Virtudes y vicios del nuevo CPP

Virtudes y vicios del nuevo CPP

A 10 días de su entrada en vigencia diferentes operadores jurídicos dan su opinión sobre el nuevo sistema acusatorio.
Ya suman 186 las solicitudes recibidas y tramitadas por el Poder Judicial en el marco de la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (ley Nº 19.293 y modificativas). Se cumplieron 114 audiencias de formalización en todo el país, 106 con detenidos y las ocho restantes sin privados de libertad, según los datos brindados por la División Tecnología de la Suprema Corte de Justicia el pasado viernes a través de su página web.
En Salto, se presentaron 10 solicitudes desde la aplicación del nuevo CPP hasta el viernes 10 de noviembre, lo que implica un promedio de una solicitud por día, en virtud de que desde el 1º del corriente entró en vigencia el nuevo sistema acusatorio a nivel penal.
Con el nuevo CPP se pasó de un sistema inquisitivo (donde el juez investiga y juzga), a uno acusatorio (en el que un fiscal acusa y el juez solo juzga), de los expedientes de papel a las audiencias orales y de un proceso mayormente secreto a uno público.
Desde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak hasta la amplia mayoría de los académicos de derecho están de acuerdo con que el nuevo sistema es más «garantista» con los acusados y da más potestades a la víctima.
Antes, el juicio comenzaba con el procesamiento del indagado, que podía ser con o sin prisión. Para llegar a la sentencia de condena o absolución, la Justicia podía demorar meses o años, por eso el 68% de los presos no tenía sentencia. Ahora ya no se habla de procesamiento, en lugar de eso, se formalizan o no procesos penales. La formalización es la etapa en la que un juez de garantía define si una persona será sometida a juicio. Puede ser enviada a prisión preventiva.
En la etapa de formalización, la fiscalía puede proponerle acuerdos a la defensa como el llamado «proceso abreviado» y la «suspensión condicional del proceso». En el primero, el acusado recibe una sentencia directamente en la audiencia de formalización, luego de asumir su responsabilidad en el delito a cambio de recibir una reducción de la pena; en la segunda el proceso se detiene mientras el acusado se compromete a cumplir con determinada condición. Además, la víctima puede proponer la vía de la «reparación» (devolución de lo robado y pedido de disculpas). Para conocer con más profundidad los cambios que acarrea el nuevo CPP, EL PUEBLO consultó a diferentes operadores jurídicos y actores involucrados directamente y a diario con este nuevo sistema.

Características primordiales de la
reforma del Código de Proceso Penal

El 1º de noviembre el sistema de justicia penal uruguayo vivió una transformación que el fiscal de Corte Jorge Díaz calificó de «cambio de ADN». Se pasó de un sistema inquisitivo -donde el juez investiga y juzga-, a uno acusatorio -en el que un fiscal acusa y el juez solo juzga-, de los expedientes de papel a las audiencias orales y de un proceso mayormente secreto a uno público.
Tanto Díaz, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y la amplia mayoría de la academia están de acuerdo con que el nuevo sistema es más «garantista» con los acusados, y da más potestades a la víctima.

Procesados vs Formalizados
Antes, el juicio comenzaba con el procesamiento del indagado, que podía ser con o sin prisión. Para llegar a la sentencia de condena o absolución, la Justicia podía demorar meses o años. Por eso el 68% de los presos no tenía sentencia.
Ahora ya no se habla de procesamiento. En lugar de eso, se formalizan o no procesos penales. La formalización es la etapa en la que un juez de garantía define si una persona será sometida a juicio. Puede ser enviada a prisión preventiva.

Etapa de acuerdos
En la etapa de formalización, la fiscalía puede proponerle acuerdos a la defensa como el llamado «proceso abreviado» y la «suspensión condicional del proceso». En el primero el acusado recibe una sentencia directamente en la audiencia de formalización, luego de asumir su responsabilidad en el delito a cambio de recibir una reducción de la pena; en la segunda el proceso se detiene mientras el acusado se compromete a cumplir con determinada condición. Además, la víctima puede proponer la vía de la «reparación» –devolución de lo robado y pedido de disculpas-.

