Despejemos la humareda

No acostumbramos a inmiscuirnos en temas de otros países, por la sencilla razón de que no nos incumbe, pero en este caso, la cuestión nos involucra como nación.
Se trata del proyecto de provincialización de la parte argentina de la represa de Salto Grande (50 por ciento), que está reclamando un legislador de la provincia de Entre Ríos, que busca mediante esta iniciativa concitar la atención de una importante masa de conciudadanos.
Nos llama la atención de que este proyecto tome fuerza precisamente en tiempos electorales. Vale decir, en un año en que la vecina nación se apresta a realizar una elección legislativa muy importante.
Por estos días hemos oído todo tipo de versiones, desde que Entre Ríos reclamaría la propiedad (total) de la represa, lo que suena obviamente a un absurdo que sólo puede confundir a algún incauto ignorante, hasta el hecho que parecería que es cuestión unilateral de Argentina, cuando quienes tienen noción del tema saben que Salto Grande se basa en un convenio entre los estados de Argentina y Uruguay y por lo tanto para que Uruguay, con status pleno de Estado, pudiera celebrar un convenio con una provincia, es decir, con una parte del estado argentino, resulta prácticamente impensable, salvo que se cambie hasta las raíces del Derecho Internacional.
Por lo tanto para nosotros esto no es más que una humareda. Una iniciativa populista que tiende a encolumnar a mucha gente, que obviamente se deja llevar como rebaño, por el canto de sirenas que supone la idea de hacerse de la propiedad de la cuotaparte argentina de la represa y obviamente así ganarse su simpatía y lo que más importa en estos momentos, su voluntad en las urnas en el mes de octubre próximo.
Entendámonos bien, Salto Grande es tan argentina como uruguaya y por lo tanto pensar en que se cambie el acuerdo marco que dio lugar al aprovechamiento conjunto de los rápidos del río Uruguay por parte de ambas naciones, para derivarlo hacia una provincia es una utopía.
Al menos debe hablarse del producido y de los dividendos que genera la represa, pero nunca de la propiedad de una obra binacional.
Que sepamos existe en la vecina nacional una forma de regalías y de derechos internos – que no existen en nuestro país – que apuntan precisamente a compensar el daño ambiental que pudiera haber tenido la región por la construcción de la obra hidroeléctrica, pero estas son las condiciones económicas, vale decir el producido económico que cada nación lo administra de la forma que entienda más conveniente, incluso en el Uruguay fue cambiado, ya que inicialmente lo manejaba por completo la delegación de nuestro país y posteriormente mediante una ley del Partido Nacional pasó a ser administrada por el gobierno nacional.
Pero una cosa es la administración de los beneficios y otra muy diferente la propiedad de la misma.
En buen romance, nos parece que sólo es humo electoral que se habrá de acabar después de octubre.