Desatar las manos a la ley

Ayer en estas columnas opinábamos sobre la irregularidad de ciertas acciones de organismos de seguridad que se hacen al margen de la ley y obviamente la Justicia no puede ni debe avalar.
Esto es sucintamente, involucrarse en las acciones de determinados grupos delictivos para investigarlos “desde adentro”.
Esta es una de las medidas impulsadas y aprobadas en el período inmediato a la dictadura militar, debido a que se tenían suficientes elementos para pensar que había casos en que se temía que estas acciones hubieran incluso sido fomentadas desde el interior de estos grupos y por personas infiltradas. Vale decir, no se tenía claro si quienes las llevaban a cabo eran sus impulsores o habían sido impulsados a ello.
En buen romance, por entonces compartimos la medida y ante la sospecha nos pareció un acierto prohibir dichas infiltraciones.
Ahora bien, hoy tenemos una realidad muy diferente y la propia Policía está impedida no sólo de infiltrarse, sino de investigar y hacer el seguimiento de personas-
Esto lleva a que se vea impedida, por ejemplo, de investigar y tener bajo vigilancia a gente “pesada” con antecedentes y que se tienen suficientes elementos como para sospechar que están participando de ciertas acciones delictivas. Por ejemplo, cuando son blanco o participan de un tiroteo.
Vale decir que aquello que se adoptó bajo determinadas circunstancias hoy aparece como totalmente contraproducente.
Muchas veces nos preguntamos ¿por qué la Policía no los mantuvo bajo vigilancia o los siguió para estar al tanto de sus andanzas cuando se trata de gente del ámbito delictivo?
Es cuando hay que saber que la Policía está específicamente maniatada en este sentido. Si vigilara o mantuviera bajo sospecha a alguien que ha sido liberado por la Justicia estaría cometiendo una irregularidad, cosa que algún jerarca se ha apresurado en negar.
Vale decir que en estos casos la ley parece como proteger al delincuente.
Esto significa que se hace necesario adecuar las leyes a los tiempos que vivimos, porque en caso contrario sencillamente vamos a ser testigos de cómo la delincuencia sigue ganando terreno y sus acciones son cada vez más audaces.
Por estos días hemos visto en Salto, la agresividad incluso de gente que se ha instalado en la vieja estación del ferrocarril noroeste. ¿Es válido esto? ¿Es legal? ¿Nada puede hacerse en estos casos?
La invasión de los lugares públicos es cada vez más evidente. Son muchos ya los paseos públicos, incluso algunos que han sido declarados patrimonio departamental, que han sido ocupados y usurpados, sin que aparentemente nadie pueda hacer nada para recuperar estos lugares para el dominio público.
Entiéndase bien. No estamos contra quienes no tienen vivienda y se instalan en el primer lugar que encuentran a mano, pero creemos que esto debe tener límites y es el gobierno departamental quien despojado de todo interés político, debe dar una solución al tema.







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