La antigua pretensión de digitar la Justicia

Dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia en los últimos meses han significado un duro revés para los planes del gobierno nacional. La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que pretendía gravar específicamente a los predios de determinado porte y la declaración de igual inconstitucionalidad de algunos aspectos de la Ley Interpretativa de la denominada Ley de Caducidad, para que el partido de gobierno insinuara que los jueces de la Suprema Corte de Justicia debieran ser elegidos por el pueblo y de acuerdo – como se hace en el Parlamento – a la representatividad lograda en las elecciones nacionales.Justicia
La idea no es nueva, de hecho en Argentina, el último que lo llevó a la práctica fue Carlos Menem, quien llevó de cinco a nueve los miembros de la Suprema Corte de Justicia y designó directamente a cuatro de ellos, para asegurarse cierto respaldo a sus planes.
Pero el intento resultó desastroso y terminó cuando el gobierno de Néstor Kirchner los eliminó y puso en su lugar a destacados juristas. Pero el hecho fue que estos juristas eran más profesionales y moralmente más sólidos de lo que se creía y, por lo tanto, tampoco resultaron dóciles al gobierno de turno y pronto llegaron las molestias y disconformidades por algunos fallos, de parte del propio gobierno de Kirchner. Hoy se han profundizado por algunos fallos de la Suprema Corte Argentina, que la presidenta del vecino país ha salido a cuestionar abiertamente.
La cuestión es que nos guste o no, el Poder Judicial debe seguir siendo independiente del poder político (Legislativo y Ejecutivo) – aunque estos tengan incidencia en las designaciones- porque es la única forma de garantizar la democracia.
El Poder Judicial, junto con una prensa libre e independiente, es de las únicas herramientas que tiene la ciudadanía para zafar de todas las visicitudes que presenta el poder político.
Jueces libres, independientes, moralmente sólidos y respetables, no infalibles, por supuesto, son la mejor y quizás más accesible de las garantías para el sistema democrático todo.
Si el poder político, o cualquier otro, como lo fue incluso el militar que destronó a las democracias de la región, metiera su garra en la designación de los jueces, sería de lamentar.
Como lo hemos repetido siempre en estas columnas: con la ley todo, fuera de ella nada y para ello nada mejor que seguir teniendo jueces libres, independientes y confiables.
Alberto Rodríguez Díaz







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