No es una buena señal

La bancada de legisladores del FA tiene previsto derogar a principios de este año el polémico artículo 162, referido al “abuso de funciones”. El tema ya fue estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes y en marzo se comenzará a votar su derogación definitiva.
Entendemos, tal como lo acaba de expresar la senadora Lucía Topolanski, que esta derogación, de llevarla a cabo no debe de ser retroactiva, porque en ese caso tendría nombre y apellido, dado que el fiscal del caso Pluna ha pedido el procesamiento por este delito del ex Ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia.
Pero tan importante como esto, es el hecho que no creemos que la eliminación lisa y llana de este delito sea una buena  medida, en ningún caso. Es un delito que penaliza una forma de corrupción, que apunta contra el clientelismo político, tan cuestionado por los propios partidos políticos y por lo tanto no creemos que eliminarlo sea una buena cosa.
Quizás lo más razonable sea acotarlo, limitarlo y establecer específicamente su alcance, tanto en la configuración del delito, como en su penalización.
No es una buena señal para la ciudadanía que se proceda a eliminar las leyes que apuntan a combatir la corrupción o la corruptela, que tantos daños ha hecho en todos lados.
Tanto el “abuso de funciones”, como su primo hermano el “tráfico de influencias” delito por el que resultaran procesados varios actores políticos, como el ex ministro de Turismo del gobierno de Julio Sanguinetti -en su segundo mandato –  Benito Stern que habiéndole  hallado culpable de tráfico de influencias, la Justicia le procesó sin prisión configurándole el delito de “abuso de funciones”.
Si bien no fue encarcelado, este procesamiento significó el fin de su carrera política.
Tampoco sería una buena señal que la mayoría de los parlamentarios aprobaran la eliminación del delito, que en realidad pende sobre ellos como una espada de Damocles, sin bucar la forma de delimitarlo debidamente para que en realidad sea una barrera para la corrupción y la politiquería que corroe el sistema político.
En lo personal no estamos de acuerdo en la eliminación del delito, sí en su delimitación y el alcance de las sanciones previstas. Las señales de una lucha rdical contra la corrupción deben ser claras y transparentes, caiga quien caiga y por lo tanto la eliminación de las leyes que permiten enfrentar estos casos de corruptela, no es una buena idea precisamente.
Alberto Rodríguez Díaz

La bancada de legisladores del FA tiene previsto derogar a principios de este año el polémico artículo 162, referido al “abuso de funciones”. El tema ya fue estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes y en marzo se comenzará a votar su derogación definitiva.

Entendemos, tal como lo acaba de expresar la senadora Lucía Topolanski, que esta derogación, de llevarla a cabo no debe de ser retroactiva, porque en ese caso tendría nombre y apellido, dado que el fiscal del caso Pluna ha pedido el procesamiento por este delito del ex Ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia.

Pero tan importante como esto, es el hecho que no creemos que la eliminación lisa y llana de este delito sea una buena  medida, en ningún caso. Es un delito que penaliza una forma de corrupción, que apunta contra el clientelismo político, tan cuestionado por los propios partidos políticos y por lo tanto no creemos que eliminarlo sea una buena cosa.

Quizás lo más razonable sea acotarlo, limitarlo y establecer específicamente su alcance, tanto en la configuración del delito, como en su penalización.

No es una buena señal para la ciudadanía que se proceda a eliminar las leyes que apuntan a combatir la corrupción o la corruptela, que tantos daños ha hecho en todos lados.

Tanto el “abuso de funciones”, como su primo hermano el “tráfico de influencias” delito por el que resultaran procesados varios actores políticos, como el ex ministro de Turismo del gobierno de Julio Sanguinetti -en su segundo mandato –  Benito Stern que habiéndole  hallado culpable de tráfico de influencias, la Justicia le procesó sin prisión configurándole el delito de “abuso de funciones”.

Si bien no fue encarcelado, este procesamiento significó el fin de su carrera política.

Tampoco sería una buena señal que la mayoría de los parlamentarios aprobaran la eliminación del delito, que en realidad pende sobre ellos como una espada de Damocles, sin bucar la forma de delimitarlo debidamente para que en realidad sea una barrera para la corrupción y la politiquería que corroe el sistema político.

En lo personal no estamos de acuerdo en la eliminación del delito, sí en su delimitación y el alcance de las sanciones previstas. Las señales de una lucha rdical contra la corrupción deben ser claras y transparentes, caiga quien caiga y por lo tanto la eliminación de las leyes que permiten enfrentar estos casos de corruptela, no es una buena idea precisamente.

Alberto Rodríguez Díaz