Nadie más allá de la ley

Años atrás, en plena dictadura, recordamos cuando alguien que ejercía una magistratura en Salto, le llamó por teléfono a un periodista que había informado de un tema “vidrioso” y algunos términos de la nota no le habían gustado al magistrado y por lo tanto lo “citaba” a concurrir a su despacho.
A pesar de que eran tiempos difíciles, el periodista, hoy ya fallecido, se negó a acatar dicho requerimiento telefónico, haciendo saber a quien ejercía la magistratura, que tenía sus derechos y por lo tanto la convocatoria debía hacerse mediante notificación escrita.
Como este alcance no se concretó la cosa quedó allí, pero lamentablemente era lo habitual de aquellos días, si algo se consideraba inconveniente para quienes gobernaban, el periodista era convocado, ya fuera a la jefatura de policía, al cuartel militar, o cualquier otra dependencia o al Juzgado mismo.
Lógicamente ni que hablar con pensar en pedir información o preguntar más allá de lo que se decía “oficialmente”, por lo general mediante “comunicados” porque quien o quienes lo hacían eran mal vistos.
Hoy varias décadas después y también luego de varias modificaciones sustanciales, como la Ley de Acceso a la Información Pública, los juicios penales son públicos y los periodistas pueden asistir a ellos con determinadas condiciones. Entre ellas, no se puede filmar o fotografiar a menores, a testigos o personas cuya culpabilidad no esté debidamente probada y además tengan antecedentes suficientes como para mostrarlos.
Hasta aquí todo bien, incluso tanto la fiscalía, como los magistrados están facultados a establecer la restricción de acceso a los periodistas, en determinadas situaciones, debidamente establecidas. Aspectos que en el caso recientemente registrado en Salto no parecen haberse dado.
La Justicia debe tener muy claro que debe proteger a la sociedad, no a los malhechores. Que los periodistas no somos “de cuarta” y por lo tanto se nos “comunican” algunas decisiones que nunca se sabe de quien o quienes proceden, porque generalmente el encargado de hacerlas saber es el policía de turno.
Que el periodismo debe profesionalizarse y obrar con conocimiento de sus deberes y derechos, ni que hablar, pero la Justicia debe ajustarse a las facultades que establecen las leyes.
Para eso está debidamente facultada para sancionar excesos e irresponsabilidades, cuando ocurren y no es admisible por lo tanto vetar o censurar de antemano a todo el mundo “por las dudas”.
Es hora de asumir los deberes y derechos de cada uno, porque es lo que establece la ley.
Todavía esperamos explicaciones de la reciente censura al periodismo registrada en los Juzgados Penales de la calle Artigas.
Al menos esta es nuestra opinión.
Alberto Rodríguez Díaz