Iguales ante la ley

Seguramente que lo mejor para el país sería que no hubiesen casos de corrupción – o corruptela –  si así lo prefiere, como los que ha confirmado la Justicia tanto en la Administración de los Servicios de Salud del Estdo (ASSE) como en la Armada Nacional.
Pero cuando se registran estos casos, nos place destacar el accionar de la Justicia en este campo. No sólo que se ha tratado a todos por igual, sino que independientemente de su jerarquía, todos los involucrados han sido investigados y teniendo pruebas suficientes acusados ante la ley, como manda la Constitución de la República y esto habla muy bien de la Justicia uruguaya.
No se puede soslayar el hecho que la jerarquía de los acusados tanto del director de ASSE procesado, como de los restantes jerarcas, constituye un compromiso mayor a la hora de probar debidamente los delitos y es este un campo donde el país todavía tiene mucho que avanzar.
Nadie ignora que cuando se trata de entrar a los cuarteles u otras dependencias militares para investigar periodísticamente, todavía sigue siendo una utopía pretender hacerlo libremente en el país.
Aún así, el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, resolvió procesar a tres militares (de la Marina) y diez proveedores por la causa en la que se investigaban compras falsas en la Armada. Entre los procesados está el exjefe de la Marina, Hugo Viglieti.
Estas limitaciones para que la prensa cumpla debidamente su función, cómo y cuándo considere, son precisamente las que constituyen un campo fértil para las irregularidades y las maniobras de corrupción.
Donde entra la prensa libre e independiente, donde tiene acceso libre y voluntario entra “aire fresco” para ventilar todas las acciones que se realizan. De no ser así los corruptos se aprovechan para tender sus redes.
No pretendemos iniciar con esto una “caza de brujas”, considerando que “todos son corruptos” y se aprovechan de esta discreción para el acceso del periodismo, pero cuando hay fundamentos, la prensa debería tener las puertas abiertas para investigar todo.
En suma, estamos hablando de los dineros del pueblo, que tanto en materia de salud, como en las fuerzas militares es la ciudadanía que los aporta. Se trata de funcionarios públicos que son  pagados por el Estado, es decir por todo el pueblo uruguayo y éste tiene derecho a saber qué se hace con su dinero.
Mientras la Justicia sea confiable, mientras haya jueces confiables y valerosos, podemos estar tranquilos. Los corruptos siempre tendrán un límite a sus deshonestas ambiciones.

Seguramente que lo mejor para el país sería que no hubiesen casos de corrupción – o corruptela –  si así lo prefiere, como los que ha confirmado la Justicia tanto en la Administración de los Servicios de Salud del Estdo (ASSE) como en la Armada Nacional.

Pero cuando se registran estos casos, nos place destacar el accionar de la Justicia en este campo. No sólo que se ha tratado a todos por igual, sino que independientemente de su jerarquía, todos los involucrados han sido investigados y teniendo pruebas suficientes acusados ante la ley, como manda la Constitución de la República y esto habla muy bien de la Justicia uruguaya.

No se puede soslayar el hecho que la jerarquía de los acusados tanto del director de ASSE procesado, como de los restantes jerarcas, constituye un compromiso mayor a la hora de probar debidamente los delitos y es este un campo donde el país todavía tiene mucho que avanzar.

Nadie ignora que cuando se trata de entrar a los cuarteles u otras dependencias militares para investigar periodísticamente, todavía sigue siendo una utopía pretender hacerlo libremente en el país.

Aún así, el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, resolvió procesar a tres militares (de la Marina) y diez proveedores por la causa en la que se investigaban compras falsas en la Armada. Entre los procesados está el exjefe de la Marina, Hugo Viglieti.

Estas limitaciones para que la prensa cumpla debidamente su función, cómo y cuándo considere, son precisamente las que constituyen un campo fértil para las irregularidades y las maniobras de corrupción.

Donde entra la prensa libre e independiente, donde tiene acceso libre y voluntario entra “aire fresco” para ventilar todas las acciones que se realizan. De no ser así los corruptos se aprovechan para tender sus redes.

No pretendemos iniciar con esto una “caza de brujas”, considerando que “todos son corruptos” y se aprovechan de esta discreción para el acceso del periodismo, pero cuando hay fundamentos, la prensa debería tener las puertas abiertas para investigar todo.

En suma, estamos hablando de los dineros del pueblo, que tanto en materia de salud, como en las fuerzas militares es la ciudadanía que los aporta. Se trata de funcionarios públicos que son  pagados por el Estado, es decir por todo el pueblo uruguayo y éste tiene derecho a saber qué se hace con su dinero.

Mientras la Justicia sea confiable, mientras haya jueces confiables y valerosos, podemos estar tranquilos. Los corruptos siempre tendrán un límite a sus deshonestas ambiciones.







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