El barro de la denigración humana

La Justicia procesó con prisión a una pareja de Tacuarembó como autora de un delito continuado de “contribución a la explotación sexual de personas menores de edad” y dos clientes también fueron a la cárcel como autores de un delito reiterado de “retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales”, informaron fuentes judiciales a El Observador.
Las menores explotadas sexualmente, a la vez estaban en INAU desde que sus padres fueran encarcelados por violación y proxenetismo, siendo precisamente ellas las víctimas.
Es oportuno reiterar que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece con claridad que la adolescencia llega hasta los 18 años y hasta los 15 años no hay “prostitución infantil”, sino “explotación infantil”. En esto se basa la Justicia cuando procede a procesar con prisión incluso a los “clientes” de una menor que recibe dinero para ejecutar prácticas sexuales, además de sus padres como responsables de los menores.
Generalmente la explotación sexual de menores de edad se mueve en un submundo “invisible”, cuenta con cierta complicidad social, dado que todos saben que existe o lo sospechan al menos, pero nadie denuncia, ni desea involucrarse abiertamente con una investigación del tema.
En Salto hay menores en situación de calle y hay niños incluso. Es más, días atrás se hizo público el caso de una menor de edad, de 12 años embarazada, y de una hermana apenas mayor que ella, que fueron retiradas de la calle por el INAU y ahora la niña embarazada es reclamada por su madre y un hombre mayor de edad (alrededor de 50 años), que se manifiesta con intenciones de casarse con la niña de 12, también pretende que “se la devuelvan”, porque la niña afirma “ha manifestado que quiere estar con él”. Sostiene que el embarazo es de él, aunque existen dudas al respecto.
Ahora bien, tenemos entendido que se trata de niñas, según entiende el Código de la Niñez y Adolescencia y por lo tanto, las disposiciones en la materia son muy claras.
Si alguien abusó de estas niñas puede verse en graves problemas ante la ley. Es más, la Justicia debería de asumir un rol protagónico para aclarar el tema y poner las cosas en su lugar. Abusar de una niña es ser depravado.
A esa edad las niñas deben estar en la escuela o en Educación Secundaria, pero nunca en la calle. Ahora bien, si alguien se aprovecha de esta situación de calle de las niñas, sacando provecho propio o tentándolas con un mejor pasar económico, máxime siendo una persona adulta, debe tener muy claro que está cometiendo un delito y puede llegar a ser procesado, por más buena voluntad que argumente.
Al menos así lo entendemos.
Alberto Rodríguez Díaz

La Justicia procesó con prisión a una pareja de Tacuarembó como autora de un delito continuado de “contribución a la explotación sexual de personas menores de edad” y dos clientes también fueron a la cárcel como autores de un delito reiterado de “retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales”, informaron fuentes judiciales a El Observador.

Las menores explotadas sexualmente, a la vez estaban en INAU desde que sus padres fueran encarcelados por violación y proxenetismo, siendo precisamente ellas las víctimas.

Es oportuno reiterar que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece con claridad que la adolescencia llega hasta los 18 años y hasta los 15 años no hay “prostitución infantil”, sino “explotación infantil”. En esto se basa la Justicia cuando procede a procesar con prisión incluso a los “clientes” de una menor que recibe dinero para ejecutar prácticas sexuales, además de sus padres como responsables de los menores.

Generalmente la explotación sexual de menores de edad se mueve en un submundo “invisible”, cuenta con cierta complicidad social, dado que todos saben que existe o lo sospechan al menos, pero nadie denuncia, ni desea involucrarse abiertamente con una investigación del tema.

En Salto hay menores en situación de calle y hay niños incluso. Es más, días atrás se hizo público el caso de una menor de edad, de 12 años embarazada, y de una hermana apenas mayor que ella, que fueron retiradas de la calle por el INAU y ahora la niña embarazada es reclamada por su madre y un hombre mayor de edad (alrededor de 50 años), que se manifiesta con intenciones de casarse con la niña de 12, también pretende que “se la devuelvan”, porque la niña afirma “ha manifestado que quiere estar con él”. Sostiene que el embarazo es de él, aunque existen dudas al respecto.

Ahora bien, tenemos entendido que se trata de niñas, según entiende el Código de la Niñez y Adolescencia y por lo tanto, las disposiciones en la materia son muy claras.

Si alguien abusó de estas niñas puede verse en graves problemas ante la ley. Es más, la Justicia debería de asumir un rol protagónico para aclarar el tema y poner las cosas en su lugar. Abusar de una niña es ser depravado.

A esa edad las niñas deben estar en la escuela o en Educación Secundaria, pero nunca en la calle. Ahora bien, si alguien se aprovecha de esta situación de calle de las niñas, sacando provecho propio o tentándolas con un mejor pasar económico, máxime siendo una persona adulta, debe tener muy claro que está cometiendo un delito y puede llegar a ser procesado, por más buena voluntad que argumente.

Al menos así lo entendemos.

Alberto Rodríguez Díaz