Quienes aportaban al BPS y a las AFAP voluntariamente, ahora pueden salirse

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.
El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.
Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.
La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.
Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.
Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.
Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.
La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.
El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.
En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.
Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.
No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

El sistema jubilatorio uruguayo es uno de los más injustos del mundo. Quienes son usuarios de éste, padecen las

Hugo Lemos

Hugo Lemos

consecuencias de haber contribuido con sus aportes durante muchos años, o sea durante varias décadas las que componen la mayor parte de su vida en la mayoría de los casos, y al momento de jubilarse reciben apenas un dinerito, del que no se les deduce nada y del cual encima se les cobra un impuesto como es el IASS, el que les hace saber que tras la pesada carga tributaria que tuvieron durante su vida como trabajadores, ahora tienen un legado similar.

El sistema mixto, donde los trabajadores aportan tanto al BPS como a las AFAP, fue creado por ley y establece que cuando los contribuyentes al BPS perciben un monto superior a cierta franja, unos 22.200 pesos aproximadamente, también pasan a ser contribuyentes de las AFAP, y esto en cierta medida no ha sido otra cosa que ponerle la mano en el bolsillo a la gente, porque crea un sistema doble sin preguntarles si están de acuerdo.

Pero después de la existencia de la ley Nº16.713 de 1995, que reformó el sistema de seguridad social en el país, hubo quienes en ese entonces podían optar aportar en forma mixta, y hoy, quienes en ese momento se adhirieron a ese régimen en forma voluntaria, tiene la chance de poder salirse del mismo si así lo desean.

La recientemente aprobada Ley Nº19.162 establece en su artículo 1º que “todas las personas que contarán con 40 o más años de edad al 1º de abril de 1996, y que sin encontrarse obligatoriamente comprendidas en el régimen previsional mixto, optaron por el mismo en forma voluntaria, podrán en las condiciones que establece la presente ley, dejar sin efecto dicha opción, con carácter retroactivo a la fecha en que la realizaron, siempre que no se encontraren en el goce de alguna jubilación servida al amparo del régimen previsional mixto”.

Más allá de los requisitos de tiempo y edad que impone el artículo primero de la norma, la presente ley también estipula en su artículo segundo, la excepción de que si la persona ya está jubilada al amparo de este sistema y está percibiendo su jubilación no puede volver atrás en su decisión.

Asimismo, en los artículos siguientes la ley señala que las revocaciones pueden realizarse por una sola vez, tendrán carácter irrevocable y se formalizan ante el BPS.

Además, el marco normativo indica que para realizar las revocaciones el interesado debe contar en forma preceptiva con el asesoramiento del BPS, el que se encuentra obligado a brindarlo. A tales efectos, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deben remitir al BPS dentro del plazo que la reglamentación determine, la información del fondo acumulado por el afiliado del que se trate.

La que incluirá todos los movimientos del ahorro de la cuenta individual, indicando tipo y montos en Unidades reajustables, sin perjuicios de todos los datos que sean necesarios.

El articulado sigue y la ley detalla los pormenores de la tramitación, además de plazos y vencimientos para los interesados.

En ese sentido, se trata de una ley que le brinda la chance a las personas que siendo mayores de 40 años de edad, al 1º de abril de 1996, se afiliaron voluntariamente al sistema mixto de aportes previsionales (BPS – AFAP) y que pueden dar marcha atrás desafiliándose del mismo, siempre y cuando no estén ya jubiladas y gozando de los beneficios que les habría otorgado este sistema.

Pero si está interesado en salirse del sistema por el que optó hace varios años y cambiar la decisión tomada, tendrá que ir obligatoriamente al BPS para que allí lo asesoren, y luego iniciar los trámites para lograrlo.

No es mucho, pero al menos se trata de una solución legislativa muy parcial y acotada, para tanto descontento con las jubilaciones.

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Secretismo de Estado en las corporaciones funcionariales, algo de nunca acabar

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.
Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.
En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.
Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.
El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.
Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.
¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.
Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.
El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.

Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.

En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.

Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.

El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.

Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.

¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.

Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.

El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

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La pensión alimenticia: mucho más que un derecho

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.
El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.
Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.
Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.
Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.
En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.
El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.
Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

La prestación de alimentos es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de responsabilidad de mayor grado que tienen los progenitores con sus hijos. Aunque la obligación es extensible a otros integrantes del núcleo familiar que pueden verse

Hugo Lemos

Hugo Lemos

responsabilizados por la situación, tales como los abuelos o tíos de un niño, cuyo padre o madre, dejaron desamparado.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) regula este tipo de situaciones y establece en su artículo 45 que la pensión alimenticia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

El CNA establece que los alimentos “están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación”.

Pero algo que debe quedar claro es que “son considerados alimentos para la ley; los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto”. Algo siempre discutido y nunca acordado es que “las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios”.

Ya que muchas veces hay ocultamiento de patrimonio real por parte de los obligados con la finalidad de no verse sujetos al pago de sumas importantes. El Código establece que las prestaciones alimentarias pueden ser servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, e incluso hace saber, sobre todo para los más desconfiados, que “el obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios”.

Y el artículo 50 deja claro quienes son los destinatarios como para despejar dudas a las partes en conflicto. En ese sentido expresa que “serán acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para sustentarse”.

En tanto, el artículo 51 refiere a quienes son las personas obligadas a pagar las pensiones alimenticias y en ese aspecto establece que “los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes.  Pero en caso de que éstos no lo cumplan quien los demanda podrá dirigirse en forma subsidiaria a Los abuelos (padres del obligado) de los niños o adolescentes, la esposa del obligado en cuanto conviva con el beneficiario. El concubino o la concubina, del obligado sobre los hijos que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho. Los hermanos legítimos o naturales del obligado, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno. Tampoco son embargables. El deudor de alimentos no puede compensar al demandante por lo que el demandante le deba con las pensiones atrasadas, excepto que lo adeudado sea por la pensión alimenticia. Además son imprescriptibles.

Al tiempo que el artículo 62 establece la prohibición al alimentante de ausentarse del país, sin dejar garantías suficientes y dice que iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el demandante. Con todo, la ley se hace insuficiente.

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Alimentación saludable para los más chicos

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.
En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya instalados tendientes en ese sentido.
Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles
vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.
Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.
Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.
Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.
En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.
El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.
En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.
Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.
Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.
Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

Uruguay es uno de los países de la región que presenta de los mayores índices de sobrepeso entre la población, según los datos relevados por las autoridades en los últimos tiempos. En ese aspecto el Gobierno ha decidido adoptar medidas que tiendan a generar los hábitos de alimentación saludable.

En ese aspecto, escuelas y liceos gozan de una nueva reglamentación que se suma a los programas que habían sido ya

Hugo Lemos

Hugo Lemos

instalados tendientes en ese sentido.

Por esto, la ley Nº19.140 aprobada en octubre de este año, tiene por finalidad “proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir, actuando sobre este factor de riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no transmisibles

vinculadas a los mismos”, según señala el artículo 1º de la ley de marras.

Asimismo, el Artículo 2 establece cuáles son los objetivos específicos de esa ley, señalando que la misma está destinada a “ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y privados. Así como promover hábitos alimentarios saludables en toda la población, iniciando en la infancia la educación pertinente”.

Además de querer “favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de los locales educativos”.

Entre los objetivos previstos por la ley también se plantea que se debe “incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a este nivel. Y promover que la oferta de alimentos y bebidas en cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales educativos se adecuen al listado establecido en el artículo 3º de la presente ley.

En ese aspecto, el Artículo 3 establece que “el Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con información destinada a la población de los centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción y prevención a toda la comunidad”.

El Ministerio de Educación y Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.

En tanto que el Artículo 4 “se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3º de la presente ley”.

Este tratamiento a este tipo de alimentos, será el mismo que para el de los cigarrillos y bebidas alcohólicas en los diarios y revistas. Es decir, publicidad cero para los alimentos considerados como no saludables.

Por otro lado, el Artículo 5 reza: No se permitirán dentro de los locales escolares o liceales saleros y otros recipientes que contengan sal que estén visible para los alumnos y que tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados.

Al tiempo que la responsabilidad de todo esto está destinada al Ministerio de Salud Pública por el Artículo 6 de la presente ley, cuando dice que: el Ministerio de Salud Pública, llevará adelante campañas de información destinadas a: A) Educar a la población general en el conocimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. B) Promocionar los hábitos de vida saludable dentro de los que la dieta sana tiene un rol fundamental. C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de alimientos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.

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El daño del Tribunal

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.
La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.
Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.
Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.
Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.
Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.
Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.

La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.

Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.

Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.

Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.

Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.

Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

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“Acá siempre se hizo así”, un cuasi principio procesal

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.
Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.
El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.
Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.
Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.
Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

“Acá siempre se hizo así”, le contestó una funcionaria judicial a un justiciable que se acercó a la baranda del juzgado, para preguntar porqué si su abogado le dijo que el expediente le demora tantos días, ya que es el plazo que está establecido en el Código General del Proceso (CGP), cuando ya había pasado mucho más tiempo de lo que le dijeron su expediente aún seguía allí. Como durmiendo en un cajón.

Según esta persona, la funcionaria le explicó de “buenos modos”, que si bien los códigos y las leyes decían determinadas

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cosas “una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica judicial”, y que por lo tanto, su “asunto” debería estar “dando vueltas adentro del juzgado amontonado con varios casos más que también tenían que resolverse”.

El hombre insistió en que el suyo llevaba ya tres años y que necesitaba saber los pormenores de la última resolución para saber dónde estaba parado y que para él, cada día que pasaba le suponía un problema económico que debía resolver.

Apeló en ese sentido, a todo el verso que le había dicho su abogado, desde el “principio de celeridad del proceso”, el de la “economía procesal” y apelando al raciocinio de la funcionaria para ver si su caso podía cumplir con los plazos procesales que están previstos en los primeros artículos del CGP y que son la base de principios de los que debería ser un proceso judicial ésta le contestó con una frase lapidaria: “sí si, todo bien, pero acá siempre se hizo así”.

Me hizo acordar a un fiscal argentino, que participó de una jornada de capacitación para jueces y fiscales sobre la reforma del proceso penal uruguayo hace pocos meses en la Regional Norte, que dijo que el “acá siempre se hizo así”, en su país ya es “un principio” que se aplica de forma tácita y que va de la mano con lo que también habría que cambiar junto con la reforma de los códigos que se hacen buscando una aplicación más ágil de los procesos, que es la burocracia que imparten los funcionarios que ejecutan la administración de justicia.

Sin embargo, en nuestro país aún estamos lejos de querer cambiar cualquier mentalidad en los funcionarios públicos y al parecer el “acá siempre se hizo así”, tiene larga vida todavía.

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Las nuevas relaciones y los viejos beneficios

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.
En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.
Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.
En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:
“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.
Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.
El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

Las relaciones familiares han cambiado mucho con el paso del tiempo y la sociedad se ha ido adaptando a distintas situaciones y a la nuevas formas de relaciones humanas que la propia gente ha ido generando.

En ese sentido, la legislación uruguaya ha tratado en los últimos tiempos de acompasar estos cambios que han sido

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sustantivos y que han conformado una nueva manera de lazos afectivos que determinan efectos jurídicos. En ese sentido, la puesta en vigencia de una ley que convalida el concubinato como una unión formal entre las partes con derechos y obligaciones determina cambios en la vigencia de las pensiones que sirven a los ex cónyuges divorciados culpables de la separación.

Ya no se trata de una simple relación de novios, o no somos esposos todavía y simplemente tenemos una relación y por eso sigo reclamando a mi ex esposo/a que me pague la pensión por congrua manutención. Ahora que vivimos en el mundo donde todo vale, ahora también todo sirve.

En ese sentido, el artículo 2º de la ley 19.119, sustituye el artículo 194 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley Nº 19.075, de 3 de mayo de 2013, por el siguiente:

“ARTÍCULO 194. “Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un año”.

Y en ese sentido, el mismo artículo también prevé que “corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aún cuando este no estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria”.

El artículo sigue pero lo más sustantivo está en los dos primeros incisos. Si la pareja que reclama pensión vuelve a tener pareja, no importa ya el lazo formal a través del reconocimiento estatal, basta con que haya una relación estable con una duración mínima, o un concubinato informal que pueda ser declarado, para perder un derecho. Cosas del mundo moderno que también revierten viejos beneficios.

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Jóvenes contra policías

Una suerte de manual para combatir la quejas de los más jóvenes cada vez que tienen problemas con la Policía, fue difundido por el Gobierno en los últimos días y será distribuido en una maratón que con fines políticos electorales, que el INJU denominó “Ser joven no es delito” como respuesta a la propuesta de la oposición de bajar la edad de imputabilidad.
Si bien, en esencia el manual político no presenta cambios en ningún sentido respecto a lo estipulado en la ley Nº 18.315 de procedimiento policial, que todavía está vigente, la idea del ministro del Interior, fue amortiguar las quejas de la juventud contra la policía, que estaba actuando con la ferocidad propia de los tiempos violentos en los que vivimos, pero sin tener presente que el 2014 es año electoral. Acá difundimos el manual político para que los jóvenes sepan qué hacer cuando el policía los para en la calle y así saber enfrentarlo, encima llamado Para tenerla clara.
¿Cuándo te pueden trasladar a la dependencia policial?
Salvo el caso de delito infraganti (cuando te sorprenden en el mismo acto del delito, inmediatamente después, si tenés objetos, armas o instrumentos, rastros o señales que puedan ser presumibles o si estás legalmente detenido y te fugaste), la Policía debe contar con la correspondiente orden del Juez competente para poder trasladarte a una dependencia policial. Dentro de la dependencia te pedirán que entregues tus pertenencias y todo aquello que pueda causar daño físico. Incomunicación con familia, abogados, allegados, testigos: solamente se utilizará como medida de urgencia para evitar que se afecte la indagatoria o se incida en los elementos probatorios.
Tus derechos: Te deben asegurar plena protección de tu salud e integridad física.
La Policía no puede permitir el contacto físico de detenidos entre personas mayores y menores, ni de diferente sexo.
¿Cuándo te pueden registrar?
Únicamente si te sorprendieron al momento del delito, huyendo o con objetos que supongan que participaste. Tus derechos: El personal policial que te registre debe ser de tu mismo sexo y debe tener el mayor cuidado y respeto hacia tu dignidad. No pueden desnudarte ni revisar tus partes íntimas durante el registro ni la conducción hacia la dependencia policial; a no ser que algún implicado esté en riesgo de vida.
¿Cuándo puede detenerse a los conductores?
Para controles y registros en función de la prevención de vida en el tránsito. Espirometría: se puede realizar a cualquier conductor. Si te rehusás retendrán tu libreta de conducir y se te advertirá que está violando las normas de tránsito. Si da positivo, la Policía puede impedirte reanudar la marcha.
¿Puede haber uso de la fuerza?
Las etapas del accionar de la Policía son la observación, la prevención, la disuasión y excepcionalmente la represión. El uso de la fuerza es una medida extrema. Debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional considerando el riesgo y el objetivo legítimo que se persiga. Se usará solamente cuándo: Sea la única forma de proteger la integridad física de cualquier ciudadano. Se use fuerza contra la Policía o terceros,poniendo en peligro su integridad física. Se ponga resistencia armada ante la Policía. La Policía deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas.
El personal policial tiene prohibido realizar, instigar o tolerar torturas o tratos crueles e inhumanos sobre cualquier persona. Uso de armas de fuego: solamente con moderación y en proporción a la agresión o conducta ilícita que se esté reprimiendo; y para reducir daños y agresiones que se puedan causar al agresor.
Glosario para tenerla clara
Medidas policiales: Son las que impiden o limitan la libertad de movimientos de la persona detenida, sin afectar nunca su integridad física ni dignidad.
Denuncia: Es cuando la Policía toma en conocimiento un hecho a través de cualquier medio. La Policía no puede exigir en ningún caso previo a su actuación que la denuncia se presente por escrito.
Denunciante: Es cualquier persona incluso menor de 18 años, sea o no la implicada en el hecho. Nunca se desestimará una denuncia ni se harán comentarios. No es necesario tener cédula de identidad para realizarla. La Policía tendrá absoluta reserva sobre la denuncia,la identidad de quien denuncia e involucrados. Todo denunciante, víctima o testigo tiene derecho a recibir adecuada protección.

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El espíritu de la ley y la facilitación del consumo de drogas

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.
Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.
Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.
Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.
Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.
El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.
Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».
Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.
Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?
Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.
Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

El Estado debe velar por la salud de las personas, así lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

dispone el deber de cada ciudadano de cuidar por su salud y el del Estado de velar por la del conjunto de la población, poniendo al servicio de éstos los medios necesarios como para hacerlo.

Pero hay mensajes contradictorios en el contenido de algunas leyes y más aún en sus respectivas reglamentaciones. El espíritu del legislador en cada proceso de elaboración de la ley trata de aggiornarse a la situación social existente en ese momento, por lo que hay que destacar que cada ley es una pieza de la historia social, política y económica de un país, en un momento determinado. Pero a mi criterio, y creo que por una cuestión de sentido común, tampoco puede desmarcarse de las normas fundamentales, como las constitucionales, porque de ellas emana el resto del orden jurídico nacional.

Por eso en el caos de la permisividad, y en breve, la legalización del consumo de algunas drogas, es en cierta medida dejar todo en manos de cada uno, y a cada cual que lo parta un rayo como mejor elija, cuando debería ser el Estado el que debe velar por la salud de la gente y en ese sentido, establecer normativas para que nadie pueda autodañarse y quedar impune. Porque si una persona muere o se enferma gravemente, el daño lo causa en su entorno, que se verá perjudicado por esa situación.

Pero para poner un ejemplo, la ley 17.016, que suprime en gran parte al antiguo decreto – ley 14.294, que penaliza el tráfico, la tenencia, la comercialización y todas las formas de relacionamiento de una persona con las drogas, establece la libertad de cualquier persona que quiera drogarse y permite en ese sentido, tener una cantidad relativa para su consumo.

Algo que es público y notorio, ya que si la Policía encuentra a una persona drogándose en una plaza pública, no pasa nada, porque tiene derecho a hacerlo. Una cosa de locos que en pocos lugares del mundo, excepto Uruguay, ese tipo de conductas públicas puedan ser legales.

El artículo 3º de la ley Nº17.016, que sustituye al 31 de la ley Nº14.294, por un lado disminuye al máximo las situaciones en las que una persona pueda portar estupefacientes, cuando en su inciso primero dice: el que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior (drogas) será castigado…” e impone una pena.

Ese inciso deja poco margen de maniobra a quienes transportan estupefacientes de querer quedar afuera de un caso de tráfico. Pero asimismo, en su segundo inciso, ese mismo artículo sostiene: “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado».

Más allá de que haya una fundamentación al respecto, queda al total arbitrio y discreción del juez, la carga subjetiva que pueda impulsar esa convicción moral de la que habla la ley. Porque no se trata de un criterio único, tampoco de un criterio legal, ni mucho menos de una regla general para todo el mundo, que deban cumplir en forma estricta quienes consumen drogas. Es decir, no hay una cantidad determinada legalmente establecida y esa versatilidad es el peligro.

Si encontramos a una persona con tres porros en la calle y dice que son para consumo propio, bueno el juez sabe, por razones varias, que quizás la respuesta sea verdadera como quizás no. Entonces, ¿Cuál es el criterio aplicable en base a la ley para penalizar el transporte de estupefacientes?

Los límites no están claros y por lo tanto, con esta redacción de la ley, estamos favoreciendo el transporte y rayando el filo de facilitar herramientas por la vía legal al narcotráfico, que por más que la policía sabe que un traficante no andará vendiendo de a tres porros, sí puede ingeniárselas para que así sea.

Y con esto, no solamente vamos a contrapelo de lo que dice la Constitución, de que el Estado deba velar por la salud de los uruguayos cuando en realidad facilita el consumo de drogas y le da la libertad a cada uno de hacer con esto lo que desee,  sino que también estamos contradiciendo el espíritu del legislador a la hora de redactar una ley, que en vez de combatir algo, lo termina favoreciendo.

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La amplitud de criterio para la participación en el proceso

La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.
En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.
La reforma del Código General del Proceso se realizó con el espíritu de darle cabida a lo que podía escaparse y no estar contemplado hasta el momento, esto en cuanto al justiciable, así como también a buscar una mayor ecuanimidad en el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

proceso, atribuyendo una responsabilidad mayor al tribunal, con la finalidad de hacer pesar figura como director del procedimiento judicial.

En ese sentido, es que el artículo 8º, en consonancia con el espíritu del proyecto, encomienda al tribunal ser quien, tanto en las audiencias como en las diligencias de prueba deben ser realizadas por el tribunal, “no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta”, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley.
Lo que deja claro que al caso anterior donde las partes podían proponer y presentar las diligencias probatorias, en el caso de un proceso preliminar, ahora la prioridad la tiene el tribunal.
En ese tren, es que el derecho al proceso, a la acción procesal, mantiene un sentido amplio, buscando con esto la participación de todo aquel que se encuentre interesado, afectado o lesionado, en un derecho para presentarse ante el tribunal a reclamar su pretensión.
Ahora, con la reforma el artículo 11 del CGP dice: (Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva). “Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”.
Pero establece un requisito muy importante previo a esa libertad de acción que otorga antes: y es que para “proponer o controvertir útilmente las pretensiones”, se considera necesario invocar interés y legitimación en la causa”.
Y apuesta a más. Dice que el interés del demandante puede “consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro”. Esto es en cuanto a desplegar sus efectos.
Y en último caso, el nuevo artículo 11 que permite una participación más amplia del justiciable como actor del proceso, sostiene que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”.
La duración razonable también es tan amplia con discrecional, lo que implica que la misma pueda durar mucho más de lo que realmente debería para beneficiar al reclamante. Pero en esto, la administración tiene su propia lógica.

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La legalización de la marihuana modificará la ley de estupefacientes

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.
Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.
En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.
Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.
En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

La legalización de la marihuana conllevará a que la venta de estupefacientes se divida en dos. Una legal y la otra ilegal. Pero la situación se dará a la hora de investigar a los clientes del estado y diferenciarlos de aquellos que seguirán comprando tanto el cannabis como las otras drogas en las bocas ilegales.

Cuál es la situación jurídica de un consumidor de marihuana que compra su droga donde el Estado lo indica y cuál es la del

Hugo Lemos

Hugo Lemos

comprador en la boca ilegal. El tema es uno de los tantos bemoles que crea este proyecto, ya que no podrá ser tratado como delincuente quien consume esa droga, y entonces en los hechos, la Policía no le buscará el pelo al huevo.  Y optará por no realizar ningún tipo de procedimiento porque será gastar pólvora en chimango.

En ese aspecto, este proyecto de ley, entre los aspectos negativos que genera, está el favorecer el consumo de cannabis a discreción y eso alentará a que el narcotráfico se nutra de este tipo drogas para comercializarla, ya que no podrán detener a quien lo hace para saber si la misma fue adquirida dentro del orden legal establecido, porque probarlo será lo más difícil.

Por lo tanto, la ley de estupefacientes Nº 17.016, que tan cuidadosamente ha sido redactada y que tantos aspectos puntillosos estableció para esto, deberá ser modificada para que las modalidades de transporte, tránsito y tráfico, sea quitada de la misma la marihuana. Ya que si bien en algunos casos podrá ser ilegal, esta nueva ley echa por tierra todo, porque lo más difícil será el campo de la prueba y esto es fundamental para probar la culpabilidad de alguien.

En ese aspecto, hecha la ley, hecha la trampa, y ahora si el consumo de cannabis es legal, también lo será el tráfico y habrá más de uno que se aprovechará de esto.

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Que sea de los dos: bienes gananciales según la nueva ley

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.
La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.
En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.
Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.
Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.
Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.
También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.
Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.
Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.
En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.
Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

La recientemente aprobada Ley Nº 19.075 denominada como Ley de Matrimonio Igualitario, en realidad además de que las modificaciones que introduce en el Código Civil establecen la posibilidad de que el matrimonio civil de carácter obligatorio sea

Hugo Lemos

Hugo Lemos

contraído por “dos personas, de igual o distinto sexo” y ya no por “un hombre y una mujer”, también dispone una serie de nuevos elementos en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento de los hijos nacidos del matrimonio, en el régimen de adopciones y en otros de carácter sucesorio que no fueron anunciados, pero que sí, silenciosamente, y sin que nadie se diera cuenta, se colaron en un texto legal que ayuda a comprender dónde están paradas hoy las parejas que se casan.

La ley, que quedará vigente en los próximos días, establecen claramente cuáles pasan a ser los bienes ganancias en un matrimonio sin separación de bienes. Donde queda claro, por ejemplo, que un patrimonio que es heredado por uno de los cónyuges, es un bien propio y no ganancial, tal como ha venido siendo hasta ahora, por más que el hecho se preste a confusiones, a la hora de reclamar derechos hereditarios.

En ese aspecto, es el artículo 18 de la Ley 19.075 el que sustituye los artículos 1954 y en el caso que nos convoca por el 1955 del Código Civil, por el siguiente: “Artículo 1955:  Son bienes gananciales: Todas las deudas y obligaciones contraídas durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes por cualquiera de los cónyuges”.

Esto es prácticamente lo mismo que hasta ahora, todas las deudas y obligaciones de uno de los cónyuges puede ser reclamada a los dos, ya que asumen la deuda como propia.

Además subraya que también son gananciales los bienes “los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Es decir, las ganancias que ingresen fruto de la actividad de ambos o de cualquiera de ellos, puede ser usufructuada tanto por uno como por el otro integrante de esa sociedad conyugal.

Asimismo, los bienes ganancias también son los adquiridos “por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas y similares”. Es decir el patrimonio de ambos se podrá ver enriquecido por la suerte de uno de ellos en un juego de azar.

También destaca que son gananciales los bienes adquiridos por “los frutos, las rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”.

Pasarán a ser gananciales los frutos, rentas e intereses que recibieran durante una sociedad legal de bienes que ambos tengan, ya sea con bienes que hayan comprado estando casados o con los propios de cada uno antes de casarse. Algo que por lo general rige cuando hay una sociedad y los dos pusieron su parte. En ese caso, todo será de los dos.

Pero incluso son bienes gananciales “lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio”. Es decir, si un cónyuge usufructúa un bien de un hijo de un matrimonio anterior, y esto da ganancias estando él casado, lo obtenido será ganancial.

En ese aspecto, también son gananciales “el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos”. Es decir, cuando una casa que era de uno de ellos incrementa su valor, por las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos estando casados.

Y el artículo 1955 de la ley 19.075 señala que también será ganancial “el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía”. Es decir se cuenta lo que vale el terreno en favor del cónyuge al que pertenecía y todo lo que se haya construido arriba será de los dos.

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Un bache entre las aseguradoras y las intendencias

La ley de seguros obligatorios para vehículos automotores (el denominado SOA), que tanto le dio de ganar a las empresas aseguradoras públicas y privadas en los últimos tiempos desde la vigencia de esta ley, en noviembre del año 2008, sigue generando algunos inconvenientes.
Existe un vacío legal importante que genera inconvenientes y que debería ser subsanado para evitar más complicaciones, los que sobre todo sufren los escribanos cuando tienen que dedicarse a hacer un compromiso de compraventa y se encuentran con la falta de este devenido en requisito obligatorio, para cualquier tipo de empadronamiento, como es el seguro obligatorio del coche que es objeto del negocio jurídico.
No es la primera vez que ocurre, ya que pude saber de un caso similar hace ya algunos años donde la justicia tuvo que actuar de oficio para remediar el asunto. El caso es el siguiente, un automóvil que no se encuentra en circulación, y que posiblemente haya entregado las chapas matrículas para no generar deudas con el fisco, ya que quedó fuera de circulación por distintos motivos, no puede tener seguro obligatorio de automóvil, no al menos el que está previsto en la ley 18.412.
Y seguramente no lo tiene por una razón muy sencilla. Es que al no estar en circulación, no tiene obligación de contratar un seguro. Así lo establece la ley de referencia, cuando dice en su artículo 1º “Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados”.
Habla claramente de vehículos que puedan causar un accidente, y éstos solamente pueden ser los que están en circulación.
Pero lo más claro aparece en el artículo 3º que dice que “están excluidos de la aplicación del artículo 1º de la presente ley: D) En general, todo vehículo no utilizado para la circulación vial”.
Esto quiere decir que si un vehículo, que otrora fue empadronado en una Intendencia cualquiera y desde hace un tiempo por una razón equis, se encuentra sin circular, parado o guardado en un lugar determinado, no tiene obligación, mientras esté en esa situación, de contratar un seguro obligatorio.
Sin embargo, se ha presentado un problema. Ya que a la hora de vender ese automóvil, al buscar los antecedentes del mismo y al figurar éste en el registro municipal con determinado número de matrícula, para realizar un trámite de reempadronamiento o de actualización de la situación del mismo ante la administración municipal, algunas intendencias exigen la contratación de un seguro obligatorio.
Pero como en la mayoría de los casos, este tipo de vehículos se encuentran parados, fuera de circulación desde hace años, los mismos no poseen seguros, y por lo tanto, se genera un vacío entre lo  que dice la ley que los exime y la reglamentación de la administración que no permite el trámite de reempadronamiento o actualización del mismo, por el hecho de no contar con un seguro.
En uno de los casos de los que fui testigo, para solicitar los antecedentes de un automóvil que era objeto de una prescripción adquisitiva, la Intendencia de Montevideo se negaba a brindar los datos al interesado porque el automóvil, fuera de circulación desde el año 2001, no contaba con seguro obligatorio. Y era imposible que lo tuviera porque se encontraba fuera de circulación y el artículo 3º de la ley de marras, lo exime del mismo.
Por esa razón, el único camino fue solicitarle al juez que entendía en el caso que solicitara de oficio los antecedentes del coche. Hace pocos días, una escribana que conozco se encontró con el caso de que requiriendo los antecedentes municipales de un automóvil para su venta, siendo que el mismo está fuera de circulación desde hace muchos años, la administración le exige el seguro obligatorio, y la empresa aseguradora no puede hacer los trámites porque el mismo no tiene actualizado los datos de su empadronamiento.
Habría que buscar entonces una solución legislativa que ayude a subsanar este tipo de casos que generan un problema recurrente, ya que los mismos provocan problemas a la hora de realizar negocios de compraventa y en ese sentido, ocasionan un perjuicio gratuito y sin sentido a las dos partes por igual.

La ley de seguros obligatorios para vehículos automotores (el denominado SOA), que tanto le dio de ganar a las empresas aseguradoras públicas y privadas en los últimos tiempos desde la vigencia de esta ley, en noviembre del año 2008, sigue generando algunos inconvenientes.

Existe un vacío legal importante que genera inconvenientes y que debería ser subsanado para evitar más complicaciones, los que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sobre todo sufren los escribanos cuando tienen que dedicarse a hacer un compromiso de compraventa y se encuentran con la falta de este devenido en requisito obligatorio, para cualquier tipo de empadronamiento, como es el seguro obligatorio del coche que es objeto del negocio jurídico.

No es la primera vez que ocurre, ya que pude saber de un caso similar hace ya algunos años donde la justicia tuvo que actuar de oficio para remediar el asunto. El caso es el siguiente, un automóvil que no se encuentra en circulación, y que posiblemente haya entregado las chapas matrículas para no generar deudas con el fisco, ya que quedó fuera de circulación por distintos motivos, no puede tener seguro obligatorio de automóvil, no al menos el que está previsto en la ley 18.412.

Y seguramente no lo tiene por una razón muy sencilla. Es que al no estar en circulación, no tiene obligación de contratar un seguro. Así lo establece la ley de referencia, cuando dice en su artículo 1º “Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados”.

Habla claramente de vehículos que puedan causar un accidente, y éstos solamente pueden ser los que están en circulación.

Pero lo más claro aparece en el artículo 3º que dice que “están excluidos de la aplicación del artículo 1º de la presente ley: D) En general, todo vehículo no utilizado para la circulación vial”.

Esto quiere decir que si un vehículo, que otrora fue empadronado en una Intendencia cualquiera y desde hace un tiempo por una razón equis, se encuentra sin circular, parado o guardado en un lugar determinado, no tiene obligación, mientras esté en esa situación, de contratar un seguro obligatorio.

Sin embargo, se ha presentado un problema. Ya que a la hora de vender ese automóvil, al buscar los antecedentes del mismo y al figurar éste en el registro municipal con determinado número de matrícula, para realizar un trámite de reempadronamiento o de actualización de la situación del mismo ante la administración municipal, algunas intendencias exigen la contratación de un seguro obligatorio.

Pero como en la mayoría de los casos, este tipo de vehículos se encuentran parados, fuera de circulación desde hace años, los mismos no poseen seguros, y por lo tanto, se genera un vacío entre lo  que dice la ley que los exime y la reglamentación de la administración que no permite el trámite de reempadronamiento o actualización del mismo, por el hecho de no contar con un seguro.

En uno de los casos de los que fui testigo, para solicitar los antecedentes de un automóvil que era objeto de una prescripción adquisitiva, la Intendencia de Montevideo se negaba a brindar los datos al interesado porque el automóvil, fuera de circulación desde el año 2001, no contaba con seguro obligatorio. Y era imposible que lo tuviera porque se encontraba fuera de circulación y el artículo 3º de la ley de marras, lo exime del mismo.