¿Delincuentes liberados?
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el nuevo código es un «cambio más cultural que normativo», porque si antes la lógica del sistema penal era de «persecución de esa quimera que es la verdad material» para aplicarle una sanción, ahora se busca resolver un conflicto entre el Estado y la persona acusada. Por esa razón se tienen en cuenta aquellas soluciones como la «reparación», y la «suspensión condicional del proceso». Sin embargo, ninguna de estas opciones se aplica en delitos graves en los que se sigue aplicando prisión preventiva mientras dura el proceso.
Fiscal de flagrancia
El fiscal es el encargado de dirigir la investigación, una tarea que antes recaía en los jueces. Cuando toma conocimiento de un hecho presuntamente delictivo debe promover su persecución penal. En Montevideo hay nueve fiscales de flagrancia -encargados de atender aquellos delitos en el momento en que ocurren-. Si los delincuentes son detenidos, este fiscal es el encargado de llevar el caso a una audiencia de formalización, de lo contrario el tema pasa a manos de un fiscal especializado (en homicidios, drogas, delitos económicos y de corrupción, sexuales o de género, y de violaciones a los Derechos Humanos).

Defensa
Los fiscales no pueden tomarle declaración a los acusados sin presencia de su abogado defensor. Además, la defensa puede acceder a la carpeta de investigación del fiscal. Antes era habitual que la Policía interrogara a los detenidos sin abogado, por lo que estos no sabían nada de lo que investigaba la Justicia.

Juez de garantía
Se separó al Juez que resuelve en las etapas previas al juicio del que resuelve al final si condena o absuelve. El Juez de garantía aprueba o rechaza los pedidos de la Fiscalía de allanamientos, escuchas telefónicas u órdenes de detención. También participa de la audiencia de formalización, en la que define si se inicia o no el proceso penal y si decreta la prisión preventiva mientras se investiga.

Víctima
Puede conocer las actuaciones desde el inicio de la indagatoria (excepto cuando se disponga su reserva), proponer prueba, solicitar medidas de protección en caso de amenazas o agresiones contra ella, sus familiares o allegados, oponerse a la decisión del fiscal de concluir o no iniciar acción penal, y evitar que se ponga fin al proceso, si aporta pruebas.

Extenuados
Los fiscales de Montevideo -donde ocurren la mayoría de los delitos- trabajan en dos turnos semanales de 12 horas cada uno. El resto de la semana deben formalizar aquellos casos que ingresan durante su turno. En la noche hay un solo fiscal con su adjunto y su adscripto (abogado) para recibir las denuncias. El fiscal Gustavo Zubía atendió el pasado sábado unos 209 llamados durante la noche. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que se analize esta situación para determinar si es necesario establecer cambios al régimen de trabajo.

Peritos
Los peritos, que son los encargados de evaluar técnicamente las pruebas que se presentan en un juicio, ya no son propuestos por el juez, sino que cada parte podrá llevar a sus propios peritos, elegidos de una base de profesionales del Poder Judicial.
Juez
Solo se dedica a juzgar a los implicados en base a las pruebas que el fiscal le traiga al final del juicio. Debe escuchar los argumentos de la defensa y la fiscalía para definir si condena o absuelve.

Dr. Germán Aller, Docente Grado 5 de Derecho Penal y Criminología
«Uruguay estaba acostumbrado a un sistema del siglo XIX»

Tras la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, que modificó sustancialmente el sistema penal uruguayo, EL PUEBLO dialogó con el Dr. Germán Aller, profesor Grado 5 de Derecho Penal y Criminología, quien brindó su visión respecto a los puntos imprescindibles de dicha reforma y una evaluación primaria del comienzo de su aplicación.

