La entrega de medicamentos de alto costo por parte de las instituciones a cargo de la salud ciudadana, pone de manifiesto una discusión que no por añeja deja de ser relevante.

Hemos escuchado como argumento plantear como disyuntiva si es más aconsejable conceder un medicamento que se sabe que a lo sumo servirá para lograr una sobrevida de un mes o dos, en condiciones precarias o por el contrario, destinar los recursos económicos que demanda la entrega de dicho medicamente a un tratamiento para enfermos de otras dolencias que pueden llegar a tener una sobrevida de 20 o  30 años.

Entendemos que es este un argumento falaz. No es buena cosa mercantilizar la medicina. Cuando se reduce a este aspecto, se está midiendo con un argumento estrictamente comercial, ¿debe la institución gastar a veces hasta 10 mil dólares en un medicamento para un enfermo terminal?. O ¿debe invertir este dinero en tratamientos a otros pacientes que pueden vivir muchos años más?.

Esta es la verdadera temática y esto significa medir el asunto estrictamente como una inversión, un negocio que debe rentable o si no no es un buen negocio.

Así las cosas, tenemos claro que se trata de una problemática compleja y es muy diferente, cuando el paciente del que hablamos es un amigo, o un familiar directo, o cuando es un “perfecto desconocido”.

En el  primer caso, somos capaces de exigir que se agoten las posibilidades de mantenerlo con vida, aún cuando todo indique que es casi una utopía.

En el caso restante, la enorme mayoría de nosotros mira para otro lado y deja hacer, esto es, de alguna manera justifica que no se gaste hasta el último centavo en tratar de salvarle la vida al paciente.

Es que en buena medida las posibilidades de mantener o recuperar la salud depende del dinero que pueda aportar al sistema de salud que le atiende.

Sabemos que en nuestra ciudad se han planteado casos en que los pacientes han tenido que exigir la entrega de estos medicamentos, quizás no tan costosos, pero que encarecen cuando un tratamiento requiere de tomarlo periódicamente durante largo tiempo.

En estos casos, generalmente el medicamento se consigue, se entrega bajo determinadas condiciones y por lo menos en los papeles con determinado controles.

Es lo que corresponde. Así como hay pacientes que pasan muchos años aportando al sistema sin tener que recurrir nunca a él, también hay que saber que llegado el caso, puede haber pacientes que requieran de costosos medicamentos y el sistema nacional de salud debe apuntar a compensar una cosa con la  otra, sin desatender a nadie.

La existencia de grupos radicales en toda sociedad ha sido siempre una constante y Uruguay no escapa a esa realidad. Lo que importa es cuanto de enferma puede estar una sociedad para que la acciones y la ideología de estos grupos pueda prosperar y multiplicarse. De eso se trata.
La policía capitalina tiene la convicción – pruebas aún no – de la existencia de grupos radicales que vieron en la última caravana deportiva la “oportunidad” para poner en práctica sus acciones.
Con esto no estamos eximiendo de culpabilidad a otros vándalos que también suelen aprovechar oportunidades como ésta para manifestarse.
De todas formas, el rechazo generalizado que promueven estas acciones de toda la sociedad uruguaya, es una muestra de que realmente se trata de una “enfermedad” controlada.
Felizmente su incidencia, salvo en algunos puntos identificados, es ínfima, porque felizmente la mayoría de los uruguayos, incluidos los adolescentes y jóvenes, siguen desechando este tipo de acciones vandálicas.
La policía tiene identificados a tres grupos radicales en el país, pero pueden haber más, incluso en alguna ocasión se ha investigado y desbaratado al menos parcialmente a grupos nazis que se manifiestan por Internet. Son los que no admiten normas de convivencia pacífica y sólo aguardan condiciones que consideran apropiadas para tratar de manifestarse, rompiendo, destrozando y mostrando que en realidad tienen un gran odio hacia la sociedad.
Aún cuando alguien pudiera compartir su posición ideológica, de rechazo a muchas de las normas existentes en la comunidad, es inadmisible que este rechazo o esta oposición se canalice en las acciones de violencia que se ponen de manifiesto.
Los grupos radicales, de acciones extremas o también llamados extremistas, no tienen lugar – como tales – en nuestra sociedad. Esto no significa que no se puedan expresar y debatir pacíficamente y dentro de los límites que marca una sociedad civilizada, con sus leyes y sus normas en cada caso.
Significa que la existencia de estos grupos radicales, generalmente con conexiones internacionales debe estar siempre bajo control y la permanente vigilancia de las fuerzas de seguridad, pero lo más importante es que también la sociedad en su conjunto esté dispuesta siempre a mostrarle su rechazo, dejándoles claro que nada tiene que ver este tipo de manifestaciones con nuestro pueblo.
Así las cosas, esperemos que los hechos vandálicos registrados en la noche del martes último, queden debidamente aclarados.

