Los vericuetos de la Justicia

Los vericuetos de la Justicia
Cuando el acceso a la información pública no es un mero trámite precisamente
Los vericuetos
de la Justicia

Cuando el acceso a la información pública no es un mero trámite precisamente

– Un simple pedido de EL PUEBLO para mirar un expediente judicial activó una serie de señales que muestran la realidad de un sistema que se cuida de la conveniencia o no de lo que entrega.

Afines del mes de setiembre del presente año el equipo de Redacción de EL PUEBLO puso en su mesa de trabajo laestadoposibilidad de elaborar un informe periodístico a partir de un dato que llegó al medio y que era de interés público. El mismo implicaba el necesario acceso a información generada en el sistema judicial, esto es, en algunos de los Juzgados del Poder Judicial, ubicados en la ciudad. Esas sedes que son diariamente frecuentadas por los profesionales del derecho, y a las que, varios hemos concurrido ante planteos propios o de personas cercanas, se encargan de impartir justicia, en el actual sistema democrático y republicano.

Dispuestas las responsabilidades en cuanto a la búsqueda de datos e información documental que respaldara el trabajo es que se inicia el camino correspondiente para hacerse de la misma, procurando acceder a expedientes judiciales tramitados en una sede local. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha permitido que podamos ver de lejos siquiera el documento.

Hemos dialogado con jueces, actuarios y funcionarios, y se ha iniciado un trámite incluso titulado “solicitud de datos con fines periodísticos”, que permanece abierto, y próximo a resolverse.

Más allá del resultado al que se arribe, en el presente informe proponemos reflexionar sobre los vericuetos que hay que transitar cuando, en búsqueda de brindar una información de calidad, los organismos generadores de la misma, plantean cortapisas como regla, en tiempos en que el acceso de cualquier interesado y la publicidad de los trámites debe volverse una práctica común.

Para ello proponemos partir del caso concreto, indicar las normas que regulan el derecho al acceso a la información y en particular la publicidad de los procesos judiciales.

Además, recabamos la opinión de un especialista en el tema, integrante de una organización de la sociedad civil que  se dedica a  la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

El itinerario de una búsqueda

EL PUEBLO, una vez obtenida la identificación del expediente a solicitar, concurrió a una de las sedes judiciales ubicada en el Palacio de Oficinas Públicas, para consultar su disponibilidad en cuanto al acceso.

Dialogó con el juez titular del Juzgado que lleva adelante el proceso correspondiente, el que en principio manifestó su disposición al acceso solicitado (de manera verbal), derivando la parte operativa a la Oficina Actuaria.

¿PARA QUÉ? ¿CON QUÉ FINES?

Reconducimos el camino hacia la Oficina Actuaria, en donde fuimos atendidos y dialogamos abiertamente. Algunas preguntas concretas se repitieron más de una vez por parte de nuestro interlocutor: ¿Para qué quiere ver el expediente? ¿Con qué fines? ¿Qué buscaba? La titular de dicha oficina mostró su preocupación por la trascendencia que pudiera tener la eventual publicación y las eventuales denuncias que pueden presentarse en la sede por parte de las partes u otros vinculados.

Explicó que Salto es una ciudad chica y que hay normas “que se aplican en Montevideo pero no acá en Salto” (¿?), con expresa referencia a la norma que establece como regla la publicidad de los expedientes judiciales. Específicamente nos indica que elaboremos una nota, que se la eleváramos a ella, sobre la que se expediría.

Se presenta la citada nota en donde se solicita ver determinado expediente judicial a los efectos de la elaboración y publicación de un informe periodístico vinculado con el objeto de dicho proceso y sus vinculaciones con temas de actualidad.

NO ES CONVENIENTE

La oficina Actuaria elabora un informe en donde indica que “no se considera conveniente la publicación con fines periodísticos de los hechos que narran los autos mencionados”. Dicha opinión se funda en que en dicho expediente “lucen agregados informes médicos y pericias” que “requerirían autorización especial de las personas directamente sometidas a los exámenes y pericias mencionadas”.

