El “clavo” de las motos incautadas

La incautación de motos con irregularidades se ha transformado en un problema en todas las intendencias del país. Salto ha pergueñado un sistema que consiste en notificar a los propietarios, dándoles una última oportunidad para pagar con facilidades y levantar sus vehículos, una vez regularizada la irregularidad que determinó su incautación..
En otros lugares, como en la Intendencia de Maldonado, se ha publicado en estos días lo que se considera “un clavo” con 7.000 motos incautadas algunas desde hace mucho tiempo que son mantenidas bajo galpón, pero no se retiran.
El tema obliga a replantear la cuestión porque indudablemente requiere de una agilización de los trámites dado que las intendencias tienen que hacerse cargo del mantenimiento de los vehículos en las condiciones en que fueron incautados y esto requiere de disponer de un espacio adecuado para su conservación. Vigilancia permanente y demás.
Generalmente estos vehículos no son retirados porque el pago de las multas requiere de un desembolso casi igual al costo al menos de la entrega para comprar un vehículo nuevo.
Vale decir que en esta situación el retiro de los vehículos se vuelve una política estéril. Si el vehículo es retirado por irregularidades, falta de luz, de frenos adecuados o similares y aún cuando haya aparejado el retiro de la licencia de conducir, hoy el control posterior para que estos conductores no anden nuevamente circulando es harto difícil, teniendo en cuenta los miles de motos que circulan a diario en la ciudad. En definitiva, aún sin documentación siguen circulando y evitando los controles, mediante las comunicaciones casi instantáneas que permiten hoy las últimas tecnologías. Vale decir siempre estarán en la calle estos conductores irresponsables.
Si el fin fuera recaudar (cosa que no creemos que sea así en ningún caso), tampoco se lograría, debido a que la gran mayoría de los sancionados opta por no pagar.
En suma, es necesario proceder a fijar plazos cortos y atribuciones adecuadas a las intendencias, para que luego de notificada la situación a sus propietarios, o promitentes compradores en su mayoría, se pueda proceder con los vehículos, amparados por la ley.
En caso contrario, como sucede en la actualidad, seguiremos en una indefinición que atenta contra todo y cuesta dinero que bien podría dedicarse a otras cosas.