¿Fue la solución más justa?

¿Fue la solución más justa?

Luego de que los hermanos Peirano fueran procesados y despreciados por la opinión pública, el parlamento borró el delito por el que los acusaban. Hoy están en libertad y con todas las de ganar.

Es una vergüenza nacional lo que pasó. Pero no porque hayan sido los hermanos Peirano Basso los que después de ser endemoniados por todo un país, se vieran beneficiados, quedando libres que ya es decir bastante, sino por el mal manejo político de un parlamento que debería saber qué es lo que vota, qué tipo de leyes elabora y desnuda la falta de conocimiento y espontaneidad para sancionar normas que terminan dejando en evidencia lo harto conocido, que los políticos pueden llegar a mandarse algunas y perder la posibilidad de ser confiables.

Los hermanos Peirano Basso están libres porque el delito por el cual se los había procesado, la clase política uruguaya representada en el parlamento, lo derogó, o sea, lo eliminó, no existe más. Porque como debían elaborar una nueva ley para las entidades financieras y en ellas ya se plasmaba algo de esto, para que no se repitiera y no fuera más de lo mismo, borraron de un plumazo el único motivo por el cual los banqueros más famosos del país, pasaron más de 4 años en prisión.

Pero cuando esto se supo y la opinión pública entendió que esta situación era una vergüenza nacional, aparecieron los culpables. El senador blanco, Sergio Abreu, culpó al abogado penalista y ex canciller del gobierno frenteamplista, Gonzalo Fernández, de haberlo asesorado mal en forma intencional, pero éste último dijo que solamente brindó una opinión técnica que no fue justamente la que entendió la Justicia, que dejó libre a los Peirano. Todo porque Abreu y 129 legisladores más, derogaron el delito por el que estaban procesados. En síntesis, todos son responsables de lo que pasó.

Entre tanto, la justicia abre el paraguas y deja abierta la posibilidad de que la fiscalía (que ya había pedido la condena de los hermanos banqueros,) presente un recurso de casación como última oportunidad de volver todo marcha atrás. En ese caso dejando que sean los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los que tengan la última palabra sobre este punto.

Pero la cosa sigue, sobre Gonzalo Fernández hay ahora un manto de sospechas, porque aparece su compañera de vida, la abogada Cecilia Salhón solicitando la clausura de los procedimientos de los hermanos Peirano. Las dudas entonces surgen si quien asesoró que derogaran el delito no tendría una presunta implicancia. Además sobre los hermanos Peirano existen solicitudes de extradición, pero si en Uruguay la acusación del exterior no es más un delito, tampoco pueden ser extraditados.

La cuestión es que se abre un manto de sospechas sobre si algo tan simple como votar en el parlamento la derogación de un delito, se hizo adrede o si se entendió que por una posición jurídica, ambiguas e interpretativas si las hay, no se afectaría el juicio del estado contra los banqueros más populares de los últimos tiempos.

En el presente informe, EL PUEBLO hace una síntesis de lo ocurrido hasta hoy y analiza este complejo tema para saber qué pasa con un procesado cuando se deroga el delito por el cual se lo enjuicia antes de obtener la condena, y sobre las desinteligencias de los involucrados.

Los episodios judiciales a la luz de las nuevas Leyes

El 8 de agosto del año 2002 los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso fueron procesados bajo la imputación de “asociación para delinquir, fraude (art. 76 de la Ley 2.230) e insolvencia societaria fraudulenta”. Pero al apelar la sentencia, el Tribunal de Apelaciones resolvió en marzo del año 2003 revocarles el procesamiento por los delitos de “asociación para delinquir” y de “insolvencia societaria fraudulenta”, quedando así solamente procesados por el delito de fraude, previsto en el artículo 76 de la Ley 2.230.