¿Cuáles son las modificaciones esenciales efectuadas en el nuevo Código del Proceso Penal?
El hecho de que se pase a la oralidad, básicamente; que el rol investigativo recaiga en el Ministerio Público, en el Fiscal, eso es muy importante porque, de alguna manera, libera al Juez, a los efectos de tomar decisiones sin estar impregnado de lo que es la parte investigativa. Entonces, ese ya es un cambio muy positivo, que en la práctica ya se ve en estos pocos días, en el sentido de democratizar, abrir el proceso, y asegurar o por lo menos propender a que los fallos judiciales sean mucho más equitativos. Eso no significa un cambio en el Código Penal, por lo tanto no cambian los delitos, no cambian las penas; el cambio radica en lo estrictamente procesal.
A su vez hay también otro cambio importante, muy favorable, que es el rol de la defensa; es decir, el defensor ahora pasa a tener un papel mucho más protagónico, de mayores posibilidades, de un mejor ejercicio de lo que es la labor en si defensista; porque va a tener (de hecho ya tiene), acceso a la carpeta –lo que antes era el expediente-, desde el momento en el que tome noticia por medio de su cliente, que está siendo investigado o indagado. Por lo tanto, el Ministerio Público, aún antes de la Audiencia de Formalización, no sólo puede, sino que debe exhibir esa carpeta, mostrársela in totum, con un régimen de excepción, que estaría dado para los casos que corresponda conforme al nuevo Código, la reserva del expediente.
Esta reserva, es a mi modo de ver, unos de los posibles temas donde se podría plantear alguna objeción.
Hay temas objetables; el Código si bien es un gran avance, pues pasamos de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, no puro, pero acusatorio en fin; pasamos a una situación en la que el Juez queda como tercero imparcial, no impregnado, y que si toma decisiones antes de la Audiencia de Formalización (órdenes de allanamiento o de detención), automáticamente -por la modificación legal que produjo el Código antes de entrar en vigencia plena-, directamente ese Juez ya no puede proseguir, más allá de la Audiencia de Formalización; equivaliéndose, aunque no se le llama así, o pereciéndose si se quiere, a un Juez de Garantías, que es el primero que toma medidas. Esos cambios, ya de por sí son fundamentales. Objeciones uno puede encontrar algunas, lamentablemente las hay, el Código no es perfecto, dista mucho de ello; va a merecer seguramente cambios, modificaciones como en su momento pasó con el Código General del Proceso (CGP), de materia civil en el año 1989, el que tuvo más de cien artículos modificados, y sin embargo, fue considerado y sigue siendo hasta el día de hoy, un Código ejemplar o modelo para nuestra región y Latinoamérica. Y en éste caso, creo que el Código tiene cosas perfectibles, como es el tema del juicio abreviado, lo que puede dejar alguna duda; es muy bueno que exista, se llame como se le llame, un proceso extraordinario, como era originariamente en el Código, o abreviado; pero eso no quita que aunque deba existir y sea correcto, uno pretende que sea en casos contados, que no se pretenda resolver todo por la vía del juicio abreviado.

