El ciudadano tiene derecho a acceder a la información de instituciones públicas

La clasificación de la información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado, en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro y específico de daño al interés público protegido, de acuerdo a la excepciones referidas en el presente artículo” (artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública (No, 18.381).
La reciente negación de UTE – un documento que lleva la firma de un gerente general no puede considerarse de otra manera – no reúne las condiciones establecidas por la mencionada ley para ser reservada. La divulgación del número de apagones registrado en el año, las principales zonas afectadas y su comparación con años anteriores, no puede de manera alguna ser así considerada. Al contrario entendemos que se inscribe dentro de los objetivos de la ley que es de fomentar la transparencia en materia del manejo de los servicios públicos.
Ha hecho bien el presidente de UTE, al señalar desde los Estados Unidos, donde se encontraba, que el documento librado con la firma del gerente general no pasó por el directorio, ni mucho menos. Es más ha sostenido que a su regreso dará toda la información que se requiera sobre el tema.
Es precisamente la actitud que cabe esperar cuando un jerarca entiende y comparte los objetivos de la ley. Los que se creen “dueños de la información”, se equivocan totalmente. Han pasado los tiempos en que no se podía pedir información a autoridad alguna.
La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido confeccionada, estudiada y analizada hasta en los mínimos detalles, tanto en su texto como en su reglamentación y establece con claridad meridiana los requisitos que debe reunir una información para ser considerada “reservada”.
Es más las diferencias debe resolverlas la Justicia y este alcance está también debidamente establecido en la propia ley. Honestamente, no creemos que el espíritu de quien hizo la ley haya sido el de sancionar a los infractores, sino el de proteger el derecho del ciudadano a conocer la información pública o semipública.
UTE está comprendida dentro de los servicios públicos y por lo tanto más que nadie debería de entender que la información que maneja no le pertenece, sólo la administra y es la población la que paga por ella.
Alberto Rodríguez Díaz