El derecho a mantener el reclamo

El tema de los desaparecidos durante la dictadura militar es uno de los que más divide a los uruguayos hasta el momento. Es además uno de los temas en el que indiscutiblemente es muy diferente la opinión que se tiene cuando se está comprendido en él, esto es cuando se tiene algún familiar desaparecido, o cuando no se lo tiene.
Para comenzar, la sola denominación de desaparecido despierta polémica, aunque legalmente hasta que no aparezca algún elemento que permita llegar a su identificación, la persona está “desaparecida” y no es posible considerarla fallecida, la realidad indica que prácticamente el 100 por ciento de ellos, han sido asesinados durante las dictaduras que proliferaron en América durante los años más negros del continente y aún muchos de los criminales siguen libres.
Pero 40 años después las posibilidades de encontrar algún indicio real del destino final de estas personas, parecen muy remotas. Aún así, entendemos que las personas que siguen buscando a sus familiares tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, sobre todo a conocer la verdad de lo que ha pasado, al tiempo de tratar de  hacer responder ante la Justicia a quien o quienes hayan sido responsables de su desaparición.
No es bueno para ningún gobierno dejar pasar impunemente estos crímenes.
No es bueno tratar de cubrirlos con un manto de impunidad, directo o indirecto, así sea otorgando una especie de salvoconducto a quien aporte datos concretos de los hechos.
No es un precio razonable a exigir a quienes reclaman, por más que las nuevas generaciones se confiesen “hastiadas” de escuchar estos reclamos, sosteniendo que nada tuvieron que ver con lo que pasó, estas acciones de quienes reclaman permanentemente tratando de conocer la verdad de los hechos son legítimas.
Entendemos que es un derecho humano ineludible, “verdad y justicia” son aspectos indisolubles y aún cuando no se pueda llegar a conocer aquella, es válido mantener viva la memoria, para que quienes fueron capaces de cometer estos crímenes sepan que no tendrán tranquilidad de conciencia por el resto de su vida, salvo que aporten a la verdad de los hechos.
Precisamente la historia enseña que los pueblos que cobijan estos hechos, los que olvidan tamaños crímenes terminan volviendo a sufrirlos y esto no queremos ¡nunca más!, para nuestro país.
Alberto Rodríguez Díaz

El tema de los desaparecidos durante la dictadura militar es uno de los que más divide a los uruguayos hasta el momento. Es además uno de los temas en el que indiscutiblemente es muy diferente la opinión que se tiene cuando se está comprendido en él, esto es cuando se tiene algún familiar desaparecido, o cuando no se lo tiene.

Para comenzar, la sola denominación de desaparecido despierta polémica, aunque legalmente hasta que no aparezca algún elemento que permita llegar a su identificación, la persona está “desaparecida” y no es posible considerarla fallecida, la realidad indica que prácticamente el 100 por ciento de ellos, han sido asesinados durante las dictaduras que proliferaron en América durante los años más negros del continente y aún muchos de los criminales siguen libres.

Pero 40 años después las posibilidades de encontrar algún indicio real del destino final de estas personas, parecen muy remotas. Aún así, entendemos que las personas que siguen buscando a sus familiares tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, sobre todo a conocer la verdad de lo que ha pasado, al tiempo de tratar de  hacer responder ante la Justicia a quien o quienes hayan sido responsables de su desaparición.

No es bueno para ningún gobierno dejar pasar impunemente estos crímenes.

No es bueno tratar de cubrirlos con un manto de impunidad, directo o indirecto, así sea otorgando una especie de salvoconducto a quien aporte datos concretos de los hechos.

No es un precio razonable a exigir a quienes reclaman, por más que las nuevas generaciones se confiesen “hastiadas” de escuchar estos reclamos, sosteniendo que nada tuvieron que ver con lo que pasó, estas acciones de quienes reclaman permanentemente tratando de conocer la verdad de los hechos son legítimas.

Entendemos que es un derecho humano ineludible, “verdad y justicia” son aspectos indisolubles y aún cuando no se pueda llegar a conocer aquella, es válido mantener viva la memoria, para que quienes fueron capaces de cometer estos crímenes sepan que no tendrán tranquilidad de conciencia por el resto de su vida, salvo que aporten a la verdad de los hechos.

Precisamente la historia enseña que los pueblos que cobijan estos hechos, los que olvidan tamaños crímenes terminan volviendo a sufrirlos y esto no queremos ¡nunca más!, para nuestro país.

Alberto Rodríguez Díaz