La justicia tarda y ¡como tarda!

La denuncia de “indicios” de corrupción por parte de la Intendencia de Salto al anterior gobierno departamental, nos deja un sabor amargo, por la sencilla razón que no se habla con claridad.
Podemos entender que no es la función específica de la Intendencia investigar y denunciar delitos concretos, sino aportar elementos para que la Justicia investigue.
Es importante decir que el informe de la auditorïa elevado a la Justicia Penal, de acuerdo a lo que pudo ver EL PUEBLO, tiene datos, cifras y detalles concretos de las situaciones irregulares.
No podemos desconocer que anteriormente también ha habido denuncias concretas ante la Justicia que terminaron en nada.
Hoy se da otra etapa, el abogado patrocinante, Dr. Federico Alvarez Petraglia, hombre de leyes, que estuvo incluso en el Juzgado Contra el Crimen Organizado, luego renunciante, manejó la presentación legal con mucha cautela. Se limitó a poner en conocimiento de la Justicia los resultados de este informe de auditoría, haciendo incluso la salvedad que no hay denunciados específicos, ni denuncias de delito específico, porque esto es lo que deberá determinar la Justicia.
Por nuestra parte, lo que pretendemos es que las cosas se tomen en serio de una vez por todas. Deben despolitizarse los asuntos que ameritan ser investigados como cualquier otra irregularidad.
Hay cosas demasiado graves entre lo que ha verificado la auditoría de Deloitte, una empresa que goza de prestigio suficiente como para creer que se haya manejado con suficiente imparcialidad en los estudios.
Los indicios, de confirmarse las sospechas que se ciernen luego de la auditoría sobre el gobierno departamental anterior, pueden llevar a tipificar delitos graves y quienes han firmado informes que no concuerdan con la realidad pueden tener responsabilidades concretas ante la ley.
La cuestión es poder determinar con exactitud ante qué estamos. Hay en juego muchos valores. En primer lugar el prestigio de las personas, que aunque no se nombren, son fehacientemente conocidas a nivel popular. Luego la honestidad en el manejo de los fondos públicos, es decir aportados por todos los salteños en este caso. Una cosa es el error, que puede caber en cualquier gobierno y otra muy diferente la malversación, el abuso y el derroche inadmisible de los dineros públicos.
Son valores demasiado caros a la ciudadanía como para que las investigaciones se diluyan sin ser profundizadas y pasen como si nada, sin que haya siquiera una información de resultados a la población.
Esperemos, para llamarle a las cosas por su nombre.
Hace más de un año que publicamos el editorial que hoy reiteramos sin quitarle ni ponerle una coma, bajo el título “llamemos a las cosas por su nombre” porque como observará el lector, la situación es exactamente la misma.
A.R.D.







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