona. Uso de armas de fuego: solamente con moderación y en proporción a la agresión o conducta ilícita que se esté reprimiendo; y para reducir daños y agresiones que se puedan causar al agresor.
Glosario para tenerla clara
Medidas policiales: Son las que impiden o limitan la libertad de movimientos de la persona detenida, sin afectar nunca su integridad física ni dignidad.
Denuncia: Es cuando la Policía toma en conocimiento un hecho a través de cualquier medio. La Policía no puede exigir en ningún caso previo a su actuación que la denuncia se presente por escrito.
Denunciante: Es cualquier persona incluso menor de 18 años, sea o no la implicada en el hecho. Nunca se desestimará una denuncia ni se harán comentarios. No es necesario tener cédula de identidad para realizarla. La Policía tendrá absoluta reserva sobre la denuncia,la identidad de quien denuncia e involucrados. Todo denunciante, víctima o testigo tiene derecho a recibir adecuada protección.

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El espíritu de la ley y la facilitación del consumo de drogas

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.
Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.
Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.
Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.
Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.
El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.
Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».
Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.
Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?
Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.
Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que

Hugo Lemos

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dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.

Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.

Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.

Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.

Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.

El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.

Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».

Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.

Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?

Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.

Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

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La amplitud de criterio para la participación en el proceso

La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.
En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.
La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el

Hugo Lemos

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proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.

En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.

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La legalización de la marihuana modificará la ley de estupefacientes

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.
Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.
En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.
Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.
En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.

Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del

Hugo Lemos

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comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.

En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.

Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.

En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

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Que sea de los dos: bienes gananciales según la nueva ley

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.
La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.
En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.
Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.
Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.
Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.
También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.
Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.
Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.
En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.
Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea

Hugo Lemos

Hugo Lemos

contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.

La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.

En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.

Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.

Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.

Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.

También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.

Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.

Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.

En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.

Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

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Un bache entre las aseguradoras y las intendencias

La ley de seguros obligatorios para vehículos automotores (el denominado SOA), que tanto le dio de ganar a las empresas aseguradoras públicas y privadas en los últimos tiempos desde la vigencia de esta ley, en noviembre del año 2008, sigue generando algunos inconvenientes.
Existe un vacío legal importante que genera inconvenientes y que debería ser subsanado para evitar más complicaciones, los que sobre todo sufren los escribanos cuando tienen que dedicarse a hacer un compromiso de compraventa y se encuentran con la falta de este devenido en requisito obligatorio, para cualquier tipo de empadronamiento, como es el seguro obligatorio del coche que es objeto del negocio jurídico.
No es la primera vez que ocurre, ya que pude saber de un caso similar hace ya algunos años donde la justicia tuvo que actuar de oficio para remediar el asunto. El caso es el siguiente, un automóvil que no se encuentra en circulación, y que posiblemente haya entregado las chapas matrículas para no generar deudas con el fisco, ya que quedó fuera de circulación por distintos motivos, no puede tener seguro obligatorio de automóvil, no al menos el que está previsto en la ley 18.412.
Y seguramente no lo tiene por una razón muy sencilla. Es que al no estar en circulación, no tiene obligación de contratar un seguro. Así lo establece la ley de referencia, cuando dice en su artículo 1º “Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados”.
Habla claramente de vehículos que puedan causar un accidente, y éstos solamente pueden ser los que están en circulación.
Pero lo más claro aparece en el artículo 3º que dice que “están excluidos de la aplicación del artículo 1º de la presente ley: D) En general, todo vehículo no utilizado para la circulación vial”.
Esto quiere decir que si un vehículo, que otrora fue empadronado en una Intendencia cualquiera y desde hace un tiempo por una razón equis, se encuentra sin circular, parado o guardado en un lugar determinado, no tiene obligación, mientras esté en esa situación, de contratar un seguro obligatorio.
Sin embargo, se ha presentado un problema. Ya que a la hora de vender ese automóvil, al buscar los antecedentes del mismo y al figurar éste en el registro municipal con determinado número de matrícula, para realizar un trámite de reempadronamiento o de actualización de la situación del mismo ante la administración municipal, algunas intendencias exigen la contratación de un seguro obligatorio.
Pero como en la mayoría de los casos, este tipo de vehículos se encuentran parados, fuera de circulación desde hace años, los mismos no poseen seguros, y por lo tanto, se genera un vacío entre lo  que dice la ley que los exime y la reglamentación de la administración que no permite el trámite de reempadronamiento o actualización del mismo, por el hecho de no contar con un seguro.
En uno de los casos de los que fui testigo, para solicitar los antecedentes de un automóvil que era objeto de una prescripción adquisitiva, la Intendencia de Montevideo se negaba a brindar los datos al interesado porque el automóvil, fuera de circulación desde el año 2001, no contaba con seguro obligatorio. Y era imposible que lo tuviera porque se encontraba fuera de circulación y el artículo 3º de la ley de marras, lo exime del mismo.
Por esa razón, el único camino fue solicitarle al juez que entendía en el caso que solicitara de oficio los antecedentes del coche. Hace pocos días, una escribana que conozco se encontró con el caso de que requiriendo los antecedentes municipales de un automóvil para su venta, siendo que el mismo está fuera de circulación desde hace muchos años, la administración le exige el seguro obligatorio, y la empresa aseguradora no puede hacer los trámites porque el mismo no tiene actualizado los datos de su empadronamiento.
Habría que buscar entonces una solución legislativa que ayude a subsanar este tipo de casos que generan un problema recurrente, ya que los mismos provocan problemas a la hora de realizar negocios de compraventa y en ese sentido, ocasionan un perjuicio gratuito y sin sentido a las dos partes por igual.

La ley de seguros obligatorios para vehículos automotores (el denominado SOA), que tanto le dio de ganar a las empresas aseguradoras públicas y privadas en los últimos tiempos desde la vigencia de esta ley, en noviembre del año 2008, sigue generando algunos inconvenientes.

Existe un vacío legal importante que genera inconvenientes y que debería ser subsanado para evitar más complicaciones, los que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sobre todo sufren los escribanos cuando tienen que dedicarse a hacer un compromiso de compraventa y se encuentran con la falta de este devenido en requisito obligatorio, para cualquier tipo de empadronamiento, como es el seguro obligatorio del coche que es objeto del negocio jurídico.

No es la primera vez que ocurre, ya que pude saber de un caso similar hace ya algunos años donde la justicia tuvo que actuar de oficio para remediar el asunto. El caso es el siguiente, un automóvil que no se encuentra en circulación, y que posiblemente haya entregado las chapas matrículas para no generar deudas con el fisco, ya que quedó fuera de circulación por distintos motivos, no puede tener seguro obligatorio de automóvil, no al menos el que está previsto en la ley 18.412.

Y seguramente no lo tiene por una razón muy sencilla. Es que al no estar en circulación, no tiene obligación de contratar un seguro. Así lo establece la ley de referencia, cuando dice en su artículo 1º “Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados”.

Habla claramente de vehículos que puedan causar un accidente, y éstos solamente pueden ser los que están en circulación.

Pero lo más claro aparece en el artículo 3º que dice que “están excluidos de la aplicación del artículo 1º de la presente ley: D) En general, todo vehículo no utilizado para la circulación vial”.

Esto quiere decir que si un vehículo, que otrora fue empadronado en una Intendencia cualquiera y desde hace un tiempo por una razón equis, se encuentra sin circular, parado o guardado en un lugar determinado, no tiene obligación, mientras esté en esa situación, de contratar un seguro obligatorio.

Sin embargo, se ha presentado un problema. Ya que a la hora de vender ese automóvil, al buscar los antecedentes del mismo y al figurar éste en el registro municipal con determinado número de matrícula, para realizar un trámite de reempadronamiento o de actualización de la situación del mismo ante la administración municipal, algunas intendencias exigen la contratación de un seguro obligatorio.

Pero como en la mayoría de los casos, este tipo de vehículos se encuentran parados, fuera de circulación desde hace años, los mismos no poseen seguros, y por lo tanto, se genera un vacío entre lo  que dice la ley que los exime y la reglamentación de la administración que no permite el trámite de reempadronamiento o actualización del mismo, por el hecho de no contar con un seguro.

En uno de los casos de los que fui testigo, para solicitar los antecedentes de un automóvil que era objeto de una prescripción adquisitiva, la Intendencia de Montevideo se negaba a brindar los datos al interesado porque el automóvil, fuera de circulación desde el año 2001, no contaba con seguro obligatorio. Y era imposible que lo tuviera porque se encontraba fuera de circulación y el artículo 3º de la ley de marras, lo exime del mismo.

Por esa razón, el único camino fue solicitarle al juez que entendía en el caso que solicitara de oficio los antecedentes del coche. Hace pocos días, una escribana que conozco se encontró con el caso de que requiriendo los antecedentes municipales de un automóvil para su venta, siendo que el mismo está fuera de circulación desde hace muchos años, la administración le exige el seguro obligatorio, y la empresa aseguradora no puede hacer los trámites porque el mismo no tiene actualizado los datos de su empadronamiento.

Habría que buscar entonces una solución legislativa que ayude a subsanar este tipo de casos que generan un problema recurrente, ya que los mismos provocan problemas a la hora de realizar negocios de compraventa y en ese sentido, ocasionan un perjuicio gratuito y sin sentido a las dos partes por igual.

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Transformar intimaciones en herramientas favorables al reclamante

Las diligencias preparatorias son el presupuesto formal para la preparación del proceso y se constituyen en una actuación fundamental para abonar el terreno antes de lanzarse a tratar de lograr un resultado definitivo con el reclamo de una pretensión.
En el caso de las intimaciones previas, muchas veces se cuestiona si las mismas no favorecen a la parte a la que se le pretende reclamar, ya que en cierta medida el reclamante termina poniendo sobre aviso a su contraria sobre el desarrollo de un proceso ulterior contra éste y en vez de sorprenderlo para evitar defraudaciones futuras que permitan hacerlo cumplir con sus obligaciones, y así lograr que no se registren enajenaciones de bienes que perjudiquen a quien promueve la intimación,  ponen sobreaviso al reclamado y esto puede generar resultados dispares.
Las intimaciones deberían ofrecer otro tipo de garantías, porque a los efectos prácticos, cuando se practica una intimación, el funcionario judicial solamente le advierte a través de una notificación escrita al sujeto pasivo que si no cumple con lo que se le reclama, algo le va a pasar y además le advierte que se está analizando un procedimiento que buscará ejecutarlo.
Más allá de que con el diseño de este sistema la ley buscó establecer un equilibrio en las garantías de las partes, lo único que acentúa es el daño para el justiciable que reclama, quien no encuentra opción de someterse a un procedimiento en el que todas las cartas estarán echadas arriba de la mesa y entonces tendrá poco margen de acción para atrapar a su reclamado con las manos en la masa. Para esto debería haber cambios en el CGP que impongan otro tipo de condiciones ventajosas para el actor, a la hora de practicar una intimación. Algo que por ahora aparece como ilógico, pero que resolvería mucho mejor las cosas.

Las diligencias preparatorias son el presupuesto formal para la preparación del proceso y se constituyen en una actuación

Hugo Lemos

Hugo Lemos

fundamental para abonar el terreno antes de lanzarse a tratar de lograr un resultado definitivo con el reclamo de una pretensión.

En el caso de las intimaciones previas, muchas veces se cuestiona si las mismas no favorecen a la parte a la que se le pretende reclamar, ya que en cierta medida el reclamante termina poniendo sobre aviso a su contraria sobre el desarrollo de un proceso ulterior contra éste y en vez de sorprenderlo para evitar defraudaciones futuras que permitan hacerlo cumplir con sus obligaciones, y así lograr que no se registren enajenaciones de bienes que perjudiquen a quien promueve la intimación,  ponen sobreaviso al reclamado y esto puede generar resultados dispares.

Las intimaciones deberían ofrecer otro tipo de garantías, porque a los efectos prácticos, cuando se practica una intimación, el funcionario judicial solamente le advierte a través de una notificación escrita al sujeto pasivo que si no cumple con lo que se le reclama, algo le va a pasar y además le advierte que se está analizando un procedimiento que buscará ejecutarlo.

Más allá de que con el diseño de este sistema la ley buscó establecer un equilibrio en las garantías de las partes, lo único que acentúa es el daño para el justiciable que reclama, quien no encuentra opción de someterse a un procedimiento en el que todas las cartas estarán echadas arriba de la mesa y entonces tendrá poco margen de acción para atrapar a su reclamado con las manos en la masa. Para esto debería haber cambios en el CGP que impongan otro tipo de condiciones ventajosas para el actor, a la hora de practicar una intimación. Algo que por ahora aparece como ilógico, pero que resolvería mucho mejor las cosas.

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La democracia directa de los uruguayos

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (como las leyes de presupuesto, por ejemplo).
Así lo establece la ley Nº16.017 del año 1989 que reforma algunos artículos de la ley de elecciones Nº 7812 del año 1925.
Uno de los casos más conocidos de referendos contra las leyes en Uruguay, se dio respecto a la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, donde la ciudadanía confirmó en dos oportunidades y en coyunturas históricas bien diferentes la vigencia de la también llamada ley de amnistía, pese a que después el Frente Amplio, en un acto de corte político y usando las mayorías parlamentarias, no respetó la decisión popular.
Ahora, el próximo domingo 23 se realizará una nueva convocatoria popular, de carácter no obligatorio, para habilitar un mecanismo de referéndum contra la Ley que habilita la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias y control del Estado. La idea de sus impulsores, es someter a consideración pública la actual ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y que se realizaría, en caso de conseguirse esa instancia, en el mes de octubre.
Esta iniciativa promueve la participación de la mayoría de los uruguayos en el uso de su ejercicio ciudadano, como aspecto fundamental de las bases del sistema democrático. Porque que exista democracia no es simplemente poder votar, en Cuba también se vota y se elige, pero no hay democracia, porque se elige y se vota lo que el gobierno quiere, el que no está de acuerdo es considerado un traidor (allá le dicen disidente) y es encarcelado.
Pero en Uruguay, el sistema legal permite que existan este tipo de consultas populares, que están determinadas por la Constitución de la República y por las leyes fundamentales que brindan garantías a los ciudadanos de nuestro país, para ejercer su libertad y expresarse a través del voto.
En este caso, si bien la instancia electoral a la que logró habilitar una parte de la ciudadanía con sus firmas, no es obligatoria si el 25% del electorado concurre a votar y lo hace a favor de que haya un referéndum, habrá una nueva instancia en octubre, donde ahí sí, se decidirá por Sí o por No, para derogar la ley cuestionada, en este caso la de salud sexual y reproductiva.
La instancia del próximo domingo 23 surge de las 52.343 firmas que fueron validadas por la Corte Electoral y entregadas por una comisión ciudadana creada a tales efectos, en este caso particular y concreto, por la Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto.  Se trata de una de las formas de democracia directa que nuestro sistema garantiza a los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con una ley como la que una parte de los uruguayos, pretende derogar.

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.

Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la

Hugo Lemos

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iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (como las leyes de presupuesto, por ejemplo).

Así lo establece la ley Nº16.017 del año 1989 que reforma algunos artículos de la ley de elecciones Nº 7812 del año 1925.

Uno de los casos más conocidos de referendos contra las leyes en Uruguay, se dio respecto a la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, donde la ciudadanía confirmó en dos oportunidades y en coyunturas históricas bien diferentes la vigencia de la también llamada ley de amnistía, pese a que después el Frente Amplio, en un acto de corte político y usando las mayorías parlamentarias, no respetó la decisión popular.

Ahora, el próximo domingo 23 se realizará una nueva convocatoria popular, de carácter no obligatorio, para habilitar un mecanismo de referéndum contra la Ley que habilita la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias y control del Estado. La idea de sus impulsores, es someter a consideración pública la actual ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y que se realizaría, en caso de conseguirse esa instancia, en el mes de octubre.

Esta iniciativa promueve la participación de la mayoría de los uruguayos en el uso de su ejercicio ciudadano, como aspecto fundamental de las bases del sistema democrático. Porque que exista democracia no es simplemente poder votar, en Cuba también se vota y se elige, pero no hay democracia, porque se elige y se vota lo que el gobierno quiere, el que no está de acuerdo es considerado un traidor (allá le dicen disidente) y es encarcelado.

Pero en Uruguay, el sistema legal permite que existan este tipo de consultas populares, que están determinadas por la Constitución de la República y por las leyes fundamentales que brindan garantías a los ciudadanos de nuestro país, para ejercer su libertad y expresarse a través del voto.

En este caso, si bien la instancia electoral a la que logró habilitar una parte de la ciudadanía con sus firmas, no es obligatoria si el 25% del electorado concurre a votar y lo hace a favor de que haya un referéndum, habrá una nueva instancia en octubre, donde ahí sí, se decidirá por Sí o por No, para derogar la ley cuestionada, en este caso la de salud sexual y reproductiva.

La instancia del próximo domingo 23 surge de las 52.343 firmas que fueron validadas por la Corte Electoral y entregadas por una comisión ciudadana creada a tales efectos, en este caso particular y concreto, por la Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto.  Se trata de una de las formas de democracia directa que nuestro sistema garantiza a los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con una ley como la que una parte de los uruguayos, pretende derogar.

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Reforma penal y corporativismo judicial

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaron connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.
El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.
El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.
Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.
Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.
Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.
Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.
Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.
Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaronhugo lemos connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.

El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.

El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.

Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.

Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.

Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.

Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.

Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.

Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

Hugo Lemos

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Medidas sustitutivas a la prisión, una forma de evitar la superpoblación carcelaria

La prisión preventiva es una sanción por la cual el sujeto procesado aún goza del principio de presunción de inocencia. Aunque no probada en primera instancia su inocencia, puede llegar a cumplir largo tiempo de prisión siendo sospechoso de haber cometido un delito, pero por tener  fuertes presunciones de participación en el mismo.
Esa convicción que determina su encarcelamiento primario es surgida tras una instancia judicial denominada presumario, donde se presenta el caso, el fiscal acusa, la defensa trata de probar lo contrario y el juez analiza e investiga la situación y atendiendo las pruebas y los alegatos de las partes toma la decisión.
Pero como el sistema penal uruguayo es netamente represivo e inquisitivo, fue creado el procesamiento sin prisión, para casos con determinadas características, cuando por lo general se trata de un procesado primario y cuyo delito del que se le acusa, no es realmente trascendente ni considerado peligroso para la sociedad.
Para estos casos fueron creadas las llamadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión, que responden a una vigilancia judicial y policial del individuo acusado de haber cometido un delito, el cual contará con determinadas restricciones a su libertad personal, pero evita así un crecimiento de población carcelaria que puede llegar a cifras terribles, y además se intenta evitar la contaminación psicológica del sujeto con personas que han cometido delitos graves o que hacen de éste, su modo de vida.
En ese sentido, el actual Código del Proceso Penal (CPP) y la Ley Nº 17.726 establecen este tipo de medidas alternativas, que le permiten al juez penal que atiende un asunto de esta naturaleza, poder adoptar la decisión de hacerle cumplir una restricción a su libertad ambulatoria ya sea dentro de su propio domicilio, o en una seccional policial permaneciendo por algunas horas o días.
Según el artículo 73, del CPP las Medidas Sustitutivas a la prisión preventiva pueden adoptarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, dando lugar a la lógica que aplica un juez para estos hechos donde llegado el momento el magistrado podrá imponer al procesado las medidas que entienda que no harán que el sujeto se sustraiga a la acción penal, elimine elementos de prueba que lo incriminen o represente un peligro para la sociedad.
Dice el CPP que las medidas sustitutivas consistirán en “la prohibición de salir de su domicilio durante determinados días en forma de que no perjudique, en lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones habituales. La prohibición podrá extenderse hasta cuarenta días como máximo”.
Así como también en la “Prohibición de ausentarse de determinada circunscripción territorial, así como las obligaciones de comunicar sus cambios de domicilios y de presentarse periódicamente a la autoridad”.
Además que “en caso de delitos culposos cometidos por medio de un vehículo, el autor podrá ser privado del permiso de conducir por tiempo de uno a doce meses, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en la sentencia definitiva. Esta medida podrá imponerse también en los casos en que hubiere mediado prisión preventiva (Artículo 72), para hacerse efectiva después del cese de ésta”.
Y aclara al final que “la violación de los deberes impuestos de acuerdo con las disposiciones de este artículo podrá ser causa suficiente para decretar la prisión preventiva del imputado”. Así que a la primera de cambio que el procesado viole una medida de las sustitutivas, puede ser puesto en prisión.

La prisión preventiva es una sanción por la cual el sujeto procesado aún goza del principio de presunción de inocencia.hugo lemosAunque no probada en primera instancia su inocencia, puede llegar a cumplir largo tiempo de prisión siendo sospechoso de haber cometido un delito, pero por tener  fuertes presunciones de participación en el mismo.

Esa convicción que determina su encarcelamiento primario es surgida tras una instancia judicial denominada presumario, donde se presenta el caso, el fiscal acusa, la defensa trata de probar lo contrario y el juez analiza e investiga la situación y atendiendo las pruebas y los alegatos de las partes toma la decisión.

Pero como el sistema penal uruguayo es netamente represivo e inquisitivo, fue creado el procesamiento sin prisión, para casos con determinadas características, cuando por lo general se trata de un procesado primario y cuyo delito del que se le acusa, no es realmente trascendente ni considerado peligroso para la sociedad.

Para estos casos fueron creadas las llamadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión, que responden a una vigilancia judicial y policial del individuo acusado de haber cometido un delito, el cual contará con determinadas restricciones a su libertad personal, pero evita así un crecimiento de población carcelaria que puede llegar a cifras terribles, y además se intenta evitar la contaminación psicológica del sujeto con personas que han cometido delitos graves o que hacen de éste, su modo de vida.

En ese sentido, el actual Código del Proceso Penal (CPP) y la Ley Nº 17.726 establecen este tipo de medidas alternativas, que le permiten al juez penal que atiende un asunto de esta naturaleza, poder adoptar la decisión de hacerle cumplir una restricción a su libertad ambulatoria ya sea dentro de su propio domicilio, o en una seccional policial permaneciendo por algunas horas o días.

Según el artículo 73, del CPP las Medidas Sustitutivas a la prisión preventiva pueden adoptarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, dando lugar a la lógica que aplica un juez para estos hechos donde llegado el momento el magistrado podrá imponer al procesado las medidas que entienda que no harán que el sujeto se sustraiga a la acción penal, elimine elementos de prueba que lo incriminen o represente un peligro para la sociedad.

Dice el CPP que las medidas sustitutivas consistirán en “la prohibición de salir de su domicilio durante determinados días en forma de que no perjudique, en lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones habituales. La prohibición podrá extenderse hasta cuarenta días como máximo”.

Así como también en la “Prohibición de ausentarse de determinada circunscripción territorial, así como las obligaciones de comunicar sus cambios de domicilios y de presentarse periódicamente a la autoridad”.

Además que “en caso de delitos culposos cometidos por medio de un vehículo, el autor podrá ser privado del permiso de conducir por tiempo de uno a doce meses, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en la sentencia definitiva. Esta medida podrá imponerse también en los casos en que hubiere mediado prisión preventiva (Artículo 72), para hacerse efectiva después del cese de ésta”.

Y aclara al final que “la violación de los deberes impuestos de acuerdo con las disposiciones de este artículo podrá ser causa suficiente para decretar la prisión preventiva del imputado”. Así que a la primera de cambio que el procesado viole una medida de las sustitutivas, puede ser puesto en prisión.

Hugo Lemos

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Un respiro entre tanto ahogo: deducciones al IRPF por créditos hipotecarios

Las deducciones al IRPF han sido los cambios graduales que se han implementado en los últimos tiempos a manera de mitigar lo que significa este impuesto para el bolsillo de los trabajadores. En
ese sentido, la ley 18.910 sancionada en el mes de mayo del 2012, alivia un poco la presión tributaria sobre las economías domésticas al establecer deducciones del impuesto a las rentas de las personas físicas, sobre los créditos hipotecarios.
Esto abre un nuevo frente para los contribuyentes que se ven sometidos a la carga tributaria que peca de injusta por distintas razones. Porque se paga sobre lo que se gana, siendo un impuesto sobre el que más trabaja y no sobre el que más tiene, y hasta entonces las deducciones que planteaban eran muy pocas, y prácticamente había que abonar más en declaraciones juradas para comprobar lo que se proponía con cada deducción, de lo que al final se lograba aliviar en relación a la carga tributaria.
En ese sentido, desde el año pasado, con la aprobación de la ley Nº 18.910 se puede deducir la cuota de préstamos hipotecarios en el IRPF. Se trata de un cambio sustantivo introducido al sistema tributario y está referido en el artículo 5º de la ley 18.910.
El mismo permite que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puedan considerar como deducción las cuotas de préstamos hipotecarios a partir del 1º de enero de 2012.
Pero no son todos los que pueden deducir esas cuotas del impuesto a la renta de trabajo, sino los que sean deudores de cuotas de préstamos hipotecarios, de cooperativas de vivienda, o de los
promitentes compradores donde el acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
En ese sentido, los requisitos a considerar son: que la vivienda adquirida, debe ser única y permanente, que el costo de la vivienda, no puede superar las UI 794.000 (UI y T.C. al 31/12/12
equivaldría a USD 103.000 (ciento tres mil dólares), superado este valor no se podrá deducir monto alguno, no se podrán deducir más de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, (BPC al 31/12/212 las equivaldrían a más de 87 mil pesos).
Se deberá contar con documentación que acredite fehacientemente el costo de la vivienda, la existencia del préstamo hipotecario, y los comprobantes de pagos a deducir. Por lo que debe individualizar inequívocamente el inmueble, la entidad otorgante del préstamo y el número de inscripción del documento en el registro de hipotecas (si correspondiera).
El contribuyente debe solicitar a la institución otorgante del préstamo un documento en el que conste la identificación de la entidad con su número de RUT, nombre y Cédula de Identidad de el o los contribuyentes. El documento debe estar disponible antes del último día hábil de mayo del año siguiente (ya que por ejemplo, el 17 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas del año 2012).
La deducción se realizan por medio de la declaración jurada anual del contribuyente, no se realizan por la deducción mensual de los anticipos de IRPF, implicando así un costo financiero para el contribuyente.
Cuando la titularidad del préstamo estuviera compartida, la imputación será total o compartida en el caso de que haya habido acuerdo entre los titulares, en caso contrario se hará en partes iguales.
Asimismo, la deducción consistirá en el porcentaje que implique la cuota de la deuda que paga el trabajador en relación a su salario. Todos los trámites y consultas deben realizarse a nivel de la DGI.
El impuesto a la renta de las personas físicas es una de las mayores cargas tributarias con las que cuenta el trabajador, que debe abonar un impuesto por lo que gana, sumado a lo que ya paga de Montepío para su jubilación, Fonasa por cuota de atención de salud, y el resto de los tributos. La ley propone aunque sea un pequeño respiradero en un manto que ahoga y menoscaba los ingresos del que más trabaja.
(fuente: www.dgi.gub.uy, Estudio Guyer y Regules www.guyer.com.uy)

Las deducciones al IRPF han sido los cambios graduales que se han implementado en los últimos tiempos a manera de mitigar lo que significa este impuesto para el bolsillo de los trabajadores. En ese sentido, la ley 18.910 sancionada en el mes de mayo del 2012, alivia un poco la presión tributaria sobre las economías domésticas al establecer deducciones del impuesto a las rentas de las personas físicas, sobre los créditos hipotecarios.

Esto abre un nuevo frente para los contribuyentes que se ven sometidos a la carga tributaria que peca de injusta por

Hugo Lemos

Hugo Lemos

distintas razones. Porque se paga sobre lo que se gana, siendo un impuesto sobre el que más trabaja y no sobre el que más tiene, y hasta entonces las deducciones que planteaban eran muy pocas, y prácticamente había que abonar más en declaraciones juradas para comprobar lo que se proponía con cada deducción, de lo que al final se lograba aliviar en relación a la carga tributaria.

En ese sentido, desde el año pasado, con la aprobación de la ley Nº 18.910 se puede deducir la cuota de préstamos hipotecarios en el IRPF. Se trata de un cambio sustantivo introducido al sistema tributario y está referido en el artículo 5º de la ley 18.910.

El mismo permite que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puedan considerar como deducción las cuotas de préstamos hipotecarios a partir del 1º de enero de 2012.

Pero no son todos los que pueden deducir esas cuotas del impuesto a la renta de trabajo, sino los que sean deudores de cuotas de préstamos hipotecarios, de cooperativas de vivienda, o de los

promitentes compradores donde el acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

En ese sentido, los requisitos a considerar son: que la vivienda adquirida, debe ser única y permanente, que el costo de la vivienda, no puede superar las UI 794.000 (UI y T.C. al 31/12/12

equivaldría a USD 103.000 (ciento tres mil dólares), superado este valor no se podrá deducir monto alguno, no se podrán deducir más de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, (BPC al 31/12/212 las equivaldrían a más de 87 mil pesos).

Se deberá contar con documentación que acredite fehacientemente el costo de la vivienda, la existencia del préstamo hipotecario, y los comprobantes de pagos a deducir. Por lo que debe individualizar inequívocamente el inmueble, la entidad otorgante del préstamo y el número de inscripción del documento en el registro de hipotecas (si correspondiera).

El contribuyente debe solicitar a la institución otorgante del préstamo un documento en el que conste la identificación de la entidad con su número de RUT, nombre y Cédula de Identidad de el o los contribuyentes. El documento debe estar disponible antes del último día hábil de mayo del año siguiente (ya que por ejemplo, el 17 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas del año 2012).

La deducción se realizan por medio de la declaración jurada anual del contribuyente, no se realizan por la deducción mensual de los anticipos de IRPF, implicando así un costo financiero para el contribuyente.

Cuando la titularidad del préstamo estuviera compartida, la imputación será total o compartida en el caso de que haya habido acuerdo entre los titulares, en caso contrario se hará en partes iguales.

Asimismo, la deducción consistirá en el porcentaje que implique la cuota de la deuda que paga el trabajador en relación a su salario. Todos los trámites y consultas deben realizarse a nivel de la DGI.

El impuesto a la renta de las personas físicas es una de las mayores cargas tributarias con las que cuenta el trabajador, que debe abonar un impuesto por lo que gana, sumado a lo que ya paga de Montepío para su jubilación, Fonasa por cuota de atención de salud, y el resto de los tributos. La ley propone aunque sea un pequeño respiradero en un manto que ahoga y menoscaba los ingresos del que más trabaja.

(fuente: www.dgi.gub.uy, Estudio Guyer y Regules www.guyer.com.uy)

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El fin puede llegar a justificar los medios

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.
Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.
Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.
El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.
En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.
Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.
En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.
Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.

Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí

Hugo Lemos

Hugo Lemos

misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.

Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.

El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.

En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.

Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.

En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.

Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.

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Una farsa de principios

El principio de economía procesal y el de celeridad establecidos en la primera parte del Código General del Proceso, son parte de la literatura jurídica que nos enseñan en la Facultad y que ahí quedan. En el sistema judicial uruguayo, más allá de algunos avances que se han introducido como la sistematización electrónica, que busca acortar el tiempo que pierde el funcionario en lograr la notificación a las partes durante el proceso, la demora en la resolución de los casos es lesiva para el justiciable y pese a la vanguardia tecnológica en la que vivimos, la situación parece no tener solución alguna.
El CGP establece al menos dos principios que fueron claramente elaborados para buscar favorecer al ciudadano de a pie, que presenta una demanda y espera largos meses, hasta años, en procura de una solución a sus problemas, convirtiéndose la administración  de justicia, en la más burocrática de todo el sistema público.
Según la doctrina, el principio de economía procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen para el justiciable y apela, al menos en doctrina, a que haya una rápida respuesta y un camino corto a los reclamos que se presentan ante una sede judicial para la solución de un problema.
Sin embargo, las cosas en la realidad son muy diferentes y los plazos que establecen las normas para el cumplimiento del traslado de una demanda, es usualmente el doble de lo que fija la ley.
Pero al principio de economía procesal va atado, entre otros, el de Celeridad, el cual consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma.
Algo que nos hace recurrir una vez más a la situación planteada anteriormente, donde la violación permanente de los plazos legales fijados por la ley, sólo plantea una cuestión que debe tenerse en cuenta: o se replantean los redactores del CGP proponer nuevos plazos procesales para cada acto según lo que demora realmente su cumplimiento. O el sistema habilita una sede solamente para impugnar al sistema por las dilatorias que en su propio seno se plantean.

El principio de economía procesal y el de celeridad establecidos en la primera parte del Código General del Proceso, son parte de la literatura jurídica que nos enseñan en la Facultad y que ahí quedan. En el sistema judicial uruguayo, más allá de algunos avances

Hugo Lemos

Hugo Lemos

que se han introducido como la sistematización electrónica, que busca acortar el tiempo que pierde el funcionario en lograr la notificación a las partes durante el proceso, la demora en la resolución de los casos es lesiva para el justiciable y pese a la vanguardia tecnológica en la que vivimos, la situación parece no tener solución alguna.

El CGP establece al menos dos principios que fueron claramente elaborados para buscar favorecer al ciudadano de a pie, que presenta una demanda y espera largos meses, hasta años, en procura de una solución a sus problemas, convirtiéndose la administración  de justicia, en la más burocrática de todo el sistema público.

Según la doctrina, el principio de economía procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen para el justiciable y apela, al menos en doctrina, a que haya una rápida respuesta y un camino corto a los reclamos que se presentan ante una sede judicial para la solución de un problema.

Sin embargo, las cosas en la realidad son muy diferentes y los plazos que establecen las normas para el cumplimiento del traslado de una demanda, es usualmente el doble de lo que fija la ley.

Pero al principio de economía procesal va atado, entre otros, el de Celeridad, el cual consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma.

Algo que nos hace recurrir una vez más a la situación planteada anteriormente, donde la violación permanente de los plazos legales fijados por la ley, sólo plantea una cuestión que debe tenerse en cuenta: o se replantean los redactores del CGP proponer nuevos plazos procesales para cada acto según lo que demora realmente su cumplimiento. O el sistema habilita una sede solamente para impugnar al sistema por las dilatorias que en su propio seno se plantean.

