No parece el camino acertado

Luis Alberto Lacalle Pou cabeza del nuevo gobierno no ha desmentido la afirmación de que no concederá cargo alguno a la oposición en los directorios de las empresas públicas, por lo menos en aquellas empresas que suponen planes sociales, como el MIDES, Salud Pública y similares.
El hecho de que no haya desmentido esta versión, nos lleva a suponer que el trascendido es verídico y aunque no sería la primera vez que la oposición queda afuera de la conducción de las empresas públicas, no impide que digamos nuevamente, como lo hemos dicho siempre que no nos gusta.
La Constitución de la República sabiamente estableció el rol de los representantes de la oposición en los directorios de las empresas públicas. Este rol se limita casi que exclusivamente al contralor, a la fiscalización de las políticas de gestión que lleva a la práctica cada directorio.
La representación de los partidos de oposición en estos directorios, sirve en caso de que se “contaminen”, para evitar lo que lamentablemente era una práctica habitual en estos directorios, vale decir llevar a la práctica lo que se conoció como la compensación con un cargo político a quien o quienes les supongan la adhesión de determinado grupo de personas.
Esta corruptela fue la que llevó a ofrecer cargos en direcciones o simplemente en el estado a cambio del voto. Se dejó de lado el concurso o el sorteo como forma justa de ingreso. Tampoco se eligió a los más capaces o preparados para ejercer un cargo, sino que se optó por favorecer a los adherentes políticos.
No me gusta, como tampoco me gusta que designen pariente o amigos sólo por el hecho de ser sin que deban probar su idoneidad para el cargo que se los designa. Tampoco me gusta lo que se afirma que se sigue poniendo gente en cargos públicos por parte del gobierno saliente, gente que quedará firme en el cargo en el mes de mayo de este año, si su labor se aprueba.
Lo que no se dice – según el gobierno actual – es que estos puestos fueron cubiertos antes del año electoral (últimos 12 meses previos a la asunción del nuevo gobierno, período en que no se puede legalmente designar a nadie) y si el Tribunal al que serán sometidos al finalizar su contrato encuentran que han cumplido debidamente con la función encomendada, serán legalmente presupuestados.
Cada gobierno que asume, es obvio que tiene que poner gente de su confianza y de su afinidad ideológica en aquellos cargos en que deben tomar decisiones, pero esto nunca debe manosearse y usarse para compensar adhesiones, porque es una muestra de corrupción.
A.R.D.