La costa y los pescadores

En estas columnas hemos mantenido una abierta oposición a la instalación de ranchos en la costa del río Uruguay, en el entendido que es como si lo hiciéramos en la plaza Artigas o cuaquier otra.
Vale decir que los paseos públicos son de la población, de todo el pueblo, y por lo tanto no es admisible que alguien se instale allí con una vivienda permanente, sea de nivel turístico o sea un rancho armado con descartes de madera.
Ahora bien, una institución de pescadores está reclamando ante la Intendencia porque aspira a que se le autorice a mantener su instalación en la costa, aduciendo el hecho de que allí tienen sus enseres.
Veamos, si bien es cierto que puede haber un caso de esta instalación, no es el panorama general que allí hemos comprobado.
Es más, creemos que el sentido común señala que sería diferente si quien reclama autorización a radicarse en el lugar fuera una institución cooperativa o similar y muy diferente si se trata de casos individuales.
No tenemos empacho en reconocer que parece razonable autorizar una instalación por institución de este tipo, pero la cuestión son los abusos.
Si esta instalación sirve para cobijar la instalación de otras, de amigos, familiare o vecinos, que entienden que les asiste el mismo derecho, o incluso para la instalación de gente que está muy lejos de ser pescadores, dado que su actividad es otra y totalmente fuera de la ley, entonces francamente nos parece abusivo y reprobable.
En realidad este tema depende de los controles y la fiscalización que se haga por parte de las autoridades correspondientes, no autorizar a un grupo de pescadores cuyo producto de su trabajo es la mantención diaria del hogar puede significar un hecho injusto ya que obligaría a muchos de ellos a buscar otra salida laboral, la que seguramente les sea imposible por el mismo arraigo al río desde siempre.
Esa es la cuestión, autorizar a quien realmente le correspondería y fiscalizar la instalación fehacientemente.