Por esa razón, el único camino fue solicitarle al juez que entendía en el caso que solicitara de oficio los antecedentes del coche. Hace pocos días, una escribana que conozco se encontró con el caso de que requiriendo los antecedentes municipales de un automóvil para su venta, siendo que el mismo está fuera de circulación desde hace muchos años, la administración le exige el seguro obligatorio, y la empresa aseguradora no puede hacer los trámites porque el mismo no tiene actualizado los datos de su empadronamiento.

Habría que buscar entonces una solución legislativa que ayude a subsanar este tipo de casos que generan un problema recurrente, ya que los mismos provocan problemas a la hora de realizar negocios de compraventa y en ese sentido, ocasionan un perjuicio gratuito y sin sentido a las dos partes por igual.

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Transformar intimaciones en herramientas favorables al reclamante

Las diligencias preparatorias son el presupuesto formal para la preparación del proceso y se constituyen en una actuación fundamental para abonar el terreno antes de lanzarse a tratar de lograr un resultado definitivo con el reclamo de una pretensión.
En el caso de las intimaciones previas, muchas veces se cuestiona si las mismas no favorecen a la parte a la que se le pretende reclamar, ya que en cierta medida el reclamante termina poniendo sobre aviso a su contraria sobre el desarrollo de un proceso ulterior contra éste y en vez de sorprenderlo para evitar defraudaciones futuras que permitan hacerlo cumplir con sus obligaciones, y así lograr que no se registren enajenaciones de bienes que perjudiquen a quien promueve la intimación,  ponen sobreaviso al reclamado y esto puede generar resultados dispares.
Las intimaciones deberían ofrecer otro tipo de garantías, porque a los efectos prácticos, cuando se practica una intimación, el funcionario judicial solamente le advierte a través de una notificación escrita al sujeto pasivo que si no cumple con lo que se le reclama, algo le va a pasar y además le advierte que se está analizando un procedimiento que buscará ejecutarlo.
Más allá de que con el diseño de este sistema la ley buscó establecer un equilibrio en las garantías de las partes, lo único que acentúa es el daño para el justiciable que reclama, quien no encuentra opción de someterse a un procedimiento en el que todas las cartas estarán echadas arriba de la mesa y entonces tendrá poco margen de acción para atrapar a su reclamado con las manos en la masa. Para esto debería haber cambios en el CGP que impongan otro tipo de condiciones ventajosas para el actor, a la hora de practicar una intimación. Algo que por ahora aparece como ilógico, pero que resolvería mucho mejor las cosas.

Las diligencias preparatorias son el presupuesto formal para la preparación del proceso y se constituyen en una actuación

Hugo Lemos

Hugo Lemos

fundamental para abonar el terreno antes de lanzarse a tratar de lograr un resultado definitivo con el reclamo de una pretensión.

En el caso de las intimaciones previas, muchas veces se cuestiona si las mismas no favorecen a la parte a la que se le pretende reclamar, ya que en cierta medida el reclamante termina poniendo sobre aviso a su contraria sobre el desarrollo de un proceso ulterior contra éste y en vez de sorprenderlo para evitar defraudaciones futuras que permitan hacerlo cumplir con sus obligaciones, y así lograr que no se registren enajenaciones de bienes que perjudiquen a quien promueve la intimación,  ponen sobreaviso al reclamado y esto puede generar resultados dispares.

Las intimaciones deberían ofrecer otro tipo de garantías, porque a los efectos prácticos, cuando se practica una intimación, el funcionario judicial solamente le advierte a través de una notificación escrita al sujeto pasivo que si no cumple con lo que se le reclama, algo le va a pasar y además le advierte que se está analizando un procedimiento que buscará ejecutarlo.

Más allá de que con el diseño de este sistema la ley buscó establecer un equilibrio en las garantías de las partes, lo único que acentúa es el daño para el justiciable que reclama, quien no encuentra opción de someterse a un procedimiento en el que todas las cartas estarán echadas arriba de la mesa y entonces tendrá poco margen de acción para atrapar a su reclamado con las manos en la masa. Para esto debería haber cambios en el CGP que impongan otro tipo de condiciones ventajosas para el actor, a la hora de practicar una intimación. Algo que por ahora aparece como ilógico, pero que resolvería mucho mejor las cosas.

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La democracia directa de los uruguayos

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (como las leyes de presupuesto, por ejemplo).
Así lo establece la ley Nº16.017 del año 1989 que reforma algunos artículos de la ley de elecciones Nº 7812 del año 1925.
Uno de los casos más conocidos de referendos contra las leyes en Uruguay, se dio respecto a la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, donde la ciudadanía confirmó en dos oportunidades y en coyunturas históricas bien diferentes la vigencia de la también llamada ley de amnistía, pese a que después el Frente Amplio, en un acto de corte político y usando las mayorías parlamentarias, no respetó la decisión popular.
Ahora, el próximo domingo 23 se realizará una nueva convocatoria popular, de carácter no obligatorio, para habilitar un mecanismo de referéndum contra la Ley que habilita la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias y control del Estado. La idea de sus impulsores, es someter a consideración pública la actual ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y que se realizaría, en caso de conseguirse esa instancia, en el mes de octubre.
Esta iniciativa promueve la participación de la mayoría de los uruguayos en el uso de su ejercicio ciudadano, como aspecto fundamental de las bases del sistema democrático. Porque que exista democracia no es simplemente poder votar, en Cuba también se vota y se elige, pero no hay democracia, porque se elige y se vota lo que el gobierno quiere, el que no está de acuerdo es considerado un traidor (allá le dicen disidente) y es encarcelado.
Pero en Uruguay, el sistema legal permite que existan este tipo de consultas populares, que están determinadas por la Constitución de la República y por las leyes fundamentales que brindan garantías a los ciudadanos de nuestro país, para ejercer su libertad y expresarse a través del voto.
En este caso, si bien la instancia electoral a la que logró habilitar una parte de la ciudadanía con sus firmas, no es obligatoria si el 25% del electorado concurre a votar y lo hace a favor de que haya un referéndum, habrá una nueva instancia en octubre, donde ahí sí, se decidirá por Sí o por No, para derogar la ley cuestionada, en este caso la de salud sexual y reproductiva.
La instancia del próximo domingo 23 surge de las 52.343 firmas que fueron validadas por la Corte Electoral y entregadas por una comisión ciudadana creada a tales efectos, en este caso particular y concreto, por la Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto.  Se trata de una de las formas de democracia directa que nuestro sistema garantiza a los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con una ley como la que una parte de los uruguayos, pretende derogar.

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.

Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (como las leyes de presupuesto, por ejemplo).

Así lo establece la ley Nº16.017 del año 1989 que reforma algunos artículos de la ley de elecciones Nº 7812 del año 1925.

Uno de los casos más conocidos de referendos contra las leyes en Uruguay, se dio respecto a la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, donde la ciudadanía confirmó en dos oportunidades y en coyunturas históricas bien diferentes la vigencia de la también llamada ley de amnistía, pese a que después el Frente Amplio, en un acto de corte político y usando las mayorías parlamentarias, no respetó la decisión popular.

Ahora, el próximo domingo 23 se realizará una nueva convocatoria popular, de carácter no obligatorio, para habilitar un mecanismo de referéndum contra la Ley que habilita la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias y control del Estado. La idea de sus impulsores, es someter a consideración pública la actual ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y que se realizaría, en caso de conseguirse esa instancia, en el mes de octubre.

Esta iniciativa promueve la participación de la mayoría de los uruguayos en el uso de su ejercicio ciudadano, como aspecto fundamental de las bases del sistema democrático. Porque que exista democracia no es simplemente poder votar, en Cuba también se vota y se elige, pero no hay democracia, porque se elige y se vota lo que el gobierno quiere, el que no está de acuerdo es considerado un traidor (allá le dicen disidente) y es encarcelado.

Pero en Uruguay, el sistema legal permite que existan este tipo de consultas populares, que están determinadas por la Constitución de la República y por las leyes fundamentales que brindan garantías a los ciudadanos de nuestro país, para ejercer su libertad y expresarse a través del voto.

En este caso, si bien la instancia electoral a la que logró habilitar una parte de la ciudadanía con sus firmas, no es obligatoria si el 25% del electorado concurre a votar y lo hace a favor de que haya un referéndum, habrá una nueva instancia en octubre, donde ahí sí, se decidirá por Sí o por No, para derogar la ley cuestionada, en este caso la de salud sexual y reproductiva.

La instancia del próximo domingo 23 surge de las 52.343 firmas que fueron validadas por la Corte Electoral y entregadas por una comisión ciudadana creada a tales efectos, en este caso particular y concreto, por la Comisión Nacional Pro Derogación de la Despenalización del Aborto.  Se trata de una de las formas de democracia directa que nuestro sistema garantiza a los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con una ley como la que una parte de los uruguayos, pretende derogar.

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Reforma penal y corporativismo judicial

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaron connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.
El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.
El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.
Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.
Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.
Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.
Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.
Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.
Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaronhugo lemos connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.

El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.

El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.

Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.

Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.

Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.

Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.

Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.

Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

Hugo Lemos

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Medidas sustitutivas a la prisión, una forma de evitar la superpoblación carcelaria

La prisión preventiva es una sanción por la cual el sujeto procesado aún goza del principio de presunción de inocencia. Aunque no probada en primera instancia su inocencia, puede llegar a cumplir largo tiempo de prisión siendo sospechoso de haber cometido un delito, pero por tener  fuertes presunciones de participación en el mismo.
Esa convicción que determina su encarcelamiento primario es surgida tras una instancia judicial denominada presumario, donde se presenta el caso, el fiscal acusa, la defensa trata de probar lo contrario y el juez analiza e investiga la situación y atendiendo las pruebas y los alegatos de las partes toma la decisión.
Pero como el sistema penal uruguayo es netamente represivo e inquisitivo, fue creado el procesamiento sin prisión, para casos con determinadas características, cuando por lo general se trata de un procesado primario y cuyo delito del que se le acusa, no es realmente trascendente ni considerado peligroso para la sociedad.
Para estos casos fueron creadas las llamadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión, que responden a una vigilancia judicial y policial del individuo acusado de haber cometido un delito, el cual contará con determinadas restricciones a su libertad personal, pero evita así un crecimiento de población carcelaria que puede llegar a cifras terribles, y además se intenta evitar la contaminación psicológica del sujeto con personas que han cometido delitos graves o que hacen de éste, su modo de vida.
En ese sentido, el actual Código del Proceso Penal (CPP) y la Ley Nº 17.726 establecen este tipo de medidas alternativas, que le permiten al juez penal que atiende un asunto de esta naturaleza, poder adoptar la decisión de hacerle cumplir una restricción a su libertad ambulatoria ya sea dentro de su propio domicilio, o en una seccional policial permaneciendo por algunas horas o días.
Según el artículo 73, del CPP las Medidas Sustitutivas a la prisión preventiva pueden adoptarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, dando lugar a la lógica que aplica un juez para estos hechos donde llegado el momento el magistrado podrá imponer al procesado las medidas que entienda que no harán que el sujeto se sustraiga a la acción penal, elimine elementos de prueba que lo incriminen o represente un peligro para la sociedad.
Dice el CPP que las medidas sustitutivas consistirán en “la prohibición de salir de su domicilio durante determinados días en forma de que no perjudique, en lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones habituales. La prohibición podrá extenderse hasta cuarenta días como máximo”.
Así como también en la “Prohibición de ausentarse de determinada circunscripción territorial, así como las obligaciones de comunicar sus cambios de domicilios y de presentarse periódicamente a la autoridad”.
Además que “en caso de delitos culposos cometidos por medio de un vehículo, el autor podrá ser privado del permiso de conducir por tiempo de uno a doce meses, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en la sentencia definitiva. Esta medida podrá imponerse también en los casos en que hubiere mediado prisión preventiva (Artículo 72), para hacerse efectiva después del cese de ésta”.
Y aclara al final que “la violación de los deberes impuestos de acuerdo con las disposiciones de este artículo podrá ser causa suficiente para decretar la prisión preventiva del imputado”. Así que a la primera de cambio que el procesado viole una medida de las sustitutivas, puede ser puesto en prisión.

La prisión preventiva es una sanción por la cual el sujeto procesado aún goza del principio de presunción de inocencia.hugo lemosAunque no probada en primera instancia su inocencia, puede llegar a cumplir largo tiempo de prisión siendo sospechoso de haber cometido un delito, pero por tener  fuertes presunciones de participación en el mismo.

Esa convicción que determina su encarcelamiento primario es surgida tras una instancia judicial denominada presumario, donde se presenta el caso, el fiscal acusa, la defensa trata de probar lo contrario y el juez analiza e investiga la situación y atendiendo las pruebas y los alegatos de las partes toma la decisión.

Pero como el sistema penal uruguayo es netamente represivo e inquisitivo, fue creado el procesamiento sin prisión, para casos con determinadas características, cuando por lo general se trata de un procesado primario y cuyo delito del que se le acusa, no es realmente trascendente ni considerado peligroso para la sociedad.

Para estos casos fueron creadas las llamadas medidas sustitutivas o alternativas a la prisión, que responden a una vigilancia judicial y policial del individuo acusado de haber cometido un delito, el cual contará con determinadas restricciones a su libertad personal, pero evita así un crecimiento de población carcelaria que puede llegar a cifras terribles, y además se intenta evitar la contaminación psicológica del sujeto con personas que han cometido delitos graves o que hacen de éste, su modo de vida.

En ese sentido, el actual Código del Proceso Penal (CPP) y la Ley Nº 17.726 establecen este tipo de medidas alternativas, que le permiten al juez penal que atiende un asunto de esta naturaleza, poder adoptar la decisión de hacerle cumplir una restricción a su libertad ambulatoria ya sea dentro de su propio domicilio, o en una seccional policial permaneciendo por algunas horas o días.

Según el artículo 73, del CPP las Medidas Sustitutivas a la prisión preventiva pueden adoptarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, dando lugar a la lógica que aplica un juez para estos hechos donde llegado el momento el magistrado podrá imponer al procesado las medidas que entienda que no harán que el sujeto se sustraiga a la acción penal, elimine elementos de prueba que lo incriminen o represente un peligro para la sociedad.

Dice el CPP que las medidas sustitutivas consistirán en “la prohibición de salir de su domicilio durante determinados días en forma de que no perjudique, en lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones habituales. La prohibición podrá extenderse hasta cuarenta días como máximo”.

Así como también en la “Prohibición de ausentarse de determinada circunscripción territorial, así como las obligaciones de comunicar sus cambios de domicilios y de presentarse periódicamente a la autoridad”.

Además que “en caso de delitos culposos cometidos por medio de un vehículo, el autor podrá ser privado del permiso de conducir por tiempo de uno a doce meses, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en la sentencia definitiva. Esta medida podrá imponerse también en los casos en que hubiere mediado prisión preventiva (Artículo 72), para hacerse efectiva después del cese de ésta”.

Y aclara al final que “la violación de los deberes impuestos de acuerdo con las disposiciones de este artículo podrá ser causa suficiente para decretar la prisión preventiva del imputado”. Así que a la primera de cambio que el procesado viole una medida de las sustitutivas, puede ser puesto en prisión.

Hugo Lemos

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Un respiro entre tanto ahogo: deducciones al IRPF por créditos hipotecarios

Las deducciones al IRPF han sido los cambios graduales que se han implementado en los últimos tiempos a manera de mitigar lo que significa este impuesto para el bolsillo de los trabajadores. En
ese sentido, la ley 18.910 sancionada en el mes de mayo del 2012, alivia un poco la presión tributaria sobre las economías domésticas al establecer deducciones del impuesto a las rentas de las personas físicas, sobre los créditos hipotecarios.
Esto abre un nuevo frente para los contribuyentes que se ven sometidos a la carga tributaria que peca de injusta por distintas razones. Porque se paga sobre lo que se gana, siendo un impuesto sobre el que más trabaja y no sobre el que más tiene, y hasta entonces las deducciones que planteaban eran muy pocas, y prácticamente había que abonar más en declaraciones juradas para comprobar lo que se proponía con cada deducción, de lo que al final se lograba aliviar en relación a la carga tributaria.
En ese sentido, desde el año pasado, con la aprobación de la ley Nº 18.910 se puede deducir la cuota de préstamos hipotecarios en el IRPF. Se trata de un cambio sustantivo introducido al sistema tributario y está referido en el artículo 5º de la ley 18.910.
El mismo permite que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puedan considerar como deducción las cuotas de préstamos hipotecarios a partir del 1º de enero de 2012.
Pero no son todos los que pueden deducir esas cuotas del impuesto a la renta de trabajo, sino los que sean deudores de cuotas de préstamos hipotecarios, de cooperativas de vivienda, o de los
promitentes compradores donde el acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
En ese sentido, los requisitos a considerar son: que la vivienda adquirida, debe ser única y permanente, que el costo de la vivienda, no puede superar las UI 794.000 (UI y T.C. al 31/12/12
equivaldría a USD 103.000 (ciento tres mil dólares), superado este valor no se podrá deducir monto alguno, no se podrán deducir más de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, (BPC al 31/12/212 las equivaldrían a más de 87 mil pesos).
Se deberá contar con documentación que acredite fehacientemente el costo de la vivienda, la existencia del préstamo hipotecario, y los comprobantes de pagos a deducir. Por lo que debe individualizar inequívocamente el inmueble, la entidad otorgante del préstamo y el número de inscripción del documento en el registro de hipotecas (si correspondiera).
El contribuyente debe solicitar a la institución otorgante del préstamo un documento en el que conste la identificación de la entidad con su número de RUT, nombre y Cédula de Identidad de el o los contribuyentes. El documento debe estar disponible antes del último día hábil de mayo del año siguiente (ya que por ejemplo, el 17 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas del año 2012).
La deducción se realizan por medio de la declaración jurada anual del contribuyente, no se realizan por la deducción mensual de los anticipos de IRPF, implicando así un costo financiero para el contribuyente.
Cuando la titularidad del préstamo estuviera compartida, la imputación será total o compartida en el caso de que haya habido acuerdo entre los titulares, en caso contrario se hará en partes iguales.
Asimismo, la deducción consistirá en el porcentaje que implique la cuota de la deuda que paga el trabajador en relación a su salario. Todos los trámites y consultas deben realizarse a nivel de la DGI.
El impuesto a la renta de las personas físicas es una de las mayores cargas tributarias con las que cuenta el trabajador, que debe abonar un impuesto por lo que gana, sumado a lo que ya paga de Montepío para su jubilación, Fonasa por cuota de atención de salud, y el resto de los tributos. La ley propone aunque sea un pequeño respiradero en un manto que ahoga y menoscaba los ingresos del que más trabaja.
(fuente: www.dgi.gub.uy, Estudio Guyer y Regules www.guyer.com.uy)

Las deducciones al IRPF han sido los cambios graduales que se han implementado en los últimos tiempos a manera de mitigar lo que significa este impuesto para el bolsillo de los trabajadores. En ese sentido, la ley 18.910 sancionada en el mes de mayo del 2012, alivia un poco la presión tributaria sobre las economías domésticas al establecer deducciones del impuesto a las rentas de las personas físicas, sobre los créditos hipotecarios.

Esto abre un nuevo frente para los contribuyentes que se ven sometidos a la carga tributaria que peca de injusta por

Hugo Lemos

Hugo Lemos

distintas razones. Porque se paga sobre lo que se gana, siendo un impuesto sobre el que más trabaja y no sobre el que más tiene, y hasta entonces las deducciones que planteaban eran muy pocas, y prácticamente había que abonar más en declaraciones juradas para comprobar lo que se proponía con cada deducción, de lo que al final se lograba aliviar en relación a la carga tributaria.

En ese sentido, desde el año pasado, con la aprobación de la ley Nº 18.910 se puede deducir la cuota de préstamos hipotecarios en el IRPF. Se trata de un cambio sustantivo introducido al sistema tributario y está referido en el artículo 5º de la ley 18.910.

El mismo permite que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puedan considerar como deducción las cuotas de préstamos hipotecarios a partir del 1º de enero de 2012.

Pero no son todos los que pueden deducir esas cuotas del impuesto a la renta de trabajo, sino los que sean deudores de cuotas de préstamos hipotecarios, de cooperativas de vivienda, o de los

promitentes compradores donde el acreedor original sea el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

En ese sentido, los requisitos a considerar son: que la vivienda adquirida, debe ser única y permanente, que el costo de la vivienda, no puede superar las UI 794.000 (UI y T.C. al 31/12/12

equivaldría a USD 103.000 (ciento tres mil dólares), superado este valor no se podrá deducir monto alguno, no se podrán deducir más de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, (BPC al 31/12/212 las equivaldrían a más de 87 mil pesos).

Se deberá contar con documentación que acredite fehacientemente el costo de la vivienda, la existencia del préstamo hipotecario, y los comprobantes de pagos a deducir. Por lo que debe individualizar inequívocamente el inmueble, la entidad otorgante del préstamo y el número de inscripción del documento en el registro de hipotecas (si correspondiera).

El contribuyente debe solicitar a la institución otorgante del préstamo un documento en el que conste la identificación de la entidad con su número de RUT, nombre y Cédula de Identidad de el o los contribuyentes. El documento debe estar disponible antes del último día hábil de mayo del año siguiente (ya que por ejemplo, el 17 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas del año 2012).

La deducción se realizan por medio de la declaración jurada anual del contribuyente, no se realizan por la deducción mensual de los anticipos de IRPF, implicando así un costo financiero para el contribuyente.

Cuando la titularidad del préstamo estuviera compartida, la imputación será total o compartida en el caso de que haya habido acuerdo entre los titulares, en caso contrario se hará en partes iguales.

Asimismo, la deducción consistirá en el porcentaje que implique la cuota de la deuda que paga el trabajador en relación a su salario. Todos los trámites y consultas deben realizarse a nivel de la DGI.

El impuesto a la renta de las personas físicas es una de las mayores cargas tributarias con las que cuenta el trabajador, que debe abonar un impuesto por lo que gana, sumado a lo que ya paga de Montepío para su jubilación, Fonasa por cuota de atención de salud, y el resto de los tributos. La ley propone aunque sea un pequeño respiradero en un manto que ahoga y menoscaba los ingresos del que más trabaja.

(fuente: www.dgi.gub.uy, Estudio Guyer y Regules www.guyer.com.uy)

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El fin puede llegar a justificar los medios

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.
Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.
Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.
El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.
En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.
Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.
En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.
Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.

Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí

Hugo Lemos

Hugo Lemos

misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.

Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.

El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.

En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.

Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.

En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.

Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.

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Una farsa de principios

El principio de economía procesal y el de celeridad establecidos en la primera parte del Código General del Proceso, son parte de la literatura jurídica que nos enseñan en la Facultad y que ahí quedan. En el sistema judicial uruguayo, más allá de algunos avances que se han introducido como la sistematización electrónica, que busca acortar el tiempo que pierde el funcionario en lograr la notificación a las partes durante el proceso, la demora en la resolución de los casos es lesiva para el justiciable y pese a la vanguardia tecnológica en la que vivimos, la situación parece no tener solución alguna.
El CGP establece al menos dos principios que fueron claramente elaborados para buscar favorecer al ciudadano de a pie, que presenta una demanda y espera largos meses, hasta años, en procura de una solución a sus problemas, convirtiéndose la administración  de justicia, en la más burocrática de todo el sistema público.
Según la doctrina, el principio de economía procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen para el justiciable y apela, al menos en doctrina, a que haya una rápida respuesta y un camino corto a los reclamos que se presentan ante una sede judicial para la solución de un problema.
Sin embargo, las cosas en la realidad son muy diferentes y los plazos que establecen las normas para el cumplimiento del traslado de una demanda, es usualmente el doble de lo que fija la ley.
Pero al principio de economía procesal va atado, entre otros, el de Celeridad, el cual consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma.
Algo que nos hace recurrir una vez más a la situación planteada anteriormente, donde la violación permanente de los plazos legales fijados por la ley, sólo plantea una cuestión que debe tenerse en cuenta: o se replantean los redactores del CGP proponer nuevos plazos procesales para cada acto según lo que demora realmente su cumplimiento. O el sistema habilita una sede solamente para impugnar al sistema por las dilatorias que en su propio seno se plantean.

El principio de economía procesal y el de celeridad establecidos en la primera parte del Código General del Proceso, son parte de la literatura jurídica que nos enseñan en la Facultad y que ahí quedan. En el sistema judicial uruguayo, más allá de algunos avances

Hugo Lemos

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que se han introducido como la sistematización electrónica, que busca acortar el tiempo que pierde el funcionario en lograr la notificación a las partes durante el proceso, la demora en la resolución de los casos es lesiva para el justiciable y pese a la vanguardia tecnológica en la que vivimos, la situación parece no tener solución alguna.

El CGP establece al menos dos principios que fueron claramente elaborados para buscar favorecer al ciudadano de a pie, que presenta una demanda y espera largos meses, hasta años, en procura de una solución a sus problemas, convirtiéndose la administración  de justicia, en la más burocrática de todo el sistema público.

Según la doctrina, el principio de economía procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen para el justiciable y apela, al menos en doctrina, a que haya una rápida respuesta y un camino corto a los reclamos que se presentan ante una sede judicial para la solución de un problema.

Sin embargo, las cosas en la realidad son muy diferentes y los plazos que establecen las normas para el cumplimiento del traslado de una demanda, es usualmente el doble de lo que fija la ley.

Pero al principio de economía procesal va atado, entre otros, el de Celeridad, el cual consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma.

Algo que nos hace recurrir una vez más a la situación planteada anteriormente, donde la violación permanente de los plazos legales fijados por la ley, sólo plantea una cuestión que debe tenerse en cuenta: o se replantean los redactores del CGP proponer nuevos plazos procesales para cada acto según lo que demora realmente su cumplimiento. O el sistema habilita una sede solamente para impugnar al sistema por las dilatorias que en su propio seno se plantean.

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El delito de contrabando y el cero kilo

El contrabando está penalizado en nuestro país y es en este momento, el tema de discusión en la frontera debido a los controles que viene llevando a cabo la Dirección Nacional de Aduanas, con la finalidad de frenar el trasiego de mercaderías que ingresan en este caso desde la Repúbloi Argentona, debido a que cadaproducto cuesta alrededor del 60 por ciento menos con su similar en cualquier góndola del supermercado salteño que a usted se le ocurra.
Pero pese a existir un tratado que da vida al Mercosur, un sistema de mercado común entre cuatro países al que ahora se le ha sumado a Venezuela, firmado en Asunción del Paraguay, con vigencia desde el 1º de enero de 1991 y sobre cual hemos abundado ya sobre sus fallas, pese a que en el mismo se habla del libre tránsito bienes sin barreras arancelarias que perjudiquen los cometidos de dicho acuerdo, en Uruguay se sanciona el delito de contrabando, que es generar un perjuicio a la economía y la hacienda pública, y se hace extendible hasta para el cruce de pequeños artículos que bien pueden adquirirse en cualquier parte del mundo a precios irrisorios y ser ingresados por el aeropuerto de Carrasco, pero no desde la ciudad mercosuriana más próxima.
Pero haremos referencia al concepto legal de contrabando con la intención de por lo menos enterarnos de qué se trata esto, cuál es el límite que se le pone a la mercadería que un uruguayo puede entrar al país, y sobre todo del porqué de tanto ruido con este tipo de cosas.
El delito de Contrabando
Según establece el artículo 257, del Código Penal “comete el delito de contrabando y se halla sujeto a la pena respectiva, el que ejecutare alguno de los hechos previstos en el decreto-ley de 26 de marzo de 1877 y ley Nº 13.318, de 26 de diciembre de 1964”.
Principalmente la ley mencionada en este caso, establece en su artículo 253 a qué punta el delito de Contrabando, que es un delito que lesiona el interés económico de la República por su magnitud y quien lo comete actuando con dolo, da lugar al fraude, ingresando mercadería sin cumplir con las obligaciones de carácter impositivo establecidas por la ley.
En ese sentido, se considera que existe contrabando en toda entrada o salida, importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la complicidad de empleados (modus operandi del delito) o sin ella, en forma clandestina o violenta (contraria a la ley y vulnerando sus principios), o sin la documentación correspondiente (violando las disposiciones que así lo exigen), esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que establezcan leyes o reglamentos especiales aún no aduaneros.
Esto último refiere al fin, al destino que se pretenda darle al elemento material que constituye el delito. Es decir, cuál es el objeto de ese elemento material, en este caso, la comercialización de esos bienes que fueron ingresados sin cumplir con los requisitos y que en caso de lograr el fin propuesto ocasionarán un daño en la economía nacional.
Así es que la ley 13.318 en su artículo 253 establece un elenco de situaciones por las cuales se puede iniciar el procedimiento por contrabando. Al tiempo que en el artículo 254, se establece que en los casos de contrabando “se impondrá el comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos; una multa igual a su valor de aforo o de tasación en caso de no ser tarifados; el pago de los tributos correspondientes a los mismos, de acuerdo con el arancel vigente en la fecha de la detención o denuncia y los tributos y costos del juicio, por las actuaciones judiciales”.
Pero en todo caso, las actuaciones se refieren a los volúmenes de mercaderías que en todo caso pueden llegar a generar por su magnitud un perjuicio económico importante para la recaudación de impuestos e impactar en la economía nacional por la defraudación tributaria y por la competencia desleal.
Aunque nada dice del vecino que compra mayonesa y aceite a un precio más barato en la ciudad fronteriza y bajo tutela del tratado de Asunción más cercana, este hecho no es punible y en ese sentido, las disposiciones tendientes a los ceros sean kilos o litros, no acompañan el espírtu del delito de contrabando ni mucho menos del Tratado del Mercosur. Están en un limbo jurídico cuya naturaleza es muy vulnerable a ser revocada.

El contrabando está penalizado en nuestro país y es en este momento, el tema de discusión en la frontera debido a los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

controles que viene llevando a cabo la Dirección Nacional de Aduanas, con la finalidad de frenar el trasiego de mercaderías que ingresan en este caso desde la Repúbloi Argentona, debido a que cadaproducto cuesta alrededor del 60 por ciento menos con su similar en cualquier góndola del supermercado salteño que a usted se le ocurra.

Pero pese a existir un tratado que da vida al Mercosur, un sistema de mercado común entre cuatro países al que ahora se le ha sumado a Venezuela, firmado en Asunción del Paraguay, con vigencia desde el 1º de enero de 1991 y sobre cual hemos abundado ya sobre sus fallas, pese a que en el mismo se habla del libre tránsito bienes sin barreras arancelarias que perjudiquen los cometidos de dicho acuerdo, en Uruguay se sanciona el delito de contrabando, que es generar un perjuicio a la economía y la hacienda pública, y se hace extendible hasta para el cruce de pequeños artículos que bien pueden adquirirse en cualquier parte del mundo a precios irrisorios y ser ingresados por el aeropuerto de Carrasco, pero no desde la ciudad mercosuriana más próxima.

Pero haremos referencia al concepto legal de contrabando con la intención de por lo menos enterarnos de qué se trata esto, cuál es el límite que se le pone a la mercadería que un uruguayo puede entrar al país, y sobre todo del porqué de tanto ruido con este tipo de cosas.

El delito de Contrabando

Según establece el artículo 257, del Código Penal “comete el delito de contrabando y se halla sujeto a la pena respectiva, el que ejecutare alguno de los hechos previstos en el decreto-ley de 26 de marzo de 1877 y ley Nº 13.318, de 26 de diciembre de 1964”.

Principalmente la ley mencionada en este caso, establece en su artículo 253 a qué punta el delito de Contrabando, que es un delito que lesiona el interés económico de la República por su magnitud y quien lo comete actuando con dolo, da lugar al fraude, ingresando mercadería sin cumplir con las obligaciones de carácter impositivo establecidas por la ley.

En ese sentido, se considera que existe contrabando en toda entrada o salida, importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la complicidad de empleados (modus operandi del delito) o sin ella, en forma clandestina o violenta (contraria a la ley y vulnerando sus principios), o sin la documentación correspondiente (violando las disposiciones que así lo exigen), esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de determinados artículos que establezcan leyes o reglamentos especiales aún no aduaneros.

Esto último refiere al fin, al destino que se pretenda darle al elemento material que constituye el delito. Es decir, cuál es el objeto de ese elemento material, en este caso, la comercialización de esos bienes que fueron ingresados sin cumplir con los requisitos y que en caso de lograr el fin propuesto ocasionarán un daño en la economía nacional.

Así es que la ley 13.318 en su artículo 253 establece un elenco de situaciones por las cuales se puede iniciar el procedimiento por contrabando. Al tiempo que en el artículo 254, se establece que en los casos de contrabando “se impondrá el comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos; una multa igual a su valor de aforo o de tasación en caso de no ser tarifados; el pago de los tributos correspondientes a los mismos, de acuerdo con el arancel vigente en la fecha de la detención o denuncia y los tributos y costos del juicio, por las actuaciones judiciales”.

Pero en todo caso, las actuaciones se refieren a los volúmenes de mercaderías que en todo caso pueden llegar a generar por su magnitud un perjuicio económico importante para la recaudación de impuestos e impactar en la economía nacional por la defraudación tributaria y por la competencia desleal.

