No a costo de la salud humana

Existe en nuestro país una legislación considerada de avanzada en la región en cuanto a prohibición del uso de algunos de los productos considerados nocivos para el hombre o el ambiente.
El tema radica en que los controles y la fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones legales dista mucho de ser satisfactorio.
Existen disposiciones muy claras, no sólo en cuanto al tipo de productos autorizados para usar en el control sanitario, sino también en la forma de hacerlo y los sitios en que no se puede fumigar.
Sobre estos aspectos, tenemos entendido que corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el controlar que las etiquetas de los productos incluyan las disposiciones vigentes para la aplicación de los mismos.
Pero además existe una disposición específica que prohíbe la aplicación aérea a 500 metros de cualquier centro poblacional y a 300 metros cuando la aplicación es terrestre.
Estas disposiciones parecen atinadas, pero la cuestión es luego ¿Quién controla? La Policía sanitaria en materia agrícola la tiene el Ministerio de Ganadería (MGAP), pero que sepamos no actúa “de oficio”, sino que lo hace sólo en casos en que reciba alguna denuncia específica.
Si esto fuera realmente así, porque no lo hemos podido confirmar, sería de lamentar, porque las consecuencias del mal uso o la mala aplicación de un producto puede acarrear consecuencias muy lamentables para las personas que resulten afectadas y muchas veces para quienes los aplican.
No sólo se trata de afecciones importantes en la piel, sino que también es posible que se registren problemas bronquiales y similares y aunque resulta casi imposible lograr la confirmación o desestimación en este aspecto, hay quienes denuncian consecuencias mucho más graves.
Y no se trata de entorpecer u oponerse al desarrollo de la producción en el país, sino de proteger la salud de la población y en especial de los niños que están expuestos a la mala aplicación de estos productos químicos cuando no se respetan las normas legales en el tema.
No tenemos dudas que de cumplirse estas disposiciones Uruguay estaría debidamente protegido de las malas consecuencias que acarrea la fumigación hecha fuera de lugar.
No pretendemos opinar específicamente sobre el hecho mencionado, porque ya lo harán las autoridades competentes, lo que tratamos de hacer es alertar sobre la necesidad de que se controle debidamente, en tiempo y forma el cumplimiento de las disposiciones, porque los buenos resultados económicos de una producción no debe hacerse sobre la destrucción y el daño ni para seres humanos ni para el ambiente.







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