En el filo de la navaja

El actual sistema de designación de los integrantes del Poder Judicial, establecido en la Constitución de la República fija los aspectos esenciales del mecanismo.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia, no puede permanecer en su cargo durante más de diez años, ni puede hacerlo con más de 70 años de edad.
El nombramiento de los integrantes de la SCJ, los hace la Asamblea General (reunión de ambas cámaras del Parlamento), por una mayoría especial – los dos tercios del total de sus componentes, esto es 87 parlamentarios – los nombres de los magistrados propuestos para asumir se manejan en reserva por el parlamento, hasta que se haya logrado un acuerdo que alcance la mayoría especial requerida.
Así ha sido hasta el momento y de esta forma se procura garantizar la independencia del Poder Judicial, sin “manosear” nombres de los magistrados.
Ahora bien, en estos momentos representantes de 130 organizaciones sociales están pidiendo que los candidatos a ser designados como ministros de la SCJ, concurran a una audiencia pública, en forma voluntaria (para hacer esta instancia obligatoria habría que modificar la Constitución de la República), pero que la no concurrencia sea tomada como un aspecto negativo para su designación.
Esta pretendida modificación es a nuestro juicio de mucho riesgo -roza la independencia del Poder Judicial – y abre las puertas para la intromisión del Poder Político en un ámbito que no le corresponde.
A nuestro criterio, las garantías establecidas en la actual Constitución de la República son las adecuadas y los legisladores de todos los partidos políticos tienen los recursos legales suficientes para conocer fehacientemente los antecedentes, las actuaciones y la forma de pensar de cada uno de los candidatos a los máximos cargos del P.J.
Esto apunta esencialmente a resguardar los valores de la democracia y si los aspirantes no le merecen garantías suficientes a más de la tercera parte de la Asamblea General, su nombramiento no prosperará.
Entendemos la preocupación de las organizaciones sociales, sobre todo porque hay decisiones del P.J., las más importantes que requieren unanimidad del máximo órgano de la Justicia, pero hay que entender también que abrir la puerta para la intromisión de otros organismos en la designación es contraproducente.
Si algún día las organizaciones son dominadas por intereses contrarios a la democracia, estaremos en una situación lamentable, mucho más difícil que la actual y eso sería inadmisible.

El actual sistema de designación de los integrantes del Poder Judicial, establecido en la Constitución de la República fija los aspectos esenciales del mecanismo.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia, no puede permanecer en su cargo durante más de diez años, ni puede hacerlo con más de 70 años de edad.

El nombramiento de los integrantes de la SCJ, los hace la Asamblea General (reunión de ambas cámaras del Parlamento), por una mayoría especial – los dos tercios del total de sus componentes, esto es 87 parlamentarios – los nombres de los magistrados propuestos para asumir se manejan en reserva por el parlamento, hasta que se haya logrado un acuerdo que alcance la mayoría especial requerida.

Así ha sido hasta el momento y de esta forma se procura garantizar la independencia del Poder Judicial, sin “manosear” nombres de los magistrados.

Ahora bien, en estos momentos representantes de 130 organizaciones sociales están pidiendo que los candidatos a ser designados como ministros de la SCJ, concurran a una audiencia pública, en forma voluntaria (para hacer esta instancia obligatoria habría que modificar la Constitución de la República), pero que la no concurrencia sea tomada como un aspecto negativo para su designación.

Esta pretendida modificación es a nuestro juicio de mucho riesgo -roza la independencia del Poder Judicial – y abre las puertas para la intromisión del Poder Político en un ámbito que no le corresponde.

A nuestro criterio, las garantías establecidas en la actual Constitución de la República son las adecuadas y los legisladores de todos los partidos políticos tienen los recursos legales suficientes para conocer fehacientemente los antecedentes, las actuaciones y la forma de pensar de cada uno de los candidatos a los máximos cargos del P.J.

Esto apunta esencialmente a resguardar los valores de la democracia y si los aspirantes no le merecen garantías suficientes a más de la tercera parte de la Asamblea General, su nombramiento no prosperará.

Entendemos la preocupación de las organizaciones sociales, sobre todo porque hay decisiones del P.J., las más importantes que requieren unanimidad del máximo órgano de la Justicia, pero hay que entender también que abrir la puerta para la intromisión de otros organismos en la designación es contraproducente.

Si algún día las organizaciones son dominadas por intereses contrarios a la democracia, estaremos en una situación lamentable, mucho más difícil que la actual y eso sería inadmisible.