Aunque nada dice del vecino que compra mayonesa y aceite a un precio más barato en la ciudad fronteriza y bajo tutela del tratado de Asunción más cercana, este hecho no es punible y en ese sentido, las disposiciones tendientes a los ceros sean kilos o litros, no acompañan el espírtu del delito de contrabando ni mucho menos del Tratado del Mercosur. Están en un limbo jurídico cuya naturaleza es muy vulnerable a ser revocada.

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Contradicciones jurídicas uruguayas dubitan la validez del Mercosur

Atendiendo el interés particular de uno de los Estados partes del Mercosur, en este caso, el nuestro, una disposición normativa, que puede entenderse como un acto administrativo con efecto sancionatorio, emitida en base a la ley que da forma al Código Aduanero, suprime los efectos jurídicos emanados de un Tratado Internacional al que nuestro país suscribió y sigue batallando por su cumplimiento en todos los órdenes.
Sin embargo, la disposición del organismo estatal, no deja lugar al cumplimiento de ese Tratado que en ninguna parte de su articulado dice que salvo excepciones, el mismo puede dejar de cumplirse.
En ese sentido, la validez jurídica de esa disposición normativa emanada de la Aduana del Uruguay, echa por tierra la vigencia de una convención internacional suscrita hace varios años, con la intención de una anhelada integración entre los países del cono sur, que hasta ahora solo es una voluntad sin efecto alguno, dando lugar a que su validez provoque una gran contradicción jurídica.
La disposición de Aduanas dice que por “(…) la situación generada en las ciudades limítrofes como legítima preocupación del comercio local, y que de mantenerse la misma podría redundar en la pérdida de fuentes laborales, (…) la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo a sus facultades establecidas en el Código Aduanero (Decreto – Ley 15.691), comunica a la población en general que a partir del lunes 8 de abril, aplicará CERO KILO en las compras en régimen de tráfico fronterizo procedente de la República Argentina”.
Mientras que en su artículo 1º, el referido Código establece que “la Dirección Nacional de Aduanas, (…) tiene competencia exclusiva en el cumplimiento de los siguientes cometidos: a) Verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras de embarque, desembarque y despacho de mercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación de la nomenclatura arancelaria recaudando los tributos correspondientes, y relevar. B) Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados internacionales suscritos por el país en materia aduanera”.
Mientras que el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur señala que los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, el que se denominará “Mercado Común del Sur”.
“Este Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.
Por lo tanto, lo que ocurre en nuestro país es que se impone una restricción al cumplimiento del Tratado del Mercosur, en base a una disposición normativa transitoria por parte de un organismo del Estado. Esto hace que en cierta medida las facultades establecidas en el Código Aduanero colidan con la ley nacional que reconoce a su vez los efectos jurídicos desplegados en el Tratado de Asunción, al que Uruguay suscribió como estado Parte. La decisión aduanera entonces, independientemente de su conveniencia comercial o política, es parte de una contradicción jurídica, como muchas de las que se dan en el país y que deberían ser revisadas para evitar daños, antes de ser emanadas.

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La licencia, un derecho irrenunciable

La licencia es uno de los beneficios más importantes que tienen los trabajadores, ya que la misma se trata de un derecho de orden público, de carácter irrenunciable y por lo tanto, cualquier acuerdo al que arribe para no gozarla, es nulo ante la ley. Para ser titular de este derecho, el trabajador deberá haber computado un año, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo. En el caso no llegar a cumplir un año, se ajustará al año civil y se le otorgará lo que le corresponda por lo trabajado hasta el 31 de diciembre. Además, la licencia es un derecho que debe gozarse en el año inmediato siguiente al cual se generó el derecho.
El cálculo de pago de la licencia tiene diferentes modalidades según la condición del trabajador. En el caso de los mensuales, el cálculo debe multiplicarse tomando en cuenta el valor de un día de trabajo por la cantidad de días que le corresponda gozar de licencia. Para el caso de los jornaleros: se toma en cuenta el valor del jornal vigente y para el caso de los trabajadores con remuneración variable, como los destajistas, el art. 1º del Decreto-ley 14.328 de 19 de diciembre de 1974 establece que el jornal de vacaciones se calcula dividiendo el monto total de los salarios percibidos en el año anterior a la iniciación de la licencia, a los que se les sumarán los porcentajes de aumentos asignados al trabajador en ese tiempo, todo esto, dividido por el número de jornadas trabajadas en todo ese período. Y el jornal vacacional obtenido, se reajustará en el caso de que se produzcan aumentos durante el tiempo en el que el trabajador está en uso de licencia, respecto de los días no gozados, pagándose las diferencias que resulten en el mes siguiente de la terminación de la licencia.
El pago de la licencia, debe realizarse antes de comenzar a gozarla en caso de los jornaleros. Mientras que los mensuales podrán cobrarla al finalizar el mes correspondiente como si hubieran trabajado. La licencia no puede comenzar un día de descanso semanal del trabajador. Aunque los días sábados deben ser computados por no ser días feriados.
Licencia por antigüedad
La Licencia son 20 días hábiles, a la que se le sumará un día después del 5º año de trabajo, después se agregará un día cada cuatro años trabajados. Es decir, al 8º año, el trabajador generó dos días de licencia, al 12º año, 3 días de licencia por antiguedad, y así sucesivamente cada cuatro años. La licencia se genera un año y se usufructúa al siguiente no existiendo tope en la cantidad de días a generarse. No existe límite a la cantidad de días por antigüedad.

La licencia es uno de los beneficios más importantes que tienen los trabajadores, ya que la misma se trata de un derecho de orden público, de carácter irrenunciable y por lo tanto, cualquier acuerdo al que arribe para no gozarla, es nulo ante la ley. Para ser

Hugo Lemos

Hugo Lemos

titular de este derecho, el trabajador deberá haber computado un año, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo. En el caso no llegar a cumplir un año, se ajustará al año civil y se le otorgará lo que le corresponda por lo trabajado hasta el 31 de diciembre. Además, la licencia es un derecho que debe gozarse en el año inmediato siguiente al cual se generó el derecho.

El cálculo de pago de la licencia tiene diferentes modalidades según la condición del trabajador. En el caso de los mensuales, el cálculo debe multiplicarse tomando en cuenta el valor de un día de trabajo por la cantidad de días que le corresponda gozar de licencia. Para el caso de los jornaleros: se toma en cuenta el valor del jornal vigente y para el caso de los trabajadores con remuneración variable, como los destajistas, el art. 1º del Decreto-ley 14.328 de 19 de diciembre de 1974 establece que el jornal de vacaciones se calcula dividiendo el monto total de los salarios percibidos en el año anterior a la iniciación de la licencia, a los que se les sumarán los porcentajes de aumentos asignados al trabajador en ese tiempo, todo esto, dividido por el número de jornadas trabajadas en todo ese período. Y el jornal vacacional obtenido, se reajustará en el caso de que se produzcan aumentos durante el tiempo en el que el trabajador está en uso de licencia, respecto de los días no gozados, pagándose las diferencias que resulten en el mes siguiente de la terminación de la licencia.

El pago de la licencia, debe realizarse antes de comenzar a gozarla en caso de los jornaleros. Mientras que los mensuales podrán cobrarla al finalizar el mes correspondiente como si hubieran trabajado. La licencia no puede comenzar un día de descanso semanal del trabajador. Aunque los días sábados deben ser computados por no ser días feriados.

Licencia por antigüedad

La Licencia son 20 días hábiles, a la que se le sumará un día después del 5º año de trabajo, después se agregará un día cada cuatro años trabajados. Es decir, al 8º año, el trabajador generó dos días de licencia, al 12º año, 3 días de licencia por antiguedad, y así sucesivamente cada cuatro años. La licencia se genera un año y se usufructúa al siguiente no existiendo tope en la cantidad de días a generarse. No existe límite a la cantidad de días por antigüedad.

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Menos asistencialismo y más políticas de fondo

Quizás sirva como jurisprudencia para otros casos de similar naturaleza, aunque no es la idea que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. La ley 19.047 promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de este año, confiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la potestad de prolongar el seguro de desempleo para los trabajadores de la empresa Metzen y Sena por el plazo de 180 días.
Es decir, ante una situación en la que los trabajadores que quedaron en situación de calle por los hechos notorios que determinaron el cierre de la conocida empresa uruguaya, fueron amparados por el derecho que les asiste al seguro de paro, el Gobierno, quizás esquivo en este caso en solucionar el problema de fondo con políticas de empleo claras, deriva la responsabilidad al erario público y les permite acogerse a este beneficio por 6 meses más.
Está muy bien por los trabajadores que, sufriendo las consecuencias del mercado desrregulado que tenemos en este país, se vieron afectados y quedaron sin empleo, pero en este caso, las políticas de prolongar seguros de desempleo, para lo cual es necesario que una ley lo avale y que luego el Poder Ejecutivo lo autorice, genera una salida más en un mundo de relaciones laborales que busca el beneficio más que exclusivo de la parte menos ventajosa para esta materia, que en este caso son los trabajadores.
Asimismo, el hecho de que por vía legislativa se estén solucionando problemas de empleo, de falta de regulación del mercado y de promoción de la inversión privada para generar empleo genuino, no es buena cosa. Aunque por otro lado, el caso sienta un precedente favorable para quienes se vieran en un futuro en una situación de estas características.
Para ello, basta con hacer de su caso algo muy sonado en la prensa y que opere con presión sindical ante un gobierno que entiende que debe pagar una deuda con los trabajadores por la falta de legislación favorable a éstos durante décadas. Sin embargo, a veces se mete en embates en los que no sabe como salir y termina legislando así, extendiendo seguros de desempleo, cosa que puede ser utilizado para otros casos que no lo ameriten tanto en el futuro.
Algo que al final de cuentas, puede terminar siendo más asistencialismo que una verdadera ayuda a quienes deben atravesar momentos difíciles.

Quizás sirva como jurisprudencia para otros casos de similar naturaleza, aunque no es la idea que este tipo de situaciones

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sigan ocurriendo. La ley 19.047 promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de este año, confiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la potestad de prolongar el seguro de desempleo para los trabajadores de la empresa Metzen y Sena por el plazo de 180 días.

Es decir, ante una situación en la que los trabajadores que quedaron en situación de calle por los hechos notorios que determinaron el cierre de la conocida empresa uruguaya, fueron amparados por el derecho que les asiste al seguro de paro, el Gobierno, quizás esquivo en este caso en solucionar el problema de fondo con políticas de empleo claras, deriva la responsabilidad al erario público y les permite acogerse a este beneficio por 6 meses más.

Está muy bien por los trabajadores que, sufriendo las consecuencias del mercado desrregulado que tenemos en este país, se vieron afectados y quedaron sin empleo, pero en este caso, las políticas de prolongar seguros de desempleo, para lo cual es necesario que una ley lo avale y que luego el Poder Ejecutivo lo autorice, genera una salida más en un mundo de relaciones laborales que busca el beneficio más que exclusivo de la parte menos ventajosa para esta materia, que en este caso son los trabajadores.

Asimismo, el hecho de que por vía legislativa se estén solucionando problemas de empleo, de falta de regulación del mercado y de promoción de la inversión privada para generar empleo genuino, no es buena cosa. Aunque por otro lado, el caso sienta un precedente favorable para quienes se vieran en un futuro en una situación de estas características.

Para ello, basta con hacer de su caso algo muy sonado en la prensa y que opere con presión sindical ante un gobierno que entiende que debe pagar una deuda con los trabajadores por la falta de legislación favorable a éstos durante décadas. Sin embargo, a veces se mete en embates en los que no sabe como salir y termina legislando así, extendiendo seguros de desempleo, cosa que puede ser utilizado para otros casos que no lo ameriten tanto en el futuro.

Algo que al final de cuentas, puede terminar siendo más asistencialismo que una verdadera ayuda a quienes deben atravesar momentos difíciles.

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La lesa humanidad es imprescriptible

En Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hubo desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, destierros, persecución política y prisión. Nuestro país suscribió tratados internacionales porque somos parte del mundo y nos incluimos en él junto al resto del planeta, y muchos de ellos refieren a Derechos Humanos.
Entre estos, suscribimos con especial énfasis, al que dictamina que los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles.  Quiere decir que son delitos que pueden juzgarse más allá del tiempo. Es decir, si alguien los sufrió en la década del 70, hoy puede presentarse ante un juez penal y denunciarlos.
Sobre todo en los casos donde hay desaparición forzada, porque se trata de un delito continuado en el tiempo, ya que la desaparición sigue vigente, y por lo tanto, el delito continúa estando presente. Sin embargo, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, este tipo de casos, son similares a los delitos establecidos en el Código Penal uruguayo, que refiere a los delitos comunes, como el hurto, el homicidio, la rapiña, entre muchos otros, y tienen un plazo para ser denunciados o de lo contrario, el mismo prescribe y a otra cosa.
Más allá de que la ley de caducidad fue un error que nunca debió suceder, de que el pueblo uruguayo votó dos veces por su no derogación, y de que la principal pandilla de represores de nuestro país, están presos por los crímenes cometidos, los que ocurrieron en la dictadura no fueron delitos comunes.
Según la definición, crimen contra la humanidad o de lesa humanidad recogido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Es público y notorio que esto ocurrió. En base a esto, fue que en el año 2006, nuestro país sancionó la Ley Nº 18.831 que sostiene el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.
Los artículos declarados inconstitucionales por la Corte fueron los dos siguientes que permiten investigar la lesa humanidad y afirman que Uruguay ratifica ese concepto.
Por lo expuesto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y si la ley los acepta como tales, no deberían haberse declarados prescriptos, porque contradicen el ordenamiento jurídico. Y disparate más grande que ese, no existe.

En Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hubo desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, destierros, persecución política y prisión. Nuestro país suscribió tratados internacionales porque somos parte del mundo y nos incluimos en él junto al resto del planeta, y muchos de ellos refieren a Derechos Humanos.

Entre estos, suscribimos con especial énfasis, al que dictamina que los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles.  Quiere

Hugo Lemos

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decir que son delitos que pueden juzgarse más allá del tiempo. Es decir, si alguien los sufrió en la década del 70, hoy puede presentarse ante un juez penal y denunciarlos.

Sobre todo en los casos donde hay desaparición forzada, porque se trata de un delito continuado en el tiempo, ya que la desaparición sigue vigente, y por lo tanto, el delito continúa estando presente. Sin embargo, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, este tipo de casos, son similares a los delitos establecidos en el Código Penal uruguayo, que refiere a los delitos comunes, como el hurto, el homicidio, la rapiña, entre muchos otros, y tienen un plazo para ser denunciados o de lo contrario, el mismo prescribe y a otra cosa.

Más allá de que la ley de caducidad fue un error que nunca debió suceder, de que el pueblo uruguayo votó dos veces por su no derogación, y de que la principal pandilla de represores de nuestro país, están presos por los crímenes cometidos, los que ocurrieron en la dictadura no fueron delitos comunes.

Según la definición, crimen contra la humanidad o de lesa humanidad recogido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Es público y notorio que esto ocurrió. En base a esto, fue que en el año 2006, nuestro país sancionó la Ley Nº 18.831 que sostiene el restablecimiento del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

Los artículos declarados inconstitucionales por la Corte fueron los dos siguientes que permiten investigar la lesa humanidad y afirman que Uruguay ratifica ese concepto.

Por lo expuesto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y si la ley los acepta como tales, no deberían haberse declarados prescriptos, porque contradicen el ordenamiento jurídico. Y disparate más grande que ese, no existe.

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Habría que separar los poderes

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.
Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.
La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.
Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.
La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.
Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.
El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.
Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes
porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.
El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.
Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los

Hugo Lemos

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mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.

Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.

La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.

Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.

La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.

Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.

El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.

Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes

porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.

El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.

Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.

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Una herramienta más justa

La teoría de la carga probatoria dinámica cobró especial impulso a partir de un caso de responsabilidad médica planteado en la República Argentina, cuando se pidió la inversión de los medios probatorios a evaluar para determinar las responsabilidades en un caso. Quien acusó de haber recibido un tratamiento defectuoso, planteó el caso y determinó que el tribunal hiciera probar a los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

médicos involucrados qué medios dispusieron a su alcance para evitar el daño causado, dando vuelta un sistema probatorio que hasta ahora regía como principio rector, tal como lo establece el Código General del Proceso al señalar en su artículo 139, “corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión”, aunque al seguir leyendo deja la puerta abierta a esta teoría al decir “quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión”.

El reconocimiento en Argentina para quien impulsó ésta tesis es para el profesor y camarista rosarino Jorge W. Peyrano.
El profesor de derecho procesal de la Universidad de la República, ex docente de la Regional Norte, Gabriel Valentín, sostiene en un trabajo publicado sobre la teoría de la cargas probatorias dinámicas que “la formulación de la misma es sencilla: sobre la adecuada ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse de actor a demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las partes se encontrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de suministrar la prueba, con absoluta independencia de su posición en el proceso y de la naturaleza de los hechos que aleguen”.
Sostiene el Dr. Valentín sobre el punto que: “esta particular carga probatoria no estaría “determinada apriorísticamente” y en forma abstracta y genérica por la ley, sino que sería determinada por el tribunal a posteriori y en cada proceso concreto; no sería estática sino dinámica, yendo y viniendo según cual sea la parte que esté en mejores condiciones de aportar los medios probatorios. La teoría recibió rápidas adhesiones en la doctrina argentina y uruguaya y ha sido aplicada con frecuencia por la jurisprudencia de ambos países”.
En ese sentido, la aplicación de esta teoría aparece acaso como más justa y equitativa a la hora de que las partes puedan probar o intentar eximir sus responsabilidades en casos de cualquier índole. Aprovechar la herramienta y saber cuándo es el momento de aplicarla para obtener elementos favorables a su pretensión, es tarea del abogado.

La teoría de la carga probatoria dinámica cobró especial impulso a partir de un caso de responsabilidad médica planteado en la República Argentina, cuando se pidió la inversión de los medios probatorios a evaluar para determinar las responsabilidades en un caso. Quien acusó de haber recibido un tratamiento defectuoso, planteó el caso y determinó que el tribunal hiciera probar a los médicos involucrados qué medios dispusieron a su alcance para evitar el daño causado, dando vuelta un sistema probatorio que hasta ahora regía como principio rector, tal como lo establece el Código General del Proceso al señalar en su artículo 139, “corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión”, aunque al seguir leyendo deja la puerta abierta a esta teoría al decir “quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión”.

El reconocimiento en Argentina para quien impulsó ésta tesis es para el profesor y camarista rosarino Jorge W. Peyrano.

El profesor de derecho procesal de la Universidad de la República, ex docente de la Regional Norte, Gabriel Valentín, sostiene en un trabajo publicado sobre la teoría de la cargas probatorias dinámicas que “la formulación de la misma es sencilla: sobre la adecuada ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse de actor a demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las partes se encontrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de suministrar la prueba, con absoluta independencia de su posición en el proceso y de la naturaleza de los hechos que aleguen”.

Sostiene el Dr. Valentín sobre el punto que: “esta particular carga probatoria no estaría “determinada apriorísticamente” y en forma abstracta y genérica por la ley, sino que sería determinada por el tribunal a posteriori y en cada proceso concreto; no sería estática sino dinámica, yendo y viniendo según cual sea la parte que esté en mejores condiciones de aportar los medios probatorios. La teoría recibió rápidas adhesiones en la doctrina argentina y uruguaya y ha sido aplicada con frecuencia por la jurisprudencia de ambos países”.

En ese sentido, la aplicación de esta teoría aparece acaso como más justa y equitativa a la hora de que las partes puedan probar o intentar eximir sus responsabilidades en casos de cualquier índole. Aprovechar la herramienta y saber cuándo es el momento de aplicarla para obtener elementos favorables a su pretensión, es tarea del abogado.

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La peligrosa “alarma social”

La alarma social es un elemento que si bien por un lado es muy endeble, por otro es altamente significativo ya que es tomado en cuenta por los jueces a la hora de decidir sobre un caso que ha causado conmoción pública, por su sensibilidad o por su gravedad.
Los jueces penales suelen procesar con prisión a las personas que al cometer delitos causan “alarma social”. Ayer el magistrado Fernández Lechini, en el caso Tania Ramírez (que a juicio de quien esto escribe no protagonizó más que una pelea callejera con cruce de insultos más allá de que ella se llevó la peor parte) se dejó llevar por las presiones públicas que motivaron desde la intervención del gobierno (al que la chica lesionada pertenece ya que es funcionaria del Mides) hasta una marcha contra el racismo convocada por la asociación afro a la que también pertenece.
Vaya si eso no es alarma social, y “presión” así sea entre comillas, para que un magistrado dicte un fallo. Así ya han procedido otros magistrados, como por ejemplo en casos de accidentes de tránsito o hechos de otras características. Pero cuando los magistrados deben determinar de qué se trata esto de la “alarma social”, no saben cómo precisarlo y muchas otras veces llegan a pensar hasta en un concepto elástico, pero lo admiten como una herramienta válida que sirve para procesar con prisión a una persona por estar en la palestra pública por el delito cometido.
El artículo 3 de la ley 15.859, norma que complementa el Código del Proceso Penal uruguayo establece que “se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del magistrado, grave alarma social”.
La alarma social muchos la definen como el comentario masivo del hecho acaecido en la opinión pública, lo que genera sensibilidad y rechazo por parte de la comunidad que se ve afectada por la producción de un hecho, generando en algunos casos por la magnitud del desastre causado, el odio y desprecio público hacia quien lo comete, al punto que pueda peligrar su integridad física.
El caso de ayer, donde cuatro mujeres fueron procesadas por el hecho de haber sido expuestas en los medios durante varios días al protagonizar un incidente a la salida de un local bailable, fue determinante la publicidad del hecho para que las mismas fueran procesadas con prisión. Qué peligroso resulta ser víctima de la alarma social. Y la pregunta surge para los abogados ¿cómo defender a un cliente qué padece la mediatización de su caso? Porque eso es la “grave alarma social”, una campaña en su contra que puede resultar muy negativa.

La alarma social es un elemento que si bien por un lado es muy endeble, por otro es altamente significativo ya que es tomado en cuenta por los jueces a la hora de decidir sobre un caso que ha causado conmoción pública, por su sensibilidad o por su gravedad.

Los jueces penales suelen procesar con prisión a las personas que al cometer delitos causan “alarma social”. Ayer el magistrado

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Fernández Lechini, en el caso Tania Ramírez (que a juicio de quien esto escribe no protagonizó más que una pelea callejera con cruce de insultos más allá de que ella se llevó la peor parte) se dejó llevar por las presiones públicas que motivaron desde la intervención del gobierno (al que la chica lesionada pertenece ya que es funcionaria del Mides) hasta una marcha contra el racismo convocada por la asociación afro a la que también pertenece.

Vaya si eso no es alarma social, y “presión” así sea entre comillas, para que un magistrado dicte un fallo. Así ya han procedido otros magistrados, como por ejemplo en casos de accidentes de tránsito o hechos de otras características. Pero cuando los magistrados deben determinar de qué se trata esto de la “alarma social”, no saben cómo precisarlo y muchas otras veces llegan a pensar hasta en un concepto elástico, pero lo admiten como una herramienta válida que sirve para procesar con prisión a una persona por estar en la palestra pública por el delito cometido.

El artículo 3 de la ley 15.859, norma que complementa el Código del Proceso Penal uruguayo establece que “se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del magistrado, grave alarma social”.

La alarma social muchos la definen como el comentario masivo del hecho acaecido en la opinión pública, lo que genera sensibilidad y rechazo por parte de la comunidad que se ve afectada por la producción de un hecho, generando en algunos casos por la magnitud del desastre causado, el odio y desprecio público hacia quien lo comete, al punto que pueda peligrar su integridad física.

El caso de ayer, donde cuatro mujeres fueron procesadas por el hecho de haber sido expuestas en los medios durante varios días al protagonizar un incidente a la salida de un local bailable, fue determinante la publicidad del hecho para que las mismas fueran procesadas con prisión. Qué peligroso resulta ser víctima de la alarma social. Y la pregunta surge para los abogados ¿cómo defender a un cliente qué padece la mediatización de su caso? Porque eso es la “grave alarma social”, una campaña en su contra que puede resultar muy negativa.

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Aumento del mínimo imponible del IRPF no dice nada

El aumento del valor de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) disparó el monto mínimo no imponible para cobrar el impuesto madre de esta administración de gobierno, el impuesto a las renta de las personas físicas (IRPF).
Luego que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se diera a conocer cuál sería el monto final de esa unidad de valor para este año, la cartera detalló que la franja de los que pagan el IRPF, podría disminuir en función de la línea de pagos ahora establecida.
El decreto fue publicado ya en diciembre confirmando que el aumento de la BPC es del orden del 7,48% ($2.598 pesos), lo que llevó a que el mínimo no imponible mensual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasara a ser de $18.185 pesos uruguayos (unas siete BPC en total).
Recordemos que esta unidad de valor denominada Base de Prestaciones y Contribuciones se utiliza para calcular, no sólo los topes de los aportes al IRPF, sino también del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), que en realidad, opera como un IRPF encubierto para los pasivos, los que abonan un impuesto en proporción a la jubilación que perciben.
El aspecto negativo de estos impuestos, es que no se deducen alquileres o gastos que tienen las personas y que impactan en forma directa en sus ingresos. Y como el IRPF es un impuesto al ingreso, deberían deducir en forma directa algunos costos fijos que tiene el contribuyente, los que disminuyen sus ingresos en forma notoria.
Entonces el razonamiento a mi juicio es el siguiente: ¿hasta dónde es legítimo que se establezca un impuesto al ingreso global de una persona, sin tener en cuenta el costo fijo que ésta tiene para poder acceder al mismo y descontárselo como corresponde?
Si bien existe un margen de deducciones, el mismo se hace sobre los hijos que se encuentran a cargo del contribuyente y esto es tenido en cuenta para el aporte que se realiza por el sistema nacional integrado de salud, más conocido como Fonasa.
Pero el hecho es que debería exigirse por parte del contribuyente al Estado, el inicio de un plan de deducciones en función de los costos de vida que tiene cada persona afectada por el IRPF. Ejemplo: el pago del alquiler de un local por parte del profesional liberal que para ejercer su profesión establece un estudio o un consultorio afuera de su hogar. Así como también, la deducción de al menos parte del alquiler de la vivienda que arrienda como casa habitación, por carecer de una propiedad, el aportante común de este impuesto.
Más allá que el monto mínimo imponible tienda a subir, con la finalidad de dejar a cada vez más personas exentas del pago del mismo, los costos de vida también aumentan y con ello, la canasta familiar básica que en los últimos tiempo tuvo una suba de precios del orden de los 3.052 pesos, situándose en el orden de los 40 mil pesos mensuales, según los datos del gobierno. Lo que quiere decir que es cada vez mayor el número de personas que no accede a una canasta básica.
Por lo tanto, el IRPF no solamente necesita limitarse a una franja cada vez más chica, sino que además debería contemplar ciertas realidades para favorecer al contribuyente y estimularlo para no evitar el aporte.

El aumento del valor de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) disparó el monto mínimo no imponible para cobrar el impuesto madre de esta administración de gobierno, el impuesto a las renta de las personas físicas (IRPF).

Luego que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se diera a conocer cuál sería el monto final de esa unidad de valor

Hugo Lemos

Hugo Lemos

para este año, la cartera detalló que la franja de los que pagan el IRPF, podría disminuir en función de la línea de pagos ahora establecida.

El decreto fue publicado ya en diciembre confirmando que el aumento de la BPC es del orden del 7,48% ($2.598 pesos), lo que llevó a que el mínimo no imponible mensual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasara a ser de $18.185 pesos uruguayos (unas siete BPC en total).

Recordemos que esta unidad de valor denominada Base de Prestaciones y Contribuciones se utiliza para calcular, no sólo los topes de los aportes al IRPF, sino también del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), que en realidad, opera como un IRPF encubierto para los pasivos, los que abonan un impuesto en proporción a la jubilación que perciben.

El aspecto negativo de estos impuestos, es que no se deducen alquileres o gastos que tienen las personas y que impactan en forma directa en sus ingresos. Y como el IRPF es un impuesto al ingreso, deberían deducir en forma directa algunos costos fijos que tiene el contribuyente, los que disminuyen sus ingresos en forma notoria.

Entonces el razonamiento a mi juicio es el siguiente: ¿hasta dónde es legítimo que se establezca un impuesto al ingreso global de una persona, sin tener en cuenta el costo fijo que ésta tiene para poder acceder al mismo y descontárselo como corresponde?

Si bien existe un margen de deducciones, el mismo se hace sobre los hijos que se encuentran a cargo del contribuyente y esto es tenido en cuenta para el aporte que se realiza por el sistema nacional integrado de salud, más conocido como Fonasa.

Pero el hecho es que debería exigirse por parte del contribuyente al Estado, el inicio de un plan de deducciones en función de los costos de vida que tiene cada persona afectada por el IRPF. Ejemplo: el pago del alquiler de un local por parte del profesional liberal que para ejercer su profesión establece un estudio o un consultorio afuera de su hogar. Así como también, la deducción de al menos parte del alquiler de la vivienda que arrienda como casa habitación, por carecer de una propiedad, el aportante común de este impuesto.

Más allá que el monto mínimo imponible tienda a subir, con la finalidad de dejar a cada vez más personas exentas del pago del mismo, los costos de vida también aumentan y con ello, la canasta familiar básica que en los últimos tiempo tuvo una suba de precios del orden de los 3.052 pesos, situándose en el orden de los 40 mil pesos mensuales, según los datos del gobierno. Lo que quiere decir que es cada vez mayor el número de personas que no accede a una canasta básica.

Por lo tanto, el IRPF no solamente necesita limitarse a una franja cada vez más chica, sino que además debería contemplar ciertas realidades para favorecer al contribuyente y estimularlo para no evitar el aporte.

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La responsabilidad del depositario

Una de las consultas más frecuentes, cuando la Intendencia, la Aduana o la Policía incautan un vehículo cualquiera por estar su propietario cometiendo una infracción legal con el mismo, es ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el depositario de mi vehículo? ¿En caso de recuperarlo me lo debe entregar en el mismo estado que lo aprehendió? ¿Qué pasa si el mismo sufre un daño estando bajo su responsabilidad?
En ese sentido, varias situaciones se plantean en torno a este tema, debido a que ya se han registrado circunstancias en las cuales el depositario judicial ha sido el Estado y al momento de tener que devolver el bien confiscado por esa repartición, y lo hacen con daños de diversa índole, recae responsabilidad por su condición de depositario, algo que muchas veces no se tiene en cuenta por la persona afectada, debido a que en su interés prima la de recuperar el vehículo afectado.
El Código Civil uruguayo, en su artículo 1766, establece el concepto y las obligaciones que tiene el denominado depositario, que en este caso es el encargado de tener la guarda material de la cosa aprehendida.
Según señala la referida norma: el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este libro.
Si bien este concepto está establecido en forma general este principio se cumple principalmente en cuando a la responsabilidad que tiene un depositario civil, aunque también va en prenda para el Estado.
En ese sentido, el artículo 1767 del mencionado Código señala que: El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.
En ese caso, opera la responsabilidad por daños que pueda asumir el depositario por menoscabar o dañar la cosa que está bajo su guarda, la que debe ser restituida en el mismo estado en el que la recibió.
En el caso de que sea el Estado el que cause daños a la cosa que tenía en depósito con el cargo de restituirla, podrá responder en base a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, como principio general para todos estos casos.
Y los previstos en el Código Civil para el caso de que el depositario sea una persona particular, más allá de que haya recibido un mandato judicial para retener la cosa como medida cautelar. El depositario tiene a su cargo restituir en el mismo estado, esto no permite aceptar daño alguno en la cosa depositada. Hay que ser claros y saber que cuando uno sufre un daño, debe reclamarlo. Hágalo.

Una de las consultas más frecuentes, cuando la Intendencia, la Aduana o la Policía incautan un vehículo cualquiera por estar su propietario cometiendo una infracción legal con el mismo, es ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el depositario de mi vehículo? ¿En caso de recuperarlo me lo debe entregar en el mismo estado que lo aprehendió? ¿Qué pasa si el mismo sufre un daño estando bajo su responsabilidad?

En ese sentido, varias situaciones se plantean en torno a este tema, debido a que ya se han registrado circunstancias en las cuales el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

depositario judicial ha sido el Estado y al momento de tener que devolver el bien confiscado por esa repartición, y lo hacen con daños de diversa índole, recae responsabilidad por su condición de depositario, algo que muchas veces no se tiene en cuenta por la persona afectada, debido a que en su interés prima la de recuperar el vehículo afectado.

El Código Civil uruguayo, en su artículo 1766, establece el concepto y las obligaciones que tiene el denominado depositario, que en este caso es el encargado de tener la guarda material de la cosa aprehendida.

Según señala la referida norma: el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este libro.

Si bien este concepto está establecido en forma general este principio se cumple principalmente en cuando a la responsabilidad que tiene un depositario civil, aunque también va en prenda para el Estado.

En ese sentido, el artículo 1767 del mencionado Código señala que: El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.