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El delito de contrabando y el cero kilo

El contrabando está penalizado en nuestro país y es en este momento, el tema de discusión en la frontera debido a los controles que viene llevando a cabo la Dirección Nacional de Aduanas, con la finalidad de frenar el trasiego de mercaderías que ingresan en este caso desde la Repúbloi Argentona, debido a que cadaproducto cuesta alrededor del 60 por ciento menos con su similar en cualquier góndola del supermercado salteño que a usted se le ocurra.
Pero pese a existir un tratado que da vida al Mercosur, un sistema de mercado común entre cuatro países al que ahora se le ha sumado a Venezuela, firmado en Asunción del Paraguay, con vigencia desde el 1º de enero de 1991 y sobre cual hemos abundado ya sobre sus fallas, pese a que en el mismo se habla del libre tránsito bienes sin barreras arancelarias que perjudiquen los cometidos de dicho acuerdo, en Uruguay se sanciona el delito de contrabando, que es generar un perjuicio a la economía y la hacienda pública, y se hace extendible hasta para el cruce de pequeños artículos que bien pueden adquirirse en cualquier parte del mundo a precios irrisorios y ser ingresados por el aeropuerto de Carrasco, pero no desde la ciudad mercosuriana más próxima.
Pero haremos referencia al concepto legal de contrabando con la intención de por lo menos enterarnos de qué se trata esto, cuál es el límite que se le pone a la mercadería que un uruguayo puede entrar al país, y sobre todo del porqué de tanto ruido con este tipo de cosas.
El delito de Contrabando
Según establece el artículo 257, del Código Penal “comete el delito de contrabando y se halla sujeto a la pena respectiva, el que ejecutare alguno de los hechos previstos en el decreto-ley de 26 de marzo de 1877 y ley Nº 13.318, de 26 de diciembre de 1964”.
Principalmente la ley mencionada en este caso, establece en su artículo 253 a qué punta el delito de Contrabando, que es un delito que lesiona el interés económico de la República por su magnitud y quien lo comete actuando con dolo, da lugar al fraude, ingresando mercadería sin cumplir con las obligaciones de carácter impositivo establecidas por la ley.
En ese sentido, se considera que existe contrabando en toda entrada o salida, importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la complicidad de empleados (modus operandi del delito) o sin ella, en forma clandestina o violenta (contraria a la ley y vulnerando sus principios), o sin la documentación correspondiente (violando las disposiciones que así lo exigen), esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que establezcan leyes o reglamentos especiales aún no aduaneros.
Esto último refiere al fin, al destino que se pretenda darle al elemento material que constituye el delito. Es decir, cuál es el objeto de ese elemento material, en este caso, la comercialización de esos bienes que fueron ingresados sin cumplir con los requisitos y que en caso de lograr el fin propuesto ocasionarán un daño en la economía nacional.
Así es que la ley 13.318 en su artículo 253 establece un elenco de situaciones por las cuales se puede iniciar el procedimiento por contrabando. Al tiempo que en el artículo 254, se establece que en los casos de contrabando “se impondrá el comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos; una multa igual a su valor de aforo o de tasación en caso de no ser tarifados; el pago de los tributos correspondientes a los mismos, de acuerdo con el arancel vigente en la fecha de la detención o denuncia y los tributos y costos del juicio, por las actuaciones judiciales”.
Pero en todo caso, las actuaciones se refieren a los volúmenes de mercaderías que en todo caso pueden llegar a generar por su magnitud un perjuicio económico importante para la recaudación de impuestos e impactar en la economía nacional por la defraudación tributaria y por la competencia desleal.
Aunque nada dice del vecino que compra mayonesa y aceite a un precio más barato en la ciudad fronteriza y bajo tutela del tratado de Asunción más cercana, este hecho no es punible y en ese sentido, las disposiciones tendientes a los ceros sean kilos o litros, no acompañan el espírtu del delito de contrabando ni mucho menos del Tratado del Mercosur. Están en un limbo jurídico cuya naturaleza es muy vulnerable a ser revocada.

El contrabando está penalizado en nuestro país y es en este momento, el tema de discusión en la frontera debido a los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

controles que viene llevando a cabo la Dirección Nacional de Aduanas, con la finalidad de frenar el trasiego de mercaderías que ingresan en este caso desde la Repúbloi Argentona, debido a que cadaproducto cuesta alrededor del 60 por ciento menos con su similar en cualquier góndola del supermercado salteño que a usted se le ocurra.

Pero pese a existir un tratado que da vida al Mercosur, un sistema de mercado común entre cuatro países al que ahora se le ha sumado a Venezuela, firmado en Asunción del Paraguay, con vigencia desde el 1º de enero de 1991 y sobre cual hemos abundado ya sobre sus fallas, pese a que en el mismo se habla del libre tránsito bienes sin barreras arancelarias que perjudiquen los cometidos de dicho acuerdo, en Uruguay se sanciona el delito de contrabando, que es generar un perjuicio a la economía y la hacienda pública, y se hace extendible hasta para el cruce de pequeños artículos que bien pueden adquirirse en cualquier parte del mundo a precios irrisorios y ser ingresados por el aeropuerto de Carrasco, pero no desde la ciudad mercosuriana más próxima.

Pero haremos referencia al concepto legal de contrabando con la intención de por lo menos enterarnos de qué se trata esto, cuál es el límite que se le pone a la mercadería que un uruguayo puede entrar al país, y sobre todo del porqué de tanto ruido con este tipo de cosas.

El delito de Contrabando

Según establece el artículo 257, del Código Penal “comete el delito de contrabando y se halla sujeto a la pena respectiva, el que ejecutare alguno de los hechos previstos en el decreto-ley de 26 de marzo de 1877 y ley Nº 13.318, de 26 de diciembre de 1964”.

Principalmente la ley mencionada en este caso, establece en su artículo 253 a qué punta el delito de Contrabando, que es un delito que lesiona el interés económico de la República por su magnitud y quien lo comete actuando con dolo, da lugar al fraude, ingresando mercadería sin cumplir con las obligaciones de carácter impositivo establecidas por la ley.

En ese sentido, se considera que existe contrabando en toda entrada o salida, importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la complicidad de empleados (modus operandi del delito) o sin ella, en forma clandestina o violenta (contraria a la ley y vulnerando sus principios), o sin la documentación correspondiente (violando las disposiciones que así lo exigen), esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que establezcan leyes o reglamentos especiales aún no aduaneros.

Esto último refiere al fin, al destino que se pretenda darle al elemento material que constituye el delito. Es decir, cuál es el objeto de ese elemento material, en este caso, la comercialización de esos bienes que fueron ingresados sin cumplir con los requisitos y que en caso de lograr el fin propuesto ocasionarán un daño en la economía nacional.

Así es que la ley 13.318 en su artículo 253 establece un elenco de situaciones por las cuales se puede iniciar el procedimiento por contrabando. Al tiempo que en el artículo 254, se establece que en los casos de contrabando “se impondrá el comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos; una multa igual a su valor de aforo o de tasación en caso de no ser tarifados; el pago de los tributos correspondientes a los mismos, de acuerdo con el arancel vigente en la fecha de la detención o denuncia y los tributos y costos del juicio, por las actuaciones judiciales”.

Pero en todo caso, las actuaciones se refieren a los volúmenes de mercaderías que en todo caso pueden llegar a generar por su magnitud un perjuicio económico importante para la recaudación de impuestos e impactar en la economía nacional por la defraudación tributaria y por la competencia desleal.

Aunque nada dice del vecino que compra mayonesa y aceite a un precio más barato en la ciudad fronteriza y bajo tutela del tratado de Asunción más cercana, este hecho no es punible y en ese sentido, las disposiciones tendientes a los ceros sean kilos o litros, no acompañan el espírtu del delito de contrabando ni mucho menos del Tratado del Mercosur. Están en un limbo jurídico cuya naturaleza es muy vulnerable a ser revocada.

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Contradicciones jurídicas uruguayas dubitan la validez del Mercosur

Atendiendo el interés particular de uno de los Estados partes del Mercosur, en este caso, el nuestro, una disposición normativa, que puede entenderse como un acto administrativo con efecto sancionatorio, emitida en base a la ley que da forma al Código Aduanero, suprime los efectos jurídicos emanados de un Tratado Internacional al que nuestro país suscribió y sigue batallando por su cumplimiento en todos los órdenes.
Sin embargo, la disposición del organismo estatal, no deja lugar al cumplimiento de ese Tratado que en ninguna parte de su articulado dice que salvo excepciones, el mismo puede dejar de cumplirse.
En ese sentido, la validez jurídica de esa disposición normativa emanada de la Aduana del Uruguay, echa por tierra la vigencia de una convención internacional suscrita hace varios años, con la intención de una anhelada integración entre los países del cono sur, que hasta ahora solo es una voluntad sin efecto alguno, dando lugar a que su validez provoque una gran contradicción jurídica.
La disposición de Aduanas dice que por “(…) la situación generada en las ciudades limítrofes como legítima preocupación del comercio local, y que de mantenerse la misma podría redundar en la pérdida de fuentes laborales, (…) la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo a sus facultades establecidas en el Código Aduanero (Decreto – Ley 15.691), comunica a la población en general que a partir del lunes 8 de abril, aplicará CERO KILO en las compras en régimen de tráfico fronterizo procedente de la República Argentina”.
Mientras que en su artículo 1º, el referido Código establece que “la Dirección Nacional de Aduanas, (…) tiene competencia exclusiva en el cumplimiento de los siguientes cometidos: a) Verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras de embarque, desembarque y despacho de mercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación de la nomenclatura arancelaria recaudando los tributos correspondientes, y relevar. B) Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados internacionales suscritos por el país en materia aduanera”.
Mientras que el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur señala que los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, el que se denominará “Mercado Común del Sur”.
“Este Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.
Por lo tanto, lo que ocurre en nuestro país es que se impone una restricción al cumplimiento del Tratado del Mercosur, en base a una disposición normativa transitoria por parte de un organismo del Estado. Esto hace que en cierta medida las facultades establecidas en el Código Aduanero colidan con la ley nacional que reconoce a su vez los efectos jurídicos desplegados en el Tratado de Asunción, al que Uruguay suscribió como estado Parte. La decisión aduanera entonces, independientemente de su conveniencia comercial o política, es parte de una contradicción jurídica, como muchas de las que se dan en el país y que deberían ser revisadas para evitar daños, antes de ser emanadas.

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La licencia, un derecho irrenunciable

La licencia es uno de los beneficios más importantes que tienen los trabajadores, ya que la misma se trata de un derecho de orden público, de carácter irrenunciable y por lo tanto, cualquier acuerdo al que arribe para no gozarla, es nulo ante la ley. Para ser titular de este derecho, el trabajador deberá haber computado un año, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo. En el caso no llegar a cumplir un año, se ajustará al año civil y se le otorgará lo que le corresponda por lo trabajado hasta el 31 de diciembre. Además, la licencia es un derecho que debe gozarse en el año inmediato siguiente al cual se generó el derecho.
El cálculo de pago de la licencia tiene diferentes modalidades según la condición del trabajador. En el caso de los mensuales, el cálculo debe multiplicarse tomando en cuenta el valor de un día de trabajo por la cantidad de días que le corresponda gozar de licencia. Para el caso de los jornaleros: se toma en cuenta el valor del jornal vigente y para el caso de los trabajadores con remuneración variable, como los destajistas, el art. 1º del Decreto-ley 14.328 de 19 de diciembre de 1974 establece que el jornal de vacaciones se calcula dividiendo el monto total de los salarios percibidos en el año anterior a la iniciación de la licencia, a los que se les sumarán los porcentajes de aumentos asignados al trabajador en ese tiempo, todo esto, dividido por el número de jornadas trabajadas en todo ese período. Y el jornal vacacional obtenido, se reajustará en el caso de que se produzcan aumentos durante el tiempo en el que el trabajador está en uso de licencia, respecto de los días no gozados, pagándose las diferencias que resulten en el mes siguiente de la terminación de la licencia.
El pago de la licencia, debe realizarse antes de comenzar a gozarla en caso de los jornaleros. Mientras que los mensuales podrán cobrarla al finalizar el mes correspondiente como si hubieran trabajado. La licencia no puede comenzar un día de descanso semanal del trabajador. Aunque los días sábados deben ser computados por no ser días feriados.
Licencia por antigüedad
La Licencia son 20 días hábiles, a la que se le sumará un día después del 5º año de trabajo, después se agregará un día cada cuatro años trabajados. Es decir, al 8º año, el trabajador generó dos días de licencia, al 12º año, 3 días de licencia por antiguedad, y así sucesivamente cada cuatro años. La licencia se genera un año y se usufructúa al siguiente no existiendo tope en la cantidad de días a generarse. No existe límite a la cantidad de días por antigüedad.

La licencia es uno de los beneficios más importantes que tienen los trabajadores, ya que la misma se trata de un derecho de orden público, de carácter irrenunciable y por lo tanto, cualquier acuerdo al que arribe para no gozarla, es nulo ante la ley. Para ser

Hugo Lemos

Hugo Lemos

titular de este derecho, el trabajador deberá haber computado un año, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo. En el caso no llegar a cumplir un año, se ajustará al año civil y se le otorgará lo que le corresponda por lo trabajado hasta el 31 de diciembre. Además, la licencia es un derecho que debe gozarse en el año inmediato siguiente al cual se generó el derecho.

El cálculo de pago de la licencia tiene diferentes modalidades según la condición del trabajador. En el caso de los mensuales, el cálculo debe multiplicarse tomando en cuenta el valor de un día de trabajo por la cantidad de días que le corresponda gozar de licencia. Para el caso de los jornaleros: se toma en cuenta el valor del jornal vigente y para el caso de los trabajadores con remuneración variable, como los destajistas, el art. 1º del Decreto-ley 14.328 de 19 de diciembre de 1974 establece que el jornal de vacaciones se calcula dividiendo el monto total de los salarios percibidos en el año anterior a la iniciación de la licencia, a los que se les sumarán los porcentajes de aumentos asignados al trabajador en ese tiempo, todo esto, dividido por el número de jornadas trabajadas en todo ese período. Y el jornal vacacional obtenido, se reajustará en el caso de que se produzcan aumentos durante el tiempo en el que el trabajador está en uso de licencia, respecto de los días no gozados, pagándose las diferencias que resulten en el mes siguiente de la terminación de la licencia.

El pago de la licencia, debe realizarse antes de comenzar a gozarla en caso de los jornaleros. Mientras que los mensuales podrán cobrarla al finalizar el mes correspondiente como si hubieran trabajado. La licencia no puede comenzar un día de descanso semanal del trabajador. Aunque los días sábados deben ser computados por no ser días feriados.

Licencia por antigüedad

La Licencia son 20 días hábiles, a la que se le sumará un día después del 5º año de trabajo, después se agregará un día cada cuatro años trabajados. Es decir, al 8º año, el trabajador generó dos días de licencia, al 12º año, 3 días de licencia por antiguedad, y así sucesivamente cada cuatro años. La licencia se genera un año y se usufructúa al siguiente no existiendo tope en la cantidad de días a generarse. No existe límite a la cantidad de días por antigüedad.

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Menos asistencialismo y más políticas de fondo

Quizás sirva como jurisprudencia para otros casos de similar naturaleza, aunque no es la idea que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. La ley 19.047 promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de este año, confiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la potestad de prolongar el seguro de desempleo para los trabajadores de la empresa Metzen y Sena por el plazo de 180 días.
Es decir, ante una situación en la que los trabajadores que quedaron en situación de calle por los hechos notorios que determinaron el cierre de la conocida empresa uruguaya, fueron amparados por el derecho que les asiste al seguro de paro, el Gobierno, quizás esquivo en este caso en solucionar el problema de fondo con políticas de empleo claras, deriva la responsabilidad al erario público y les permite acogerse a este beneficio por 6 meses más.
Está muy bien por los trabajadores que, sufriendo las consecuencias del mercado desrregulado que tenemos en este país, se vieron afectados y quedaron sin empleo, pero en este caso, las políticas de prolongar seguros de desempleo, para lo cual es necesario que una ley lo avale y que luego el Poder Ejecutivo lo autorice, genera una salida más en un mundo de relaciones laborales que busca el beneficio más que exclusivo de la parte menos ventajosa para esta materia, que en este caso son los trabajadores.
Asimismo, el hecho de que por vía legislativa se estén solucionando problemas de empleo, de falta de regulación del mercado y de promoción de la inversión privada para generar empleo genuino, no es buena cosa. Aunque por otro lado, el caso sienta un precedente favorable para quienes se vieran en un futuro en una situación de estas características.
Para ello, basta con hacer de su caso algo muy sonado en la prensa y que opere con presión sindical ante un gobierno que entiende que debe pagar una deuda con los trabajadores por la falta de legislación favorable a éstos durante décadas. Sin embargo, a veces se mete en embates en los que no sabe como salir y termina legislando así, extendiendo seguros de desempleo, cosa que puede ser utilizado para otros casos que no lo ameriten tanto en el futuro.
Algo que al final de cuentas, puede terminar siendo más asistencialismo que una verdadera ayuda a quienes deben atravesar momentos difíciles.

Quizás sirva como jurisprudencia para otros casos de similar naturaleza, aunque no es la idea que este tipo de situaciones

Hugo Lemos

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sigan ocurriendo. La ley 19.047 promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de este año, confiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la potestad de prolongar el seguro de desempleo para los trabajadores de la empresa Metzen y Sena por el plazo de 180 días.

Es decir, ante una situación en la que los trabajadores que quedaron en situación de calle por los hechos notorios que determinaron el cierre de la conocida empresa uruguaya, fueron amparados por el derecho que les asiste al seguro de paro, el Gobierno, quizás esquivo en este caso en solucionar el problema de fondo con políticas de empleo claras, deriva la responsabilidad al erario público y les permite acogerse a este beneficio por 6 meses más.

Está muy bien por los trabajadores que, sufriendo las consecuencias del mercado desrregulado que tenemos en este país, se vieron afectados y quedaron sin empleo, pero en este caso, las políticas de prolongar seguros de desempleo, para lo cual es necesario que una ley lo avale y que luego el Poder Ejecutivo lo autorice, genera una salida más en un mundo de relaciones laborales que busca el beneficio más que exclusivo de la parte menos ventajosa para esta materia, que en este caso son los trabajadores.

Asimismo, el hecho de que por vía legislativa se estén solucionando problemas de empleo, de falta de regulación del mercado y de promoción de la inversión privada para generar empleo genuino, no es buena cosa. Aunque por otro lado, el caso sienta un precedente favorable para quienes se vieran en un futuro en una situación de estas características.

