Precio y acceso a la tierra: un tema complicado


Las últimas estadísticas confirman que el precio de los arrendamientos de tierras en el país se han disparado, acentuando una tendencia que ya se insinúa en el  país desde hace varios años.

Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año pasado se registraron 1.811 contratos de arrendamientos rurales que abarcaron a cerca de 630 mil hectáreas. El promedio de la superficie arrendada para ese semestre fue de 348 hectáreas.

La información oficial marcó que en el trimestre julio-setiembre se arrendaron casi 400 mil hectáreas y fue ese el máximo valor trimestral desde comienzos de 2007. Entre octubre y diciembre hubo una baja del orden de 16% en el precio medio de las rentas con respecto al trimestre anterior.

Los contratos con destino a actividades de ganadería y agricultura de secano representaron 74% del área arrendada en el segundo semestre. La información de Estadísticas Agropecuarias estableció que los valores medios de las rentas variaron entre US$ 53 (por hectárea por año) para las tierras destinadas a ganadería y US$ 271 (ha/año) para las orientadas a la agricultura de secano (soja, trigo y cebada, entre otros).

Detrás de esta realidad hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, si bien las tierras arrendadas no cambian de dueño, se hace imprescindible hacer cumplir disposiciones – tenemos entendido que ya existen – referentes a la preservación de la fertilidad de las mismas.

En caso contrario las tierras seguirán siendo propiedad de uruguayos (o de algunos para decirlo con mayor exactitud), pero quedarán inservibles, debido a la sobreexplotación y en este caso el interés existente es de  todos los uruguayos  no sólo de quien o quienes eventualmente explotan este recurso.

Pero otro tema – para nosotros de tanta o más gravedad aún – es el hecho que el alza continuo de los precios determina en contrapartida la expulsión de la tierra, de los pequeños y medianos productores, que se ven impedidos de pagar el precio de los arrendamientos.

Seguramente es uno de los dilemas que debe resolver el gobierno nacional. No sólo se trata de asegurarse buenos ingresos por mayor productividad, sino que la cuestión social que se enmarca en el mismo tema no es de descuidar, porque de llegarse a puntos extremos, el daño que podría acarrear sería mayor a cualquier beneficio económico circunstancial.

Alberto Rodríguez Díaz.







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