Nada a espaldas del pueblo

Las resoluciones ministeriales no se publican en el Diario Oficial ni en Presidencia, forman parte de expedientes y actuaciones administrativas”, dijo a El Observador el director del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Apezteguía, en relación a la resolución firmada por su cartera en marzo del año pasado en la que se le otorga indemnidad a López Mena, a la empresa Cosmo, al representante de esa firma, Hernán Antonio Calvo Sánchez, y a la aseguradora Boston. Esa decisión no fue publicada oficialmente. Según la información a la que accedió El Observador, la cláusula de indemnidad fue solicitada por López Mena al BROU al momento de comprometerse a pagar el aval de US$ 13,6 millones emitido por el banco en beneficio de Cosmo para que pudiera presentarse al remate de los siete aviones de la exPluna. “El BROU consulta al Ministerio de Economía y Finanzas en relación a si estaría dispuesto a acceder al requerimiento del señor Juan Carlos López Mena respecto a que, por requerimiento de las empresas afectadas, se exonere de toda responsabilidad -respecto de sí mismo- y renuncie a promover cualquier tipo de acción contra el mencionado, cualquiera  de sus empresas, Boston Compañía Argentina de Seguros S.A, Cosmo y toda otra persona jurídica vinculada directa o indirectamente a las mismas”, dice la resolución.

Mal que nos pese y aún cuando no haya habido corrupción – si por esta se entiende beneficio económico para una persona o un grupo en particular – lo actuado por el gobierno nacional en relación al remate de los aviones de PLUNA, aparece como algo por lo menos irregular. Algo que requiere ser aclarado debidamente.

Lo que no es de recibo de ninguna manera, son las declaraciones del Director del MEF (según El Observador), sosteniendo que este tipo de acuerdos no se publica ya que “no son de interés” del público.

Estamos hablando de dineros público, es decir del pueblo uruguayo y por lo tanto siempre interesa saber que se hace con la plata del pueblo. En una democracia no hay autoridad alguna que pueda legítimamente abrogarse la atribución de discernir qué es lo que debe interesar al pueblo y qué no debe interesar.

Esto es a todas luces un exceso, una ilegitimidad y lógicamente que debe ser corregida. Nada que se haga a espaldas del pueblo puede ser legitimado, si no es por el mismo pueblo y cuando se trata de dineros públicos, la transparencia en el manejo es un requisito innegociable.

Esperemos que lo entienda y se informe pormenorizadamente de todo esto.

as resoluciones ministeriales no se publican en el Diario Oficial ni en Presidencia, forman parte de expedientes y actuaciones administrativas”, dijo a El Observador el director del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Apezteguía, en relación a la resolución firmada por su cartera en marzo del año pasado en la que se le otorga indemnidad a López Mena, a la empresa Cosmo, al representante de esa firma, Hernán Antonio Calvo Sánchez, y a la aseguradora Boston. Esa decisión no fue publicada oficialmente. Según la información a la que accedió El Observador, la cláusula de indemnidad fue solicitada por López Mena al BROU al momento de comprometerse a pagar el aval de US$ 13,6 millones emitido por el banco en beneficio de Cosmo para que pudiera presentarse al remate de los siete aviones de la exPluna. “El BROU consulta al Ministerio de Economía y Finanzas en relación a si estaría dispuesto a acceder al requerimiento del señor Juan Carlos López Mena respecto a que, por requerimiento de las empresas afectadas, se exonere de toda responsabilidad -respecto de sí mismo- y renuncie a promover cualquier tipo de acción contra el mencionado, cualquiera  de sus empresas, Boston Compañía Argentina de Seguros S.A, Cosmo y toda otra persona jurídica vinculada directa o indirectamente a las mismas”, dice la resolución.
Mal que nos pese y aún cuando no haya habido corrupción – si por esta se entiende beneficio económico para una persona o un grupo en particular – lo actuado por el gobierno nacional en relación al remate de los aviones de PLUNA, aparece como algo por lo menos irregular. Algo que requiere ser aclarado debidamente.
Lo que no es de recibo de ninguna manera, son las declaraciones del Director del MEF (según El Observador), sosteniendo que este tipo de acuerdos no se publica ya que “no son de interés” del público.
Estamos hablando de dineros público, es decir del pueblo uruguayo y por lo tanto siempre interesa saber que se hace con la plata del pueblo. En una democracia no hay autoridad alguna que pueda legítimamente abrogarse la atribución de discernir qué es lo que debe interesar al pueblo y qué no debe interesar.
Esto es a todas luces un exceso, una ilegitimidad y lógicamente que debe ser corregida. Nada que se haga a espaldas del pueblo puede ser legitimado, si no es por el mismo pueblo y cuando se trata de dineros públicos, la transparencia en el manejo es un requisito innegociable.
Esperemos que lo entienda y se informe pormenorizadamente de todo esto.