Para ello, basta con hacer de su caso algo muy sonado en la prensa y que opere con presión sindical ante un gobierno que entiende que debe pagar una deuda con los trabajadores por la falta de legislación favorable a éstos durante décadas. Sin embargo, a veces se mete en embates en los que no sabe como salir y termina legislando así, extendiendo seguros de desempleo, cosa que puede ser utilizado para otros casos que no lo ameriten tanto en el futuro.

Algo que al final de cuentas, puede terminar siendo más asistencialismo que una verdadera ayuda a quienes deben atravesar momentos difíciles.

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La lesa humanidad es imprescriptible

En Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hubo desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, destierros, persecución política y prisión. Nuestro país suscribió tratados internacionales porque somos parte del mundo y nos incluimos en él junto al resto del planeta, y muchos de ellos refieren a Derechos Humanos.
Entre estos, suscribimos con especial énfasis, al que dictamina que los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles.  Quiere decir que son delitos que pueden juzgarse más allá del tiempo. Es decir, si alguien los sufrió en la década del 70, hoy puede presentarse ante un juez penal y denunciarlos.
Sobre todo en los casos donde hay desaparición forzada, porque se trata de un delito continuado en el tiempo, ya que la desaparición sigue vigente, y por lo tanto, el delito continúa estando presente. Sin embargo, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, este tipo de casos, son similares a los delitos establecidos en el Código Penal uruguayo, que refiere a los delitos comunes, como el hurto, el homicidio, la rapiña, entre muchos otros, y tienen un plazo para ser denunciados o de lo contrario, el mismo prescribe y a otra cosa.
Más allá de que la ley de caducidad fue un error que nunca debió suceder, de que el pueblo uruguayo votó dos veces por su no derogación, y de que la principal pandilla de represores de nuestro país, están presos por los crímenes cometidos, los que ocurrieron en la dictadura no fueron delitos comunes.
Según la definición, crimen contra la humanidad o de lesa humanidad recogido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Es público y notorio que esto ocurrió. En base a esto, fue que en el año 2006, nuestro país sancionó la Ley Nº 18.831 que sostiene el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.
Los artículos declarados inconstitucionales por la Corte fueron los dos siguientes que permiten investigar la lesa humanidad y afirman que Uruguay ratifica ese concepto.
Por lo expuesto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y si la ley los acepta como tales, no deberían haberse declarados prescriptos, porque contradicen el ordenamiento jurídico. Y disparate más grande que ese, no existe.

En Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hubo desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, destierros, persecución política y prisión. Nuestro país suscribió tratados internacionales porque somos parte del mundo y nos incluimos en él junto al resto del planeta, y muchos de ellos refieren a Derechos Humanos.

Entre estos, suscribimos con especial énfasis, al que dictamina que los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles.  Quiere

Hugo Lemos

Hugo Lemos

decir que son delitos que pueden juzgarse más allá del tiempo. Es decir, si alguien los sufrió en la década del 70, hoy puede presentarse ante un juez penal y denunciarlos.

Sobre todo en los casos donde hay desaparición forzada, porque se trata de un delito continuado en el tiempo, ya que la desaparición sigue vigente, y por lo tanto, el delito continúa estando presente. Sin embargo, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, este tipo de casos, son similares a los delitos establecidos en el Código Penal uruguayo, que refiere a los delitos comunes, como el hurto, el homicidio, la rapiña, entre muchos otros, y tienen un plazo para ser denunciados o de lo contrario, el mismo prescribe y a otra cosa.

Más allá de que la ley de caducidad fue un error que nunca debió suceder, de que el pueblo uruguayo votó dos veces por su no derogación, y de que la principal pandilla de represores de nuestro país, están presos por los crímenes cometidos, los que ocurrieron en la dictadura no fueron delitos comunes.

Según la definición, crimen contra la humanidad o de lesa humanidad recogido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Es público y notorio que esto ocurrió. En base a esto, fue que en el año 2006, nuestro país sancionó la Ley Nº 18.831 que sostiene el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

Los artículos declarados inconstitucionales por la Corte fueron los dos siguientes que permiten investigar la lesa humanidad y afirman que Uruguay ratifica ese concepto.

Por lo expuesto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y si la ley los acepta como tales, no deberían haberse declarados prescriptos, porque contradicen el ordenamiento jurídico. Y disparate más grande que ese, no existe.

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Habría que separar los poderes

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.
Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.
La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.
Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.
La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.
Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.
El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.
Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes
porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.
El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.
Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.

Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.

La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.

Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.

La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.

Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.

El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.

Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes

porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.

El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.

Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.

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Una herramienta más justa

La teoría de la carga probatoria dinámica cobró especial impulso a partir de un caso de responsabilidad médica planteado en la República Argentina, cuando se pidió la inversión de los medios probatorios a evaluar para determinar las responsabilidades en un caso. Quien acusó de haber recibido un tratamiento defectuoso, planteó el caso y determinó que el tribunal hiciera probar a los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

médicos involucrados qué medios dispusieron a su alcance para evitar el daño causado, dando vuelta un sistema probatorio que hasta ahora regía como principio rector, tal como lo establece el Código General del Proceso al señalar en su artículo 139, “corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión”, aunque al seguir leyendo deja la puerta abierta a esta teoría al decir “quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión”.

El reconocimiento en Argentina para quien impulsó ésta tesis es para el profesor y camarista rosarino Jorge W. Peyrano.
El profesor de derecho procesal de la Universidad de la República, ex docente de la Regional Norte, Gabriel Valentín, sostiene en un trabajo publicado sobre la teoría de la cargas probatorias dinámicas que “la formulación de la misma es sencilla: sobre la adecuada ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse de actor a demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las partes se encontrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de suministrar la prueba, con absoluta independencia de su posición en el proceso y de la naturaleza de los hechos que aleguen”.
Sostiene el Dr. Valentín sobre el punto que: “esta particular carga probatoria no estaría “determinada apriorísticamente” y en forma abstracta y genérica por la ley, sino que sería determinada por el tribunal a posteriori y en cada proceso concreto; no sería estática sino dinámica, yendo y viniendo según cual sea la parte que esté en mejores condiciones de aportar los medios probatorios. La teoría recibió rápidas adhesiones en la doctrina argentina y uruguaya y ha sido aplicada con frecuencia por la jurisprudencia de ambos países”.
En ese sentido, la aplicación de esta teoría aparece acaso como más justa y equitativa a la hora de que las partes puedan probar o intentar eximir sus responsabilidades en casos de cualquier índole. Aprovechar la herramienta y saber cuándo es el momento de aplicarla para obtener elementos favorables a su pretensión, es tarea del abogado.

La teoría de la carga probatoria dinámica cobró especial impulso a partir de un caso de responsabilidad médica planteado en la República Argentina, cuando se pidió la inversión de los medios probatorios a evaluar para determinar las responsabilidades en un caso. Quien acusó de haber recibido un tratamiento defectuoso, planteó el caso y determinó que el tribunal hiciera probar a los médicos involucrados qué medios dispusieron a su alcance para evitar el daño causado, dando vuelta un sistema probatorio que hasta ahora regía como principio rector, tal como lo establece el Código General del Proceso al señalar en su artículo 139, “corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión”, aunque al seguir leyendo deja la puerta abierta a esta teoría al decir “quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión”.

El reconocimiento en Argentina para quien impulsó ésta tesis es para el profesor y camarista rosarino Jorge W. Peyrano.

El profesor de derecho procesal de la Universidad de la República, ex docente de la Regional Norte, Gabriel Valentín, sostiene en un trabajo publicado sobre la teoría de la cargas probatorias dinámicas que “la formulación de la misma es sencilla: sobre la adecuada ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse de actor a demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las partes se encontrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de suministrar la prueba, con absoluta independencia de su posición en el proceso y de la naturaleza de los hechos que aleguen”.

Sostiene el Dr. Valentín sobre el punto que: “esta particular carga probatoria no estaría “determinada apriorísticamente” y en forma abstracta y genérica por la ley, sino que sería determinada por el tribunal a posteriori y en cada proceso concreto; no sería estática sino dinámica, yendo y viniendo según cual sea la parte que esté en mejores condiciones de aportar los medios probatorios. La teoría recibió rápidas adhesiones en la doctrina argentina y uruguaya y ha sido aplicada con frecuencia por la jurisprudencia de ambos países”.

En ese sentido, la aplicación de esta teoría aparece acaso como más justa y equitativa a la hora de que las partes puedan probar o intentar eximir sus responsabilidades en casos de cualquier índole. Aprovechar la herramienta y saber cuándo es el momento de aplicarla para obtener elementos favorables a su pretensión, es tarea del abogado.

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La peligrosa “alarma social”

La alarma social es un elemento que si bien por un lado es muy endeble, por otro es altamente significativo ya que es tomado en cuenta por los jueces a la hora de decidir sobre un caso que ha causado conmoción pública, por su sensibilidad o por su gravedad.
Los jueces penales suelen procesar con prisión a las personas que al cometer delitos causan “alarma social”. Ayer el magistrado Fernández Lechini, en el caso Tania Ramírez (que a juicio de quien esto escribe no protagonizó más que una pelea callejera con cruce de insultos más allá de que ella se llevó la peor parte) se dejó llevar por las presiones públicas que motivaron desde la intervención del gobierno (al que la chica lesionada pertenece ya que es funcionaria del Mides) hasta una marcha contra el racismo convocada por la asociación afro a la que también pertenece.
Vaya si eso no es alarma social, y “presión” así sea entre comillas, para que un magistrado dicte un fallo. Así ya han procedido otros magistrados, como por ejemplo en casos de accidentes de tránsito o hechos de otras características. Pero cuando los magistrados deben determinar de qué se trata esto de la “alarma social”, no saben cómo precisarlo y muchas otras veces llegan a pensar hasta en un concepto elástico, pero lo admiten como una herramienta válida que sirve para procesar con prisión a una persona por estar en la palestra pública por el delito cometido.
El artículo 3 de la ley 15.859, norma que complementa el Código del Proceso Penal uruguayo establece que “se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del magistrado, grave alarma social”.
La alarma social muchos la definen como el comentario masivo del hecho acaecido en la opinión pública, lo que genera sensibilidad y rechazo por parte de la comunidad que se ve afectada por la producción de un hecho, generando en algunos casos por la magnitud del desastre causado, el odio y desprecio público hacia quien lo comete, al punto que pueda peligrar su integridad física.
El caso de ayer, donde cuatro mujeres fueron procesadas por el hecho de haber sido expuestas en los medios durante varios días al protagonizar un incidente a la salida de un local bailable, fue determinante la publicidad del hecho para que las mismas fueran procesadas con prisión. Qué peligroso resulta ser víctima de la alarma social. Y la pregunta surge para los abogados ¿cómo defender a un cliente qué padece la mediatización de su caso? Porque eso es la “grave alarma social”, una campaña en su contra que puede resultar muy negativa.

La alarma social es un elemento que si bien por un lado es muy endeble, por otro es altamente significativo ya que es tomado en cuenta por los jueces a la hora de decidir sobre un caso que ha causado conmoción pública, por su sensibilidad o por su gravedad.

Los jueces penales suelen procesar con prisión a las personas que al cometer delitos causan “alarma social”. Ayer el magistrado

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Fernández Lechini, en el caso Tania Ramírez (que a juicio de quien esto escribe no protagonizó más que una pelea callejera con cruce de insultos más allá de que ella se llevó la peor parte) se dejó llevar por las presiones públicas que motivaron desde la intervención del gobierno (al que la chica lesionada pertenece ya que es funcionaria del Mides) hasta una marcha contra el racismo convocada por la asociación afro a la que también pertenece.

Vaya si eso no es alarma social, y “presión” así sea entre comillas, para que un magistrado dicte un fallo. Así ya han procedido otros magistrados, como por ejemplo en casos de accidentes de tránsito o hechos de otras características. Pero cuando los magistrados deben determinar de qué se trata esto de la “alarma social”, no saben cómo precisarlo y muchas otras veces llegan a pensar hasta en un concepto elástico, pero lo admiten como una herramienta válida que sirve para procesar con prisión a una persona por estar en la palestra pública por el delito cometido.

El artículo 3 de la ley 15.859, norma que complementa el Código del Proceso Penal uruguayo establece que “se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del magistrado, grave alarma social”.

La alarma social muchos la definen como el comentario masivo del hecho acaecido en la opinión pública, lo que genera sensibilidad y rechazo por parte de la comunidad que se ve afectada por la producción de un hecho, generando en algunos casos por la magnitud del desastre causado, el odio y desprecio público hacia quien lo comete, al punto que pueda peligrar su integridad física.

El caso de ayer, donde cuatro mujeres fueron procesadas por el hecho de haber sido expuestas en los medios durante varios días al protagonizar un incidente a la salida de un local bailable, fue determinante la publicidad del hecho para que las mismas fueran procesadas con prisión. Qué peligroso resulta ser víctima de la alarma social. Y la pregunta surge para los abogados ¿cómo defender a un cliente qué padece la mediatización de su caso? Porque eso es la “grave alarma social”, una campaña en su contra que puede resultar muy negativa.

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Aumento del mínimo imponible del IRPF no dice nada

El aumento del valor de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) disparó el monto mínimo no imponible para cobrar el impuesto madre de esta administración de gobierno, el impuesto a las renta de las personas físicas (IRPF).
Luego que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se diera a conocer cuál sería el monto final de esa unidad de valor para este año, la cartera detalló que la franja de los que pagan el IRPF, podría disminuir en función de la línea de pagos ahora establecida.
El decreto fue publicado ya en diciembre confirmando que el aumento de la BPC es del orden del 7,48% ($2.598 pesos), lo que llevó a que el mínimo no imponible mensual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasara a ser de $18.185 pesos uruguayos (unas siete BPC en total).
Recordemos que esta unidad de valor denominada Base de Prestaciones y Contribuciones se utiliza para calcular, no sólo los topes de los aportes al IRPF, sino también del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), que en realidad, opera como un IRPF encubierto para los pasivos, los que abonan un impuesto en proporción a la jubilación que perciben.
El aspecto negativo de estos impuestos, es que no se deducen alquileres o gastos que tienen las personas y que impactan en forma directa en sus ingresos. Y como el IRPF es un impuesto al ingreso, deberían deducir en forma directa algunos costos fijos que tiene el contribuyente, los que disminuyen sus ingresos en forma notoria.
Entonces el razonamiento a mi juicio es el siguiente: ¿hasta dónde es legítimo que se establezca un impuesto al ingreso global de una persona, sin tener en cuenta el costo fijo que ésta tiene para poder acceder al mismo y descontárselo como corresponde?
Si bien existe un margen de deducciones, el mismo se hace sobre los hijos que se encuentran a cargo del contribuyente y esto es tenido en cuenta para el aporte que se realiza por el sistema nacional integrado de salud, más conocido como Fonasa.
Pero el hecho es que debería exigirse por parte del contribuyente al Estado, el inicio de un plan de deducciones en función de los costos de vida que tiene cada persona afectada por el IRPF. Ejemplo: el pago del alquiler de un local por parte del profesional liberal que para ejercer su profesión establece un estudio o un consultorio afuera de su hogar. Así como también, la deducción de al menos parte del alquiler de la vivienda que arrienda como casa habitación, por carecer de una propiedad, el aportante común de este impuesto.
Más allá que el monto mínimo imponible tienda a subir, con la finalidad de dejar a cada vez más personas exentas del pago del mismo, los costos de vida también aumentan y con ello, la canasta familiar básica que en los últimos tiempo tuvo una suba de precios del orden de los 3.052 pesos, situándose en el orden de los 40 mil pesos mensuales, según los datos del gobierno. Lo que quiere decir que es cada vez mayor el número de personas que no accede a una canasta básica.
Por lo tanto, el IRPF no solamente necesita limitarse a una franja cada vez más chica, sino que además debería contemplar ciertas realidades para favorecer al contribuyente y estimularlo para no evitar el aporte.

El aumento del valor de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) disparó el monto mínimo no imponible para cobrar el impuesto madre de esta administración de gobierno, el impuesto a las renta de las personas físicas (IRPF).

Luego que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se diera a conocer cuál sería el monto final de esa unidad de valor

Hugo Lemos

Hugo Lemos

para este año, la cartera detalló que la franja de los que pagan el IRPF, podría disminuir en función de la línea de pagos ahora establecida.

El decreto fue publicado ya en diciembre confirmando que el aumento de la BPC es del orden del 7,48% ($2.598 pesos), lo que llevó a que el mínimo no imponible mensual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasara a ser de $18.185 pesos uruguayos (unas siete BPC en total).

Recordemos que esta unidad de valor denominada Base de Prestaciones y Contribuciones se utiliza para calcular, no sólo los topes de los aportes al IRPF, sino también del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), que en realidad, opera como un IRPF encubierto para los pasivos, los que abonan un impuesto en proporción a la jubilación que perciben.

El aspecto negativo de estos impuestos, es que no se deducen alquileres o gastos que tienen las personas y que impactan en forma directa en sus ingresos. Y como el IRPF es un impuesto al ingreso, deberían deducir en forma directa algunos costos fijos que tiene el contribuyente, los que disminuyen sus ingresos en forma notoria.

Entonces el razonamiento a mi juicio es el siguiente: ¿hasta dónde es legítimo que se establezca un impuesto al ingreso global de una persona, sin tener en cuenta el costo fijo que ésta tiene para poder acceder al mismo y descontárselo como corresponde?

Si bien existe un margen de deducciones, el mismo se hace sobre los hijos que se encuentran a cargo del contribuyente y esto es tenido en cuenta para el aporte que se realiza por el sistema nacional integrado de salud, más conocido como Fonasa.

