Los gobiernos locales y otros mecanismos de contralor

En los últimos meses del gobierno de Tabaré Vázquez se aprobaron los lineamientos generales para la proyectada descentralización.

Esto supuso la creación de numerosos gobiernos locales que tendrán mayor relevancia y más atribuciones que las juntas locales, cuya función ha sido más honorífica que otra cosa, debido a que se ha tratado siempre de colaboradores del Intendente, designados por éste, y no elegidos por sus coterráneos, como se ha hecho ahora por vez primera.

Honestamente creemos que un Concejo Local, encabezado por un alcalde, puede ser un  avance significativo para resolver la problemática local, muchas veces seriamente amenazada por la burocracia que impide o enlentece al menos notoriamente la concreción de soluciones prácticas y sencillas, pero muy importantes para los habitantes de estos lugares.

Entendemos que es un paso más hacia la participación efectiva de la ciudadanía en el gobierno de las localidades en las que viven.

En la misma línea, creemos que sería muy interesante llegar a establecer a nivel departamental la figura de Defensor del Pueblo, también conocida como “ombusdman”, de la cual ni se ha hablado en esta reforma de los gobiernos locales.

En Montevideo funciona desde hace ya algunos años y tenemos entendido que hay conformidad con  su labor, que sustancialmente consiste en sustanciar reclamos de vecinos y averiguar concretamente por algunos problemas, sobre todo del ámbito del gobierno departamental, que muchas veces quedan sin respuesta o se pierden en la burocracia.

Entendemos que un “Defensor del Pueblo”, elegido por el órgano legislativo departamental, por una mayoría especial, facilitaría incluso la labor de este órgano, que muchas veces debe de sacrificar parte de su valioso tiempo para enfrascarse en la problemática vecinal, que consiste más que nada en gestiones directas ante la Intendencia Municipal.

Mal que nos pese, en algún momento también habrá que hincarle el diente al tema de los ediles honorarios, previstos en una Constitución de la República que seguramente no previó las circunstancias que se presentarían años después de haber sido aprobada.

La función de la Junta Departamental es esencialmente la de controlar al Ejecutivo del gobierno departamental. Siempre es bueno que haya este tipo de controles y a su vez de receptores neutrales de las inquietudes de la población, que muchas veces no es partidaria de hacer los planteamientos directamente ante el gobernante, por amistad, por algún tipo de vinculación o simplemente por temor a “represalias”.

De allí que un buen gobierno municipal debería de ser el más interesado en tener este tipo de colaboradores que le ayudaría a satisfacer las necesidades de los sectores más necesitados, aunque cada vez gana más partidarios que de estos cargos sean remunerados, porque no es posible exigir nada, ni siquiera su tiempo disponible a los ediles, si lo hacen honorariamente.







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