La Ley de medios, un objetivo muy preciado

Nadie puede discutir el poder que tienen hoy los medios de comunicación masiva y en especial los audiovisuales en cuanto a incidir en la opinión pública.
Desde los Estados Unidos, hasta Argentina, pasando por Venezuela y otros países de la región, han dado muestras de este poder.
Tanto es así que en todos ellos existen proyectos o intenciones de manipular a estos medios para incidir de alguna manera en su accionar.
El hecho no es nuevo y desde el nazismo que tenía sus propios voceros y obviamente su sistema de censura a lo que entendía que no favorecía al regimen, que la comunicación masiva es uno de los objetivos más apetecibles para cualquier fuerza pública.
En el Uruguay en estos momentos se halla avanzado el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocido como la Ley de Medios, proyecto que ha tenido  varias modificaciones, fruto precisamente de los intereses antagónicos que subyacen detrás de dicho proyecto.
Mientras los empresarios dueños de los medios acusan al gobierno de querer manipular e incidir en los contenidos de estos medios (radio y televisión), desde el partido gobernante, impulsor de dicho proyecto, se afirma que el mismo apunta a lograr mayor equidad  en los contenidos, a evitar que haya transgresiones, como la venta de los permisos mediante argucias y sobre todo a asegurar a personas e instituciones aludidas en determinadas circunstancias, a  dar a conocer también su posición con el marco de las mayores garantías de hacerlo libremente y en las mismas condiciones de emisión en las que fueron aludidas,
Uno de los puntos mas controvertidos de este proyecto es el referente a quien y cómo se controlará el cumplimiento de dicha ley y se establecerán las sanciones que correspondan. El proyecto inicial encomendaba esta función a un Consejo de Comunicación Audiovisual, dependiente de la OPP,  pero una posterior modificación dejaría esta función en manos de URSEC. Quienes cuestionan el proyecto hacen ver que de todas maneras este organismo es nombrado por el gobierno y por lo tanto éste seguiría teniendo la potestad absoluta de control. Así las cosas, se ha afirmado que el presidente Mujica se inclinaría por dejar esta potestad en manos de la Justicia, alcance que parece más lógico.
De todas formas, la Ley de Medios es duramente cuestionada y muchos constitucionalistas opinan que lesiona la libertad de expresión, aspecto que le haría inconstitucional.
Es cuestión de aguardar en qué desemboca para saber a qué atenernos.

Nadie puede discutir el poder que tienen hoy los medios de comunicación masiva y en especial los audiovisuales en cuanto a incidir en la opinión pública.

Desde los Estados Unidos, hasta Argentina, pasando por Venezuela y otros países de la región, han dado muestras de este poder.

Tanto es así que en todos ellos existen proyectos o intenciones de manipular a estos medios para incidir de alguna manera en su accionar.

El hecho no es nuevo y desde el nazismo que tenía sus propios voceros y obviamente su sistema de censura a lo que entendía que no favorecía al regimen, que la comunicación masiva es uno de los objetivos más apetecibles para cualquier fuerza pública.

En el Uruguay en estos momentos se halla avanzado el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocido como la Ley de Medios, proyecto que ha tenido  varias modificaciones, fruto precisamente de los intereses antagónicos que subyacen detrás de dicho proyecto.

Mientras los empresarios dueños de los medios acusan al gobierno de querer manipular e incidir en los contenidos de estos medios (radio y televisión), desde el partido gobernante, impulsor de dicho proyecto, se afirma que el mismo apunta a lograr mayor equidad  en los contenidos, a evitar que haya transgresiones, como la venta de los permisos mediante argucias y sobre todo a asegurar a personas e instituciones aludidas en determinadas circunstancias, a  dar a conocer también su posición con el marco de las mayores garantías de hacerlo libremente y en las mismas condiciones de emisión en las que fueron aludidas,

Uno de los puntos mas controvertidos de este proyecto es el referente a quien y cómo se controlará el cumplimiento de dicha ley y se establecerán las sanciones que correspondan. El proyecto inicial encomendaba esta función a un Consejo de Comunicación Audiovisual, dependiente de la OPP,  pero una posterior modificación dejaría esta función en manos de URSEC. Quienes cuestionan el proyecto hacen ver que de todas maneras este organismo es nombrado por el gobierno y por lo tanto éste seguiría teniendo la potestad absoluta de control. Así las cosas, se ha afirmado que el presidente Mujica se inclinaría por dejar esta potestad en manos de la Justicia, alcance que parece más lógico.

De todas formas, la Ley de Medios es duramente cuestionada y muchos constitucionalistas opinan que lesiona la libertad de expresión, aspecto que le haría inconstitucional.

Es cuestión de aguardar en qué desemboca para saber a qué atenernos.