Mucho para explicar

La denominada Ley de Inclusión Financiera (o de Bancarización) que ha propuesto el Poder Ejecutivo y es fuertemente rechazada, tanto por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), como por el movimiento cooperativo, tal como está concebida obligaría a todas las empresas, públicas y privadas, entre otras cosas a pagar salarios mediante un banco o una financiera, cosa que no están en condiciones de hacer en estos momentos ni ANDA, ni el movimiento cooperativo.
Sin embargo, más allá de los cambios, hay puntos en los que el gobierno se pondrá firme. El proyecto de ley obliga al pago de salarios, beneficios sociales y jubilaciones a través de cuentas bancarias, aspectos en los que Economía no está dispuesto a ceder. Según Lorenzo, el proyecto también permitirá a la población acceder a préstamos con menores intereses y tener plazas financieras más cercanas. Además viabilizará la rebaja dos puntos de IVA a las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito.
Las principales críticas de la oposición y de las cooperativas es que el proyecto desplaza a la economía social a favor de la banca privada, según dijo el diputado blanco Jorge Gandini. Señaló que las cooperativas deberán adquirir tecnología para ponerse a la par de los bancos. Según el legislador, cuando esas entidades acompasen su situación los bancos ya se habrán quedado con la mayoría de los clientes.
Uno de los aspectos difíciles de entender al menos para quienes no conocemos más allá de aspectos elementales de la economía, es ¿cómo se explican estas medidas adoptadas presuntamente para favorecer a la población con menores recursos, cuando la realidad indica que las más beneficiadas son las instituciones financieras, generalmente grandes transnacionales.
Si no veamos lo que ha sucedido con la rebaja en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio del litoral. Esta rebaja cercana al 28 por ciento, se canaliza exclusivamente a través de las tarjetas de crédito. Vale decir que los consumidores con menos recursos, aquellos que no se manejan con el denominado dinero plástico, sino con lo poco cantante y sonante que logran a diario, quedan fuera del beneficio. Los obreros que usan combustible en su moto, en su gran mayoría están fuera del beneficio.
En cambio las financieras que extienden las tarjetas de crédito se ven beneficiadas con el aumento del número de clientes, dado que los automovilistas sobre todo, optan por esta vía para obtener la rebaja.
Hace dos semanas, las cooperativas de ahorro y crédito emitieron un comunicado en el que advierten que 75 de esas organizaciones corren riesgo de cerrar si se aprueba la norma.
“Este proyecto tiene medidas que pueden terminar con el sector cooperativo, y que van a terminar encareciendo los créditos para las familias con menor poder adquisitivo”, aseguraron en el comunicado.
Por lo tanto resulta difícil de entender que el partido de gobierno, que ha pregonado insistentemente las ventajas de las cooperativas, como un sistema más humano y solidario
haya decidido ahora impulsar esta ley.
Esperemos que al menos estos aspectos negativos de la ley proyectada sean corregidos.

La denominada Ley de Inclusión Financiera (o de Bancarización) que ha propuesto el Poder Ejecutivo y es fuertemente rechazada, tanto por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), como por el movimiento cooperativo, tal como está concebida obligaría a todas las empresas, públicas y privadas, entre otras cosas a pagar salarios mediante un banco o una financiera, cosa que no están en condiciones de hacer en estos momentos ni ANDA, ni el movimiento cooperativo.

Sin embargo, más allá de los cambios, hay puntos en los que el gobierno se pondrá firme. El proyecto de ley obliga al pago de salarios, beneficios sociales y jubilaciones a través de cuentas bancarias, aspectos en los que Economía no está dispuesto a ceder. Según Lorenzo, el proyecto también permitirá a la población acceder a préstamos con menores intereses y tener plazas financieras más cercanas. Además viabilizará la rebaja dos puntos de IVA a las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito.

Las principales críticas de la oposición y de las cooperativas es que el proyecto desplaza a la economía social a favor de la banca privada, según dijo el diputado blanco Jorge Gandini. Señaló que las cooperativas deberán adquirir tecnología para ponerse a la par de los bancos. Según el legislador, cuando esas entidades acompasen su situación los bancos ya se habrán quedado con la mayoría de los clientes.

Uno de los aspectos difíciles de entender al menos para quienes no conocemos más allá de aspectos elementales de la economía, es ¿cómo se explican estas medidas adoptadas presuntamente para favorecer a la población con menores recursos, cuando la realidad indica que las más beneficiadas son las instituciones financieras, generalmente grandes transnacionales.

Si no veamos lo que ha sucedido con la rebaja en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio del litoral. Esta rebaja cercana al 28 por ciento, se canaliza exclusivamente a través de las tarjetas de crédito. Vale decir que los consumidores con menos recursos, aquellos que no se manejan con el denominado dinero plástico, sino con lo poco cantante y sonante que logran a diario, quedan fuera del beneficio. Los obreros que usan combustible en su moto, en su gran mayoría están fuera del beneficio.

En cambio las financieras que extienden las tarjetas de crédito se ven beneficiadas con el aumento del número de clientes, dado que los automovilistas sobre todo, optan por esta vía para obtener la rebaja.

Hace dos semanas, las cooperativas de ahorro y crédito emitieron un comunicado en el que advierten que 75 de esas organizaciones corren riesgo de cerrar si se aprueba la norma.

“Este proyecto tiene medidas que pueden terminar con el sector cooperativo, y que van a terminar encareciendo los créditos para las familias con menor poder adquisitivo”, aseguraron en el comunicado.

Por lo tanto resulta difícil de entender que el partido de gobierno, que ha pregonado insistentemente las ventajas de las cooperativas, como un sistema más humano y solidario

haya decidido ahora impulsar esta ley.

Esperemos que al menos estos aspectos negativos de la ley proyectada sean corregidos.