En ese caso, opera la responsabilidad por daños que pueda asumir el depositario por menoscabar o dañar la cosa que está bajo su guarda, la que debe ser restituida en el mismo estado en el que la recibió.

En el caso de que sea el Estado el que cause daños a la cosa que tenía en depósito con el cargo de restituirla, podrá responder en base a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, como principio general para todos estos casos.

Y los previstos en el Código Civil para el caso de que el depositario sea una persona particular, más allá de que haya recibido un mandato judicial para retener la cosa como medida cautelar. El depositario tiene a su cargo restituir en el mismo estado, esto no permite aceptar daño alguno en la cosa depositada. Hay que ser claros y saber que cuando uno sufre un daño, debe reclamarlo. Hágalo.

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Ellos también son responsables

Mucho hablamos de la constante vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, cada vez que ocurre un caso que genera una situación problemática que involucra a uno de éstos. Los casos que se dan de maltrato o abuso infantil son relativamente bajos en nuestra sociedad, pero existen y significan más que un problema, una gran preocupación por lo que ello implica.
También nos encontramos con otro tipo de vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, como es el caso de las prácticas más comunes, y a las que en parte nos referimos en nuestra anterior columna, y es la que se da cuando los padres no cumplen con los deberes inherentes a la Patria Potestad. Entonces vemos como los juzgados de Familia están repletos de reclamos por el cumplimiento de la prestación alimentaria obligatoria, así como también por denuncias por la violación a los regímenes de visitas establecidos por las partes o con cualquier otra obligación incumplida, lo que en realidad produce un menoscabo de los intereses de todas las personas afectadas, pero especialmente, genera una violación en los niños y los adolescentes directamente vulnerados por estas situaciones.
También hay otros casos de violaciones a los derechos de los niños y adolescentes, como las denuncias de discriminación por su condición sexual o la de raza, credo o religión. Pero estos son los menos vistos en los estrados judiciales.
Aunque hoy nos ocuparemos de mencionar el otro lado del mostrador, que también existe y está legislado en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, que muchas veces es muy criticado por la sociedad y por las instituciones, cuyos actores aducen que es muy permisivo para la conducta de los jóvenes.
Por eso, en este caso, en el artículo 17º del mencionado código están establecidos los “Deberes de los niños y adolescentes”. Y enumerando una serie de conductas que les son reclamadas a los destinatarios de este texto normativo, la referida norma establece un detalle, en orden no prelativo, de cómo deben conducirse.
Y dice: (De los deberes de los niños y adolescentes). “Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes”.
Allí marcan un primer camino y ordenan al niño a “mantener una actitud de respeto” así como también a “emplear sus energías” en la adquisición de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. Pregunto, este derecho ¿es conocido por los niños y adolescentes? ¿Lo cumplen? ¿Lo aprovechan? ¿Se impone? O queda en la letra fría de la ley. ¿Cómo lo hace valer un padre ante un juez?
Pero además, la norma señala que los niños y adolescentes especialmente deberán: “A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes”. Pregunto: ¿qué garantías tienen los padres para esto?
Además dice que deberán “B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad”. ¿Un niño puede hacer esto? ¿De qué manera puede ocupar su tiempo en esto sin vulnerar su derecho a estudiar o a las actividades propias de su edad? ¿Quién marca los niveles de referencia?
En el apartado C) dice: “Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás”. Este es un ejemplo de tolerancia muy positivo que debe hacerse valer siempre. Otro ejemplo similar es este: “D) Respetar el orden jurídico”, pero para ello hay que enseñarles a los más chicos que la ley no solo es una herramienta para protegerlos, sino para que la cumplan.
“E) Conservar el medio ambiente”. Enseñarles el cuidado del medio ambiente y del lugar en el que viven es algo que debe ir de la mano, con la educación para establecer pautas que tiendan a mejorar sus condiciones de vida.
En lo que se inspira en una noble enseñanza de ciudadanía dice el literal “F)” “Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, lo que implica aprender valores de solidaridad, dedicación y generosidad.
Y en el último caso más que una norma, un consejo: G) Cuidar y respetar su vida y su salud. En este deber de los niños, está en la educación que le den sus padres en las condiciones y hábitos de vida adecuados para esto. Pero lo importante, es que ellos también se sientan responsables.

Mucho hablamos de la constante vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, cada vez que ocurre un caso que genera una situación problemática que involucra a uno de éstos. Los casos que se dan de maltrato o abuso infantil son relativamente bajos en nuestra sociedad, pero existen y significan más que un problema, una gran preocupación por lo que ello implica.

También nos encontramos con otro tipo de vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, como es el caso

Hugo Lemos

Hugo Lemos

de las prácticas más comunes, y a las que en parte nos referimos en nuestra anterior columna, y es la que se da cuando los padres no cumplen con los deberes inherentes a la Patria Potestad. Entonces vemos como los juzgados de Familia están repletos de reclamos por el cumplimiento de la prestación alimentaria obligatoria, así como también por denuncias por la violación a los regímenes de visitas establecidos por las partes o con cualquier otra obligación incumplida, lo que en realidad produce un menoscabo de los intereses de todas las personas afectadas, pero especialmente, genera una violación en los niños y los adolescentes directamente vulnerados por estas situaciones.

También hay otros casos de violaciones a los derechos de los niños y adolescentes, como las denuncias de discriminación por su condición sexual o la de raza, credo o religión. Pero estos son los menos vistos en los estrados judiciales.

Aunque hoy nos ocuparemos de mencionar el otro lado del mostrador, que también existe y está legislado en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, que muchas veces es muy criticado por la sociedad y por las instituciones, cuyos actores aducen que es muy permisivo para la conducta de los jóvenes.

Por eso, en este caso, en el artículo 17º del mencionado código están establecidos los “Deberes de los niños y adolescentes”. Y enumerando una serie de conductas que les son reclamadas a los destinatarios de este texto normativo, la referida norma establece un detalle, en orden no prelativo, de cómo deben conducirse.

Y dice: (De los deberes de los niños y adolescentes). “Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes”.

Allí marcan un primer camino y ordenan al niño a “mantener una actitud de respeto” así como también a “emplear sus energías” en la adquisición de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. Pregunto, este derecho ¿es conocido por los niños y adolescentes? ¿Lo cumplen? ¿Lo aprovechan? ¿Se impone? O queda en la letra fría de la ley. ¿Cómo lo hace valer un padre ante un juez?

Pero además, la norma señala que los niños y adolescentes especialmente deberán: “A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes”. Pregunto: ¿qué garantías tienen los padres para esto?

Además dice que deberán “B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad”. ¿Un niño puede hacer esto? ¿De qué manera puede ocupar su tiempo en esto sin vulnerar su derecho a estudiar o a las actividades propias de su edad? ¿Quién marca los niveles de referencia?

En el apartado C) dice: “Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás”. Este es un ejemplo de tolerancia muy positivo que debe hacerse valer siempre. Otro ejemplo similar es este: “D) Respetar el orden jurídico”, pero para ello hay que enseñarles a los más chicos que la ley no solo es una herramienta para protegerlos, sino para que la cumplan.

“E) Conservar el medio ambiente”. Enseñarles el cuidado del medio ambiente y del lugar en el que viven es algo que debe ir de la mano, con la educación para establecer pautas que tiendan a mejorar sus condiciones de vida.

En lo que se inspira en una noble enseñanza de ciudadanía dice el literal “F)” “Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, lo que implica aprender valores de solidaridad, dedicación y generosidad.

Y en el último caso más que una norma, un consejo: G) Cuidar y respetar su vida y su salud. En este deber de los niños, está en la educación que le den sus padres en las condiciones y hábitos de vida adecuados para esto. Pero lo importante, es que ellos también se sientan responsables.

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Padres que no cumplen, hijos que padecen

Un padre no le pasaba ningún tipo de prestación en calidad de pensión alimenticia a su hijo. Ignoraba un dictamen del juez de Familia que lo había conminado a tener que hacerlo por el simple hecho de que como padre está obligado a brindarle lo necesario para su congrua manutención.
Empero, no lo hacía y la situación se puso complicada. Su hijo pasó necesidades y careció en reiteradas oportunidades de cosas necesarias como una atención médica, vestimenta, y elementos para desarrollar su educación. Su padre nunca se enteró. El joven reclamó y la Justicia lo citó ordenándole cumplir con sus obligaciones como padre.
Pero no había caso y el hombre se negaba a hacerlo. No era que no tuviera dinero, al parecer contaba con lo necesario como para poder servir la prestación a la que estaba obligado moralmente como padre y legalmente por tener la Patria Potestad.
Este concepto establece que patria potestad es la institución del Derecho de Familia que representa al conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres, respecto de sus hijos menores de edad o mientras están incapacitados, y que tiene como fundamento el deber de aquellos, de velar por sus hijos tanto en el orden personal como patrimonial.
La patria potestad está integrada por un conjunto de facultades que la ley otorga a los progenitores para que puedan cumplir con los deberes que tienen para con sus hijos, como cuidarlos, velar por ellos, así como también el deber de representarlos y de administrar sus bienes.
Pero también, y por sobre todas las cosas, el progenitor en el goce de ese derecho tiene a su vez la obligación de prestarle la asistencia económica al menor hijo hasta que tenga los 18 años cumplidos y una vez esto, en el caso de que ese hijo no tenga los medios suficientes para su congrua manutención, el padre deberá prestarle asistencia en forma obligatoria al menos hasta los 21 años, sobre todo cuando éste desarrolle una actividad para su preparación como el caso de un estudio.
ES DELITO
Pero en el caso de negarse en forma contumaz a abonar la prestación alimenticia, el progenitor podrá ser sometido a un proceso penal. Ya que el artículo 279.A. del Código Penal uruguayo establece el delito de la “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o a la guarda”.
Y el referido artículo señala que “el que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económico inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Asimismo, detalla que “constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento”.
En Salto hubo al menos un caso, donde el padre resultó procesado con prisión por este delito. Y aunque la Justicia no cuenta con muchas denuncias al respecto, hay casos de este tipo que ocurren a diario y por eso esta norma debería ejercitarse con más frecuencia.

Un padre no le pasaba ningún tipo de prestación en calidad de pensión alimenticia a su hijo. Ignoraba un dictamen del juez de Familia que lo había conminado a tener que hacerlo por el simple hecho de que como padre está obligado a brindarle lo necesario para su congrua manutención.

Empero, no lo hacía y la situación se puso complicada. Su hijo pasó necesidades y careció en reiteradas oportunidades de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

cosas necesarias como una atención médica, vestimenta, y elementos para desarrollar su educación. Su padre nunca se enteró. El joven reclamó y la Justicia lo citó ordenándole cumplir con sus obligaciones como padre.

Pero no había caso y el hombre se negaba a hacerlo. No era que no tuviera dinero, al parecer contaba con lo necesario como para poder servir la prestación a la que estaba obligado moralmente como padre y legalmente por tener la Patria Potestad.

Este concepto establece que patria potestad es la institución del Derecho de Familia que representa al conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres, respecto de sus hijos menores de edad o mientras están incapacitados, y que tiene como fundamento el deber de aquellos, de velar por sus hijos tanto en el orden personal como patrimonial.

La patria potestad está integrada por un conjunto de facultades que la ley otorga a los progenitores para que puedan cumplir con los deberes que tienen para con sus hijos, como cuidarlos, velar por ellos, así como también el deber de representarlos y de administrar sus bienes.

Pero también, y por sobre todas las cosas, el progenitor en el goce de ese derecho tiene a su vez la obligación de prestarle la asistencia económica al menor hijo hasta que tenga los 18 años cumplidos y una vez esto, en el caso de que ese hijo no tenga los medios suficientes para su congrua manutención, el padre deberá prestarle asistencia en forma obligatoria al menos hasta los 21 años, sobre todo cuando éste desarrolle una actividad para su preparación como el caso de un estudio.

ES DELITO

Pero en el caso de negarse en forma contumaz a abonar la prestación alimenticia, el progenitor podrá ser sometido a un proceso penal. Ya que el artículo 279.A. del Código Penal uruguayo establece el delito de la “Omisión de la asistencia económica inherente a la patria potestad o a la guarda”.

Y el referido artículo señala que “el que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económico inherentes a la patria potestad, o a la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Asimismo, detalla que “constituye agravante especial de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento”.

En Salto hubo al menos un caso, donde el padre resultó procesado con prisión por este delito. Y aunque la Justicia no cuenta con muchas denuncias al respecto, hay casos de este tipo que ocurren a diario y por eso esta norma debería ejercitarse con más frecuencia.

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Si el Estado lo perjudica, el reclamo es su única vía

Demandar al Estado no es cosa fácil, y esa resulta ser la trampa. Si bien las disposiciones legales están y los mecanismos existen para quienes tienen el interés bien marcado, contar con un sistema engorroso y no tan fácil para poder accionar, termina haciendo desistir a los interesados por lo problemático del tema.
Aunque la situación no pasa por querer indemnizarse con el erario público por cada situación engorrosa que se suscite, sino que la idea es poder reclamar cuando hay un desajuste de parte de la administración, que cause un perjuicio económico en el ciudadano o contribuyente como le gusta decir a la DGI, o usuario como nos denomina el BPS, aunque al final seamos todos lo mismo, puesto que lo único que conocen de nosotros cada una de esas entidades, es nuestra capacidad de aporte.
Pero ¿qué pasa cuando un error de la administración genera un perjuicio económico en un contribuyente? ¿Qué hacer ante un hecho de estas características? ¿Cómo actuar? Algunos de estos elementos son analizados en la siguiente columna.
RECLAMAR Y RECLAMAR
Cuando ocurre una situación anómala por parte del Estado, lo único que queda es aplicar el verbo reclamar. Porque la única respuesta que podrá encontrarse en una oficina pública, como por ejemplo el BPS, será que lo ocurrido debe quedar atrás y que de ahora en más, hay que corregir la situación para que no vuelva a repetirse, pero sin subsanar el perjuicio causado.
En ese sentido, si por distintas razones la administración pública se equivoca en el accionar y por ejemplo, omite habilitar a una persona para ingresar a una mutualista, pese a que el trámite para hacerlo por parte del interesado ya se ha llevado a cabo, y por esa razón ya recibe los descuentos respectivos al Fonasa en su salario, pero cuando concurre a recibir la prestación se le informa que no está habilitado por error de la administración, usted, perjudicado por la situación, tiene varias vías para poner las cosas en su sitio.
En primer lugar, puede hacerse un reclamo simple ante la oficina pública respectiva, lo que impone la formalidad de lo escrito, dirigido al gerente o responsable del lugar, sin la necesidad de contar con firma letrada para esto.
Y en caso de encontrar una respuesta que no nos satisfaga, como por ejemplo que la administración está dispuesta a corregir su error, pero de ahí en adelante y le aclaran que usted ya perdió los aportes anteriores, entonces no queda otra que buscar el mecanismo legal para poder recuperar el dinero aportado.
Para esto, existe el recurso administrativo, que deberá ser presentado con asistencia letrada y a raíz del cual la administración puede terminar de reconocer su responsabilidad en el caso y en ese sentido, reparar el daño, a través de un reintegro económico.
O de lo contrario, si el monto es importante y el daño causado parte de un funcionario individualizado, la Constitución habilita a la demanda por daños por los artículos 24 y 25, donde sostiene que el Estado es responsable por el daño que causa a los ciudadanos, aunque le faltó aclarar que el mismo puede proceder por más mínimo que sea el menoscabo sufrido por el contribuyente.
Así que más allá de la entidad que origine el problema y el monto que haya dado lugar al problema con la administración, no deje de reclamar, porque su derecho es inherente a usted, no se lo entregue a otro.

Demandar al Estado no es cosa fácil, y esa resulta ser la trampa. Si bien las disposiciones legales están y los mecanismos existen para quienes tienen el interés bien marcado, contar con un sistema engorroso y no tan fácil para poder accionar, termina haciendo desistir a los interesados por lo problemático del tema.

Aunque la situación no pasa por querer indemnizarse con el erario público por cada situación engorrosa que se suscite,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sino que la idea es poder reclamar cuando hay un desajuste de parte de la administración, que cause un perjuicio económico en el ciudadano o contribuyente como le gusta decir a la DGI, o usuario como nos denomina el BPS, aunque al final seamos todos lo mismo, puesto que lo único que conocen de nosotros cada una de esas entidades, es nuestra capacidad de aporte.

Pero ¿qué pasa cuando un error de la administración genera un perjuicio económico en un contribuyente? ¿Qué hacer ante un hecho de estas características? ¿Cómo actuar? Algunos de estos elementos son analizados en la siguiente columna.

RECLAMAR Y RECLAMAR

Cuando ocurre una situación anómala por parte del Estado, lo único que queda es aplicar el verbo reclamar. Porque la única respuesta que podrá encontrarse en una oficina pública, como por ejemplo el BPS, será que lo ocurrido debe quedar atrás y que de ahora en más, hay que corregir la situación para que no vuelva a repetirse, pero sin subsanar el perjuicio causado.

En ese sentido, si por distintas razones la administración pública se equivoca en el accionar y por ejemplo, omite habilitar a una persona para ingresar a una mutualista, pese a que el trámite para hacerlo por parte del interesado ya se ha llevado a cabo, y por esa razón ya recibe los descuentos respectivos al Fonasa en su salario, pero cuando concurre a recibir la prestación se le informa que no está habilitado por error de la administración, usted, perjudicado por la situación, tiene varias vías para poner las cosas en su sitio.

En primer lugar, puede hacerse un reclamo simple ante la oficina pública respectiva, lo que impone la formalidad de lo escrito, dirigido al gerente o responsable del lugar, sin la necesidad de contar con firma letrada para esto.

Y en caso de encontrar una respuesta que no nos satisfaga, como por ejemplo que la administración está dispuesta a corregir su error, pero de ahí en adelante y le aclaran que usted ya perdió los aportes anteriores, entonces no queda otra que buscar el mecanismo legal para poder recuperar el dinero aportado.

Para esto, existe el recurso administrativo, que deberá ser presentado con asistencia letrada y a raíz del cual la administración puede terminar de reconocer su responsabilidad en el caso y en ese sentido, reparar el daño, a través de un reintegro económico.

O de lo contrario, si el monto es importante y el daño causado parte de un funcionario individualizado, la Constitución habilita a la demanda por daños por los artículos 24 y 25, donde sostiene que el Estado es responsable por el daño que causa a los ciudadanos, aunque le faltó aclarar que el mismo puede proceder por más mínimo que sea el menoscabo sufrido por el contribuyente.

Así que más allá de la entidad que origine el problema y el monto que haya dado lugar al problema con la administración, no deje de reclamar, porque su derecho es inherente a usted, no se lo entregue a otro.

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Las pruebas, más allá de los jueces

La absolución de posiciones es uno de los medios de prueba más controvertidos que tiene el derecho procesal uruguayo. Ya que despierta resquemores y rechazos por parte de los magistrados, que entienden que se trata de una manera de que las partes se interroguen a sí mismos y lo hagan para favorecerse en el proceso.
Por esa razón, muchas veces los abogados cuando lo plantean como medio a ser diligenciado, ante el rechazo del magistrado, deciden no impugnar la resolución y continuar ofreciendo otros elementos que puedan sustentar lo reclamado en el cuerpo del escrito.
Aunque asimismo, el juez se ampara en el numeral 6º del artículo 24 del CGP, cuando entre las Facultades del Tribunal se establece que puede rechazar aquellos medios de prueba que considere inadmisibles, así como aquellos que son manifiestamente inconducentes e impertinentes.
Pero tal como surge del párrafo 4 del artículo 149 del CGP, tanto la declaración de parte como la absolución de posiciones, apuntan a obtener lo que se denomina “confesión provocada”. Estas actuaciones pueden llegar a ser decisivas para la determinación del derecho invocado por las partes.
Y mientras la declaración de parte constituye una forma de interrogatorio libre, donde pueden participar tanto el tribunal como las contrapartes o las partes coadyuvantes; la absolución de posiciones tiene la rigidez que resulta de un interrogatorio de formato asertivo, que debe responderse únicamente por sí  o por no, aunque admita que a continuación se formulen consideraciones complementarias, según lo que establece el artículo 150, inciso 3º del CGP.
Pero puede considerarse como incorrecto el argumento que puede llegar a invocar tanto las partes como los tribunales, en el sentido de que el objeto de la declaración de parte es conocer mejor los hechos involucrados en el proceso. Se trata de un elemento más, inherente al principio de la carga de la prueba, que es parte sustancial del debido proceso, donde se establece de regla que los hechos que se invocan deben ser probados por quien pretende algo.
La carga de la prueba debe ser respetada siempre que no sea inconducente, impertinente y manifiestamente improponible, de lo contrario debe ser respetada por los magistrados, que más allá de discrepancias con las maneras de actuar que puedan llegar a tener las partes, algo que puede alimentar la capacidad de juzgamiento del caso por parte del usía, éste debe siempre respetar los medios probatorios propuestos conforme a la regla, con la finalidad de otorgar el mayor equilibrio y ecuanimidad a las partes para que éstos puedan defender la pretensión invocada.
Es menester señalar que un magistrado en Salto, hace algunos años, rechazó en plena audiencia una solicitud de absolución de posiciones, solicitada en la contestación de la demanda, por entender que el demandado pretendía interrogarse a sí mismo y generar pruebas a su favor.
La discusión se dio en ese momento sobre la facultad del magistrado de negarse a diligenciar el medio probatorio pedido, argumentando una discrepancia con la manera en que se desarrolla esa prueba. El mismo no estaba en el elenco de los que según el artículo 24 del CGP, pueden ser rechazados por el juez, pero los abogados decidieron no discutir el asunto, por temor a generar “apatía” por el tribunal, que se torna algo peligroso a la hora de esperar un fallo favorable, algo que será tema de una próxima columna.
Con todo, la absolución de posiciones es tan válida como cualquier medio de prueba inherente al proceso, y hay que hacerlo valer, por más que algún juez opine lo contrario.

La absolución de posiciones es uno de los medios de prueba más controvertidos que tiene el derecho procesal uruguayo. Ya que despierta resquemores y rechazos por parte de los magistrados, que entienden que se trata de una manera de que las partes se interroguen a sí mismos y lo hagan para favorecerse en el proceso.

hugo lemos

Hugo Lemos

Por esa razón, muchas veces los abogados cuando lo plantean como medio a ser diligenciado, ante el rechazo del magistrado,deciden no impugnar la resolución y continuar ofreciendo otros elementos que puedan sustentar lo reclamado en el cuerpo del escrito.

Aunque asimismo, el juez se ampara en el numeral 6º del artículo 24 del CGP, cuando entre las Facultades del Tribunal se establece que puede rechazar aquellos medios de prueba que considere inadmisibles, así como aquellos que son manifiestamente inconducentes e impertinentes.

Pero tal como surge del párrafo 4 del artículo 149 del CGP, tanto la declaración de parte como la absolución de posiciones, apuntan a obtener lo que se denomina “confesión provocada”. Estas actuaciones pueden llegar a ser decisivas para la determinación del derecho invocado por las partes.

Y mientras la declaración de parte constituye una forma de interrogatorio libre, donde pueden participar tanto el tribunal como las contrapartes o las partes coadyuvantes; la absolución de posiciones tiene la rigidez que resulta de un interrogatorio de formato asertivo, que debe responderse únicamente por sí  o por no, aunque admita que a continuación se formulen consideraciones complementarias, según lo que establece el artículo 150, inciso 3º del CGP.

Pero puede considerarse como incorrecto el argumento que puede llegar a invocar tanto las partes como los tribunales, en el sentido de que el objeto de la declaración de parte es conocer mejor los hechos involucrados en el proceso. Se trata de un elemento más, inherente al principio de la carga de la prueba, que es parte sustancial del debido proceso, donde se establece de regla que los hechos que se invocan deben ser probados por quien pretende algo.

La carga de la prueba debe ser respetada siempre que no sea inconducente, impertinente y manifiestamente improponible, de lo contrario debe ser respetada por los magistrados, que más allá de discrepancias con las maneras de actuar que puedan llegar a tener las partes, algo que puede alimentar la capacidad de juzgamiento del caso por parte del usía, éste debe siempre respetar los medios probatorios propuestos conforme a la regla, con la finalidad de otorgar el mayor equilibrio y ecuanimidad a las partes para que éstos puedan defender la pretensión invocada.

Es menester señalar que un magistrado en Salto, hace algunos años, rechazó en plena audiencia una solicitud de absolución de posiciones, solicitada en la contestación de la demanda, por entender que el demandado pretendía interrogarse a sí mismo y generar pruebas a su favor.

La discusión se dio en ese momento sobre la facultad del magistrado de negarse a diligenciar el medio probatorio pedido, argumentando una discrepancia con la manera en que se desarrolla esa prueba. El mismo no estaba en el elenco de los que según el artículo 24 del CGP, pueden ser rechazados por el juez, pero los abogados decidieron no discutir el asunto, por temor a generar “apatía” por el tribunal, que se torna algo peligroso a la hora de esperar un fallo favorable, algo que será tema de una próxima columna.

Con todo, la absolución de posiciones es tan válida como cualquier medio de prueba inherente al proceso, y hay que hacerlo valer, por más que algún juez opine lo contrario.

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¿A quién alcanza el delito de Peculado?

Ante la finalización de cursos del presente año, el Coordinador de Talleres Artísticos de la Intendencia de Salto, Carlos María Cattani dialogó con EL PUEBLO acerca del trabajo realizado en 2012, así como de planes de futuro. Cattani ocupa dicho cargo desde mayo de 2011. Antes (desde setiembre de 2010) integró la Comisión de Eventos de la Intendencia (que integran Víctor Hugo Solís, Ramón Rinaldi, Mario San Cristóbal y Luis I. Suetta), a la que volverá a sumarse en enero, para trabajar en la preparación del Carnaval.
Variada propuesta
Acerca de los diferentes cursos impartidos en modalidad de taller, Cattani precisó que fueron los siguientes: “De artes plásticas, que está involucrado en la futura Escuela Departamental de Artes Plásticas; los de danzas, que a los tradicionales de danzas folclóricas este año se sumó el de tango y baile de salón; de artesanías; cursos móviles; taller literario; las cuatro clases de teatro (1º, 2º, 3º y 4º año), que también se prepara para la futura Escuela de Teatro; también los de pintura; los de artes musicales y escénicas, que ahí se  involucró parte de la murga joven Flor Soberana, y también en Villa Constitución se armó una bandita y una especie de comparsa lubola. Por primera vez se hizo teatro en el interior, en Belén, hay cursos de guitarra con dos profesores en el interior”.
“26 profesores para cerca de 60 talleres…hubo 700 alumnos”
Asimismo informó que se trabajó con “26 profesores para cerca de 60 talleres… en el pico más alto de asistencia hubo 700 alumnos. Este año lo importante fue que se trabajó con algunas escuelas, como en guitarra, también en teatro, la Escuela 6 de Belén tuvo un premio que tuvo mucho que ver el profesor se guitarra, lo importante es que se llegó a los 6 municipios y a los distintos barrios también. Por suerte tuvimos un gran recibimiento en los 6 municipios, los alcaldes todos apoyaron por igual. Y un hecho importante fue que la demanda superó abiertamente a la oferta que teníamos”.
Usted mencionaba la Escuela Departamental de Arte, a la que también se ha referido en alguna oportunidad el Director de Cultura ¿qué entienden por ese concepto y en qué se diferenciaría de lo que es el trabajo actual de los talleres?
Hemos estado preparando es un reglamento interno de funcionamiento, porque la Escuela incluiría más cosas, como Historia del Arte, por decir algo…, algo más teórico, y más riguroso también en los programas. Es un rango mayor, no es lo mismo salir de un taller que de una Escuela.
Y otra cosa es que una Escuela permite, por decir algo, recibir algo de la UNESCO o de alguna fundación, cosa que un taller es más difícil, la Escuela tiene otras posibilidades. Pero desde luego que tiene que haber otras cosas que le den una base, primero desde el punto de vista jurídico. Ya hay un expediente que Fulvio Gutiérrez lo va a hacer mirar para ver si hay contradicciones ente el reglamento y lo que son las reglamentaciones de la municipalidad…
¿Ya manejan fecha
de creación?
Eso ya se elaboró, está formado el expediente y está recorriendo los distintos lugares para ver las aprobaciones. Esperamos, según decía Mario Kroeff, para el 2013, ese es el deseo, ¿no?,  o sea, los pasos se han dado… Las tres (escuelas) más adelantadas son la de danza, la de teatro y la de artes plásticas.
¿Cuentan en Salto
con los docentes
capacitados para el
cambio de Talleres
a Escuelas, o se deberá
pensar en gente
de otro lado?
En principio los docentes serían locales, pero también… como decís vos, quizás para algunos rubros se necesite (gente de otros lugares) y habrá que hacer algún acuerdo, por decir algo, con  la Intendencia de Montevideo, o con el Ministerio de Cultura, o con la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Tiene que ser algo que quien salga de la Escuela tenga, no digo el mismo nivel, pero que no pase vergüenza en otro lado…
Y en cuanto a rubros, ¿se cuenta con lo suficiente? Este año por ejemplo, ¿los talleres han contado con lo necesario?
Según lo que ha planificado el Intendente va por buen camino. En 2010 se mantuvieron todos los talleres que ya venían. Nosotros arrancamos en 2011 y para comenzar nos pidió que se hicieran diez talleres. Este año se han contratado a 25 docentes y hay cerca de 60 talleres. Pero nos han superado solicitándonos talleristas. Y lo que esperamos es ir creciendo cada año.
Preguntaba porque estaba pensando, a modo de ejemplo, en un caso concreto: el taller literario no ha podido publicar libros…
Sí, hay un pedido del taller literario, porque ellos tienen para publicar dos libros, pero esto ya escapa a la órbita sólo de Talleres, ya hicimos las gestiones pero no sé, supongo que en el futuro se irán a hacer, como ya se hizo… hubo publicaciones (en anterior administración) de integrantes de los talleres que fueron muy buenas, pensamos que se puede dar.
¿Para eso no habría
rubros en este momento?
Eso no está pensado para el rubro Talleres, ya no depende de Talleres. La solicitud va a la Dirección de Cultura y al Intendente.
Recordamos que a comienzo de este año hubo problemas en cuanto a la demora para iniciar los cursos, ¿fue un problema de presupuesto o simplemente de organización?
En principio estaban todos pensados para iniciarse en marzo, hubo una demora por el trabajo de recorrer los barrios y el interior.
En muchos casos se hizo con los directores, entonces en algún momento se debió esperar que tuvieran el tiempo disponible.
Estaba previsto sí que empezaran en marzo pero bueno, esos detalles fueron prolongando, pero en todo momento estaba claro que se iban a iniciar los talleres, incluso todos los talleristas ya estaban designados todos para empezar en marzo, faltaba ese resorte.
“Si nos ponemos muy rigurosos falta mucho, pero pensamos en ampliar el espectro…y que tenga mayor calidad cada taller”.
A modo de reflexión final, Cattani expresó que “nosotros tenemos pendiente una evaluación final con los docentes, pero por lo que anduvimos, el resultado fue positivo”.  En cuanto a las actividades de cierre de cursos realizadas en el Mercado 18 de Julio, dijo que para el año próximo será conveniente “separar” algunas muestras, que “lo artesanal” sí se presente en el Mercado, pero “que las muestras de teatro se hagan en Teatro Larrañaga, la danza también, y darle otro vuelo”. Respecto a la respuesta de la gente en estas actividades de fin de año, sostuvo que  “lo que vimos en este cierre de cursos, más los años de periodismo cultural que tengo, es que el nivel se mantiene. Sí tenía una expectativa mayor en algunos casos, aunque hubo igual unas 200 personas, pero si fueran por ejemplo todos los alumnos de los talleres y familiares sería mayor. Quizás faltó más difusión. Pero, por nombrarte como ejemplo el teatro de 1er. año, hizo tres o cuatro presentaciones antes del cierre y fue muy numeroso el público, cosa que en años anteriores se hacía la muestra final nomás, con parlamentos cortitos.
En tango por ejemplo sorprendió, quedaba chica la Casa de la Cultura para las clases… vemos que hay una evolución, si nos ponemos muy rigurosos falta mucho, pero pensamos en ampliar el espectro de ofertas y también es bueno que tenga mayor calidad cada taller”.

Luego que varios funcionarios de la Prefectura fueran procesados en los últimos días por haberse apropiado de un cargamento que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

debían haber denunciado como contrabando, una jueza local les dictó un procesamiento con el régimen de prisión preventiva, tipificándoles un delito de Peculado.

Pero ¿qué es el peculado? ¿Cuándo opera? ¿Quiénes responden por este delito? Preguntas que surgen a raíz del pronunciamiento de este caso, que causó alarma pública y que generó inquietud en la sociedad.

Más allá de saber si el delito de Peculado es o no una práctica corriente, el hecho es que el mismo debería ser innecesario si obrara el principio de buena fe, en el desempeño de la función de los funcionarios públicos. Sin embargo, la cosa no es tan así.

El delito de peculado ataca a la administración pública y solamente puede cometerse por el funcionario público. Que tal como dice el artículo 153 del Código Penal  “el funcionario público que se apropiare del dinero o de las cosas muebles, que estuvieren en su posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.

