Entre lo exigible y lo aconsejable

El Banco de Previsión Social ha dado a conocer la documentación de menores de edad que no están concurriendo a clases y por lo tanto, quedarán excluidos del beneficio de las Asignaciones Familiares, salvo que regularicen su situación.
Dentro de las exigencias que tiene Asignaciones Familiares, para acceder al beneficio, en el caso de niños o adolescentes es que precisamente concurran a la escuela, liceo u otro centro de enseñanza similar.
Es lo menos que puede exigirse como contrapartida a la ayuda que otorga el Estado para la educación y formación de los niños, ayuda que está comprendida dentro de los derechos sociales que se financia entre todos los uruguayos.
Por lo tanto se supone que debe controlar este aspecto y exigir las constancias pertinentes.
Esto es precisamente lo que está haciendo en esto momento y nadie puede discutir la legitimidad de la medida.
Pero lo que nos lleva a cuestionar lo que se está promoviendo en estos momentos es la oportunidad  en que se lo hace. Privar a estos niños del beneficio de Asignaciones Familiares en este invierno, sería totalmente errado, una medida extrema que no debería usarse salvo casos de emergencia. Los niños y adolescentes no deben pagar por la desidia, el interés o la irresponsabilidad de sus padres o sus mayores.
Entendemos que hubiera sido más acertado averiguar primero ¿por qué? Estos niños o adolescentes no están concurriendo a clase, porque suponemos que pueden haber situaciones muy diferentes. Algunas se transforman en impedimentos en los hechos,  por mudanzas, cambios en la conformación de la familia o situaciones conflictivas inesperadas, etc.
Es por eso que entendemos que se debe evitar el conflicto, la situación límite que es el retiro del beneficio, sin saber exactamente los motivos.
Es responsabilidad del Estado velar por los derechos de los niños en todo sentido y el tener alimentación, abrigo, sanidad adecuada está entre sus derechos. Esto supone fiscalizar que los beneficios que otorga el Estado sean efectivamente destinados al niños y no a sus mayores, aspecto difícil de controlar si lo hay.
De todas formas, según sea el modo de controlar, la medida puede lograr un resultado totalmente diferente al buscado.
Lo que hay que tener en cuenta prioritariamente en esto es precisamente que los niños que se quiere proteger no resulten ser los perjudicados. Esperamos que así se entienda y antes de tomar la medida más drástica se agoten las posibilidades para que quienes tienen l a responsabilidad de velar por estos niños lo hagan debidamente.
Ni más ni menos.

El Banco de Previsión Social ha dado a conocer la documentación de menores de edad que no están concurriendo a clases y por lo tanto, quedarán excluidos del beneficio de las Asignaciones Familiares, salvo que regularicen su situación.

Dentro de las exigencias que tiene Asignaciones Familiares, para acceder al beneficio, en el caso de niños o adolescentes es que precisamente concurran a la escuela, liceo u otro centro de enseñanza similar.

Es lo menos que puede exigirse como contrapartida a la ayuda que otorga el Estado para la educación y formación de los niños, ayuda que está comprendida dentro de los derechos sociales que se financia entre todos los uruguayos.

Por lo tanto se supone que debe controlar este aspecto y exigir las constancias pertinentes.

Esto es precisamente lo que está haciendo en esto momento y nadie puede discutir la legitimidad de la medida.

Pero lo que nos lleva a cuestionar lo que se está promoviendo en estos momentos es la oportunidad  en que se lo hace. Privar a estos niños del beneficio de Asignaciones Familiares en este invierno, sería totalmente errado, una medida extrema que no debería usarse salvo casos de emergencia. Los niños y adolescentes no deben pagar por la desidia, el interés o la irresponsabilidad de sus padres o sus mayores.

Entendemos que hubiera sido más acertado averiguar primero ¿por qué? Estos niños o adolescentes no están concurriendo a clase, porque suponemos que pueden haber situaciones muy diferentes. Algunas se transforman en impedimentos en los hechos,  por mudanzas, cambios en la conformación de la familia o situaciones conflictivas inesperadas, etc.

Es por eso que entendemos que se debe evitar el conflicto, la situación límite que es el retiro del beneficio, sin saber exactamente los motivos.

Es responsabilidad del Estado velar por los derechos de los niños en todo sentido y el tener alimentación, abrigo, sanidad adecuada está entre sus derechos. Esto supone fiscalizar que los beneficios que otorga el Estado sean efectivamente destinados al niños y no a sus mayores, aspecto difícil de controlar si lo hay.

De todas formas, según sea el modo de controlar, la medida puede lograr un resultado totalmente diferente al buscado.

Lo que hay que tener en cuenta prioritariamente en esto es precisamente que los niños que se quiere proteger no resulten ser los perjudicados. Esperamos que así se entienda y antes de tomar la medida más drástica se agoten las posibilidades para que quienes tienen l a responsabilidad de velar por estos niños lo hagan debidamente.

Ni más ni menos.







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