Pero el hecho es que debería exigirse por parte del contribuyente al Estado, el inicio de un plan de deducciones en función de los costos de vida que tiene cada persona afectada por el IRPF. Ejemplo: el pago del alquiler de un local por parte del profesional liberal que para ejercer su profesión establece un estudio o un consultorio afuera de su hogar. Así como también, la deducción de al menos parte del alquiler de la vivienda que arrienda como casa habitación, por carecer de una propiedad, el aportante común de este impuesto.

Más allá que el monto mínimo imponible tienda a subir, con la finalidad de dejar a cada vez más personas exentas del pago del mismo, los costos de vida también aumentan y con ello, la canasta familiar básica que en los últimos tiempo tuvo una suba de precios del orden de los 3.052 pesos, situándose en el orden de los 40 mil pesos mensuales, según los datos del gobierno. Lo que quiere decir que es cada vez mayor el número de personas que no accede a una canasta básica.

Por lo tanto, el IRPF no solamente necesita limitarse a una franja cada vez más chica, sino que además debería contemplar ciertas realidades para favorecer al contribuyente y estimularlo para no evitar el aporte.

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La responsabilidad del depositario

Una de las consultas más frecuentes, cuando la Intendencia, la Aduana o la Policía incautan un vehículo cualquiera por estar su propietario cometiendo una infracción legal con el mismo, es ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el depositario de mi vehículo? ¿En caso de recuperarlo me lo debe entregar en el mismo estado que lo aprehendió? ¿Qué pasa si el mismo sufre un daño estando bajo su responsabilidad?
En ese sentido, varias situaciones se plantean en torno a este tema, debido a que ya se han registrado circunstancias en las cuales el depositario judicial ha sido el Estado y al momento de tener que devolver el bien confiscado por esa repartición, y lo hacen con daños de diversa índole, recae responsabilidad por su condición de depositario, algo que muchas veces no se tiene en cuenta por la persona afectada, debido a que en su interés prima la de recuperar el vehículo afectado.
El Código Civil uruguayo, en su artículo 1766, establece el concepto y las obligaciones que tiene el denominado depositario, que en este caso es el encargado de tener la guarda material de la cosa aprehendida.
Según señala la referida norma: el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este libro.
Si bien este concepto está establecido en forma general este principio se cumple principalmente en cuando a la responsabilidad que tiene un depositario civil, aunque también va en prenda para el Estado.
En ese sentido, el artículo 1767 del mencionado Código señala que: El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.
En ese caso, opera la responsabilidad por daños que pueda asumir el depositario por menoscabar o dañar la cosa que está bajo su guarda, la que debe ser restituida en el mismo estado en el que la recibió.
En el caso de que sea el Estado el que cause daños a la cosa que tenía en depósito con el cargo de restituirla, podrá responder en base a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, como principio general para todos estos casos.
Y los previstos en el Código Civil para el caso de que el depositario sea una persona particular, más allá de que haya recibido un mandato judicial para retener la cosa como medida cautelar. El depositario tiene a su cargo restituir en el mismo estado, esto no permite aceptar daño alguno en la cosa depositada. Hay que ser claros y saber que cuando uno sufre un daño, debe reclamarlo. Hágalo.

Una de las consultas más frecuentes, cuando la Intendencia, la Aduana o la Policía incautan un vehículo cualquiera por estar su propietario cometiendo una infracción legal con el mismo, es ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el depositario de mi vehículo? ¿En caso de recuperarlo me lo debe entregar en el mismo estado que lo aprehendió? ¿Qué pasa si el mismo sufre un daño estando bajo su responsabilidad?

En ese sentido, varias situaciones se plantean en torno a este tema, debido a que ya se han registrado circunstancias en las cuales el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

depositario judicial ha sido el Estado y al momento de tener que devolver el bien confiscado por esa repartición, y lo hacen con daños de diversa índole, recae responsabilidad por su condición de depositario, algo que muchas veces no se tiene en cuenta por la persona afectada, debido a que en su interés prima la de recuperar el vehículo afectado.

El Código Civil uruguayo, en su artículo 1766, establece el concepto y las obligaciones que tiene el denominado depositario, que en este caso es el encargado de tener la guarda material de la cosa aprehendida.

Según señala la referida norma: el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este libro.

Si bien este concepto está establecido en forma general este principio se cumple principalmente en cuando a la responsabilidad que tiene un depositario civil, aunque también va en prenda para el Estado.

En ese sentido, el artículo 1767 del mencionado Código señala que: El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.

En ese caso, opera la responsabilidad por daños que pueda asumir el depositario por menoscabar o dañar la cosa que está bajo su guarda, la que debe ser restituida en el mismo estado en el que la recibió.

En el caso de que sea el Estado el que cause daños a la cosa que tenía en depósito con el cargo de restituirla, podrá responder en base a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, como principio general para todos estos casos.

Y los previstos en el Código Civil para el caso de que el depositario sea una persona particular, más allá de que haya recibido un mandato judicial para retener la cosa como medida cautelar. El depositario tiene a su cargo restituir en el mismo estado, esto no permite aceptar daño alguno en la cosa depositada. Hay que ser claros y saber que cuando uno sufre un daño, debe reclamarlo. Hágalo.

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Ellos también son responsables

Mucho hablamos de la constante vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, cada vez que ocurre un caso que genera una situación problemática que involucra a uno de éstos. Los casos que se dan de maltrato o abuso infantil son relativamente bajos en nuestra sociedad, pero existen y significan más que un problema, una gran preocupación por lo que ello implica.
También nos encontramos con otro tipo de vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, como es el caso de las prácticas más comunes, y a las que en parte nos referimos en nuestra anterior columna, y es la que se da cuando los padres no cumplen con los deberes inherentes a la Patria Potestad. Entonces vemos como los juzgados de Familia están repletos de reclamos por el cumplimiento de la prestación alimentaria obligatoria, así como también por denuncias por la violación a los regímenes de visitas establecidos por las partes o con cualquier otra obligación incumplida, lo que en realidad produce un menoscabo de los intereses de todas las personas afectadas, pero especialmente, genera una violación en los niños y los adolescentes directamente vulnerados por estas situaciones.
También hay otros casos de violaciones a los derechos de los niños y adolescentes, como las denuncias de discriminación por su condición sexual o la de raza, credo o religión. Pero estos son los menos vistos en los estrados judiciales.
Aunque hoy nos ocuparemos de mencionar el otro lado del mostrador, que también existe y está legislado en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, que muchas veces es muy criticado por la sociedad y por las instituciones, cuyos actores aducen que es muy permisivo para la conducta de los jóvenes.
Por eso, en este caso, en el artículo 17º del mencionado código están establecidos los “Deberes de los niños y adolescentes”. Y enumerando una serie de conductas que les son reclamadas a los destinatarios de este texto normativo, la referida norma establece un detalle, en orden no prelativo, de cómo deben conducirse.
Y dice: (De los deberes de los niños y adolescentes). “Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes”.
Allí marcan un primer camino y ordenan al niño a “mantener una actitud de respeto” así como también a “emplear sus energías” en la adquisición de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. Pregunto, este derecho ¿es conocido por los niños y adolescentes? ¿Lo cumplen? ¿Lo aprovechan? ¿Se impone? O queda en la letra fría de la ley. ¿Cómo lo hace valer un padre ante un juez?
Pero además, la norma señala que los niños y adolescentes especialmente deberán: “A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes”. Pregunto: ¿qué garantías tienen los padres para esto?
Además dice que deberán “B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad”. ¿Un niño puede hacer esto? ¿De qué manera puede ocupar su tiempo en esto sin vulnerar su derecho a estudiar o a las actividades propias de su edad? ¿Quién marca los niveles de referencia?
En el apartado C) dice: “Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás”. Este es un ejemplo de tolerancia muy positivo que debe hacerse valer siempre. Otro ejemplo similar es este: “D) Respetar el orden jurídico”, pero para ello hay que enseñarles a los más chicos que la ley no solo es una herramienta para protegerlos, sino para que la cumplan.
“E) Conservar el medio ambiente”. Enseñarles el cuidado del medio ambiente y del lugar en el que viven es algo que debe ir de la mano, con la educación para establecer pautas que tiendan a mejorar sus condiciones de vida.
En lo que se inspira en una noble enseñanza de ciudadanía dice el literal “F)” “Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, lo que implica aprender valores de solidaridad, dedicación y generosidad.
Y en el último caso más que una norma, un consejo: G) Cuidar y respetar su vida y su salud. En este deber de los niños, está en la educación que le den sus padres en las condiciones y hábitos de vida adecuados para esto. Pero lo importante, es que ellos también se sientan responsables.

Mucho hablamos de la constante vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, cada vez que ocurre un caso que genera una situación problemática que involucra a uno de éstos. Los casos que se dan de maltrato o abuso infantil son relativamente bajos en nuestra sociedad, pero existen y significan más que un problema, una gran preocupación por lo que ello implica.

También nos encontramos con otro tipo de vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, como es el caso

Hugo Lemos

Hugo Lemos

de las prácticas más comunes, y a las que en parte nos referimos en nuestra anterior columna, y es la que se da cuando los padres no cumplen con los deberes inherentes a la Patria Potestad. Entonces vemos como los juzgados de Familia están repletos de reclamos por el cumplimiento de la prestación alimentaria obligatoria, así como también por denuncias por la violación a los regímenes de visitas establecidos por las partes o con cualquier otra obligación incumplida, lo que en realidad produce un menoscabo de los intereses de todas las personas afectadas, pero especialmente, genera una violación en los niños y los adolescentes directamente vulnerados por estas situaciones.

También hay otros casos de violaciones a los derechos de los niños y adolescentes, como las denuncias de discriminación por su condición sexual o la de raza, credo o religión. Pero estos son los menos vistos en los estrados judiciales.

Aunque hoy nos ocuparemos de mencionar el otro lado del mostrador, que también existe y está legislado en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, que muchas veces es muy criticado por la sociedad y por las instituciones, cuyos actores aducen que es muy permisivo para la conducta de los jóvenes.

Por eso, en este caso, en el artículo 17º del mencionado código están establecidos los “Deberes de los niños y adolescentes”. Y enumerando una serie de conductas que les son reclamadas a los destinatarios de este texto normativo, la referida norma establece un detalle, en orden no prelativo, de cómo deben conducirse.

Y dice: (De los deberes de los niños y adolescentes). “Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes”.

Allí marcan un primer camino y ordenan al niño a “mantener una actitud de respeto” así como también a “emplear sus energías” en la adquisición de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. Pregunto, este derecho ¿es conocido por los niños y adolescentes? ¿Lo cumplen? ¿Lo aprovechan? ¿Se impone? O queda en la letra fría de la ley. ¿Cómo lo hace valer un padre ante un juez?

Pero además, la norma señala que los niños y adolescentes especialmente deberán: “A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes”. Pregunto: ¿qué garantías tienen los padres para esto?

Además dice que deberán “B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad”. ¿Un niño puede hacer esto? ¿De qué manera puede ocupar su tiempo en esto sin vulnerar su derecho a estudiar o a las actividades propias de su edad? ¿Quién marca los niveles de referencia?

En el apartado C) dice: “Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás”. Este es un ejemplo de tolerancia muy positivo que debe hacerse valer siempre. Otro ejemplo similar es este: “D) Respetar el orden jurídico”, pero para ello hay que enseñarles a los más chicos que la ley no solo es una herramienta para protegerlos, sino para que la cumplan.

“E) Conservar el medio ambiente”. Enseñarles el cuidado del medio ambiente y del lugar en el que viven es algo que debe ir de la mano, con la educación para establecer pautas que tiendan a mejorar sus condiciones de vida.

En lo que se inspira en una noble enseñanza de ciudadanía dice el literal “F)” “Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, lo que implica aprender valores de solidaridad, dedicación y generosidad.

Y en el último caso más que una norma, un consejo: G) Cuidar y respetar su vida y su salud. En este deber de los niños, está en la educación que le den sus padres en las condiciones y hábitos de vida adecuados para esto. Pero lo importante, es que ellos también se sientan responsables.

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Padres que no cumplen, hijos que padecen

Un padre no le pasaba ningún tipo de prestación en calidad de pensión alimenticia a su hijo. Ignoraba un dictamen del juez de Familia que lo había conminado a tener que hacerlo por el simple hecho de que como padre está obligado a brindarle lo necesario para su congrua manutención.
Empero, no lo hacía y la situación se puso complicada. Su hijo pasó necesidades y careció en reiteradas oportunidades de cosas necesarias como una atención médica, vestimenta, y elementos para desarrollar su educación. Su padre nunca se enteró. El joven reclamó y la Justicia lo citó ordenándole cumplir con sus obligaciones como padre.
Pero no había caso y el hombre se negaba a hacerlo. No era que no tuviera dinero, al parecer contaba con lo necesario como para poder servir la prestación a la que estaba obligado moralmente como padre y legalmente por tener la Patria Potestad.
Este concepto establece que patria potestad es la institución del Derecho de Familia que representa al conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres, respecto de sus hijos menores de edad o mientras están incapacitados, y que tiene como fundamento el deber de aquellos, de velar por sus hijos tanto en el orden personal como patrimonial.
La patria potestad está integrada por un conjunto de facultades que la ley otorga a los progenitores para que puedan cumplir con los deberes que tienen para con sus hijos, como cuidarlos, velar por ellos, así como también el deber de representarlos y de administrar sus bienes.
Pero también, y por sobre todas las cosas, el progenitor en el goce de ese derecho tiene a su vez la obligación de prestarle la asistencia económica al menor hijo hasta que tenga los 18 años cumplidos y una vez esto, en el caso de que ese hijo no tenga los medios suficientes para su congrua manutención, el padre deberá prestarle asistencia en forma obligatoria al menos hasta los 21 años, sobre todo cuando éste desarrolle una actividad para su preparación como el caso de un estudio.
ES DELITO
Pero en el caso de negarse en forma contumaz a abonar la prestación alimenticia, el progenitor podrá ser sometido a un proceso penal. Ya que el artículo 279.A. del Código Penal uruguayo establece el delito de la “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o a la guarda”.
Y el referido artículo señala que “el que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económico inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Asimismo, detalla que “constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento”.
En Salto hubo al menos un caso, donde el padre resultó procesado con prisión por este delito. Y aunque la Justicia no cuenta con muchas denuncias al respecto, hay casos de este tipo que ocurren a diario y por eso esta norma debería ejercitarse con más frecuencia.

Un padre no le pasaba ningún tipo de prestación en calidad de pensión alimenticia a su hijo. Ignoraba un dictamen del juez de Familia que lo había conminado a tener que hacerlo por el simple hecho de que como padre está obligado a brindarle lo necesario para su congrua manutención.

Empero, no lo hacía y la situación se puso complicada. Su hijo pasó necesidades y careció en reiteradas oportunidades de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cosas necesarias como una atención médica, vestimenta, y elementos para desarrollar su educación. Su padre nunca se enteró. El joven reclamó y la Justicia lo citó ordenándole cumplir con sus obligaciones como padre.

Pero no había caso y el hombre se negaba a hacerlo. No era que no tuviera dinero, al parecer contaba con lo necesario como para poder servir la prestación a la que estaba obligado moralmente como padre y legalmente por tener la Patria Potestad.

Este concepto establece que patria potestad es la institución del Derecho de Familia que representa al conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres, respecto de sus hijos menores de edad o mientras están incapacitados, y que tiene como fundamento el deber de aquellos, de velar por sus hijos tanto en el orden personal como patrimonial.

La patria potestad está integrada por un conjunto de facultades que la ley otorga a los progenitores para que puedan cumplir con los deberes que tienen para con sus hijos, como cuidarlos, velar por ellos, así como también el deber de representarlos y de administrar sus bienes.

Pero también, y por sobre todas las cosas, el progenitor en el goce de ese derecho tiene a su vez la obligación de prestarle la asistencia económica al menor hijo hasta que tenga los 18 años cumplidos y una vez esto, en el caso de que ese hijo no tenga los medios suficientes para su congrua manutención, el padre deberá prestarle asistencia en forma obligatoria al menos hasta los 21 años, sobre todo cuando éste desarrolle una actividad para su preparación como el caso de un estudio.

ES DELITO

Pero en el caso de negarse en forma contumaz a abonar la prestación alimenticia, el progenitor podrá ser sometido a un proceso penal. Ya que el artículo 279.A. del Código Penal uruguayo establece el delito de la “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o a la guarda”.

Y el referido artículo señala que “el que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económico inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Asimismo, detalla que “constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento”.

En Salto hubo al menos un caso, donde el padre resultó procesado con prisión por este delito. Y aunque la Justicia no cuenta con muchas denuncias al respecto, hay casos de este tipo que ocurren a diario y por eso esta norma debería ejercitarse con más frecuencia.