Esto quiere decir que el funcionario público que se apropia de algo, ya sea una moneda o un cargamento de antenas satelitales que pretendían ingresar por el río Uruguay como contrabando, que debía guardar en razón del cargo que desempeña en la administración pública, y lo utiliza para su provecho propio o el de un tercero, será culpable de este delito con el que puede llegar a estar hasta 6 años preso, dependiendo de la magnitud y el volumen del valor de los objetos que se apropió.

Pero este delito, en el artículo 154 del Código Penal tiene circunstancias atenuantes, y dice la referida norma que “constituye una circunstancia atenuante especial, el hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal”.

Es decir, si quien se apoderó de los objetos que debía entregar optó por reparar el daño causado antes de ser sometido a un proceso judicial por esta razón, la situación operará como una circunstancia atenuante. Empero, esto no quiere decir que no se configure el delito ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero al menos habrá una señal de que el agente del delito tiene intenciones de reparar el daño y esto opera a su favor, al momento de decidir la pena.

Ahora, existe otra figura que está tipificada en el artículo 155 del Código Penal que señala el delito de Peculado por “aprovechamiento del error de otro”. Y esto significa que cuando “el funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.

Es decir, que si una persona le entrega por error el dinero al portero del banco en vez de consignárselo a un cajero como corresponde y éste funcionario lo acepta y lo usa en su provecho, habrá cometido el delito de peculado por aprovechamiento del error de otro.

El cual también está castigado. Se trata de situaciones en las que un funcionario público pueda no tener la responsabilidad debida y en ese sentido sea pasible de las sanciones que le impedirán seguir ejerciendo su cargo.

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¿De qué se trata la inconstitucionalidad de la ley?

Casi todo el tiempo escuchamos hablar de la inconstitucionalidad de la ley, pero nada sabemos acerca de lo que esto significa. La inconstitucionalidad, se refiere lisa y llanamente a cuando una ley ya aprobada por el parlamento y una vez entrada en vigencia, reglamentada para su aplicación, contraría el derecho de las personas, un derecho a su personalidad, un derecho establecido en la Constitución de la República. Así de fácil y así de simple.
En la Carta Magna cuando esto sucede, la norma se refiere a ese derecho lesionado como la vulneración de un interés directo, personal y legítimo. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? Las personas pueden entablar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y el fallo, solamente afectará ese caso particular y concreto, no será erga omnes (esto es para todo el mundo), sino que solamente será aplicable a ese caso concreto que demandó la necesidad de que el efecto de la ley no vulnerara su derecho.
Por su principio, la inconstitucionalidad se podrá fundar en razones de forma o de contenido, y esto está establecido en el artículo 256 de la Constitución de la República, que señala que “Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido (…)”.
Cuando la inconstitucionalidad de la ley es basada en razones de forma, quiere decir que la situación se produce cuando la ley tiene algún defecto formal, viola la Constitución en los procedimientos que ésta indica para su elaboración, como por ejemplo, si se crea o se transforma una situación sin seguir el procedimiento que ésta establece. Esto es razón suficiente, para que quien se vea afectado por la situación, cualquiera que sea, pueda entablar la acción.
La inconstitucionalidad de contenido opera cuando la ley contradice el fondo de la norma constitucional, como por ejemplo, si fuera sancionada una ley que prohíbe la libertad de expresión.
Asimismo, la vía de la acción: ha sido reglamentada por el Código General del Proceso (CGP). El código de marras establece que la misma procede cuando “no existiere procedimiento judicial pendiente”, es decir cuando no se está debatiendo en un juzgado la aplicación de esa norma que vulnera derechos de las personas.
La acción puede plantearse por dos vías. La de la acción y la de la excepción.
En ese sentido, el CGP establece que la vía de acción “deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia”. Porque si se sanciona una ley y una persona entiende que toda esa ley, o parte de ella “lesiona su interés directo, personal y legítimo”, puede presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, planteando que se declare la inconstitucionalidad de la misma.
El CGP es claro y dice que todo planteo “debe ser formulado por escrito”, indicando “con precisión y claridad, cuáles son los preceptos que se consideran inconstitucionales y todas las disposiciones o principios que se consideran violentados”, establecido por el artículo 512.
La vía de la excepción: está derivada al momento en que una persona estando en pleno proceso judicial se considera lesionado en su interés directo, personal y legítimo por una ley, por lo cual podrá plantear su acción, ya no ante la Suprema Corte de Justicia, sino ante el juez por el cual se está tramitando el procedimiento. Presentada la excepción, el juzgado deberá suspender el procedimiento que se está llevando adelante y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que resuelva la situación de inconstitucionalidad planteada (art. 258 inciso final) antes de seguir.
Una vez que la Corte resuelva sobre la cuestión planteada, devolverá el asunto al Tribunal que entendía en el procedimiento el cual seguirá su curso pero ahora con un pronunciamiento sobre si debe aplicar o no la ley que allí se considera, según lo que haya fallado la Suprema Corte.
La vía del oficio, que es la tercera vía, se da cuando el propio Juez ante el cual se tramita el procedimiento judicial, advierte que alguna ley que se podría aplicar al caso, es contraria a la Constitución. Siendo él mismo el que solicite “de oficio” a la Suprema Corte, que se pronuncie sobre el tema.
Como ya dijimos, el efecto de la inconstitucionalidad produce la inaplicabilidad de la ley pero al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado (art. 259). La ley seguirá vigente y se seguirá aplicando a todo aquel que no hubiese obtenido a su favor una sentencia que declare dicha inconstitucionalidad

Casi todo el tiempo escuchamos hablar de la inconstitucionalidad de la ley, pero nada sabemos acerca de lo que esto significa. La inconstitucionalidad, se refiere lisa y llanamente a cuando una ley ya aprobada por el parlamento y una vez entrada en vigencia, reglamentada para su aplicación, contraría el derecho de las personas, un derecho a su personalidad, un derecho establecido en la Constitución de la República. Así de fácil y así de simple.

En la Carta Magna cuando esto sucede, la norma se refiere a ese derecho lesionado como la vulneración de un interés directo,

Hugo Lemos

Hugo Lemos

personal y legítimo. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? Las personas pueden entablar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y el fallo, solamente afectará ese caso particular y concreto, no será erga omnes (esto es para todo el mundo), sino que solamente será aplicable a ese caso concreto que demandó la necesidad de que el efecto de la ley no vulnerara su derecho.

Por su principio, la inconstitucionalidad se podrá fundar en razones de forma o de contenido, y esto está establecido en el artículo 256 de la Constitución de la República, que señala que “Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido (…)”.

Cuando la inconstitucionalidad de la ley es basada en razones de forma, quiere decir que la situación se produce cuando la ley tiene algún defecto formal, viola la Constitución en los procedimientos que ésta indica para su elaboración, como por ejemplo, si se crea o se transforma una situación sin seguir el procedimiento que ésta establece. Esto es razón suficiente, para que quien se vea afectado por la situación, cualquiera que sea, pueda entablar la acción.

La inconstitucionalidad de contenido opera cuando la ley contradice el fondo de la norma constitucional, como por ejemplo, si fuera sancionada una ley que prohíbe la libertad de expresión.

Asimismo, la vía de la acción: ha sido reglamentada por el Código General del Proceso (CGP). El código de marras establece que la misma procede cuando “no existiere procedimiento judicial pendiente”, es decir cuando no se está debatiendo en un juzgado la aplicación de esa norma que vulnera derechos de las personas.

La acción puede plantearse por dos vías. La de la acción y la de la excepción.

En ese sentido, el CGP establece que la vía de acción “deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia”. Porque si se sanciona una ley y una persona entiende que toda esa ley, o parte de ella “lesiona su interés directo, personal y legítimo”, puede presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, planteando que se declare la inconstitucionalidad de la misma.

El CGP es claro y dice que todo planteo “debe ser formulado por escrito”, indicando “con precisión y claridad, cuáles son los preceptos que se consideran inconstitucionales y todas las disposiciones o principios que se consideran violentados”, establecido por el artículo 512.

La vía de la excepción: está derivada al momento en que una persona estando en pleno proceso judicial se considera lesionado en su interés directo, personal y legítimo por una ley, por lo cual podrá plantear su acción, ya no ante la Suprema Corte de Justicia, sino ante el juez por el cual se está tramitando el procedimiento. Presentada la excepción, el juzgado deberá suspender el procedimiento que se está llevando adelante y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que resuelva la situación de inconstitucionalidad planteada (art. 258 inciso final) antes de seguir.

Una vez que la Corte resuelva sobre la cuestión planteada, devolverá el asunto al Tribunal que entendía en el procedimiento el cual seguirá su curso pero ahora con un pronunciamiento sobre si debe aplicar o no la ley que allí se considera, según lo que haya fallado la Suprema Corte.

La vía del oficio, que es la tercera vía, se da cuando el propio Juez ante el cual se tramita el procedimiento judicial, advierte que alguna ley que se podría aplicar al caso, es contraria a la Constitución. Siendo él mismo el que solicite “de oficio” a la Suprema Corte, que se pronuncie sobre el tema.

Como ya dijimos, el efecto de la inconstitucionalidad produce la inaplicabilidad de la ley pero al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado (art. 259). La ley seguirá vigente y se seguirá aplicando a todo aquel que no hubiese obtenido a su favor una sentencia que declare dicha inconstitucionalidad

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¿Quién controla a la policía?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.
Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.
EL TRATO
El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.
El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.
En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.
Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.
Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.
Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.
El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.
Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.
Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato

Hugo Lemos

Hugo Lemos

policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.

Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.

EL TRATO

El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.

El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.

En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.

Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.

Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.

El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.

Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.

Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?

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Hacer valer el principio de presunción de inocencia

Está bien que los funcionarios públicos pretendan defender su lugar de trabajo, exigiendo mejores condiciones para el desempeño de la tarea. Está bien, porque en definitiva, esto sería una causa para que el resultado sea una mejor atención al cliente, que en este caso somos todos los uruguayos quienes pagando nuestros impuestos como los que impone el BPS, la DGI, el MTSS, o las facturas de luz, agua, telefonía básica o celular si es el servicio casi monopólico de Ancel, entre otros como el IRPF, les estamos abonando el sueldo y con ese dinero también construimos las instalaciones donde van a cumplir con su trabajo.
Pero a cambio de esto, los contribuyentes, que somos todos e incluso ellos mismos, los funcionarios públicos, que retroalimentan el sistema para cobrar el salario cada mes, merecemos una atención digna. Y no me refiero a digna por la celeridad con la que deberían conducirse los trámites en los diferentes organismos estatales, sino que con ese concepto, me estoy refiriendo al buen trato, a un cordial diálogo y a la disposición de la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presentan.
Porque actualmente, en la administración pública, cuando uno presenta un tema cualquiera, ya sea en el caso de la policía, el hospital, las escuelas, los liceos, ni hablar del engorroso BPS o la DGI, parece que a uno le buscan todos los mecanismos posibles para hacer que las cosas sean al revés y parezcan mucho más complicadas de lo que son, y en vez de buscar una solución al problema que les presenta el ciudadano o contribuyente, dependiendo de cómo te traten, te complican más el asunto y te lo vuelven más difícil de lo que es.
EL FUNCIONARIO Y
LA CONSTITUCIÓN
El artículo 59 de la Constitución de la República, señala que “la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.
Este principio establecido en nuestra Carta Magna, confirma que el funcionario público debe dedicarse a su función y no creer que el mismo se trata de un privilegio, del cual debe gozar como un derecho de autoridad sobre los asuntos públicos que son de propiedad de todos los demás.
En este marco, no es difícil pensar que el principio de presunción de inocencia que debe cumplirse en todo estado de derecho, sea violentado, y cuando una persona denuncia a otra por la presunta comisión de un delito, quienes actúan en nombre del Estado, los policías en este caso, potencian una sospecha sobre el presunto inocente quien debería ostentar esa calidad hasta que se demuestre lo contrario, con la finalidad de coaccionarlo en vez de protegerlo y así determinar su carencia de culpa en el hecho que se investiga.
Pero la ignorancia de los principios que sustentan la norma, determinan el incumplimiento de esa máxima por parte de los funcionarios policiales, que en vez de ayudar al ciudadano a resolver el problema, muchas veces, le generan la condición de sospechoso y buscan resolver el mismo por el lado negativo, incriminándolos primero, para que en el caso que demuestren lo contrario, recién ahí reciban trato de inocentes.
Pero la situación está al revés y los funcionarios públicos no tendrían que seguir actuando cómodamente permitiendo que esto sucedan, tendrían que buscar la manera de revertirlo, para que sucedan exactamente como lo dice el principio de inocencia, y eso significa invertir el trato al ciudadano y buscar sacarle culpa a quien se lo acusa como responsable. De esa manera se podrán resolver muchas cosas más y encontrar a los verdaderos delincuentes.

Está bien que los funcionarios públicos pretendan defender su lugar de trabajo, exigiendo mejores condiciones para el desempeño

Hugo Lemos

Hugo Lemos

de la tarea. Está bien, porque en definitiva, esto sería una causa para que el resultado sea una mejor atención al cliente, que en este caso somos todos los uruguayos quienes pagando nuestros impuestos como los que impone el BPS, la DGI, el MTSS, o las facturas de luz, agua, telefonía básica o celular si es el servicio casi monopólico de Ancel, entre otros como el IRPF, les estamos abonando el sueldo y con ese dinero también construimos las instalaciones donde van a cumplir con su trabajo.

Pero a cambio de esto, los contribuyentes, que somos todos e incluso ellos mismos, los funcionarios públicos, que retroalimentan el sistema para cobrar el salario cada mes, merecemos una atención digna. Y no me refiero a digna por la celeridad con la que deberían conducirse los trámites en los diferentes organismos estatales, sino que con ese concepto, me estoy refiriendo al buen trato, a un cordial diálogo y a la disposición de la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presentan.

Porque actualmente, en la administración pública, cuando uno presenta un tema cualquiera, ya sea en el caso de la policía, el hospital, las escuelas, los liceos, ni hablar del engorroso BPS o la DGI, parece que a uno le buscan todos los mecanismos posibles para hacer que las cosas sean al revés y parezcan mucho más complicadas de lo que son, y en vez de buscar una solución al problema que les presenta el ciudadano o contribuyente, dependiendo de cómo te traten, te complican más el asunto y te lo vuelven más difícil de lo que es.

EL FUNCIONARIO Y

LA CONSTITUCIÓN

El artículo 59 de la Constitución de la República, señala que “la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.

Este principio establecido en nuestra Carta Magna, confirma que el funcionario público debe dedicarse a su función y no creer que el mismo se trata de un privilegio, del cual debe gozar como un derecho de autoridad sobre los asuntos públicos que son de propiedad de todos los demás.

En este marco, no es difícil pensar que el principio de presunción de inocencia que debe cumplirse en todo estado de derecho, sea violentado, y cuando una persona denuncia a otra por la presunta comisión de un delito, quienes actúan en nombre del Estado, los policías en este caso, potencian una sospecha sobre el presunto inocente quien debería ostentar esa calidad hasta que se demuestre lo contrario, con la finalidad de coaccionarlo en vez de protegerlo y así determinar su carencia de culpa en el hecho que se investiga.

Pero la ignorancia de los principios que sustentan la norma, determinan el incumplimiento de esa máxima por parte de los funcionarios policiales, que en vez de ayudar al ciudadano a resolver el problema, muchas veces, le generan la condición de sospechoso y buscan resolver el mismo por el lado negativo, incriminándolos primero, para que en el caso que demuestren lo contrario, recién ahí reciban trato de inocentes.

Pero la situación está al revés y los funcionarios públicos no tendrían que seguir actuando cómodamente permitiendo que esto sucedan, tendrían que buscar la manera de revertirlo, para que sucedan exactamente como lo dice el principio de inocencia, y eso significa invertir el trato al ciudadano y buscar sacarle culpa a quien se lo acusa como responsable. De esa manera se podrán resolver muchas cosas más y encontrar a los verdaderos delincuentes.

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País fiscalista si los hay

Un nuevo impuesto fue creado con la finalidad de lograr recaudar más. Esa es la única razón por la cual el Estado uruguayo, impuso el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRIC), el cual tiende a gravar las extensiones de tierra que superen las 2 mil hectáreas.
Pero esta nueva carga impositiva, más allá del valor que implique y de lo que eso signifique para la economía de quien deba abonarlo, es una cuestión filosófica, porque se trata de una nueva imposición tributaria que más allá de su monto, el cual pueda llegar a ser insignificante o no para el propietario de las tierras, determina una afán fiscalista que se traslada a los otros órdenes de la sociedad.
El pasado 9 de noviembre, el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto la ley 18.876 del 2011, donde establece quiénes deberán abonar el nuevo impuesto, cómo deberán hacerlo y en qué régimen. En ese sentido, enumera una serie de medidas que tienen que ver con los requisitos que deben cumplir cada uno de los contribuyentes, previo a ser inscriptos para comenzar a abonar este impuesto.
En primer lugar y como no podía ser de otra manera, la ley establece que la recaudación del mismo queda a cargo de la DGI, para lo cual en caso de ser necesario, el organismo deberá solicitarle información al BPS, con la intención de conocer la actividad a la que se dedica el contribuyente.
No obstante, en este caso deberán presentar una declaración jurada de bienes y serán contribuyentes tanto las personas físicas, como los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. También lo son los cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente, además en el caso de las sucesiones, en el caso que haya declaratoria de herederos, los herederos causahabientes pasarán a ser los responsables del aporte por la cuotaparte que les corresponde.
Aunque también son contribuyentes en calidad de residentes, los propietarios de las tierras, pese a ser extranjeros, y para los extranacionales que no residen en el país, deberán nombrar a una persona física o jurídica residente que los represente ante la DGI.
El artículo 3º de la ley, identifica quienes están obligados a pagar tributo. En este caso, establece que “el impuesto recae sobre las superficies ocupadas por inmuebles rurales, siempre y cuando exceda el equivalente a las 2 mil hectáreas, abonando el sujeto pasivo de este impuesto por las áreas que sean de su propiedad, las que sean en nuda propiedad (más allá que no ostente el usufructo de las mismas por razón de arrendamiento, comodato u otra índole deberá hacerse cargo del impuesto el propietario y no quien esté gozando de ese derecho).
El artículo 8º establece que hasta las 2 mil hectáreas de propiedad, no se gravarán más impuestos que los ya existentes, mientras que entre 2 mil y 5 mil hectáreas, se gravarán 67 unidades indexadas por hectárea, entre 5 mil a 10 mil serán 100 unidades indexadas por hectárea y más de 10 mil hectáreas, son 135 las unidades indexadas por hectárea que deberá pagar cada contribuyente.
Si tenemos en cuenta que el valor de la Unidad Indexada cerró ayer a 2,4992 pesos podemos establecer que la primera franja pagará 167 pesos más por cada hectárea; la segunda franja pagará 249,92 pesos más de impuesto por cada hectárea comprendida en la franja que supere las 5 mil hectáreas, a las que se les suma los 167 pesos por cada hectárea entre las 2 mil y las 5 mil anteriores. Y en el caso de la última franja que ya paga todo esto, además se les computará 337,92 pesos por cada hectárea que supere las 10 mil hectáreas.
Se trata de un impuesto que carga al propietario de las grandes extensiones de tierra, como antes ya había impuestos a los que tienen menos tierra y como también a los que explotan un campo que ni siquiera es de ellos. Se trata de una carga impositiva más que está haciendo del Uruguay, un país fiscalista. Si este impuesto es justo o no, si quien debe pagarlo puede hacerlo, son cosas accesorias, lo importante es que el gobierno nacional está empleando su poder de cargar con impuesto a todos.
Desde los trabajadores que comienzan pagando el IRPF, el Fonasa y el Montepío, que operan como un gravamen importante al salario, hasta el ahora impuesto a los grandes propietarios. Pero más allá de quien es quien, el concepto de todo esto, es lo que más me preocupa.

Un nuevo impuesto fue creado con la finalidad de lograr recaudar más. Esa es la única razón por la cual el Estado uruguayo, impuso el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRIC), el cual tiende a gravar las extensiones de tierra que superen las 2 mil hectáreas.

Pero esta nueva carga impositiva, más allá del valor que implique y de lo que eso signifique para la economía de quien deba

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abonarlo, es una cuestión filosófica, porque se trata de una nueva imposición tributaria que más allá de su monto, el cual pueda llegar a ser insignificante o no para el propietario de las tierras, determina una afán fiscalista que se traslada a los otros órdenes de la sociedad.

El pasado 9 de noviembre, el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto la ley 18.876 del 2011, donde establece quiénes deberán abonar el nuevo impuesto, cómo deberán hacerlo y en qué régimen. En ese sentido, enumera una serie de medidas que tienen que ver con los requisitos que deben cumplir cada uno de los contribuyentes, previo a ser inscriptos para comenzar a abonar este impuesto.

En primer lugar y como no podía ser de otra manera, la ley establece que la recaudación del mismo queda a cargo de la DGI, para lo cual en caso de ser necesario, el organismo deberá solicitarle información al BPS, con la intención de conocer la actividad a la que se dedica el contribuyente.

No obstante, en este caso deberán presentar una declaración jurada de bienes y serán contribuyentes tanto las personas físicas, como los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. También lo son los cónyuges y los concubinos reconocidos judicialmente, además en el caso de las sucesiones, en el caso que haya declaratoria de herederos, los herederos causahabientes pasarán a ser los responsables del aporte por la cuotaparte que les corresponde.

Aunque también son contribuyentes en calidad de residentes, los propietarios de las tierras, pese a ser extranjeros, y para los extranacionales que no residen en el país, deberán nombrar a una persona física o jurídica residente que los represente ante la DGI.

El artículo 3º de la ley, identifica quienes están obligados a pagar tributo. En este caso, establece que “el impuesto recae sobre las superficies ocupadas por inmuebles rurales, siempre y cuando exceda el equivalente a las 2 mil hectáreas, abonando el sujeto pasivo de este impuesto por las áreas que sean de su propiedad, las que sean en nuda propiedad (más allá que no ostente el usufructo de las mismas por razón de arrendamiento, comodato u otra índole deberá hacerse cargo del impuesto el propietario y no quien esté gozando de ese derecho).

El artículo 8º establece que hasta las 2 mil hectáreas de propiedad, no se gravarán más impuestos que los ya existentes, mientras que entre 2 mil y 5 mil hectáreas, se gravarán 67 unidades indexadas por hectárea, entre 5 mil a 10 mil serán 100 unidades indexadas por hectárea y más de 10 mil hectáreas, son 135 las unidades indexadas por hectárea que deberá pagar cada contribuyente.

Si tenemos en cuenta que el valor de la Unidad Indexada cerró ayer a 2,4992 pesos podemos establecer que la primera franja pagará 167 pesos más por cada hectárea; la segunda franja pagará 249,92 pesos más de impuesto por cada hectárea comprendida en la franja que supere las 5 mil hectáreas, a las que se les suma los 167 pesos por cada hectárea entre las 2 mil y las 5 mil anteriores. Y en el caso de la última franja que ya paga todo esto, además se les computará 337,92 pesos por cada hectárea que supere las 10 mil hectáreas.

Se trata de un impuesto que carga al propietario de las grandes extensiones de tierra, como antes ya había impuestos a los que tienen menos tierra y como también a los que explotan un campo que ni siquiera es de ellos. Se trata de una carga impositiva más que está haciendo del Uruguay, un país fiscalista. Si este impuesto es justo o no, si quien debe pagarlo puede hacerlo, son cosas accesorias, lo importante es que el gobierno nacional está empleando su poder de cargar con impuesto a todos.

Desde los trabajadores que comienzan pagando el IRPF, el Fonasa y el Montepío, que operan como un gravamen importante al salario, hasta el ahora impuesto a los grandes propietarios. Pero más allá de quien es quien, el concepto de todo esto, es lo que más me preocupa.

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Tercerizaciones, una responsabilidad más

La ley Nº18.099 estableció el régimen de tercerizaciones, por lo cual busca responsabilizar a las empresas que contratan mano de obra a través de subcontratistas y obtienen los beneficios del trabajo de sus dependientes. Por lo tanto, si la empresa subcontratista no cumple con sus obligaciones legales ante sus dependientes, los mismos pueden efectuar un reclamo ante la empresa que arrendó los servicios de la contratante, debido a que fue la beneficiada en último caso, con el trabajo de los dependientes.
En ese sentido, el artículo 1º de la presente ley indica que: todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, (…)”.
En esta ley están incluidas las personas públicas y por eso el inciso 2º del art. 1º de la Ley 18.099 dice que “el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante alguna de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley”.
“La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra”.
La norma establecía un régimen de responsabilidad solidaria, tanto entre el empresario que se beneficiaba con el trabajo con la subcontratista, los que respondían indistintamente al reclamo del trabajador. Es decir, que el dependiente, en el caso de que se le registraran incumplimientos en sus derechos, podía demandar tanto al empresario como al intermediario.
Sin embargo, la situación se tornó ríspida en función del elenco de medidas que se habían adoptado en esa época en el mundo de las relaciones laborales. Corría el año 2007 y esta ley de tercerizaciones aparecía como una gota más que desbordaba el vaso. Hubo negociaciones por parte de los empresarios con los legisladores oficialistas del momento y una reforma al contenido de la ley avizoró enfrentar la conflictividad laboral que imperaba entonces de una manera distinta.
En ese sentido, la reforma dejó al descubierto un margen de flexibilización en el sistema de responsabilidad de las empresas tomadoras de mano de obra. Esto se logra a través de la implantación de un sistema basado en el rol de contralor del cumplimiento de las obligaciones laborales y cargas sociales, que ejercerá la empresa tomadora de la mano de obra, respecto de la empresa empleadora del trabajador. La norma prevé ahora que si la empresa que recibe la mano de obra hace efectivo su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y sociales por parte de la empresa intermediaria, responderá de manera subsidiaria.
Por esa razón, ahora, el trabajador deberá demandar al subcontratista primero, y solamente en caso de que éste no responda, aparecerá la responsabilidad subsidiaria del empresario. Pero el primer escalón de recurrir al subcontratista, marca no solo un tema de responsabilidades, sino además de prestigio empresarial.

La ley Nº18.099 estableció el régimen de tercerizaciones, por lo cual busca responsabilizar a las empresas que contratan mano de obra a través de subcontratistas y obtienen los beneficios del trabajo de sus dependientes. Por lo tanto, si la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

empresa subcontratista no cumple con sus obligaciones legales ante sus dependientes, los mismos pueden efectuar un reclamo ante la empresa que arrendó los servicios de la contratante, debido a que fue la beneficiada en último caso, con el trabajo de los dependientes.

En ese sentido, el artículo 1º de la presente ley indica que: todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, (…)”.

En esta ley están incluidas las personas públicas y por eso el inciso 2º del art. 1º de la Ley 18.099 dice que “el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante alguna de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley”.

“La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra”.

La norma establecía un régimen de responsabilidad solidaria, tanto entre el empresario que se beneficiaba con el trabajo con la subcontratista, los que respondían indistintamente al reclamo del trabajador. Es decir, que el dependiente, en el caso de que se le registraran incumplimientos en sus derechos, podía demandar tanto al empresario como al intermediario.

Sin embargo, la situación se tornó ríspida en función del elenco de medidas que se habían adoptado en esa época en el mundo de las relaciones laborales. Corría el año 2007 y esta ley de tercerizaciones aparecía como una gota más que desbordaba el vaso. Hubo negociaciones por parte de los empresarios con los legisladores oficialistas del momento y una reforma al contenido de la ley avizoró enfrentar la conflictividad laboral que imperaba entonces de una manera distinta.

En ese sentido, la reforma dejó al descubierto un margen de flexibilización en el sistema de responsabilidad de las empresas tomadoras de mano de obra. Esto se logra a través de la implantación de un sistema basado en el rol de contralor del cumplimiento de las obligaciones laborales y cargas sociales, que ejercerá la empresa tomadora de la mano de obra, respecto de la empresa empleadora del trabajador. La norma prevé ahora que si la empresa que recibe la mano de obra hace efectivo su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y sociales por parte de la empresa intermediaria, responderá de manera subsidiaria.

Por esa razón, ahora, el trabajador deberá demandar al subcontratista primero, y solamente en caso de que éste no responda, aparecerá la responsabilidad subsidiaria del empresario. Pero el primer escalón de recurrir al subcontratista, marca no solo un tema de responsabilidades, sino además de prestigio empresarial.

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Los períodos de adaptación provocan tragedias

La responsabilidad en el tránsito es un tema de todos. Pero cuando uno piensa que no nos va a tocar nunca, como si fuéramos de otro planeta, entonces es cuando las cosas pasan. Ayer una tragedia enlutó a nuestra sociedad. Se trata de otro hecho, uno nuevo, el número 21 en lo que va del año. Tantos para una sociedad tan chica como la nuestra, que podrían ser perfectamente evitable, pero la falta de cultura del tránsito nos lleva a que los accidentes sean moneda corriente y lamentablemente, las muertes, también.
Los coches escolares tienen una reglamentación que está vigente. Lo está en la ley Nº 18.191 en su artículo 31, que ya fue reglamentado por el Poder Ejecutivo, cuando dice: “Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en las interurbanas: A) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. B) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga. C) Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros. D) Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar”.
Pero lamentablemente, el uso del cinturón de seguridad no se cumple, ni siquiera en este último caso, donde los más pequeños son los que quedan más expuestos.
Entonces, ante una tragedia de esta magnitud como la que estamos lamentando hoy todos los salteños, nos horrorizamos ante los hechos acaecidos y buscamos un culpable, cuando en estos casos todos un poco más por un lado y menos por el otro, lo somos.
Algunos por permitir que estas cosas pasen y no denunciarlas. Otros por dejar que nuestros hijos viajen en este tipo de transporte y no verificar que se tomen todos los recaudos. Por más confianza que tengamos en los responsables de las empresas que se dedican a este tipo de tareas. Porque nosotros mismos no podemos permitir que nuestros hijos pequeños viajen en un automóvil sin la protección suficiente.
Tenemos que ser responsables, y por más leyes que se invoquen, por más que el gobierno nacional haya impulsado la ley de referencia donde se obliga a las empresas de transporte escolar y a todo el resto de la población a utilizar el cinturón de seguridad, si no lo ponemos en práctica, sino lo hacemos valer y lo empleamos, no sirve de nada la letra muerta de la ley, porque la obligación debe ser nuestra.
Las autoridades deben volver a poner las barbas en remojo, porque desde que se promulgó la ley permitieron un período de adaptación de estos micros, con asientos adecuados y cinturones de seguridad, autorizándolos provisoriamente a circular, mientras se regularizaban. Pero en el medio, estaba latente el riesgo de que una tragedia espantosa como la que acabamos de vivir podía pasar y pasó nomás. Es hora de aplicar la ley para no seguir llorando tragedias.

La responsabilidad en el tránsito es un tema de todos. Pero cuando uno piensa que no nos va a tocar nunca, como si

Hugo Lemos

Hugo Lemos

fuéramos de otro planeta, entonces es cuando las cosas pasan. Ayer una tragedia enlutó a nuestra sociedad. Se trata de otro hecho, uno nuevo, el número 21 en lo que va del año. Tantos para una sociedad tan chica como la nuestra, que podrían ser perfectamente evitable, pero la falta de cultura del tránsito nos lleva a que los accidentes sean moneda corriente y lamentablemente, las muertes, también.

Los coches escolares tienen una reglamentación que está vigente. Lo está en la ley Nº 18.191 en su artículo 31, que ya fue reglamentado por el Poder Ejecutivo, cuando dice: “Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en las interurbanas: A) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. B) Por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga. C) Por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros. D) Por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar”.

Pero lamentablemente, el uso del cinturón de seguridad no se cumple, ni siquiera en este último caso, donde los más pequeños son los que quedan más expuestos.

Entonces, ante una tragedia de esta magnitud como la que estamos lamentando hoy todos los salteños, nos horrorizamos ante los hechos acaecidos y buscamos un culpable, cuando en estos casos todos un poco más por un lado y menos por el otro, lo somos.

Algunos por permitir que estas cosas pasen y no denunciarlas. Otros por dejar que nuestros hijos viajen en este tipo de transporte y no verificar que se tomen todos los recaudos. Por más confianza que tengamos en los responsables de las empresas que se dedican a este tipo de tareas. Porque nosotros mismos no podemos permitir que nuestros hijos pequeños viajen en un automóvil sin la protección suficiente.

Tenemos que ser responsables, y por más leyes que se invoquen, por más que el gobierno nacional haya impulsado la ley de referencia donde se obliga a las empresas de transporte escolar y a todo el resto de la población a utilizar el cinturón de seguridad, si no lo ponemos en práctica, sino lo hacemos valer y lo empleamos, no sirve de nada la letra muerta de la ley, porque la obligación debe ser nuestra.

Las autoridades deben volver a poner las barbas en remojo, porque desde que se promulgó la ley permitieron un período de adaptación de estos micros, con asientos adecuados y cinturones de seguridad, autorizándolos provisoriamente a circular, mientras se regularizaban. Pero en el medio, estaba latente el riesgo de que una tragedia espantosa como la que acabamos de vivir podía pasar y pasó nomás. Es hora de aplicar la ley para no seguir llorando tragedias.

