Flaco favor

Uno de los argumentos que hemos oído en estos días en relación a la corruptela que ha significado el uso y abuso de las denominadas “tarjetas corporativas”, es que antes esto era usual y como hace tanto tiempo que ha pasado, si había algo irregular o delictivo ya ha caducado, ha sido perimido.
Se dice además que el exdirector del BROU García Pintos es una persona mayor y por lo tanto no se sabe si las cosas fueron realmente como él lo ha dicho.
Esto es para nosotros precisamente parte de la irregularidad. Es que según quienes hoy ven una posición diferente de la ciudadanía que plantea (no exige que es otra cosa), mayor transparencia y una ética intachable a quienes manejan los dineros aportados por el pueblo uruguayo, es que “antes” esto era aceptado casi como algo “normal” del sistema político y hoy la posición del pueblo parece estar cambiando.
Para nosotros esta valoración es equivocada. Quienes escuchamos hablar toda la vida de la corrupción de los políticos (no del sistema) y hemos estado vinculados a los medios de comunicación masiva, sabemos que no es cierto. La cuestión es que estas cosas siempre se manejaron con total “discrecionalidad”, era imposible saberlo y conocer los tejes y manejes que tenían sobre todo algunos políticos, porque era mucho lo que se manejaba a espaldas del pueblo.
Por una parte estos mismos se encargaban de bloquear cualquier intento de investigación y por otro lado los principales medios de comunicación masiva, con estrechos lazos con el poder político se “desinteresaban” de estas cuestiones.
Para nosotros la cuestión es clara. Caiga quien caiga estos casos deben de investigarse siempre y ninguna acción de los hombres públicos (los políticos lo son), debe hacerse a espaldas del pueblo. Si después este avala esas acciones, porque las mismas no inciden en la voluntad popular al momento de elegir a sus gobernantes, o no, es cuestión del ciudadano.
Ocultar o minimizar estos hechos porque han sucedido hace unos cuantos años atrás cuando eso “era usual” es en alguna medida intentar justificar estas acciones. Es más, si pudiéramos laudar en ellos diríamos que deberían de ser imprescriptibles, como lo son los delitos de lesa humanidad.
En un país donde un legislador gana 204 mil pesos (incluidos los casi 30 mil de “partida para gastos”, más de dos sueldos mínimos, que se le otorga para comprar periódicos e informarse) y un trabajador del comercio gana poco más de un sueldo mínimo (13.430 pesos), estas cosas deben saberse, publicarse y conocerse para que el pueblo decida.
Flaco favor se le hace ocultándolas y obrando a sus espaldas, por lo tanto nunca lo compartiremos.
A.R.D.







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