Algunos puntos a tener claro en referencia a los vandálicos destrozos y daños registrados el domingo anterior, escudados en un festejo deportivo.

En primer lugar, el argumento de que los vándalos no son hinchas de nadie es relativo. Si bien no se los puede considerar “aficionado o hincha”, al menos en el concepto que se tiene de éste y lo que debería ser el comportamiento de los mismos, también es cierto que ni las instituciones, ni las hinchadas  jamás aportan nada para identificar a quien o quienes son los autores de estos hechos, a pesar de que no se puede decir que nadie los vio, por supuesto, se los cobija y por lo tanto, decir luego que “estos no son hinchas…son delincuentes”, no queda muy claro.

Segundo aspecto, las instituciones mismo prefieren mirar para otro lado antes que tomar medidas internas drásticas y severas para castigar conductas como ésta. Es más, en algunos casos se ha denunciado – no es lo mismo que probado – que ciertos dirigentes han contratado o facilitado al menos la formación de las “barras bravas”, principales provocadores de hechos de violencia en el deporte.

En la misma línea, la sociedad en la que vivimos hoy, tiene que admitir que las desigualdades e iniquidades existentes en el seno de la comunidad, están subyacentes y esperan que se den condiciones, como puede ser una caravana deportiva, o incluso una tormenta con fuertes descargas eléctricas, para hacer de las suyas, que no es otra casa que dañar y robar aprovechando las circunstancias, por aquello de que “la ocasión hace al ladrón”.

La conducta transgresora muchas veces está agazapada en nuestro interior, mucho más de lo que creemos y ante una circunstancia favorable se manifiesta libremente, es un indicador más de la pérdida de valores que sufrimos.

Si nos referimos en términos generales, a la conducta social, es difícil pensar, por ejemplo que si alguien pasa por una vidriera que ha sido rota por vándalos y ve que ha quedado algo “ a mano”no se lo lleve.

Los límites para que alguien no obre así, están en la represión, en el temor de que haya cámaras filmando o de alguien me vea en ese momento. Atrás ha quedado lo que nos pregonaban nuestros mayores “no toque porque no es suyo…”. Mucho más atrás aún el concepto de solidaridad que apunta a ayudar a las víctima en lugar de aumentar el perjuicio sufrido.

Así estamos y no se trata sólo de demonizar y tomar distancia escondiendo la mano….las responsabilidad y las culpas, sobre todo de omisión, van mucho más allá de lo que vemos.

Mientras miramos para otro  lado el deterioro ambiental sigue y es una de las deudas más importantes que estamos obligados a encarar en nuestros días.

Tierra, aire y mar sufren las consecuencias de la irresponsabilidad de los seres humanos.

Las tierras fértiles cada vez más amenazadas por la conducta irresponsable de los hombres que  les explotan y someten a un agotamiento extremo, sin reparar de manera alguna en la preservación de estos recursos para las generaciones venideras, aunque aquí hay que reconocer que uruguay ha iniciado un programa destinado que pretende lograr un manejo responsable de este tema.

En el plano local, el proyecto de Salto Grande fue puesto en práctica cuidando – al menos en los papeles – el recurso ambiental. Fue por eso que se hizo toda una política  previa de salvataje de las especies de la fauna autóctona que fue posible sacar del lugar que luego fue ganado por el embalse de la represa y llevarla a  otros  lugares.

La premisa que escuchamos en aquel momento a los hombres a cargo de su ejecución era “no destruya el hombre lo que Dios le dio o vivirá en la miseria”.

