La vida privada de los hombres públicos: un viejo tema

La pregunta a rajatabla de Gabriel Pereyra en el programa televisivo “En la Mira” al ex presidente de ANCAP, Raúl Sendic y actual líder de uno de los grupos frentamplistas, sobre su inclinación sexual, trajo al tapete nuevamente  uno de los temas más controvertidos en materia de comunicación social: la vida privada de los hombres públicos.
Sobre este tema hay  por lo menos dos manuales y nunca que sepamos ha habido un acuerdo, pese a los códigos de ética que conocemos.
En el Uruguay, el Código de Etica Periodística difundido el año anterior por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), en su artículo 16, señala:
Los periodistas deben respetar la privacidad de las personas. El derecho a la información de los ciudadanos prevalecerá sólo cuando se viera afectado un bien de la comunidad o el interés público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona involucrada de manera directa en el asunto que es objeto de la cobertura.
En tanto otros grandes políticos, destacados y respetados por su trayectoria, como es el caso del Dr. Raúl Alfonsin en Argentina, han sostenido que una es la moral pública y otra la privada. Significa que se acepta la intromisión del periodismo en la vida privada de los hombres públicos, pero hasta cierto punto.
Por nuestra parte compartimos lo preceptuado en el Código de Etica de APU, entendemos que la privacidad de las personas debe ser reservada, aún en el c aso de personas públicas  en tanto no estén afectando o incidiendo en su labor pública.
Esto es, en la medida que  los hombres públicos, autoridades, políticos y demás, son administradores de los bienes de todos los ciudadanos, la población tiene derecho a conocer plenamente lo que hacen  en su vida privada aquellas personas a las que directa o indirectamente ha confiado la administración de sus bienes.
Pero esta línea es muy delgada, tan delgada que habría que determinar de antemano cuando este aspecto puede estar incidiendo o no en su actividad pública. Por lo tanto, lo recomendable, a nuestro criterio, es  manejarse con la misma sobriedad, tanto en la actividad pública como en la privada, porque el enorme riesgo que se corre en fondo de la cuestión, es estar discriminando, solamente por una cuestión sexual, religiosa o similar y en nuestros días esto sería inadmisible.
Para que quede claro, no compartimos, ni la forma ni el fondo de la actitud de Pereyra en la ocasión, esto sin desconocer que le consideramos uno de los hombres mejor formados y con mayor respeto dentro del periodiosmo televisivo del país.
Alberto Rodríguez Díaz

La pregunta a rajatabla de Gabriel Pereyra en el programa televisivo “En la Mira” al ex presidente de ANCAP, Raúl Sendic y actual líder de uno de los grupos frentamplistas, sobre su inclinación sexual, trajo al tapete nuevamente  uno de los temas más controvertidos en materia de comunicación social: la vida privada de los hombres públicos.

Sobre este tema hay  por lo menos dos manuales y nunca que sepamos ha habido un acuerdo, pese a los códigos de ética que conocemos.

En el Uruguay, el Código de Etica Periodística difundido el año anterior por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), en su artículo 16, señala:

Los periodistas deben respetar la privacidad de las personas. El derecho a la información de los ciudadanos prevalecerá sólo cuando se viera afectado un bien de la comunidad o el interés público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona involucrada de manera directa en el asunto que es objeto de la cobertura.

En tanto otros grandes políticos, destacados y respetados por su trayectoria, como es el caso del Dr. Raúl Alfonsin en Argentina, han sostenido que una es la moral pública y otra la privada. Significa que se acepta la intromisión del periodismo en la vida privada de los hombres públicos, pero hasta cierto punto.

Por nuestra parte compartimos lo preceptuado en el Código de Etica de APU, entendemos que la privacidad de las personas debe ser reservada, aún en el c aso de personas públicas  en tanto no estén afectando o incidiendo en su labor pública.

Esto es, en la medida que  los hombres públicos, autoridades, políticos y demás, son administradores de los bienes de todos los ciudadanos, la población tiene derecho a conocer plenamente lo que hacen  en su vida privada aquellas personas a las que directa o indirectamente ha confiado la administración de sus bienes.

Pero esta línea es muy delgada, tan delgada que habría que determinar de antemano cuando este aspecto puede estar incidiendo o no en su actividad pública. Por lo tanto, lo recomendable, a nuestro criterio, es  manejarse con la misma sobriedad, tanto en la actividad pública como en la privada, porque el enorme riesgo que se corre en fondo de la cuestión, es estar discriminando, solamente por una cuestión sexual, religiosa o similar y en nuestros días esto sería inadmisible.

Para que quede claro, no compartimos, ni la forma ni el fondo de la actitud de Pereyra en la ocasión, esto sin desconocer que le consideramos uno de los hombres mejor formados y con mayor respeto dentro del periodiosmo televisivo del país.

Alberto Rodríguez Díaz