Pero luego de que los banqueros pasaran más de cuatro años y medio cumpliendo prisión preventiva y mientras el juicio penal en su contra seguía hasta tratar de encontrar pruebas para que se dictara una sentencia de condena, en una etapa en la que el Fiscal que es el que actúa en nombre de los intereses de la sociedad, hubiera demandado al juez que los condenara por el delito de fraude, el parlamento deroga el delito por el que estaban procesados.

En consecuencia, los abogados que patrocinan a los hermanos Peirano solicitaron la clausura de los procedimientos en contra de estos, porque el delito ya no existe, y si bien la jueza Mariana Mota, entendió que el juicio debía seguir, los Peirano apelaron esta decisión y un Tribunal de Apelaciones se pronunció sobre el asunto.

La resolución del Tribunal de Apelaciones del pasado 29 de julio, dispuso la “clausura de las actuaciones” del proceso penal llevado adelante en contra de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso. El delito por el que se estaba tramitando el proceso era el “previsto en el Art.76 de la Ley 2.230 del 2 de junio de 1893″. Dicho artículo 76 establecía que “los directores y administradores de Sociedades anónimas que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán la pena(…)”. Pero este fue derogado.

¿Por qué fue derogado?

El delito fue derogado porque en el año 2008, el Parlamento estaba elaborando una nueva (la Nº18.387 del 23 de octubre de 2008) para establecer un conjunto de normas de control sobre las entidades financieras. Entre esos controles se elaboraron normas que establecían aspectos similares a los ya establecidos en el artículo 76 de la ley 2.230, por el cual estaban procesados los Peirano.

Ante la derogación del delito por el que estaban procesados los hermanos Peirano, sus abogados defensores solicitaron la clausura de las actuaciones.

La juez que entendía el caso, Mariana Mota, entendió que “en el estado en el que encontraba el proceso (donde el Fiscal ya había pedido la condena) no correspondía pronunciarse”. Ya había sido recibida la acusación del Ministerio Público, había sido notificado a los abogados de los Peirano para que se prepararan y había quedado definido el objeto del juicio.

La magistrada Mariana Mota manifiesta que es en oportunidad de dictar la sentencia definitiva que tiene que resolver sobre si clausura o no el caso para no incurrir en prejuzgamiento. Pero el Tribunal de Apelaciones competente resuelve en contra del pronunciamiento de la jueza expresando que “no es admisible en el caso de supresión de una figura delictiva bajo cuya imputación se encuentren sujetos procesados, que se difiera la decisión (de clausurar o no el caso recién) en oportunidad de dictar la sentencia definitiva”.

Se dice que si se espera hasta esa instancia, una ley que ya había sido derogada continuaría surtiendo efectos pese a que esto es innecesario según lo declaró el propio Estado. Y al ser la ley 18.411 más benigna tiene que determinarse la cesación del procedimiento o de la condena.

La Ley más benigna beneficia

El artículo 15, inciso 2º, del Código Penal y el artículo 7º del Código del Proceso Penal, establecen, en una redacción casi idéntica que “cuando se suprimen delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o de la condena en el primer caso, y sólo la modificación de la pena, en el segundo, en cuanto no se hallare ésta fijada por sentencia”.  Asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 9 dispone que  “si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

Siempre se ha dicho que hay leyes con nombres y apellido, y parece ser que en el caso de este informe la ley 18.411 benefició a los ex banqueros.

Algunos profesores de derecho penal, como Gonzalo Fernández, entienden que, al haber dictamen fiscal no hay posibilidades de archivar el expediente (El Observador 17.08.2010 p. 4). Sin embargo otros profesores como Milton Cairoli (ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y citado por la resolución del Tribunal de Apelaciones) y Miguel Langón entienden que cuando un delito se deroga automáticamente el proceso abierto por ese delito se clausura y las personas procesadas vuelven a la calidad de personas sin antecedentes.