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Funcionarios públicos aún practican la derogada censura previa

La censura previa es una maniobra que parte de fundamentos totalitarios los que son impuestos con el fin de lograr un control acérrimo sobre las cosas que se notician públicamente, acerca de la actuación de los organismos públicos y cuya aplicación queda a merced del funcionario de turno.
Luego de muchos años de pasar por la censura previa en Uruguay, la que fue reglamentada por un decreto de la Presidencia en el año 1988, donde la filosofía del control estaba vigente, ahora el Poder Ejecutivo resolvió derogar esa norma que la permitía en el marco de una mayor apertura, al menos en la forma, de la libertad de expresión.
En ese sentido, el presidente de la República, José Mujica firmó el Decreto que deroga los artículos 2 y 4 del Decreto 445 de julio de 1988. El mismo en su artículo 2, permitía que el Estado controle algunos contenidos, previamente a su emisión en los medios de comunicación.
El Decreto firmado por Mujica fundamenta esta decisión en el hecho de que en las normas vigentes “persisten disposiciones reglamentarias que son incompatibles con la legislación nacional y los estándares internacionales reconocidos en nuestro país que refieren al derecho a la libertad de expresión y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Aduce, como otro considerando, la “importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad y porque la democracia no admite la persistencia de normas que habilitan la censura previa”.
Pese a esas señales del actual gobierno, en las distintas sedes judiciales del país y especialmente en las de Salto, el principio de publicidad del proceso, que está establecido en el artículo 7º del Código General del Proceso, es vulnerado y su cumplimiento omitido por los funcionarios que ejercen una suerte de censura previa sobre la información que versa en los mismos, pese a que éstos son públicos, salvo reservas especialmente previstas por la ley y solicitadas por las partes, o por decisión del magistrado.
Pero en los años de ejercicio del periodismo, nos hemos encontrado y lo seguimos haciendo con el menoscabo al derecho de la información, que nos imponen con su accionar diversos funcionarios técnicos del Poder Judicial, que con resoluciones que rayan en lo arbitrario y el oscurantismo en su proceder, niegan información vulnerando los derechos que tiene cualquier ciudadano, porque no se necesita ser abogado, a concurrir a los estrados judiciales a solicitar el acceso a un expediente que les interese.
Quizás la explicación sea el temor de ser cuestionados por la opinión pública, si se conoce tal o cual resolución, empero, la función es pública y también debe serlo su proceder, y cuando alguien acepta ser funcionario público está bajo la lupa del resto de la sociedad.
Sobre todo, si la legislación uruguaya acepta como elemento a tener en cuenta a la hora de dictar algo tan grave como un procesamiento, la alarma social, que pueda ser causada por la opinión pública, cuando ésta rechaza algo que se decidió en una oficina pública, como son los estrados judiciales.
Se trata de la cultura del secretismo y del corporativismo por parte de los funcionarios judiciales, que cuidan sus espaldas y por eso vulneran los artículos 7, 10, 29 y 72 de la Constitución de la República que hablan de la libertad del ciudadano en un estado de derecho y de aspectos tan caros como la libertad de expresión y de prensa, la ley Nº16.099 que reglamenta el libre ejercicio de la prensa y la ley de acceso a la información pública 18.381 que permite el acceso de cualquier ciudadano a la información que está en manos de los poderes públicos.
Todos estos derechos están vulnerando los funcionarios judiciales que en los juzgados niegan porque sí, información a la prensa como a cualquier otro ciudadano.
Habría que informarles que vivimos en un estado de derecho.

La censura previa es una maniobra que parte de fundamentos totalitarios los que son impuestos con el fin de lograr un control acérrimo sobre las cosas que se notician públicamente, acerca de la actuación de los organismos públicos y cuya aplicación queda a merced del funcionario de turno.

hugo lemos

Hugo Lemos

Luego de muchos años de pasar por la censura previa en Uruguay, la que fue reglamentada por un decreto de la Presidencia en el año 1988, donde la filosofía del control estaba vigente, ahora el Poder Ejecutivo resolvió derogar esa norma que la permitía en el marco de una mayor apertura, al menos en la forma, de la libertad de expresión.

En ese sentido, el presidente de la República, José Mujica firmó el Decreto que deroga los artículos 2 y 4 del Decreto 445 de julio de 1988. El mismo en su artículo 2, permitía que el Estado controle algunos contenidos, previamente a su emisión en los medios de comunicación.

El Decreto firmado por Mujica fundamenta esta decisión en el hecho de que en las normas vigentes “persisten disposiciones reglamentarias que son incompatibles con la legislación nacional y los estándares internacionales reconocidos en nuestro país que refieren al derecho a la libertad de expresión y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Aduce, como otro considerando, la “importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad y porque la democracia no admite la persistencia de normas que habilitan la censura previa”.

Pese a esas señales del actual gobierno, en las distintas sedes judiciales del país y especialmente en las de Salto, el principio de publicidad del proceso, que está establecido en el artículo 7º del Código General del Proceso, es vulnerado y su cumplimiento omitido por los funcionarios que ejercen una suerte de censura previa sobre la información que versa en los mismos, pese a que éstos son públicos, salvo reservas especialmente previstas por la ley y solicitadas por las partes, o por decisión del magistrado.

Pero en los años de ejercicio del periodismo, nos hemos encontrado y lo seguimos haciendo con el menoscabo al derecho de la información, que nos imponen con su accionar diversos funcionarios técnicos del Poder Judicial, que con resoluciones que rayan en lo arbitrario y el oscurantismo en su proceder, niegan información vulnerando los derechos que tiene cualquier ciudadano, porque no se necesita ser abogado, a concurrir a los estrados judiciales a solicitar el acceso a un expediente que les interese.

Quizás la explicación sea el temor de ser cuestionados por la opinión pública, si se conoce tal o cual resolución, empero, la función es pública y también debe serlo su proceder, y cuando alguien acepta ser funcionario público está bajo la lupa del resto de la sociedad.

Sobre todo, si la legislación uruguaya acepta como elemento a tener en cuenta a la hora de dictar algo tan grave como un procesamiento, la alarma social, que pueda ser causada por la opinión pública, cuando ésta rechaza algo que se decidió en una oficina pública, como son los estrados judiciales.

Se trata de la cultura del secretismo y del corporativismo por parte de los funcionarios judiciales, que cuidan sus espaldas y por eso vulneran los artículos 7, 10, 29 y 72 de la Constitución de la República que hablan de la libertad del ciudadano en un estado de derecho y de aspectos tan caros como la libertad de expresión y de prensa, la ley Nº16.099 que reglamenta el libre ejercicio de la prensa y la ley de acceso a la información pública 18.381 que permite el acceso de cualquier ciudadano a la información que está en manos de los poderes públicos.

Todos estos derechos están vulnerando los funcionarios judiciales que en los juzgados niegan porque sí, información a la prensa como a cualquier otro ciudadano.

Habría que informarles que vivimos en un estado de derecho.

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El presumario es elemental

El presumario en el proceso penal uruguayo, es la primera etapa del mismo. Si bien cuando se lleva a cabo una situación de esta naturaleza, la situación de los detenidos que son objeto de la investigación, es de presunción absoluta de los hechos que se investigan en su contra, allí surge la punta de la madeja. Y se reúnen los elementos que determinan gran parte de los aspectos que darán lugar al juicio posterior.
Por eso, cuando en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad, acerca de que los (presuntos) autores de determinados hechos han sido llevados ante la Justicia y luego son liberados, es porque los elementos de prueba que se presentaron durante esta etapa esencial del proceso penal, no fueron suficientes como para que la magistrado que investiga el hecho pueda tener convicción sobre la participación de los acusados.
Pero ¿qué es el presumario?
Se denomina presumario a la etapa de instrucción que se extiende desde la iniciación del procedimiento penal hasta la sentencia interlocutoria que disponga el archivo de las actuaciones por falta de merito para procesar o el procesamiento del indagado, que a partir de ese momento pasa a llamársele el imputado, dice la doctrina autorizada sobre este asunto.
Esta etapa comienza con la comunicación al Juez de turno por la policía o mediante denuncia directamente presentada por un particular, del hecho concreto. En caso de que la persona sindicada como partícipe del  delito, se encuentre detenida, el Juez le tomará declaración dentro de las veinticuatro horas inmediatas y, a lo sumo, en cuarenta y ocho horas desde la detención debe resolver siempre y cuando haya pruebas suficientes. Por eso la reunión de pruebas durante el presumario es tan importante. Y ahora la Policía trabaja junto a la Justicia para no perder detalle y hacer que en la mayoría de los casos en que llevan sospechosos ante la justicia, no falte el respaldo
fundamental que es la prueba y tomen más en serio el presumario.

El presumario en el proceso penal uruguayo, es la primera etapa del mismo. Si bien cuando se lleva a cabo una situación de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

esta naturaleza, la situación de los detenidos que son objeto de la investigación, es de presunción absoluta de los hechos que se investigan en su contra, allí surge la punta de la madeja. Y se reúnen los elementos que determinan gran parte de los aspectos que darán lugar al juicio posterior.

Por eso, cuando en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad, acerca de que los (presuntos) autores de determinados hechos han sido llevados ante la Justicia y luego son liberados, es porque los elementos de prueba que se presentaron durante esta etapa esencial del proceso penal, no fueron suficientes como para que la magistrado que investiga el hecho pueda tener convicción sobre la participación de los acusados.

Pero ¿qué es el presumario?

Se denomina presumario a la etapa de instrucción que se extiende desde la iniciación del procedimiento penal hasta la sentencia interlocutoria que disponga el archivo de las actuaciones por falta de merito para procesar o el procesamiento del indagado, que a partir de ese momento pasa a llamársele el imputado, dice la doctrina autorizada sobre este asunto.

Esta etapa comienza con la comunicación al Juez de turno por la policía o mediante denuncia directamente presentada por un particular, del hecho concreto. En caso de que la persona sindicada como partícipe del  delito, se encuentre detenida, el Juez le tomará declaración dentro de las veinticuatro horas inmediatas y, a lo sumo, en cuarenta y ocho horas desde la detención debe resolver siempre y cuando haya pruebas suficientes. Por eso la reunión de pruebas durante el presumario es tan importante. Y ahora la Policía trabaja junto a la Justicia para no perder detalle y hacer que en la mayoría de los casos en que llevan sospechosos ante la justicia, no falte el respaldo

fundamental que es la prueba y tomen más en serio el presumario.

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Respaldar las inversiones genera empleo

Los principios rectores de la ley de inversiones, aprobada en el año 1998 son el del juego abierto y el de la seguridad jurídica a todos aquellos capitales nacionales o extranjeros que quieran establecerse en el Uruguay.
Pero en el correr del tiempo hubo que ajustar algunas reglas de juego con la finalidad de crear climas de negocios que sean propicios para captar inversores y propender al desarrollo económico del país.
LO BASICO
Por esa razón, la Ley Nº16.906 declaró de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. Asimismo estableció un principio de igualdad, admitiendo que el “régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales”.
La ley también refiere a que el Estado “otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. Esta norma sienta las bases de una libertad de mercado que propende a que haya una libertad de competencia y una posibilidad de instalación abierta sin menoscabos a la libertad económica.
Por esa razón, plegada a la norma anterior, en la ley de promoción de inversiones, el Estado reglamenta la libertad de transferencia de capitales, sosteniendo que el Estado “garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad”.
Pero con el tiempo, la libertad de mercado es un bien necesario y Uruguay tiene la suerte de ya tenerla regulada, brindando respaldo y seguridad jurídica a los inversores. Por lo tanto, un decreto del Poder Ejecutivo, incorporó beneficios a esta ley, para aquellos que quieran arriesgar a invertir en nuestro país, aunque el decreto deja en claro que los beneficios no son para todos.
Sino que en la lista entran los concesionarios de obras públicas, las empresas productoras de Software, las del sector del turismo, los parques industriales, las empresas dedicadas a la forestación y las zonas francas.
Los Beneficios tributarios que se pueden otorgar son: A) Exoneración total  o parcial de toda clase de tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones, así como rebajas de tarifas o precios en servicios prestados por el Estado. B) Exoneración de hasta un 60% (sesenta por ciento)  de  las  obligaciones por aportes patronales  al  Banco  de  Previsión  Social, las Asignaciones Familiares y Seguros de Enfermedad y Desocupación, en la  parte correspondiente a la mano de obra incorporada a los bienes que se produzcan para la exportación. C) Exoneración de todo tributo que grave las rentas de la empresa, así como su distribución o adjudicación sea cual fuere la forma como se realice. D) Exoneración de proventos, tasas portuarias y adicionales que recaigan sobre la importación de bienes necesarios para el equipamiento industrial de la empresa E) Las obligaciones  fiscales por importaciones: recargos, impuestos, gastos consulares, derechos  de Aduana y tasas portuarias, que se generen por la implantación de una  nueva actividad o ampliación, o adecuación con equipos nuevos de una ya existente. F) Otorgamiento de un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en la adquisición, o arriendo con opción a compra, de determinados bienes del activo fijo. Estas importaciones estarán asimismo exoneradas de consignaciones previas y los equipos no podrán  ser enajenados ni prendados hasta la total liquidación de las obligaciones fiscales referidas.

Los principios rectores de la ley de inversiones, aprobada en el año 1998 son el del juego abierto y el de la seguridad jurídica a todos aquellos capitales nacionales o extranjeros que quieran establecerse en el Uruguay.

Pero en el correr del tiempo hubo que ajustar algunas reglas de juego con la finalidad de crear climas de negocios que sean propicios para captar inversores y propender al desarrollo económico del país.

LO BASICO

Por esa razón, la Ley Nº16.906 declaró de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por

Hugo Lemos

Hugo Lemos

inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. Asimismo estableció un principio de igualdad, admitiendo que el “régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales”.

La ley también refiere a que el Estado “otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. Esta norma sienta las bases de una libertad de mercado que propende a que haya una libertad de competencia y una posibilidad de instalación abierta sin menoscabos a la libertad económica.

Por esa razón, plegada a la norma anterior, en la ley de promoción de inversiones, el Estado reglamenta la libertad de transferencia de capitales, sosteniendo que el Estado “garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad”.

Pero con el tiempo, la libertad de mercado es un bien necesario y Uruguay tiene la suerte de ya tenerla regulada, brindando respaldo y seguridad jurídica a los inversores. Por lo tanto, un decreto del Poder Ejecutivo, incorporó beneficios a esta ley, para aquellos que quieran arriesgar a invertir en nuestro país, aunque el decreto deja en claro que los beneficios no son para todos.

Sino que en la lista entran los concesionarios de obras públicas, las empresas productoras de Software, las del sector del turismo, los parques industriales, las empresas dedicadas a la forestación y las zonas francas.

Los Beneficios tributarios que se pueden otorgar son: A) Exoneración total  o parcial de toda clase de tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones, así como rebajas de tarifas o precios en servicios prestados por el Estado. B) Exoneración de hasta un 60% (sesenta por ciento)  de  las  obligaciones por aportes patronales  al  Banco  de  Previsión  Social, las Asignaciones Familiares y Seguros de Enfermedad y Desocupación, en la  parte correspondiente a la mano de obra incorporada a los bienes que se produzcan para la exportación. C) Exoneración de todo tributo que grave las rentas de la empresa, así como su distribución o adjudicación sea cual fuere la forma como se realice. D) Exoneración de proventos, tasas portuarias y adicionales que recaigan sobre la importación de bienes necesarios para el equipamiento industrial de la empresa E) Las obligaciones  fiscales por importaciones: recargos, impuestos, gastos consulares, derechos  de Aduana y tasas portuarias, que se generen por la implantación de una  nueva actividad o ampliación, o adecuación con equipos nuevos de una ya existente. F) Otorgamiento de un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en la adquisición, o arriendo con opción a compra, de determinados bienes del activo fijo. Estas importaciones estarán asimismo exoneradas de consignaciones previas y los equipos no podrán  ser enajenados ni prendados hasta la total liquidación de las obligaciones fiscales referidas.

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Los jueces también tienen un límite

Las recusaciones de último momento a algunos magistrados de nuestro medio han dejado en evidencia la molestia de los operadores del sistema, quienes aducen en reiteradas oportunidades que las falencias que poseen los mismos en su accionar, generan una alteración de las reglas del debido proceso.
Por lo cual, en los últimos tiempos se viene planteando en el ámbito forense local, si el apego al normativismo y al reglamentarismo exacerbado al momento de actuar por parte de los magistrados, sobre todo en los casos penales, donde deben apelar a las reglas de la sana crítica para dilucidar los medios probatorios, no terminan generando una actuación desequilibrada y por lo general, fuera de la realidad.
Al menos esto es lo que proponen los operadores del sistema, los que señalan cierta connivencia entre los jueces y los fiscales en materia penal, por su afinidad funcionarial, mientras que muchos abogados hacen saber que el fiscal es una de las partes y su condición de funcionario público, muchas veces puede confundir los roles en desmedro del operador privado.
Por esa razón es que hoy traemos a colación, cuáles son las facultades del tribunal, según lo que establece el artículo 24 y siguientes del Código General del Proceso (CGP).
LÍMITE DE LOS JUECES
El artículo 24 del CGP sostiene que las facultades del Tribunal son: las de 1)  rechazar in límine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, (…). 2) Para relevar de oficio las excepciones (…). 3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda (…) cuando el requerido aparezca equivocado. 4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. 5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, (…). 6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes. 7) Para rechazar in límine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa (…). 8) Para rechazar in límine la intervención de terceros (…). 9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables (…). 10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones (…). 11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.
Entre sus deberes, la ley dice que el tribunal “no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley (…). 25.2 El tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos (…).
Además establece la Responsabilidad del tribunal, en los casos en que haya: 1) Demoras injustificadas en proveer. 2) Proceder con dolo o fraude. 3) Sentenciar cometiendo error inexcusable.
Pero en ningún momento habla de que el magistrado puede no dar traslado del dictamen fiscal a las partes en presumario, para que la defensa no conozca la opinión del Ministerio Público y recién pueda verlo en el auto de procesamiento. Esto habla de la connivencia tácita entre el juez (funcionario del Poder Judicial) y el fiscal (funcionario del Poder Ejecutivo). Y eso debilita las garantías de un justiciable y empeora la condición del sistema, al que hay reformar.
Las recusaciones de último momento a algunos magistrados de nuestro medio han dejado en evidencia la molestia de los operadores del sistema, quienes aducen en reiteradas oportunidades que las falencias que poseen los mismos en su accionar, generan una alteración de las reglas del debido proceso.
Por lo cual, en los últimos tiempos se viene planteando en el ámbito forense local, si el apego al normativismo y al reglamentarismo exacerbado al momento de actuar por parte de los magistrados, sobre todo en los casos penales, donde deben apelar a las reglas de la sana crítica para dilucidar los medios probatorios, no terminan generando una actuación desequilibrada y por lo general, fuera de la realidad.
Al menos esto es lo que proponen los operadores del sistema, los que señalan cierta connivencia entre los jueces y los fiscales en materia penal, por su afinidad funcionarial, mientras que muchos abogados hacen saber que el fiscal es una de las partes y su condición de funcionario público, muchas veces puede confundir los roles en desmedro del operador privado.
Por esa razón es que hoy traemos a colación, cuáles son las facultades del tribunal, según lo que establece el artículo 24 y siguientes del Código General del Proceso (CGP).
LÍMITE DE LOS JUECES
El artículo 24 del CGP sostiene que las facultades del Tribunal son: las de 1)  rechazar in límine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, (…). 2) Para relevar de oficio las excepciones (…). 3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda (…) cuando el requerido aparezca equivocado. 4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. 5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, (…). 6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes. 7) Para rechazar in límine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa (…). 8) Para rechazar in límine la intervención de terceros (…). 9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables (…). 10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones (…). 11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.
Entre sus deberes, la ley dice que el tribunal “no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley (…). 25.2 El tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos (…).
Además establece la Responsabilidad del tribunal, en los casos en que haya: 1) Demoras injustificadas en proveer. 2) Proceder con dolo o fraude. 3) Sentenciar cometiendo error inexcusable.
Pero en ningún momento habla de que el magistrado puede no dar traslado del dictamen fiscal a las partes en presumario, para que la defensa no conozca la opinión del Ministerio Público y recién pueda verlo en el auto de procesamiento. Esto habla de la connivencia tácita entre el juez (funcionario del Poder Judicial) y el fiscal (funcionario del Poder Ejecutivo). Y eso debilita las garantías de un justiciable y empeora la condición del sistema, al que hay reformar.

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La legítima defensa, una eximente discutida

La legítima defensa no puede invocarse como quien oye llover. Sino que es un instituto jurídico que debe ser tomado con mucha cautela, seriedad y un examen minucioso de la conducta del agente delictivo y quien como víctima, no termine siendo el victimario.
Si una persona que habiendo ingresado a robar a una casa, recibe un disparo de arma de fuego por parte del dueño de casa y resulta con lesiones que le generan un trastorno de por vida, el agresor no podrá invocar legítima defensa por haber sido “atacado” en su hogar.
El tema se debate a nivel judicial y la Justicia es contundente, no hay legítima defensa, porque no se cumplieron los requisitos que establece el artículo 26 del Código Penal para estos casos. Como por ejemplo, no hubo “racionalidad del medio empleado” para repeler la agresión.
La situación fue discutida hasta el hartazgo, la gente se preocupa porque se ve desprotegida y muchos se quejan porque consideran que quien ingresa a robar a un domicilio o nos ataca en la calle, tiene más derechos que una víctima, la que ve limitadas sus posibilidades de defenderse, aunque esto no es así.
Veamos en estos casos, cómo opera la legítima defensa, y cuál es la valoración jurídica que realiza un juez al momento de analizar la conducta del ofendido, sobre la del ofensor para aplicar esta eximente de la pena.
CON CUIDADO
La última modificación a este instituto jurídico, la dio la Ley Nº17.243, del año 2001, en cuyo artículo 66º, establece la posibilidad de que una persona que es víctima de una agresión, pueda defenderse y ser eximido de culpa por el resultado.
Actualmente el artículo 26 del Código Penal dice que habrá sido eximido de pena por el instituto de la legítima defensa, en primer lugar aquel que “obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A) que haya habido una agresión ilegítima (agresión inesperada). B) Que haya habido necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño (quien usa un palo para atacar no puede recibir una ráfaga de disparos de un arma de fuego). O que haya habido C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende (que haya sido agredido sin mediar palabras y no haya provocado al agresor)”.
Se entenderá que concurren estas tres circunstancias, cuando la persona “defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”.
En segundo lugar establece que el tercer requisito del numeral primero, (la falta de provocación suficiente) “no es necesaria, tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación”.
También puede ser eximido de pena por la legítima defensa el que “3º) obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1º) (agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado y falta de provocación suficiente) y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo”.
La legítima defensa no puede invocarse como quien oye llover. Sino que es un instituto jurídico que debe ser tomado con mucha cautela, seriedad y un examen minucioso de la conducta del agente delictivo y quien como víctima, no termine siendo el victimario.
Si una persona que habiendo ingresado a robar a una casa, recibe un disparo de arma de fuego por parte del dueño de casa y resulta con lesiones que le generan un trastorno de por vida, el agresor no podrá invocar legítima defensa por haber sido “atacado” en su hogar.
El tema se debate a nivel judicial y la Justicia es contundente, no hay legítima defensa, porque no se cumplieron los requisitos que establece el artículo 26 del Código Penal para estos casos. Como por ejemplo, no hubo “racionalidad del medio empleado” para repeler la agresión.
La situación fue discutida hasta el hartazgo, la gente se preocupa porque se ve desprotegida y muchos se quejan porque consideran que quien ingresa a robar a un domicilio o nos ataca en la calle, tiene más derechos que una víctima, la que ve limitadas sus posibilidades de defenderse, aunque esto no es así.
Veamos en estos casos, cómo opera la legítima defensa, y cuál es la valoración jurídica que realiza un juez al momento de analizar la conducta del ofendido, sobre la del ofensor para aplicar esta eximente de la pena.
CON CUIDADO
La última modificación a este instituto jurídico, la dio la Ley Nº17.243, del año 2001, en cuyo artículo 66º, establece la posibilidad de que una persona que es víctima de una agresión, pueda defenderse y ser eximido de culpa por el resultado.
Actualmente el artículo 26 del Código Penal dice que habrá sido eximido de pena por el instituto de la legítima defensa, en primer lugar aquel que “obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A) que haya habido una agresión ilegítima (agresión inesperada). B) Que haya habido necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño (quien usa un palo para atacar no puede recibir una ráfaga de disparos de un arma de fuego). O que haya habido C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende (que haya sido agredido sin mediar palabras y no haya provocado al agresor)”.
Se entenderá que concurren estas tres circunstancias, cuando la persona “defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”.
En segundo lugar establece que el tercer requisito del numeral primero, (la falta de provocación suficiente) “no es necesaria, tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación”.
También puede ser eximido de pena por la legítima defensa el que “3º) obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1º) (agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado y falta de provocación suficiente) y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo”.

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Legalizar acuerdos de información tributaria habla bien de nosotros

Ni el ex presidente francés Nicolás Sarkozy, ni la mandataria amiga de nuestro presidente, la excéntrica Cristina Fernández, creyeron alguna vez en nosotros. Por eso no titubearon al firmar la declaración de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que integran los países con mayor desarrollo económico del mundo, entre los que se encuentran nuestros vecinos, los argentinos.
Entonces, cuando en esa declaración que colocaba a Uruguay como a uno de los países considerados paraíso fiscal, donde alguien puede ocultar riquezas y por lo cual el gobierno sino quiere prestar información sobre la que le sea requerida por razones de Estado, no lo hace, todos los presidentes de los países ricos, muchos de ellos hoy fundidos, incluso los mandatarios de los países vecinos como Brasil y Argentina, refrendaron la declaración y nos convocaron a que si no solucionábamos la situación, sino cambiábamos nuestra política tributaria, nos veríamos comprometidos ante el mundo.
Tamaña amenaza, de la que nadie se hizo eco después, solo México que si bien firmó actuó como el borracho, porque calificó de injusta una declaración en la que también participó pero diciendo que no sabía que Uruguay estaba en la lista, aunque bien saben cuando Estados Unidos figura en algo que ellos deben suscribir, fue dejada de lado ante el histeriqueo diplomático del canciller Almagro y los suyos, que en Francia no repercutió un ápice.
Es decir, somos tan importantes para el mundo financiero mundial, que los franceses no se enteraron de nuestro retiro del embajador en consulta y todas las manifestaciones que hicimos en ese momento.
Después de esto, hubo una catarata de contestaciones por parte del Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entre las que se relataron una serie de convenios firmados con distintos países de Europa e incluso con varios de los que denunciaron a Uruguay en ese momento como paraíso fiscal.
MÁS CONVENIOS
Pero para muestra sobra un botón. En diciembre del año 2011, meses más tarde de aquella infeliz declaración del entonces mandatario galo, Uruguay suscribió información con el Gobierno del Reino de Suecia, relativo al intercambio de información en materia tributaria.
El mismo fue refrendado por la Cámara de Senadores de la República, en agosto de este año, en la ley Nº 18.959 que con artículo único establece la entrada en vigencia de este acuerdo.
“El acuerdo señala que las partes contratantes se obligan a prestarse asistencia mediante el intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su derecho interno relativa a los impuestos a lo que se refiere el presente Acuerdo. Dicha información comprenderá aquella que previsiblemente pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria”.
Entre otros aspectos más intrínsecos de ese acuerdo, que la ley Nº 18.959 reglamenta su validación, aduce que las informaciones se tratarán de materia confidencial, que los derechos y garantías de la legislación o de la práctica administrativa de la parte requerida seguirán siendo vigentes siempre que no atrasen indebidamente el intercambio efectivo de información.
Aunque el acuerdo es claro al decir que las partes contratantes no están obligadas a entregar información que no obren en su poder, así como tampoco las que no estén bajo su control o en manos de personas que no estén bajo su órbita territorial, entre otros aspectos específicos que determinan y delimitan las responsabilidades de las partes contratantes, como surge normalmente todo acuerdo de esta naturaleza.
¿Pero qué quiero decir con tanta cosa?, que si bien nuestro país nunca fue un paraíso fiscal, en estos tiempos de globalización de la información y modernidad extrema, Uruguay se está poniendo a tono y firma convenios al legislarlos, sientan antecedentes para plasmar una esencia de cristalinidad en materia tributaria, la que es tan importante como necesaria.

Ni el ex presidente francés Nicolás Sarkozy, ni la mandataria amiga de nuestro presidente, la excéntrica Cristina Fernández, creyeron alguna vez en nosotros. Por eso no titubearon al firmar la declaración de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que integran los países con mayor desarrollo económico del mundo, entre los que se encuentran nuestros vecinos, los argentinos.

Entonces, cuando en esa declaración que colocaba a Uruguay como a uno de los países considerados paraíso fiscal, donde alguien

Hugo Lemos

Hugo Lemos

puede ocultar riquezas y por lo cual el gobierno sino quiere prestar información sobre la que le sea requerida por razones de Estado, no lo hace, todos los presidentes de los países ricos, muchos de ellos hoy fundidos, incluso los mandatarios de los países vecinos como Brasil y Argentina, refrendaron la declaración y nos convocaron a que si no solucionábamos la situación, sino cambiábamos nuestra política tributaria, nos veríamos comprometidos ante el mundo.

Tamaña amenaza, de la que nadie se hizo eco después, solo México que si bien firmó actuó como el borracho, porque calificó de injusta una declaración en la que también participó pero diciendo que no sabía que Uruguay estaba en la lista, aunque bien saben cuando Estados Unidos figura en algo que ellos deben suscribir, fue dejada de lado ante el histeriqueo diplomático del canciller Almagro y los suyos, que en Francia no repercutió un ápice.

Es decir, somos tan importantes para el mundo financiero mundial, que los franceses no se enteraron de nuestro retiro del embajador en consulta y todas las manifestaciones que hicimos en ese momento.

Después de esto, hubo una catarata de contestaciones por parte del Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entre las que se relataron una serie de convenios firmados con distintos países de Europa e incluso con varios de los que denunciaron a Uruguay en ese momento como paraíso fiscal.

MÁS CONVENIOS

Pero para muestra sobra un botón. En diciembre del año 2011, meses más tarde de aquella infeliz declaración del entonces mandatario galo, Uruguay suscribió información con el Gobierno del Reino de Suecia, relativo al intercambio de información en materia tributaria.

El mismo fue refrendado por la Cámara de Senadores de la República, en agosto de este año, en la ley Nº 18.959 que con artículo único establece la entrada en vigencia de este acuerdo.

“El acuerdo señala que las partes contratantes se obligan a prestarse asistencia mediante el intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su derecho interno relativa a los impuestos a lo que se refiere el presente Acuerdo. Dicha información comprenderá aquella que previsiblemente pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria”.

Entre otros aspectos más intrínsecos de ese acuerdo, que la ley Nº 18.959 reglamenta su validación, aduce que las informaciones se tratarán de materia confidencial, que los derechos y garantías de la legislación o de la práctica administrativa de la parte requerida seguirán siendo vigentes siempre que no atrasen indebidamente el intercambio efectivo de información.

Aunque el acuerdo es claro al decir que las partes contratantes no están obligadas a entregar información que no obren en su poder, así como tampoco las que no estén bajo su control o en manos de personas que no estén bajo su órbita territorial, entre otros aspectos específicos que determinan y delimitan las responsabilidades de las partes contratantes, como surge normalmente todo acuerdo de esta naturaleza.

¿Pero qué quiero decir con tanta cosa?, que si bien nuestro país nunca fue un paraíso fiscal, en estos tiempos de globalización de la información y modernidad extrema, Uruguay se está poniendo a tono y firma convenios al legislarlos, sientan antecedentes para plasmar una esencia de cristalinidad en materia tributaria, la que es tan importante como necesaria.