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Si el Estado lo perjudica, el reclamo es su única vía

Demandar al Estado no es cosa fácil, y esa resulta ser la trampa. Si bien las disposiciones legales están y los mecanismos existen para quienes tienen el interés bien marcado, contar con un sistema engorroso y no tan fácil para poder accionar, termina haciendo desistir a los interesados por lo problemático del tema.
Aunque la situación no pasa por querer indemnizarse con el erario público por cada situación engorrosa que se suscite, sino que la idea es poder reclamar cuando hay un desajuste de parte de la administración, que cause un perjuicio económico en el ciudadano o contribuyente como le gusta decir a la DGI, o usuario como nos denomina el BPS, aunque al final seamos todos lo mismo, puesto que lo único que conocen de nosotros cada una de esas entidades, es nuestra capacidad de aporte.
Pero ¿qué pasa cuando un error de la administración genera un perjuicio económico en un contribuyente? ¿Qué hacer ante un hecho de estas características? ¿Cómo actuar? Algunos de estos elementos son analizados en la siguiente columna.
RECLAMAR Y RECLAMAR
Cuando ocurre una situación anómala por parte del Estado, lo único que queda es aplicar el verbo reclamar. Porque la única respuesta que podrá encontrarse en una oficina pública, como por ejemplo el BPS, será que lo ocurrido debe quedar atrás y que de ahora en más, hay que corregir la situación para que no vuelva a repetirse, pero sin subsanar el perjuicio causado.
En ese sentido, si por distintas razones la administración pública se equivoca en el accionar y por ejemplo, omite habilitar a una persona para ingresar a una mutualista, pese a que el trámite para hacerlo por parte del interesado ya se ha llevado a cabo, y por esa razón ya recibe los descuentos respectivos al Fonasa en su salario, pero cuando concurre a recibir la prestación se le informa que no está habilitado por error de la administración, usted, perjudicado por la situación, tiene varias vías para poner las cosas en su sitio.
En primer lugar, puede hacerse un reclamo simple ante la oficina pública respectiva, lo que impone la formalidad de lo escrito, dirigido al gerente o responsable del lugar, sin la necesidad de contar con firma letrada para esto.
Y en caso de encontrar una respuesta que no nos satisfaga, como por ejemplo que la administración está dispuesta a corregir su error, pero de ahí en adelante y le aclaran que usted ya perdió los aportes anteriores, entonces no queda otra que buscar el mecanismo legal para poder recuperar el dinero aportado.
Para esto, existe el recurso administrativo, que deberá ser presentado con asistencia letrada y a raíz del cual la administración puede terminar de reconocer su responsabilidad en el caso y en ese sentido, reparar el daño, a través de un reintegro económico.
O de lo contrario, si el monto es importante y el daño causado parte de un funcionario individualizado, la Constitución habilita a la demanda por daños por los artículos 24 y 25, donde sostiene que el Estado es responsable por el daño que causa a los ciudadanos, aunque le faltó aclarar que el mismo puede proceder por más mínimo que sea el menoscabo sufrido por el contribuyente.
Así que más allá de la entidad que origine el problema y el monto que haya dado lugar al problema con la administración, no deje de reclamar, porque su derecho es inherente a usted, no se lo entregue a otro.

Demandar al Estado no es cosa fácil, y esa resulta ser la trampa. Si bien las disposiciones legales están y los mecanismos existen para quienes tienen el interés bien marcado, contar con un sistema engorroso y no tan fácil para poder accionar, termina haciendo desistir a los interesados por lo problemático del tema.

Aunque la situación no pasa por querer indemnizarse con el erario público por cada situación engorrosa que se suscite,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sino que la idea es poder reclamar cuando hay un desajuste de parte de la administración, que cause un perjuicio económico en el ciudadano o contribuyente como le gusta decir a la DGI, o usuario como nos denomina el BPS, aunque al final seamos todos lo mismo, puesto que lo único que conocen de nosotros cada una de esas entidades, es nuestra capacidad de aporte.

Pero ¿qué pasa cuando un error de la administración genera un perjuicio económico en un contribuyente? ¿Qué hacer ante un hecho de estas características? ¿Cómo actuar? Algunos de estos elementos son analizados en la siguiente columna.

RECLAMAR Y RECLAMAR

Cuando ocurre una situación anómala por parte del Estado, lo único que queda es aplicar el verbo reclamar. Porque la única respuesta que podrá encontrarse en una oficina pública, como por ejemplo el BPS, será que lo ocurrido debe quedar atrás y que de ahora en más, hay que corregir la situación para que no vuelva a repetirse, pero sin subsanar el perjuicio causado.

En ese sentido, si por distintas razones la administración pública se equivoca en el accionar y por ejemplo, omite habilitar a una persona para ingresar a una mutualista, pese a que el trámite para hacerlo por parte del interesado ya se ha llevado a cabo, y por esa razón ya recibe los descuentos respectivos al Fonasa en su salario, pero cuando concurre a recibir la prestación se le informa que no está habilitado por error de la administración, usted, perjudicado por la situación, tiene varias vías para poner las cosas en su sitio.

En primer lugar, puede hacerse un reclamo simple ante la oficina pública respectiva, lo que impone la formalidad de lo escrito, dirigido al gerente o responsable del lugar, sin la necesidad de contar con firma letrada para esto.

Y en caso de encontrar una respuesta que no nos satisfaga, como por ejemplo que la administración está dispuesta a corregir su error, pero de ahí en adelante y le aclaran que usted ya perdió los aportes anteriores, entonces no queda otra que buscar el mecanismo legal para poder recuperar el dinero aportado.

Para esto, existe el recurso administrativo, que deberá ser presentado con asistencia letrada y a raíz del cual la administración puede terminar de reconocer su responsabilidad en el caso y en ese sentido, reparar el daño, a través de un reintegro económico.

O de lo contrario, si el monto es importante y el daño causado parte de un funcionario individualizado, la Constitución habilita a la demanda por daños por los artículos 24 y 25, donde sostiene que el Estado es responsable por el daño que causa a los ciudadanos, aunque le faltó aclarar que el mismo puede proceder por más mínimo que sea el menoscabo sufrido por el contribuyente.

Así que más allá de la entidad que origine el problema y el monto que haya dado lugar al problema con la administración, no deje de reclamar, porque su derecho es inherente a usted, no se lo entregue a otro.

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Las pruebas, más allá de los jueces

La absolución de posiciones es uno de los medios de prueba más controvertidos que tiene el derecho procesal uruguayo. Ya que despierta resquemores y rechazos por parte de los magistrados, que entienden que se trata de una manera de que las partes se interroguen a sí mismos y lo hagan para favorecerse en el proceso.
Por esa razón, muchas veces los abogados cuando lo plantean como medio a ser diligenciado, ante el rechazo del magistrado, deciden no impugnar la resolución y continuar ofreciendo otros elementos que puedan sustentar lo reclamado en el cuerpo del escrito.
Aunque asimismo, el juez se ampara en el numeral 6º del artículo 24 del CGP, cuando entre las Facultades del Tribunal se establece que puede rechazar aquellos medios de prueba que considere inadmisibles, así como aquellos que son manifiestamente inconducentes e impertinentes.
Pero tal como surge del párrafo 4 del artículo 149 del CGP, tanto la declaración de parte como la absolución de posiciones, apuntan a obtener lo que se denomina “confesión provocada”. Estas actuaciones pueden llegar a ser decisivas para la determinación del derecho invocado por las partes.
Y mientras la declaración de parte constituye una forma de interrogatorio libre, donde pueden participar tanto el tribunal como las contrapartes o las partes coadyuvantes; la absolución de posiciones tiene la rigidez que resulta de un interrogatorio de formato asertivo, que debe responderse únicamente por sí  o por no, aunque admita que a continuación se formulen consideraciones complementarias, según lo que establece el artículo 150, inciso 3º del CGP.
Pero puede considerarse como incorrecto el argumento que puede llegar a invocar tanto las partes como los tribunales, en el sentido de que el objeto de la declaración de parte es conocer mejor los hechos involucrados en el proceso. Se trata de un elemento más, inherente al principio de la carga de la prueba, que es parte sustancial del debido proceso, donde se establece de regla que los hechos que se invocan deben ser probados por quien pretende algo.
La carga de la prueba debe ser respetada siempre que no sea inconducente, impertinente y manifiestamente improponible, de lo contrario debe ser respetada por los magistrados, que más allá de discrepancias con las maneras de actuar que puedan llegar a tener las partes, algo que puede alimentar la capacidad de juzgamiento del caso por parte del usía, éste debe siempre respetar los medios probatorios propuestos conforme a la regla, con la finalidad de otorgar el mayor equilibrio y ecuanimidad a las partes para que éstos puedan defender la pretensión invocada.
Es menester señalar que un magistrado en Salto, hace algunos años, rechazó en plena audiencia una solicitud de absolución de posiciones, solicitada en la contestación de la demanda, por entender que el demandado pretendía interrogarse a sí mismo y generar pruebas a su favor.
La discusión se dio en ese momento sobre la facultad del magistrado de negarse a diligenciar el medio probatorio pedido, argumentando una discrepancia con la manera en que se desarrolla esa prueba. El mismo no estaba en el elenco de los que según el artículo 24 del CGP, pueden ser rechazados por el juez, pero los abogados decidieron no discutir el asunto, por temor a generar “apatía” por el tribunal, que se torna algo peligroso a la hora de esperar un fallo favorable, algo que será tema de una próxima columna.
Con todo, la absolución de posiciones es tan válida como cualquier medio de prueba inherente al proceso, y hay que hacerlo valer, por más que algún juez opine lo contrario.

La absolución de posiciones es uno de los medios de prueba más controvertidos que tiene el derecho procesal uruguayo. Ya que despierta resquemores y rechazos por parte de los magistrados, que entienden que se trata de una manera de que las partes se interroguen a sí mismos y lo hagan para favorecerse en el proceso.

hugo lemos

Hugo Lemos

Por esa razón, muchas veces los abogados cuando lo plantean como medio a ser diligenciado, ante el rechazo del magistrado,deciden no impugnar la resolución y continuar ofreciendo otros elementos que puedan sustentar lo reclamado en el cuerpo del escrito.

Aunque asimismo, el juez se ampara en el numeral 6º del artículo 24 del CGP, cuando entre las Facultades del Tribunal se establece que puede rechazar aquellos medios de prueba que considere inadmisibles, así como aquellos que son manifiestamente inconducentes e impertinentes.

Pero tal como surge del párrafo 4 del artículo 149 del CGP, tanto la declaración de parte como la absolución de posiciones, apuntan a obtener lo que se denomina “confesión provocada”. Estas actuaciones pueden llegar a ser decisivas para la determinación del derecho invocado por las partes.

Y mientras la declaración de parte constituye una forma de interrogatorio libre, donde pueden participar tanto el tribunal como las contrapartes o las partes coadyuvantes; la absolución de posiciones tiene la rigidez que resulta de un interrogatorio de formato asertivo, que debe responderse únicamente por sí  o por no, aunque admita que a continuación se formulen consideraciones complementarias, según lo que establece el artículo 150, inciso 3º del CGP.

Pero puede considerarse como incorrecto el argumento que puede llegar a invocar tanto las partes como los tribunales, en el sentido de que el objeto de la declaración de parte es conocer mejor los hechos involucrados en el proceso. Se trata de un elemento más, inherente al principio de la carga de la prueba, que es parte sustancial del debido proceso, donde se establece de regla que los hechos que se invocan deben ser probados por quien pretende algo.

La carga de la prueba debe ser respetada siempre que no sea inconducente, impertinente y manifiestamente improponible, de lo contrario debe ser respetada por los magistrados, que más allá de discrepancias con las maneras de actuar que puedan llegar a tener las partes, algo que puede alimentar la capacidad de juzgamiento del caso por parte del usía, éste debe siempre respetar los medios probatorios propuestos conforme a la regla, con la finalidad de otorgar el mayor equilibrio y ecuanimidad a las partes para que éstos puedan defender la pretensión invocada.

Es menester señalar que un magistrado en Salto, hace algunos años, rechazó en plena audiencia una solicitud de absolución de posiciones, solicitada en la contestación de la demanda, por entender que el demandado pretendía interrogarse a sí mismo y generar pruebas a su favor.

La discusión se dio en ese momento sobre la facultad del magistrado de negarse a diligenciar el medio probatorio pedido, argumentando una discrepancia con la manera en que se desarrolla esa prueba. El mismo no estaba en el elenco de los que según el artículo 24 del CGP, pueden ser rechazados por el juez, pero los abogados decidieron no discutir el asunto, por temor a generar “apatía” por el tribunal, que se torna algo peligroso a la hora de esperar un fallo favorable, algo que será tema de una próxima columna.

Con todo, la absolución de posiciones es tan válida como cualquier medio de prueba inherente al proceso, y hay que hacerlo valer, por más que algún juez opine lo contrario.

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¿A quién alcanza el delito de Peculado?

Ante la finalización de cursos del presente año, el Coordinador de Talleres Artísticos de la Intendencia de Salto, Carlos María Cattani dialogó con EL PUEBLO acerca del trabajo realizado en 2012, así como de planes de futuro. Cattani ocupa dicho cargo desde mayo de 2011. Antes (desde setiembre de 2010) integró la Comisión de Eventos de la Intendencia (que integran Víctor Hugo Solís, Ramón Rinaldi, Mario San Cristóbal y Luis I. Suetta), a la que volverá a sumarse en enero, para trabajar en la preparación del Carnaval.
Variada propuesta
Acerca de los diferentes cursos impartidos en modalidad de taller, Cattani precisó que fueron los siguientes: “De artes plásticas, que está involucrado en la futura Escuela Departamental de Artes Plásticas; los de danzas, que a los tradicionales de danzas folclóricas este año se sumó el de tango y baile de salón; de artesanías; cursos móviles; taller literario; las cuatro clases de teatro (1º, 2º, 3º y 4º año), que también se prepara para la futura Escuela de Teatro; también los de pintura; los de artes musicales y escénicas, que ahí se  involucró parte de la murga joven Flor Soberana, y también en Villa Constitución se armó una bandita y una especie de comparsa lubola. Por primera vez se hizo teatro en el interior, en Belén, hay cursos de guitarra con dos profesores en el interior”.
“26 profesores para cerca de 60 talleres…hubo 700 alumnos”
Asimismo informó que se trabajó con “26 profesores para cerca de 60 talleres… en el pico más alto de asistencia hubo 700 alumnos. Este año lo importante fue que se trabajó con algunas escuelas, como en guitarra, también en teatro, la Escuela 6 de Belén tuvo un premio que tuvo mucho que ver el profesor se guitarra, lo importante es que se llegó a los 6 municipios y a los distintos barrios también. Por suerte tuvimos un gran recibimiento en los 6 municipios, los alcaldes todos apoyaron por igual. Y un hecho importante fue que la demanda superó abiertamente a la oferta que teníamos”.
Usted mencionaba la Escuela Departamental de Arte, a la que también se ha referido en alguna oportunidad el Director de Cultura ¿qué entienden por ese concepto y en qué se diferenciaría de lo que es el trabajo actual de los talleres?
Hemos estado preparando es un reglamento interno de funcionamiento, porque la Escuela incluiría más cosas, como Historia del Arte, por decir algo…, algo más teórico, y más riguroso también en los programas. Es un rango mayor, no es lo mismo salir de un taller que de una Escuela.
Y otra cosa es que una Escuela permite, por decir algo, recibir algo de la UNESCO o de alguna fundación, cosa que un taller es más difícil, la Escuela tiene otras posibilidades. Pero desde luego que tiene que haber otras cosas que le den una base, primero desde el punto de vista jurídico. Ya hay un expediente que Fulvio Gutiérrez lo va a hacer mirar para ver si hay contradicciones ente el reglamento y lo que son las reglamentaciones de la municipalidad…
¿Ya manejan fecha
de creación?
Eso ya se elaboró, está formado el expediente y está recorriendo los distintos lugares para ver las aprobaciones. Esperamos, según decía Mario Kroeff, para el 2013, ese es el deseo, ¿no?,  o sea, los pasos se han dado… Las tres (escuelas) más adelantadas son la de danza, la de teatro y la de artes plásticas.
¿Cuentan en Salto
con los docentes
capacitados para el
cambio de Talleres
a Escuelas, o se deberá
pensar en gente
de otro lado?
En principio los docentes serían locales, pero también… como decís vos, quizás para algunos rubros se necesite (gente de otros lugares) y habrá que hacer algún acuerdo, por decir algo, con  la Intendencia de Montevideo, o con el Ministerio de Cultura, o con la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Tiene que ser algo que quien salga de la Escuela tenga, no digo el mismo nivel, pero que no pase vergüenza en otro lado…
Y en cuanto a rubros, ¿se cuenta con lo suficiente? Este año por ejemplo, ¿los talleres han contado con lo necesario?
Según lo que ha planificado el Intendente va por buen camino. En 2010 se mantuvieron todos los talleres que ya venían. Nosotros arrancamos en 2011 y para comenzar nos pidió que se hicieran diez talleres. Este año se han contratado a 25 docentes y hay cerca de 60 talleres. Pero nos han superado solicitándonos talleristas. Y lo que esperamos es ir creciendo cada año.
Preguntaba porque estaba pensando, a modo de ejemplo, en un caso concreto: el taller literario no ha podido publicar libros…
Sí, hay un pedido del taller literario, porque ellos tienen para publicar dos libros, pero esto ya escapa a la órbita sólo de Talleres, ya hicimos las gestiones pero no sé, supongo que en el futuro se irán a hacer, como ya se hizo… hubo publicaciones (en anterior administración) de integrantes de los talleres que fueron muy buenas, pensamos que se puede dar.
¿Para eso no habría
rubros en este momento?
Eso no está pensado para el rubro Talleres, ya no depende de Talleres. La solicitud va a la Dirección de Cultura y al Intendente.
Recordamos que a comienzo de este año hubo problemas en cuanto a la demora para iniciar los cursos, ¿fue un problema de presupuesto o simplemente de organización?
En principio estaban todos pensados para iniciarse en marzo, hubo una demora por el trabajo de recorrer los barrios y el interior.
En muchos casos se hizo con los directores, entonces en algún momento se debió esperar que tuvieran el tiempo disponible.
Estaba previsto sí que empezaran en marzo pero bueno, esos detalles fueron prolongando, pero en todo momento estaba claro que se iban a iniciar los talleres, incluso todos los talleristas ya estaban designados todos para empezar en marzo, faltaba ese resorte.
“Si nos ponemos muy rigurosos falta mucho, pero pensamos en ampliar el espectro…y que tenga mayor calidad cada taller”.
A modo de reflexión final, Cattani expresó que “nosotros tenemos pendiente una evaluación final con los docentes, pero por lo que anduvimos, el resultado fue positivo”.  En cuanto a las actividades de cierre de cursos realizadas en el Mercado 18 de Julio, dijo que para el año próximo será conveniente “separar” algunas muestras, que “lo artesanal” sí se presente en el Mercado, pero “que las muestras de teatro se hagan en Teatro Larrañaga, la danza también, y darle otro vuelo”. Respecto a la respuesta de la gente en estas actividades de fin de año, sostuvo que  “lo que vimos en este cierre de cursos, más los años de periodismo cultural que tengo, es que el nivel se mantiene. Sí tenía una expectativa mayor en algunos casos, aunque hubo igual unas 200 personas, pero si fueran por ejemplo todos los alumnos de los talleres y familiares sería mayor. Quizás faltó más difusión. Pero, por nombrarte como ejemplo el teatro de 1er. año, hizo tres o cuatro presentaciones antes del cierre y fue muy numeroso el público, cosa que en años anteriores se hacía la muestra final nomás, con parlamentos cortitos.
En tango por ejemplo sorprendió, quedaba chica la Casa de la Cultura para las clases… vemos que hay una evolución, si nos ponemos muy rigurosos falta mucho, pero pensamos en ampliar el espectro de ofertas y también es bueno que tenga mayor calidad cada taller”.