Labor del Poder Legislativo

El parlamento nacional en su producción legislativa puede incurrir en errores, muchas veces los legisladores se basan en informes técnicos que a la hora de plasmarse en el articulado de la norma no son recogidos. Muchos legisladores no son técnicos, pero pueden asesorarse y en las comisiones que integran siempre están concurriendo profesores de la Universidad o especialistas. El producto muchas veces no es claro, otras están mal redactadas, manejan conceptos diversos para las mismas conductas o hechos que describen. Desde el retorno democrático el parlamento ha elaborado 2935 leyes:

PRODUCCION LEGISLATIVA 1985 – 2010
Legislatura Período Leyes dictadas
XLII 1985-1990 371
XLIII 1990-1995 585
XLIV 1995-2000 537
XLV 2000-2005 630
XLVI 2005-2010 787
XLVI 2010-2015 25
2935

Es cierto que, producto de la necesaria actualización a los tiempos muchas  leyes para dar certeza derogan otras, sea de manera expresa o tácita. Y también es verdad que, en algunas oportunidades cuando en un comienzo pasa inadvertida alguna situación de eventual contradicción se suele elaborar una ley específica que salva el primer error, que incluso puede tener el carácter de ley interpretativa.

¿DISCUSIÓN PARLAMENTARIA?

Con referencia concreta a la ley 18.411 la discusión parlamentaria prácticamente no existió. Si bien es verdad que la ley solo contiene 2 artículos, y uno de ellos versa sobre el momento en que otra ley entrará en vigencia, en la Cámara de Senadores no tuvo discusión, simplemente se aprobó en la sesión del 23 de octubre de 2008, y se votó con 21 votos en 23 senadores presentes.

En la Cámara de Representantes en cambio, hubo un alerta de parte de un legislador blanco. Se trató del diputado Alvaro Lorenzo, quien planteó un intercambio de opiniones en donde incluso alertó a la Cámara acerca de que con la aprobación de esa ley “podemos estar haciendo un zafarrancho jurídico”. Y se indicó además que “si no esclarecemos (el zafarrancho que era derogar el delito por el cual estaban procesados los Peirano) estamos generando un régimen de privilegio, de exoneración de responsabilidad civil y penal para todos aquellos asuntos que recaen dentro de la aplicación de la vieja ley”. Luego de ello la discusión parece esclarecerse y se indica que “la derogación de estos artículos podría generar un hueco en el aspecto temporal de aplicación del régimen anterior, pero la jurisprudencia y la manera en que se aplican estas normas en su conjunto, dan claridad de que el efecto sería mínimo, si no nulo. Es preferible aprobar este artículo 2º tal como viene aún corriendo el riesgo, muy poco probable -casi imposible- de que alguna situación se vea beneficiada”.

El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, consultado por EL PUEBLO

Justicia explica diferencia de criterio con Fernández basado en que el derecho “no es una ciencia exacta”

“El derecho no es una ciencia exacta en absoluto. La búsqueda de una solución justa es un poco más compleja, y un poco menos rígida o rigurosa que en las ciencias exactas. No siempre esa búsqueda de la solución más justa resulta tan claro. Pero la discusión filosófica de fondo es ¿esa es la solución más justa?”, dijo a EL PUEBLO el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat al ser consultado sobre porqué la resolución judicial difiere de una posición técnica esgrimida por un catedrático en la materia como Gonzalo Fernández que asesoró al parlamento.

Oxandabarat afirmó a este diario que para quienes trabajan en derecho decir que “debe buscarse la solución más justa, es más legítimo que suponer la existencia de dos bibliotecas, como si en realidad existieran dos soluciones más justas y no existiera un sentido único de justicia. No lo comparto. Siempre existe la solución más justa, no será una solución absoluta, pero sí la que más se acerca a ese sentido de perfección en el sentido de justicia que uno puede desear idealmente”.

Subrayó en este asunto que “no se trata de dos bibliotecas, existen varias soluciones, o varias hipótesis de trabajo de las cuales se puede elegir una que se parece a la que más se ajusta a un resultado de equidad y de sentido de justicia”.