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Un freno a las detenciones arbitrarias

El planteo surge de alguien que estaba ubicado vendiendo productos que elabora para ganarse la vida. Colgantes, pulseras, caravanas y cosas por el estilo, eran las que se exhibían en una vereda de la ciudad cerca de un centro educativo.
De repente el hombre es abordado por un policía. “No puede estar acá”, le dijo el policía que se identifica como “comunitario”. “¿Por qué?”, replicó el vendedor. “Porque está prohibido vender cerca del liceo”, contestó el Policía y le ordenó retirarse. Lo que el policía no le dijo es que frente al liceo hay varios kioscos donde venden cigarrillos a los estudiantes que son todos menores de edad lo que sí está prohibido expender a los menores y nadie cierra el kiosco por eso.
Pero tampoco le exhibió la mentada ley, ni supo contestarle cuál era, la que prohíbe que alguien venda en la calle los productos que elabora, mientras éstos no sean nocivos para nadie ni afecten la seguridad y el orden público. Lo cual fue argumentado por el vendedor, lo que le costó algunas horas en la Seccional.
Más allá de esta situación, la detención de personas por parte de la Policía no puede ser arbitraria. Sino que debe ser contemplada dentro de las razones que el caso amerita. Si bien la Constitución de la República establece cuáles son las pautas para que se produzca la detención de una persona, la ley de procedimiento policial que fue sancionada por el parlamento hace algunos años, define además el concepto de detención y establece quiénes son las personas que pueden ser detenidas y en qué casos debe ocurrir tal cosa.
Acercarnos un poco al tema puede despejarnos dudas, y ayudarnos a saber dónde estamos parados cuando una situación de esta naturaleza ocurre y nos toma por sorpresa.
LA DETENCION
La ley 18.315, de procedimiento policial, fue sancionada en 2009 y busca establecer especificidades de la acción policial, para que dentro de un margen adecuado, razonado y de sentido común, el funcionario policial ajuste su conducta a la situación planteada. En ese marco, es el que el artículo 38 de la citada ley establece el Concepto de Detención, que debe manejar la policía, ciñéndose a lo que la norma refiere a la hora de proceder a detener a una persona.
Según la ley de marras, por detención se entiende “privar de la libertad ambulatoria a una persona, haciéndose responsable de ella, conforme con lo establecido por el artículo 15 de la Constitución de la República y las leyes vigentes”.
Y en ese marco de referencia, el artículo 15 de la Constitución de la República, es claro. “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. La norma de referencia establece el principio de habeas corpus. El hábeas corpus es un instituto jurídico que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarios. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo estricto y determinado ante el juez, el que decidirá la suerte de la persona y si encuentra motivos para que sea arrestado.
Además, quien es detenido, debe estar cometiendo un delito, o debe estar en estado de flagrancia sea ésta propia o impropia. Cuando la norma dice que para ser detenido se debe estar en “infraganti delito”, quiere decir que el individuo debe estar cometiendo un delito. Y cuando señala que por lo menos debe haber “semiplena prueba”, quiere decir que debe haber indicios claros de que hay intención de cometer un delito, o que hay elementos que indican que esa persona estuvo vinculada al delito que se quiere sancionar.
Además, debe haber una comunicación con el juez penal de turno, quien determina si esa persona deberá ser sometida a un procedimiento o liberada. Esto limita la acción policial en cuanto a las detenciones arbitrarias.
La situación de inseguridad nos agobia a todos, pero muchas veces han pagado el precio de padecer un mal momento, quienes han sido víctima del agobio de policías
consustanciados con su deber.
Pero todo tiene un límite y es bueno
estar al tanto.

El planteo surge de alguien que estaba ubicado vendiendo productos que elabora para ganarse la vida. Colgantes, pulseras, caravanas y cosas por el estilo, eran las que se exhibían en una vereda de la ciudad cerca de un centro educativo.

De repente el hombre es abordado por un policía. “No puede estar acá”, le dijo el policía que se identifica como

Hugo Lemos

Hugo Lemos

“comunitario”. “¿Por qué?”, replicó el vendedor. “Porque está prohibido vender cerca del liceo”, contestó el Policía y le ordenó retirarse. Lo que el policía no le dijo es que frente al liceo hay varios kioscos donde venden cigarrillos a los estudiantes que son todos menores de edad lo que sí está prohibido expender a los menores y nadie cierra el kiosco por eso.

Pero tampoco le exhibió la mentada ley, ni supo contestarle cuál era, la que prohíbe que alguien venda en la calle los productos que elabora, mientras éstos no sean nocivos para nadie ni afecten la seguridad y el orden público. Lo cual fue argumentado por el vendedor, lo que le costó algunas horas en la Seccional.

Más allá de esta situación, la detención de personas por parte de la Policía no puede ser arbitraria. Sino que debe ser contemplada dentro de las razones que el caso amerita. Si bien la Constitución de la República establece cuáles son las pautas para que se produzca la detención de una persona, la ley de procedimiento policial que fue sancionada por el parlamento hace algunos años, define además el concepto de detención y establece quiénes son las personas que pueden ser detenidas y en qué casos debe ocurrir tal cosa.

Acercarnos un poco al tema puede despejarnos dudas, y ayudarnos a saber dónde estamos parados cuando una situación de esta naturaleza ocurre y nos toma por sorpresa.

LA DETENCION

La ley 18.315, de procedimiento policial, fue sancionada en 2009 y busca establecer especificidades de la acción policial, para que dentro de un margen adecuado, razonado y de sentido común, el funcionario policial ajuste su conducta a la situación planteada. En ese marco, es el que el artículo 38 de la citada ley establece el Concepto de Detención, que debe manejar la policía, ciñéndose a lo que la norma refiere a la hora de proceder a detener a una persona.

Según la ley de marras, por detención se entiende “privar de la libertad ambulatoria a una persona, haciéndose responsable de ella, conforme con lo establecido por el artículo 15 de la Constitución de la República y las leyes vigentes”.

Y en ese marco de referencia, el artículo 15 de la Constitución de la República, es claro. “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. La norma de referencia establece el principio de habeas corpus. El hábeas corpus es un instituto jurídico que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarios. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo estricto y determinado ante el juez, el que decidirá la suerte de la persona y si encuentra motivos para que sea arrestado.

Además, quien es detenido, debe estar cometiendo un delito, o debe estar en estado de flagrancia sea ésta propia o impropia. Cuando la norma dice que para ser detenido se debe estar en “infraganti delito”, quiere decir que el individuo debe estar cometiendo un delito. Y cuando señala que por lo menos debe haber “semiplena prueba”, quiere decir que debe haber indicios claros de que hay intención de cometer un delito, o que hay elementos que indican que esa persona estuvo vinculada al delito que se quiere sancionar.

Además, debe haber una comunicación con el juez penal de turno, quien determina si esa persona deberá ser sometida a un procedimiento o liberada. Esto limita la acción policial en cuanto a las detenciones arbitrarias.

La situación de inseguridad nos agobia a todos, pero muchas veces han pagado el precio de padecer un mal momento, quienes han sido víctima del agobio de policías consustanciados con su deber.

Pero todo tiene un límite y es bueno estar al tanto.

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La publicidad del proceso existe

El artículo 7° del Código General del Proceso (CGP) es claro. Allí rige el denominado principio de “publicidad del proceso”. Y establece que “todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes”.
Sin embargo, este no parece ser el principio rector por el cual se rigen los tribunales al momento de que un justiciable, interesado en su causa, ya sea civil, penal, laboral o de otra índole, quiere informarse sobre el estado de la misma. Algo que parece grave.
Pero igual de grave, es cuando una persona cualquiera, interesada en conocer cómo se está dilucidando un caso, ya sea motivada por interés propio en ese caso concreto, o porque simplemente está dispuesto a conocer de qué manera razonaron los operadores jurídicos determinado asunto, y si la administración pública actuó con claridad y sesgos de cristalinidad en él, y aún amparado por el principio de marras, refrendado en el citado artículo del CGP, se le niega, como práctica común cada vez que es solicitado un expediente por un justiciable, sin siquiera tener en cuenta los motivos de su interés.
Lo peor del caso, es que este tipo de situaciones se ha vuelto algo común entre los funcionarios judiciales, que miran con mala cara a quien concurre a solicitar un expediente a la baranda de un juzgado, con la intención de saber qué está pasando con determinado caso.
Como si fuera un secreto de Estado, lo ocultan y eso no habla bien de la transparencia que debe tener el sistema judicial de nuestro país, del cual los funcionarios son los absolutos responsables de su funcionamiento.
No pueden irrogarse el derecho de otro a saber. No pueden saltearse el principio de publicidad del proceso debidamente reglamentado en nuestro CGP. No pueden alterar el funcionamiento de la justicia por temor a ser observados por sus jerarcas, o por simple pereza, que no se cuál de las dos conductas es más grave y digna de sanción.
El artículo 7º es claro. Si no hay una resolución expresa del juez, que establece la reserva del caso, o salvo petición de las partes involucradas, todos los expedientes, así como las actuaciones dentro de un juzgado, son públicos, salvo las que por razones de seguridad sean expresamente mencionadas.
La mala práctica hace al incumplimiento de los principios del debido proceso, y esto vulnera derechos de los justiciables en forma sistemática, algo que no puede ocurrir nunca.
Los encargados de hacer que la cosa ande, que la administración pública funcione, tal como dicen los reglamentos y las leyes, deben cambiar su mentalidad y saber que el sistema no es antojadizo ni improvisado, que está rígidamente establecido y que de la misma manera en que se aplica para el cumplimiento de las reglas establecidas para una formalidad tan importante como la presentación de un escrito, deben cumplirse para todos los casos sin excepción.
Por esa razón, reitero, el principio de publicidad del proceso, debe ser formalmente cumplido. Y si una persona quiere ejercerlo, cuando se acerca a la baranda de un juzgado, debe acceder a su petición sin más, salvo las excepciones que establece la ley.

El artículo 7° del Código General del Proceso (CGP) es claro. Allí rige el denominado principio de “publicidad del proceso”.

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Y establece que “todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes”.

Sin embargo, este no parece ser el principio rector por el cual se rigen los tribunales al momento de que un justiciable, interesado en su causa, ya sea civil, penal, laboral o de otra índole, quiere informarse sobre el estado de la misma. Algo que parece grave.

Pero igual de grave, es cuando una persona cualquiera, interesada en conocer cómo se está dilucidando un caso, ya sea motivada por interés propio en ese caso concreto, o porque simplemente está dispuesto a conocer de qué manera razonaron los operadores jurídicos determinado asunto, y si la administración pública actuó con claridad y sesgos de cristalinidad en él, y aún amparado por el principio de marras, refrendado en el citado artículo del CGP, se le niega, como práctica común cada vez que es solicitado un expediente por un justiciable, sin siquiera tener en cuenta los motivos de su interés.

Lo peor del caso, es que este tipo de situaciones se ha vuelto algo común entre los funcionarios judiciales, que miran con mala cara a quien concurre a solicitar un expediente a la baranda de un juzgado, con la intención de saber qué está pasando con determinado caso.

Como si fuera un secreto de Estado, lo ocultan y eso no habla bien de la transparencia que debe tener el sistema judicial de nuestro país, del cual los funcionarios son los absolutos responsables de su funcionamiento.

No pueden irrogarse el derecho de otro a saber. No pueden saltearse el principio de publicidad del proceso debidamente reglamentado en nuestro CGP. No pueden alterar el funcionamiento de la justicia por temor a ser observados por sus jerarcas, o por simple pereza, que no se cuál de las dos conductas es más grave y digna de sanción.

El artículo 7º es claro. Si no hay una resolución expresa del juez, que establece la reserva del caso, o salvo petición de las partes involucradas, todos los expedientes, así como las actuaciones dentro de un juzgado, son públicos, salvo las que por razones de seguridad sean expresamente mencionadas.

La mala práctica hace al incumplimiento de los principios del debido proceso, y esto vulnera derechos de los justiciables en forma sistemática, algo que no puede ocurrir nunca.

Los encargados de hacer que la cosa ande, que la administración pública funcione, tal como dicen los reglamentos y las leyes, deben cambiar su mentalidad y saber que el sistema no es antojadizo ni improvisado, que está rígidamente establecido y que de la misma manera en que se aplica para el cumplimiento de las reglas establecidas para una formalidad tan importante como la presentación de un escrito, deben cumplirse para todos los casos sin excepción.

Por esa razón, reitero, el principio de publicidad del proceso, debe ser formalmente cumplido. Y si una persona quiere ejercerlo, cuando se acerca a la baranda de un juzgado, debe acceder a su petición sin más, salvo las excepciones que establece la ley.

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Los contratos de sumisión

Los contratos por definición son una convención, o sea un acuerdo, por el cual una parte se obliga para con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente, para hacer o no hacer alguna cosa. Esto conlleva a que las partes obligadas, acuerden entre sí, qué es lo que quieren hacer. Es decir, utilizando su capacidad de negociación, la que tiene cualquier persona, llegan a un acuerdo y celebran un contrato.
Pero el mundo vertiginoso en el que vivimos nos impone una modalidad distinta para captar clientes a gran escala y vincularlos a los productos y servicios que ofrecen las distintas empresas. Los mismos están destinados a los consumidores. Para esto, existen los denominados contratos de adhesión, donde una de las partes se adhiere a los términos que establece la otra y se atiene a las obligaciones que le imponen a cambio de entregarle un producto o brindarle un servicio.
El contrato de adhesión es contrapuesto al contrato paritario en donde las partes discuten el contenido del negocio libremente, en un plano de igualdad, y forjan con su mutua colaboración todas las estipulaciones. En los últimos tiempos ha habido un aumento de la conflictividad legal en función del incumplimiento de los contratos de adhesión por parte de los consumidores, quienes muchas veces alegan vicios en la información por parte de quienes emiten los contratos.
En estos casos, existe una predeterminación del contenido contractual, por obra exclusiva de una de las partes. Establece sus cláusulas de manera rígida (o sea, inmodificables), porque deben ser aceptadas o rechazadas por quien se adhiere, pero nunca cambiadas de su formato original.
Entonces, la sucesiva adhesión del consumidor a este tipo contractual ha dado lugar, cada vez que el mismo deriva en un conflicto, a que haya supresión en la etapa de las tratativas, donde generalmente las partes buscan un acuerdo. Asimismo, se impone la superioridad económica del predisponente y se deja en evidencia el estado de necesidad del adherente, que se encuentra constreñido a tomar o dejar el esquema contractual ofrecido. Respecto a su naturaleza jurídica, podemos decir que la adhesión, no es una aceptación, sino una sumisión del particular a un reglamento, por tanto no se contrata, sino que se adhiere a lo que ya está hecho.

Los contratos por definición son una convención, o sea un acuerdo, por el cual una parte se obliga para con la otra o ambas

Hugo Lemos

Hugo Lemos

partes se obligan recíprocamente, para hacer o no hacer alguna cosa. Esto conlleva a que las partes obligadas, acuerden entre sí, qué es lo que quieren hacer. Es decir, utilizando su capacidad de negociación, la que tiene cualquier persona, llegan a un acuerdo y celebran un contrato.

Pero el mundo vertiginoso en el que vivimos nos impone una modalidad distinta para captar clientes a gran escala y vincularlos a los productos y servicios que ofrecen las distintas empresas. Los mismos están destinados a los consumidores. Para esto, existen los denominados contratos de adhesión, donde una de las partes se adhiere a los términos que establece la otra y se atiene a las obligaciones que le imponen a cambio de entregarle un producto o brindarle un servicio.

El contrato de adhesión es contrapuesto al contrato paritario en donde las partes discuten el contenido del negocio libremente, en un plano de igualdad, y forjan con su mutua colaboración todas las estipulaciones. En los últimos tiempos ha habido un aumento de la conflictividad legal en función del incumplimiento de los contratos de adhesión por parte de los consumidores, quienes muchas veces alegan vicios en la información por parte de quienes emiten los contratos.

En estos casos, existe una predeterminación del contenido contractual, por obra exclusiva de una de las partes. Establece sus cláusulas de manera rígida (o sea, inmodificables), porque deben ser aceptadas o rechazadas por quien se adhiere, pero nunca cambiadas de su formato original.

Entonces, la sucesiva adhesión del consumidor a este tipo contractual ha dado lugar, cada vez que el mismo deriva en un conflicto, a que haya supresión en la etapa de las tratativas, donde generalmente las partes buscan un acuerdo. Asimismo, se impone la superioridad económica del predisponente y se deja en evidencia el estado de necesidad del adherente, que se encuentra constreñido a tomar o dejar el esquema contractual ofrecido. Respecto a su naturaleza jurídica, podemos decir que la adhesión, no es una aceptación, sino una sumisión del particular a un reglamento, por tanto no se contrata, sino que se adhiere a lo que ya está hecho.

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Más que un tiempo de reclusión

La libertad anticipada es un beneficio con el que cuenta una persona que se encuentra en reclusión, tratándose de una contemplación especial en algunos casos y de orden en otros, para lo cual no solamente se tiene en cuenta el tiempo que ha pasado en reclusión el individuo, sino que además se toman como requisitos imprescindibles otros elementos que deben hablar bien de su personalidad, así como de las posibilidades de recuperación y rehabilitación del interesado.
Ante la resonancia pública que ha tenido la solicitud para obtener este beneficio, por parte del primer asesino serial del Uruguay, Pablo Goncálvez, damos a conocer de qué se trata este instituto legal y quiénes pueden acceder al mismo. Aunque cada caso es único y no hay un criterio universal por parte de la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano que puede decidir sobre estos asuntos, para adoptarlos.
LIBERTADES
Actualmente en materia de libertad anticipada, su regulación está prevista en el artículo 328 del Código del Proceso Penal, de acuerdo al cual, para obtener dicho beneficio se requiere: a) Si la condena es de penitenciaría (o sea más de dos en la cárcel), el penado debe haber cumplido la mitad de la pena impuesta; b) Si la pena es de prisión (menos de 24 meses en reclusión) o multa, en cualquier momento del tiempo de reclusión y c) si se ha aplicado una medida de seguridad eliminativa, cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena.
Si bien estos requisitos son necesarios para que un penado en las condiciones expuestas más arriba, pueda solicitar la libertad anticipada, los mismos no son suficientes para el otorgamiento de la misma, ya que también existen otras pautas importantes como el caso de un informe de parte del Instituto Nacional de Criminología, otro que debe hacer el establecimiento carcelario donde se encuentra el interesado juzgando su conducta interna y su relacionamiento con el resto de los internos, así como también, un informe elaborado con todo esto, por parte del juez actuante, que es quien condenó al sujeto, o el que preside el juzgado donde fue condenada esta persona.
Y finalmente, la consideración pasa únicamente por la aprobación de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, a la que le corresponde la responsabilidad de resolver en definitiva este tema.
Pero asimismo, la única posibilidad de acceder en forma directa a la libertad anticipada tendiendo en cuenta el cumplimiento de los dos tercios de la pena impuesta al recluso, siempre que existan signos de rehabilitación, subsiste exclusivamente para aquellos penados que estaban recluidos al mes de mayo de 1993, a la fecha en que inició su vigencia la Ley 16.349, y que la Corte, con criterio amplio favorable al penado, incluye además a los casos donde hay cúmulos de causas (es decir, más de una causa en un sujeto), alguna de las cuales sea de fecha anterior a la ley últimamente citada. Por lo tanto, nadie es pasible de ser liberado únicamente por haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta.

La libertad anticipada es un beneficio con el que cuenta una persona que se encuentra en reclusión, tratándose de unahugo lemoscontemplación especial en algunos casos y de orden en otros, para lo cual no solamente se tiene en cuenta el tiempo que ha pasado en reclusión el individuo, sino que además se toman como requisitos imprescindibles otros elementos que deben hablar bien de su personalidad, así como de las posibilidades de recuperación y rehabilitación del interesado.

Ante la resonancia pública que ha tenido la solicitud para obtener este beneficio, por parte del primer asesino serial del Uruguay, Pablo Goncálvez, damos a conocer de qué se trata este instituto legal y quiénes pueden acceder al mismo. Aunque cada caso es único y no hay un criterio universal por parte de la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano que puede decidir sobre estos asuntos, para adoptarlos.

LIBERTADES

Actualmente en materia de libertad anticipada, su regulación está prevista en el artículo 328 del Código del Proceso Penal, de acuerdo al cual, para obtener dicho beneficio se requiere: a) Si la condena es de penitenciaría (o sea más de dos en la cárcel), el penado debe haber cumplido la mitad de la pena impuesta; b) Si la pena es de prisión (menos de 24 meses en reclusión) o multa, en cualquier momento del tiempo de reclusión y c) si se ha aplicado una medida de seguridad eliminativa, cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena.

Si bien estos requisitos son necesarios para que un penado en las condiciones expuestas más arriba, pueda solicitar la libertad anticipada, los mismos no son suficientes para el otorgamiento de la misma, ya que también existen otras pautas importantes como el caso de un informe de parte del Instituto Nacional de Criminología, otro que debe hacer el establecimiento carcelario donde se encuentra el interesado juzgando su conducta interna y su relacionamiento con el resto de los internos, así como también, un informe elaborado con todo esto, por parte del juez actuante, que es quien condenó al sujeto, o el que preside el juzgado donde fue condenada esta persona.

Y finalmente, la consideración pasa únicamente por la aprobación de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, a la que le corresponde la responsabilidad de resolver en definitiva este tema.

Pero asimismo, la única posibilidad de acceder en forma directa a la libertad anticipada tendiendo en cuenta el cumplimiento de los dos tercios de la pena impuesta al recluso, siempre que existan signos de rehabilitación, subsiste exclusivamente para aquellos penados que estaban recluidos al mes de mayo de 1993, a la fecha en que inició su vigencia la Ley 16.349, y que la Corte, con criterio amplio favorable al penado, incluye además a los casos donde hay cúmulos de causas (es decir, más de una causa en un sujeto), alguna de las cuales sea de fecha anterior a la ley últimamente citada. Por lo tanto, nadie es pasible de ser liberado únicamente por haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta.

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Más que un tiempo de reclusión

La libertad anticipada es un beneficio con el que cuenta una persona que se encuentra en reclusión, tratándose de una contemplación especial en algunos casos y de orden en otros, para lo cual no solamente se tiene en cuenta el tiempo que ha pasado en reclusión el individuo, sino que además se toman como requisitos imprescindibles otros elementos que deben hablar bien de su personalidad, así como de las posibilidades de recuperación y rehabilitación del interesado.

Ante la resonancia pública que ha tenido la solicitud para obtener este beneficio, por parte del primer asesino serial del Uruguay, Pablo Goncálvez, damos a conocer de qué se trata este instituto legal y quiénes pueden acceder al mismo. Aunque cada caso es único y no hay un criterio universal por parte de la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano que puede decidir sobre estos asuntos, para adoptarlos.

LIBERTADES

Actualmente en materia de libertad anticipada, su regulación está prevista en el artículo 328 del Código del Proceso Penal, de acuerdo al cual, para obtener dicho beneficio se requiere: a) Si la condena es de penitenciaría (o sea más de dos en la cárcel), el penado debe haber cumplido la mitad de la pena impuesta; b) Si la pena es de prisión (menos de 24 meses en reclusión) o multa, en cualquier momento del tiempo de reclusión y c) si se ha aplicado una medida de seguridad eliminativa, cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena.

Si bien estos requisitos son necesarios para que un penado en las condiciones expuestas más arriba, pueda solicitar la libertad anticipada, los mismos no son suficientes para el otorgamiento de la misma, ya que también existen otras pautas importantes como el caso de un informe de parte del Instituto Nacional de Criminología, otro que debe hacer el establecimiento carcelario donde se encuentra el interesado juzgando su conducta interna y su relacionamiento con el resto de los internos, así como también, un informe elaborado con todo esto, por parte del juez actuante, que es quien condenó al sujeto, o el que preside el juzgado donde fue condenada esta persona.

Y finalmente, la consideración pasa únicamente por la aprobación de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, a la que le corresponde la responsabilidad de resolver en definitiva este tema.

Pero asimismo, la única posibilidad de acceder en forma directa a la libertad anticipada tendiendo en cuenta el cumplimiento de los dos tercios de la pena impuesta al recluso, siempre que existan signos de rehabilitación, subsiste exclusivamente para aquellos penados que estaban recluidos al mes de mayo de 1993, a la fecha en que inició su vigencia la Ley 16.349, y que la Corte, con criterio amplio favorable al penado, incluye además a los casos donde hay cúmulos de causas (es decir, más de una causa en un sujeto), alguna de las cuales sea de fecha anterior a la ley últimamente citada. Por lo tanto, nadie es pasible de ser liberado únicamente por haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta.

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¿Equilibrio o pérdida de empleo?

Desde hace un tiempo a esta parte, el trabajo doméstico ha sido ponderado a través de su reglamentación con la Ley Nº 18.065. El gobierno a través del impulso de esta ley dijo que trató de “lograr un equilibrio entre los trabajadores y el respeto de sus derechos”.
Aunque el régimen legal del sector disparó los conflictos laborales, y ocasionó un dicotomía importante con su espíritu de colaborar con los afectados. al punto que contratar un servicio doméstico se ha tornado difícil para los empleadores, ya que muchas casas de familia, que no son empresas, ya no acceden a poder pagar todo lo que la ley impone y en ese sentido, se pierden fuentes de trabajo.
TRABAJO DOMÉSTICO
Según la norma, el trabajo doméstico es el que presta, en relación de dependencia, una persona a otra, o a una familia, y tiene como objeto el cuidado y el trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a éste, sin que las mismas representen para el empleador una ganancia económica directa.
En ese sentido se limita la jornada laboral de estos trabajadores, en un máximo de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.
Aunque, en ese sentido, el descanso intermedio está reglamentado de igual manera que para los trabajadores de la industria, cuando es de ocho horas continuas, el mismo será de media hora pagada como trabajo efectivo. Eso en el caso de quienes desarrollen la actividad en el régimen denominado “con retiro”, o sea, que terminen su jornada y regresen a su casa. Pero tratándose de trabajadores “sin retiro”, el descanso intermedio tendrá una duración mínima de dos horas.
En ambos casos, las partes fijarán de común acuerdo la hora de inicio y finalización del descanso intermedio. El mismo comienza a computarse a partir de la quinta hora consecutiva de trabajo.
En el caso del descanso semanal, el mismo será de treinta y seis horas ininterrumpidas, que comprenderá todo el día domingo, pudiendo acordar las partes el día de la semana en que se gozará el descanso restante.
Al tiempo que el artículo 5º de dicha ley reglamenta el descanso nocturno de los trabajadores que desarrollen su actividad en el régimen denominado “sin retiro” o “con cama”, quienes tendrán derecho a un descanso mínimo nocturno de nueve horas continuas que no podrá ser interrumpido por el empleador, así como a una alimentación adecuada y a una habitación higiénica y privada.
Se dispone en estos casos, la indemnización por despido, tanto para trabajadores mensuales como jornaleros, los que tendrán derecho a indemnización por despido a partir de haber cumplido los noventa días corridos de iniciada la relación laboral, rigiéndose en lo demás por las normas generales sobre despido.

Desde hace un tiempo a esta parte, el trabajo doméstico ha sido ponderado a través de su reglamentación con la Ley Nº 18.065. El gobierno a través del impulso de esta ley dijo que trató de “lograr un equilibrio entre los trabajadores y el respeto de sus derechos”.

Aunque el régimen legal del sector disparó los conflictos laborales, y ocasionó un dicotomía importante con su espíritu de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

colaborar con los afectados. al punto que contratar un servicio doméstico se ha tornado difícil para los empleadores, ya que muchas casas de familia, que no son empresas, ya no acceden a poder pagar todo lo que la ley impone y en ese sentido, se pierden fuentes de trabajo.

TRABAJO DOMÉSTICO

Según la norma, el trabajo doméstico es el que presta, en relación de dependencia, una persona a otra, o a una familia, y tiene como objeto el cuidado y el trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a éste, sin que las mismas representen para el empleador una ganancia económica directa.

En ese sentido se limita la jornada laboral de estos trabajadores, en un máximo de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.

Aunque, en ese sentido, el descanso intermedio está reglamentado de igual manera que para los trabajadores de la industria, cuando es de ocho horas continuas, el mismo será de media hora pagada como trabajo efectivo. Eso en el caso de quienes desarrollen la actividad en el régimen denominado “con retiro”, o sea, que terminen su jornada y regresen a su casa. Pero tratándose de trabajadores “sin retiro”, el descanso intermedio tendrá una duración mínima de dos horas.

En ambos casos, las partes fijarán de común acuerdo la hora de inicio y finalización del descanso intermedio. El mismo comienza a computarse a partir de la quinta hora consecutiva de trabajo.

En el caso del descanso semanal, el mismo será de treinta y seis horas ininterrumpidas, que comprenderá todo el día domingo, pudiendo acordar las partes el día de la semana en que se gozará el descanso restante.

Al tiempo que el artículo 5º de dicha ley reglamenta el descanso nocturno de los trabajadores que desarrollen su actividad en el régimen denominado “sin retiro” o “con cama”, quienes tendrán derecho a un descanso mínimo nocturno de nueve horas continuas que no podrá ser interrumpido por el empleador, así como a una alimentación adecuada y a una habitación higiénica y privada.

Se dispone en estos casos, la indemnización por despido, tanto para trabajadores mensuales como jornaleros, los que tendrán derecho a indemnización por despido a partir de haber cumplido los noventa días corridos de iniciada la relación laboral, rigiéndose en lo demás por las normas generales sobre despido.

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La responsabilidad del porte de armas

Las armas no son malas, malos son los que las usan para hacer daño. Aunque muchos otros entienden que las mismas son necesarias, ya que en los tiempos que vivimos, donde reina la inseguridad, muchas de las decisiones que tomamos para defendernos pasan por contar con un elemento de estas características al menos para generar temeridad ante un posible ataque de nuestra morada. Si bien nada de esto último es lo más recomendable, a mi juicio, contar con un arma en casa es tan peligroso como dejar la puerta abierta y esperar a que cualquiera ingrese y nos cause un daño.
Por otro lado, según los datos que maneja el Ministerio del Interior, las consultas por los trámites para porte de armas han aumentado considerablemente en el último año. Lo que no significa que la demanda de compra exista, sino que hay intenciones de conocer qué indica la ley para tener consigo un arma de fuego. Aunque más allá de lo que pueda expresar un texto legal, el requisito fundamental siempre debe ser la responsabilidad.
ARMADOS
La última reglamentación para estos casos fue el decreto presidencial Nº231 del año 2002, dictado en pleno año de crisis social y económica, donde aumentaron los delitos y el índice de suicidios, emanado por el Poder Ejecutivo, encabezado por Jorge Batlle.
Este decreto sustituye uno más viejo del 22 de diciembre de 1970, por el siguiente: “Toda persona mayor de 18 años que desee adquirir armas de fuego, deberá obtener previamente un Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas -en adelante «THATA»-, expedido por la Jefatura de Policía de cada departamento en que se domicilie, tramitado – cuando se trate de personas domiciliadas en el interior del país- a través de las respectivas Seccionales Policiales”.
El título expedido tiene validez en todo el territorio nacional pudiendo ser renovado cumpliendo idénticas formalidades. Y dice que “en los casos de transferencia de la propiedad o posesión de armas de fuego de libre comercio, se prohíbe la entrega efectiva de las armas, sin la presentación del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas».
Si del referido Certificado surgen antecedentes, el Ministerio del Interior valorará la naturaleza, entidad y antigüedad del delito cometido a los efectos de determinar si los mismos constituyen un impedimento para expedir dicho documento o para determinar su caducidad en el caso que ya hubiere sido expedido. O sea que si el delito cometido, fue un caso de lesiones por un accidente de tránsito a raíz del cual cumplió pena de prisión, por ejemplo, el portador de armas podrá continuar o contar con el mismo sin problemas.
La solicitud del THATA se realizará mediante formularios donde se indican: nombre, domicilio, documento de identidad, edad, impresión dígito pulgar, y firma del solicitante, mediante datos suministrados con exhibición de documentos y bajo declaración jurada.
El interesado deberá presentar fotocopia de la Cédula de Identidad; constancia de tramitación del Certificado de Antecedentes Judiciales; «Certificado de aptitud psicofísica» expedido por los profesionales e instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud pública, y constancia laboral o justificativo de ingresos. Cuando el THATA se tramite por primera vez, el interesado deberá presentar además un «Certificado de idoneidad de conocimientos básicos sobre seguridad y manejo de armas»

Las armas no son malas, malos son los que las usan para hacer daño. Aunque muchos otros entienden que las mismas son

Hugo Lemos

Hugo Lemos

necesarias, ya que en los tiempos que vivimos, donde reina la inseguridad, muchas de las decisiones que tomamos para defendernos pasan por contar con un elemento de estas características al menos para generar temeridad ante un posible ataque de nuestra morada. Si bien nada de esto último es lo más recomendable, a mi juicio, contar con un arma en casa es tan peligroso como dejar la puerta abierta y esperar a que cualquiera ingrese y nos cause un daño.

Por otro lado, según los datos que maneja el Ministerio del Interior, las consultas por los trámites para porte de armas han aumentado considerablemente en el último año. Lo que no significa que la demanda de compra exista, sino que hay intenciones de conocer qué indica la ley para tener consigo un arma de fuego. Aunque más allá de lo que pueda expresar un texto legal, el requisito fundamental siempre debe ser la responsabilidad.

ARMADOS

La última reglamentación para estos casos fue el decreto presidencial Nº231 del año 2002, dictado en pleno año de crisis social y económica, donde aumentaron los delitos y el índice de suicidios, emanado por el Poder Ejecutivo, encabezado por Jorge Batlle.

Este decreto sustituye uno más viejo del 22 de diciembre de 1970, por el siguiente: “Toda persona mayor de 18 años que desee adquirir armas de fuego, deberá obtener previamente un Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas -en adelante «THATA»-, expedido por la Jefatura de Policía de cada departamento en que se domicilie, tramitado – cuando se trate de personas domiciliadas en el interior del país- a través de las respectivas Seccionales Policiales”.

El título expedido tiene validez en todo el territorio nacional pudiendo ser renovado cumpliendo idénticas formalidades. Y dice que “en los casos de transferencia de la propiedad o posesión de armas de fuego de libre comercio, se prohíbe la entrega efectiva de las armas, sin la presentación del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas».

