La Ley más polémica

El pleno alcance de la  nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresarial quedará totalmente al desnudo cuando se diluciden responsabilidades en la muerte del funcionario de los talleres municipales de Montevideo que murió al caer de un camión del alumbrado público.
En forma impensada, cuando recién comienza la discusión sobre este alcance, esta muerte lleva casi al extremo las responsabilidades en la materia dado que hasta la propia Intendente de Montevideo podía ser demandada ante la Justicia Penal si se presentan pruebas concretas que no  ha asumido con plenitud su obligación deproporcionar las condiciones de trabajo y los elementos de seguridad que corresponden a los trabajadores municipales.
Resulta muy lamentable la muerte de este trabajador y seguramente nadie quiere que una cosa así suceda, menos aún la Intendente, sin embargo la Ley, tal como fue aprobada deja la puerta abierta para que se reclamen responsabilidades concretas en estos casos.
Es lo que entendemos que necesariamente debe repensarse y analizarse, debido a que cualquiera de los dos extremos sos malos y lo laudado en esta ley es innegablemente una posición extrema.
Resulta absolutamente irracional la posibilidad de demandar penalmente por ejemplo, a una Intendente, como en este caso que tiene bajo su cargo, como última responsable a miles de funcionarios.
Así fueran diez o veinte, la situación sería la misma. Esto es, los operarios que entiendan que no se les proporciona las condiciones de seguridad  en el trabajo deberían estar legalmente protegidos en la posibilida d de negarse a trabajar, sin que esta negativa les perjudicara salarialmente, pero si aceptan hacerlo en las condiciones que se les proporciona la responsabilidad debería ser personal.
Buscar caminos para evitar los accidentes laborales nos parece muy positivo, buscar la forma de que realmente se lleven a la práctica las medidas preventivas que correspondan también, pero esto no significa que se estire la piolita al punto de establecer obligaciones irracionales.
Los términos de la ley en estos momentos determinan que toda aquella persona que tiene algún dependiente o contrata algún servicio, como sucede habitualmente hasta para cortar el césped, puede verse demandado penalmente y aunque no le acarree consecuencias de procesamiento, necesariamente deberá pasar por los juzgados, “comerse” plantones,interrogatorios y afrontar gastos de la defensa legal.
Honetamente, creemos que no es acertado.

El pleno alcance de la  nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresarial quedará totalmente al desnudo cuando se diluciden responsabilidades en la muerte del funcionario de los talleres municipales de Montevideo que murió al caer de un camión del alumbrado público.

En forma impensada, cuando recién comienza la discusión sobre este alcance, esta muerte lleva casi al extremo las responsabilidades en la materia dado que hasta la propia Intendente de Montevideo podía ser demandada ante la Justicia Penal si se presentan pruebas concretas que no  ha asumido con plenitud su obligación deproporcionar las condiciones de trabajo y los elementos de seguridad que corresponden a los trabajadores municipales.

Resulta muy lamentable la muerte de este trabajador y seguramente nadie quiere que una cosa así suceda, menos aún la Intendente, sin embargo la Ley, tal como fue aprobada deja la puerta abierta para que se reclamen responsabilidades concretas en estos casos.

Es lo que entendemos que necesariamente debe repensarse y analizarse, debido a que cualquiera de los dos extremos sos malos y lo laudado en esta ley es innegablemente una posición extrema.

Resulta absolutamente irracional la posibilidad de demandar penalmente por ejemplo, a una Intendente, como en este caso que tiene bajo su cargo, como última responsable a miles de funcionarios.

Así fueran diez o veinte, la situación sería la misma. Esto es, los operarios que entiendan que no se les proporciona las condiciones de seguridad  en el trabajo deberían estar legalmente protegidos en la posibilida d de negarse a trabajar, sin que esta negativa les perjudicara salarialmente, pero si aceptan hacerlo en las condiciones que se les proporciona la responsabilidad debería ser personal.

Buscar caminos para evitar los accidentes laborales nos parece muy positivo, buscar la forma de que realmente se lleven a la práctica las medidas preventivas que correspondan también, pero esto no significa que se estire la piolita al punto de establecer obligaciones irracionales.

Los términos de la ley en estos momentos determinan que toda aquella persona que tiene algún dependiente o contrata algún servicio, como sucede habitualmente hasta para cortar el césped, puede verse demandado penalmente y aunque no le acarree consecuencias de procesamiento, necesariamente deberá pasar por los juzgados, “comerse” plantones,interrogatorios y afrontar gastos de la defensa legal.

Honetamente, creemos que no es acertado.







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