El manejo de los bienes públicos

El manejo de los bienes públicos es uno de los aspectos que “pinta” con mayor crudeza el pensamiento y la forma de actuar y gestionar que tiene un gobierno.
Cuando se accede a la conducción, por ejemplo, de una Intendencia que tiene bienes importantes, sobre todo inmuebles y que resultan una “tentación” para quienes los manejan sin escrúpulos.
Existe también otro aspecto importante en la materia y es el conocimiento de información sobre todo de endeudamiento en la comuna, que puede y sospechamos que ha sido usada por exjerarcas para ofrecer “soluciones” a los propietarios privados con problemas de endeudamiento. En este sentido, se habrían ofrecido soluciones a los propietarios privados para que fraccionen sus inmuebles y les “vendan” a ellos una parte, saldando supuestamente la deuda con la Intendencia.
Es uno de los aspectos a investigar y pensamos que las auditorías lo harán, para determinar si no hay ventas a precio de necesidad y si realmente esos bienes han quedado libres de deudas anteriores, tras esas negociaciones.
Tenemos entendido que esto es tráfico de influencias, pero más allá de esto, aún cuando no configurara un delito, sí es inmoral, falto de ética y totalmente condenable.
La Intendencia de Salto es depositaria de la confianza de la población y se supone que cumplirá con su responsabilidad en el manejo de los bienes de ésta, que no le pertenecen a otro que no sea a la población toda.
¿Cómo se entiende entonces que haya zonas de la costa del río Uruguay que estén pobladas de “ranchos” (en la acepción de viviendas sumamente precarias)?
¿No es la costa acaso un paseo público, perteneciente no sólo a los salteños sino a todos los uruguayos?
No tenemos ningún cuestionamiento a que se otorgue una autorización, por un sólo predio a una cooperativa o grupo de pescadores para su utilización en forma comunitaria.
Pero nunca debería hacerse sin fijar las condiciones necesarias. Entre ellas, que su existencia no impida la circulación del público (actualmente hay predios alambrados y vigilados por perros feroces); debe entenderse que en caso de concederse dicha autorización, la comunidad toda, es decir, el pueblo salteño, “les presta” a este grupo de gente o institución el usufructo de ese predio, pero no se lo concede en propiedad.
Es imprescindible también que no se permita que atrás de esta instalación autorizada vengan otras y se siga acrecentando. Es necesario fiscalizar y hacer cumplir una existencia de este tipo.
También es importante vigilar que no sirva para el desarrollo de otras actividades que nada tienen que ver con la pesca e incluso son informales e ilegales, es decir, configuran delitos.







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