Luego que varios funcionarios de la Prefectura fueran procesados en los últimos días por haberse apropiado de un cargamento que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

debían haber denunciado como contrabando, una jueza local les dictó un procesamiento con el régimen de prisión preventiva, tipificándoles un delito de Peculado.

Pero ¿qué es el peculado? ¿Cuándo opera? ¿Quiénes responden por este delito? Preguntas que surgen a raíz del pronunciamiento de este caso, que causó alarma pública y que generó inquietud en la sociedad.

Más allá de saber si el delito de Peculado es o no una práctica corriente, el hecho es que el mismo debería ser innecesario si obrara el principio de buena fe, en el desempeño de la función de los funcionarios públicos. Sin embargo, la cosa no es tan así.

El delito de peculado ataca a la administración pública y solamente puede cometerse por el funcionario público. Que tal como dice el artículo 153 del Código Penal  “el funcionario público que se apropiare del dinero o de las cosas muebles, que estuvieren en su posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.

Esto quiere decir que el funcionario público que se apropia de algo, ya sea una moneda o un cargamento de antenas satelitales que pretendían ingresar por el río Uruguay como contrabando, que debía guardar en razón del cargo que desempeña en la administración pública, y lo utiliza para su provecho propio o el de un tercero, será culpable de este delito con el que puede llegar a estar hasta 6 años preso, dependiendo de la magnitud y el volumen del valor de los objetos que se apropió.

Pero este delito, en el artículo 154 del Código Penal tiene circunstancias atenuantes, y dice la referida norma que “constituye una circunstancia atenuante especial, el hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal”.

Es decir, si quien se apoderó de los objetos que debía entregar optó por reparar el daño causado antes de ser sometido a un proceso judicial por esta razón, la situación operará como una circunstancia atenuante. Empero, esto no quiere decir que no se configure el delito ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero al menos habrá una señal de que el agente del delito tiene intenciones de reparar el daño y esto opera a su favor, al momento de decidir la pena.

Ahora, existe otra figura que está tipificada en el artículo 155 del Código Penal que señala el delito de Peculado por “aprovechamiento del error de otro”. Y esto significa que cuando “el funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.

Es decir, que si una persona le entrega por error el dinero al portero del banco en vez de consignárselo a un cajero como corresponde y éste funcionario lo acepta y lo usa en su provecho, habrá cometido el delito de peculado por aprovechamiento del error de otro.

El cual también está castigado. Se trata de situaciones en las que un funcionario público pueda no tener la responsabilidad debida y en ese sentido sea pasible de las sanciones que le impedirán seguir ejerciendo su cargo.

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¿De qué se trata la inconstitucionalidad de la ley?

Casi todo el tiempo escuchamos hablar de la inconstitucionalidad de la ley, pero nada sabemos acerca de lo que esto significa. La inconstitucionalidad, se refiere lisa y llanamente a cuando una ley ya aprobada por el parlamento y una vez entrada en vigencia, reglamentada para su aplicación, contraría el derecho de las personas, un derecho a su personalidad, un derecho establecido en la Constitución de la República. Así de fácil y así de simple.
En la Carta Magna cuando esto sucede, la norma se refiere a ese derecho lesionado como la vulneración de un interés directo, personal y legítimo. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? Las personas pueden entablar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y el fallo, solamente afectará ese caso particular y concreto, no será erga omnes (esto es para todo el mundo), sino que solamente será aplicable a ese caso concreto que demandó la necesidad de que el efecto de la ley no vulnerara su derecho.
Por su principio, la inconstitucionalidad se podrá fundar en razones de forma o de contenido, y esto está establecido en el artículo 256 de la Constitución de la República, que señala que “Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido (…)”.
Cuando la inconstitucionalidad de la ley es basada en razones de forma, quiere decir que la situación se produce cuando la ley tiene algún defecto formal, viola la Constitución en los procedimientos que ésta indica para su elaboración, como por ejemplo, si se crea o se transforma una situación sin seguir el procedimiento que ésta establece. Esto es razón suficiente, para que quien se vea afectado por la situación, cualquiera que sea, pueda entablar la acción.
La inconstitucionalidad de contenido opera cuando la ley contradice el fondo de la norma constitucional, como por ejemplo, si fuera sancionada una ley que prohíbe la libertad de expresión.
Asimismo, la vía de la acción: ha sido reglamentada por el Código General del Proceso (CGP). El código de marras establece que la misma procede cuando “no existiere procedimiento judicial pendiente”, es decir cuando no se está debatiendo en un juzgado la aplicación de esa norma que vulnera derechos de las personas.
La acción puede plantearse por dos vías. La de la acción y la de la excepción.
En ese sentido, el CGP establece que la vía de acción “deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia”. Porque si se sanciona una ley y una persona entiende que toda esa ley, o parte de ella “lesiona su interés directo, personal y legítimo”, puede presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, planteando que se declare la inconstitucionalidad de la misma.
El CGP es claro y dice que todo planteo “debe ser formulado por escrito”, indicando “con precisión y claridad, cuáles son los preceptos que se consideran inconstitucionales y todas las disposiciones o principios que se consideran violentados”, establecido por el artículo 512.
La vía de la excepción: está derivada al momento en que una persona estando en pleno proceso judicial se considera lesionado en su interés directo, personal y legítimo por una ley, por lo cual podrá plantear su acción, ya no ante la Suprema Corte de Justicia, sino ante el juez por el cual se está tramitando el procedimiento. Presentada la excepción, el juzgado deberá suspender el procedimiento que se está llevando adelante y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que resuelva la situación de inconstitucionalidad planteada (art. 258 inciso final) antes de seguir.
Una vez que la Corte resuelva sobre la cuestión planteada, devolverá el asunto al Tribunal que entendía en el procedimiento el cual seguirá su curso pero ahora con un pronunciamiento sobre si debe aplicar o no la ley que allí se considera, según lo que haya fallado la Suprema Corte.
La vía del oficio, que es la tercera vía, se da cuando el propio Juez ante el cual se tramita el procedimiento judicial, advierte que alguna ley que se podría aplicar al caso, es contraria a la Constitución. Siendo él mismo el que solicite “de oficio” a la Suprema Corte, que se pronuncie sobre el tema.
Como ya dijimos, el efecto de la inconstitucionalidad produce la inaplicabilidad de la ley pero al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado (art. 259). La ley seguirá vigente y se seguirá aplicando a todo aquel que no hubiese obtenido a su favor una sentencia que declare dicha inconstitucionalidad

Casi todo el tiempo escuchamos hablar de la inconstitucionalidad de la ley, pero nada sabemos acerca de lo que esto significa. La inconstitucionalidad, se refiere lisa y llanamente a cuando una ley ya aprobada por el parlamento y una vez entrada en vigencia, reglamentada para su aplicación, contraría el derecho de las personas, un derecho a su personalidad, un derecho establecido en la Constitución de la República. Así de fácil y así de simple.

En la Carta Magna cuando esto sucede, la norma se refiere a ese derecho lesionado como la vulneración de un interés directo,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

personal y legítimo. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? Las personas pueden entablar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y el fallo, solamente afectará ese caso particular y concreto, no será erga omnes (esto es para todo el mundo), sino que solamente será aplicable a ese caso concreto que demandó la necesidad de que el efecto de la ley no vulnerara su derecho.

Por su principio, la inconstitucionalidad se podrá fundar en razones de forma o de contenido, y esto está establecido en el artículo 256 de la Constitución de la República, que señala que “Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido (…)”.

Cuando la inconstitucionalidad de la ley es basada en razones de forma, quiere decir que la situación se produce cuando la ley tiene algún defecto formal, viola la Constitución en los procedimientos que ésta indica para su elaboración, como por ejemplo, si se crea o se transforma una situación sin seguir el procedimiento que ésta establece. Esto es razón suficiente, para que quien se vea afectado por la situación, cualquiera que sea, pueda entablar la acción.

La inconstitucionalidad de contenido opera cuando la ley contradice el fondo de la norma constitucional, como por ejemplo, si fuera sancionada una ley que prohíbe la libertad de expresión.

Asimismo, la vía de la acción: ha sido reglamentada por el Código General del Proceso (CGP). El código de marras establece que la misma procede cuando “no existiere procedimiento judicial pendiente”, es decir cuando no se está debatiendo en un juzgado la aplicación de esa norma que vulnera derechos de las personas.

La acción puede plantearse por dos vías. La de la acción y la de la excepción.

En ese sentido, el CGP establece que la vía de acción “deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia”. Porque si se sanciona una ley y una persona entiende que toda esa ley, o parte de ella “lesiona su interés directo, personal y legítimo”, puede presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, planteando que se declare la inconstitucionalidad de la misma.

El CGP es claro y dice que todo planteo “debe ser formulado por escrito”, indicando “con precisión y claridad, cuáles son los preceptos que se consideran inconstitucionales y todas las disposiciones o principios que se consideran violentados”, establecido por el artículo 512.

La vía de la excepción: está derivada al momento en que una persona estando en pleno proceso judicial se considera lesionado en su interés directo, personal y legítimo por una ley, por lo cual podrá plantear su acción, ya no ante la Suprema Corte de Justicia, sino ante el juez por el cual se está tramitando el procedimiento. Presentada la excepción, el juzgado deberá suspender el procedimiento que se está llevando adelante y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que resuelva la situación de inconstitucionalidad planteada (art. 258 inciso final) antes de seguir.

Una vez que la Corte resuelva sobre la cuestión planteada, devolverá el asunto al Tribunal que entendía en el procedimiento el cual seguirá su curso pero ahora con un pronunciamiento sobre si debe aplicar o no la ley que allí se considera, según lo que haya fallado la Suprema Corte.

La vía del oficio, que es la tercera vía, se da cuando el propio Juez ante el cual se tramita el procedimiento judicial, advierte que alguna ley que se podría aplicar al caso, es contraria a la Constitución. Siendo él mismo el que solicite “de oficio” a la Suprema Corte, que se pronuncie sobre el tema.

Como ya dijimos, el efecto de la inconstitucionalidad produce la inaplicabilidad de la ley pero al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado (art. 259). La ley seguirá vigente y se seguirá aplicando a todo aquel que no hubiese obtenido a su favor una sentencia que declare dicha inconstitucionalidad

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¿Quién controla a la policía?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.
Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.
EL TRATO
El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.
El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.
En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.
Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.
Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.
Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.
El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.
Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.
Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato

Hugo Lemos

Hugo Lemos

policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.

Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.

EL TRATO

El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.

El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.

En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.

Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.

Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.

El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.

Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.

Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?

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Hacer valer el principio de presunción de inocencia

Está bien que los funcionarios públicos pretendan defender su lugar de trabajo, exigiendo mejores condiciones para el desempeño de la tarea. Está bien, porque en definitiva, esto sería una causa para que el resultado sea una mejor atención al cliente, que en este caso somos todos los uruguayos quienes pagando nuestros impuestos como los que impone el BPS, la DGI, el MTSS, o las facturas de luz, agua, telefonía básica o celular si es el servicio casi monopólico de Ancel, entre otros como el IRPF, les estamos abonando el sueldo y con ese dinero también construimos las instalaciones donde van a cumplir con su trabajo.
Pero a cambio de esto, los contribuyentes, que somos todos e incluso ellos mismos, los funcionarios públicos, que retroalimentan el sistema para cobrar el salario cada mes, merecemos una atención digna. Y no me refiero a digna por la celeridad con la que deberían conducirse los trámites en los diferentes organismos estatales, sino que con ese concepto, me estoy refiriendo al buen trato, a un cordial diálogo y a la disposición de la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presentan.
Porque actualmente, en la administración pública, cuando uno presenta un tema cualquiera, ya sea en el caso de la policía, el hospital, las escuelas, los liceos, ni hablar del engorroso BPS o la DGI, parece que a uno le buscan todos los mecanismos posibles para hacer que las cosas sean al revés y parezcan mucho más complicadas de lo que son, y en vez de buscar una solución al problema que les presenta el ciudadano o contribuyente, dependiendo de cómo te traten, te complican más el asunto y te lo vuelven más difícil de lo que es.
EL FUNCIONARIO Y
LA CONSTITUCIÓN
El artículo 59 de la Constitución de la República, señala que “la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.
Este principio establecido en nuestra Carta Magna, confirma que el funcionario público debe dedicarse a su función y no creer que el mismo se trata de un privilegio, del cual debe gozar como un derecho de autoridad sobre los asuntos públicos que son de propiedad de todos los demás.
En este marco, no es difícil pensar que el principio de presunción de inocencia que debe cumplirse en todo estado de derecho, sea violentado, y cuando una persona denuncia a otra por la presunta comisión de un delito, quienes actúan en nombre del Estado, los policías en este caso, potencian una sospecha sobre el presunto inocente quien debería ostentar esa calidad hasta que se demuestre lo contrario, con la finalidad de coaccionarlo en vez de protegerlo y así determinar su carencia de culpa en el hecho que se investiga.
Pero la ignorancia de los principios que sustentan la norma, determinan el incumplimiento de esa máxima por parte de los funcionarios policiales, que en vez de ayudar al ciudadano a resolver el problema, muchas veces, le generan la condición de sospechoso y buscan resolver el mismo por el lado negativo, incriminándolos primero, para que en el caso que demuestren lo contrario, recién ahí reciban trato de inocentes.
Pero la situación está al revés y los funcionarios públicos no tendrían que seguir actuando cómodamente permitiendo que esto sucedan, tendrían que buscar la manera de revertirlo, para que sucedan exactamente como lo dice el principio de inocencia, y eso significa invertir el trato al ciudadano y buscar sacarle culpa a quien se lo acusa como responsable. De esa manera se podrán resolver muchas cosas más y encontrar a los verdaderos delincuentes.

Está bien que los funcionarios públicos pretendan defender su lugar de trabajo, exigiendo mejores condiciones para el desempeño

Hugo Lemos

Hugo Lemos

de la tarea. Está bien, porque en definitiva, esto sería una causa para que el resultado sea una mejor atención al cliente, que en este caso somos todos los uruguayos quienes pagando nuestros impuestos como los que impone el BPS, la DGI, el MTSS, o las facturas de luz, agua, telefonía básica o celular si es el servicio casi monopólico de Ancel, entre otros como el IRPF, les estamos abonando el sueldo y con ese dinero también construimos las instalaciones donde van a cumplir con su trabajo.

Pero a cambio de esto, los contribuyentes, que somos todos e incluso ellos mismos, los funcionarios públicos, que retroalimentan el sistema para cobrar el salario cada mes, merecemos una atención digna. Y no me refiero a digna por la celeridad con la que deberían conducirse los trámites en los diferentes organismos estatales, sino que con ese concepto, me estoy refiriendo al buen trato, a un cordial diálogo y a la disposición de la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presentan.

Porque actualmente, en la administración pública, cuando uno presenta un tema cualquiera, ya sea en el caso de la policía, el hospital, las escuelas, los liceos, ni hablar del engorroso BPS o la DGI, parece que a uno le buscan todos los mecanismos posibles para hacer que las cosas sean al revés y parezcan mucho más complicadas de lo que son, y en vez de buscar una solución al problema que les presenta el ciudadano o contribuyente, dependiendo de cómo te traten, te complican más el asunto y te lo vuelven más difícil de lo que es.

EL FUNCIONARIO Y

LA CONSTITUCIÓN

El artículo 59 de la Constitución de la República, señala que “la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.

Este principio establecido en nuestra Carta Magna, confirma que el funcionario público debe dedicarse a su función y no creer que el mismo se trata de un privilegio, del cual debe gozar como un derecho de autoridad sobre los asuntos públicos que son de propiedad de todos los demás.

En este marco, no es difícil pensar que el principio de presunción de inocencia que debe cumplirse en todo estado de derecho, sea violentado, y cuando una persona denuncia a otra por la presunta comisión de un delito, quienes actúan en nombre del Estado, los policías en este caso, potencian una sospecha sobre el presunto inocente quien debería ostentar esa calidad hasta que se demuestre lo contrario, con la finalidad de coaccionarlo en vez de protegerlo y así determinar su carencia de culpa en el hecho que se investiga.

Pero la ignorancia de los principios que sustentan la norma, determinan el incumplimiento de esa máxima por parte de los funcionarios policiales, que en vez de ayudar al ciudadano a resolver el problema, muchas veces, le generan la condición de sospechoso y buscan resolver el mismo por el lado negativo, incriminándolos primero, para que en el caso que demuestren lo contrario, recién ahí reciban trato de inocentes.