Sin embargo, hubo algunos aspectos que escaparon a esta política y no funcionaron como se esperaba, o sencillamente se decidió no poner en práctica las previsiones correspondientes para evitar sus consecuencias, debido a su alto costo.

Uno de los ejemplos más elocuentes tiene que ver con las consecuencias de la erosión de las costas que ha mostrado y sigue mostrado el manejo de la represa aguas abajo de la central hidroeléctrica.

La primera señal la dio el río cuando a poco de comenzar a funcionar hubo que cambiar todo el sistema de los “dados” de disipáción, frente a las tomas de la central, por donde se evacúa el agua, debido a que no fueron suficientemente fuertes como para soportar la fuerza del agua evacuada a raudales.

Posteriormente el sube y baja de la masa de agua, produjo del manejo de la central de acuerdo a las necesidades de generación de energía,  enormes problemas a la costa, a la que se está llevando rápidamente, creando un doble problema. En primer lugar la pérdida de costa que amenaza incluso en algunos puntos específicos el paseo popular instalado en su entorno.

Pero al mismo tiempo, existe un segundo problema y es que el limo creciente que arrastra el río complica la vía de navegación y la hace cada vez más dificultosa.

En algún momento habrá que decidirse a encarar el tema, sea cual sea su costo económico, porque corremos el riesgo que el daño sea irreversible.

¡Ojalá  lo asumamos antes que sea demasiado tarde!

La existencia de los casos de discriminación en el ámbito estudiantil, ya sea escolar o liceal sobre todo, se debe a nuestro entender por lo que piensan, opinan o hacen directamente los padres de esos estudiantes capaces de discriminar.

Que en nuestros días hay muestras de esto, es una verdadera afrenta y debería avergonzar tanto a quienes discriminan como especialmente a sus padres y su familia, porque esta actitud pone de manifiesto precisamente la forma de pensar de éstos sobre el punto.

Lamentablemente siguen habiendo hogares en los que es frecuente dirigirse a las personas de determinado color de piel, rasgos de otras razas, o poseedores de alguna discapacidad, con términos despectivos o agraviantes.

Este es el primer paso para acciones violentas, incluso agresiones físicas,  contra estas personas a las que se discrimina y se les hace gratuitamente un grave daño.

El denominado “bullying” término inglés utilizado para identificar esta discriminación, sólo prospera cuando los padres, docentes y autoridades de los centros estudiantiles donde ocurren, hacen “la vista gorda”, dejándolas pasar para no “complicarse”, encarándola como corresponde.

La existencia de las redes sociales hoy el “reino” preferido de los grupos de adolescentes, es uno de los medios más utilizados actualmente para discriminar, presionar o amenazar incluso a las víctimas de esta discriminación.

El “bullying” es uno de los males importados de culturas foráneas, que ha puesto de manifiesto las diferencias de clases sociales y especialmente del concepto de la persona humana que existe en el seno de la comunidad y sencillamente hoy salen a luz, y se acentúan al encontrar condiciones apropiadas de anonimato y de presión subrepticia.

Pero que nadie se equivoque. Las discriminaciones, de cualquier clase sólo prosperan si las dejamos ejercer impunemente, pero nunca si cada familia se planta frontalmente contra ellas.

Lo que corresponde es ponerse en el lugar de las víctimas, de sus familias y acudir de inmediato a denunciar y enfrentar estas situaciones de injusticia y maltrato gratuito que tanto daño hacen.

Ojalá sepamos hacer lo que corresponde para erradicarlas totalmente del seno de nuestra comunidad.

Si hablamos de inclusión, comencemos por erradicar radicalmente este tipo de discriminación que tiene entre sus principales víctimas a los integrantes más pequeños y vulnerables de la sociedad.

Uno de los factores que ha llevado al fracaso en la  lucha que apunta a recuperar la seguridad en nuestro país es la politización del tema. A sabiendas de la sensibilidad de la población en la materia, siempre se ha manejado la seguridad como un herramienta para manipular intereses políticos.