¿Surge la posibilidad de negociar la pena y la obtención de beneficios para el culpable?
La idea de negociación como palabra, puede llamar a algún tipo de equívoco o confusiones, cuando nada tiene de malo; negociar es en el sentido de que un individuo, con una prueba clara y contundente en su contra, que ha reconocido el delito, que incluso le beneficia y desea terminar cuanto antes, sea con reclusión o no, pero terminar la causa penal cuanto antes; pueda llegar a un «acuerdo» con el Ministerio Público, dentro del marco jurídico, lo cual nada tiene que ver con cuestiones tales como corrupción o esos temas espúreos; no creo que en Uruguay sea el planteo que tenemos, porque nuestra historia dice que son casos aislados, nada más.
Entonces, se busca llegar a un «acuerdo», para abatir la pena u obtener algún tipo de beneficio, dentro del tracto procesal; esto, a la medida que se cumpla en esos extremos, me parecería correcto.
La persona renuncia a todas las garantías del proceso, es decir, me refiero en el sentido de seguir el proceso entero, porque se asusta, tiene temor de las posibles consecuencias, y en lugar de guiarse por las posibilidades reales que tiene de defensa, se guía por otros aspectos, con la idea de terminar rápido; entonces, puede llegar a perder posibilidades u oportunidades muy buenas de obtener un mayor suceso en un juicio ordinario, común y completo. Ese es un tema que habrá que ver; es una duda que, obviamente, puede surgir.
El otro tema que hay que tener claro es el de la prisión preventiva. El nuevo Código establece un régimen correcto, adecuado, que se sigue en la mayor parte de los países de nuestra región, hispanoparlantes y del mundo en general, que es que a la cárcel o a la prisión, le corresponde a las personas culpables, sobre las que pesa una sentencia de condena dictada por un Juez. Entretanto, la prisión no es la regla, sino una mera excepción y, cuando sea recluido, sólo ha de serlo para no impedir el tracto procesal, es decir, la tramitación del proceso, la obstaculización de la prueba, cuestiones por el estilo, lo que no es un tema estrictamente vinculado a la gravedad del delito, sino a eso y a que el individuo potencialmente no siga delinquiendo; no es más que eso. Por lo tanto, el resto de las personas –que tiene que ser la regla-, han de esperar el fallo en libertad, sin perjuicio de que se tomen resguardos para su comparecencia.
Eso es lo que pasa en todo el mundo; y en Uruguay, llama un poco la atención porque estamos demasiado acostumbrados desde el siglo XIX, a que a las personas se las mete presas y luego, a medida que se va probando que son inocentes, a lo largo del proceso se los va dejando libres; o directamente, cuando se calcula que la preventiva, es la pena eventual a recaer. Y esa realidad va cambiando, e indica también, un cambio importante en la mentalidad no sólo de los operadores del sistema –quienes se manejan con el Código-, sino que en el común de la gente.

¿Cómo cree que aceptará la ciudadanía, dicha reforma y cambio de sistema?
Un ciudadano, perfectamente puede suponer que está mal un sistema con el cual quien ha sido captado hurtando, no vaya preso. Lo primero a destacar es que, en muchas ocasiones, esas personas van a seguir yendo presas; precisamente, tomando en cuenta sus claras posibilidades de seguir delinquiendo, antecedentes, etc. Pero en muchos otros casos, esa concepción social de que tiene que ir presa, es un juicio de culpabilidad apriorístico, en el que ha decidido el ciudadano, y eventualmente la prensa o cualquier otro interlocutor, pero no lo ha decidido el Juez, quien es el único que tiene que decidir. Es decir, falta justo lo más importante, que es que lo decida el Juez; y por eso, para avanzar democráticamente en nuestro país, sí o sí necesitamos. Hablo de medidas restrictivas de la libertad, como en este caso sería la prisión preventiva, que sean absolutamente excepcional, y no la regla.
Este es un cambio importante, y que va a significar una dificultad para el ciudadano que está acostumbrado a otro sistema, en el que prácticamente da por equivalente a una sentencia el auto de procesamiento. Ahora esto se suprime, no va a existir más; lo equivalente, que no es lo mismo, sería la Audiencia de Formalización, en la que se incoa una causa, pero en realidad sigue siendo una presunta inocente la persona, y así se los debe tratar. Por ende, los presuntos inocente, que digamos que es lo mismo, los inocentes, no tienen que estar presos.
Eso es a parte de la gravedad del delito por el cual se lo está investigando, porque no tenemos certeza de que no exista una causa de justificación, una causa de inculpabilidad, o que los hechos, que en apariencia podrían señalarlo como autor, en la prueba se corrobore que nada tenía que ver. Con lo cual, disminuiríamos los posibles errores dentro de lo que es la Justicia, y eso es democratizar os procesos.

¿Qué evaluación se hace en este corto tiempo, de la aplicación del mismo?
Creo que el balance es positivo, por más que habría que tener un relevamiento completo, que en lo que a mí respecta no lo poseo aún; pero, básicamente hasta el momento ha sido positivo.
Es decir, era previsible que iba a haber inconvenientes, se puede dudar a veces cuáles, sobre todo desde la parte operativa, algunas cavilaciones en lo que respecta a los operadores del sistema, pero, en términos generales no solo fueron subsanados sino que se salió de buena forma.

