Registro de Infractores: ¿No existe o no se aplica?

El 27 de junio del año anterior las 19 intendencias del Uruguay se pusieron finalmente de acuerdo para poner en funcionamiento el Registro Nacional de Conductores Alcoholizados.
Esta disposición permite saber a todas las intendencias del país, inmediatamente quienes están inhabilitados para conducir.
En este sistema ya en funcionamiento, los encargados de la fiscalización del tránsito ingresan (o deberían de hacerlo al menos) en una base de datos la información de los infractores, para que en todo el país se conozca quién está suspendido como conductor a consecuencia de manejar alcoholizado. De esta manera todas las intendencias disponen de la información y pueden aplicar la suspensión de la licencia.
En realidad la aspiración de poner en funcionamiento el Registro Nacional de Conductores Infractores, inhabilitados para conducir, momentánea o definitivamente, había sido establecida ya en la Ley 16.585 de setiembre de 1994, difundida públicamente el 3 de Octubre del mismo año.
Aunque llevó casi 17 años, ponerse de acuerdo para su entrada en vigencia, finalmente el Registro fue aprobado.
El artículo 25 de la mencionada ley, establece entre otros aspectos que «Al conductor que fuere hallado conduciendo en transgresión de los límites indicados en el artículo 24 (actualmente el máximo permitido de alcohol en la sangre es de 0,3 gramos, o sea 30 decigramos) se le retendrá la libreta de conductor y se le aplicará, en caso de tratarse de una primera infracción, una suspensión de dicha habilitación para conducir entre seis meses y un año y, en caso de reincidencia, se extenderá dicha sanción hasta el término de dos años. En caso de nueva reincidencia, podrá cancelarse la libreta de conductor».
En Salto hay casos concretos de conductores que han sido procesados por homicidio culposo concretamente y sin embargo siguen conduciendo. Es más, hay caso de gente que tiene más de un homicidio por conducir alcoholizado y sin embargo no se ha cancelado la autorización para conducir o si se lo ha hecho no se fiscaliza que no lo haga, dado que son personas que han sido vistas conduciendo.
Esto nos lleva a pensar que la principal omisión está en el control, la fiscalización en estos casos, dado que si existe un Registro Nacional de Conductores Inhabilitados, deberían de estar en él, aún cuando los hechos fueran anteriores a la puesta en vigencia de dicho Registro.
La cuestión es entonces ¿existe realmente interés en hacer cumplir las disposiciones o preferimos mirar para otro lado, cuando se trata de alguien conocido, amigo o familiar?.
Es más, debería de hacerse pública la lista de los conductores inhabilitados por reincidencia, porque si hay interés en  aplicar la ley, nada menos que habilitar el control ciudadano.

El 27 de junio del año anterior las 19 intendencias del Uruguay se pusieron finalmente de acuerdo para poner en funcionamiento el Registro Nacional de Conductores Alcoholizados.

Esta disposición permite saber a todas las intendencias del país, inmediatamente quienes están inhabilitados para conducir.

En este sistema ya en funcionamiento, los encargados de la fiscalización del tránsito ingresan (o deberían de hacerlo al menos) en una base de datos la información de los infractores, para que en todo el país se conozca quién está suspendido como conductor a consecuencia de manejar alcoholizado. De esta manera todas las intendencias disponen de la información y pueden aplicar la suspensión de la licencia.

En realidad la aspiración de poner en funcionamiento el Registro Nacional de Conductores Infractores, inhabilitados para conducir, momentánea o definitivamente, había sido establecida ya en la Ley 16.585 de setiembre de 1994, difundida públicamente el 3 de Octubre del mismo año.

Aunque llevó casi 17 años, ponerse de acuerdo para su entrada en vigencia, finalmente el Registro fue aprobado.

El artículo 25 de la mencionada ley, establece entre otros aspectos que «Al conductor que fuere hallado conduciendo en transgresión de los límites indicados en el artículo 24 (actualmente el máximo permitido de alcohol en la sangre es de 0,3 gramos, o sea 30 decigramos) se le retendrá la libreta de conductor y se le aplicará, en caso de tratarse de una primera infracción, una suspensión de dicha habilitación para conducir entre seis meses y un año y, en caso de reincidencia, se extenderá dicha sanción hasta el término de dos años. En caso de nueva reincidencia, podrá cancelarse la libreta de conductor».

En Salto hay casos concretos de conductores que han sido procesados por homicidio culposo concretamente y sin embargo siguen conduciendo. Es más, hay caso de gente que tiene más de un homicidio por conducir alcoholizado y sin embargo no se ha cancelado la autorización para conducir o si se lo ha hecho no se fiscaliza que no lo haga, dado que son personas que han sido vistas conduciendo.

Esto nos lleva a pensar que la principal omisión está en el control, la fiscalización en estos casos, dado que si existe un Registro Nacional de Conductores Inhabilitados, deberían de estar en él, aún cuando los hechos fueran anteriores a la puesta en vigencia de dicho Registro.

La cuestión es entonces ¿existe realmente interés en hacer cumplir las disposiciones o preferimos mirar para otro lado, cuando se trata de alguien conocido, amigo o familiar?.

Es más, debería de hacerse pública la lista de los conductores inhabilitados por reincidencia, porque si hay interés en  aplicar la ley, nada menos que habilitar el control ciudadano.