El senador Bordaberry planteó la discriminación Impositiva que enfrentan ocho diarios del Interior

El senador Bordaberry planteó la discriminación Impositiva que enfrentan ocho diarios del Interior

En reciente sesión de la Cámara Alta, el senador Pedro Bordaberry  planteó la discriminación impositiva que enfrentan ocho diarios del interior del país, en referencia al resto de la prensa. El líder del sector “Vamos Uruguay”, del Partido Colorado, expresó en la ocasión.

“En esta hora previa me voy a referir a lo dispuesto por la Ley Nº 18.083 que, a mi entender, hace una discriminación respecto a las empresas periodísticas del interior.
De acuerdo con lo que establece esta Ley del año 2006, en su nueva redacción, si bien se mantiene una exoneración genérica de tributos para las empresas periodísticas del interior –tal cual el régimen que estaba vigente hasta ese momento–, la acota a aquellas empresas con ingresos inferiores a  2:000.000 de Unidades Indexadas, por lo que las que superan dicho ingreso no cuentan con exoneración alguna, debiendo tributar como cualquier otra empresa comercial. Esta exclusión de los beneficios tributarios, dado lo exiguo del tope fijado para ser beneficiario de exoneraciones, coloca hoy a casi una decena de empresas afiliadas a la Organización de la Prensa del Interior en una difícil situación que amenaza su supervivencia. La OPI cuenta con 54 empresas afiliadas, de las cuales 8 han visto cambiar su marco tributario, lo que además genera una discriminación que no es buena para un sistema tributario y menos para una economía. Esta discriminación involucra a quién invierte más, quién da más trabajo y quién factura más. En definitiva, se está colocando a estas empresas, que son las que dan más trabajo, en una situación muy complicada”
DE SEIS
DEPARTAMENTOS
Este grupo de empresas – prosiguió Bordaberry – comprende a prestigiosos medios de Durazno, Florida, Flores, Paysandú, Salto y Soriano que, lejos de haberse adaptado a las nuevas circunstancias, ven comprometida su economía y se instala en ellas y en sus empleados el temor de tener que reducir su actividad para poder subsistir o, peor aún, llegar a su cierre definitivo.
Es conocido, además, que estas empresas del interior no tienen las pautas publicitarias a las que acceden los medios de la capital por el obvio motivo de que se encuentran diseminadas a lo largo de todo el país y no hay un público concentrado como en Montevideo.
IMPORTANTES PARA
LA DEMOCRACIA
De más está decir la importancia que reviste para el país y para la propia democracia uruguaya la existencia de medios periodísticos escritos en el interior, donde se puede analizar y difundir adecuadamente las informaciones locales que no llegan a ser cubiertas por los medios de prensa de alcance nacional. De esta manera, los periódicos y semanarios del interior no solo brindan cobertura a noticias de la más diversa índole política, deportiva y social, sino que además se constituyen en los principales medios de difusión de la cultura y de las tradiciones de tierra adentro.
En tiempos donde todos coincidimos en señalar la importancia de la descentralización del Estado uruguayo –y en ese sentido, encaramos reformas institucionales–, el aporte de la prensa del interior es fundamental para la concreción de tales políticas.
Otro aspecto a considerar – agregó el legislador colorado – refiere a la mano de obra que generan las empresas periodísticas, no sólo por la vía directa sino también por lo mucho que movilizan indirectamente a través de agencias de publicidad, imprentas, proveedores, insumos y, sobre todo, quioscos y canillitas a quienes corresponde, aproximadamente, un 40% del precio de tapa de cada ejemplar.
Por lo expuesto, proponemos que cuando se analice la ley de Presupuesto, se tenga en cuenta que el tope previsto en el artículo 110 del Título 3 del Texto Ordenado no se aplique a las empresas de prensa escrita del interior del país.
EL SERVICIO 222
Bordaberry planteó también otros temas entre los que incluyó el del servicio 222, de seguridad policial “tal como adelantaran el miembro informante de la Comisión de Defensa Nacional y el senador Tabaré Viera, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley en el mismo sentido que hablaba la senadora Moreira. Creo que en la consideración de la ley de presupuesto vamos a tener la oportunidad de contemplar estas situaciones, como en este caso en que se nos permite disponer de un gasto. Según se ha expresado, el ingreso ya se está cobrando, por lo que no se estaría aumentando el presupuesto nacional. Esto lleva a que en ese momento se tengan en cuenta dos elementos, que más vale mencionarlos ahora para no olvidarlos”.
Por un lado, el Servicio 222 siempre encerró una cierta discrecionalidad por parte del jerarca que asigna un funcionario a ese servicio y a otro no, lo que quizás está sucediendo ahora.  Por ende, en la Ley de Presupuesto se va a tener que establecer cómo se va a asignar esa retribución para algunos funcionarios y para otros no, lo cual es problemático porque ¿cómo se elige quiénes tienen derecho a ese beneficio y quiénes no?
Por otro lado ––esta es una preocupación que surge al leer el proyecto de ley y la exposición de motivos––, se brindan servicios a públicos y privados sin especificar cuáles son los de vigilancia. El senador Saravia adelantó que se trata de servicios previstos en la Ley Orgánica de la Fuerza Aérea, pero creo que hay algunos de ellos que pueden ser brindados por empresas privadas y que el Estado no debería asumir muchas veces un costo que es inferior  si lo presta el Estado al que le cobrarían las empresas privadas, entre otras razones, porque el Estado no tiene por qué subvencionar los costos de las empresas privadas.
Me parece que este es un elemento en el que sería bueno profundizar cuando se asuman este tipo de servicios, porque si lo puede hacer un privado, por qué tenemos que cargarlo al Estado.