DATOS SENSIBLES

El juez recibe el informe y resuelve “oír” a las partes (del proceso que registra el expediente). El magistrado indica que el expediente “no está, en principio, comprendido en las excepciones a la regla de publicidad establecida en el Art. 7 del CGP”. Sin embargo estima “que contiene datos sensibles (Art. 4 lit E ley 18331) que pueden verse afectados en caso de que el trámite judicial se haga público”. Sigue manifestando que se registran “relatos de hechos y diligencias practicadas referidas a las partes que hacen a su dignidad humana, y que en consecuencia razones de seguridad y de moral (Art. 9 lit. D ley 18381) exigen cautela y ponderación antes de entregar el expediente”.

FINES PERIODÍSTICOS

En la sede judicial se conformó una especie de “separata” denominada “Solicitud de datos con fines periodísticos”, el que está en trámite actualmente, pendiente de notificar a una de las partes.

Una historia que vuelve a repetirse

El año pasado periodistas de este medio concurrieron a dos juzgados ubicados en la ciudad, hablaron con los jueces pidiendo acceder a los expedientes, quienes no tuvieron inconveniente. En coordinación con las actuarias y los funcionarios se pudo observar varios expedientes en los que la Intendencia de Salto era parte actora y demandada. Se elaboró y publicó un informe, el 24 de julio de 2011, titulada “La temida información pública”, en donde se manejó información recogida de los expedientes.

Veinte días  después (el 7 de Agosto de 2011) EL PUEBLO elaboró otro informe vinculado al control técnico vehicular en el departamento. En el mismo se informó y publicó detalles de procesos por responsabilidad civil contra la Intendencia de Salto, iniciados por dos empresas particulares. En uno de los casos la comuna fue condenada. En la elaboración de dicho informe no se nos permitió revisar los expedientes a los que habíamos tenido acceso unos días antes, ni siquiera aquellos que estaban archivados.

La normativa vigente
El artículo 7º del Código General el Proceso (CGP) establece que “todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes”.
DE CARA AL PUEBLO
Comentando dicho artículo del CGP, el profesor Adolfo Gelsi Bidart  señaló que la autoridad pública ha de actuar “de cara al pueblo”, como garantía para ella misma y para el derecho de las personas, para la información de la opinión pública, soporte de toda institucionalidad. La publicidad que implica la presencia del público en las audiencias judiciales, constituye el más precioso instrumento de fiscalización