Hay “cuestiones a mejorar”, dijo la Fiscal María Eugenia Rodríguez
Fiscales tienen más trabajo que antes pero eso no implica que existan casos paralizados ni retrasados

La carga de trabajo aumentó indudablemente ya que el nuevo proceso penal importa la asignación de nuevas tareas y responsabilidades en el cumplimiento de las mismas”, afirmó a EL PUEBLO, la Fiscal Letrado Departamental, Dra. María Eugenia Rodríguez, al ser consultada por la puesta en funcionamiento del nuevo CPP (Código de Proceso Penal).

En su caso particular, comenzó a desarrollar funciones como Fiscal Letrado Departamental el 31 de octubre del corriente y seguidamente tuvo su debut con el primer turno de flagrancia del proceso penal acusatorio en la ciudad de Salto.
Sobre la situación particular en nuestro departamento, Rodríguez señaló que no existe una especialización de las Fiscalías por materias y tampoco se adoptó el criterio de asignar a alguna los asuntos que se tramitan por el proceso viejo y a otras los asuntos que se tramitan por el proceso nuevo, sino que las tres Fiscalías continúan entendiendo en ambos procesos concomitantemente.
En este sentido, afirmó que “es una ardua tarea llevar adelante la investigación”, sin embargo esto no implica que existan casos paralizados ni retrasados por la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. “Los asuntos que ya se encontraban a estudio de las respectivas Fiscalías antes del 1 de noviembre continúan tramitándose normalmente, sin perjuicio de la complejidad de cada caso”, puntualizó la Fiscal. Rodríguez señaló que “indudablemente hay muchas cuestiones a mejorar” como lograr la interoperabilidad completa de los sistemas informáticos de los distintos organismos a efectos de agilizar las comunicación y el trasiego de información, perfeccionar las aptitudes investigativas de los Fiscales así como dotar a las Fiscalías de los recursos materiales necesarios para el desempeño de la tarea y continuar capacitando a los funcionarios administrativos para el eficiente desempeño de sus tareas.

BALANCE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL CPP
A modo de balance de su trabajo a poco más de una semana de la puesta en marcha del nuevo CPP, Rodríguez comentó que “el comienzo de aplicación de una normativa nueva en materia procesal penal siempre importa grandes desafíos, especialmente por su impacto en temas que interesan a la sociedad toda. La modificación normativa es sólo la punta del iceberg. Si bien es claro que la transición hacia un proceso penal acusatorio más garantista para el indagado es absolutamente deseable, lo que se emprende con esta modificación es un proceso de cambio de las dinámicas hasta ahora conocidas por los operadores del sistema de justicia penal. Introyectar la nueva lógica del proceso penal acusatorio y sus reglas requiere del trabajo, colaboración y disposición de los actores involucrados. En este marco, los integrantes de la Fiscalía General de la Nación enfrentamos un gran desafío porque el rol protagónico implica una modificación sustancial en la forma de desempeñar la función atento a las nuevas responsabilidades asignadas. Así, el rol de director de la investigación importa el desarrollo de nuevas habilidades, así como de la incorporación de una visión estratégica del litigio que pretende brindar respuestas a la sociedad y a las víctimas de los delitos”.

¿EL NUEVO CPP PRESENTA DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA?
“La puesta en escena de este nuevo sistema procesal penal presenta dificultades asociadas al desarrollo de nuevas tareas, a la exigencia de pensar una nueva organización del trabajo para cumplir los cometidos asignados, la necesidad de coordinar acciones con los interlocutores. En particular el segmento policial del sistema penal tenía una forma de relacionarse con los integrantes del Poder Judicial que es diferente al que tiene con el Fiscal por el distinto rol que asume éste en el proceso. Por otro lado, si bien el uso de las herramientas tecnológicas tiene el objetivo de sistematizar y agilizar la actuación, cuando los instrumentos son nuevos y su correcto funcionamiento depende de la coordinación entre varios organismos, a veces no dan los resultados esperados desde el inicio. Afrontar estas dificultades exige un esfuerzo sostenido de los interlocutores, pero especialmente, de los integrantes de la Fiscalía General de la Nación”.

