La seguridad vial debe ser prioridad

Semanas atrás, cuando recién se estaban delineando las principales ideas de gobierno de los diferentes partidos políticos, la red nacional de víctimas y familiares de víctimas de siniestros de tránsito, les elevó una solicitud pidiendo que incluyeran en sus programas la seguridad vial como prioridad de Estado.
A simple vista, puede pensarse que la seguridad en el tránsito corresponde esencialmente a quien conduce o quien transita, en cuanto a las condiciones del vehículo que conduce y al mismo tiempo de la forma en que lo hace, sobre todo en referencia a la velocidad desarrollada.
Quedarnos con este concepto sería mezquino, sería ver sólo una parte, ínfima si se quiere, de la problemática, porque existen responsabilidades compartidas y el Estado tiene también una buena cuota parte de ella.
El estado de las rutas, la señalización y la fiscalización tanto de vehículos como de conductores y también las condiciones específicas de los lugares por donde se circula, es de su exclusiva responsabilidad y muchas veces resultan causas determinantes de que los accidentes de tránsito, sean en realidad siniestros, entendiendo por éstos, imprudencias, imprevisiones, irresponsabilidades y demás.
Pero lo más lamentable es cuando las víctimas de estos siniestros son personas que se vieron envueltos “sin comerla ni beberla”, vale decir cuando son simples peatones que iban pasando en una esquina, cuando los atropellaron, cuando debido a la maniobra de un conductor imprudente, al mal estado de la ruta o a la deficiente señalización fueron embestidos con nefastas consecuencias.
Ejemplos de estos casos llenan los noticieros y las consecuencias son irreparables, porque no hay dinero que pueda reponer una vida humana, sino que lamentablemente también muchas veces vemos a los autores de uno de estos hechos libres y sin consecuencia alguna, incluso a veces manejando un vehículo, sin que nadie controle o fiscalice la irregularidad en este caso.
Esto es lo más injusto de todo.
El mayor esfuerzo del Estado debe volcarse a tratar de evitar los siniestros de tránsito o disminuir drásticamente su número y esto sólo es lograble cuando se llevan controles permanentes, acompañados de sanciones severas para todos los infractores.
En una palabra, cuando los siniestros son nuestra responsabilidad no hay nada que reclamar, sino que sólo cabe asumir las consecuencias.
En cambio cuando la responsabilidad es de otro, ya sea el Estado u otro conductor, entonces la víctima o sus familiares deben ser debidamente protegidos y si ha sucedido por omisión del Estado, es éste quien debe asumirla, antes o al mismo tiempo de ir contra el causante, en caso de que sea un tercero.
Así lo vemos.

Semanas atrás, cuando recién se estaban delineando las principales ideas de gobierno de los diferentes partidos políticos, la red nacional de víctimas y familiares de víctimas de siniestros de tránsito, les elevó una solicitud pidiendo que incluyeran en sus programas la seguridad vial como prioridad de Estado.

A simple vista, puede pensarse que la seguridad en el tránsito corresponde esencialmente a quien conduce o quien transita, en cuanto a las condiciones del vehículo que conduce y al mismo tiempo de la forma en que lo hace, sobre todo en referencia a la velocidad desarrollada.

Quedarnos con este concepto sería mezquino, sería ver sólo una parte, ínfima si se quiere, de la problemática, porque existen responsabilidades compartidas y el Estado tiene también una buena cuota parte de ella.

El estado de las rutas, la señalización y la fiscalización tanto de vehículos como de conductores y también las condiciones específicas de los lugares por donde se circula, es de su exclusiva responsabilidad y muchas veces resultan causas determinantes de que los accidentes de tránsito, sean en realidad siniestros, entendiendo por éstos, imprudencias, imprevisiones, irresponsabilidades y demás.

Pero lo más lamentable es cuando las víctimas de estos siniestros son personas que se vieron envueltos “sin comerla ni beberla”, vale decir cuando son simples peatones que iban pasando en una esquina, cuando los atropellaron, cuando debido a la maniobra de un conductor imprudente, al mal estado de la ruta o a la deficiente señalización fueron embestidos con nefastas consecuencias.

Ejemplos de estos casos llenan los noticieros y las consecuencias son irreparables, porque no hay dinero que pueda reponer una vida humana, sino que lamentablemente también muchas veces vemos a los autores de uno de estos hechos libres y sin consecuencia alguna, incluso a veces manejando un vehículo, sin que nadie controle o fiscalice la irregularidad en este caso.

Esto es lo más injusto de todo.

El mayor esfuerzo del Estado debe volcarse a tratar de evitar los siniestros de tránsito o disminuir drásticamente su número y esto sólo es lograble cuando se llevan controles permanentes, acompañados de sanciones severas para todos los infractores.

En una palabra, cuando los siniestros son nuestra responsabilidad no hay nada que reclamar, sino que sólo cabe asumir las consecuencias.

En cambio cuando la responsabilidad es de otro, ya sea el Estado u otro conductor, entonces la víctima o sus familiares deben ser debidamente protegidos y si ha sucedido por omisión del Estado, es éste quien debe asumirla, antes o al mismo tiempo de ir contra el causante, en caso de que sea un tercero.

Así lo vemos.