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No es un elogio precisamente

Uno de los conceptos más difíciles de revertir para los organismos oficiales, es el de que “la información es nuestra, del organismo, o del Estado, y yo la manejo”, la doy a quien quiero, cuando quiero y cómo quiero.
Décadas, sino siglos se lleva sosteniendo este concepto que hoy es totalmente erróneo.
No sólo que la información “pública”, de la población, del ciudadano y no del Estado, sino que además éste está obligado a proporcionarla gratuitamente “a toda persona que la requiera, sin tener que exponer para qué la quiere”.
El Estado, entendiendo por éste, gobiernos departamentales, locales, municipios y demás sólo tienen como posibilidad de negarse a entregar la información solicitada, determinados argumentos que son especificados por la ley y que el Estado en estos casos debe de determinar específicamente.
Vale decir que aquella estrategia que ha regido hasta el momento, sencillamente de “cajonear” los pedidos de información – cuando se consideraba inconveniente que trascendiera- que eran tramitados por cualquier vía, hoy ya no corre, al menos sin riesgo que quien solicita dicha información pueda recurrir a la vía judicial, como de hecho está ocurriendo.
Sin lugar a dudas que los organismos públicos estatales, para restringirnos a ellos, que no son los únicos comprendidos en esta ley, en Salto están muy lejos de llegar a un nivel satisfactorio de “manejo” de la información.
Significa romper esta situación y seamos sinceros. Si llegamos a esta situación, fue porque también muchos medios y periodistas han tenido una cuota parte de culpa. Generalmente aquellos periodistas “mimados” por el poder, privilegiados de alguna forma, directa o indirectamente, con carguitos, publicidad o cualquier otra forma, se han prestado para llegar a esto.
Obviamente que han sido y en algunos casos siguen siendo los más felicitados y “destacados” para los jerarcas públicos que entienden que estos son “los buenos periodistas”. Vale decir los que “no complican”, argumento que escuchamos permanentemente de parte de los entonces delegados de la CTM de Salto Grande. Lo que se profería pensando que se trataba de un elogio era en realidad – a nuestro entender – la peor ofensa.
Quedan también aún muchos jerarcas que sencillamente “miran para otro lado”, cuando se les solicita información específica. No están informados, no están asesorados y por lo tanto generalmente tienen temor a informar mal, a dar información “inconveniente” o lisa y llanamente siguen aferrados al concepto de que son “dueños” de la información que en realidad pertenece al público. Esto es, nos pertenece.
Creemos que en todos los casos hay una materia pendiente, que debe ser rendida a la brevedad. Si no se prepara e informa debidamente a los funcionarios, los organismos deberán responder ante la Justicia, debido a que el conocimiento de los detalles de la Ley hará que cada vez haya más pedido de información y la Ley de Acceso a la Información Pública limita el plazo legal para responder a los 20 días, prorrogables por otros 20 días, solo en caso de algunos de los argumentos que la ley especifica.
Queda por lo tanto poco tiempo para prepararse y seguramente a todos los responsables de organismos públicos debería de interesarles el tema, como también a los periodistas que seguimos desperdiciando una gran herramienta para nuestra función.

A.R.D.