Entre la ley y la obligación ética

El gobierno nacional ha aprobado una ley que permite el traslado de gente marginada, por motivos de salud a refugios especialmente previstos a estos efectos.

El alcance de esta ley admite el traslado aún contra la voluntad del marginado, cuando existen motivos de salud psiquiátrica. Según algunos constitucionalistas, este alcance precisamente es inconstitucional, dado que la Constitución de la República establece que sólo puede obrarse de esta manera en casos puntuales de flagrante delito o de presunción de flagrante delito, documentada por escrito por un juez. Ninguna de estas dos situaciones se dan en este caso, sostienen los constitucionalistas aludidos.

Ahora bien, es sabido que muchas de estas personas que viven en la calle son enfermos psiquiátricos, que por lo tanto no están en condiciones normales para manifestar su voluntad.

Aquí el punto central no es la libertad de la persona, sino la responsabilidad del Estado en cuanto al cuidado de la salud y la vida de estas personas que no están en sus cabales.

El gobierno ha afirmado que no se trata de llevar a los refugios coercitivamente a todas las personas que viven en la calle, sino a quienes tienen problemas psiquiátricos.

El tema es que precisamente  una línea muy delgada separa a una cosa de otra. Quienes viven en la calle, por lo general tienen algún tipo de desarreglo psiquiátrico, aunque no es descartar que haya personas que por bohemia o sencillamente  por opción voluntaria, prefieren vivir de esta manera, sin que ello signifique necesariamente un desarreglo

La cuestión es precisamente determinar a ciencia cierta cuando pueden enfrentarse problemas legales por  trasladar a estos marginados a lugares más abrigados, aún contra su voluntad y cuando puede el Estado enfrentar problemas derivados por la falta de asistencia a personas con problemas de salud, como podría llegar a considerarse en caso contrario.

Como en todos los temas, en este caso deben hacerse las cosas con sumo cuidado, para evitar los excesos flagrantes y en especial para cumplir una de las tareas esenciales del Estado, como es el cuidado de la salud y la vida de la población.

En Salto, como en todos lados, tenemos casos de ambas situaciones. Gente marginada que pernocta en la calle por propia voluntad, en su mayoría alcohólicos consuetudinarios y gente que lo hace, generalmente también alcoholizada, pero como consecuencia de evidentes trastornos psiquiátricos.

Es de desear que quienes tienen que asumir la responsabilidad de su atención, lo hagan con la debida precaución y criterio que debe asumirse en casos tan delicados.

¡Ojalá todos lo entendamos así!