El fin no justifica los medios

El exdirector de ASSE, en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, al declarar ante el juez que investigaba la situación planteada en el sector, que incluyó coimas, cohecho y otras irregularidades, y uno de los indagados -no Silva – terminó en la cárcel por sus acciones.
Silva en cambio admitió que sus acciones tenían por objeto “salvar las fuentes de trabajo de los compañeros trabajadores”.
Entendemos que es uno de los errores que se cometen con frecuencia. Aún cuando se pueda creer que se trata de un propósito altruista, no se puede perder de vista que está mal, es una irregularidad y si se prueba que hubo delito, por ínfimo que este sea, la Justicia es quien debe determinar la sanción.
Creer que el fin justifica los medios es un grave error. Si admitimos esta premisa corremos el riesgo de terminar admitiendo toda acción que en alguna medida tenga un propósito beneficioso.
Silva -según declaró – obró en favor de la cooperativa de limpieza “Buena Estrella”, integrada por sindicalistas y trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero lo hizo en una forma indebida e indudablemente se equivocó.
Su acción consistía en pasar información a los cooperativistas para que compitieran con precios que no podían ser igualados por los demás.
El juez le responsabilizó de un delito de conjunción del interés personal con el público, delito que si bien no consideró grave, es pasible de una pena de seis meses a tres años de penitenciaría, aunque es excarcelable.
Que quede claro, Silva se equivocó, aún cuando invoque un fin benéfico para el sector (trabajadores) del que procede y la Justicia obró en consecuencia.
Ahora bien, ¿no existen en materia de Salud situaciones similares? ¿Quién controla la cristalinidad de los concursos y de las licitaciones por ejemplo? Si alguien está libre de culpa que tire la primera piedra, porque que sepamos nunca se ha informado debidamente de los resultados de los concursos y menos de los responsables de la fiscalización, quiénes y cómo la hacen.
Ni que hablar que si profundizamos podemos encontrarnos con situaciones similares en temas bastante distantes al de Silva yno es privativo de este gobierno precisamente.
La cuestión es que siempre se ha sido tolerante, hay fiscalizaciones que prefieren mirar para otro lado y en este caso no. Nadie puede discutir la justicia de lo obrado, pero es de desear que en todos los casos y siempre se haga lo mismo para ser justos precisamente.
¿Se entiende verdad?

El exdirector de ASSE, en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, al declarar ante el juez que investigaba la situación planteada en el sector, que incluyó coimas, cohecho y otras irregularidades, y uno de los indagados -no Silva – terminó en la cárcel por sus acciones.

Silva en cambio admitió que sus acciones tenían por objeto “salvar las fuentes de trabajo de los compañeros trabajadores”.

Entendemos que es uno de los errores que se cometen con frecuencia. Aún cuando se pueda creer que se trata de un propósito altruista, no se puede perder de vista que está mal, es una irregularidad y si se prueba que hubo delito, por ínfimo que este sea, la Justicia es quien debe determinar la sanción.

Creer que el fin justifica los medios es un grave error. Si admitimos esta premisa corremos el riesgo de terminar admitiendo toda acción que en alguna medida tenga un propósito beneficioso.

Silva -según declaró – obró en favor de la cooperativa de limpieza “Buena Estrella”, integrada por sindicalistas y trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero lo hizo en una forma indebida e indudablemente se equivocó.

Su acción consistía en pasar información a los cooperativistas para que compitieran con precios que no podían ser igualados por los demás.

El juez le responsabilizó de un delito de conjunción del interés personal con el público, delito que si bien no consideró grave, es pasible de una pena de seis meses a tres años de penitenciaría, aunque es excarcelable.

Que quede claro, Silva se equivocó, aún cuando invoque un fin benéfico para el sector (trabajadores) del que procede y la Justicia obró en consecuencia.

Ahora bien, ¿no existen en materia de Salud situaciones similares? ¿Quién controla la cristalinidad de los concursos y de las licitaciones por ejemplo? Si alguien está libre de culpa que tire la primera piedra, porque que sepamos nunca se ha informado debidamente de los resultados de los concursos y menos de los responsables de la fiscalización, quiénes y cómo la hacen.

Ni que hablar que si profundizamos podemos encontrarnos con situaciones similares en temas bastante distantes al de Silva yno es privativo de este gobierno precisamente.

La cuestión es que siempre se ha sido tolerante, hay fiscalizaciones que prefieren mirar para otro lado y en este caso no. Nadie puede discutir la justicia de lo obrado, pero es de desear que en todos los casos y siempre se haga lo mismo para ser justos precisamente.

¿Se entiende verdad?