Nunca más

«Nntervención militar ya”, rezaba una de las pancartas que se exhibía en la masiva manifestación realizada el fin de semana anterior en Brasil.
Las fuentes más prudentes hablaron de un millón de personas en esta manifestación que se tomó como una muestra de fuerza contra el gobierno que encabeza Dilma Rouseff, dado que no faltaron los carteles que pedían su destitución.
Los escándalos de corrupción y en especial el multimillonario descubierto en torno a Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, ha salpicado a la presidente, aún cuando nadie  le vincula directamente a la corrupción, los investigados son en su gran mayoría dirigentes o militantes al menos del gobernante Partido de los Trabajadores ( PT).
El mismo cartel explicaba que no pedía un golpe de Estado, sino la intervención de los militares para terminar con la corrupción y llamar a elecciones nuevamente.
Varios politólogos tuvieron que salir a explicar que no es  posible una intervención militar, más allá de sus f unciones específicas, sin pasar por encima de la Constitución, o sea del sistema democrático.
Aún cuando quizás no se esté pidiendo un golpe militar, ni creemos que sea posible en estos momentos, dado que no están dadas las condiciones para el mismo, es un factor a tener en cuenta.
Lo curioso es la  idea que aún guardan algunos sectores de población, que no es exclusiva de la extrema derecha, entendiendo que los militares tal como lo pregonaban, eran limpios y transparentes en el manejo de los fondos públicos.
De hecho, nada más errado, tanto es así que los casos de corrupción, fueron tantos o más de los que existen en estos momentos dentro de algunos gobiernos  latinoamericanos, pero con el agravante de que era imposible investigarlos y menos aún darlos a conocer.
Es absolutamente compatible la aspiración del movimiento masivo en cuanto a que haya absoluta transparencia en el manejo de los fondos y severas sanciones para quienes sean hallados culpables de casos de corrupción.
Lo que no se podrá compartir jamás es que la solución  que se sugiera sea a través del  militarismo, por la sencilla razón de que éste es incompatible con el gobierno del pueblo, el que la mayoría de los ciudadanos haya elegido y por más malo que este sea, será – a nuestro entender – mejor que cualquier gobierno militar, o “de facto” como se le llamó en su momento, porque sería saltar de la olla para caer en las brasas.
Alberto Rodríguez Díaz

«Intervención militar ya”, rezaba una de las pancartas que se exhibía en la masiva manifestación realizada el fin de semana anterior en Brasil.

Las fuentes más prudentes hablaron de un millón de personas en esta manifestación que se tomó como una muestra de fuerza contra el gobierno que encabeza Dilma Rouseff, dado que no faltaron los carteles que pedían su destitución.

Los escándalos de corrupción y en especial el multimillonario descubierto en torno a Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, ha salpicado a la presidente, aún cuando nadie  le vincula directamente a la corrupción, los investigados son en su gran mayoría dirigentes o militantes al menos del gobernante Partido de los Trabajadores ( PT).

El mismo cartel explicaba que no pedía un golpe de Estado, sino la intervención de los militares para terminar con la corrupción y llamar a elecciones nuevamente.

Varios politólogos tuvieron que salir a explicar que no es  posible una intervención militar, más allá de sus f unciones específicas, sin pasar por encima de la Constitución, o sea del sistema democrático.

Aún cuando quizás no se esté pidiendo un golpe militar, ni creemos que sea posible en estos momentos, dado que no están dadas las condiciones para el mismo, es un factor a tener en cuenta.

Lo curioso es la  idea que aún guardan algunos sectores de población, que no es exclusiva de la extrema derecha, entendiendo que los militares tal como lo pregonaban, eran limpios y transparentes en el manejo de los fondos públicos.

De hecho, nada más errado, tanto es así que los casos de corrupción, fueron tantos o más de los que existen en estos momentos dentro de algunos gobiernos  latinoamericanos, pero con el agravante de que era imposible investigarlos y menos aún darlos a conocer.

Es absolutamente compatible la aspiración del movimiento masivo en cuanto a que haya absoluta transparencia en el manejo de los fondos y severas sanciones para quienes sean hallados culpables de casos de corrupción.

Lo que no se podrá compartir jamás es que la solución  que se sugiera sea a través del  militarismo, por la sencilla razón de que éste es incompatible con el gobierno del pueblo, el que la mayoría de los ciudadanos haya elegido y por más malo que este sea, será – a nuestro entender – mejor que cualquier gobierno militar, o “de facto” como se le llamó en su momento, porque sería saltar de la olla para caer en las brasas.

Alberto Rodríguez Díaz