que

popular sobre la obra de magistrados y defensores. Otro egregio profesor, Eduardo Juan Couture, decía que “el pueblo es el juez de los jueces”.
DAR CONOCIMIENTO
La publicidad también implica la exhibición del expediente. Para ello basta alegar un interés en un sentido amplio y no restrictivo de la publicidad. Esta norma guarda estrecha relación con el art. 123 de la Ley Orgánica de los Tribunales (nº 15.750) que impone a secretarios y actuarios el deber de “dar conocimiento a cualquier persona que lo solicitare de los expedientes en trámite o ya archivados en sus oficinas, salvo que existieren pendientes de ejecución medidas de carácter reservado y hasta tanto ellas se cumplan”.
El art. 106 del Código General de Proceso (CGP) establece que “los expedientes judiciales o las actuaciones de los mismos permanecerán en las oficinas para el examen (…) de todos los que tuvieran interés en la exhibición”.
MATERIA PENAL
En materia penal se regulan las garantías de los indagados, la reserva de la instrucción y la igualdad procesal, estableciendo en forma expresa que el presumario tiene carácter reservado y que dicha reserva cesa cuando: se dictó el auto de procesamiento, se dispuso el archivo de las actuaciones o ha transcurrido un año desde el inicio de las mismas. Esta excepción se inscribe en el concepto democrático del control ciudadano sobre la gestión de las cuestiones públicas.
LIMITANTES
El art. 7 del Código General del Proceso establece que todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes. El elenco de limitantes (que debieran aplicarse como excepciones a este principio) está disperso en numerosas normas.
En los procesos civiles el Tribunal puede decidir que el proceso no será de conocimiento público fundándose en razones de seguridad, moral o en protección de la personalidad de algunas de las partes.
La prensa y el público pueden excluirse en casos de consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional, con el objetivo de proteger la vida privada de las partes y evitar perjuicios a los intereses de la Justicia.
En el caso de delitos sexuales solo acceden al expediente las partes, el denunciante, el obligado civilmente y sus abogados, además de archivarse en una sección especial.
Existe la prohibición de identificar a los adolescentes infractores y de difundir, por cualquier medio, nombres, retratos u ocupaciones que sirvan para identificar a los drogadictos.
¿Se puede acceder a la vista de los expedientes?
Sí. Así lo dispone el artículo 106 del Código General del Proceso y, en especial, el artículo 123 numeral 3º de la ley de la Judicatura nº 15.750. La solicitud de expedientes judiciales es posible invocando los referidos artículos.
¿Qué hay que hacer?
La simple presencia en la baranda del Tribunal y la solicitud al funcionario. Si el Actuario niega la exhibición, puede reclamarse verbalmente ante el juez, como lo indica el artículo 106 del CGP. Los jueces son quienes deciden en relación a los expedientes de sus respectivos juzgados (art. 106 CGP)
¿Cómo se puede hacer para ver los expedientes?
Hay que pedirlos. En los juzgados penales quizás sea necesario elaborar una nota por escrito. Si es un presumario no se va a permitir acceder al mismo ya que rige una reserva (establecida en el art. 113 del C. Penal). Dicha reserva deja de regir cuando ocurre alguna de estas tres circunstancias: 1) se dictó el auto de procesamiento; 2) se archivó el expediente y 3) transcurrió un año desde el inicio del presumario.
¿Rige en el Poder Judicial la ley 18.381?
Claro que sí, pero hay normas más específicas para el ámbito judicial y conviene invocarlas conjuntamente.
La ley 18.381 promueve la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantiza el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
Considera la información pública a toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Lo dice Edison Lanza, director CAinfo
Es un disparate que para acceder a la información se deba distinguir si los fines son periodísticos o no
Edison Lanza, presidente del Consejo Directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), consultado sobre el tema que se aborda en el presente informe, manifestó que la transparencia de los juicios es uno de los elementos esenciales de la democracia. Para el docente en las carreras de Comunicación Social, tanto de la Universidad Católica del Uruguay como de la Universidad de la República, el derecho de acceso a la información en organismos públicos es de todas las personas y se ejerce sin necesidad de justificar razones. Lanza fue uno de los redactores de la ley 18.381.
EL PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD
“El principio de publicidad del proceso está previsto en el Código General del Proceso como principio general” fueron las iniciales palabras del también periodista de medios de Montevideo. “La transparencia de los juicios es un elemento esencial y básico de la democracia. Una de las luchas históricas de la humanidad fue contra los juicios y los procesos secretos de los regímenes absolutista. Por eso un principio básico democrático y republicano tiene que ver con la publicidad de los procesos judiciales. Hay que ser muy cuidadoso cuando se quiere ocultar un expediente al escrutinio público, sobre todo cuando el expediente ya ha sido tramitado y el acceso al expediente no entorpece el proceso judicial de ningún modo. Por lo tanto hay que ser muy cauteloso cuando se quiere retirar de la vista y del acceso público un expediente. Todas las personas, independientemente de que sean periodistas o no, tienen derecho a controlar, discutir, acceder y ver cómo actuó la Justicia en cualquier caso concreto. Los jueces no pueden quedar fuera del escrutinio público en una democracia. No se puede expresar que al amparo de datos personales se saca del escrutinio público todo el expediente”.
