Ni más ni menos

En referencia a la denuncia de adulteración de boletas hecha públicamente por el intendente Andrés Lima, en estas columnas planteamos desde un principio que el fondo de la cuestión está en saber efectivamente si hubo adulteración -esto es corrupción y delito – y en este caso quién o quiénes son sus responsables.
Tanto el procesamiento inicial del intendente Andrés Lima, como ahora su absolución por parte de un tribunal de alzada, no son más que episodios, sin duda alguna que muy importantes, pero no se trata de la cuestión de fondo y no interesa si la denuncia es por cuatro mil pesos o cuatro millones.
Dirimir esto seguramente llevará mucho más tiempo y esfuerzo por parte de la Justicia Penal, donde está efectuada dicha denuncia, incluso desde antes de la denuncia por supuesta difamación de parte del intendente, que ya ha sido procesada incluso en una segunda instancia.
Siempre hemos sido cautelosos y respetuosos de la Justicia, que tiene sus tiempos y sus requisitos y entendemos que lo mejor que puede hacerse en estos casos es precisamente demostrar el máximo de respecto al Poder Judicial, sea cual sea el interés que nos mueva.
Podrá estarse de acuerdo o no con la interpretación de las leyes que hagan jueces y fiscales. Podrá estarse de acuerdo o no con las decisiones, de acuerdo a lo que esperábamos, pero en todos los casos lo mejor que puede hacerse es asumir con respeto las decisiones.
En el caso que nos ocupa se llevan ya muchos meses de presentada la denuncia correspondiente y no sabemos qué pasos ha dado el Poder Judicial en la materia, pero más allá de las consecuencias es lo que realmente debería interesar a la ciudadanía.
En tiempo en que la manipulación, el tráfico de influencia, la “compra” de votos mediante la promesa de algún puestito, es lo habitual y lo que ha pasado a ser visto como “normal” por parte de quienes se arriman a la política, debe ser una prioridad absoluta denunciar y poner en conocimiento del pueblo los actos de corrupción que se descubren.
Ningún poder político puede sentirse perseguido o acosado porque se lo controle. Es más, entendemos que es tarea esencial de la oposición el fiscalizar y saber qué se hace con el dinero del pueblo.
Pero para esto hay que demostrar el mismo celo cuando se está de uno o del otro lado del mostrador. Si cuando se está en el poder se procede de forma muy diferente a lo que se pretende al pasarse al lado opuesto, entonces no es más que un manoseo, una politiquería barata que no puede tolerarse porque este tipo de fiscales no tiene credibilidad alguna.
Alberto Rodríguez Díaz