Que no quede nada sin aclarar

Una psicóloga, ex funcionaria de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) de la ANEP, formuló tiempo atrás una denuncia a varios colegas, señalando que firmaban tarjeta de ingreso al horario de trabajo y luego se iban a atender en consultorios particulares.
El presidente del Consejo Directivo Central, Wilson Netto, expresó a El Observador (según publicación del 12 de febrero último) que “en los próximos días el director de la UDI, psiquiatra Héctor Martin, sería relevado y en su lugar asumiría un docente de la Facultad de Psicología. Además Netto informó que tres de los expedientes de funcionarios sumariados a raíz de la denuncia por marcar tarjeta e irse, ya estaban en la Oficina Nacional de Servicio Civil para su destitución.
Se señaló que la acción de esos psicólogos atrasó la atención de 1.000 niños que necesitan un certificado por poseer déficit atencional o de conducta.
Hasta aquí no parece nada reprobable para el Consejo Directivo Central, salvo, claro está el hecho que la funcionaria denunciante ha sido separada del cargo y quedan muchas dudas sobre si esta medida no ha sido tomada como represalia a la denuncia.
Este alcance ha sido negado específicamente por Netto, quien señaló que se debe a un sumario anterior que tenía dicha funcionaria. En tanto ésta expresó que el único sumario que se le abrió fue cuando estuvo más de siete meses con certificación médica por un esguince de rodilla, algo habitual en la administración.
Hasta aquí los hechos. Lo que consideramos totalmente desacertado es la óptica con que la resolución de ANEP sobre el tema evalúa la denuncia.
“El capítulo de los considerados de la resolución de la ANEP, a la que accedió El Observador (según señaló en edición del 12/02/2014), señala 11 conclusiones. Los instructores de la investigación califican a la denunciante de “desleal a la administración”, por “recurrir a cualquier forma o medio”, para dar a conocer el caso. También hacen referencia al “escándalo público”, generado por la denuncia.
Esto es lo que deja mayor preocupación o ¿es que para ser “leal a la administración” hay que ocultar los hechos o a lo sumo limitarse a la denuncia en el ámbito doméstico?
¿Es considerada una falta denunciar ante los medios de comunicación masiva lo que uno está dispuesto llegado el caso a probar debidamente? ¿Qué hay de la transparencia de toda la función pública?
Sancionar al denunciante es una de las formas más utilizadas por los regímenes totalitarios, los que no admiten críticas ni menos acusación alguna. No queremos pensar que nos estamos acercando a una acción de este tipo y por eso esperamos que todo, absolutamente todo salga a luz, como corresponde.
Alberto Rodríguez Díaz

Una psicóloga, ex funcionaria de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) de la ANEP, formuló tiempo atrás una denuncia a varios colegas, señalando que firmaban tarjeta de ingreso al horario de trabajo y luego se iban a atender en consultorios particulares.

El presidente del Consejo Directivo Central, Wilson Netto, expresó a El Observador (según publicación del 12 de febrero último) que “en los próximos días el director de la UDI, psiquiatra Héctor Martin, sería relevado y en su lugar asumiría un docente de la Facultad de Psicología. Además Netto informó que tres de los expedientes de funcionarios sumariados a raíz de la denuncia por marcar tarjeta e irse, ya estaban en la Oficina Nacional de Servicio Civil para su destitución.

Se señaló que la acción de esos psicólogos atrasó la atención de 1.000 niños que necesitan un certificado por poseer déficit atencional o de conducta.

Hasta aquí no parece nada reprobable para el Consejo Directivo Central, salvo, claro está el hecho que la funcionaria denunciante ha sido separada del cargo y quedan muchas dudas sobre si esta medida no ha sido tomada como represalia a la denuncia.

Este alcance ha sido negado específicamente por Netto, quien señaló que se debe a un sumario anterior que tenía dicha funcionaria. En tanto ésta expresó que el único sumario que se le abrió fue cuando estuvo más de siete meses con certificación médica por un esguince de rodilla, algo habitual en la administración.

Hasta aquí los hechos. Lo que consideramos totalmente desacertado es la óptica con que la resolución de ANEP sobre el tema evalúa la denuncia.

“El capítulo de los considerados de la resolución de la ANEP, a la que accedió El Observador (según señaló en edición del 12/02/2014), señala 11 conclusiones. Los instructores de la investigación califican a la denunciante de “desleal a la administración”, por “recurrir a cualquier forma o medio”, para dar a conocer el caso. También hacen referencia al “escándalo público”, generado por la denuncia.

Esto es lo que deja mayor preocupación o ¿es que para ser “leal a la administración” hay que ocultar los hechos o a lo sumo limitarse a la denuncia en el ámbito doméstico?

¿Es considerada una falta denunciar ante los medios de comunicación masiva lo que uno está dispuesto llegado el caso a probar debidamente? ¿Qué hay de la transparencia de toda la función pública?

Sancionar al denunciante es una de las formas más utilizadas por los regímenes totalitarios, los que no admiten críticas ni menos acusación alguna. No queremos pensar que nos estamos acercando a una acción de este tipo y por eso esperamos que todo, absolutamente todo salga a luz, como corresponde.

Alberto Rodríguez Díaz