Los excesos deben ser sancionados con rigor

Por estos días – a través de EL PUEBLO – ha tomado estado público la denuncia de la madre de un menor de edad, perseguido por la policía que suponía que la moto en que se despalazaba era robada, cuando en realidad era de su madre, la que tiene varios puntos que requieren la debida aclaración.
La madre denuncia no solo la persecución, sino también una golpiza al menor y fundamentalmente el hecho de impedirle acompañarlo – cuando la ley exige – que el menor esté en presencia de sus padres o un representante designado por estos en momentos de ser interrogado.
Si se tratara de un hecho aislado, la gravedad podría ser limitada. Sin embargo, tenemos entendido que hoy existe una preocupación mayor, en el ámbito de la Justicia, debido a que las violentas represiones y los castigos corporales por parte al menos de una división policial en particular han pasado a ser recurrentes.
La cuestión esencial es determinar si los hechos que motivan las denuncias y la preocupación correspondiente son reales, si tienen solidez las denuncias que se van acumulando para asumir los correctivos necesarios.
Si realmente así fuera no queda otra opción que aplicar todo el rigor de la ley para corregir los excesos. Las arbitrariedades específicamente penadas por la ley deben se controladas.
Que nadie se crea que por integrar una fuerza de seguridad puede guardarse la ley en el bolsillo y obrar como se le antoje, impunemente, porque esto indica que vamos por mal camino.
Pero además debe tenerse muy claro que quienes no encuentran otra forma de obtener eficiencia en la labor para la cual se supone están preparados, que aplicando medidas violentas y alevosas, están demostrando que son malos profesionales, que no han entendido que su labor debe encuadrarse dentro de la ley y si éstas no son adecuadas es al legislador y al sistema que deben plantearse las medidas que entienden adecuadas para cumplir debidamente su labor.
Nunca imponiendo sus propias decisiones y desconociendo las leyes existentes.
Tanto en estos casos, como en toda situación donde se confirmen arbitrariedades o excesos.  Deben exigirse las responsabilidades que correspondan.
En un estado de derecho, las leyes deben fiscalizarse y cumplirse, porque es necesario que se haga realidad aquello de que todos somos iguales ante la ley.
Lo demás es arbitrario y como tal debe ser erradicado antes que las cosas se desmadren y caigamos en una situación lamentable.

Por estos días – a través de EL PUEBLO – ha tomado estado público la denuncia de la madre de un menor de edad, perseguido por la policía que suponía que la moto en que se despalazaba era robada, cuando en realidad era de su madre, la que tiene varios puntos que requieren la debida aclaración.

La madre denuncia no solo la persecución, sino también una golpiza al menor y fundamentalmente el hecho de impedirle acompañarlo – cuando la ley exige – que el menor esté en presencia de sus padres o un representante designado por estos en momentos de ser interrogado.

Si se tratara de un hecho aislado, la gravedad podría ser limitada. Sin embargo, tenemos entendido que hoy existe una preocupación mayor, en el ámbito de la Justicia, debido a que las violentas represiones y los castigos corporales por parte al menos de una división policial en particular han pasado a ser recurrentes.

La cuestión esencial es determinar si los hechos que motivan las denuncias y la preocupación correspondiente son reales, si tienen solidez las denuncias que se van acumulando para asumir los correctivos necesarios.

Si realmente así fuera no queda otra opción que aplicar todo el rigor de la ley para corregir los excesos. Las arbitrariedades específicamente penadas por la ley deben se controladas.

Que nadie se crea que por integrar una fuerza de seguridad puede guardarse la ley en el bolsillo y obrar como se le antoje, impunemente, porque esto indica que vamos por mal camino.

Pero además debe tenerse muy claro que quienes no encuentran otra forma de obtener eficiencia en la labor para la cual se supone están preparados, que aplicando medidas violentas y alevosas, están demostrando que son malos profesionales, que no han entendido que su labor debe encuadrarse dentro de la ley y si éstas no son adecuadas es al legislador y al sistema que deben plantearse las medidas que entienden adecuadas para cumplir debidamente su labor.

Nunca imponiendo sus propias decisiones y desconociendo las leyes existentes.

Tanto en estos casos, como en toda situación donde se confirmen arbitrariedades o excesos.  Deben exigirse las responsabilidades que correspondan.

En un estado de derecho, las leyes deben fiscalizarse y cumplirse, porque es necesario que se haga realidad aquello de que todos somos iguales ante la ley.

Lo demás es arbitrario y como tal debe ser erradicado antes que las cosas se desmadren y caigamos en una situación lamentable.