El vocero de la SCJ sostuvo que el último recurso que queda ahora para revocar la decisión de dejar en libertad a los hermanos Peirano y clausurar los procedimientos en su contra, es la casación. La sentencia se dictó el 9 de agosto y la fiscalía tiene hasta el 31 de este mes para poder hacerlo. En ese caso serán los ministros de la Suprema Corte los que tendrán la última palabra.

Sobre el caso de las extradiciones, Oxandabarat dijo que “no quiero adelantarme pero en caso de que se confirme la clausura de los procedimientos contra los Peirano, es factible que tampoco se haga lugar a los pedidos de extradición”. Y si bien no quiso expresarse sobre este punto dejó entrever la posibilidad que una vez ocurrido todo esto, los banqueros podrían demandar al Estado por la vía civil por haber sufrido prisión indebida.

“Pero esto le puede pasar a cualquier ciudadano que haya estado procesado por un delito que después es derogado antes de que lo condenen”, dijo el funcionario.      

Donde entra el dislate Gonzalo Fernández y Sergio Abreu

La situación surge cuando el diputado Lorenzo entra en duda si la eliminación del artículo 76 de la ley 2.230, el fraude de los directores de bancos, por el cual estaban procesados los Peirano, no terminaría beneficiando justo a éstos. Por lo cual cuando el diputado blanco le planteó este hecho al senador Sergio Abreu, éste último consultó al abogado penalista y ex canciller de la República Gonzalo Fernández, confiado en sus conocimientos técnicos sobre este asunto. Fue cuando Fernández le ofreció su opinión técnica como jurista y le dijo que si el caso de los Peirano estaba en esta etapa de acusación fiscal, que es la última parte de un juicio penal antes del dictado de la sentencia de condena, “por más que se derogara el delito, los Peirano no podían pedir la clausura de los procedimientos en su contra”.

Pero votada la ley que derogaba el delito en el parlamento por parte del senador Abreu, el diputado Lorenzo y otros 128 legisladores más, la Justicia declaró que los Peirano quedaban libres y encima sin antecedentes penales. Los blancos dispararon contra Gonzalo Fernández por endilgarle un engaño y este se defendió diciendo que desde su posición jurídica, la que se equivocó fue la Justicia. Tras cartón, cruce de acusaciones entre los políticos, los banqueros en libertad y encima con la posibilidad de no hacer los pedidos de extradición que pesan en su contra y con la oportunidad de demandar al estado por prisión indebida y cobrar por esto una importanyr suma de indemnización.

Gonzalo Fernández fue defendido por el Frente Amplio por decir que solamente aportó una valoración académica sin intencionalidad, pero que causó un revuelo tremendo. Máxime si días después, según publicó el semanario Brecha el pasado viernes, la abogada Cecilia Salhón, compañera de vida de Fernández  participó de la solicitud de la clausura de los procedimientos contra los hermanos Peirano.

Como culpable de este asunto aparece el parlamento, que culpa a un abogado penalista, que culpa a la Justicia. Mientras tanto, los Peirano están libres. El periodista Gabriel Pereyra, editor en jefe del diario El Observador de Montevideo, editorializó sobre el asunto diciendo que lo que hubo en este caso fue: “Mezcla de mucho dinero gastado en “secretaría” (por parte de los legisladores) y pocos asesores en serio, además de una escasa valoración del trabajo que hacen, los dejó expuestos en esta instancia. No se supo si hubo maniobra a favor de los hermanos Peirano Basso, pero sí se supo que si hubiera mala intención de los protagonistas, bastaría que un par de dirigentes con cierto conocimiento jurídico se complotara para hacer entrar por el aro a 130 legisladores. Ya sabemos que la calidad de algunas cosas ha caído en el país, pero aún así el episodio muestra a un Parlamento nacional muy endeble en su solvencia técnica, y también política”. Así estamos.