La Ley de Riego bajo la lupa

Como toda incidencia del ser humano sobre la naturaleza, la aplicación de la denominada Ley de Riego tiene factores benéficos y factores negativos o de riesgo al menos.
Recientemente nos referíamos al aprovechamiento de las tierras que hoy integran la Amazona, cuyo aprovechamiento se inscribe exactamente en la misma situación. La conversión de dichas tierras, ganándolas para la agricultura y la ganadería, seguramente que beneficiaría a mucho productores e inversores, aunque las consecuencias para la humanidad, más allá de estos grupos, podrían ser catastróficas.
En relación a la denominada Ley de Riego, aprobada por una amplia mayoría en el parlamento uruguayo, admite un análisis desde varios puntos de vista.
En principio y tal como lo hemos indicado, incluye el mayor y mejor aprovechamiento de tierras fértiles para la producción, las que de contar con riego seguramente aportarían mayores producciones.
La cuestión es entonces ver desde que visión se obtendrían estos frutos. Las asociaciones de productores permitirían que el agua dulce, necesaria para el riego de plantaciones pasara de ser un recurso individual a ser un recurso colectivo. La cuestión es que las inversiones para instalar estos tajamares y sobre todo el equipamiento necesario para su explotación significan inversiones de millones de dólares, que no están al alcance de pequeños y medianos productores.
La situación actual indica que al no estar al alcance de los dueños de los prodeios estas inversiones, el recurso permanece inexplotado, cuando no deteriorándose.
Es viable entonces que haya inversionistas interesados en realizar las inversiones? Aquí está la cuestión, se estima que una inversión de estas características comenzaría a ser rentable en 10 o 15 años y los inversores no siempre están dispuestos a invertir en estas condiciones.
¿En qué medida el Estado puede entonces hacerse cargo de las mismas, facilitando la producción para el país y resarciéndose en el mediano y largo plazo? Hasta el momento se ha afirmado que estas posibilidades no existen. La cuestión está entonces en abrir la puerta a las inversiones, pero bajo determinadas condiciones y esta es la cuestión.
Lamentablemente hay antecedentes de votos “comprados” en el parlamento bajo diferentes maneras que apuntan a conseguir las mejores condiciones para el inversionista que “paga” este favor.
En cambio no hay otras posibilidades que no sean las presiones de las movilizaciones y las manifestaciones populares para alertar de que esta ley no se transforme en una nueva forma de saqueo de los recursos del país, cuyos frutos recogen las multinacionales extranjeras.
A.R.D.