Ni silencio ni indiferencia: rascar hasta el hueso

La denuncia pública efectuada por la señora Blanca Cabrera, vecina del barrio Don Atilio, es de mucha gravedad y no debería pasar desapercibida. Hay en ella alusión directa e indirecta a la actuación policial, no sólo por la forma y las condiciones en que habría – el condicional se usa porque no tenemos pruebas fehacientes, ni nos corresponde buscarlas – pero también porque podría cuestionar las condiciones que tiene en cuenta la autoridad judicial para autorizar un allanamiento, cuando nadie de este poder del Estado está presente en los operativos.
Días atrás desde el Ministerio del Interior se hacía alusión a la confianza que merecía la Policía en la población y los niveles no eran los más satisfactorios precisamente. Hechos como el que se ha dado a conocer recientemente en nuestra ciudad son de extrema gravedad y de no ser aclarados como corresponde afectarían precisamente la confianza de la población en la institución policial.
Según la denunciante hubo expreso mal trato no sólo a ella y su esposo, sino también a dos menores de edad, los que fueron incluso esposados y un policía se les habría trepado en la espalda mientras los mantenía boca abajo, luego, siempre según sus palabras, les hicieron permanecer arrodillados sin mostrarles como corresponde y en las condiciones adecuadas para ser leída la orden de allanamiento.
Pero no sólo se trata de las condiciones en que se hizo el allanamiento, sino que esencialmente se trata de determinar qué veracidad tiene la afirmación de la denunciante, que le llama la atención que le allanaran su hogar, cuando ha sido ella que ha denunciado a gente del propio barrio, que “todos saben” que venden droga, hacen ostentación incluso de armas de fuego y le mantienen amenazada de muerte, sin embargo no les allanan.
Este hecho está incriminando indirectamente a la Policía y por lo tanto cabe que se aclare debidamente. Si “no pasa nada”, estaríamos concediendo veracidad a los hechos, vale decir que “el que calla otorga” y si nadie se da por aludido con estas afirmaciones, debemos admitir que existe algún tipo de validez en los argumentos de la denunciante.
Estamos hablando de mal trato incluso a menores de edad, que de ser veraces estaría violando derechos esenciales de los menores de edad y obviamente corresponde a las instituciones oficiales por lo menos averiguar qué ha pasado.
No seremos nosotros los que nos prestaremos a callar y conceder cuando hay acusaciones directas o indirectas de tanta gravedad.

Alberto Rodríguez Díaz