¿CÓMO ES LA NUEVA RELACIÓN CON LA POLICÍA, HAY PROBLEMAS DE COORDINACIÓN, DE QUE TIPO?
“No me referiría a problemas de coordinación ya que los representantes de ambas instituciones hemos interactuado a nivel local en instancias previas a efectos de fijar criterios de relacionamiento, pero es claro que la puesta en práctica genera inconvenientes a veces imprevisibles que obligan a continuar en la tarea de armonizar criterios sobre determinados aspectos”.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO?
“Actualmente me encuentro con menos dificultades que al principio, inicialmente el sistema informático previsto no tenía desarrolladas todas las bondades previstas. En la emergencia de cumplir con los plazos previstos, especialmente en las hipótesis de flagrancia, asociadas a la detención de una persona, el uso de las herramientas informáticas puede resultar una carga. No obstante, entiendo que es una forma transparente y certera de registrar la actuación”.

¿ HAN TENIDO DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS O EN LAS SEDES JUDICIALES PENALES?
“En la ciudad de Salto, no hemos tenido inconvenientes para la fijación y celebración de audiencias con el Poder Judicial, en este sentido las coordinaciones han sido exitosas. He encontrado excelentes interlocutores, siempre dispuestos a solucionar dificultades y a colaborar para cumplir los cometidos, cada uno desde su rol”.

¿LOS FUNCIONARIOS DE FISCALÍA FUERON BIEN PREPARADOS, CÓMO
LLEVAN ESTA SEMANA DE ADAPTACIÓN AL NUEVO CPP, NECESITAN MÁS PERSONAL?
“Tanto para los técnicos como para los administrativos este cambio de normativa se presenta como una alteración sustancial de las actividades a desarrollar y la forma en que las mismas se ejecutan. Es necesario seguir trabajando en equipo para lograr resultados exitosos”, señaló la Fiscal.

Abogado Diego Gaitán

“El nuevo Código de Proceso Penal va a requerir de un período de adaptación”

El Abogado Diego Gaitán hizo un análisis de las ventajas y desventajas del nuevo Código de Proceso Penal.

“Como primera ventaja de este nuevo código es que se pasa de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio.
El sistema inquisitivo que regía anteriormente en el código derogado, implicaba que el juez investigara, llevando a cabo la etapa de investigación y en base a ello juzgaba.
El juez recolectaba la prueba; el fiscal en base a dicha prueba acusaba y a posteriori el juez decidía.
Lo que se veía es que de esa forma se viciaba un tanto el sistema. El juez en el momento de decidir, ya había intervenido en toda la prueba y era muy difícil que se apartara de lo que ya había analizado.
Hoy la actividad exclusiva de investigar le compete al fiscal.
Ésto se va a ser claramente diferenciado en la práctica. Antes la policía – frente a un acto delictivo – llamaba al juez. Ahora tiene que comunicarse con el fiscal. Éste va a instruir y cumplir con las etapas probatorias.
El fiscal va a cumplir con toda esta investigación. El defensor, tambien la víctima podrá diligenciar prueba.
Sin dudas es una ventaja para todos, principalmente para el defensor porque se va a ver más la imparcialidad del juez y la distinción de partes.
Antes el juez y el fiscal conformaban una parte contra el imputado. Hoy el investigado va a estar en un plano de igualdad con el fiscal. Ojala en la practica pueda verse esa diferencia con el sistema anterior.

