El derecho del pueblo

Todos los totalitarismos del mundo han tenido siempre entre sus ambiciones prioritarias poder establecer mordazas a los medios de prensa, de una u otra manera.

Lo han hecho bajo diferentes denominaciones «control», «censura previa», censura posterior, sanciones y persecuciones.

Este tipo de medidas llega a ser maquiavélico, al punto que la denominada «autocensura» llega a funcionar más lejos que la propia censura en las épocas dictatoriales.

En el otro extremo de la madeja es también muy cierto que los medios de comunicación, en especial los grandes medios de comunicación masiva, con la televisión a la cabeza y lo que hoy es también bastante frecuente, los denominados «multimedios», que comprenden medios escritos, televisivos, radiales e Internet, tienen un poder y una influencia tan grande que son capaces de volcar la opinión pública decididamente hacia una voluntad masiva.

De allí que la existencia de las leyes de prensa, que apuntan a la responsabilidad del periodista, muchas veces no satisface a quienes ambicionan mayor «control» de lo que se dice, lo que se opina y lo que se informa.

Los poderosos de turno y los que han estado en el poder y el pueblo finalmente los ha dejado de lado, siguen soñando con tener una prensa «dócil», que llaman «amigable» y cubren de elogios. En cambio dirigen toda clase de descalificación hacia aquellos medios o periodistas que no comulgan con sus ideas o sencillamente discrepan con estos poderosos.

En el Uruguay van apareciendo signos de esta lucha, a la que no escapará nadie en los años venideros. Sólo existe un aspecto diferente, lo que hasta el momento se ha hecho silenciosa y solapadamente, tratando de  imponer o negociar desde las sombras, hoy es imposible pensar que sea así.

Existe una ventana abierta a la libertad que son las redes sociales, Internet a la cabeza y por lo tanto lo que se haga, lo que se convenga, deberá ser negociado con mucha transparencia, sin esconder intereses o voluntad.

La Ley de Acceso a la Información Pública, que recién comienza a conocerse debidamente, ha dado al periodismo una herramienta formidable, que ojalá la sepamos utilizar debidamente, para defender esencialmente el derecho de la población a saber qué es lo que hacen los gobernantes a quienes les hemos dado la responsabilidad de gestionar nuestros bienes por determinado período.

Es de esperar que todos los argumentos y todas las exposiciones se expongan y discutan públicamente, para llegar a sacar de ellas el mejor provecho posible.

Es lo que pretendemos.