La sombra del pasado

La denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como “Ley de Caducidad”, fue concebida bajo el manto de los últimos gobiernos militares y de alguna manera exigida para la salida democrática del país.

En buen romance, esta ley bloquea todo intento de investigar acciones de las dictaduras que podrían tener derivaciones penales específicas.

Es una ley hecha para bloquear la Justicia.

Sin embargo, en dos ocasiones hubo esfuerzos populares (cuando el plebiscito del voto verde y en las últimas elecciones nacionales), para dejarla sin efecto, y el objetivo no se logró.

Las interpretaciones de este fracaso pueden ser muchas y muy variadas, pero nadie puede negar que ha sido un pronunciamiento popular, que merece respeto, nos guste o no nos guste.

La cuestión es que esta sigue siendo una materia pendiente hasta nuestros días. Pero no se trata tanto de lo que la ley bloqueó o impidió investigar, que de por sí es muy grave, sino la deformación que ha permitido en referencia a hechos y acciones que cubiertos por este manto de impunidad, se han interpretado antojadizamente y se siguen interpretando antojadizamente.

Este mismo poderío que ha logrado el militarismo , mediante esta impunidad, dentro de la democracia es absolutamente inconcebible porque le ha permitido escapar a los controles y la fiscalización que debe tener el Estado sobre todas sus instituciones, máxime cuando éstas manejan directamente rubros que se logran precisamente porque hay detrás una nación a la que en alguna medida representan.

Nos referimos, por ejemplo, al manejo arbitrario y sin ser sometido a control alguno que hacen las Fuerzas Armadas de montos de dinero millonarios.

Las maniobras de corrupción en la Armada, que no son las únicas, y que han trascendido por algunas estafas groseras, dan la pauta de lo que puede hacerse cuando no hay controles legales establecidos.

Son privilegios que siguen vigentes y escapan a los controles de la ciudadanía.

La sombra del pasado no debe impedir que en el presente se adopten las medidas que corresponde para fiscalizar los rubros que son de todos los uruguayos y no de un grupo de altos oficiales privilegiados.

Sólo es cuestión de hallarle la vuelta para que sin desconocer la voluntad popular, se llegue a investigar todo lo que se debe saber, para que el pueblo pueda conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Moleste a quien moleste y se enoje quien se enoje, las cosas deben ser clara y justas para todos.

Alberto Rodríguez Díaz.







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