Los códigos de ética

Una compulsa realizada a nivel nacional por CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), APU (Asociación de la Prensa del Uruguay) y GMS (Grupo de Medios y Sociedad), reveló que nueve de cada diez periodistas están de acuerdo en establecer un código de ética que rija para quienes desempeñan la profesión.

La compulsa abarcó 254 periodistas de todo el país, 64 por ciento de ellos de Montevideo y el resto del Interior. El 59 por ciento de quienes participaron en la misma son hombres y 41 mujeres y la enorme mayoría de los encuestados está de acuerdo en establecer alguna forma de mecanismo de autorregulación en el ejercicio de la profesión.

La lectura sobre esta inclinación de los periodistas compatriotas tiene dos lecturas. Por una parte, es sano y saludable que se convenga en la necesidad de tener un instrumento que se pronuncie en defensa de los valores esenciales de la profesión, como el rigor en el tratamiento de la información, la defensa del derecho de autor condenando el plagio y el compromiso con la verdad .

Esto supone reconocer que como en cualquier otra profesión y cualquier otra actividad humana, también hay periodistas buenos y malos, capaces e incapaces y sobre todo, buenas y malas personas.

El periodista no escapa a las tentaciones espúrias que hoy pueden llegar desde cualquier lado, porque la corrupción campea y los intereses nefastos manejan muchísimo dinero capaz de comprar con facilidad todo lo que sirva a sus intereses u obligarlo a hacer lo que no debe. Por eso es importante que un cuerpo colectivo sea capaz de establecer en cada caso los límites que marca la ética profesional.

Pero al mismo tiempo, se corre el riesgo de crear una especie de “limbo” legal que puede dejar fuera de la responsabilidad que tiene cualquier otro ciudadano ante la ley, cuando se trata de difamación, de falsedades u otras acciones maliciosas, por las que un ciudadano común debe enfrentar responsabilidades ante la ley y no sería bueno que el periodista, por el sólo hecho de desempeñarse en esta área no tuviera que hacerlo.

Por lo tanto, compartimos y celebramos la visión de la mayoría del periodismo nacional en cuanto a la conveniencia de tener un código de ética, y un cuerpo que lo haga cumplir, pero no compartimos que esto sirva como “salvoconducto” que oficie como una suerte de fueros para poner al periodista fuera de la responsabilidad que le cabe a todos los ciudadanos ante la ley.

Si un código de ética funciona debidamente y sobre todo, si se lo hace cumplir sea quien sea el que es sometido a él, difícilmente haya que llegar a enfrentar la ley por el ejercicio de la profesión, pero de todas formas, la vía legal que pone a todos los ciudadanos del país en iguales condiciones ante la ley, debe ser debidamente salvaguardado.