Exponer los índices de inseguridad, exagerarlos incluso y sobre todo tratar de que la población los vea como algo producto de las políticas actuales, ocultando su origen, su contexto y sobre todo la evolución que ha tenido desde varias décadas a esta parte, no es más que parte de la estrategia que se usa en este sentido.

Esto va contra el gobierno que esté al frente del país en esos momentos y se limita a mostrar sólo la parte más visible y superficial de la problemática.

En realidad poco tiene de verdadero interés en aportar al combate de la delincuencia y menos a tratar de atacar las causas de la misma.

En la temática de la seguridad confluyen varios aspectos, sociales, económicos, delictivos en si, corrupción de los organismos, entre otros.

Las críticas que más abundan son las que se dirigen al combate y la represión del delito. Que hay pocos policías, que no tienen medios, que no vigilan o a la aplicación de las leyes que sancionan el delito, los jueces que dejan libres a los delincuentes, los que procesan sin prisión, las cárceles abarrotadas que ya no soportan mas.

Son todos elementos que tienen incidencia en el tema, pero difícilmente nos detenemos a tratar de saber “cuanto”, inciden.

Una política seria y profunda en la materia obligaría a enfocar la problemática globalmente y a encarar una solución multidisciplinaria, con una estrategia adecuada, que no se limite a la represión ni aún a la prevención y represión. Aún entendiendo que estas etapas son las elementales y primeras a llevar adelante debidamente, también se trata de complementarlas con otras, tan imprescindibles como aquellas y aquí necesariamente se entra en las etapas sociales.

Tan necesarias son unas como otras y además no deben anteponerse inadecuadamente unas a otras, porque de hacerse debidamente a las etapas de una adecuada y correcta labor de prevención y represión policial, deben seguir las etapas sociales, para culminar con los planes y políticas destinadas a recuperar la imagen de la policía y la confianza de la población hacia ésta.

No es cosa fácil precisamente, pero una de las formas más seguras de fracaso es precisamente lo que se ha hecho hasta el momento, esto es, politizar el tema y tratar de sacar rédito político del enfoque que le demos.

Interesante reflexión recogió recientemente La Diaria (edición del 31 de Mayo último ) en relación a la situación de niños y adolescentes que sufren alguna discapacidad  en nuestro país.

Bajo la premisa de “Escapar de la sensiblería”, manifiesta que Unicef y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), presentaron ayer el informe “La situación de niños y adolescentes con discapacidad en Uruguay. La oportunidad de la inclusión”, que agrupa por primera vez información y estadísticas sobre el tema.

Invocando a dicho informe señala que en Uruguay, cerca de 50.000 niños, niñas y adolescentes viven con algún tipo de discapacidad. En términos porcentuales, constituyen el 9.2% de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística, del año 2011. De éstos, casi seis mil personas de entre cuatro y 17 años no concurre a ningún centro educativo. Entre quienes sí lo hacen, solo tres de cada diez logra avanzar más allá del sexto año escolar.

Sergio Meresman, responsable de IIDI y autor del informe, explicó que “la información es básica para que el tema tome relevancia en las políticas públicas e influya en la formación de los profesionales que intervienen en los servicios”. “Los datos son importantes para escapar de la sensiblería y plantarnos en un campo de sensibilidad. Se habla sin conocer, desde un cierto reflejo humanista y no desde una perspectiva real”, agregó.

Meresman, no obstante, destacó algunos avances logrados. “Están pasando cosas buenas en relación al acceso en el transporte, a espectáculos públicos, y esto tiene que ver con integrar a la población. Nos parece que en algunas áreas hay una tendencia a pensar en este grupo como un problema”, indicó.

Las reflexiones precedentes sirven para ubicar la situación. Existe un largo camino si realmente queremos avanzar en materia de inclusión social. Las políticas en la materia deben preocuparnos a todos. Tan importante como la sensibilidad que demuestre el gobierno nacional, es la respuesta departamental y aún por encima de estos dos, lo es la sensibilidad que lleve a la práctica la comunidad toda y en eso estamos muy lejos de alcanzar un nivel satisfactorio.

Si observamos la actitud de la mayoría de los pobladores, ante el pasaje de una persona ciega, mirando para otro lado o sencillamente desentendiéndose de él, podremos entender cual es la realidad en el tema.