LA COMPAÑÍA DE UN ABOGADO DESDE EL PRIMER MOMENTO DEL PROCESO
Luego para el investigado – un cambio importante que trae que si se quiere es más ventajoso – va a ser que desde el arranque de la investigación por ejemplo en caso de haber agarrado in fraganti en un delito por la Policía – ya desde ese momento tiene derecho esa persona a estar con su abogado. Antes, cuando el abogado concurria a la seccional policia, su cliente estaba incomunicado por orden del juez, y por lo tanto no podia comunicarse con el extremo este que entendemos ahora no podrá establecerse. Es un derecho de todo detenido tener su abogado desde el inicio, simpre lo fue pero dicho derecho se veía limitado.
La Policía – en esos casos que haya gente detenida solamente puede tomar declaraciones de la identidad del sujeto.
Y debe avisar al fiscal que esa persona está detenida para que preste la declaración frente al fiscal en compañía del abogado.
Antes la persona debía declarar ante la policía sin estar con su defensa.
Siempre el investigado tiene el derecho a no declarar o a decir lo que se le ocurra, pero luego va a tener que probarlo.
Antes la persona al ser detenida quedaba incomunicada y se le tomaba allí declaraciones, declarando sin estar asesorado.
Lo que se espera que esto luego en la práctica, se cumpla. También cuando preste declaraciones al fiscal, previamente tiene que estar asesorado por un abogado. Que pueda mantener una reunión con el profesional y que éste lo asesore antes de la declaración.
Lo que se ve es que obviamente se va a recargar de trabajo a la fiscalía. Como todo código va a tener inconvenientes en la práctica y seguramente se van a tener que hacer modificaciones. Como todo código va a llevar un proceso de adaptación y ojalá se puedan cumplir con los plazos establecidos. Hay muchas personas privadas de libertad sin condena y esto es lo que se pretende cambiar. En la actualidad se reduce el tema de los plazos. Lo que sucede es que como toda ley las excepciones pasan a ser la regla general.
Lo fundamental es que se pasa a un principio acusatorio y el que debe investigar ahora es el fiscal. A la víctima se le da mayor intervención y a la vez existe un proceso abreviado, acuerdos en que se deja de lado a la víctima y resulta un beneficio para el reo, ya que puede llevar a que se le reduzca la pena.
Es decir, en los procesos abreviados que seguramente sean la mayor cantidad, la víctima no tendra participacion.
También se preven acuerdo reparatorios.
Este cambio ha insumido mucho tiempo y dinero, pues se han reformado los juzgados y ha ingresado un número importante de jueces, defensores de oficio y fiscales; ha requerido de mucha inversión.
Tal vez para el ejercicio de la profesión consta de mayores ventajas que inconvenientes. Si bien el cambio es grande falta muchísimo más estructura y funcionarios.
Otro punto de trascendencia es que se le quiso decir a la sociedad que que un nuevo código habría mayor seguridad y eso no es así.
Hoy existe una notoria pérdida de valores y ello no lo va a arreglar un código.
El problema de la inseguridad no pasa por un Código Procesal.
La defensa también va a proponer pruebas… la víctima va a poder solicitar pruebas, Entonces el juez en base a todas las pruebas va a juzgar.
Ello genera un cambio radical e insistimos ojalá en la practica se vea así.

Crio. Giovanni Bacci, Vocero de la Jefatura de Policía de Salto
“El detenido, no puede ser sometido a interrogatorio policial, debiendo ser sometido inmediatamente el hecho a conocimiento del Fiscal actuante”

