El sistema se ha vuelto perverso

Como toda herramienta pensada para facilitar una tarea o un trabajo, depende del uso que se le dé. Un martillo es la herramienta más apropiada para clavar un clavo, pero también se lo puede usar y de hecho así ha sido para asesinar a golpes a una persona, convirtiéndose en un arma letal.
El sistema de “pases en comisión”, existente hoy en el país es también una herramienta que depende de cómo se la use para ser muy útil y recomendable o perversa y condenable.
La Ley establece que los pases en comisión no pueden negarse, salvo las excepciones previstas en la misma ley.
En el parlamento – según publicación digital de la Cámara de Comercio – hay hoy 600 pases en comisión. La ley de 1985 y sus modificaciones posteriores establecen que cada legislador puede tener hasta cinco pases en comisión, lo que a todas luces nos parece una exageración.
Por lo tanto el parlamento con sus 130 integrantes puede alcanzar una cifra de 650 pases, de la que hoy alcanza los 600. La cuestión está en si realmente las personas que están en comisión cumplen funciones o sólo concurren a cobrar su sueldo, nada despreciable por supuesto, como ha sucedido que por años ni siquiera conocen al legislador que le tiene a sus órdenes.
La misma publicación digital mencionada expresó en su momento que algunos legisladores tienen en comisión a sus propias esposas, hermanos o hijos y a veces esposas de dirigentes de su mismo sector político.
Incluso – agregó la publicación – hay en esta situación dirigentes sindicales de primer nivel.
Dice también que aunque hay muchos que concurren a cumplir con sus tareas, un gran número no lo hace más que para cobrar cuando llega la fecha y el parlamento no establece disposición alguna que obligue a controlar la concurrencia al trabajo de dichos pasantes.
Pero hay algo más, el sistema de pases en comisión establece que el sueldo de estos funcionarios “prestados” deben seguir siendo abonados por la empresa original de la cual dependen hasta el momento del pase en comisión.
Hay de esta manera – por ejemplo – gente con sueldo de cargos gerenciales (en AN TEL es de casi 120 mil pesos), que hace varios años anda “prestado” en intendencias gobernadas por el mismo partido al que pertenecen y además, como en el caso que nos ocupa, el cargo gerencial no es “full time”, mantiene un programa radial y otras actividades puntuales. Un par de veces al mes también va a trabajar en el cargo que teóricamente desempeña donde está “prestado”.
Es en definitiva un flagrante abuso, jurídicamente sin nada irregular, pero ética y moralmente aberrante.
Alberto Rodríguez Díaz







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