NO IMPORTAN LOS MOTIVOS
“Es un disparate que se establezca una distinción para acceder a la información a propósito de si los fines por los que se pide son periodísticos o no. Uno de los principios generales del derecho humano a la información en poder del Estado, es que no se puede exigir al que pide la información que explique porqué motivos lo pide. Lo dice la propia ley 18.381 (derecho de acceso a la información pública) en su artículo 3º: “El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.
DATOS SENSIBLES
Respecto de la protección de datos personales sensibles en algunos casos, dice Lanza. “puede tener una justificación su restricción a verlos, pero no puede inhibir la publicidad de todo el proceso. Sería el caso por ejemplo de la existencia de informes que dieran a conocer aspectos de la salud de la persona, o vinculados a su orientación sexual”.
Aclaró el docente que “no todos los datos personales son sensibles y el Estado está habilitado a manejar esos datos en virtud de las competencias del organismo. Es el caso de la Justicia cuando administra justicia, por lo tanto no tiene que pedir consentimiento previo a las personas que son titulares de esos derechos, ya maneja esos datos en virtud de su competencia”.
Podría darse el caso (supuesto), manejó Lanza, de que “un determinado informe de salud de un involucrado en algún caso vaya más allá del hecho puntual, y hubieran datos de otras enfermedades. En ese caso podría reservarse ese informe, pero se entrega el resto del expediente. Se puede disociar el dato personal que se quiere proteger de todos los demás, como las audiencias, la prueba, la sentencia, las apelaciones, que tiene que ser público”.
INTERÉS PÚBLICO
Tampoco hay que olvidar, agrega Lanza, “que muchos expedientes hacen referencia a hechos de interés público, que han sido tratados en la prensa en forma amplia. Por eso tratar de quitar un expediente, que es de interés público parece una violación al derecho a la información”.
El artículo 4 literal E de la ley 18.331 (protección  de datos personales y acción de habeas data), define como dato sensible al que “revele origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual”.
MAYORES NIVELES  DE ACCESO
“Como el Estado uruguayo la realidad del acceso a la información en el Poder Judicial es heterogénea. Hay algunos funcionarios, incluso de la (Suprema) Corte (de Justicia) que son muy proclives a la publicidad y transparencia, hay otros que tienen una visión más restrictiva, pero es un Poder con el que se puede dialogar, y que tiene claro que es necesario habilitar mayores niveles de acceso a la información judicial.
Es un Poder con el que hay que avanzar más en la transparencia y el acceso a la información, pero que ha tenido capacidad y diálogo cuando se le ha exigido, desde la sociedad civil, mayor transparencia.
En su momento, a partir de una acción planteada por CAinfo, se llegó a un acuerdo para que la localización de expedientes a través del sistema informático esté al alcance de todos los ciudadanos. Cualquiera puede, con los nombres de las partes, que se identifique un expediente y la sede en la que se tramita. Y eso hasta hace poco no se podía.
Finalmente ratificó Lanza que “la ley 18.381 se aplica a todos los organismos públicos y a los poderes del Estado. La Suprema Corte de Justicia, en varias circulares y dictámenes lo ha reconocido y lo ha aceptado” culminó diciendo el profesional.
La posibilidad de solicitar información a través de Internet
El pasado 3 de octubre se presentó quesabes.org, un sitio en internet que facilita la realización de solicitudes de información pública.  Si bien la ley 18.381 dispone que se hagan pedidos de acceso por escrito en quesabes.org, se puede hacer por mail,Edison Lanza lo cual facilita el trámite.
El problema actual es que la mayoría de los servicios están centralizados en Montevideo, lo que dificulta la realización de pedidos de información a la gente que vive en el interior.
Por otro lado, los organismos públicos reciben los pedidos en el horario de oficina, que muchas veces coincide con el horario laboral de las personas.
POR INTERNET
A través de quesabes.org se puede realizar el trámite a cualquier hora por internet, no hay que trasladarse hasta la oficina estatal, y el sistema hace el seguimiento del pedido, es decir, no hay que llamar a los organismos para saber si hay una respuesta.
Las respuestas a los pedidos realizados a través del sitio en internet serán publicadas automáticamente en el mismo para que otros usuarios las puedan ver y el organismo no deba responder lo mismo más de una vez.
Los organismos públicos pueden negarse a brindar información siempre y cuando la información solicitada esté contemplada en las excepciones que establece la ley.
CLASIFICACIÓN
Actualmente uno de los mayores problemas en la implementación de la ley de acceso a la información pública es que algunos organismos han clasificado información como reservada que no se rige por los criterios establecidos en la ley.
Algunos han tomado secciones enteras de información y las han puesto como reservado o confidencial. Un ejemplo es Ministerio del Interior, por lo que prácticamente no hay información que sea pública.
Todas las personas, sin importar edad o nacionalidad, pueden realizar una solicitud de acceso a la información pública sobre cualquier tema que incluya información pública. Para solicitar información personal en bases de datos públicas y privadas rige la ley de protección de datos personales.






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