La Policía continúa siendo, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas esenciales en el nuevo sistema del Código del Proceso Penal. La nueva metodología, ha implementado una dinámica diferente en el trabajo de los efectivos de la fuerza, quienes comenzaron a desempeñar sus tareas investigativas, fuertemente ligados a las nuevas directrices emanadas desde un actor preponderante como pasó a ser el Fiscal.
EL PUEBLO habló al respecto con el Vocero de la Jefatura de Policía de Salto, Crio. Giovanni Bacci, quien se refirió al tema.
¿Cuál ha sido el cambio sustancial en el relacionamiento con jueces y fiscales ante sus nuevos roles?
Desde el punto de vista policial, la “notitia criminis”, la seguimos dando, con la diferencia que, ya no es al Juez de turno competente, sino que es al Fiscal; o sea, cambió el actor, en ese sentido, pero nuestro trabajo hacia el relacionamiento con la Justicia, en ese sentido sigue siendo el mismo.
La diferencia sustancial es que, todos los casos se judicializan a través de los sistemas informáticos en primera instancia, que es el SGCP policial, y el SIPAU de Fiscalía.
Cuando sucede un evento policial, que sea delito o falta, se ingresa al sistema de gestión policial de seguridad pública, y automáticamente, cuando se termina de redactar el evento, la “notitia criminis” pasa al Fiscal de turno, condición sine qua non. Entonces, en forma casi automática, el Fiscal está teniendo conocimiento de los hechos. Sin perjuicio de que, en hechos donde amerite la detención in fraganti, u otros hechos importantes, se le da noticia también, vía telefónica.
El ingreso del evento tiene sus tiempos, tiene sus pautas, que son de trabajo interno; también se le da, si fuera el caso, la consulta telefónica, para adelantar tiempos de trabajo.
¿Pero la Policía continúa teniendo un papel importante en las investigaciones?
Sí, por supuesto. Ahora tiene otras pautas, porque, al poner en conocimiento de los hechos, a través de los sistemas informáticos, para todos los casos que sean delitos o faltas, se necesita que el Fiscal -a quien lo designa automáticamente el sistema interno de Fiscalía-, de órdenes, directivas de actuación, sobre ese determinado caso, a través del sistema, y así le llega al oficial del caso; éste es el responsable de la seccional de primera instancia, quien forma un equipo de trabajo, todo lo cual queda registrado en los sistemas informáticos.
Entonces, siempre se está a la espera de las disposiciones del Fiscal, para continuar con las actuaciones que éste estime pertinentes.
El nuevo Código establece un plazo máximo de un año para que se efectúen las investigaciones, y se dictamine sobre los caso; ese nuevo modus operandi, ¿condiciona el trabajo que ustedes realizan?
Recién transcurrieron diez días desde el comienzo de la aplicación del nuevo Código, y de parte de la Policía se está trabajando acorde a las exigencias del mismo; se están siguiendo las pautas indicadas, y todos los casos que ha habido, se han tratado de acuerdo a lo establecido, siguiéndose las directivas dictadas por los fiscales. Es muy pronto para que hagamos una evaluación de cómo nos va a condicionar esas situaciones, para, eventualmente, mejorar la operativa, mejorar la dinámica de trabajo, etc.
Hemos mantenido varias reuniones con los fiscales de Salto, para ir ajustando y coordinando tareas, de acuerdo a un protocolo que emitió Fiscalía, de actuación de los distintos casos que puedan surgir.
Un dato importante a destacar es que, el detenido, no puede ser sometido a interrogatorio policial, debiendo ser sometido inmediatamente el hecho a conocimiento del Fiscal actuante; solamente se le puede consultar sus datos filiatorios, domicilio, indicársele el derecho al nombramiento de abogado defensor, y a algún familiar para darle noticia de su situación en la sede policial. A partir de ahí, el Fiscal da las directivas respectivas para continuar con la investigación, y dispone las actuaciones pertinentes respecto a la persona detenida.
Como ejemplo, puedo expresar con propiedad lo que fue el primer caso donde hubo un condenado, pues me tocó estar de guardia; se trató del hurto de una moto, el viernes 3 de noviembre, donde se cumplieron todos los pasos y la dinámica de procedimiento, al punto que, en el mismo día, se culminó con todo el proceso, con la condena de la persona detenida. A las 01:50 fue detenido, y a las 17:00 horas aproximadamente, ya se dictó la condena.
¿Qué evaluación podría hacer de estos primeros días de aplicación del nuevo Código?
Si bien, en los primeros diez días de aplicación del nuevo Código es muy pronto para hacer una evaluación desde el punto de vista de la actuación policial, podemos decir que, todos los casos que hemos tenido, de distinta índole, se han resuelto según las exigencias establecidas; han habido unas 14 personas detenidas hasta el momento, en distintas seccionales policiales, por diferentes situaciones, principalmente, por delitos fragantes, y a todas se les ha aplicado la normativa correspondiente.
Ha sido un período positivo en la actuación policial, porque no hemos tenido o por lo menos que hayamos constatado, falencias importantes que, ameriten un cambio de metodología de trabajo o algún otro tipo de dinámica en la actividad.
La verdad que estamos en condiciones de decir que, en estos primeros diez días nos hemos adecuado a las exigencias del nuevo Código del Proceso Penal.

 







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