Negociar parece lo razonable

Un fallo de la Justicia determina que en seis meses el Consejo de Educación Primaria tendrá que tener autorización de la Dirección Nacional de Bomberos para  el funcionamiento de todos los locales escolares del país.
En estos momentos hay cinco escuelas del Interior del país y una de Montevideo habilitadas por la Dirección de Bomberos. En la práctica esto indica que las escuelas funcionan sin la habilitación de referencia y hay que ser honestos, no recordamos en todos los años de trayectoria de EL PUEBLO, que son más de 50 que se haya producido un siniestro de gravedad en una escuela, menos aún con riesgo para los niños.
Esto nos ubica en la realidad del país en este sentido. De acuerdo a lo expresado por el maestro Héctor Florit, Director del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), lograr la habilitación de Bomberos para una escuela, lleva por lo menos seis meses, para satisfacer todas las exigencias que supone.
A su vez esto supone inversiones muy importantes, dado que hay que multiplicarlos por las 2.300 escuelas públicas con que cuenta el sistema en todo el país.
En buen romance, en estos momentos cumplir con esta exigencia  determinada por un juez de Canelones, en tiempo y forma es una verdadera utopía.
Pero entendámonos bien. Si bien entendemos que no es posible cumplir con la disposición de la Justicia, al menos en tiempo y forma, no estamos diciendo que no sea necesario hacerlo, porque se trata de la debida protección de la vida y la seguridad de los 360 mil niños que concurren a ellas.
Lo que no entendemos es que no se puede pasar de una realidad que indica que hasta el momento se ha trabajado sin nada, a exigir que en cuatro meses las 2.300 escuelas del país cuenten con la debida autorización de Bomberos.
Lo razonable es la negociación, la fijación de plazos razonables para poder cumplirlos y quizás con un cumplimiento gradual de las nuevas exigencias que han sido establecidos.
Es buena la preocupación de CAINFO (del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y del Comité de los Derechos del Niño (CDN) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI), que han promovido un juicio por este tema, lo que en nuestra opinión no ha sido razonable son los plazos establecidos por el juez para que se satisfagan las exigencias.

Un fallo de la Justicia determina que en seis meses el Consejo de Educación Primaria tendrá que tener autorización de la Dirección Nacional de Bomberos para  el funcionamiento de todos los locales escolares del país.

En estos momentos hay cinco escuelas del Interior del país y una de Montevideo habilitadas por la Dirección de Bomberos. En la práctica esto indica que las escuelas funcionan sin la habilitación de referencia y hay que ser honestos, no recordamos en todos los años de trayectoria de EL PUEBLO, que son más de 50 que se haya producido un siniestro de gravedad en una escuela, menos aún con riesgo para los niños.

Esto nos ubica en la realidad del país en este sentido. De acuerdo a lo expresado por el maestro Héctor Florit, Director del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), lograr la habilitación de Bomberos para una escuela, lleva por lo menos seis meses, para satisfacer todas las exigencias que supone.

A su vez esto supone inversiones muy importantes, dado que hay que multiplicarlos por las 2.300 escuelas públicas con que cuenta el sistema en todo el país.

En buen romance, en estos momentos cumplir con esta exigencia  determinada por un juez de Canelones, en tiempo y forma es una verdadera utopía.

Pero entendámonos bien. Si bien entendemos que no es posible cumplir con la disposición de la Justicia, al menos en tiempo y forma, no estamos diciendo que no sea necesario hacerlo, porque se trata de la debida protección de la vida y la seguridad de los 360 mil niños que concurren a ellas.

Lo que no entendemos es que no se puede pasar de una realidad que indica que hasta el momento se ha trabajado sin nada, a exigir que en cuatro meses las 2.300 escuelas del país cuenten con la debida autorización de Bomberos.

Lo razonable es la negociación, la fijación de plazos razonables para poder cumplirlos y quizás con un cumplimiento gradual de las nuevas exigencias que han sido establecidos.

Es buena la preocupación de CAINFO (del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y del Comité de los Derechos del Niño (CDN) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI), que han promovido un juicio por este tema, lo que en nuestra opinión no ha sido razonable son los plazos establecidos por el juez para que se satisfagan las exigencias.







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