Pero la situación está al revés y los funcionarios públicos no tendrían que seguir actuando cómodamente permitiendo que esto sucedan, tendrían que buscar la manera de revertirlo, para que sucedan exactamente como lo dice el principio de inocencia, y eso significa invertir el trato al ciudadano y buscar sacarle culpa a quien se lo acusa como responsable. De esa manera se podrán resolver muchas cosas más y encontrar a los verdaderos delincuentes.

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País fiscalista si los hay

Un nuevo impuesto fue creado con la finalidad de lograr recaudar más. Esa es la única razón por la cual el Estado uruguayo, impuso el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRIC), el cual tiende a gravar las extensiones de tierra que superen las 2 mil hectáreas.
Pero esta nueva carga impositiva, más allá del valor que implique y de lo que eso signifique para la economía de quien deba abonarlo, es una cuestión filosófica, porque se trata de una nueva imposición tributaria que más allá de su monto, el cual pueda llegar a ser insignificante o no para el propietario de las tierras, determina una afán fiscalista que se traslada a los otros órdenes de la sociedad.
El pasado 9 de noviembre, el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto la ley 18.876 del 2011, donde establece quiénes deberán abonar el nuevo impuesto, cómo deberán hacerlo y en qué régimen. En ese sentido, enumera una serie de medidas que tienen que ver con los requisitos que deben cumplir cada uno de los contribuyentes, previo a ser inscriptos para comenzar a abonar este impuesto.
En primer lugar y como no podía ser de otra manera, la ley establece que la recaudación del mismo queda a cargo de la DGI, para lo cual en caso de ser necesario, el organismo deberá solicitarle información al BPS, con la intención de conocer la actividad a la que se dedica el contribuyente.
No obstante, en este caso deberán presentar una declaración jurada de bienes y serán contribuyentes tanto las personas físicas, como los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. También lo son los cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente, además en el caso de las sucesiones, en el caso que haya declaratoria de herederos, los herederos causahabientes pasarán a ser los responsables del aporte por la cuotaparte que les corresponde.
Aunque también son contribuyentes en calidad de residentes, los propietarios de las tierras, pese a ser extranjeros, y para los extranacionales que no residen en el país, deberán nombrar a una persona física o jurídica residente que los represente ante la DGI.
El artículo 3º de la ley, identifica quienes están obligados a pagar tributo. En este caso, establece que “el impuesto recae sobre las superficies ocupadas por inmuebles rurales, siempre y cuando exceda el equivalente a las 2 mil hectáreas, abonando el sujeto pasivo de este impuesto por las áreas que sean de su propiedad, las que sean en nuda propiedad (más allá que no ostente el usufructo de las mismas por razón de arrendamiento, comodato u otra índole deberá hacerse cargo del impuesto el propietario y no quien esté gozando de ese derecho).
El artículo 8º establece que hasta las 2 mil hectáreas de propiedad, no se gravarán más impuestos que los ya existentes, mientras que entre 2 mil y 5 mil hectáreas, se gravarán 67 unidades indexadas por hectárea, entre 5 mil a 10 mil serán 100 unidades indexadas por hectárea y más de 10 mil hectáreas, son 135 las unidades indexadas por hectárea que deberá pagar cada contribuyente.
Si tenemos en cuenta que el valor de la Unidad Indexada cerró ayer a 2,4992 pesos podemos establecer que la primera franja pagará 167 pesos más por cada hectárea; la segunda franja pagará 249,92 pesos más de impuesto por cada hectárea comprendida en la franja que supere las 5 mil hectáreas, a las que se les suma los 167 pesos por cada hectárea entre las 2 mil y las 5 mil anteriores. Y en el caso de la última franja que ya paga todo esto, además se les computará 337,92 pesos por cada hectárea que supere las 10 mil hectáreas.
Se trata de un impuesto que carga al propietario de las grandes extensiones de tierra, como antes ya había impuestos a los que tienen menos tierra y como también a los que explotan un campo que ni siquiera es de ellos. Se trata de una carga impositiva más que está haciendo del Uruguay, un país fiscalista. Si este impuesto es justo o no, si quien debe pagarlo puede hacerlo, son cosas accesorias, lo importante es que el gobierno nacional está empleando su poder de cargar con impuesto a todos.
Desde los trabajadores que comienzan pagando el IRPF, el Fonasa y el Montepío, que operan como un gravamen importante al salario, hasta el ahora impuesto a los grandes propietarios. Pero más allá de quien es quien, el concepto de todo esto, es lo que más me preocupa.

Un nuevo impuesto fue creado con la finalidad de lograr recaudar más. Esa es la única razón por la cual el Estado uruguayo, impuso el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRIC), el cual tiende a gravar las extensiones de tierra que superen las 2 mil hectáreas.

Pero esta nueva carga impositiva, más allá del valor que implique y de lo que eso signifique para la economía de quien deba

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abonarlo, es una cuestión filosófica, porque se trata de una nueva imposición tributaria que más allá de su monto, el cual pueda llegar a ser insignificante o no para el propietario de las tierras, determina una afán fiscalista que se traslada a los otros órdenes de la sociedad.

El pasado 9 de noviembre, el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto la ley 18.876 del 2011, donde establece quiénes deberán abonar el nuevo impuesto, cómo deberán hacerlo y en qué régimen. En ese sentido, enumera una serie de medidas que tienen que ver con los requisitos que deben cumplir cada uno de los contribuyentes, previo a ser inscriptos para comenzar a abonar este impuesto.

En primer lugar y como no podía ser de otra manera, la ley establece que la recaudación del mismo queda a cargo de la DGI, para lo cual en caso de ser necesario, el organismo deberá solicitarle información al BPS, con la intención de conocer la actividad a la que se dedica el contribuyente.

No obstante, en este caso deberán presentar una declaración jurada de bienes y serán contribuyentes tanto las personas físicas, como los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. También lo son los cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente, además en el caso de las sucesiones, en el caso que haya declaratoria de herederos, los herederos causahabientes pasarán a ser los responsables del aporte por la cuotaparte que les corresponde.

Aunque también son contribuyentes en calidad de residentes, los propietarios de las tierras, pese a ser extranjeros, y para los extranacionales que no residen en el país, deberán nombrar a una persona física o jurídica residente que los represente ante la DGI.

El artículo 3º de la ley, identifica quienes están obligados a pagar tributo. En este caso, establece que “el impuesto recae sobre las superficies ocupadas por inmuebles rurales, siempre y cuando exceda el equivalente a las 2 mil hectáreas, abonando el sujeto pasivo de este impuesto por las áreas que sean de su propiedad, las que sean en nuda propiedad (más allá que no ostente el usufructo de las mismas por razón de arrendamiento, comodato u otra índole deberá hacerse cargo del impuesto el propietario y no quien esté gozando de ese derecho).

El artículo 8º establece que hasta las 2 mil hectáreas de propiedad, no se gravarán más impuestos que los ya existentes, mientras que entre 2 mil y 5 mil hectáreas, se gravarán 67 unidades indexadas por hectárea, entre 5 mil a 10 mil serán 100 unidades indexadas por hectárea y más de 10 mil hectáreas, son 135 las unidades indexadas por hectárea que deberá pagar cada contribuyente.

Si tenemos en cuenta que el valor de la Unidad Indexada cerró ayer a 2,4992 pesos podemos establecer que la primera franja pagará 167 pesos más por cada hectárea; la segunda franja pagará 249,92 pesos más de impuesto por cada hectárea comprendida en la franja que supere las 5 mil hectáreas, a las que se les suma los 167 pesos por cada hectárea entre las 2 mil y las 5 mil anteriores. Y en el caso de la última franja que ya paga todo esto, además se les computará 337,92 pesos por cada hectárea que supere las 10 mil hectáreas.

Se trata de un impuesto que carga al propietario de las grandes extensiones de tierra, como antes ya había impuestos a los que tienen menos tierra y como también a los que explotan un campo que ni siquiera es de ellos. Se trata de una carga impositiva más que está haciendo del Uruguay, un país fiscalista. Si este impuesto es justo o no, si quien debe pagarlo puede hacerlo, son cosas accesorias, lo importante es que el gobierno nacional está empleando su poder de cargar con impuesto a todos.

Desde los trabajadores que comienzan pagando el IRPF, el Fonasa y el Montepío, que operan como un gravamen importante al salario, hasta el ahora impuesto a los grandes propietarios. Pero más allá de quien es quien, el concepto de todo esto, es lo que más me preocupa.

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Tercerizaciones, una responsabilidad más

La ley Nº18.099 estableció el régimen de tercerizaciones, por lo cual busca responsabilizar a las empresas que contratan mano de obra a través de subcontratistas y obtienen los beneficios del trabajo de sus dependientes. Por lo tanto, si la empresa subcontratista no cumple con sus obligaciones legales ante sus dependientes, los mismos pueden efectuar un reclamo ante la empresa que arrendó los servicios de la contratante, debido a que fue la beneficiada en último caso, con el trabajo de los dependientes.
En ese sentido, el artículo 1º de la presente ley indica que: todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, (…)”.
En esta ley están incluidas las personas públicas y por eso el inciso 2º del art. 1º de la Ley 18.099 dice que “el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante alguna de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley”.
“La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra”.
La norma establecía un régimen de responsabilidad solidaria, tanto entre el empresario que se beneficiaba con el trabajo con la subcontratista, los que respondían indistintamente al reclamo del trabajador. Es decir, que el dependiente, en el caso de que se le registraran incumplimientos en sus derechos, podía demandar tanto al empresario como al intermediario.
Sin embargo, la situación se tornó ríspida en función del elenco de medidas que se habían adoptado en esa época en el mundo de las relaciones laborales. Corría el año 2007 y esta ley de tercerizaciones aparecía como una gota más que desbordaba el vaso. Hubo negociaciones por parte de los empresarios con los legisladores oficialistas del momento y una reforma al contenido de la ley avizoró enfrentar la conflictividad laboral que imperaba entonces de una manera distinta.
En ese sentido, la reforma dejó al descubierto un margen de flexibilización en el sistema de responsabilidad de las empresas tomadoras de mano de obra. Esto se logra a través de la implantación de un sistema basado en el rol de contralor del cumplimiento de las obligaciones laborales y cargas sociales, que ejercerá la empresa tomadora de la mano de obra, respecto de la empresa empleadora del trabajador. La norma prevé ahora que si la empresa que recibe la mano de obra hace efectivo su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y sociales por parte de la empresa intermediaria, responderá de manera subsidiaria.
Por esa razón, ahora, el trabajador deberá demandar al subcontratista primero, y solamente en caso de que éste no responda, aparecerá la responsabilidad subsidiaria del empresario. Pero el primer escalón de recurrir al subcontratista, marca no solo un tema de responsabilidades, sino además de prestigio empresarial.

La ley Nº18.099 estableció el régimen de tercerizaciones, por lo cual busca responsabilizar a las empresas que contratan mano de obra a través de subcontratistas y obtienen los beneficios del trabajo de sus dependientes. Por lo tanto, si la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

empresa subcontratista no cumple con sus obligaciones legales ante sus dependientes, los mismos pueden efectuar un reclamo ante la empresa que arrendó los servicios de la contratante, debido a que fue la beneficiada en último caso, con el trabajo de los dependientes.

En ese sentido, el artículo 1º de la presente ley indica que: todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, (…)”.

En esta ley están incluidas las personas públicas y por eso el inciso 2º del art. 1º de la Ley 18.099 dice que “el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante alguna de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley”.

“La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra”.

La norma establecía un régimen de responsabilidad solidaria, tanto entre el empresario que se beneficiaba con el trabajo con la subcontratista, los que respondían indistintamente al reclamo del trabajador. Es decir, que el dependiente, en el caso de que se le registraran incumplimientos en sus derechos, podía demandar tanto al empresario como al intermediario.

Sin embargo, la situación se tornó ríspida en función del elenco de medidas que se habían adoptado en esa época en el mundo de las relaciones laborales. Corría el año 2007 y esta ley de tercerizaciones aparecía como una gota más que desbordaba el vaso. Hubo negociaciones por parte de los empresarios con los legisladores oficialistas del momento y una reforma al contenido de la ley avizoró enfrentar la conflictividad laboral que imperaba entonces de una manera distinta.

En ese sentido, la reforma dejó al descubierto un margen de flexibilización en el sistema de responsabilidad de las empresas tomadoras de mano de obra. Esto se logra a través de la implantación de un sistema basado en el rol de contralor del cumplimiento de las obligaciones laborales y cargas sociales, que ejercerá la empresa tomadora de la mano de obra, respecto de la empresa empleadora del trabajador. La norma prevé ahora que si la empresa que recibe la mano de obra hace efectivo su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y sociales por parte de la empresa intermediaria, responderá de manera subsidiaria.

Por esa razón, ahora, el trabajador deberá demandar al subcontratista primero, y solamente en caso de que éste no responda, aparecerá la responsabilidad subsidiaria del empresario. Pero el primer escalón de recurrir al subcontratista, marca no solo un tema de responsabilidades, sino además de prestigio empresarial.

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Los períodos de adaptación provocan tragedias

La responsabilidad en el tránsito es un tema de todos. Pero cuando uno piensa que no nos va a tocar nunca, como si fuéramos de otro planeta, entonces es cuando las cosas pasan. Ayer una tragedia enlutó a nuestra sociedad. Se trata de otro hecho, uno nuevo, el número 21 en lo que va del año. Tantos para una sociedad tan chica como la nuestra, que podrían ser perfectamente evitable, pero la falta de cultura del tránsito nos lleva a que los accidentes sean moneda corriente y lamentablemente, las muertes, también.
Los coches escolares tienen una reglamentación que está vigente. Lo está en la ley Nº 18.191 en su artículo 31, que ya fue reglamentado por el Poder Ejecutivo, cuando dice: “Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en las interurbanas: A) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. B) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga. C) Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros. D) Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar”.
Pero lamentablemente, el uso del cinturón de seguridad no se cumple, ni siquiera en este último caso, donde los más pequeños son los que quedan más expuestos.
Entonces, ante una tragedia de esta magnitud como la que estamos lamentando hoy todos los salteños, nos horrorizamos ante los hechos acaecidos y buscamos un culpable, cuando en estos casos todos un poco más por un lado y menos por el otro, lo somos.
Algunos por permitir que estas cosas pasen y no denunciarlas. Otros por dejar que nuestros hijos viajen en este tipo de transporte y no verificar que se tomen todos los recaudos. Por más confianza que tengamos en los responsables de las empresas que se dedican a este tipo de tareas. Porque nosotros mismos no podemos permitir que nuestros hijos pequeños viajen en un automóvil sin la protección suficiente.
Tenemos que ser responsables, y por más leyes que se invoquen, por más que el gobierno nacional haya impulsado la ley de referencia donde se obliga a las empresas de transporte escolar y a todo el resto de la población a utilizar el cinturón de seguridad, si no lo ponemos en práctica, sino lo hacemos valer y lo empleamos, no sirve de nada la letra muerta de la ley, porque la obligación debe ser nuestra.
Las autoridades deben volver a poner las barbas en remojo, porque desde que se promulgó la ley permitieron un período de adaptación de estos micros, con asientos adecuados y cinturones de seguridad, autorizándolos provisoriamente a circular, mientras se regularizaban. Pero en el medio, estaba latente el riesgo de que una tragedia espantosa como la que acabamos de vivir podía pasar y pasó nomás. Es hora de aplicar la ley para no seguir llorando tragedias.

La responsabilidad en el tránsito es un tema de todos. Pero cuando uno piensa que no nos va a tocar nunca, como si

Hugo Lemos

Hugo Lemos

fuéramos de otro planeta, entonces es cuando las cosas pasan. Ayer una tragedia enlutó a nuestra sociedad. Se trata de otro hecho, uno nuevo, el número 21 en lo que va del año. Tantos para una sociedad tan chica como la nuestra, que podrían ser perfectamente evitable, pero la falta de cultura del tránsito nos lleva a que los accidentes sean moneda corriente y lamentablemente, las muertes, también.

Los coches escolares tienen una reglamentación que está vigente. Lo está en la ley Nº 18.191 en su artículo 31, que ya fue reglamentado por el Poder Ejecutivo, cuando dice: “Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en las interurbanas: A) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. B) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga. C) Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros. D) Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar”.

Pero lamentablemente, el uso del cinturón de seguridad no se cumple, ni siquiera en este último caso, donde los más pequeños son los que quedan más expuestos.

Entonces, ante una tragedia de esta magnitud como la que estamos lamentando hoy todos los salteños, nos horrorizamos ante los hechos acaecidos y buscamos un culpable, cuando en estos casos todos un poco más por un lado y menos por el otro, lo somos.

Algunos por permitir que estas cosas pasen y no denunciarlas. Otros por dejar que nuestros hijos viajen en este tipo de transporte y no verificar que se tomen todos los recaudos. Por más confianza que tengamos en los responsables de las empresas que se dedican a este tipo de tareas. Porque nosotros mismos no podemos permitir que nuestros hijos pequeños viajen en un automóvil sin la protección suficiente.

Tenemos que ser responsables, y por más leyes que se invoquen, por más que el gobierno nacional haya impulsado la ley de referencia donde se obliga a las empresas de transporte escolar y a todo el resto de la población a utilizar el cinturón de seguridad, si no lo ponemos en práctica, sino lo hacemos valer y lo empleamos, no sirve de nada la letra muerta de la ley, porque la obligación debe ser nuestra.

Las autoridades deben volver a poner las barbas en remojo, porque desde que se promulgó la ley permitieron un período de adaptación de estos micros, con asientos adecuados y cinturones de seguridad, autorizándolos provisoriamente a circular, mientras se regularizaban. Pero en el medio, estaba latente el riesgo de que una tragedia espantosa como la que acabamos de vivir podía pasar y pasó nomás. Es hora de aplicar la ley para no seguir llorando tragedias.

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