Si del referido Certificado surgen antecedentes, el Ministerio del Interior valorará la naturaleza, entidad y antigüedad del delito cometido a los efectos de determinar si los mismos constituyen un impedimento para expedir dicho documento o para determinar su caducidad en el caso que ya hubiere sido expedido. O sea que si el delito cometido, fue un caso de lesiones por un accidente de tránsito a raíz del cual cumplió pena de prisión, por ejemplo, el portador de armas podrá continuar o contar con el mismo sin problemas.

La solicitud del THATA se realizará mediante formularios donde se indican: nombre, domicilio, documento de identidad, edad, impresión dígito pulgar, y firma del solicitante, mediante datos suministrados con exhibición de documentos y bajo declaración jurada.

El interesado deberá presentar fotocopia de la Cédula de Identidad; constancia de tramitación del Certificado de Antecedentes Judiciales; «Certificado de aptitud psicofísica» expedido por los profesionales e instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud pública, y constancia laboral o justificativo de ingresos. Cuando el THATA se tramite por primera vez, el interesado deberá presentar además un «Certificado de idoneidad de conocimientos básicos sobre seguridad y manejo de armas»

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Seguro de Paro: nunca se sabe

Un programa de seguro por desempleo consiste en una transferencia para cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador al quedar sin su labor en forma imprevista. El aporte es realizado por el Banco de Previsión Social a través de un subsidio que ha generado el trabajador mediante sus aportes durante su actividad.
El mismo se inscribe como una política social importante que brinda el Estado a manera de soporte a los trabajadores que sufren la pérdida de ingresos y para paliar la situación económica generada. Está regulado por el Decreto – Ley Nº 15.180 del 20 de agosto de 1981, y reglamentado por el Decreto 14/82 del 19 de enero de 1982, esa fue la primera aparición de este subsidio tras ser suspendido por la dictadura militar en 1973 con la supresión de derechos y garantías.
Actualmente tienen derecho todos los trabajadores ocupados habitualmente en cualquier actividad remunerada, comprendidos en las leyes que amparan el Sector de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y el Comercio. Para que nazca el derecho al Seguro de Paro, se requiere que el empleado haya sido registrado en la Planilla de Trabajo de alguna empresa por el término de seis meses, si es trabajador mensual.
En el caso de los jornaleros remunerados por día o por hora, deben haber computado 150 jornales. En el caso de los destajistas, se exige haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales. En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal. Para tener derecho a un nuevo período de subsidio por Seguro de Paro, debe transcurrir un nuevo plazo de 12 meses desde que terminó la prestación anterior.
Las empresas están obligadas a llenar los formularios que el trabajador necesite para gestionar el cobro del subsidio, dentro de los 10 días hábiles de producido el despido o la suspensión, y dar toda la información que se le exija.
Entregue o no los formularios el empleador, el trabajador tiene un plazo de 30 días corridos para comenzar los trámites, bajo pena de perder el derecho al subsidio.
No tienen derecho al Seguro de Paro: Los jubilados, o los que perciban otros ingresos monetarios con regularidad. Los que están en huelga y por el período que ésta dure. Los que hacen abandono voluntario del trabajo. Los despedidos por notoria mala conducta o suspendidos por razones disciplinarias, lo que se probará en el expediente administrativo que realice el Seguro de Paro.
El Seguro de Paro lo perciben aún en el caso que cobren indemnización por despido. Si el trabajador fuere casado o tuviere a su cargo familiares incapaces hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de 21 años, recibirán un suplemento del 20 %.
El monto del subsidio del trabajador mensual es del 50 % del promedio mensual de los últimos seis meses, no pudiendo ser nunca inferior a la mitad del salario mínimo nacional.
Los jornaleros percibirán el equivalente a 12 jornales mensuales, no pudiendo ser inferior al 50% del salario mínimo mensual. El monto de cada jornal se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores al configurarse la causal multiplicado por 150. En ningún caso, el subsidio podrá superar el equivalente a ocho salarios mínimos nacionales. Tienen derecho al subsidio por el término de seis meses, los mensuales y por un total de 72 jornales, los jornaleros.
Cesa el derecho a seguir percibiendo el subsidio: Cuando el empleado reingrese a cualquier actividad remunerada. Cuando rechazare sin una causa legítima un empleo conveniente. Cuando se acoja a la jubilación. También es causal para el otorgamiento del subsidio por desempleo, la reducción en el mes de la jornada de trabajo, o en el día de las horas trabajadas, en un porcentaje del 25 % o más del legal o habitual en épocas normales, salvo que la eventualidad del trabajo reducido hubiese sido pactada expresamente o sea característica de la profesión o empleo aunque se trate de un trabajador mensual. En este caso, el subsidio a cobrar será igual a la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado como en el caso del jornalero, y lo efectivamente percibido en el período mediante el cual se sirve el subsidio.
Trabajadores Rurales
El Decreto 211/01 de 8 de junio de 2001 incorpora a los trabajadores rurales que prestan servicios remunerados a terceros, al régimen de seguro por desempleo regulado.

Un programa de seguro por desempleo consiste en una transferencia para cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador al quedar sin su labor en forma imprevista. El aporte es realizado por el Banco de Previsión Social a través de un subsidio que ha generado el trabajador mediante sus aportes durante su actividad.

El mismo se inscribe como una política social importante que brinda el Estado a manera de soporte a los trabajadores que

Hugo Lemos

Hugo Lemos

sufren la pérdida de ingresos y para paliar la situación económica generada. Está regulado por el Decreto – Ley Nº 15.180 del 20 de agosto de 1981, y reglamentado por el Decreto 14/82 del 19 de enero de 1982, esa fue la primera aparición de este subsidio tras ser suspendido por la dictadura militar en 1973 con la supresión de derechos y garantías.

Actualmente tienen derecho todos los trabajadores ocupados habitualmente en cualquier actividad remunerada, comprendidos en las leyes que amparan el Sector de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y el Comercio. Para que nazca el derecho al Seguro de Paro, se requiere que el empleado haya sido registrado en la Planilla de Trabajo de alguna empresa por el término de seis meses, si es trabajador mensual.

En el caso de los jornaleros remunerados por día o por hora, deben haber computado 150 jornales. En el caso de los destajistas, se exige haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales. En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal. Para tener derecho a un nuevo período de subsidio por Seguro de Paro, debe transcurrir un nuevo plazo de 12 meses desde que terminó la prestación anterior.

Las empresas están obligadas a llenar los formularios que el trabajador necesite para gestionar el cobro del subsidio, dentro de los 10 días hábiles de producido el despido o la suspensión, y dar toda la información que se le exija.

Entregue o no los formularios el empleador, el trabajador tiene un plazo de 30 días corridos para comenzar los trámites, bajo pena de perder el derecho al subsidio.

No tienen derecho al Seguro de Paro: Los jubilados, o los que perciban otros ingresos monetarios con regularidad. Los que están en huelga y por el período que ésta dure. Los que hacen abandono voluntario del trabajo. Los despedidos por notoria mala conducta o suspendidos por razones disciplinarias, lo que se probará en el expediente administrativo que realice el Seguro de Paro.

El Seguro de Paro lo perciben aún en el caso que cobren indemnización por despido. Si el trabajador fuere casado o tuviere a su cargo familiares incapaces hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de 21 años, recibirán un suplemento del 20 %.

El monto del subsidio del trabajador mensual es del 50 % del promedio mensual de los últimos seis meses, no pudiendo ser nunca inferior a la mitad del salario mínimo nacional.

Los jornaleros percibirán el equivalente a 12 jornales mensuales, no pudiendo ser inferior al 50% del salario mínimo mensual. El monto de cada jornal se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores al configurarse la causal multiplicado por 150. En ningún caso, el subsidio podrá superar el equivalente a ocho salarios mínimos nacionales. Tienen derecho al subsidio por el término de seis meses, los mensuales y por un total de 72 jornales, los jornaleros.

Cesa el derecho a seguir percibiendo el subsidio: Cuando el empleado reingrese a cualquier actividad remunerada. Cuando rechazare sin una causa legítima un empleo conveniente. Cuando se acoja a la jubilación. También es causal para el otorgamiento del subsidio por desempleo, la reducción en el mes de la jornada de trabajo, o en el día de las horas trabajadas, en un porcentaje del 25 % o más del legal o habitual en épocas normales, salvo que la eventualidad del trabajo reducido hubiese sido pactada expresamente o sea característica de la profesión o empleo aunque se trate de un trabajador mensual. En este caso, el subsidio a cobrar será igual a la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado como en el caso del jornalero, y lo efectivamente percibido en el período mediante el cual se sirve el subsidio.

Trabajadores Rurales

El Decreto 211/01 de 8 de junio de 2001 incorpora a los trabajadores rurales que prestan servicios remunerados a terceros, al régimen de seguro por desempleo regulado.

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Prescripción de créditos laborales, una conquista de la patronal

El mundo de las relaciones laborales ha cambiado. Eso nadie lo discute. Muchas de las cosas que pasaron en los últimos 7 años, tendieron a las transformaciones en aspectos fundamentales de los reclamos que los sindicatos venían amontonando desde hacía mucho tiempo atrás.
Los trabajadores lograron mejorar en muchos aspectos sus condiciones salariales y laborales, ya que los gobernantes de turno, entendían que debían equilibrar la relación entre patrono y obreros, la que se encontraba en clara desigualdad, siendo el trabajador el menos aventajado.
Entre una batería de medidas que fueron discutidas por el parlamento y posteriormente sancionadas como ley, se retomaron los Consejos de Salario, se limitó la jornada del trabajador rural, se legisló sobre la libertad sindical, entre otras cosas.
Pero si miramos un aspecto fundamental que hace a las relaciones laborales, como el caso de la prescripción de los créditos laborales, donde los trabajadores cuentan con un año a partir del momento en que se produce el cese de la relación de trabajo para reclamar los adeudos a la patronal, los trabajadores quedaron en desventaja ya que el tiempo se ha limitado con el correr de los años de una manera importante y esto ha producido, que muchas personas hayan perdido la oportunidad de reclamar lo que les corresponde.
LA LEY
En enero del 2007, el país aún se encontraba en plena transformación de aspectos fundamentales de las relaciones laborales. En ese momento, entre la serie de leyes aprobadas, las que habilitaron en muchos casos, tal como era previsible, un aumento altísimo de la conflictividad sindical, fue aprobado la Ley Nº 18.091, que modificó la prescripción de los créditos laborales.
Los mismos, que hasta ese momento podían ser reclamados en un plazo de dos años, tras bajar de los cinco anteriores, ahora solamente serían de un año. Algo que en su momento, fue criticado por los sindicalistas de la época que decían que se trataba de un gesto del gobierno hacia el sector empresarial, en el marco de las medidas aprobadas por la administración, como el reconocimiento de la ocupación como extensión del derecho de huelga.
CRÉDITOS O PRESTACIONES
LABORALES ORIGINADOS
EN LA RELACIÓN DE TRABAJO
En el artículo 1º, la ley sostiene que “las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan”. Es decir, si un trabajador cesó su relación de trabajo el 5 de julio del 2012, a partir del día siguiente, es decir, del 6 de julio, tiene un año para realizar el reclamo por adeudos impagos.
Mientras que en el artículo siguiente establece que el reclamo, versará sobre los últimos cinco años de trabajo. Es decir, “que sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles”.
Además, se trata de un aspecto no menor el hecho de que el reclamo solamente puede versar sobre los últimos cinco años de trabajo y no sobre el resto del tiempo que esa persona prestó servicios para la empresa reclamada. Un golpe efectista del gobierno de la época para que no se quejen tanto unos y no se agranden tanto los otros.

El mundo de las relaciones laborales ha cambiado. Eso nadie lo discute. Muchas de las cosas que pasaron en los últimos 7

Hugo Lemos

Hugo Lemos

años, tendieron a las transformaciones en aspectos fundamentales de los reclamos que los sindicatos venían amontonando desde hacía mucho tiempo atrás.

Los trabajadores lograron mejorar en muchos aspectos sus condiciones salariales y laborales, ya que los gobernantes de turno, entendían que debían equilibrar la relación entre patrono y obreros, la que se encontraba en clara desigualdad, siendo el trabajador el menos aventajado.

Entre una batería de medidas que fueron discutidas por el parlamento y posteriormente sancionadas como ley, se retomaron los Consejos de Salario, se limitó la jornada del trabajador rural, se legisló sobre la libertad sindical, entre otras cosas.

Pero si miramos un aspecto fundamental que hace a las relaciones laborales, como el caso de la prescripción de los créditos laborales, donde los trabajadores cuentan con un año a partir del momento en que se produce el cese de la relación de trabajo para reclamar los adeudos a la patronal, los trabajadores quedaron en desventaja ya que el tiempo se ha limitado con el correr de los años de una manera importante y esto ha producido, que muchas personas hayan perdido la oportunidad de reclamar lo que les corresponde.

LA LEY

En enero del 2007, el país aún se encontraba en plena transformación de aspectos fundamentales de las relaciones laborales. En ese momento, entre la serie de leyes aprobadas, las que habilitaron en muchos casos, tal como era previsible, un aumento altísimo de la conflictividad sindical, fue aprobado la Ley Nº 18.091, que modificó la prescripción de los créditos laborales.

Los mismos, que hasta ese momento podían ser reclamados en un plazo de dos años, tras bajar de los cinco anteriores, ahora solamente serían de un año. Algo que en su momento, fue criticado por los sindicalistas de la época que decían que se trataba de un gesto del gobierno hacia el sector empresarial, en el marco de las medidas aprobadas por la administración, como el reconocimiento de la ocupación como extensión del derecho de huelga.

CRÉDITOS O PRESTACIONES

LABORALES ORIGINADOS

EN LA RELACIÓN DE TRABAJO

En el artículo 1º, la ley sostiene que “las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan”. Es decir, si un trabajador cesó su relación de trabajo el 5 de julio del 2012, a partir del día siguiente, es decir, del 6 de julio, tiene un año para realizar el reclamo por adeudos impagos.

Mientras que en el artículo siguiente establece que el reclamo, versará sobre los últimos cinco años de trabajo. Es decir, “que sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles”.

Además, se trata de un aspecto no menor el hecho de que el reclamo solamente puede versar sobre los últimos cinco años de trabajo y no sobre el resto del tiempo que esa persona prestó servicios para la empresa reclamada. Un golpe efectista del gobierno de la época para que no se quejen tanto unos y no se agranden tanto los otros.

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El Estado como empresa

El nuevo mundo de los negocios ha generado una visión diferente por parte de los representantes del Estado, lo que dio lugar a la conformación de herramientas jurídicas distintas, que aspiran a hacer viables distintos aspectos de las relaciones económicas.
Por esa razón, a partir de la sanción de la ley de Participación Público Privada conocida como PPP, se pretende que los particulares puedan asociarse en algunos sectores de la actividad, como en infraestructura y logística, en proyectos conjuntos con los organismos institucionales, para que de esa manera pueda impulsarse una mayor dinámica en la economía y que el estado agilice su manera de trabajo yendo a la par del sector privado en temas fundamentales para el país.
Por eso, en esta entrega les acercamos una reseña de las consecuencias que trae aparejada la aplicación de la ley de PPP en nuestro país, de la que se apuesta a que ofrezca buenos resultados.
JUNTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.
Los contratos de PPP son realizados por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación.
Los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley.
Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”.
También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP).
Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos. Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.
“En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”.
A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.
Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva.
Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante. Aunque de lo que no se habla es el régimen al que se someterán los operarios de estas obras, algo que quedará pendiente para la próxima entrega.
(fuente: Presidencia de la República)

El nuevo mundo de los negocios ha generado una visión diferente por parte de los representantes del Estado, lo que dio

Hugo Lemos

Hugo Lemos

lugar a la conformación de herramientas jurídicas distintas, que aspiran a hacer viables distintos aspectos de las relaciones económicas.

Por esa razón, a partir de la sanción de la ley de Participación Público Privada conocida como PPP, se pretende que los particulares puedan asociarse en algunos sectores de la actividad, como en infraestructura y logística, en proyectos conjuntos con los organismos institucionales, para que de esa manera pueda impulsarse una mayor dinámica en la economía y que el estado agilice su manera de trabajo yendo a la par del sector privado en temas fundamentales para el país.

Por eso, en esta entrega les acercamos una reseña de las consecuencias que trae aparejada la aplicación de la ley de PPP en nuestro país, de la que se apuesta a que ofrezca buenos resultados.

JUNTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.

Los contratos de PPP son realizados por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación.

Los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley.

Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”.

También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP).

Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos. Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

“En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”.

A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.

Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva.

Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante. Aunque de lo que no se habla es el régimen al que se someterán los operarios de estas obras, algo que quedará pendiente para la próxima entrega.

(fuente: Presidencia de la República)

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Cómo actuar en grupo ante la justicia

Los intereses que atañen a una comunidad pueden ser defendidos en grupos de personas, que se vean lesionadas por el mismo hecho, más allá de que la vulneración de sus derechos ocurra de manera diferente.
Así, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es una muestra de ello y para promover acciones por parte de varias personas, que sientan vulnerado sus intereses en relación a ese tema, las mismas pueden actuar en lo que se denomina un litisconsorcio, que puede ser activo o pasivo y facultativo o litisconsorcio necesario, lo que veremos más adelante.
En Uruguay, el Código General del Proceso (CGP), que regula todos los procedimientos judiciales, desde los principios con los que se rigen en los tribunales, hasta cuáles son los efectos y los alcances de las distintas sentencias y resoluciones, establece la posibilidad que ante intereses diversos que afecten a un grupo de personas o a una comunidad, o que ante hechos que preocupen a personas de una misma comunidad, las mismas puedan actuar en conjunto, reclamando la intervención de la Justicia en esos casos.
Según el artículo 42 del CGP, la representación en el caso de que se presenten los llamados “intereses difusos”, establece que “en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.
Asimismo, dice que para actuar en estos procesos colectivos, se conformarán los denominados Litisconsorcio, que según el artículo 45, del texto normativo procesal, refiere a los facultativos, que son cuando “dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra”.
Aunque el mismo código prevé que salvo disposición legal en contrario, los litisconsortes serán considerados como litigantes independientes. Y señala que los actos de cada uno de ellos, no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes litigantes que conforman el litisconsorcio, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.
Mientras que el artículo 46 del CGP, señala que el litisconsorcio necesario es cuando por la naturaleza de la relación jurídica que es objeto de un proceso, no se pueda pronunciar una sentencia sin la presencia o emplazamiento de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.
Generalmente, este tipo de proceso colectivo no se da en casos de intereses difusos, aunque puede pasar que alguna organización o grupo de personas actúen en pos de un interés común, y el mismo fue puesto como un ejemplo de cómo puede operar la representación en temas que interesen a la comunidad. Sin embargo, el litisconsorcio, o el litigio en bloque, operan en casos donde es necesario la intervención de más de una persona para obtener un resultado, que generalmente es económico, como una sucesión, o un reclamo colectivo por daños. Lo importante es saber que se puede actuar, pero sobre todo saber que también hay requisitos y limitaciones que deben analizarse. Aunque en derecho, todo es posible.

Los intereses que atañen a una comunidad pueden ser defendidos en grupos de personas, que se vean lesionadas por el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

mismo hecho, más allá de que la vulneración de sus derechos ocurra de manera diferente.

Así, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es una muestra de ello y para promover acciones por parte de varias personas, que sientan vulnerado sus intereses en relación a ese tema, las mismas pueden actuar en lo que se denomina un litisconsorcio, que puede ser activo o pasivo y facultativo o litisconsorcio necesario, lo que veremos más adelante.

En Uruguay, el Código General del Proceso (CGP), que regula todos los procedimientos judiciales, desde los principios con los que se rigen en los tribunales, hasta cuáles son los efectos y los alcances de las distintas sentencias y resoluciones, establece la posibilidad que ante intereses diversos que afecten a un grupo de personas o a una comunidad, o que ante hechos que preocupen a personas de una misma comunidad, las mismas puedan actuar en conjunto, reclamando la intervención de la Justicia en esos casos.

Según el artículo 42 del CGP, la representación en el caso de que se presenten los llamados “intereses difusos”, establece que “en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.

Asimismo, dice que para actuar en estos procesos colectivos, se conformarán los denominados Litisconsorcio, que según el artículo 45, del texto normativo procesal, refiere a los facultativos, que son cuando “dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra”.

Aunque el mismo código prevé que salvo disposición legal en contrario, los litisconsortes serán considerados como litigantes independientes. Y señala que los actos de cada uno de ellos, no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes litigantes que conforman el litisconsorcio, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Mientras que el artículo 46 del CGP, señala que el litisconsorcio necesario es cuando por la naturaleza de la relación jurídica que es objeto de un proceso, no se pueda pronunciar una sentencia sin la presencia o emplazamiento de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.

Generalmente, este tipo de proceso colectivo no se da en casos de intereses difusos, aunque puede pasar que alguna organización o grupo de personas actúen en pos de un interés común, y el mismo fue puesto como un ejemplo de cómo puede operar la representación en temas que interesen a la comunidad. Sin embargo, el litisconsorcio, o el litigio en bloque, operan en casos donde es necesario la intervención de más de una persona para obtener un resultado, que generalmente es económico, como una sucesión, o un reclamo colectivo por daños. Lo importante es saber que se puede actuar, pero sobre todo saber que también hay requisitos y limitaciones que deben analizarse. Aunque en derecho, todo es posible.

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Qué hace el Estado con mis impuestos

La información está considerada un derecho humano y en ese sentido, los ciudadanos uruguayos tenemos derecho a saber todo lo que está pasando a nivel de la administración pública. Muchos tabúes se tejen al respecto. La cultura del secreto de Estado y la ausencia de información en todas las instituciones públicas es algo que ha ganado con el correr del tiempo, al punto que nadie piensa en acudir a una oficina estatal para saber qué pasa con tal o cual tema, aún cuando la Constitución de la República ampara este derecho desde su creación.
Tiempo después, a instancias de distintas organizaciones sociales y sindicales de nuestro país, fue sancionada a nivel parlamentario la ley de acceso a la información pública, Nº 18.381, a través de la cual cualquier ciudadano puede intimar a un organismo público, a la entrega de datos sobre el tema que desee saber.
El mecanismo que implementa esta ley, conmina a la administración a la entrega dentro de un plazo establecido y judicializa la petición, ya que el solicitante puede recurrir a la sede judicial de su ciudad, para que en caso de negativa u omisión, se intime a esa dependencia o gobierno, a que haga entrega de la información que está en su poder, bajo apercibimiento de pagar una multa en unidades indexadas por cada día que se cumpla sin la entrega la información solicitada.
La idea es terminar con la cultura del secretismo y abogar por la transparencia en la gestión pública. Aunque esta ley tiene una salvedad y es que no obliga a los organismos públicos a producir información con la que no cuenten para ser entregada al solicitante, sino que solamente intima a entregar la que obra en su poder.
QUIERO SABER
La información es un bien público y como tal es elemental para cualquier sociedad democrática. Pero a su vez, la transmisión de información sobre el andamiaje de la administración pública hace a la transparencia de la administración pública y a su vez, a la calidad del sistema democrático de los países.
En nuestra Constitución de la República, prácticamente desde sus orígenes fue establecido el derecho a saber. El artículo 30 de la Carta Magna dice que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.
Lo que ha sido utilizado en incontables ocasiones por distintos ciudadanos, y aunque si bien, la jerarquía jurídica de la Constitución no es discutible para nadie a la hora de aplicar un derecho, el mismo no está reglamentado ni establece plazos específicos para responder a las inquietudes de un ciudadano.
Por esa razón, es que en el año 2008, surge la Ley Nº 18.381, sobre derecho de acceso a la información pública.
La misma tiene como objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
A su vez la ley clasifica a la información pública como “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal”. Pero exceptúa de ser aportada las que sean consideradas “secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
Y hace extensivo este derecho a todas las personas sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Entre sus primeros artículos la ley señala que los organismos públicos deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.
Algo que no siempre ocurre, ya que existe el celo del funcionario y la cultura del secretismo, aunque esta herramienta legal intenta derrotar esa mentalidad que debería quedar en el pasado, si apostamos al desarrollo de una sociedad democrática y a la transparencia del Estado. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que se recibe la solicitud. En caso contrario, tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles.

La información está considerada un derecho humano y en ese sentido, los ciudadanos uruguayos

Hugo Lemos

Hugo Lemos

tenemos derecho a saber todo lo que está pasando a nivel de la administración pública. Muchos tabúes se tejen al respecto. La cultura del secreto de Estado y la ausencia de información en todas las instituciones públicas es algo que ha ganado con el correr del tiempo, al punto que nadie piensa en acudir a una oficina estatal para saber qué pasa con tal o cual tema, aún cuando la Constitución de la República ampara este derecho desde su creación.

Tiempo después, a instancias de distintas organizaciones sociales y sindicales de nuestro país, fue sancionada a nivel parlamentario la ley de acceso a la información pública, Nº 18.381, a través de la cual cualquier ciudadano puede intimar a un organismo público, a la entrega de datos sobre el tema que desee saber.

El mecanismo que implementa esta ley, conmina a la administración a la entrega dentro de un plazo establecido y judicializa la petición, ya que el solicitante puede recurrir a la sede judicial de su ciudad, para que en caso de negativa u omisión, se intime a esa dependencia o gobierno, a que haga entrega de la información que está en su poder, bajo apercibimiento de pagar una multa en unidades indexadas por cada día que se cumpla sin la entrega la información solicitada.

La idea es terminar con la cultura del secretismo y abogar por la transparencia en la gestión pública. Aunque esta ley tiene una salvedad y es que no obliga a los organismos públicos a producir información con la que no cuenten para ser entregada al solicitante, sino que solamente intima a entregar la que obra en su poder.

QUIERO SABER

La información es un bien público y como tal es elemental para cualquier sociedad democrática. Pero a su vez, la transmisión de información sobre el andamiaje de la administración pública hace a la transparencia de la administración pública y a su vez, a la calidad del sistema democrático de los países.

En nuestra Constitución de la República, prácticamente desde sus orígenes fue establecido el derecho a saber. El artículo 30 de la Carta Magna dice que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.

Lo que ha sido utilizado en incontables ocasiones por distintos ciudadanos, y aunque si bien, la jerarquía jurídica de la Constitución no es discutible para nadie a la hora de aplicar un derecho, el mismo no está reglamentado ni establece plazos específicos para responder a las inquietudes de un ciudadano.

Por esa razón, es que en el año 2008, surge la Ley Nº 18.381, sobre derecho de acceso a la información pública.

La misma tiene como objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

A su vez la ley clasifica a la información pública como “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal”. Pero exceptúa de ser aportada las que sean consideradas “secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.

Y hace extensivo este derecho a todas las personas sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

Entre sus primeros artículos la ley señala que los organismos públicos deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Algo que no siempre ocurre, ya que existe el celo del funcionario y la cultura del secretismo, aunque esta herramienta legal intenta derrotar esa mentalidad que debería quedar en el pasado, si apostamos al desarrollo de una sociedad democrática y a la transparencia del Estado. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que se recibe la solicitud. En caso contrario, tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles.

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Los edificios públicos no se pueden ocupar

La ocupación por algunas horas del predio de ingreso a las oficinas de la Intendencia de Salto, por parte de un grupo de los sindicalistas del PIT CNT de Salto, generó la discusión sobre la legalidad de la medida y si el lugar donde se llevó a cabo la misma, al ser un bien público, no ameritaba ser desocupado mediante el uso de la fuerza.
Un decreto de la Presidencia de la República, zanja el asunto. El primer gobierno del Frente Amplio, primero habilitó a los trabajadores de todos los sectores a ocupar sus lugares de trabajo, como medida de extensión del derecho de huelga, pero años después, por la escalada de conflictividad que acompasaba los cambios suscitados en el mundo de las relaciones laborales se inclinó la balanza a favor de los trabajadores privados y se inhabilitó a los empleados públicos a ocupar sus lugares de trabajo.
Esta medida, dejó en off side a los funcionarios estatales, ya que a éstos sí se los puede desalojar por la fuerza, por la naturaleza del lugar donde se está llevando a cabo la medida, la que según los redactores del decreto, son espacios donde se cumplen una serie de derechos fundamentales para el ciudadano, los que no pueden ser impedidos por un conflicto sindical.
Así las cosas, el desalojo a la ocupación de los trabajadores el pasado martes al predio de ingreso a la Intendencia de Salto, fue ordenada por el Ministerio de Trabajo con la promesa de mediar en el conflicto, quienes se retiraron en forma pacífica. Aunque de no hacerlo, la Policía estaba habilitada para desalojarlos.
IDAS Y VENIDAS
El artículo 57 de la Constitución de la República, consagra el derecho gremial de los trabajadores y por consiguiente establece el derecho de huelga, como una medida legítima. La norma de rango constitucional, no deja dudas de que la aplicación de una medida de huelga debe ser respetada y no prohibida.
Pero hay más. Según las distintas interpretaciones doctrinarias la ocupación de los lugares de trabajo, esto es la permanencia en dichos lugares sin cumplir tareas, apoderándose del espacio físico por parte de los trabajadores en conflicto, es aceptado como una extensión del derecho de huelga.
Aunque el mismo tiene ciertos requisitos, como la prohibición de alterar el lugar, causar daños y apropiarse de los medios de producción con la finalidad de generar beneficios para los ocupantes.
Hasta el año 2006, los lugares que eran ocupados por los trabajadores en conflicto podían ser desalojados por las patronales y autoridades estatales según el caso, con el empleo de la fuerza pública. Pero entre los primeros cambios, se sancionó el decreto Nº156/2006, que anuló el desalojo de los lugares de trabajo, reconociendo a la ocupación como extensión del derecho de huelga.
Aunque en 2010, luego de sufrir una escalada de ocupaciones, tomó la postura de que esa medida no es válida para lo los edificios públicos, los cuales no podrán ser ocupados, porque menoscabarían el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de servirse de la administración pública. Por lo tanto, los sindicalistas salteños que ocuparon el predio de ingreso a la Intendencia de Salto el pasado martes, podían haber sido desalojados por la fuerza pública.

La ocupación por algunas horas del predio de ingreso a las oficinas de la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Intendencia de Salto, por parte de un grupo de los sindicalistas del PIT CNT de Salto, generó la discusión sobre la legalidad de la medida y si el lugar donde se llevó a cabo la misma, al ser un bien público, no ameritaba ser desocupado mediante el uso de la fuerza.

Un decreto de la Presidencia de la República, zanja el asunto. El primer gobierno del Frente Amplio, primero habilitó a los trabajadores de todos los sectores a ocupar sus lugares de trabajo, como medida de extensión del derecho de huelga, pero años después, por la escalada de conflictividad que acompasaba los cambios suscitados en el mundo de las relaciones laborales se inclinó la balanza a favor de los trabajadores privados y se inhabilitó a los empleados públicos a ocupar sus lugares de trabajo.

Esta medida, dejó en off side a los funcionarios estatales, ya que a éstos sí se los puede desalojar por la fuerza, por la naturaleza del lugar donde se está llevando a cabo la medida, la que según los redactores del decreto, son espacios donde se cumplen una serie de derechos fundamentales para el ciudadano, los que no pueden ser impedidos por un conflicto sindical.

Así las cosas, el desalojo a la ocupación de los trabajadores el pasado martes al predio de ingreso a la Intendencia de Salto, fue ordenada por el Ministerio de Trabajo con la promesa de mediar en el conflicto, quienes se retiraron en forma pacífica. Aunque de no hacerlo, la Policía estaba habilitada para desalojarlos.

IDAS Y VENIDAS

El artículo 57 de la Constitución de la República, consagra el derecho gremial de los trabajadores y por consiguiente establece el derecho de huelga, como una medida legítima. La norma de rango constitucional, no deja dudas de que la aplicación de una medida de huelga debe ser respetada y no prohibida.

Pero hay más. Según las distintas interpretaciones doctrinarias la ocupación de los lugares de trabajo, esto es la permanencia en dichos lugares sin cumplir tareas, apoderándose del espacio físico por parte de los trabajadores en conflicto, es aceptado como una extensión del derecho de huelga.

Aunque el mismo tiene ciertos requisitos, como la prohibición de alterar el lugar, causar daños y apropiarse de los medios de producción con la finalidad de generar beneficios para los ocupantes.

Hasta el año 2006, los lugares que eran ocupados por los trabajadores en conflicto podían ser desalojados por las patronales y autoridades estatales según el caso, con el empleo de la fuerza pública. Pero entre los primeros cambios, se sancionó el decreto Nº156/2006, que anuló el desalojo de los lugares de trabajo, reconociendo a la ocupación como extensión del derecho de huelga.

Aunque en 2010, luego de sufrir una escalada de ocupaciones, tomó la postura de que esa medida no es válida para lo los edificios públicos, los cuales no podrán ser ocupados, porque menoscabarían el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de servirse de la administración pública. Por lo tanto, los sindicalistas salteños que ocuparon el predio de ingreso a la Intendencia de Salto el pasado martes, podían haber sido desalojados por la fuerza pública.

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