Entre la necesidad y la justicia social

Uno de los temas más discutidos y a nuestro juicio “absurdos” que hemos escuchado en los últimos tiempos, es el relativo a las ocupaciones de tierras.
Entendámonos bien. Todos sabemos cómo se producen estas ocupaciones, porque no es precisamente “al voleo” que alguien se asienta ya sea en un terreno, o un edificio en ruinas o similar, sino que por lo general los ocupantes han sido “asesorados” (por no decir “instigados”) por un puntero político o alguien que tiene acceso a cierta información.
Lo cierto es que una vez que se producen estas ocupaciones, por lo general en horas de la noche, resulta muy difícil lograr la desocupación, porque hay una cantidad de requisitos que cumplir, sobre todo tratándose de terrenos públicos, propiedad de los gobiernos nacionales o departamentales o de otros organismos similares.
En Salto hay casi una docena de estos denominados “asentamientos” y más de uno de ellos bien sabemos que fueron instigados, impulsados por lo general cerca de actos eleccionarios, porque de esta manera los impulsores confían en obtener muchos votos en esos lugares.
Ahora bien, hay en estos casos varios puntos a considerar. En primer lugar, sería un error entender que los casos son todos iguales, que las situaciones de las familias que muchas veces ocupan son iguales. Es más, si hay algo que los iguala es la necesidad de vivienda, un tema sin lugar a dudas muy extendido y sin solución adecuada en todo el país.
Si bien es cierto que en estos asentamiento suelen ubicarse familias y ocupantes “corridos” de otros lados, sería un error creer que son todos iguales. Nos consta que hay de todo. Mucha gente de trabajo, gente que no tiene posibilidades de alquilar ni mucho menos de pagarse un terreno. Vale decir, hay un tema social inocultable.
También hay de los otros y no se puede desconocer tampoco.
Lo que pretendemos es que la sociedad asuma el tema como corresponde. Con la mayor justicia social, porque no sólo quienes van a parar a un asentamiento tienen derecho a conseguir un lugar donde levantar su vivienda, ni son los más necesitados muchas veces.
Tampoco es justo que el Estado les regale lo que nos pertenece a todos, porque los bienes públicos son de todos debido a que esto es lo más injusto y discriminatorio.
En suma, el Estado debe dar una mano dentro de sus posibilidades, pero también debe exigir una contrapartida ya sea en dinero o en trabajo a quienes se benefician de esta manera, porque es lo más justo para recuperar así sea parcialmente lo que pertenece a todos y por lo tanto nadie tiene derecho a regalarlo.
A.R.D. 







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